Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: noviembre 2012

Punto de Acuerdo sobre el Estado de Sitio que vive la Cámara de Diputados y sus alrededores

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITIO QUE VIVE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SUS ALREDEDORES

RICARDO MONREAL ÁVILA, RICARDO MEJÍA BERDEJA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, AIDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ, MERILYN GÓMEZ POZOS, NELLY VARGAS PÉREZ, MARTHA BEATRIZ CORDOBA BERNAL, JOSÉ SOTO MARTÍNEZ, JUAN LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSE VALLE MAGAÑA, JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, VICTOR MANUEL JORRIN LOZANO, JOSÉ ANTONIO HURTADO GALLEGOS Y JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ,   integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las violaciones que estamos viendo con motivo del acto protocolario del 1 de diciembre, son por decir lo menos exageradas y desproporcionadas. Soldados, policías, agentes francos y encubiertos. La evidente suspensión del Estado de Derecho que, motivada por el miedo del gobierno federal y muy en especial, Felipe Calderón Hinojosa, en funciones del Poder Ejecutivo, están haciendo.

Nuestra Constitución es clara al respecto, el artículo 29 señala que para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías se necesita el acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente.

Nada de esto se ha hecho.

Pero se están violando ahora mismo, además, varios artículos de nuestra Constitución Política, y estamos ante el supuesto de violación de varios más; para empezar el libre tránsito, artículo 11; y el de no ser molestados en nuestra persona, familia o domicilio, el 16.

Lo que hoy estamos viendo es vergonzoso. Que domicilios y trabajos que tienen la mala suerte de estar ubicados en el perímetro de este Congreso sin más son restringidos en su acceso. Las estaciones del metro aledañas están canceladas, igual el metrobús. Ahora mismo los puentes de peatones están tomados por la fuerza pública y se requiere demostrar la residencia o la comprobación de que se está trabajando en esta zona, para permitirse el acceso a ella.

Está en entredicho también el artículo 9, pues con el pretexto de reuniones pacíficas que pretenden realizar ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos, que desean protestar por el acto del 1 de diciembre, se ponen vallas y cercos alrededor del Congreso y aún más allá.

¿A qué le tienen miedo? La gente no está contenta pero no está levantada en armas. El que fuera nuestro candidato ha llamado a movilizaciones pacíficas y aquí en esta Ciudad se va a llevar a cabo en El Ángel de la Independencia. ¿Por qué pues el estado de sitio? ¿Por qué el aparato de represión?

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano repudiamos estos hechos y elevamos la voz enérgica y categóricamente, porque lo que hoy mismo estamos viendo no puede suceder en un país democrático, y por lo mismo constituye de sí un pésimo augurio para el inicio del nuevo gobierno.

Dejo la advertencia aquí de que, con este tipo de decisiones, Felipe Calderón les está endosando a los priístas sus miedos y sus fobias, su miedo al pueblo, pero les está dejando también su proclividad a violar nuestro orden constitucional, algo a lo que él está tan acostumbrado, como la última palada sobre su gobierno y que podría ser la primera al que viene.

O de plano, que se nos diga de qué tamaño es el miedo y por qué y a quien, y que se cumpla con el ordenamiento del artículo 29 y que vengan a esta Cámara a pedir de plano, y que lo justifiquen, la suspensión de garantías.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que se exhorte al Ejecutivo Federal para que suspenda este estado de sitio inconstitucional que estamos viviendo en los alrededores de la Cámara de Diputados y en su interior.

SEGUNDO.- Que cese el cerco y la vigilancia sobre domicilios, calles y trabajos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de noviembre de 2012.

Iniciativa que elimina la figura del arraigo

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Los proponentes, diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila y la suscrita Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La violencia en México se ha incrementado de manera considerable en los últimos cinco años, bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el gobierno federal, una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública, lo que propicia la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas en México.

De acuerdo con la Constitución la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, siempre que sea necesario para el éxito de una investigación, para la protección de personas y bienes, o cuando exista el riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 días bajo una nueva orden judicial. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicio médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La CNDH argumenta haber recibido más de 1,000 denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011. Durante la administración de Felipe Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el ministerio público federal aumentó considerablemente: de 542 en 2006 a 1,896 en 2010.

