Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: diciembre 2012

Entrevista con RMA al inicio de la sesión

ENTREVISTA DEL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MONREAL ÁVILA, AL INCIO DE LA SESIÓN

¿QUÉ PIENSA DE LAS MOVILIZACIONES QUE ESTÁN DANDO EN CHIAPAS, EN LAS ZONAS DE LAS MARGARITAS Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS?

RMA.- Bueno primero que frente a la restauración que hacen los movimientos sociales, creo que no han sabido interpretar correctamente lo que está pasando en el país.

Evidentemente estas movilizaciones en Chiapas, en el sur del país y otros estados, son producto de una injusticia de un sistema económico y de un sistema político, aquí en la Cámara estamos en la comodidad, las movilizaciones campesinas del sur del país, no pueden minimizarse, tampoco pueden pensar que se trata de una movilización ocurrente o espontanea, no, son movilizaciones con sentido social, pero además con una clara denuncia de las injusticias que están padeciendo en el sur del estado de Chiapas.

PARECE SER QUE LA EQUIDAD NO LLEGA, PARECE QUE LOS FUNCIONARIOS TENDRÁN UN AUMENTO DE SUELDO, MIENTRAS EL SALARIO MÍNIMO APENAS DEL 3.9%, INCLUSO AFORTUNADAMENTE LA PETICIÓN QUE USTED PIDIÓ DE AUMENTO DE SUELDO NO SE APROBÓ. PARECE SER QUE ESTO ES DESDE LOS FUNCIONARIOS COMO LOS DIPUTADOS QUE QUIEREN MÁS DINERO, MIENTRAS LA GENTE SIGUE SIENDO POBRE.

RMA: Lamentablemente en el Presupuesto de Egresos se mantienen los privilegios de una clase política podrida, de una clase política privilegiada, de una clase burocrática dorada, que no está a la altura de de las circunstancias del país.

El salario mínimo ya perdió su aumento, se está disminuyendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, sueldos de 6 millones por año, de 600 mil pesos de los Ministros y a los que se les otorga todavía anteojos, apoyos para la madre de los ministros de la Corte y no fueron capaces la mayoría de suprimirlos.

Nosotros planteamos una Ley de Austeridad Republicana que no ha merecido la mínima discusión en la Comisión donde se está dictaminándose. Hay en el país la necesidad de una revisión profunda, y se equivocan todos aquellos que piensan que por que en la Cámara hay mayoría está todo tranquilo. Hay problemas severos en el país y nosotros vamos a seguir cuidando y seguir denunciando este tipo de injusticias que están pasando en la República.

Vamos a seguir nosotros hasta en tanto no cambie al país, una medida profunda y donde no se modifique el sistema económico político en el país.

O SEA ¿UN PAÍS MODERNO Y SELECTIVO VA TARDAR QUE BROTE?

RMA.- No existe, hoy espero no se termine el mundo a las 5 de la tarde, por la profecía, espero que no, pero el mundo fantástico que están diseñando con la restauración, no existe.

Tienen que darse cuenta, que aunque estén manipulando, estén influenciando a sectores, a medios, no es posible, afuera, abajo hay otra realidad y por esa razón nosotros estamos dispuestos a ayudar a resolver los problemas, pero no vamos a prestarnos a la simulación y tampoco vamos a avalar este tipo de prácticas que están regresando, practicas arcaicas, de autoritarismo y de persecución.

Y pedimos que se haga un análisis serio en el caso de las movilizaciones campesinas del sur y no se vaya a emplear la fuerza pública en este momento, porque lo que originan las movilizaciones en el sur del país, son causas legitimas que no han sido atendidas y que son provocadas por el abandono en el que se encuentran los campesinos de México.

¿ALGÚN LLAMADO AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN?

RMA.– Si, le hago un llamado al secretario de Gobernación, para que no use la fuerza, para que no use al Ejército, para que no use las fuerzas armadas del país en contra de esta movilización campesina, que se sienten a dialogar, que platiquen y que busquemos soluciones pacificas.

Cualquier actitud que raye en el autoritarismo o en el uso de la fuerza del Estado sería un mal precedente y sería un mal preámbulo de este gobierno al que nosotros hemos dicho insistentemente que no reconocemos.

 

Palacio Legislativo de San Lázaro
21 de diciembre

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Posicionamiento relativo a la Reforma Educativa

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADROR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO A LA REFORMA DIVERSOSARTÍCULOS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Compañero Presidente;

Compañeras y compañeros diputados;

Una vez más y las veces que sea necesario, vamos a insistir a nombre de Movimiento Ciudadano que legislar al vapor, vía fast track, convirtiendo esta Cámara de Diputados en la oficialía de partes del Ejecutivo, no es la mejor manera para fortalecer un equilibrio republicano que le sirva al país y que le sirva a los mexicanos. Ayer nuevamente el Senado de la Republica enmienda la plana a esta Cámara de Diputados y reformar el proyecto que aquí te aprobó.

Esto se está volviendo ya un costumbre y esta Asamblea, que es la representación popular, que es por teoría política en la Cámara donde está el pueblo, es la que no está cumpliendo su función. Se aprueban reformas a contentillo del Ejecutivo y no pensando en los intereses de la sociedad. Hay mucha incongruencia, vemos hoy en la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, se queja de esta reforma y sin embargo su partido votó a favor en esta Cámara.

Vemos también una gran incongruencia en el partido Verde Ecologista al permitir que se aprobaran las cuotas escolares, en comisiones se había modificado la redacción del artículo quinto transitorio en su fracción tercera, inciso a, que abre la puerta a la privatización de la educación, porque con el pretexto de comprar materiales y mejorar la infraestructura se está abriendo la puerta constitucionalmente a las cuotas escolares.

Y de esta manera subrepticia, por la puerta de atrás, escondido en un transitorio, se está acometiendo esta monstruosidad que atenta contra el propio artículo tercero constitucional, que señala en su fracción cuarta que toda la educación que imparta el Estado será gratuita.

Sin embargo, esta atrocidad fue aprobada en esta Cámara y ayer no obstante que en el Senado ya se había modificado en comisiones, se volvió a colocar. Por eso nosotros, no podemos estar a favor de esta reforma regresiva. Yo preguntaría, y no será por la puerta de atrás también con transitorios o con reformas encubiertas como están preparando también, vía fast track, la privatización de Petróleos Mexicanos.

Finalmente, aquí se hace lo que dice el Presidente y desafortunadamente grupos parlamentarios con presencia importante en esta Cámara, que tiene las deficiencias de votos para bloquear estos engendros constitucionales, han caído en un pactismo claudicante que está abriendo esta puerta a la privatización de la educación.

Y hay que poner atención en la gran incongruencia, porque en un boletín del partido Verde del16 de abril, es el boletín 097/12 dice: los actores políticos deben proteger la total gratuidad de la educación. Y el coordinador del partido Verde, en ese entonces, Senador Arturo Escobar, explicó que la solicitud de cuotas voluntarias en las escuelas se ha generalizado debido a que muchos planteles en toda la República no cuentan con infraestructura o materiales necesarios por lo que las autoridades escolares recurren al condicionamiento o exhibición pública de los niños cuyos padres no pueden pagar las cuotas y proponía una sanción incluso de tipo penal.

En torno a este argumento de hizo una campaña multimillonaria de no a las cuotas escolares, campañas, de la que se benefició el candidato de la Coalición Compromiso por México, y sin embargo, hoy vemos compañeras y compañeros legisladores, las mismas palabras: infraestructura y compra de materiales, lo vemos en el artículo quinto transitorio fracción tercera inciso a, donde se señala y lo cito textualmente: fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que correspondan con el objetivo de mejorar su infraestructura y comprar materiales educativos.

Y habla de que con el concurso de los directores, los padres de familia deberán contribuir a ello. Estamos hablando pues de una gran incongruencia, y esta incongruencia está abriendo la puerta a la privatización de la educación, por la puerta de atrás.

