Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: septiembre 2012

Iniciativa para establecer la Revocación de Mandato

RicardoMejiaTribuna

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscita, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracciones 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los articulos 35, fracción VIII, 39, 41, se adicionan parrafo segundo y fracciones I y II, 73, fraccion XXIX-Q y 116, fraccion VIII, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Partiendo del precepto constitucional, que establece en su artículo 39 que “la soberanía nacional reside esencial y orginariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, es que se fundamenta el derecho que tienen los ciudadanos sobre los poderes públicos.

En esta materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado una jurisprudencia en firme para confirmar que los depositarios del poder público dimanan de la soberanía popular, por que el pueblo los eligió, y que es prerrogativa de los ciudadanos además del derecho a votar y ser votado, el determinar las normas que regirán sus actos, a través del Poder Legislativo.

Se ha hecho creer que los ciudadanos al elegir a sus representantes, ceden su soberanía y pasan a tomar el modesto lugar de gobernados. La forma de representación y mandato no implica que los gobernados entreguen la soberanía, más bien delegan facultades y designan representantes, que deben sujetar su actuación a los lineamientos constitucionales y las leyes que de ella emanan. Lo que hace explícito que el pueblo da y retira las atribuciones que considere necesarias.

Además, del artículo 40 constitucional se desprende que nos constituimos en una república representativa, y por lo tanto la representación popular no se puede entender sin garantías a la ciudadanía a través de mecanismos de participación y control.

La democracia representativa y formal exige de la participación de la ciudadanía, no sólo en la elección de los representantes a los cargos de elección, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen. Uno de esos derechos inalienables de las y los ciudadanos es exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, que va más allá de la transparencia, mas bien en que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en beneficio del pueblo.

Hasta la fecha, los ciudadanos han quedado sujetos al arbitrio y designio de los funcionarios electos y éstos desvinculados de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Todos hemos escuchado el reclamo en campañas, de que una vez electos éstos no regresan con el electorado, y que a pesar de no satisfacer las necesidades de la ciudadanía, los gobernantes continúan hasta el término del período para el cual fueron electos.

El sistema representativo tradicional se ha venido agotando al ser insuficientes para el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; muchos sectores o minorías han quedado fuera de la representación o existen déficits de representación, como en el caso de la representación política de las mujeres; asimismo hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía; el poder público se ejerce sin un control ciudadano y la democracia se ha estancado, para ser un mero ejercicio del voto, y no una forma de vida de la ciudadanía, tal como se concibe en el artículo 3º Constitucional.

Los mecanismos de control con que se cuentan en la actualidad, como el juicio político y el amparo, han demostrado su ineficacia para remover representantes populares que no cumplen con sus obligaciones o protegerse de los abusos del poder.

Mientras que en la constitución de 1857 se autorizaba el desafuero no sólo por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino también por violación expresa de la Constitución y ataques a la libertad electoral. Ahora, conforme al artículo 108 Constitucional, el Presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero el uno y los otros se identifican para el efecto de ser tratados mediante el juicio político, que en México no tiene precedentes. Sin duda, esa “reforma” en aquel entonces tuvo objetivos políticos acordes a la situación del país, hoy en día no es aceptable para seguir avanzando en nuestra vida democrática.

A diferencia de otros procedimientos de destitución, como el juicio político, la revocación del mandato se decide en las urnas y no supone acción judicial, mientras en el primero es el congreso. Una de las discusiones que se ha dado en torno a estos mecanismos, estriba justamente en el debido proceso que considera en el juicio político, pero se han generado consensos en torno a que los electores les corresponde elegir la legalidad, racionalidad y suficiencia de los motivos, los cuales no son objeto de revisión judicial.

Hacia finales de la anterior legislatura se avanzó en una “reforma política” que quedo truncada por la partidocracia, en la que se establecieron algunos mecanismos de participación como el plebiscito y el referéndum, pero se negaron a avanzar en uno de los mecanismos de control ciudadano más importantes: la revocación del mandato.

Había materia suficiente para que este Congreso avanzara en esa demanda fundamental de la ciudadanía, pues en las últimas tres legislaturas se han propuesto veinte iniciativas sobre la figura de revocación de mandato, presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, e incluso se había avanzado en la presentación de un proyecto de dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, en octubre del 2011. Pero la partidocracia – que hemos instituido – no se decidió a ponerse a prueba frente a la ciudadanía a la que se debe.