Gerardo Torres Pérez fue detenido por la policía federal y la policía judicial y estatal de Guerrero, junto con más de 41 personas más, tras disparar y matar los agentes a dos manifestantes durante una protesta de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. De camino a la comisaría, él y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas. Tras vendarle los ojos, seis agentes de la policía judicial del estado lo llevaron a un lugar aislado, a las afueras de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en casquillos de bala usados, a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente. Luego lo pusieron de nuevo bajo custodia y presentaron cargos contra él sobre la base de estas pruebas falsa.

A raíz de la preocupación suscitada dentro y fuera del país ante la evidencia de la responsabilidad policial de la muerte por disparos de manifestantes desarmados y de los malos tratos infligidos a detenidos, el 13 de diciembre de 2011 Gerardo Torres Pérez quedó en libertad, junto con los otros 23 manifestantes sometidos a malos tratos, como golpes y patadas, durante su detención. Las conclusiones de la CNDH, basadas en un examen médico y otros datos, confirmaron la tortura y la falsificación de pruebas por parte de la policía judicial (Informe de Amnistía Internacional, Tortura y Malos Tratos en México).

El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero que en la práctica permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.

Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor.

Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2009 y 2010, los jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones libraron alrededor de 8 mil 600 medidas cautelares, de las cuales más de mil 200 fueron arraigos.

Mayoritariamente, la duración de los arraigos es de 40 días 94 por ciento de estos tienen esa duración seguidos de los arraigos por 80, 30 y 19 días, que abarcan el restante 6 por ciento.

Michoacán, Chihuahua, Baja California, el estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas, son las entidades que concentran los más altos porcentajes de arraigos de competencia federal.

De acuerdo con el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, el arraigo en materia penal se da en los siguientes términos:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

ARGUMENTACIÓN

El arraigo es considerado como una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte.

Por lo tanto el uso de la figura del arraigo deja a los detenidos en una situación de vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa, además que la poca vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia en casos de tortura.

En materia penal, el arraigo es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso.

Se ha cuestionado al arraigo señalando que opera como una prisión preventiva en donde la autoridad investigadora pese a no haber acreditado la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito la priva de su libertad.

Uno de los aspectos que es el más cuestionado en el proceso de implantación de la figura del arraigo, es que puede llegar a vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 Apartado B.

De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, es competencia del Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la etapa de averiguación previa, corresponderá al Ministerio Público solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa.

En los casos de delitos graves, la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público decretar el arraigo del indiciado siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes o cuando exista riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

La normatividad señalada establece en sus artículos 2, 133 bis, 205, 256, las modalidades procesales que reviste la figura del arraigo penal en el ámbito federal.

Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Juez podrá dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos de delincuencia organizada tratándose de: a) terrorismo; b) terrorismo internacional; c) delitos contra la salud; d) falsificación de moneda; e) operaciones con recursos de procedencia ilícita; f) acopio y tráfico de armas; g) tráfico de indocumentados; h) tráfico de órganos; i) corrupción y pornografía de menores; j) turismo sexual y lenocinio; k) tráfico de menores; l) robo de vehículos; m) trata de personas; y k) secuestro.

Sin embargo, en la práctica, la autoridad investigadora solamente necesita sostener que existe la posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretende arraigar pertenece a la “delincuencia organizada” para que la orden se autorizada.

De acuerdo con esta ley, el arraigo será decretado: I. Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación; II. Para la protección de las personas y de bienes jurídicos; III. Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo se realizará con la vigilancia del Ministerio Público de la Federación y la policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen.

Uno de los argumentos más recurrentes que esgrimen las autoridades para justificar su fracaso en la prevención persecución del delito es que no cuentan con las herramientas legales para tener éxito, es decir las autoridades sostienen que necesitan más facultades, dado que las que tienen no son suficientes para enfrentar adecuadamente a la criminalidad. Parece que se trataría de una cuestión vinculada exclusivamente con un régimen eficiente a los encargados de aplicar la ley.

La constitucionalidad del arraigo, ha generado fuertes críticas. Se trata de uno de los aspectos más cuestionables o débiles de la figura de arraigo, ya que se lleva hasta la Carta Magna el principio “de detener para investigar”cuando en la mayoría de países democráticos del mundo sucede lo contrario: primero se investiga a una persona y, cuando se reúnen los elementos suficientes, se le detiene.