Por eso nosotros no podemos estar a favor de este dictamen y no obstante que los agregados que se le han hecho puedan parecer en un primer momento positivos, como es el tema de la calidad nosotros si queremos señalar que hay una notable incongruencia, y esto pasa, compañeras y compañeros diputados, por la prisa, eso pasa por legislar al vapor, esto pasa por no poder sostener ya como representantes, lo que se promete en campaña, nosotros no podemos estar a favor de una reforma que está abriendo la puerta al cobro de cuotas para los padres de familia en las escuelas.

Por eso nuestro voto será en contra y vamos a seguir defendiendo la dignidad del Poder Legislativo. Ojalá los grupos mayoritarios que tiene capacidad para no completar las dos terceras partes reflexionen y esto vuelva a comisiones y hagamos una verdadera reforma educativa, no está reforma simulada y propagandística.

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Regulación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, REOLATIVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Con su permiso, compañero Presidente;

Compañeras diputadas y diputados;

Nos parece muy pertinente este dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para extender el plazo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo puedan regularizar sus funciones; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgarles la autorización; y se fortalezca este mecanismo de ahorro y crédito popular de una manera adecuada para evitar que operen al margen de la ley en la informalidad, y que lejos de constituirse en un mecanismo auxiliar de crédito y ahorro para millones de mexicanos, se conviertan en un problema.

La poca vigilancia que ha habido de las instituciones encargadas y el vacío legal en la materia ha permitido que en los últimos 10 años 200 mil ahorradores fueran defraudados por cajas de ahorro en todo el país.

De las 850 cajas de ahorro sociales y privadas que prestan servicios en el país, tan solo 99 cuentan con autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mientras que el resto de ellas están en proceso o carecen del registro legal correspondiente.

Quinientos noventa y ocho de estas instituciones de ahorro operan como cajas populares y solamente 59 están autorizadas.

Esta situación, compañeras y compañeros diputados, es muy importante, porque en un total de mil 400 municipios del país no hay sucursales bancarias, es decir, no hay ninguna sucursal bancaria y la ciudadanía de aquellos lugares del país recurre a mecanismos informales de ahorro o para financiarse con créditos.

Ya en unas sesiones pasadas se establecieron medidas para regular las casas de empeño, para que no hubiera, precisamente, estos mecanismos da agiotismo, de usura, que realmente se convierten en todo un viacrucis para millones de ahorradores.

Necesitamos fortalecer el sistema de ahorro popular, las cajas de ahorro. Complementar al sistema bancario y por eso nos parece oportuno que se esté ampliando el plazo, para que todas estas instituciones se puedan regularizar.

Pero sí llamamos la atención para que los procesos sean rigurosos, para que no se le dé patente de corso a instituciones para que vengan a defraudar a ahorradores que hay de buena fe en todo el país.

Nosotros también hemos planteado y fue aprobado en sesiones pasadas, que se exhorte al Ejecutivo, a la Secretaría de Economía para que se busque con los bancos la restructuración de adeudos para que se pueda echar a andar la economía de este país.

Por esas razones y en congruencia con esas posturas estamos a favor del presente dictamen y creemos que fortaleciendo el ahorro popular fortalecemos la viabilidad económica de México.

Es cuanto.

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Iniciativa que establece el derecho de toda persona al acceso libre de internet

InternetParaTodos

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidrobro González, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente intelectuales, académicos, investigadores, estudiantes y público en general, han demandado en reiterados foros, espacios y ocasiones la urgencia de establecer en la Carta Magna el acceso a Internet como derecho humano, porque 64 por ciento de los mexicanos se encuentran en la marginación digital, y por considerar que tal acceso se circunscribe en un derecho humano denominado de cuarta generación y se constituye en una herramienta que no sólo permite el desarrollo individual, sino favorece el crecimiento y progreso de la sociedad en su conjunto.

Los derechos humanos de cuarta generación según diversos autores como Javier Bustamante Donas, la cuarta generación de derechos humanos “será la expansión del concepto de ciudadanía digital, que presenta tres dimensiones. En primer lugar, como ampliación de la ciudadanía tradicional, enfatizando los derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información y conocimiento, así como con la exigencia de una interacción más simple y completa con las administraciones públicas a través de las redes telemáticas. En segundo lugar, ciudadanía entendida como lucha contra la exclusión digital, a través de la inserción de colectivos marginales en el mercado de trabajo en una sociedad de la información (SI) (políticas de profesionalización y capacitación). Por último, como un elemento que exige políticas de educación ciudadana, creando una inteligencia colectiva que asegure una inserción autónoma a cada país en un mundo globalizado.

Al entrar en juego un nuevo elemento definidor de la ciudadanía, asistimos a la aparición de nuevos valores, derechos y estructuras sociales que se encuentran actualmente en un periodo de incubación; nuevas formas de interrelación humana amplificadas por la tecnología, nuevas comunidades virtuales cuyo criterio de pertenencia de adscripción no es el territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra en la comunicación no presencial un elemento de unión entre individuos.

Todo ello nos lleva a la consideración de una nueva comprensión de los derechos humanos, que reflexione constantemente sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. La influencia de la tecnología informática sobre el mundo de la cultura puede además dotar de significado a un conjunto de principios éticos que sin ella acabarían siendo poco más que una voluntariosa declaración de intenciones. Esta es la base que me ha llevado a sugerir la necesidad de postular la existencia de una cuarta generación de derechos humanos”.

La comunicación es una de las principales características de la cultura humana. Desde la comunicación interpersonal, pasando por la grupal y la social, la comunicación ha sido la base fundamental de cambios sociales y tecnológicos. A lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo de tecnologías para mejorar la comunicación, generó nuevas sociedades, sistemas de producción, formas económicas e incluso sistemas de aprendizaje.i

A partir de la llegada de la imprenta como tecnología y el posterior nacimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII, hasta la lucha por las libertades civiles después de la Revolución Francesa de 1789, la comunicación fue reconocida dentro del campo jurídico como una necesidad social para mejorar los niveles de vida y las nacientes democracias.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos son los principales instrumentos internacionales que consagran la libertad de información como un derecho universal.ii

A lo largo del siglo XX los derechos informativos se orientaron en dos sentidos: como derecho social y como derecho mediático. En el segundo de los casos se refiere al campo jurídico que regula la comunicación emitida a través de los medios tradicionales de comunicación analógica (radio, televisión, prensa y cine). En México tales regulaciones se encuentran fundamentadas en la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía de 1960, y en la Ley de Imprenta de 1917.

Sin embargo durante las últimas tres décadas con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), el derecho a la información se expande del campo analógico al digital dando a los usuarios la posibilidad de construir sus propios contenidos y enviar mensajes a un receptor, a un grupo o en forma masificadas. La apertura de Internet en 1993 para su uso social, trajo consigo el paradigma llamado “Sociedad de la Información y el Conocimiento” o “Sociedad de la Información y la Comunicación”, la cual “crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material”.iii

Ante los cambios globales que generó Internet en las últimas décadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 1 celebrada en Ginebra, a finales de 2003 y en su segunda fase en Túnez, en diciembre de 2005, donde se advirtió sobre los riesgos de la brecha entre comunidades conectadas y comunidades desconectadas de las nuevas tecnologías.

En las conclusiones de la última cumbre se planteó que el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información (con inclusión del acceso a la energía, a las computadoras y servicios de Internet), es una de las ambiciones de la Sociedad de la Información y debe ser un objetivo de los que participan en su creación. Los representantes de los países reconocieron que un dominio tecnológico es un factor capital para el crecimiento, ya que genera ventajas tales como un público consciente, nuevos empleos, incremento del comercio y una mayor divulgación de la ciencia.

De acuerdo a las resoluciones de la CMSI2, se acordó que las naciones deberían de fortalecer las entidades públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario para promover la preservación de los registros de documentos y el acceso libre y equitativo a la información.

Internet es conocido como la “autopista de la información”, “red de redes”, y surgió a finales de 1969 como red experimental (Arpanet), que conectaba entre sí a los centros de información de tres universidades norteamericanas y al Instituto de Investigaciones Stanford. A fines de los años 80 la Fundación Americana de la Ciencia (NSF) puso en funcionamiento la red denominada NSFnet para que universidades y centros de investigación pudieran hacer uso de las grandes computadoras. El uso del correo electrónico, la transferencia de datos y archivos se constituyó en las piezas clave del funcionamiento de Internet que hoy es el fundamento de la Infraestructura Global de la Información. Internet es un protocolo (el TCP/IP) un “lenguaje” compartido que permite la interconectividad de las redes de computadoras y por lo tanto el intercambio de la información.