Recojo los nombres de los legisladores que nos antecedieron en impulsar esta reforma:

En la LIX Legislatura, los diputados Pedro Vázquez González y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, y César Amín González Orantes, del Revolucionario Institucional.

En la LX Legislatura, los diputados José Manuel del Río Virgen, Alejandro Chanona, y Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, Marina Arvizu de Alternativa, Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, Raymundo Cárdenas Hernández y Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución democrática, y Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

En la LXI Legislatura fueron los diputados Jaime Cárdenas García y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, Araceli Vázquez Camacho, Juventino Castro y Castro y José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel García Granados, María del Carmen Izaguirre Francos, Omar Fayad Meneses, Arturo Zamora Jiménez y Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, y Pedro Jiménez León, de Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano).

Ahora bien, haciendo una revisión de los antecedentes cercanos y citando el proyecto de dictamen sobre revocación de mandato, realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, tenemos que “el único referente para la revocación de mandato en nuestra Carta Magna se localiza en el artículo 115 que imprimió la revocación de mandato como facultad de los Congresos locales, al señalar en su fracción I, párrafo tercero, lo siguiente:

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causales graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.”

Con lo que queda evidente, que solo a nivel municipal se pueden remover funcionarios. En ese mismo proyecto se encuentra que la figura de revocación de mandato está regulada en 27 entidades federativas para revocar el mandato a presidentes municipales o funcionarios de los ayuntamientos, y que sólo en Chihuahua existe un procedimiento para revocar el mandato al titular del ejecutivo, diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Un primer ejercicio de esta naturaleza en el país se realizó a través de la consulta ciudadana de ratificación de mandato en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 25 de septiembre de 2011. Fue impulsada por el presidente municipal, en ese entonces, Enrique Alfaro Ramírez, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Jalisco, durante los comicios de 2012.

La revocación de mandato procede de una solicitud por parte de la ciudadanía para someter a consulta pública la continuidad de un gobernante cuando se presente alguna causa grave que amerite su destitución. En el caso del ejercicio de consulta ciudadana de ratificación de mandato en el municipio de Tlajomulco, fue una acción voluntaria, promovida por el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, ya que había sido un compromiso de campaña, con lo que se demostró que cuando hay compromiso, congruencia y voluntad, se pueden realizar las cosas y se pueden poner a prueba.

Los sistemas democráticos contemporáneos han creado una serie de veredas para expresar la disidencia. En ese marco, la revocación del mandato es además una válvula que evita que los conflictos políticos encuentren una vía de solución regulada, pacífica y constitucional.

La revocación del mandato se hizo posible gracias a una conquista democrática de hace ya casi un siglo en los Estados Unidos. De entonces a la fecha han sido pocas las naciones que la han incorporado a sus diseños constitucionales.

Haciendo un estudio comparado, hay 17 países en América Latina que tienen en su constitución la figura de la revocación del mandato o su equivalente, y son conocidos procesos revocatorios en California, Venezuela y recientemente en Ecuador, además de que en Estados Unidos la hay a nivel estatal.

Por otro lado, visto desde el tema de la rendición de cuentas, hoy en día el único mecanismo del que disponen los ciudadanos para premiar o castigar a los funcionarios electos, es vertical y se da exclusivamente en las elecciones para elegir funcionarios, pero no para revocar o ratificar.

Como toda institución, la revocación del mandato se ubica dentro de un complejo aparato democrático representativo, es un dispositivo adicional, que bien regulado puede contribuir a fortalecer el sistema representativo y la rendición de cuentas.

Se hace necesario entonces que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adecue a la realidad actual y defina líneas que normen y orienten dicho procedimiento. La revocación del mandato es una figura que como nunca antes, después de varios gobiernos fallidos, se hace necesaria y su regulación en la Constitución es impostergable.

ARGUMENTACIÓN

En este orden de ideas, la figura de revocación de mandato se hace necesaria también para fortalecer el vínculo entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios electos a rendir cuentas respecto de la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus cargos, de manera transparente.

Es imprescindible que el proceso democrático cumpla con ciertas restricciones éticas, poniendo límites al ejercicio en los cargos públicos, y que las instituciones públicas estén obligadas a ver al ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser.

Con la revocación del mandato se da respuesta a la sentida demanda orientada a inhibir o sancionar la inobservancia de la ley, que durante muchos años ha venido favoreciendo a la impunidad imperante en México.

