Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: enero 2013

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Fiscalización del IFE para que en el ejercicio de sus funciones se maneje con imparcialidad

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCÍON SOBRE EL CASO MONEX

 Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el caso MONEXGATE, a pesar de las múltiples pruebas presentadas por la oposición, nos deja claro que esta institución se ha convertido en un apéndice del partido en el poder.

La decisión de votar en el último momento, por parte del Consejero Electoral Sergio García Ramírez, a favor de la legalidad de origen y destino del dinero utilizado en la Campaña de la Coalición Compromiso por México, sin siquiera justificar el sentido de su voto, le quita seriedad al organismo.

Cabe mencionar que, dicho voto decisivo proviene de un Consejero que cuenta con una excelente relación con la familia FRAGA, con lo cual se demuestra que en este caso han quedado subordinados los intereses de la ciudadanía a beneficios particulares.

Es claro, para quienes dieron seguimiento al procedimiento en comento, que la Unidad de Fiscalización del IFE no cumplió a cabalidad con lo expresado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), ya que no investigó sobre la procedencia de los recursos utilizados por la campaña de Enrique Peña Nieto (EPN).

Ejemplo de ello, es que el IFE no sanciona los 66 millones de pesos que fueron gastados en tiendas departamentales por el PRI, siendo este un gasto que no tiene nada que ver con activismos o gastos de operación para las Campañas Políticas.

Aunado a esto, el COFIPE no especifica que los partidos políticos puedan recibir apoyos económicos por parte de empresas mercantiles, como lo hizo la Coalición Compromiso por México. Sin embargo, sí sanciona a los partidos de izquierda por presumir que 28 millones de pesos no fueron utilizados para fines electorales.

Por lo tanto, existe una falta de equidad en los criterios utilizados por el Consejo general del IFE, ya que por ley, se deberían garantizar las mismas condiciones para todos los partidos, aunque en la práctica vemos todo lo contrario.

Por otro lado, el IFE determinó que la única Coalición que rebasó el tope de campaña de 336 millones de pesos, fue la del candidato de la Izquierda Andrés Manuel López Obrador, siendo que un ejercicio denominado “Auditoría Ciudadana” determinó que, a tan sólo 20 días de campaña, el candidato presidencial de la Coalición Compromiso por México, había rebasado y por mucho el tope de los 336 millones de pesos.

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos observar que las instituciones encargadas de aplicar la Ley, lejos de ser objetivas y satisfacer las demandas sociales, han quedado reducidas a intereses partidarios.

La falta de mecanismos que garanticen un desempeño objetivo de los consejeros ha  ocasionado que el IFE se convierta tan sólo en un instrumento más del partido en el poder. En unos años dicha institución ha pasado de ser el órgano con mayor legitimidad y credibilidad ante la sociedad, a ser una extensión del poder Ejecutivo.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Unidad de Fiscalización y a los Consejeros  del Instituto Federal Electoral, para que en el ejercicio de sus funciones se conduzcan con independencia, imparcialidad, certeza, legalidad y objetividad.

 SEGUNDO.- Por conducto de los órganos internos de esta H. Cámara de Diputados se instaure Juicio Político en contra del Consejero Sergio García Ramírez, por emitir su voto a favor de la Alianza Compromiso por México en el caso Monex, después de haberse excusado, demostrando su falta de seriedad y compromiso, y en clara contravención a la legalidad y a todo principio de derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de enero de 2013.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB para emitir declaratoria de alerta de género

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE HIDALGO.

 

 Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En pasados días en el estado de Hidalgo, específicamente en Tula, con el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, se tiene conocimiento de que al menos siete mujeres han sido asesinadas desde noviembre de 2012, y los tres asesinatos más recientes se han producido en lo que va del año en la entidad.

Asimismo, se tiene conocimiento que se han reportado en fechas recientes, otras cuatro desapariciones de mujeres hidalguenses.

Apenas esta semana, en la capital del estado, se hallo el cuerpo de otra mujer asesinada. En las escaleras de un edificio habitacional de la calle Puerto Tuxpan, colonia El Palmar, al sur de Pachuca, vecinos se toparon con el cadáver envuelto en una cobija. La cabeza estaba cubierta con una bolsa atada. El parte pericial indica que la víctima tenía una herida en el pecho semejante a la producida por un arma punzocortante. Hecho que se suma a la serie de mujeres asesinadas violentamente con características que coinciden con feminicidios.

Cabe destacar que en el “Diagnóstico del Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985- 2009” realizado por ONU Mujeres, El Colegio de México y el Instituto Nacional de las Mujeres se revela que en dicho período se registraron 431 feminicidios en Hidalgo, con una clara tendencia de crecimiento a partir del 2005..

A esta cifra hay que agregar el número de casos ocurridos desde 2010, lo cual claramente representa un grave problema que debe atenderse de manera urgente y a pesar que estos siete asesinatos ya son considerados como feminicidios por la fiscal en Delitos de Género de la Procuraduría del estado, María Concepción Aragón, es necesario visibilizar que este delito aún no está tipificado en el Código Penal del estado.

