Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: febrero 2013

PRI quiere que los órganos autónomos sean designados por cuotas partidistas

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Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de febrero de 2013

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO A UNA RESERVA DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CANDIDATO O CANDIDATA PARA OCUPAR LA VACANTE GENERADA EN EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Gracias, Presidente;

Estamos presentando una reserva, independientemente de la convocatoria, para que cuando sea el momento, la elección del consejero o consejera electoral que habrá de reemplazar a Sergio García Ramírez, o en su momento a los demás consejeros, disponga en la base octava del proyecto que se ha circulado.

Que de la lista que remite la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, que proponen que sea de cinco elementos, cinco ciudadanos o ciudadanas que cumplen con los requisitos de elegibilidad y de idoneidad, que éstos sean por el método de insaculación determinado, quién es el consejero o consejera electoral.

Lo planteamos para evitar las cuotas partidistas y para evitar que siga la partirización del IFE. Es claro que la urgencia de un nuevo consejero tiene que ver, porque hoy en el IFE hay dos bloques y este voto le es muy importante al PRI para las decisiones, porque García Ramírez fue a lo de Monex y luego se fue. Por eso nosotros proponemos que sea por insaculación.

Contestando a algún diputado que no me aludió, pero se refería a mi propuesta, diré que esto se establece para los funcionarios de casilla, el método de insaculación, en el artículo 240 del Código Electoral.

Si en la base de la pirámide de la estructura electoral institucional, que son las mesas directivas de casilla, hay método de insaculación. Nosotros no entendemos por qué no debiese aplicarse un mecanismo similar para determinar al consejero o consejera electoral y de esta manera terminar con ese reparto de cuotas que ha sumido en el peor desprestigio al Instituto Federal Electoral.

La propuesta, el documento lo tiene la secretaria y le ruego que pudiera leerlo cómo viene el texto de la convocatoria y cómo viene el texto propuesto, que ese la base octava. Le pido, por favor presidente, y después que lo pueda someter a la consideración del pleno.

Eliminación de fuero castiga a legisladores que se contraponen al ejecutivo

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POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, EN LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de febrero de 2013

Gracias Presidente.
Buenas tardes a todas y todos legisladores.

Vamos a fijar la posición con relación a este segundo dictamen, ya después de la minuta proveniente del Senado, llego un primer dictamen y ahora llega un segundo dictamen, el cual es el que estamos en estos momentos discutiendo.

En la opinión nuestra, es un dictamen más regresivo que deja de lado algunas cuestiones que ya se había avanzado, y sin embargo, lo que estamos viendo es que lejos de generar un esquema que respondiera a la demanda ciudadana pero también respondiera a la necesidad de generar un contrapeso de poderes y un respeto a la función parlamentaria.

Lo que estamos viendo es que este dictamen propicia un desequilibrio de poderes y afecta también la función legislativa. Por eso, he registrado un voto particular y por eso voy a estar en contra del presente dictamen.

Sé que algunos dicen que esto no es popular, que porque la gente quiere que se eliminen el fuero o los privilegios, evidentemente que nosotros estamos a favor de que se terminen los privilegios y algunas prerrogativas, y por eso nuestro Grupo Parlamentario, por ejemplo, no aceptó los vehículos que recientemente se entregaron.

Pero hay que evidenciar muy bien qué es el fuero y qué es la prepotencia y el uso indebido de los cargos públicos, que eso con fuero y sin fuero, se va a seguir presentando en el país. El charoleo, la prepotencia, los guaruras, el torito y demás; eso no tiene nada que ver con el tema del fuero constitucional o la inmunidad parlamentaria.

Por esa razón, nosotros creemos que esta reforma sí puede representar un atentado a la acción legislativa de legisladores incómodos al poder, de legisladores que en ejercicio de su función constitucional presenten posturas políticas que se contraponen al ejecutivo, a los gobernadores o a determinados grupos de poder económico o político.

Por eso históricamente y en el Derecho Comparado la función legislativa ha tenido como algo inherente a su función, el fuero como una prerrogativa institucional inherente al cargo, no es un privilegio.

El fuero es que no puedas ser reconvenido por tus opiniones en el desempeño del cargo, pero también, y este es el tema de fondo, que no pueda ser procesado o perseguido políticamente a través de fabricación artificiosa de delitos para estar obstruyendo la función del representante popular.

Con la misma determinación que asumimos esta postura, será la determinación que asumamos la defensa en temas torales para la población como es el tema de los impuestos, si es que se presenta finalmente la amenaza del IVA en alimentos y medicinas o el tema de la privatización abierta o encubierta de Petróleos Mexicanos.

Nosotros vamos a defender con la misma determinación que hoy defendemos un tema que en teoría pudiera ser impopular, que no está del lado de lo políticamente correcto, pero lo que se debe hacer es generar un proceso de educación política y de concientización política para que se entienda bien a bien lo que es el fuero o la inmunidad parlamentaria.

Nosotros dentro del voto particular planteamos que haya una modificación de la denominación de fuero a inmunidad parlamentaria, ese no es el tema, el tema es la declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, nos estamos refiriendo particularmente al artículo 111 del proyecto de dictamen donde se elimina la declaratoria de procedencia y se puede ser sujeto de averiguaciones previas y procesos penales.