Cabe recalcar que, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de presuntos delincuentes sometidos presuntamente a tortura y malos tratos durante el arraigo, particularmente estando recluidos en cuarteles militares. En otros casos, los presuntos delincuentes sufrieron tortura y malos tratos entre el momento de la detención y el momento en que fueron puestos oficialmente bajo custodia del Ministerio Público y sometidos luego a arraigo.

Por lo tanto se debe garantizar que en las reformas procesales del sistema de justicia penal salvaguardan los derechos humanos en la práctica, incluido el derecho a no ser objeto de detención ilegal.

El arraigo, el cateo y la prisión automática se han vuelto las técnicas e investigación criminal más recurridas en México. Su regularidad configura una mistificación de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en que el primero se vuelve una mera herramienta del segundo.

Debe ponerse fin al arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

“El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal”.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los articulos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Párrafo segundo al séptimo…

Párrafo 8 se deroga.

Párrafo noveno a decimoctavo…

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 2o. Se deroga.

Artículo 133 Bis. Se deroga.

Artículo 205. Se deroga.

Artículo 256. Se deroga.

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Artículo 12. Se deroga.

TRANSITORIO

Primero. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de noviembre de 2012

Diputados:

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica), RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

 

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura, y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Exposición de Motivos

Hace 59 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron a nivel nacional el reconocimiento legal de su derecho a votar y a ser votadas, en 1947 lo habían obtenido a nivel municipal. Sin embargo, muchos años han tenido que pasar para que las mujeres puedan ejercer y gozar de ese derecho a cabalidad.

No es casualidad que países desarrollados como Nueva Zelandia, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania y Austria les reconocieron su ciudadanía a las mujeres desde fines del siglo XIX y principios del XX. Mientras que países latinoamericanos como Honduras, Nicaragua, Perú y Colombia, lo hicieron en la década de 1950, o casos como el de Kuwait que lo hicieron apenas en 2005.

La ciudadanía de las mujeres en México se ha visto pospuesta a lo largo de estos 59 años, pues aunque las mujeres han asumido su carácter ciudadano al participar en los procesos electorales, votando con responsabilidad, fungiendo como funcionarias de casilla, siendo las principales promotoras en tiempos de campaña, y haciendo trabajo de base al interior de los partidos políticos y en organizaciones sociales, sigue habiendo un déficit de representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.

Una de las áreas más visibles de la participación política de las mujeres es su acceso a cargos legislativos de elección popular, tales como diputaciones federales o locales, y senadurías. La importancia de su presencia en los congresos radica en gran medida en que las mujeres se vuelven referentes para que más mujeres puedan acceder a esos y otros espacios de decisión pública.

Además, la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo, en diferentes partes del mundo y al interior del país, se ha traducido en un incremento de iniciativas que tienen como objetivo plasmar en las leyes una visión equitativa y más igualitaria, lo que al final de cuentas es favorable para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Las cuotas de género en las diputaciones federales y a nivel estatal, han venido a ser una acción afirmativa que busca revertir esa subrepresentación y desde sus primeros antecedentes en leyes federales en 1993, y las reformas de 1996, 2002 y 2008 se ha venido avanzando en la legislación para tener en la actualidad la obligatoriedad de los partidos políticos de no postular más de 60 por ciento de candidatos de un mismo sexo.

Las cuotas de género en las candidaturas en México han tenido un alto impacto en el porcentaje de representación en la Cámara de Diputados. La presencia de diputadas a nivel federal se ha incrementado de forma sustancial, pasando de seis por ciento en la primer ocasión que tuvieron oportunidad de acceder en la XLII Legislatura, a 37.8 por ciento en la actual legislatura.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el folleto Mujeres. Participación Política en México 2012 , de 1952 a 2011, ha habido 921 diputadas federales propietarias, esto representa 13.3 por ciento de un total de 6 mil 947 curules. El incremento más alto se vio reflejado justo en las elecciones de 1994 y 2003, que coinciden con las reformas en materia de cuotas de género de 1993 y 2002, cuando el porcentaje de legisladoras aumentó 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente, respecto de la legislatura anterior.