“En Hidalgo, el primer caso, de estas siete muertes recientes en Tula, fue la de una mujer que fue asesinada a pedradas, cuyos restos fueron hallados el 11 de junio del 2012.

Luego en septiembre, (el cuerpo de una mujer fue encontrado) entre los matorrales de la Avenida Insurgentes en la Colonia El Llano, y a mediados de octubre se halló un cadáver más de una mujer degollada.”

Es importante resaltar el hecho de que en todos los casos se presentaron claras señales de violencia y seis de los siete cuerpos fueron arrojados a un predio baldío de la segunda sección del fraccionamiento El Llano, ubicado en el municipio hidalguense.

El periódico Reforma señala el perfil de las víctimas, “una era ama de casa, otra taxista, dos vendían productos naturistas y tres trabajaban en un centro comercial de Ciudad Cooperativa Cruz Azul; en este último caso, dos eran amigas y ambas fueron halladas en el mismo sitio en diferente día”.

Angélica, Elda, Mónica, son algunos de los nombres de las víctimas de esta ola de violencia feminicida que ataca la entidad, y que ha provocado que la sociedad esté atemorizada por la integridad de sus madres, hijas y hermanas.

Ante estos hechos aproximadamente 200 personas salieron el pasado fin de semana a las calles de la entidad exigiendo justicia y reclamando que se ponga un alto a estos hechos. Nos sumamos a las voces que gritan que no queremos presenciar otro caso como el de Juárez, decimos no a “las muertas de Tula”.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, con

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación inicie el procedimiento para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado de Hidalgo.

 SEGUNDO.- Se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en últimas fechas.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30  días del mes de enero de 2013.

Exhorto a la SENER a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP en el país

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ERRADICAR LA EXTRACCIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE GAS LP EN EL PAÍS.

 Ricardo Mejía Berdeja ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­y Ricardo Monreal Ávila integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es por de más conocido que a lo largo y ancho del país existe una cifra considerable de tomas clandestinas en los ductos de PEMEX, las cuales a la par de provocar pérdidas millonarias, han desembocado en graves accidentes que ponen en riesgo la vida de quienes habitan la zona, incluso provocando la muerte.

Recordemos lo ocurrido en el mes de octubre del año pasado, en donde “una fuga de gas ocasionada por una toma clandestina provocó la evacuación de al menos mil personas y el desalojo de cinco colonias en Tepeji del Río, Hidalgo”, esto tan sólo por mencionar un ejemplo.

 En días recientes, Octavio Pérez, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), expresó que “la administración pasada fue complaciente con los distribuidores clandestinos, Jordy  Herrera Flores, ex titular de Energía, toleró el mercado ilícito de gas(por lo que actualmente) en el centro del país existen al menos 300 camiones distribuidores de gas LP “piratas” que comercializan el combustible robado directamente de los ductos de PEMEX.”

 Debemos considerar este problema como un tema prioritario, ya que datos presentados por el mismo organismo revelaron que cada uno de estos tanques ilegales, comercializa alrededor de 2 mil 500 litros de gas LP diariamente, lo cual resulta un volumen muy significativo.

De esta forma, se podría inferir que en promedio, 600 mil litros de gas LP  se transportan y distribuyen de manera ilegal, de forma mensual en el centro del país, que abarca los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México y Distrito Federal el cual presuntamente se obtiene de las tomas clandestinas en los ductos de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, provocando que se contemple que al menos el cinco por ciento de dicho energético sea de procedencia dudosa.

Es importante mencionarque el año pasado, las tres principales asociaciones del gremio, que en conjunto representan el 90 por ciento de los distribuidores de gas LP en el país, donaron a la Secretaría de Energía ocho pistolas láser, con la finalidad de realizar operativos de inspección y verificación en la región centro.

Y a pesar de contar con dicho equipamiento, sólo se realizaron dos operativos de vigilancia que dieron como resultado la detección e inmovilización de únicamente ocho unidades irregulares.

Asimismo, se denunció que “en los últimos tres años, la industria en México ha observado el surgimiento de una red ilegal de distribución de gas LP robado, que opera con autotanques que ostentan una gran variedad de marcas. Inclusive algunos de ellos tienen sobrepuestas marcas de empresas formales, que usurpan impunemente”.

Esto ha provocado que proliferen sin obstáculo alguno, pipas clonadas, robadas o de empresas fantasma, que venden el gas a precios inferiores a los del mercado, dejando cuantiosas ganancias para los grupos delictivos.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición, con

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP en el país.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días del mes de enero de 2013.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a difundir la lista de universidades privadas carentes de calidad.

DE LA SEGUNDA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DIFUNDIR LA LISTA DE UNIVERSIDADES PRIVADAS QUE HAN SIDO SANCIONADAS Y A LAS QUE SE HA REVOCADO EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL PORQUE SUS PROGRAMAS NO CUMPLEN ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, del primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa, presentado en el pleno por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

METODOLOGÍA:

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013 el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presento punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-7-348 fue recibido con fecha de 17 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 22 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. En el documento publicado recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), titulado RVOES federales y programa de fomento a la calidad de las instituciones particulares, se señala que en los últimos seis años se sancionó por falta de calidad educativa a 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades.