Conforme al análisis de la ministra Olga Sánchez Cordero, en la revisión de la acción de inconstitucionalidad 8/2010, hace una definición de la figura de revocación de mandato con la que coincidimos plenamente:

La revocación del mandato se erige como una institución democrática fundamental y no sólo como un mecanismo procedimental para separar, reemplazar a un servidor público de su encargo, ya que a través de ella se legitima la decisión popular de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirar confianza a quienes los eligieron estatuyéndose como un control permanente de los votantes sobre los funcionarios públicos, haciendo real y efectiva la ejecución del derecho de reemplazarlos en cualquier momento como lo señala el artículo 39 constitucional, edificándose entonces como un mecanismo democrático, activado por los ciudadanos en donde además opera como correctivo de deficiencias de funcionamiento de las instituciones democráticas de representación.

Luego entonces, la revocación del mandato tiene como características que

• Es un derecho o facultad que asiste a las y los ciudadanos.

• Los destinatarios son los funcionarios electos.

• No se prevé al principio del ejercicio del mandato, tiene un período de gracia para permitir que los funcionarios desplieguen su función gubernamental y demuestren su competencia.

• Es un procedimiento democrático que pasa por las urnas donde deciden los electores.

• Puede promoverse por diversas causas, ya sea como una calificación previa o ante el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios y autoridades electas.

Las causas que en esta iniciativa de reforma constitucional se prevén para iniciar el proceso para la revocación del mandato de funcionarios y autoridades electas es por omisión evidente, corrupción, negligencia o ejercicio indebido de las facultades que conforme a las leyes le corresponden y violación de derechos humanos y con ello causen daños o prejuicios a la institución, y afecte los intereses de la nación.

La solicitud para el inicio del procedimiento y los requisitos que se deben contemplar, quedarán establecidos en la reglamentación secundaria que deberá de hacerse, una vez aprobada la figura de revocación de mandato.

La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad, por el contrario tiene como fin contribuir a la consolidación de nuestra vida democrática, que sea horizontal, incluyendo a todas y todos, y limite las formas verticales de poder.

La revocación del mandato es un instrumento que es importante tener, para tener a la vista, tanto de los representantes como de los representados como un recordatorio de que la soberanía reside en el pueblo y el gobierno se instituye para su beneficio.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone que los gobernados puedan remover a los malos gobernantes o representantes populares por causas graves con la revocación de mandato. Así mismo la iniciativa modifica y adiciona los artículos 35, 39, 41, 73 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los ejes rectores de la iniciativa se respaldan en el artículo 35 que a la letra dice: “Son prerrogativas del ciudadano I. V otar en las elecciones populares…”, por tanto se propone adicionar al artículo 35 la fracción Vl, a fin de que los ciudadanos tengan como derecho remover a los gobernantes que no cumplan con el mandato , respecto al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”, por lo cual se propone adicionar dentro del mismo párrafo el derecho que el pueblo tiene de alterar o modificar la forma de su gobierno y de revocar el mandato cuando sus gobernantes, que incurran en el ejercicio indebido de las facultades y obligaciones adquiridas ante la Constitución y ley, no cumplan con las acciones que les compete, durante su gestión.

El artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal …”, se propone que el pueblo ejerza su soberanía, mediante la revocación de mandato, remover a los titulares de los órganos del Poder Ejecutivo, en el caso del ejecutivo federal al cumplir tres años de gestión, mediante consulta ciudadana.

Revocar el mandato al encargo de gobernador, jefe de gobierno, jefes delegacional es del Distrito Federal, y presidentes municipales para su procedencia deberá haber transcurrido como mínimo la mitad del periodo respectivo.

El artículo 73 a la letra dice: “ El Congreso tiene la facultad para admitir nuevos estados a la Unión Federal para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: …”; se propone adicionar en la fracción XXXIX-Q, legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares y revocación de mandato.

Por último el artículo 116 a la letra dice: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo …”, se propone adicionar en la fracción VIII, que el congreso de cada estado de la federación fije los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, mediante la figura de revocación del mandato en los términos que los mismos establezcan.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 35, fracción VIII, 39, 41; se adicionan segundo parrafo y fracciones I y II, 73, fracción XXlX-Q y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 35 fracción Vl, 39, 41 se adicionan segundo párrafo y fracciones I y II, 73, fracción XXIX-Q, y 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 35. Son derechos del ciudadano

I. Votar en las elecciones populares;

II. a VII. …

VIII. Revocar por medio del sufragio el mandato popular a los cargos públicos representativos conferidos en elecciones libres y auténticas, en los términos que establezca esta Constitución y la ley respectiva.