Pero además y esto es lo que resulta de un mayor compromiso para las comunicaciones sociales, provee de un lenguaje común denominado el hipertexto (HTML). La importancia de conocer la historia del desarrollo de la Internet para las sociedades es la interacción y cooperación habida entre la ciencia, la investigación universitaria, la predisposición a las subvenciones tanto públicas como privadas que permitió la autogestión y la conformación de una cultura -de la innovación- o grupos autónomos que desearon conformar salidas en conjunto para el desarrollo nacional, todo ello en Estados Unidos de América (EU)

No es sólo un nuevo medio de información y comunicación sino que con otros sistemas de multimedia, infojuegos, realidad virtual, es un nuevo “espacio social”, electrónico, telemático, digital, informacional al que suele denominársele “el tercer entorno”, ya que incluye no sólo los ambientes rurales y urbanos naturales y humanos sino los datos digitalizados con numerosas operaciones, organizaciones, dispositivos y jurisdicciones.

La virtualidad connota simulación, visualización, velocidad, simultaneidad, procesos y otras acciones de usuarios/as en que Internet se erige como un “poder simbólico” trasnacional que interconecta millones de personas por interacciones comunicacionales, genera su propia cultura, -su cibercultura-, sus normas, puntos de vista y acarrea la formación de varias y diferentes subculturas. Como dijera Manuel Castells: Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento, no es futuro, es presente…”3.

A diferencia de las tecnologías de comunicación analógicas, Internet y sus innovaciones son las herramientas comunicativas de mayor penetración en la historia de la humanidad: en cuatro años alcanzó la cifra de 50 millones de usuarios. Hoy en día existen en el mundo más de 2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales como Facebook o Twitter. A nivel global 32 por ciento de la población tiene acceso a Internet.iv

En el caso de México, de una población de más de 113 millones de personas, 42 millones están unidos a la red, lo cual representa 36 por ciento de la población, en tanto 64 por ciento restante de los mexicanos se encuentran en la marginación digital. Datos estimados a partir del estudio Hábitos de los u suarios de Internet en México 2011realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), establecen que de 17 millones de internautas que había en 2005, la cifra se duplicó en cinco años para llegar en 2010 a 34 millones, de los cuales 60 por ciento son personas jóvenes: menores de 35 años de edad.

De acuerdo al “Índice de Prosperidad 2011” que realiza el Instituto Legantum de Londres, México presenta problemas de acceso a un Internet con mayor velocidad debido a que no tiene una cobertura adecuada de banda ancha por lo que de 110 países, ocupa el lugar 50, y para emprender negocios mediante la red en el lugar 61. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informó en enero de 2012 que México también registra rezagos en materia de Investigación y Desarrollo (I+D) donde la inversión del estado apenas representa 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Respecto a la principal característica de las nuevas técnicas digitales se encuentran su conectividad a la red: Internet es la columna vertebral por la cual atraviesa la nueva comunicación humana. Las redes a su vez se unen mediante la telefonía fija o inalámbrica, la banda ancha, la televisión de alta definición y las conectividades digitales del hogar. Cada red lleva información a una terminal (computadora, reproductor de DVD/Blue-Ray, reproductores portátiles, televisores, sistemas operativos, consolas de videojuegos, etcétera) y servicios que son empleados por los usuarios (correo electrónico, blogs, gobierno digital, comercio en línea, charlas virtuales, redes sociales, diseño, reproducción de contenidos multimedia, etcétera).

La libertad de información dentro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento se refiere a los derechos digitales: la posibilidad para que las personas puedan recibir, enviar y buscar información mediante el uso de las TIC. Dicha libertad contiene los mismos diques que la libertad de expresión en el sentido de que sus límites se establecen cuando puedan afectar derechos de terceros.

Dentro de los derechos digitales se encuentra el derecho informático, relacionado específicamente a los impactos que tienen las nuevas tecnologías en las actividades colectivas y la vida privada. En el campo del derecho informático podemos encontrar la ciberjusticia, los datos personales, la administración pública, la propiedad intelectual, la seguridad informática, el comercio electrónico, los delitos en la red, los documentos digitales y el trabajo flexible.

Cabe destacar que en el mundo gran cantidad de países han adoptado medidas para crear políticas públicas que generaran crecimiento económico a partir del desarrollo tecnológico. Un caso exitoso es Finlandia, donde desde el primero de julio de 2010 el derecho a Internet se convirtió en una garantía social. En Finlandia los ciudadanos tienen el derecho constitucional a la conexión de banda ancha de un megabyte, además el sistema educativo tiene la obligación de conectar a todas las escuelas y librerías públicas a la red. La Constitución contempla para 2015 la conectividad social a una banda ancha de 100 megabyte, lo cual representa que por Internet se podrán realizar actividades simultaneas sin que esto represente lentitud en la conectividad como envío de archivos, teletrabajo, consumo de televisión de alta definición o edición de productos.

El primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial Frank La Rue leyó el documento donde los representantes de los países consideran que Internet “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto” .

Asimismo la resolución señala que “los derechos humanos de las persona también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Esta resolución “reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas y exhorta a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

Asimismo la declaratoria destaca “el carácter transformador de Internet, como medio que permite a miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información”.

La declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es importante en varios sentidos:

a) Promueve la libertad de la red: el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación. La libertad ha sido fundamental a partir de 2008 para el cambio político de regímenes autoritarios en todo el mundo.

b) El acceso a la red: “Los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

Argumentación

En este último sentido el estado deberá de crear un marco normativo a partir del reconocimiento del derecho de Internet como un derecho social para que: a) los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías mediante la regulación de precios y servicios; b) establecer programas para brindar apoyos para que la sociedad desconectada tenga posibilidad de acceso, incluidos la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público; c) implementar mecanismos educativos para generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que pueden reportar, especialmente entre sectores pobres, niños ancianos, y en poblaciones rurales aisladas; y e) vigilar el acceso equitativo de la red, principalmente a sectores marginados y menos favorecidos.

Sobre el desarrollo de la red y la economía, la conectividad demuestra que los países donde existe mayor participación social mediante Internet también presentan mejoras en sus niveles de vida. Los países con mayores niveles de penetración social de la red en el mundo son Noruega 97.2 por ciento, Islandia 97 por ciento, Suecia 92.9 por ciento Australia 89.9 por ciento, Dinamarca 89 por ciento, Finlandia 88 por ciento, Corea 82 por ciento, Canadá 81.6 por ciento, Japón 80 por ciento, Estados Unidos 78.3 por ciento, Singapur 77 por ciento, Hong Kong 68 por ciento, Alemania con 67.4 por ciento y Reino Unido 52 por ciento.

Internet puede considerarse como una herramienta fundamental de la actividad económica, permitiendo miles de millones de transacciones no sólo en el ámbito económico, sino en el social, cultural, familiar, etcétera; y contribuyendo en su totalidad al crecimiento mundial, la productividad y el empleo.

El impacto de Internet en crecimiento global aumenta rápidamente y representa 21 por ciento de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en países como Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, India, Italia, Japón, Rusia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos; y aunque se han eliminado medio millón de puestos de trabajo, se han creado 1.2 millones de nuevos empleos, dando lugar a 2.4 puestos nuevos por cada puesto directo.4

Por su parte en México Internet aportó 324 mil millones de pesos a la economía mexicana durante el 2010, lo que representa 2.5 por ciento del producto interno bruto según el análisis de The Boston Consulting Group, y se espera que en 2016 la cifra supere los 860 mil millones de pesos.

A partir del pronunciamiento de la ONU para considerar el acceso a la red como un derecho universal, algunos países comenzaron a realizar esfuerzos por llevar la nueva garantía a sus legislaciones. El 20 de septiembre de 2011 la Comisión Primera del Senado en Colombia aprobó la iniciativa presentada por Luis Fernando Velasco, donde se promueve integrar a la normatividad a Internet como un derecho fundamental, además de la inversión para el programa Viva Digital, que incluye la conexión a la red de más de 700 municipios en la primera fase.