2. En el balance que hace la dependencia, se informa que entre 2007 y 2012 se presentaron más de 11 mil solicitudes para revalidación de validez oficial de estudios, con el fin de abrir nuevas opciones educativas a nivel superior, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, lo que es más de la mitad de la totalidad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.

3. De acuerdo a declaraciones del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Blanco, hay cerca de 921 programas que han sido “cancelados o retirados” entre 2007 y 2012, de los cuales no existe información en la página de Internet del sistema de Revalidación de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) de la SEP, y que a pesar de carecer de reconocimiento de validez oficial se siguen ofertando a estudiantes universitarios en diferentes universidades privadas.

4. De conformidad a lo que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación establece que “Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos” información que no ha sido difundida oportunamente lo que permite se continúe defraudando a quienes acceden a esos programa.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

El RVOE es un documento legal que puede otorgar tanto la Secretaría de Educación Pública estatal como la federal, previa solicitud de las instituciones particulares para cada uno de los programas que buscan ofrecer (ya sea de técnico superior universitario, de licenciatura, especialidad, maestría y/o doctorado), y se obtiene una vez que cumplen una serie de requisitos académicos, legales y de infraestructura. Es decir, la validez de estudios no la otorga la institución educativa particular o privada sólo por el hecho de ofrecer estudios, sino que estas instituciones deben solicitar el RVOE y obtenerlo por parte la SEP antes de que comience la inscripción de alumnos.

El soporte jurídico para las facultades se ejercen a través del RVOE son:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o.

Fracción V.

Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos-incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Fracción VI.

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley

• Ley General de Educación

Artículo 55. Las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

ACUERDOS

Número 279

Por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior.

Este acuerdo es específico para el tipo educativo superior, el cual comprende la licenciatura especialidad, la maestría, el doctorado, así como las opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura.

En esta norma podrán encontrarse las definiciones de cada uno de los estudios que comprenden el tipo superior, los créditos que deben satisfacer los planes de estudio, así como los requisitos para que una institución pueda ostentar la denominación de Universidad, entre otros aspectos.

Número 1/SPC(violación de ciclo)

El objeto de este Acuerdo es tutelar que se respete el orden en que se deben cursar los estudios y prohibir a las instituciones que inscriban a aquellos alumnos que no hayan satisfecho el antecedente académico necesario para cursar determinado nivel educativo.

Lo anteriormente mencionado es el marco que faculta a la SEP, para dar seguimiento al trabajo que realicen las instituciones académicas, lo cual se convierten en Derechos para los usuarios, el cual resulta necesario ante la desesperación de jóvenes que no encuentran lugar en instituciones públicas de educación superior ya que se convierte en posibles víctimas de fraudes. La alta demanda de escuelas de nivel superior ocasionó la proliferación de escuelas e instituciones educativas que lo único que buscan es lucrar con la necesidad educativa; en años anteriores se ha sancionado a instituciones que no informaron a los padres de familia sobre su carencia del RVOE, nada impide que estos establecimientos laboren impartiendo un nivel técnico o diplomados aunque sin validez oficial.

Las instituciones particulares deben contar con un reglamento escolar, informar a los padres de familia sobre todos los cobros que se realizarán durante el semestre o año lectivo, así como horarios de atención de los funcionarios de la escuela.

La Ley General de Educación establece en sus artículos 56 y 59 que la publicidad y documentación emitida debe incluir la leyenda que indique que los estudios que se imparten cuentan o no con RVOE, además de incluir el número, fecha del acuerdo y la autoridad que lo otorgó.

El Estado de derecho es la garantía de certeza jurídica para las partes, es por eso de vital importancia que las escuelas que no cumplan con lo mencionado por la norma para proveer a la ciudadanía de una educación de calidad en pleno apego a las mismas normas sean mencionadas en listas publicas de fácil acceso a los usuarios regulares del mencionado servicio.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición:

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso De la Unión exhorta, a la Secretaría de Educación Pública, para que informe a esta soberanía vía Comisión Ordinaria respectiva, sobre los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación de las entidades federativas, informar del motivo de las quejas, de las universidades sancionadas y a las que se les revocó el reconocimiento oficial.

Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente

Diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).

Senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).

 

Presentan iniciativa para tipificar como delito federal la trata de personas.

TrataDePersonas

Palacio Legislativo de San Lázaro

27 de enero de 2013

Boletín de Prensa

Presentan iniciativa para tipificar como delito federal la trata de personas en todas sus modalidades y eliminar lagunas que prevalecen en la ley.

  • “En la trata de personas necesariamente se encuentra involucrado el crimen organizado y redes delicuenciales, por lo que debe ser considerada un delito federal”: Diputado Ricardo Mejía Berdeja.
  • Es urgente tomar cartas en el asunto, pues México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, afirmó.

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó en la sesión del pasado miércoles, una iniciativa de ley que busca reformar los artículos 207 del Código Penal Federal y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales en miras de tipificar como delito la trata de personas en todas sus modalidades.