IX. …

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; de igual forma, tiene derecho a elegir y revocar el mandato popular en los términos que establezca esta Constitución y la ley.

Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, tiene derecho a la revocación de mandato para remover a los titulares de los cargos públicos representativos, de conformidad con las bases siguientes:

I. Revocar el mandato popular al titular del Poder Ejecutivo federal, previa consulta que se realice después de haber transcurrido la mitad de su mandato en los términos que establezca la ley.

II. Revocar el mandato popular al encargo de gobernador, jefe de gobierno y jefes delegacionales del Distrito Federal y presidentes municipales previa consulta que se realice después de haber transcurrido la mitad de su mandato en los términos que establezca la ley.

La ley establecerá los requisitos, términos y condiciones en que se realizara la consulta de revocación del mandato.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I,II, III, …

Artículo 73. El congreso tiene la facultad

I. a XXIX-P. …

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares y revocación de mandato.

XXX. …

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a VII. …

VIII. Las legislaturas de los estados, conforme a las bases previstas en esta Constitución, regularán la revocación del mandato como un derecho humano del ciudadano de su entidad federativa.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputados: RICARDO MEJÍA BERDEJA  (rúbrica), NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ.

Creación de un Grupo Plural para transparentar manejos de PEMEX de 1933 a la fecha

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo en la Comisión de Energía para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos de 1993 a la fecha, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución , al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de la historia de la administración pública de nuestro país hemos escuchado hasta el cansancio noticas sobre fraudes, corrupción y malos manejos por parte de Pemex.

Los numerosos registros de los dispendios y malos manejos en la paraestatal, dan cuenta de monumentales actos de corrupción que van desde el pemexgate, hasta el escándalo de 400 mil millones de pesos de mayo pasado, donde se resaltó que Pemex Corporativo registró un quebranto –detectado en la Cuenta Pública de 2010– como un incremento de inversiones a organismos subsidiarios, pero sin que existiera una aportación especifica, fundamento técnico, ni la autorización del consejo de administración de la paraestatal.

Hoy de nuevo nos encontramos ante un caso indignante.

El hecho de que Pemex haya decidido retomar las relaciones por diez años más con Mexicana de Lubricantes (perteneciente a Impulsora Jalisciense, SA de CV, empresa que realizo un fraude que asciende a 40 mil millones de pesos, no puede tener otra descripción más que la de otro caso paradigmático de encubrimiento e impunidad.

Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares ha declarado tener pérdidas netas cada año.

Mexlub desde su inicio fue poco transparente. La composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación. Aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba obligada a reportarlos abiertamente a Pemex cuando esta lo deseara.

Ante estas anomalías, se entablaron 60 juicios en contra de Mexlub, en los que se exigía la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta la entrega de éstos tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.

No obstante la interposición de estas demandas y denuncias, el 21 de agosto del presente año se ha decidido reanudar las relaciones con esta empresa. Pemex Refinación recibirá 399 millones de pesos obtenidos de la reducción de capital social de Mexlub, además de un monto mínimo de 100 millones de pesos en un plazo no mayor a 3 meses. Como ganancias se le entregarán 6.4 millones de pesos por dividendos de 1998 al 2000, es decir por tres años se le entregarán ganancias menores al escandaloso sueldo del director Martínez Garza y su secretaria de casi 10 millones de pesos.

¿A qué intereses responde esta renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un “borrón y cuenta nueva” cuando los nuevos términos de negociación, implican la remisión del incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo? Las utilidades que la empresa debe reportar a la paraestatal, apenas cubrirían los gastos y costas de los juicios entablados en su contra. Pemex mismo ha admitido que la actitud de Mexlub fue irresponsable, y resulta cínico e incomprensible que aún así, se decida restablecer las relaciones comerciales con Mexlub.

Por otro lado, parece totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del partido, y muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que le ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal.

Como era de esperarse, el “nuevo” PRI, se estrena con viejas prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.

Iniciativa que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y 83,84 Y 354 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en su carácter de diputados al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La desigualdad e inequidad que prevalece en los procesos electorales celebrados en nuestro país, preocupa a la sociedad y a los partidos políticos democráticos, el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través de dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, se ha convertido en una realidad.