Es imperativo que nuestro país siga a la vanguardia en la aprobación y vigencia de supuestos jurídicos constitucionales que permitan a sus habitantes gozar y ejercer derechos humanos fundamentales que le permitan alcanzar su desarrollo integral, tales como el acceso universal a Internet, por ello consideramos urgente que desde nuestra constitución se establezca tal derecho y que en breve tiempo sea vigente y positivo.

Tal disposición jurídica permitirá por un lado que cada vez más personas se apropien de Internet de una forma universal, equitativa, solidaria, abierta, horizontal y democrática; y por otro que el Estado mexicano impulse políticas públicas que potencien la generación de conocimientos y capacidades innovadoras para utilizar atingentemente el Internet, elevar el desarrollo humano y fortalecer lazos entre autoridades gubernamentales, sociedad e iniciativa privada para materializar la visión y uso social de Internet en acciones, planes, programas y políticas concretas que impacten en el crecimiento económico y el progreso social.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

El estado garantizará el derecho de toda persona al acceso libre y universal a Internet para integrarse a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y con ello promover su desarrollo individual y el progreso social.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. al VII.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. ITU. Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En www.itu.int/wsis/index-es.html. [Diciembre de 2005]

2. Las resoluciones de la Cumbre pueden ser consultadas en el portal www.itu.int/wsis/index-es.html.

3. ¿Cómo puede ser internet una herramienta para el desarrollo social? Por Bibiana Apolonia Del Brutto López, disponible en: http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. fecha de consulta 7 de abril de 2012

4. La contribución de la red a la generación de la riqueza. Disponible en: http://www.enriquedans.com/2012/02/la-contribucion-de-la-red-a-la-gener acion-de-riqueza.html.

i. Marshall McLuhan publicó en 1964 Understanding Media: the extensions of man , donde consideró que las tecnologías que desarrolla el ser humano para comunicarse son extensiones del hombre. Así, la televisión sería una extensión de nuestros ojos, mientras que la computadora sería la extensión de nuestros cerebros.

ii. Carpizo Jorge y Carbonell Miguel. Derecho a la Información y derechos humanos. IIJ-UNAM. México, 2000.

iii. Yoneji Masuda. La Sociedad de la Información como sociedad post-industrial . Estados Unidos, 1984.

iv. Datos estimados al 31 de diciembre de 2011 por Internet World Stats.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA

(rúbrica)

Punto de acuerdo sobre la realización de programas a favor de los usuarios de créditos con adeudo

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A COORDINAR – POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO-ESFUERZOS CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS PARA REALIZAR Y PROMOVER PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS USUARIOS DE CRÉDITOS CON ADEUDO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 68, 157, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con base en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 25 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativa al apoyo de usuarios de créditos con adeudos.

II. En la misma fecha, 25 de octubre de 2012, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para estudio y dictamen.

III. Con fecha 5 de diciembre de 2012 se presentó al pleno de la Comisión de Economía el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La finalidad del punto de acuerdo materia del presente dictamen es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a coordinar esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Asimismo, a efecto de que se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al procurador federal del Consumidor (Profeco) y a las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera y, en general, a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.

2. El diputado Ricardo Mejía Berdeja sostiene como algunos de los principales argumentos en la exposición de motivos los siguientes:

El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.

Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, ha diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir los compromisos de pago.

El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.

El monto de pagos vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.

Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.

A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.

La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del Banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.

En mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.

Lo anterior golpea a los mexicanos, pues muchas instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera contra los deudores morosos, que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido hasta amenazas de registro de malas notas en el buró de crédito (SIF), como el buró de crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.

Por tanto, hace falta implantar programas y mecanismos adecuados para el rescate y la restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados de las implicaciones y los riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo, a fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.

3. La naturaleza de los deudores descritos en la exposición de motivos son familias y personas principalmente con adeudos de tarjetas de crédito y préstamos personales. De la lectura de la exposición no se desprende el involucramiento de unidades económicas productivas.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público posee mayores atribuciones y condiciones que la de Economía para coordinar programas o mecanismos de apoyo con las instituciones de crédito involucradas. Lo anterior, dado que

5. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 31, numeral VII, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el despacho de

Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.

Y en el artículo 34, numeral VIII, a la Secretaría de Economía:

Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.

6. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 20, faculta a la Profeco, organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, para “promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.

7. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en el artículo 4, encomienda a la Condusef el objetivo prioritario de “procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas”.

8. Desde noviembre de 2006, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) firmó con la Condusef un acuerdo para evitar las malas prácticas de cobranza, como el acoso, la intimidación y el engaño. El acuerdo fue ratificado por las partes en 2008 y 2010.

9. La Profeco firmó también con la Apcob un convenio de colaboración contra las prácticas indebidas de cobranza. Dicho convenio fue firmado por las partes y entró en vigencia el 18 de noviembre de 2010, donde también se busca contribuir al desarrollo de una cultura de pago en la población y generar mejores condiciones en el proceso de cobranza.

10. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados reconocen la importancia de buscar soluciones a los conflictos que atenten contra el bienestar de los actores sociales y del riesgo financiero que implica la existencia de adeudos en moratoria de pago. A la luz de lo anterior, se consideran viables los exhortos realizados, con algunas precisiones.

Así, los integrantes de la Comisión de Economía someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

ACUERDOS

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a coordinar esfuerzos, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las instituciones bancarias para valorar la realización y promoción de programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Segundo. Se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al procurador federal del Consumidor a redoblar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos vigentes por los integrantes de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos respecto a las prácticas de cobranza ajustadas a la ética.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).

Reforma a los art. 25 y 26 de la Constitución Política

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25, PRIMERO Y TERCERO DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Compañero presidente;

Compañeros diputados, compañeras diputadas;

Este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales constituye el primer producto legislativo de esta Comisión tan importante para los trabajos de esta Cámara y del Congreso de la Unión.

Nosotros vemos adecuada esta reforma a los artículos 25 y 26, porque establece como un principio constitucional la competitividad para hacer de la economía de nuestro país, una economía en crecimiento, una economía que permita que haya satisfactores para la población.

Desde luego, que éste es un postulado constitucional y habría que convertirlo en realidad, pero nos parece que esta definición conceptual no riñe con la rectoría económica del desarrollo que plantea ese capítulo económico de la Constitución ni riñe tampoco con el sistema de planeación democrático.

Creemos, además, que al estar en esta parte de la Constitución, permitirá también que fortalezcamos el modelo de desarrollo nacionalista, para que después no haya sorpresas con reformas constitucionales que busquen la privatización de Petróleos Mexicanos.

Esta reforma y este dictamen también nos permiten hacer algunas reflexiones. Esta iniciativa de origen en la Cámara de Senadores, fue propuesta por un diputado que anteriormente era senador, el diputado Eloy Cantú, y fue el día 22 de febrero de 2011, y esto nos permite ver todo el proceso legislativo que tiene que seguir una iniciativa de un legislador, para contrastarlo con lo que resulta de una iniciativa promovida por el Ejecutivo federal.

Podemos decir que hay un doble rasero. Una ruta larga, que a veces es infructuosa para los legisladores, y una vía fast track para el Ejecutivo, y este caso lo estamos viviendo actualmente con la reforma al artículo 3o. y al artículo 73 constitucional, que están planteando una reforma expedita a la educación del país.

Este doble rasero no lo podemos permitir, porque pareciera que quieren convertir al honorable Congreso de la Unión en la honorable Oficialía de Partes de la Unión, con una reforma al vapor que en menos de 30 horas ya se aprobó en lo general, una reforma de amplio espectro como es la educación de nuestro país.

Ya no hablamos de una iniciativa preferente como lo establece el artículo 61 constitucional, sino de una iniciativa ultrapreferente, pero lo que es más grave, en nuestra ley fundamental, en la Constitución del país.

Por eso, nosotros creemos que es tiempo de que todos los legisladores, independientemente de los partidos y particularmente los partidos mayoritarios, tienen el deber constitucional de honrar su función.