El legislador afirmó que es urgente tomar cartas en el asunto, ya que de acuerdo a datos del Observatorio de Trata de personas, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito, especialmente con fines de explotación sexual o laboral, donde las principales víctimas son mujeres, niñas y niños.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Diputado Mejía Berdeja, se revela que Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, están entre los 18 estados del país que concentran el 90 por ciento de dicho fenómeno delictivo a nivel nacional, según datos de la Procuraduría General de la República.

No es casual que los estados de la frontera sur sean los que presentan mayoritariamente esta problemática, ya que la trata de personas está estrechamente relacionada con la migración, y las redes de traficantes en esa zona, puntualizó el diputado y sostuvo que “En la trata de personas necesariamente se encuentra involucrado el crimen organizado y redes delicuenciales, por lo que debe ser considerada un delito federal”

En ese sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano consideró que aunque está en vigor la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deja muchas lagunas legales, especialmente no resuelve los problemas de coordinación entre las autoridades locales y federales, lo que impide poner un alto a este delito.

Con la iniciativa presentada “Se pretende reformar la legislación vigente para fortalecer el estado de derecho en materia de derechos humanos y con esto eliminar las lagunas y contradicciones en dichos ordenamientos legales, con el fin de hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en trata de personas con su tipificación como delito federal” puntualizó Mejía Berdeja.

Por último, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, comentó “Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de trata de personas, contemplando la acción de quien comete el delito, las modalidades para cometerlo, y por último las variantes que encierran al mismo”.

Iniciativa que tipifica el delito de trata de personas en el Código Penal Federal

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 207 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 207, y su fracción I, del Código Penal Federal, y el artículo 194, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales., al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente el fenómeno de la trata de seres humanos ha estado ligado a distintos factores como la esclavitud, los conflictos bélicos, y la objetivación sexual de las mujeres. El fenómeno tradicionalmente denominado trata de blancas se refería a las mujeres (blancas) trasladadas a países de Europa del este, África y Asia para ser prostituidas.

A pesar de ser una problemática abordada en diversos tratados y acuerdos internacionales a lo largo del siglo XIX y principios del XX (Tratado de París en 1817, y Acuerdo para la Represión de Tráfico de Mujeres Blancas en 1904), no es hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagran una verdadera voluntad internacional en la defensa de los derechos y la dignidad de los seres humanos.

Empero en los últimos 20 años, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha capturado la atención y ocupado las agendas políticas nacionales e internacionales dadas las implicaciones de las redes trasnacionales de traficantes, ya que cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan que 2.4 millones de personas en el mundo están sujetas a la explotación como resultado de la trata de seres humanos; convirtiéndose en uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, con ganancias que oscilan entre los 8 y 10 mil millones de dólares al año.

En nuestro país, gracias a la denuncia de diversas organizaciones sociales, se visibiliza una de las mayores violaciones de los derechos humanos, una forma de esclavitud moderna y de las caras más amargas de la violencia de género: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Datos del Observatorio de Trata de Personas, sitúan actualmente a México en el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito, sólo superado por Tailandia. Las entidades con mayor índice de este ilícito son Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están entre los 18 estados del país que concentran 90 por ciento de dicho fenómeno delictivo a nivel nacional, según la Procuraduría General de la Republica (PGR).

El tema de trata de personas es justamente un reflejo muy concreto de cómo nuestro país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de derechos humanos y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, que deriva en la ausencia del estado democrático de derecho.

La ubicación geográfica de México, aunado a las condiciones de extrema pobreza, desigualdad, marginación, falta de oportunidades y la presencia del crimen organizado, lo convierten en un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, cabe recalcar que las personas victimizadas por este delito no son exclusivamente de sectores tradicionalmente golpeados por todas las manifestaciones de violencia: mujeres, y menores de edad.

Detrás de cada víctima de este delito, en la mayoría de los casos, no sólo está la propia vida de la persona, sino también la de la familia, de los padres, de la madre, de los amigos, de la sociedad entera.

Derivado de lo anterior esta reforma tiene por objetivo recalcar que este delito abarca a todas las personas, sin distinción de género, condición social y edad. No sólo un sector de la población es vulnerable a la trata.

Se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, para fortalecer el estado de derecho en materia de derechos humanos y con esto eliminar las lagunas y contradicciones en dichos ordenamientos legales, con el fin de hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en este delito con la tipificación del mismo.

La trata de personas se presenta en diversas formas, que se podría pensar que es difícil tipificarla como un delito en específico de un mismo cuerpo normativo y de un mismo tipo penal; sin embargo todas sus formas tienen en común ser conductas que se orientan a menoscabar a las personas a la calidad de una cosa o mercancía, sujetas a la oferta y demanda de mercados clandestinos controlados por personas del crimen organizado que, normalmente, transportan a las víctimas dentro y fuera de un país, para luego someterlas a condiciones de explotación de todo tipo, privándolas ilegalmente de su libertad.

En realidad hace falta mucho por hacer, aunque está en vigor la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, no es suficiente para dar solución a esta problemática, por lo cual surge la impostergable necesidad de tipificar el delito dentro del Código Penal Federal.