Desde el inicio del periodo de la campaña política presidencial, el candidato de la coalición compromiso por México dio muestras del dispendio que se escondía tras el rubro de gastos de campaña. Por ello, el Movimiento progresista, por conducto de sus representantes, en reiteradas ocasiones presento las quejas correspondientes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sin embargo la autoridad electoral fue totalmente omisa al respecto del cauce y resolución de todas y cada una de ellas, puesto hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte de los representantes de dicho instituto.

Como se ha dicho uno de los principales estigmas de la pasada contienda electoral es el que se relaciona con la enorme disparidad de los candidatos, por lo que se ve a presencia, cobertura y menciones positivas en los diferentes medios masivos de comunicación. Pues en efecto el principio de equidad se vulnera cuando los partidos políticos o terceros, contraten o utilicen espacios de radio y televisión fuera de los tiempos pautados por el Estado para difundir propaganda electoral y política debido a que con ello se transgrede a lo previsto en el artículo 41, Base III, apartado A, penúltimo párrafo de la constitución Política de los estados Unidos mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafo 3; 342, párrafo 1, incisos a) e i), y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales.

Es así, que en el caso se presenta una vulneración directa a la Constitución Federal, así como a los principios de equidad y certeza.

En ese orden, el principio de equidad en la contienda se configura como uno de los valores superiores del ámbito electoral, debido a que se materializa en diversos rubros como el financiamiento, la propaganda electoral y política, así como la asignación de tiempos en radio y televisión, entre otros.

En el caso se irroga afectación al principio de equidad, en razón de que existieron transmisiones en forma de notas informativas y comentarios tanto en radio como televisión que favorecieron al candidato de la coalición “Compromiso por México” frente a los electores que siguieron las campañas a través e la radio y televisión en sus espacios de noticias.

Además de la adquisición encubierta de tiempo de radio y televisión, se presentaron algunas otras conductas igualmente graves y que atentaron en contra de los principios rectores de los procesos electorales, como son:rebasar los topes de gastos de campaña, el acceso al financiamiento indebido de manos de particulares o extranjeros, la presión y coacción sobre los electores en diversas modalidades. Con lo cual se vulnero lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, bases l ll párrafo tercero, de la constitución Política federal. Dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función electoral, afectando la libertad y autenticidad que debe haber en los procesos electorales.

Los principios de elecciones y votos libres, así como la equidad en la contienda toman una posición relevante. La compra del voto y el rebase de topes de campaña , entre otras violaciones presentes en el proceso electoral del 2012, son dos formas en el que estos principios se violentaron de manera grave.

Todos los sistemas democráticos el mexicano no es la excepción están preocupados por cuidar el flujo de dinero que se involucra en las campañas. Para ello se crearon dos sistemas de control: el primero de ellos la obligación que existe en la legislación electoral de un sinnúmero de países de que dichas aportaciones sean públicas, incluso desde el momento de la campaña, el otro sistema es, precisamente, la determinación de topes de campaña.

¿Por qué se crean estos mecanismos? Existen dos razones fundamentales que tiene que ver con el origen del capital y las consecuencias políticas de dicha inversión: 1) un exceso de dinero privado inclusive ilícito; puede secuestrar la capacidad de decisión de un gobierno. Los compromisos creados en virtud del financiamiento, crean incentivos que todas las democracias modernas reconocen como peligrosos. Si la información es pública, los electores pueden saber si están de acuerdo con votar por un candidato que ha contraído intereses con grupos empresariales por todos conocidos. 2) El dinero de origen ilícito tiene implicaciones aun más graves: se utiliza para comprar impunidad y vuelve inviables los esfuerzos para combatir eficazmente la delincuencia, la legitimidad del sistema nacional electoral y político sucumbe ante esta realidad.

En la iniciativa ya se ha hablado antes de la lógica que existe detrás de los topes de campaña. Sin embargo, existe otra razón fundamental que inspira este tipo de regulaciones: lo legisladores consideran que esa cantidad es la óptima para que el ciudadano sea debidamente informado y no bombardeado, que sea convencido y no comprado.

Rebasado el tope de campaña, y asumiendo que la legislación tiene un sentido que transciende a la norma, cada peso adicional gastado debe considerarse una fuente peligrosísima de ilegitimidad y debe legislarse para considerarla un motivo de nulidad de la elección. En primer lugar porque, cualquier donativo que se realiza rebasándolo, no puede ser debidamente informado a las autoridades electorales. Hacerlo, de hecho, llevaría a la confesión de los hechos ilícitos. Por lo tanto, al acreditar que los topes de campaña rebasaron, aun por la vía indiciaria con estas cifras, además, tan alarmantes se asume que la coalición del PRI-PVEM incumplirá además con la obligación de reportar veraz y legalmente sus gastos de campañas, violando transversal y sistemáticamente la legislación electoral.