No podemos ser ni mandaderos ni tampoco hacer del Congreso un Congreso que legisle por consigna presidencial, que viole procedimientos parlamentarios para poder permitir que el titular del Ejecutivo satisfaga sus ansias de legitimidad política.

Nosotros vamos a dar la pelea y nos parece que no es estar en contra de iniciativas que sean razonables y que sean producto de una deliberación como es la que nos ocupa y que planteó el diputado Eloy Cantú.

Nos parece que en este doble rasero queda claro que hay una actitud de sumisión al presidente de la República o a quien ocupa, en este caso, el Poder Ejecutivo, porque nosotros no le reconocemos ese carácter. Nosotros no fuimos a pactos de simulación, que como quedó de manifiesto en la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay una esquizofrenia política, porque por un lado el PRI aprueba o se abstiene para que pase la reforma, y por otro lado, anuncia ya una acción de inconstitucionalidad.

Nosotros vamos a actuar siempre en congruencia y vamos a honrar a los millones de votos que optaron por un cambio verdadero en nuestro país. No a los pactos de simulación y no al entreguismo y no hacer de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión una oficialía de partes donde cualquier iniciativa, por absurda que sea y venga del Ejecutivo, se apruebe sin ningún debate.

Es cuanto.

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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 57 primer párrafo del Código de Justicia Militar

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 57 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.

El proponente Diputado RICARDO MEJÍA BERDEJA, y la suscrita ZULEYMA HUIDROBRO GONZÁLEZ, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 57 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, al tenor del siguiente,

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se han desplegado cerca de 50.000 miembros del ejército y la marina mexicanos para desempeñar funciones policiales en lucha contra los carteles de la droga y la delincuencia organizada desde diciembre de 2006. Si bien el personal militar recibe formación en derechos humanos, la denuncia de abusos graves, incluida la tortura y otros malos tratos han aumentado gravemente en los últimos años.

Según la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, los militares sólo pueden actuar en apoyo a las autoridades civiles y no tienen atribuciones adicionales para detener, recluir e interrogar a presuntos delincuentes. En muchas zonas del país con un alto grado de delincuencia y violencia, los militares intentan conseguir información sobre presuntos delincuentes sin la participación de la policía civil, que es a menudo de colusión con bandas criminales.

Entre enero de 2006 y enero de 2012, el ejército detuvo a 43.77868 presuntos delincuentes en virtud de las disposiciones sobre detención en flagrante delito, muchos de los cuales fueron llevados a cuarteles militares o sometidos, si no, a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición del ministerio público, como exige la ley.

Asimismo, los agentes del ministerio público civil pueden entrevistar a los detenidos en cuarteles militares, en vez de asumir su custodia, como exige la ley. Estas detenciones militares carecen en gran medida de supervisión, pues no hay más funcionarios civiles presentes y sólo se dispone de médicos militares para tratar o registrar las lesiones, lo que crea un clima propicio para la tortura y otros malos tratos.

Uno de los principales obstáculos que impiden poner a los responsables de tortura u otros malos tratos a disposición judicial es el hecho de que, hasta ahora, todos los casos en que hay implicados militares en servicio activo se han tratado dentro del sistema de justicia militar, en vez del civil. Existen convincentes datos que muestran que el sistema de justicia militar ha desestimado denuncias de abusos sin llevar a cabo una investigación efectiva o imparcial y que raras veces se han tomado medidas contra los responsables de la tortura o los malos tratos.

Entre 2006 y a finales de 2011, la CNDH recibió 6.812 denuncias de violación de derechos humanos en contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). Estas denuncias dieron lugar a 98 recomendaciones formales de la CNDH contra la SEDENA, es decir, sobre el 1,6 por ciento de todas las denuncias.

En respuesta a una solicitud presentada en relación con la libertad de información, SEDENA afirmó haber recibido o iniciado 1.060 denuncias contra militares por delitos contra civiles en 2010 y 449 denuncias en 2011, que habían dado lugar a un total de 118 investigaciones criminales iniciales, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de tortura.

De los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia causante de muerte, y al menos 9 se enfrentaban a cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles. Según la SEDENA, durante la administración de Calderón se ha condenado ante tribunales militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser recurridos. Por consiguiente, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos de derechos humanos ninguno de tortura cometidos durante la pasada administración, cuando se han presentado más de 7.000 denuncias de delitos de derechos humanos contra las fuerzas armadas.

El 1 de mayo de 2011, la policía municipal de Cuernavaca, Morelos, detuvo a Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante, y a un amigo suyo. Según el amigo, que quedó después en libertad, ambos fueron entregados primeramente a la policía federal, que los dejó luego en manos de militares. De acuerdo con la información disponible, Jethro Sánchez fue torturado; cuando su familia quiso buscarlo y presentó una denuncia, los militares negaron tener conocimiento de su detención.

Sólo después de que la policía declarara que ambos hombres habían sido entregados a personal militar inició el sistema de justicia militar una investigación.

Ante la clara evidencia de la entrega y la decidida campaña de la familia, los militares arrestaron a varios soldados, gracias a lo cual se localizaron los restos de Jethro Ramsés Sánchez Santana y se practicó una autopsia que indicó que había sido enterrado vivo. Se han presentado cargos contra tres militares en relación con la tortura y homicidio del estudiante, pero no contra otros presuntamente implicados también en el delito, incluidos los que intentaron ocultarlo. En agosto, la CNDH formuló la recomendación 38/2012 contra la SEDENA por la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y homicidio de Jethro Ramsés Sánchez Santana. Ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia determinó que el asunto debía verse en el sistema de justicia civil.

Aunque la SEDENA ha tomado algunas medidas para aumentar la transparencia en relación con los asuntos que se ven en el sistema de justicia militar, se sigue proporcionando una información parcial y sin suficiente detalle. En particular, es imposible determinar cuántos casos se han presentado y atendido por tortura y otros malos tratos o por abusos de autoridad y otros delitos leves.

A pesar de las evidentes deficiencias de los datos disponibles, el ejército y el gobierno sostienen que el sumamente bajo nivel de recomendaciones de la CNDH, cargos y sentencias condenatorias demuestra que gran número de denuncias contra militares carecen de fundamento.

Amnistía Internacional no tiene acceso a todas las denuncias presentadas contra militares, pero incluso suponiendo que algunas de las 7.000 denuncias contra la SEDENA y la SEMAR no estén relacionadas con violaciones graves de derechos humanos, la cifra de sólo 27 sentencias condenatorias dictadas contra militares durante la pasada administración pone totalmente en evidencia a un sistema de justicia que, sistemáticamente, no investiga, no establece los hechos y no garantiza un recurso efectivo a las víctimas y sus familias.

Es también importante señalar que incluso en los casos en que el ministerio público civil federal o de los estados ha iniciado investigaciones sobre abusos de militares, tales investigaciones se han realizado a menudo con suma contención y sin la cooperación plena de las autoridades militares. A pesar de esta falta de cooperación, los agentes del ministerio público civil han aceptado a menudo la versión militar de lo sucedido y han cerrado sus investigaciones sin llevar a cabo indagaciones básicas para establecer los hechos.

Por ejemplo, en junio de 2011, Amnistía Internacional documentó una serie de detenciones y desapariciones forzadas que afectaban al menos a seis hombres, llevadas a cabo por miembros de la marina en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y de las que habían sido testigos familiares de las víctimas.

La SEMAR negó toda responsabilidad, pero posteriormente reconoció que hubo “contacto” con las víctimas. La PGR informó en noviembre de 2011 a Amnistía Internacional que la marina había llevado a esas personas a una estación de autobuses, donde habían quedado en libertad. Por consiguiente, la PGR había cerrado su investigación sin aclarar la actuación de los miembros de la marina ni determinar el paradero de las personas que continuaban desaparecidas y, por ello, más expuestas aún a sufrir tortura o malos tratos.

En agosto de 2012, la CNDH formuló la recomendación 39/2012 contra la SEMAR por la detención arbitraria y desaparición forzada de seis hombres. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento se seguía negando a los familiares de los hombres desaparecidos información creíble sobre su paradero y no había tampoco nueva información sobre la adopción de medidas para hacer rendir cuentas a los responsables.