En el Código Penal Federal, dentro del título octavo, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, capítulos I, II, III, IV y V, se contemplan los delitos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas, a menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Sin embargo dentro del capítulo VI lenocinio y trata de personas, únicamente se encuentra tipificado el delito de lenocinio.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de trata de personas, contemplando la acción de quien comete el delito, las modalidades para cometerlo, y por último las variantes que encierran al mismo.

Es necesaria la tipificación en el Código Penal Federal, que es el sitio donde se debe encuadrar para fines de práctica jurídica y para sancionar el delito; de manera consecutiva realizar el proceso de homologación de las leyes derivado de la importancia de contemplarlo en cada unos de los códigos penales de los estados.

Requerimos políticas públicas que inhabiliten la complicidad y negligencia, que coadyuven en la comisión del delito y que tengan como eje rector la prevención, participación persecución del ilícito y protección a las víctimas; y una legislación que contribuya de manera real y efectiva el combate a este flagelo social.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 207 y su fracción I del Código Penal Federal y el artículo 194, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 207 y su fracción I del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 207. Comete el delito de trata de personas quien por acción u omisión dolosa de una o varias personas capte, enganche, transporte, retenga, entregue, reciba, aloje, a una o varias personas a través de engaño, amenaza, violencia física o moral, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual: prostitución ajena, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual, o cualquier otra actividad sexual remunerada; trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre, la mendicidad forzada; matrimonio forzoso o servil, la explotación laboral; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

I. La trata de personas se sancionará de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 194, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

1. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave…

2) – 17)

18) Trata de personas, previsto en el artículo 207.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA

(Rúbrica)

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos: 12, fracción XV; 55 fracción III; párrafo primero del 56; 57 fracción II, y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 58, de la Ley General de Educación

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS: 12, FRACCIÓN XV; 55 FRACCIÓN III; PÁRRAFO PRIMERO DEL 56; 57 FRACCIÓN II, Y SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

 

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos: 12, fracción XV; 55 fracción III; párrafo primero del 56; 57 fracción II, y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 58, de la ley general de educación, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La calidad educativa debe entenderse como la capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acordes con la sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes.

La calidad entendida como eficacia, implica que una educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que los programas curriculares plantean al cabo de determinados ciclos y niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que, además de asistir, las personas aprendan en su paso por el sistema educativo.

Los requerimientos de calidad y productividad aplicados a un proceso de docencia en el nivel medio superior y superior, implican no sólo identificar y comprender el comportamiento de las variables que inciden en este proceso, sino también determinar el nivel mínimo de calidad y productividad necesarios para garantizar que los alumnos que logran ingresar al bachillerato cuenten con un alto porcentaje de probabilidades de ingresar a una institución de educación superior, eficaz y eficiente, fortaleciendo con ello la continuidad y el desarrollo de su superación personal y profesional.

La calidad educativa aunada a un proyecto de vinculación profesional, garantizará que las y los jóvenes se conviertan en personas productivas para el país, y éxitosas a nivel personal.

Una verdadera reforma educativa que tenga al centro todos los aspectos que intervienen en la calidad de la educación, desde las condiciones que permiten el acceso y permanencia al sistema educativo, pero también los planes y programas de estudio con criterios que correspondan a un proyecto nacional educativo, harían de la educación un real motor de desarrollo nacional.

En la actualidad existe una justificada y creciente preocupación en relación con la garantía de la calidad, tanto de las universidades como instituciones, como de sus programas académicos, lo que pasa por la necesidad de evaluarlos conforme a criterios generales que contemplen la revisión y trabajen en la mejora de aspectos como la formación del personal docente, la matrícula estudiantil, las instalaciones y los servicios a estudiantes, la evaluación, la acreditación y la internacionalización de programas educativos.

Recientemente nos encontramos con el hecho de que la educación superior privada, se encuentra rezagada en materia de calidad, sólo el 13.8 por ciento de las instituciones particulares de enseñanza superior cuenta o está en proceso de tener sus programas evaluados.

Este dato cobra relevancia al considerar que el 33.2 por ciento de la matricula nacional de educación superior estudia en universidades privadas, es decir cerca de un millón 180 mil jóvenes realizan sus estudios universitarios en instituciones privadas.

De éstos, al menos 150 mil alumnos que cursan su formación universitaria en planteles particulares están inscritos en programas reconocidos por su buena calidad, mientras que en uno de cada tres de ellos que se imparten en sus aulas aplican mecanismos de evaluación y han incursionado con éxito en la acreditación.

Por otro lado en el documento publicado recientemente por la SEP, titulado “RVOES federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares” se señala que en los últimos seis años se sancionó por falta de calidad educativa a 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades, lo que representa el 45.6% de los programas avalados por la SEP lo que se constituye en un fraude para estudiantes que salen sin los conocimientos que se requieren, y para las y los padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan estudios universitarios ante la falta de ofertas públicas.

En el balance que hace la dependencia, se informa que entre 2007 y 2012 se presentaron más de 11 mil solicitudes para revalidación de validez oficial de estudios, con el fin de abrir nuevas opciones educativas a nivel superior, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, lo que es más de la mitad de la totalidad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.