El mayor incremento histórico en la representación política de las mujeres se dio en la presente legislatura, que fue de 10 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, y coincide con el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que estableció mecanismos para la obligatoriedad de la cuota de al menos 40 por ciento de candidatos de un mismo género, y de fórmulas integradas por el mismo género.

Esto demuestra el papel que la legislación progresiva en materia de las cuotas de género ha tenido para lograr una representación más equitativa entre los géneros para estos cargos de elección popular.

Sin embargo, las cuotas de género han venido sorteando los obstáculos y mecanismos de simulación con los que se ha torcido la ley para no darle cumplimiento a la cuota de representación política de las mujeres.

Uno de esos mecanismos de simulación de la ley, que se dio desde la instauración de las cuotas de género de manera obligatoria para los partidos políticos en el 2002, fue postular candidatas propietarias para cumplir con el porcentaje requerido, pero ubicar como suplentes a varones quienes serían, al llegar al Congreso, los que en realidad ocuparían los curules o escaños.

El caso más dramático se dio al iniciar la LXI Legislatura cuando 18 diputadas pidieron licencia para dejar su espacio a su suplente varón, al final –después de la presión de la opinión pública, de mujeres políticas y de organizaciones civiles- sólo diez de ellas concretaron su salida, afectando considerablemente el porcentaje de representación política de las mujeres en esa legislatura.

Otro obstáculo para el cabal cumplimiento de las cuotas, es lo que Javier Aparicio llama “válvula de escape” en su investigación para el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE)– Instituto Federal Electoral (IFE), llamado: Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009 .

Esta válvula de escape, que quedó establecida tanto en la reforma de 2002, como en la de 2008, es considerada como excepción para el cumplimiento de las cuotas las candidaturas que se hayan seleccionado por medio de “procesos democráticos de elección” al interior de los partidos.

En el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la excepción a las cuotas de género está establecida en el segundo párrafo del artículo 219, que a la letra dice:

“2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.”

Esta excepción en los hechos, sobre todo en elecciones de 2009, se había convertido en la regla ya que, por principio, todos los procesos de selección de candidatos considerados en los estatutos de los partidos son democráticos, ya fueran elección directa o indirecta, asambleas e incluso designaciones. Luego entonces las cuotas de género perdían su carácter de acción afirmativa, pues mediante la excepción considerada en la ley, todos podrían evadir su cumplimiento.

Es hasta la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que se sentaron las bases para que los partidos cumplieran con la cuota establecida del 40/60, habiendo de cubrirla al menos con 40 por ciento de mujeres candidatas, en fórmulas integradas por mujeres propietarias y suplentes.

A raíz de esa sentencia, es que en esta LXII Legislatura hay 184 diputadas y 42 senadoras, con sus respectivas mujeres suplentes, que representan más de 38 por ciento en el caso de las primeras, y 32 por ciento con respecto al Senado.

Esta sentencia se convirtió en ese otro momento trascendente para la historia de los derechos político-electorales de las mexicanas, pues fue una resolución jurídica que ha hecho válido el derecho de las mujeres de ser electas.

A raíz de los resultados positivos de esta sentencia en el incremento de mujeres en los espacios de representación parlamentaria, las y los legisladores tenemos la responsabilidad de impulsar las medidas legislativas que hagan efectiva la ciudadanía de las mujeres, y conviertan el mandato del máximo órgano jurisdiccional electoral en parte de nuestro marco legal vigente.

No se trata únicamente de cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar, de manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre mujeres y hombres.

La representación política de las mujeres es un tema ineludible para consolidar nuestra democracia. En este sentido, la democracia no será tal mientras se impida el ejercicio efectivo del poder político a las mujeres y ello implica apostar a una democracia paritaria.

Apostemos en esta legislatura a hacer de nuestra democracia representativa, una efectiva para mujeres y hombres.

Argumentación

En nuestro país, se ha ampliado el abanico de derechos que deben ser considerados en nuestra legislación, a raíz de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, bajo el principio pro homine , con la finalidad de que su interpretación jurídica sea siempre de optar por la norma que proteja de mejor manera los derechos de las personas.

En ese sentido, los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano, deben formar parte de los derechos de las y los mexicanos. Nos corresponde, en todo caso, armonizar las leyes a fin de incorporar los tratados internacionales a leyes y mecanismos nacionales que los hagan efectivos y exigibles por la ciudadanía.