ARGUMENTACIÓN

Se debe pugnar para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles y que, con tal fin, se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar. La presión de las instituciones militares para conservar su jurisdicción sobre los delitos de derechos humanos sigue siendo sumamente fuerte.

A pesar de no haber aplicado los poderes ejecutivo y legislativo las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado importantes medidas para conseguir que se apliquen. En julio de 2011, la SCJN determinó que el Estado debía aplicar las sentencias de la Corte Interamericana sobre México. Esta decisión fundamental fue una de las primeras consecuencias directas de las reformas por las que se incorporaron a la Constitución las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados internacional de derechos humanos.

No obstante, las autoridades militares continuaron reclamando jurisdicción, mientras que las civiles siguieron declarándose incompetentes por considerar que la decisión de la SCJN no sentaba precedente vinculante ni reformaba el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Muchos agentes del ministerio público federal y de los estados no pueden investigar estos casos hasta que se aprueben las reformas jurídicas necesarias. Por tanto, las sentencias de la SCJN no reducen la responsabilidad del pasado y el actual gobierno, así como del Congreso, de garantizar que se adopten de inmediato medidas administrativas y jurídicas conforme a las sentencias de la SCJN y la Corte Interamericana para restringir la jurisdicción militar y reformar el Código de Justicia Militar.

Es también esencial que todos los casos que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción militar se transfieran de inmediato al sistema de justicia civil. Asimismo, todos los casos sometidos al sistema de justicia militar en que hayan concluido los procedimientos judiciales deben ser objeto de una revisión completa en el sistema de justicia civil.

Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos judiciales que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados.

Reiteramos: homicidio, lesiones, tortura, violación sexual entre otros, forman parte de delitos cometidos por militares; se debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; se deben sancionar los abusos.

En México cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos como, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y otros homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, y detención arbitraria, perpetradas por miembros del ejército mexicano, ni las autoridades civiles ni las militares investigan de forma inmediata, imparcial y eficaz.

El sistema de Justicia militar sigue investigando y juzgando al personal militar acusado de violaciones de derechos humanos. La falta de independencia e imparcialidad de este sistema niega a las víctimas y a sus familiares acceso a la justicia, y es un importante obstáculo para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 57 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a), b), c), d), e) ………..

Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia civil.

Los delitos del orden común ………

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de Diciembre de 2012.

Iniciativa que reforma el artículo 229 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Los proponentes, diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 229, numerales 2 inciso b fracción I y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La redacción actual del artículo 229, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por sí sola no aclara ni proporciona certeza a las distintas fuerzas políticas respecto de lo que debe computarse para el tope de gastos de campaña, por ende, no asegura de manera eficaz que el ejercicio del voto de los mexicanos se efectúe de manera libre, así como que las contiendas electorales sean equitativas.

Lo anterior es así, en virtud de que la norma es inadecuada en su integralidad para aportar soluciones precisas a problemas de aplicación concretos, lo que conlleva la posibilidad de que los institutos políticos eroguen gastos para la promoción y difusión de las candidaturas que postulan de manera inequitativa que impactan, de manera directa o indirecta, en el ánimo del electorado.

Por ende, se requiere una adecuación de la norma jurídica para que ésta sea capaz de contemplar todas las modalidades en que los partidos erogan sus recursos para impactar en la preferencia del electorado, a efecto de blindar el principio de certeza y sobre todo de equidad en la contienda electoral; además, fortaleciendo la capacidad fiscalizadora de la autoridad administrativa electoral, pues como se ha demostrado en reiteradas ocasiones el sistema descriptivo que se encuentra inmerso en la norma impone un límite al ejercicio de fiscalización de los gastos ejercidos por los contendientes electorales.

ARGUMENTACIÓN

Una de las principales características de una democracia es la celebración de elecciones multipartidistas. La importancia de los partidos políticos en una democracia es innegable. Han demostrado que, pese a sus problemas internos, constituyen el mejor vehículo para consolidar o mantener una democracia constitucional.

La disponibilidad de alternativas creíbles depende de la existencia de partidos políticos robustos. A su vez, los partidos políticos requieren una base sólida para financiar sus campañas electorales y sus funciones ordinarias. Por lo tanto, es una práctica aceptable que el marco legal considere aspectos relativos al financiamiento de campañas de partidos y candidatos.

Por ello, paradójicamente, uno de los mayores retos de las democracias es vigilar y controlar a los partidos políticos, en cuanto a sus medios e instrumentos de financiamiento, para evitar caer en los excesos que vulneran las normas que garantizan la libertad del sufragio y la equidad en la contienda electoral; lo anterior, al constituir una verdad de perogrullo el hecho de que en la jornada electoral se realiza, por los partidos más fuertes y que tienen mayor financiamiento público, un enorme dispendio de recursos económicos destinados a la movilización de sus estructuras para el acarreo de electores, instrumentos de comunicación, combustible para los vehículos que transportan a los votantes, apoyo económico para sus representantes de partido ante las mesas directivas de casilla y generales, gastos de alimentación de su estructura electoral, tarjetas de prepago para la movilización de estructuras de promoción del voto y representación ante las casillas y representantes generales, etcétera; al grado que en la actualidad, cuando los partidos emergentes solicitan el apoyo de ciudadanos para fungir como representantes de casilla por su instituto político, lo primero que preguntan es ¿Cuánto van a pagar?.

Al respecto, resulta de fundamental importancia fortalecer la fiscalización de los recursos de los partidos políticos que ejercen durante el proceso electoral, incluídos los del día de la jornada electoral, tema central de la presente iniciativa.

El Instituto Federal Electoral (IFE), como organismo público autónomo e independiente, tiene el mandato constitucional y legal de fiscalizar los recursos que los partidos políticos nacionales obtienen a través de las distintas modalidades de financiamiento, que lo faculta a establecer mecanismos de control y vigilancia que permitan conocer con claridad cuál es el origen y el monto de los recursos económicos con que operan los partidos políticos, así como la forma en que los gastan, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Esta función fiscalizadora se realiza mediante actividades preventivas, normativas, de vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación. Sus principales objetivos son los de asegurar la transparencia, equidad y legalidad en la actuación de los partidos políticos para la realización de sus fines, en especial para la obtención del voto ciudadano.

Por ello, el desarrollo cabal de la tarea de fiscalización no puede entenderse como una afrenta a los partidos políticos, sino como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que legitima y fortalece la equidad en la competencia democrática, da certidumbre en el sistema de partidos y que garantiza las características constitucionales del sufragio, sobre todo la libertad de decisión ante una opción determinada.

En perspectiva histórica, hacia 1993 la regulación de las finanzas partidistas se limitaba a definir las modalidades que tenía el financiamiento público sin que se tocara el privado. Con la reforma de ese año se introdujeron regulaciones para el financiamiento privado, así como mecanismos de información, supervisión y sanción sobre los reportes partidistas. En el mismo sentido, se establecieron los famosos topes de gastos en las campañas electorales como herramienta indispensable para garantizar la equidad en las contiendas.

Derivado de las reformas de 1993 y 1994, la capacidad fiscalizadora del Instituto Federal Electoral permitió conocer las dimensiones de los recursos públicos y privados, involucrados en las campañas electorales, gracias a la revisión de los informes anuales y de campaña de los partidos. Sin lugar a dudas, este hecho debe tomarse como el gran parteaguas que evidenció la inequidad que prevalecía, en relación con los recursos erogados durante los procesos electorales.

En ese marco, la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de agosto de 1996, dispuso, entre otras cosas, que: “La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones”.

Con este mandato se introdujeron nuevas atribuciones para la autoridad electoral y obligaciones para los partidos políticos en materia de fiscalización, otorgando a éstos, incluso, la posibilidad de interponer denuncias para iniciar procedimientos administrativos contra otros partidos políticos por posibles violaciones a las normas aplicables en materia de origen y aplicación de los recursos partidistas.

En concordancia con la reforma constitucional referida, posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), entre otros ordenamientos legales, y dentro de los artículos 49-A y 49-B de dicho código, se estableció que los partidos políticos deberán presentar sus informes anuales y de campaña, sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, órgano permanente inserto en la estructura del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con facultades expresas para verificar que los partidos políticos se ajusten a lo establecido por la ley electoral, en cuanto al origen y aplicación de sus recursos.