Lo advierte el último reporte oficial de la SEP sobre este Programa de Fomento a la Calidad en Instituciones Particulares del Tipo Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, muchas de éstas se ven como empresas, más allá del beneficio académico.

Y no es para menos, cuando 90 por ciento de las universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se ubican en los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es decir, que funcionan sólo con los requerimientos que establece la ley, y un 10 por ciento se ubica en los tres niveles superiores de excelencia académica.

Además, de acuerdo a declaraciones del investigador de la UNAM, José Blanco, hay cerca de 921 programas que han sido “cancelados o retirados” entre 2007 y 2012, de los cuales no existe información en la página de internet del sistema de Revalidación de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) de la SEP, y que a pesar de carecer de reconocimiento de validez oficial se siguen ofertando a estudiantes universitarios en diferentes universidades privadas.

Esta situación es claro un ejemplo de lo insuficiente que resultó la “reforma educativa” que dejo sin tocar a las universidades “patito” que defraudan a miles de jóvenes universitarios.

Es importante puntualizar que de acuerdo a la fracción III del articulo 55 de la Ley General de la educación, corresponde a la autoridad educativa, es decir a las secretarías de educación pública federal y estatales, considerar la procedencia de planes y programas de estudio para autorizar los reconocimientos de validez oficial, y de acuerdo a la información difundida por la dependencia de los más de 27 mil programas autorizados en el país, a nivel federal la SEP autorizó más de 15 mil, por lo que el peso mayor recae en la dependencia a nivel federal.

Sin embargo, en el mismo reporte se reconoce la necesidad de homologar los lineamientos de evaluación sobre los cuales se otorga el reconocimiento de validez oficial, a fin de que a nivel nacional los planes y programas de estudio cuenten con estándares básicos de calidad y no dependa de cada autoridad educativa en las entidades federativas. Por lo que se considera pertinente que sea la propia secretaría federal, quien en coordinación con las autoridades estatales, emita los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa de planes y programas de estudio que imparten particulares a nivel medio superior y superior.

Además conforme a lo que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación establece que: “Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Asimismo la ley establece que se publicarán oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos”.

Sin embargo esta información no está actualizada o no existe, y en cada estado se presenta con diferentes criterios, lo que no permite a los jóvenes y sus padres verificar la calidad de los pogramas y poder compararlos antes de inscribirse en alguna de las opciones educativas. Además por la falta de información de los programas que carecen de calidad o a los que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial se contribuye a que se continúe defraudando a quienes acceden a esos programas.

En virtud de ello, es urgente que la SEP a nivel federal concentre la información y difunda por todos los medios, cuáles son las instituciones educativas que han sido sancionadas o a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial.

Es responsabilidad de este poder legislativo impulsar leyes que contribuyan a mejorar realmente la calidad educativa y le pongan un alto a quienes viendo en la educación un negocio, han lucrado con la necesidad de preparación profesional que enfrentan los jóvenes en nuestro país.

Es un realidad en México que por la falta de inversión en la educación pública a nivel superior, se ha dado paso a la proliferación de universidades “patito” que carecen de calidad educativa, y se han convertido en un negocio fructífero a expensas de jóvenes que salen sin los conocimientos que requieren. Muchas se han convertido en un gran negocio y un gran fraude a costillas de miles de jóvenes y padres de familia.

 

 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS: 12, FRACCIÓN XV; 55 FRACCIÓN III; PÁRRAFO PRIMERO DEL 56; 57 FRACCIÓN II, Y SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

 

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos: 12, fracción XV; 55 fracción lll; párrafo primero del 56; 57 fracción II, y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 58, de la Ley General De Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I…XIV

  1. Emitir lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa para el reconocimiento de validez oficial de planes y programas de estudio a nivel medio superior y superior impartidos por particulares.

 

Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I, II…

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes y cumplan con los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa emitidos por la Secretaría, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

 

Artículo de 56. La Secretaría o autoridad pública federal deberá publicar de manera permanente en su sitio de internet, con la información de las autoridades locales, el listado completo de los planes y programas de estudio que a nivel nacional cuentan con reconocimiento de validez oficial, así como aquellos que han sido sancionados o a los que se les haya revocado o retirado autorización o reconocimiento respectivo.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que califiquen de manera idónea, en las evaluaciones contempladas en la fracción VII del artículo 12 de la presente Ley.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Artículo 57.– Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I.- …

II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes, de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa emitidos por la Secretaría;…

Artículo 58.-…

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección.

Las autoridades educativas deberán evaluar por lo menos cada tres años en el caso de estudios técnicos, y cada 5 en el caso de estudios superiores, los planes y programas a los que se les otorgó reconocimiento de validez oficial, a fin de determinar si cubren con los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa emitidos por la Secretaría.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de Enero de 2013.

No a la privatización disfrazada de PEMEX

RicardoMejia-NoPrivatización

 

“No permitiremos que abran la puerta a la privatización abierta o disfrazada de PEMEX”: Ricardo Mejía Berdeja.