No es que se tema al pasado sino a la fabricación de delitos y aunque este no inhiba nuestra actividad, si es una molestia y ahora en virtud de esta reforma cualquier legisladores sin ser responsable necesariamente va a tener que estará enfrentando el hostigamiento a través del Procurador General de la República y los procuradores estatales de delitos y averiguaciones previas que serán consignadas.

Insisto, no con el afán de ser juzgado, con el afán de estarte desviando de tu labor, en lugar de legislar, habrá que litigar, en lugar de estar fijando posicionamientos públicos sobre temas relevantes para el país, habrá que estar declarando en los medios que son acusaciones injuriosas, que son acusaciones falsas, pero lo menos importantes es eso, la situación será sacar al legislador de su órbita de responsabilidad parlamentaria y constitucional para que se dedique a litigar en las barandillas delitos que puedan ser fabricados para estarlo hostigando políticamente. Ese es el tema de la cuestión, por eso estamos en contra de nosotros.

Además porque nos parece que hay un doble tratamiento, al Ejecutivo prácticamente se le deja igual, al menos en el dictamen porque no se modifica el artículo 108 constitucional que dice que el Presidente solo podrá ser juzgado por delitos graves del fuero común o por traición a la Patria, ahí no se toca, y si bien en el dictamen se habla de la Cámara de Diputados como Instructora y la Cámara de Senadores como la que finalmente determina, se habla de una mayoría calificada de dos terceras partes y además de ello el que tendría que estarle imputando delitos sería el Procurador General de la República que es un subordinado de él, y eso es otro tema, si no hay autonomía de los Ministerios Públicos, las procuradurías, como ya ha habido varios casos en el país, podrán ser motivo de politización.

Ahí está el “michoacanazo” para recordarlo y otros temas. Finalmente se construyen averiguaciones, se consigna, se cancelan los derechos político electorales y al final de cuentas “usted disculpe” pero el objetivo político ya se logró.

Por ello nos parece que hay un tema importante, por ahí ha trascendido, yo he platicado con algunos legisladores, que al parecer va a haber un trueque en donde se va a retirar todo lo que tiene que ver con el Presidente para no lastimarlo, una actitud que de cortesanía política y por otra lado se eliminaría la propuesta de dictamen previo, de algún mecanismo similar que pudiera adoptar la Cámara de Diputados, es decir, una transacción para que algunos respondan a una bandera política y otros cumplan con el cometido de no lastimar ni con el pétalo de una línea en la Constitución la sensibilidad del presidente de la República.

Por esa razón, nosotros también señalamos que tras esta campaña también hay mucha falsedad, si esto se confirmara, de que finalmente es un juego político. Nosotros vamos a mantener la línea política si este dictamen se mantiene pero no podemos dejar de señalar esta situación que más allá de todo lo que se pretende es generar un desequilibrio de poder y que legisladores incómodos al poder, a través del Ministerio Público y jueces de consigna, puedan ser motivo de persecución política.

Por eso nosotros no estamos de acuerdo. Planteábamos además que no fuera todo tipo de delitos, que fueran en todo caso delitos graves porque sino por cualquier delito muy menor, un legislador estaría en riesgo de perder su inmunidad parlamentaria o ser molestado a través de averiguaciones previas y procesos penales. Eso lo señalo y reitero porque muchas veces la finalidad va a ser juzgar y hostigar, y es de algún modo lo que trataba de evitar la declaratoria de procedencia en materia de responsabilidad penal.

Por todas esas razones, nuestro voto será en cintra, hemos presentado un voto particular y vamos a estar sujetos atentos a la discusión que en lo particular se dé.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa para sancionar las promesas incumplidas de campaña

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN EL INCISO P), DEL ARTÍCULO 38, ASÍ COMO EL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 233, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN EL INCISO P), DEL ARTÍCULO 38, ASÍ COMO EL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 233, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor del siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las instituciones fundamentales del Estado mexicano deben perfeccionarse y las de naturaleza electoral no pueden ser la excepción.

Esta circunstancia, nos obliga a reflexionar qué tan sólidos son en nuestros ordenamientos jurídicos y jurisprudencias, los principios rectores del sistema electoral, como los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; así como la medida en que se cumple el sufragio universal, libre secreto y directo.

Abordamos en esta oportunidad, el tema de la certeza, por considerarlo sustancial ya que sin verdad no se pude llegar a la legalidad.

El principio de certeza en el entorno electoral mexicano es un dogma plasmado desde la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pasando por las declaraciones de principios, programas de acción y estatutos de los partidos políticos, sin olvidar la definitoria jurisprudencia.