De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento a las tareas encomendadas por la Constitución y la ley, el citado instituto ha emitido la normatividad que consideró necesaria para que los partidos políticos puedan cumplir con la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Sin embargo, uno de los temas más controvertidos en las revisiones de informes de campaña es el correspondiente a la dificultad de distinguir un gasto ordinario de un gasto de campaña. El tema adquiere importancia en la medida en que los gastos de campaña se computan para el tope, el cual es un instrumento privilegiado para tutelar la equidad en la contienda electoral.

En razón de ello, a nombre de Movimiento Ciudadano, he presentado iniciativa de reforma en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con la finalidad de establecer como causal de nulidad del proceso electoral el rebase del tope de gastos de campaña; así como reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que se adelanten los procesos de fiscalización de las campañas para que se resuelva sobre estos antes de la calificación de la elección presidencial. Esa iniciativa, junto con la presente se constituirá en un candado eficiente que genere un círculo virtuoso que le ponga un alto a la compra y coacción del voto, y que no sea el dinero el que determine los resultados de la elección, a la par de que genere condiciones de equidad para la competencia electoral.

Para abordar el tema, en primer término es importante destacar que la ley distingue dos conceptos para el otorgamiento de financiamiento público para partidos políticos: El primero es el relativo al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y el segundo es el relativo a gastos de campaña.

Financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Como su nombre lo sugiere, esta modalidad se destina para apoyar las actividades ordinarias de los partidos políticos y se otorga de manera permanente. 30 por ciento del monto total de esta modalidad de financiamiento se asigna en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria y 70 por ciento se distribuye de acuerdo con el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior.

Financiamiento para gastos de campaña. Naturalmente este concepto se refiere exclusivamente para financiar actividades destinadas a la obtención del voto y, por tanto, sólo se asigna en años en los que hay campañas electorales.

Sobre el particular, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone, en esencia, lo siguiente:

“Artículo 229

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

b) Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

a) Para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de enero del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal; y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.

De acuerdo con la disposición trascrita, dentro de los topes de campaña quedan comprendidos los gastos por concepto de propaganda genérica (mantas, pancartas, eventos en lugares alquilados, propaganda utilitaria, entre otros); operación de la campaña (sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento provisional de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material de personal y otros similares), y propaganda en prensa, radio y televisión (mensajes y anuncios publicitarios). En contrapartida, no se consideran dentro de los topes los gastos realizados por los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y organizaciones.

Debido a su vaguedad, esta norma por sí sola no aclara ni proporciona certeza a las distintas fuerzas políticas respecto de lo que debe computarse para el tope de gastos de campaña. Lo anterior es así, en virtud de que la norma es inadecuada en su integralidad para aportar soluciones precisas a problemas de aplicación concretos.

Por lo anterior, el Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, emitido con base en las atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, busca precisar el concepto:

“Artículo 17

(…)

17.4. Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:

a) Durante el periodo de campaña;

b) Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones federales;

c) Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

d) Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y

e) Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.”

La forma en que está concebida la norma tanto en el Código Electoral Federal, como en el Reglamento de Fiscalización no ha evitado polémicas sobre su aplicación, por el contrario, las ha fomentado. En la revisión de las campañas de 2006 surgió un intenso debate respecto de si las encuestas que practican los partidos y coaliciones para conocer la intención de voto deben considerarse y computarse para efecto del tope de gasto de campañas, máxime cuando éstas son difundidas a través de medios de comunicación. Del mismo modo, en la pasada elección presidencial, se desató la polémica al quedar sin fiscalizar como gastos de campaña, los erogados a través de tarjetas de prepago que cubrirían los sueldos de operadores de un instituto político.

Lo cierto del caso es que no hay, y probablemente no exista, una norma lo suficientemente clara para terminar con casos polémicos. Luego entonces, si la problemática se presenta en cada proceso electoral, y una vez concluido el periodo de revisión la reacción de la autoridad es ajustar las disposiciones legales aplicables para evitar que partidos y candidatos encuentren nuevas formas de vulnerar la norma, estamos ante una auténtica espiral regulatoria que probablemente no encuentre fin. En el fondo, el problema se administra pero no se resuelve. La realidad y las modalidades de gasto siempre estarán un paso por delante de la norma, sea ésta formalmente legislativa o administrativa.

En todo caso, y dadas las experiencias, quizá sea mejor resolver la problemática diseñando una norma que no defina los gastos de campaña en función del tipo del gasto efectuado, sino en función del ámbito temporal en el cual se presten o adquieran los bienes y servicios; sin embargo, esta adecuación sería imperfecta e incluso podría ser violatoria de otros dispositivos constitucionales, tales como el derecho de los partidos de realizar actividades permanentes y ordinarias incluso durante periodos electorales.

Por ende, la solución idónea consistiría, además del ámbito temporal de la efectuación de la erogación, una norma que defina con precisión qué gastos ordinarios no deben computarse para campaña, y por exclusión cuáles sí deben reportarse en los informes de campaña.

Acorde con las consideraciones expuestas, la redacción del artículo 229, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, habrá de adecuarse a los tiempos en que vivimos.

La presente iniciativa tiene por objeto considerar como gastos de campaña todos aquellos que se efectúen dentro del proceso electoral que no correspondan a los ordinarios y para el sostenimiento de los órganos directivos y de las organizaciones de los partidos políticos.

Esta alternativa resulta más eficiente a la de sobrerregular las hipótesis, pues esta última, sólo lograría que el destinatario encuentre nuevas formas de evadir la norma, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 229, numerales 2 inciso B fracción I y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se reforma el artículo 229, numerales 2 inciso b fracción I y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

“Artículo 229

1. …

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a)….

I …

b) …..

I. Comprenden sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual, cualquier bien, servicio o derecho que sea contratado, utilizado o aplicado durante el proceso electoral, incluído los gastos el día de la jornada, con fines tendientes a la obtención y defensa del voto en las elecciones federales o con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción, aun y cuando la justificación de los gastos se realice posteriormente.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones, ni aquellos respecto a los que exista prohibición legal expresa para ser considerados dentro de los topes de gasto de campaña.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Iniciativa que reforma el artículo 215-A, desaparición forzada

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desaparición forzada es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias constituye también un crimen de lesa humanidad.

El delito de desaparición forzada esta caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas no es nuevo en nuestro país, a partir de los años 70 se empieza a escuchar constantemente de personas “desaparecidas”, principalmente en el estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en esa década. Familiares y amigos de la gente que “desapareció” en esos años aún desconocen su paradero y hoy reclaman justicia.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta con un Programa de Presuntos Desaparecidos al cual se remiten los casos en que las quejas apuntan a una posible desaparición forzada, los resultados hasta ahora han sido escasos cuando los casos que se presentan son recientes. Su método de investigación para estos casos consiste en pedir información a las autoridades señaladas como presuntas responsables. En todos los casos éstas niegan su participación en los hechos por lo que la CNDH considera no tener pruebas jurídicas suficientes para señalar a dicha autoridad. Los casos son usualmente cerrados por orientación al quejoso para que éste acuda a la procuraduría de justicia respectiva y denuncie el secuestro de la persona en cuestión, por lo que comienza un proceso de orden penal que hasta ahora no ha tenido resultado alguno. En los casos en que la participación de agentes de autoridad es innegable las personas son declaradas “ausentes” y se inicia su búsqueda a través de instituciones de asistencia a la ciudadanía como si se tratase de personas extraviadas.

En los últimos años, a pesar del esfuerzo mundial para erradicar este tipo de prácticas y de los documentos nacionales e internacionales que se han creado, en México se sigue practicando la desaparición forzada. Bajo muchos rubros que van desde la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico hasta la delincuencia común se tienen reportes de desapariciones.

Según Amnistía Internacional en 1996 desaparecieron veinte personas y no se registró progreso alguno en la investigación de centenares de desapariciones de activistas políticos en los años anteriores.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas, además de que el delito es inexistente en el 62.5 por ciento del país.