• Movimiento Ciudadano buscará una Reforma Energética que fortalezca a México y que termine con la corrupción en el sector.
• Se deben esclarecer los casos de los Floteles de Galicia, el gasoducto Los Ramones y el de Mexicana de Lubricantes.
• Impulsaremos mesas de diálogo y debate en la materia.

Tras las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, respecto a que el 2013 será el año de la Reforma Energética, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló:

“No permitiremos que escudados en el Pacto por México abran la puerta a la privatización abierta o disfrazada de PEMEX. Tampoco a la privatización de sus actividades sustantivas. La principal reforma energética es terminar con la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder en el sector energético, comenzando por PEMEX”.

Al respecto, el también Coordinador del Grupo de Trabajo de la Comisión de Energía para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, señaló que se debe transparentar y esclarecer casos donde presumiblemente hubo irregularidades, corrupción y tráfico de influencias como son los relativos a los Floteles de Galicia, el Gasoducto Los Ramones, y el caso de Mexicana de Lubricantes, MEXLUB, entre otros.

En dicho tenor, el legislador expresó “es necesario analizar cada una de las posibles alternativas que se tienen para que el sector energético en México crezca y permita que el país sea mucho más competitivo en la materia, que PEMEX y la CFE estén a la altura de países del primer mundo, sin que esto implique privatizar esta industria o ceder las utilidades de sus actividades más importantes”.
Con relación al procedimiento para discutir el tema energético el también Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, comentó “propondremos mesas de diálogo y de debate en donde se invitará a especialistas, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la materia con la finalidad de recoger todas las opiniones.”
Por último, Mejía Berdeja, dejó en claro que “Movimiento Ciudadano buscará que la Reforma Energética, tan necesaria en el país, esté encaminada a generar utilidades y beneficios tanto al Estado como a los consumidores, no podemos dejarlo en manos de terceros como lo quieren pretender, descartaremos por completo cualquier intento de privatización”.

 

Palacio Legislativo de San Lázaro
20 de enero de 2013
Boletín de Prensa

Comparecencia de Alfredo Cristalinas en Comisión Monex

Palacio Legislativo de San Lázaro

16 de Enero 2013

Versión Estenográfica

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA COMPARECENCIA DE ALFREDO CRITALINAS, TITULAR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONDUSEF

Gracias, compañero secretario.

Primero que nada, celebramos que finalmente hayamos llegado a una decisión concertada y nos va a dar gusto tenerlo aquí en dos ocasiones, licenciado Cristalinas.

Evidentemente el tema del proceso electoral pasado es el tema del financiamiento, han habido nuestro país diferentes reformas electorales pero siempre han quedado temas pendientes, producto de que siempre se generan nuevas formas de violentar los procesos  electorales y afectar el ejercicio libre y democrático del sufragio en términos de la Constitución.

Para nosotros, como parte la Coalición “Movimiento Progresista” que compitió en ese proceso, nos parece que la adulteración del proceso electoral tuvo que ver con el tema del financiamiento, con los nuevos mecanismos que se generaron para generar financiamientos ilegales e ilícitos hacia la campaña de la Coalición “Compromiso por México” y que esto definitivamente alteró el  curso de la elección.

Por eso nosotros ya hemos presentado ante este Congreso, una iniciativa para que efectivamente como aquí se ha dado cuenta, los topes de gastos de campaña, la violación de los mismos, se ha considerado causa de nulidad de la elección.

Y por otro lado para que los plazos para determinar sí se violaron o no los topes de gastos de campaña sean todavía más expeditos y esto permita que antes de la calificación de la elección presidencial pueda ya determinarse si hubo o no violación y en consecuencia si es válida la elección presidencial.

Nosotros vamos a insistir en este tema, ojalá que aquí sea resuelto satisfactoriamente. Hasta donde entiendo creo que es parte de la agenda que concertaron algunos partidos en el Copto por México o Pacto por México, como le conoce, y esperamos que esto pueda trascender y pueda llevarse a cabo.

Porque si no qué va a pasar, hay un estimulo perverso a violar la ley electoral, finalmente son sanciones administrativas y parafraseando a un clásico, pues el país bien vale una multa, una multa es irrelevante cuando no hay una determinación que pueda afectar el ejercicio de llegar a un cargo público, como es el caso que nos ocupa.

Por otro lado, nosotros agradecemos que nos haya hecho llegar previamente sobre cuatro procedimientos que se resolvieron ante el Consejo General, evidentemente la médula del tema Monex está todavía pendiente, usted ha dicho que tendrá que resolverse el día 30 de enero para poder cumplir en un plazo de siete meses, con posterioridad a la jornada electoral ya el desahogo de todas las quejas que se presentaron.

En tal sentido y para entrar en materia, primero que nada yo le dejaría por escrito preguntas, le pediría al secretario que sea tan gentil de hacérselas llegar. Evidentemente que las que no pudieran ser resueltas hoy en la probable, en la futura intervención suya, podrán ser resueltas.