En razón de ello, debemos incorporar a nuestras leyes todas las medidas que busquen fortalecer y hacer efectivos los derechos políticos de las mexicanas.

Además, México ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995).

La firma de dichos instrumentos compromete a nuestro país a impulsar las reformas legislativas necesarias y a tomar las medidas de política pública que se requieran a fin de acelerar el proceso de incorporación de las mujeres en la toma de decisiones, y con ello contribuir a la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres.

De acuerdo al PNUD, en el folleto Mujeres. Participación Política en México 2012 la firma de dichos tratados ha contribuido a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las mujeres. Tales consensos son:

“El primero, porque se considera que es injusto que el poder político esté monopolizado y, por tanto, la participación de las mujeres es un asunto de equilibrar el acceso a dicho poder. El segundo, porque si las mujeres no están en los cargos públicos, se desperdicia la mitad de talento de nuestro país. El tercero, porque un Congreso donde más de la mitad de la población está subrepresentada, no puede considerarse representativo.”

En México, sin duda a nivel de la legislación ha habido avances importantes para fortalecer los derechos políticos de las mujeres. Como se ha visto, las cuotas han sido una medida eficiente para incrementar el porcentaje de representación de las mujeres en los cargos de elección popular y en la vida pública de México.

Sin embargo, el proceso ha sido lento y lleno de obstáculos, lo que retrasa la consolidación de nuestra democracia. Tenemos que acelerar el paso, e impulsar las medidas legislativas que tiendan a garantizar plenamente la ciudadanía de las mujeres, la igualdad sustantiva y la paridad.

Los argumentos que se esgrimieron a raíz de los diez juicios de protección a los derechos ciudadanos presentado por la red Mujeres en Plural, integrada por mujeres con diferente militancia partidista, y que fueron el origen de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 12624/2011, para el cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas para el proceso electoral de 2012, nos dan luces de las reformas necesarias e inmediatas que debemos implementar para que se consolide el avance obtenido en esta legislatura, y atajar cualquier posibilidad de retroceso, mientras conseguimos los mecanismos legales definitivos que garanticen la representación paritaria de mujeres y hombres en el Congreso.

Al fin de cuentas, las cuotas de género son acciones afirmativas, de carácter temporal, que tienen como finalidad la de impulsar los consensos y cambios culturales que permitan abrir de manera definitiva los espacios de representación política de las mujeres.

El acto impugnado en la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 del TEPJF para las elecciones del 2012, fue:

El acuerdo CG327/2011, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2011- 2012.

La autoridad electoral dispuso, en el citado acuerdo reglamentario lo siguiente:

  • Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático.
  • Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidatos. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Serán considerados procesos de elección democrática aquellos métodos que se realicen mediante la elección del voto libre, directo o indirecto, secreto o abierto, de conformidad con las normas internas de los partidos políticos.

Es de toda evidencia que el IFE no sólo tergiversó la disposición legal expresamente establecida por el legislador ordinario, al omitir la condicionante del voto directo, sino que, en los hechos, reformó -sin derecho a hacerlo- la propia ley al establecer lo que se entendería por procesos de elección democrática.

La interpretación que ha venido haciendo la autoridad electoral de la excepción a la cuota de género ha producido una grave distorsión a la cuota de género, restringiendo o haciendo nugatoria la intención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del legislador ordinario, en favor de la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.

En lo que hace a la cuota de género, los estatutos remiten -o transcriben- las disposiciones aplicables del Cofipe. Estamos entonces ante un círculo vicioso: el Cofipe remite a los estatutos, y éstos remiten al Cofipe.

Los efectos de la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 que deben verse reflejados en las reformas al Cofipe, son:

  1. a) Expulsar del acuerdo impugnado el párrafo cuarto del punto de acuerdo decimotercero, que decía:
  • “Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquél en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en la que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia”.
  1. b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del acuerdo impugnado, para quedar como sigue:
  • “Esto es, en caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”
  • “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.”

Es de observarse que la sentencia 12624/2011 al establecer que en “todo caso” se debería cubrir el porcentaje de candidaturas de género establecido por el Cofipe, no importando el proceso de elección democrático que establecieran los partidos, dejó sin efecto el segundo párrafo del artículo 219, por lo que esta iniciativa propone su derogación.