Las desapariciones de personas se incrementan, pero el tipo penal no existe en la mayoría de los estados. Las definiciones en las 12 entidades que ya contemplan el delito, así como en el Código Penal Federal, son inadecuadas y no satisfacen los estándares internacionales.

De las 12 entidades federativas de las 32 se ha tipificado la desaparición forzada: Distrito Federal, Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 A del Código Penal Federal.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias puso de relieve la falta de investigaciones adecuadas de las denuncias de desaparición forzada y secuestro.

La ONU ha recibido información en la cual sigue sin conocerse el paradero de alrededor de 3.000 personas que han sido víctimas de secuestros perpetrados por bandas criminales o de desapariciones forzadas, ocurridas, con la participación de las fuerzas de seguridad, en el marco de la crisis constante de seguridad pública.

Debido a la falta habitual de investigaciones efectivas sobre tales casos, a menudo se han ignorado o desestimado los datos aportados por los familiares de las víctimas para demostrar la colusión de las fuerzas de seguridad. Como resultado de ello casi todos los casos se han atribuido injustificadamente a la delincuencia organizada, haciendo caso omiso de la participación de funcionarios públicos en muchos de estos delitos o restándole importancia.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que las personas que sufren angustia y tensión debido a la desaparición forzada de un familiar y a la incertidumbre permanente sobre su suerte y su paradero son también víctimas de una violación del derecho a no sufrir tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, proclamado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional recalca que la falta de medidas de las autoridades federales y estatales para garantizar un recurso judicial efectivo a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y de secuestros no investigados completamente para determinar la posible participación de agentes del Estado podría constituir trato cruel, inhumano o degradante.

ARGUMENTACIÓN

 Por tanto en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos una tipificación adecuada, la mejor definición para el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal.

Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

En cambio el Código Penal Federal establece lo siguiente: Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidos público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Esta tipificación al igual que las doce que existen a nivel local es inadecuada y carece de tres elementos sustanciales.

La figura jurídica del Código Penal en el artículo 215-A restringe la autoría del delito a servidores públicos, contrario a nuestra reforma agentes del Estado, lo que deja fuera a todas aquellas personas que no siendo agentes del estado participan en la desaparición, con el apoyo o aquiescencia del mismo.

Además el Código Penal no hace una distinción expresa entre sujeto activo, perpetrador y aquellas personas que facilitan el apoyo, autorización y aquiescencia; es decir, entre las distintas formas de participación de diversos agentes del estado o incluso terceras personas en la comisión del delito.

Finalmente, la legislación en el artículo que hacemos referencia no contempla uno de los elementos fundamentales del tipo penal: la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

La desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo ya que atenta contra un conjunto diverso de derechos fundamentales:

• derecho a la vida;

• derecho a la libertad y a la seguridad;

• derecho a trato humano y respeto a la dignidad;

• derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

• derecho a la identidad y a la vida familiar, especialmente en el caso de niños;

• derecho a reparación, incluso mediante la indemnización;

• derecho a la libertad de opinión, expresión e información;

• derechos laborales y políticos.Por lo anterior podemos concluir que las desapariciones forzadas existen y aumentan de manera alarmante en México y no existe coacción para evitar que las autoridades incurran en este tipo de prácticas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha demostrado su ineficacia para prevenir el fenómeno de la desaparición forzada de personas.

Debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no informa el número de denuncias que recibe sobre casos de desaparición forzada sino que se limita a informar los casos resueltos, es imposible hacer una comparación entre los casos recibidos y resueltos. A la luz de los datos proporcionados por este informe, consideramos que el número de casos resueltos es muy inferior al de los recibidos.

El gobierno mexicano no ha mostrado disposición suficiente para frenar el fenómeno de las desapariciones forzadas, prueba de ello es que no responde internacionalmente por su incidencia, ya que es sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien responde por las desapariciones forzadas de personas, no estando obligado ningún órgano del estado a perseguirlas sino hasta que el desaparecido es torturado o privado de la vida.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 215 -A del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 215-A. Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida dela negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Se exhorta al Ejecutivo de Tabasco a transparentar los recursos de la solicitud de crédito

POSICIONAMIENTO DEL COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MONREAL ÁVILA, RELATIVO A PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA QUE ETIQUETE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO QUE LE FUE AUTORIZADA POR EL CONGRESO ESTATAL EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

Es un día triste desde hace varios, hoy abriendo la prensa, nada más como muestra un botón, de cómo se está convirtiendo este país en un país de cínicos. Tres noticias en las primeras planas, Monex y Soriana, quejas infundadas; dos Alanís Mujer del Año, tres, credibilidad del Tribunal Electoral consolidada. Es impresionante, la corrupción, ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores, se he convertido en un cáncer que permea en todos los niveles del gobiernos de nuestro país, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten intereses particulares.

Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso muchas veces premiado. Las finanzas públicas en los estados ha sido verdaderamente lamentables actos de una corrupción que no es castigada, muchos incluso están aquí, con fuero o con pactos políticos que les permite la impunidad.

De 2008 a 2011 el saldo de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil a 390 mil millones de pesos, es decir, un incremento de las obligaciones financieras de los estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo tres años.

Pero además en este momento que habremos de aprobar el presupuesto, los gobernadores están tocando las puertas de sus partidos y de sus diputados para que puedan salvar la quiebra de muchos estados y municipios que por haber destinado recursos al proceso electoral, hoy no saben cómo tapar los hoyos.

Este problema de endeudamiento parece nunca terminar, varios estados han hecho lo mismo, pero ahora me toca hablar sobre Tabasco el gobernador Andrés Granier Melo, solicitó al Congreso 4 mil 130 millones de pesos apenas unas semanas antes de concluir su mandato.

Es impresionante que tenemos planteando este punto desde hace cuatro semanas antes de que se autorizara el empréstito, cuando aquí lo planteamos un martes el gobernador hábilmente maniobró con la mayoría de diputados que tiene a su favor y el miércoles lo autorizaron sigilosamente como una pandilla de truhanes trabajan que por la noche para cometer fechorías, 4 mil 130 millones de pesos que le autorizaron 30 días antes de concluir su gestión.

Resulta indignante porque aquí en Tabasco la deuda pública que contrajo el gobernador del 2006 al 2012 creció 179 por ciento. El gobernador es famoso por su dispendio, son sátrapas que viven en pueblos pobres, que gobiernan ciudadanos con muchas carencias, pero ellos se convierten y se transforman inmensamente ricos, ellos sus hijos, sus hijas sus generaciones, tres o cuatro generaciones por delante.

Nosotros planteamos originalmente que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados se pronunciara y exhortará al Poder Legislativo local que no aprobará este empréstito que además no se justifica, se pague 30 días antes de terminar la administración, sin embargo repito seis o con rapidez, hasta ahora estamos tratando el asunto.

Nosotros estamos planteándole a los diputados que de cualquier forma enviemos un exhorto para que lo recursos que se autorizaron de 4 mil 130 se etiquetan y transparente todos y cada uno de ellos, y que nosotros también estamos planteándolo a los diputados de grupos parlamentarios distintos al nuestro, que hagamos un llamado a los miembros directivos de la banca comercial a no otorgar préstamo alguno que solicite en este momento el gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, porque lo vamos a impugnar constitucionalmente.

Hemos enviado una comunicación a las instituciones de crédito, los diputados del Movimiento Ciudadano y les pedimos a los diputados de los otras fracciones puedan también suscribir, son cartas misivas dirigidas al Consejo de Administración de la institución financiera para que no otorgue ese crédito y no le hagan tampoco año más daño al estado de Tabasco.

No podemos permitir que esto esté sucediendo, ciudadanos diputados, es un saqueo impune, es una es un robo descarado en despoblado y me parece que los ciudadanos de Tabasco no merecen este tipo de gobernantes.

Por eso creo que a todos nos debe exigir, que podamos enviar el exhorto, que se etiqueten los recursos y pedirle a las instituciones financieras de banca y crédito, que no otorguen los recursos porque vamos a inconformarnos por la vía jurisdiccional, como lo establece la Constitución y la ley.

Muchas gracias presidente, de nueva cuenta.

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