Las empresas y los partidos políticos gastan grandes cantidades de dinero en publicidad. Se considera, pues, la estrategia de venta por excelencia. Los partidos políticos juegan con los topes de campaña a su antojo. Rebasarlos es una inversión que sale muy a cuenta: al no considerarse siquiera la invalidez como una opción, convierten a la ley electoral en una pantomima y a la declaratoria del tribunal electoral en un trámite. Los costos de violentar la ley son calculados por quienes saben que solo podrán ser sancionados económicamente. No deja de ser irónico que los castiguen en el ámbito de las multas cuando ya han demostrado que eso, es su proyecto político, nunca va escasear.

Permitir que se rebasen los topes de campaña se traduce en la creación de incentivos para que actores perversos públicos o privados inviertan capital económico para incidir en los resultados electorales. No castigarlo ejemplarmente significa aceptar un riesgo altísimo, que pone en entredicho la legitimidad de nuestro sistema democrático y electoral. Así como de la estabilidad institucional de México

ARGUMENTACIÓN

Si bien los partidos políticos gozan del derecho de recibir financiamiento tanto público como privado, tanto el uno como el otro deben de respetar los términos y las condiciones por virtud de los cuales les fue otorgado. Pero en ningún momento están autorizados para rebasar los topes de gasto dentro de sus campañas electorales; esta tajantemente prohibido que lo hagan, y si lo hicieren, serán acreedores a distintas sanciones.

Por lo tanto una vez fijado el financiamiento para las campañas políticas específicamente para los partidos políticos nacionales con sus respectivos candidatos, cuando cualquiera de ellos realice gastos de campaña que rebasen el total permitido por la propia ley, se estaría rompiendo el principio de constitucional del artículo 41 de la Carta Magna y por lo tanto se estaría viciando la campaña electoral, al poner a algunos contendientes en una situación de desventaja de manera completa y totalmente ilegal.

Desafortunadamente nos encontramos en una profunda iniquidad en la distribución de los tiempos en los medios, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas locales, debido a que se sigue privilegiando la presencia de los partidos tradicionales en detrimento de las fuerzas políticas emergentes, generando así un circulo vicioso donde se cancela la oportunidad de que la ciudadanía conozca nuevas propuestas, ya que en los hechos se opta por mantener a los privilegiados y la anulación de la pluralidad en el ámbito político.

En Movimiento Ciudadano proponemos una reforma electoral trascendente que establezca, entre otras cuestiones, como causa especifica de nulidad de la elección presidencial el rebase de los topes de gastos de campaña. Para tal efecto, se propone modificar de igual manera los plazos establecidos en los artículos 83 y 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la presentación y revisión de los informes de campaña con el propósito de que se puedan tener con oportunidad los elementos para determinar si se violaron estos topes de gastos de campaña, antes de la declaración de validez de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, para que los juzgadores no puedan eludir, basados en criterios letrísticos, la posibilidad de anular la elección cuando se rebasen los topes de gastos de campaña.

Así como también manifestamos el compromiso con la sociedad mexicana de sumar nuestra voluntad política, para definir y conducir las acciones que recuperen el poder ciudadano sobre su futuro.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Artículo 77 Bis. Son causas de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional, y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b. Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

c. Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible; o

d. Cuando el candidato ganador rebase los topes de gastos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. Se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(…)

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de junio del mismo año;

III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al de la jornada electoral; y

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

Artículo 84

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales; con treinta días para revisar los informes de precampaña, y con veinticinco días para revisar los informes de campaña; revisión y dictamen que en el caso de la elección presidencial, deberán estar concluidos de manera previa a la calificación de la misma y a la declaración de validez prevista en el articulo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo cual podrá contratar despachos de auditores externos. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

(…)

Articulo 354. Las fracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

Respecto de los partidos políticos.

I. Con amonestación pública.

II. Con multa

III, IV, V, VI

Respecto de las agrupaciones políticas nacionales:

I. Con amonestación pública;

II, III.

Respecto de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II, III

IV. En caso de que el candidato rebase el tope de campaña se declarara la inelegibilidad del candidato infractor.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)