Al respecto yo le preguntaría primero que nada, Movimiento Progresista presentó 19 facturas emitidas por Banco Monex a favor de Grupo Comercial INIZZIO que su conjunto equivalen monto superior a los 68 millones de pesos, así como 20 más o favor Importadora y Comercializadora Efra, que  en su total amparan la cantidad de 91 millones de pesos

¿Qué diligencias se han realizado por parte de la unidad a su cargo para determinar el origen destino  y aplicación de dichos recursos? Grupo Comercial INIZZIO  tiene una capacidad económica para celebrar operaciones superiores a  68 millones de pesos. Importadora y Comercializadora Efra tiene  la capacidad económica para celebrar operaciones superiores a 91 millones de pesos.

Sobre el caso cabe señalar que el propio PRI dentro del juicio de inconformidad JIM359/2012, aceptó la existencia de un contrato celebrado por la empresa Alquinos, Servicios y Calidad, mediante el cual admite haber recibido un financiamiento  por la cantidad 66 millones de pesos utilizado para la gestoría de la contratación de 7224 monederos electrónicos, a través de tarjetas de prepago Monex.

Aunado a que con fecha 27 de junio el Instituto Federal Electoral emitió un comunicado de prensa derivado de la sustanciación de la queja número QUFRPP58/12 por la que se declaró la existencia de financiamiento a favor del Partido Revolucionario Institucional mediante la emisión de 9924 monederos electrónicos de tarjetas Monex por la cantidad de 70 millones de pesos.

¿Qué nos puede informar respecto a este financiamiento? Yo recuerdo y traigo a coalición que el entonces representante del PRI, hoy Procurador Nacional de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que hubo estos monederos y señaló que era para representantes de casilla o representantes generales, pero nosotros queremos saber sobre esto, porque tenemos conocimiento sobre todo de casos en Guanajuato donde como anterioridad y desde el mes de abril o mayo del  año pasado, ya estaban recibiendo a través de este mecanismo, recursos estos operadores.

Eso sería por una lado,  yo le preguntaría también si los partidos políticos en términos de los ordenamientos legales, tenemos prohibido recibir financiamiento por empresas mercantiles, ¿Por qué no se aplicaron medidas  cautelares para evitar la utilización y uso de dinero y recursos prohibidos por el artículo 77 párrafo segundo del Código Federal Electoral, por parte del Partido Revolucionario Institucional? Y también que nos pudiera puntualizar cuáles fueron esas 341 diligencias efectuadas por  la Unidad de  Fiscalización respecto a esta queja y cuáles fueron los resultados obtenidos.

Quisiéramos saber cuáles fueron también las cinco líneas de investigación que  el Consejero Presidente del IFE,  Leonardo Valdés informó informó que fueron seguidas para la resolución de este caso?

Por otro lado respecto al tema Soriana, la unidad de fiscalización en fecha 5 de diciembre de 2012 al resolver el expediente respecto a diferentes quejas que tienen que ver con las tarjetas Soriana, decide escindir el mismo y resolver únicamente lo relativo a las tarjetas con logotipos C.T.M, contratos celebrados entre Soriana S.A. de C.V. y el Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León, así como los contratos firmados entre dicha persona moral con diferentes gobiernos estatales.

¿Que diligencia sea realizado para el esclarecimiento de los hechos denunciados consistentes en el uso indebido de recursos y rebase de tope de gasto de campaña a través de la distribución de tarjetas soriana para la compra de votos a favor del candidato de la coalición “Compromiso por México”? dado que no se aprecia la oportuna realización de diligencias establecidas en los artículos 26 y 38 del reglamento de quejas y denuncias del IFE, y 17 del  reglamento de procedimientos en materia de fiscalización, consistente en la determinación de acciones encaminadas a salvaguardar y recopilar las pruebas de los hechos relacionados con la probable conculcación de la normativa comicial.

¿Por qué se determino separar en el tema de Soriana, primero en el tema de las tarjetas que tenían las leyendas C.T.M. y los convenios y no resolver todo de manera acumulada?

También sobre esto mismo, incluso en el informe que nos da el licenciado Cristalinas, se  señala que se hicieron diligencias para determinar si había saldo en el estas tarjetas, pero entre el tiempo en el que se denunciaron y las diligencias que practicó la unidad de  fiscalización, enviaron diferentes  días, ¿Por que se dejó pasar tanto tiempo para verificar el saldo de estas tarjetas?

También informan sobre el tema de la cuenta que tuvo que ver con el hoy secretario de hacienda Luis Videgaray Caso, ahí hablan de diferentes pesquisas que se realizaron, nos  gustaría que pudiera profundizar sobre eso.

Y sobre ese mismo tema le preguntaríamos, nosotros presentamos pruebas supervinientes sobre el desvío de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en donde a su vez se solicito a esta unidad de fiscalización que requería de la comisión bancaria y de valores, que investigara el destino y aplicación de los recursos que el ex coordinador de campaña utilizo a nombre del gobierno del Estado de México.

¿Cuáles fueron las pesquisas y cuáles fueron los resultados que arrojo esta investigación en términos de las solicitudes de información que le hicieron a la comisión bancaria y de valores? Esas serian nuestras preguntas y por su respuesta muchas gracias.