Consideramos que los procesos de elección internos para candidaturas de elección popular, establecidos en los estatutos de cada partido, son por principio democráticos, pues fue un requisito para declarar su validez constitucional, dejar esa consideración como una excepción para el cumplimiento de las cuotas de género, invalida en los hechos la cuota misma, y la excepción se convierte en la regla. Por ello, coincidimos con las valoraciones hechas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consideramos una reforma pertinente el derogarla del Cofipe.

Al mismo tiempo, la sentencia 12624/2011 cerró el paso a la simulación de la cuota de género mediante las suplencias, al establecer que las fórmulas completas, de las candidaturas propietarias y suplentes, por el principio de representación proporcional, fueran integradas por el mismo género.

En razón de ello, esta iniciativa considera necesario implementar en la ley, el Cofipe, ese mismo mecanismo de fórmulas completas que conforman las cuotas de género, no sólo en las candidaturas de representación proporcional, sino también en las de mayoría relativa, dejando abierta la posibilidad de que las demás fórmulas (que no son producto de la cuota) se integren de manera indistinta (propietarios y suplentes del mismo o diferente género) con la finalidad de hacer efectivo el espíritu de las cuotas como medidas afirmativas para la incorporación equitativa de las mujeres en los espacios de representación popular.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Único. Se reforman y adicionan los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 219

  1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las candidaturas que conforman la cuota de género, por ambos principios, se deberán integrar en fórmulas completas de propietarios y suplentes del mismo género.
  2. Se deroga

Artículo 220

  1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

 

Exohorto a la SSA, SEP, SEDESOL y DIF para prevenir y atender el maltrato infantil

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESARROLLAR POR LA SSA, LA SEP, LA SEDESOL Y EL DIF ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER DE MANERA INTEGRAL EL MALTRATO INFANTIL, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

 Exposición de Motivos

 En México, los derechos de las niñas y niños además de irrenunciables, son una plataforma ética; todo niño tiene derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y la sociedad a garantizarlo. No debe darse un paso atrás a favor de la infancia.

El 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores.

Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico se puede infligir perjuicio a un menor, la falta de atención y el maltrato psicológico también constituyen formas de violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Maltrato físico: Un adulto utiliza la fuerza física para dañar a un menor intencionalmente a través de golpes, torceduras, quemaduras, etcétera.

Negligencia: La madre o cuidadora no manifiesta ningún interés en la alimentación, ropa, vacunas y atención general del niño, en quien se percibe abandono y descuido total.

Por ello, debe involucrarse a los padres y personas a cargo de su cuidado en el respeto de sus garantías, reconocidas en la Constitución y en diversos instrumentos legales internacionales.

El maltrato infantil debe ser considerado como un grave problema de salud pública de agenda nacional, ya que este fenómeno cuenta con cifras alarmantes, según datos del DIF en México existen 8 millones de menores en condición de maltrato y 2 millones de ellos en maltrato extremo. Además de ser la primera causa de muerte e invalidez en la población infantil.

No debemos permanecer pasivos ante el problema del maltrato infantil que prevalece en los ámbitos familiar y escolar. Se deben de poner en práctica estrategias que protejan la integridad física de niñas y niños que viven en México con el propósito de garantizar sus derechos humanos.

Por otra parte, a pesar de contar con un marco normativo especifico referente en la Ley de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el establecimiento de sanciones correspondientes contra quienes maltratan a los menores, esta problemática se sigue día con día tanto en los hogares, en las escuelas y en los diversos espacios de la comunidad, desafortunadamente esto se está legitimando y aceptando socialmente, de forma que se hacen naturales y por tanto invisibles las diferentes formas de violencia, lo cual contribuye a su persistencia y reproducción.

Muestra de ello, es la violencia en el noviazgo, siete de cada diez jóvenes sufre violencia física, en cuanto violencia en la familia, un 66% ha vivido al menos una de las formas de violencia.

Asimismo, cabe recalcar que en la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 50, establece que: “el gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto se deben de establecer acciones y políticas públicas necesarias para prevenir atender y erradicar el maltrato infantil. Adoptar las medidas necesarias para ampliar y profundizar los conocimientos que se tienen acerca del fenómeno del maltrato infantil en nuestro país y promover entre las niñas, niños y adolescentes la generación de una cultura de no violencia.

En México existe una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, y de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2012.