En relación con el tema en estudio, a continuación estableceremos algunos preceptos que refieren el principio de certeza. En el Derecho electoral se plantea la aplicación de ciertos criterios fundamentales u orientaciones esenciales que son denominados los principios rectores de la función estatal electoral que derivan del propio texto constitucional en su artículo 41, Base V, que a la letra dicta:

“Artículo 41…

 .…

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

…”

De la misma forma, el artículo 116, fracción IV, inciso b), del ordenamiento citado, precisa:

“Artículo 116. …

 

I a III. …

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

…”

Para Azúa Reyes, “la certeza jurídica consiste en un estado subjetivo del gobernado, que conoce (bien sea por información o captación intuitiva que le otorga su convivencia con el ambiente general) sus posibilidades de actuar, sus limitaciones en la conducta y las consecuencias que el derecho establece, tanto en el caso de actuar dentro de ese ámbito, como en el de traspasarlo”.[1]

Respecto al principio de certeza, Flavio Galván Rivera señala que “el significado de este principio radica en que la acciones que se efectúen, serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. De esta forma, la certeza se convierte en supuesto obligado de la democracia. Este principio constitucional abarca toda la actuación del Instituto, razón por la cual  resulta evidente que (…) atiende no sólo a los resultados, implica la realización periódica, permanente y regular de los procesos que permitan la renovación democrática de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión”.[2]

Orozco Henríquez afirma que el principio de certeza “consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, que permite que todos los participantes en el proceso electoral, conozcan con claridad y seguridad, las reglas a las que están sujetas en su actuación las autoridades electorales”.

En estos mismos términos, algunos glosarios y diccionarios de la materia electoral definen a la certeza como “el deber de los funcionarios electorales de conducirse de forma institucional, sin ocultamientos ni dobles procederes, toda vez que sus actos y función comicial debe ser clara, confiable y verificable”.[3] O bien como un principio rector de la función electoral que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un sustantivo femenino que alude al conocimiento seguro y claro de un hecho conocible. Entonces, la certeza implica que tanto la actuación de la autoridad electoral como los procedimientos electorales debe ser verificables, fidedignos y confiables, de tal modo que los ciudadanos y entes políticos no tengan duda sobre estos aspectos.

Sin embargo, como la mayoría de los dogmas, y la certeza en este sentido no es la excepción, son aceptados pero muy poco practicados, en una sociedad cada vez más indiferente a la sincronía entre norma y conducta. Esto tiene efectos reales, es vigente porque se trata, cuando la enmarcamos en materia electoral, de la vida cívica de los ciudadanos que se postulan para alcanzar un cargo de elección popular.

Nadie, al menos públicamente, se opone al principio de certeza, pero estudiarlo, abre una caja de Pandora que lo coloca, en el mejor del casos, en el ojo de la discusión gnoseológica, pero en mayoría de ellos se abandona sin resolverlo.

En efecto, el principio de certeza en materia electoral, no se encuentra vinculado con las campañas electorales que practican los ciudadanos postulados por los Partidos Políticos para integrar el Poder Público, por ende, los ofrecimientos y promesas de la mayoría de los candidatos, caen en lo absurdo, al no encontrarse sustentadas en estudios reales de viabilidad de las propuestas o, en la gran mayoría de las ocasiones, son simplemente olvidadas; situación además que afecta las caracteristicas constitucionales del sufragio, en especial a la libertad en su emisión.

Como legisladores tenemos la obligación de dotar a la ley de mecanismos efectivos para controlar este mal de la política y asegurarnos de que el ejercicio de la misma, se acerque cada vez más al ideal de honradez y rectitud que la ciudadanía reclama; sobre todo protegiendo el marco constitucional de su trasgresión por vacío legal.

Muchas pueden ser las razones y pocas las disculpas para explicar los exiguos resultados obtenidos frente a las promesas ofrecidas en las campañas electorales, pero es indudable que estos vicios deben ser erradicados, para fortalecer las instituciones fundamentales del Estado Mexicano.

Para erradicar estas prácticas, es necesario reformar el sistema administrativo sancionador en materia electoral, atendiendo a la necesidad de imposición de penas como una medida cautelar, o en su defecto, como un mecanismo de sanción ante la inobservancia de la norma, para ajustar de este modo el actuar tanto de candidatos como de partidos políticos al momento de asumir sus compromisos y promesas de campaña.

Por ende, se propone la incorporación de un nuevo mecanismo de control para garantizar el pleno ejercicio los derechos políticos por excelencia, mismos que la mayoría de las constituciones democráticas engloban en el derecho a votar y ser votado, para participar en la integración del poder público.

Para lograr estos fines, conviene tomar en cuenta que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador en materia electoral.

ARGUMENTACIÓN

Considerando que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies.

Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho.

Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador.

La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.

Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura.

Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi.

Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima.

Bajo esta tesitura, la acción primordial para erradicar la vulneración al principio de certeza por parte de los candidatos y los partidos políticos al momento de asumir compromisos y promesas de campaña, es, establecer la obligación a los institutos políticos para que vigilen que los compromisos y promesas de campaña que asuman los candidatos que postulen en los procesos electorales, se encuentren sustentadas en estudios de viabilidad, en los que se establezcan las medidas jurídicas, materiales y/o económicas para hacerlas posibles.

Estas disposiciones promueven que los partidos se comprometan solamente con aquellas cuestiones que se encuentran en el ámbito de sus posibilidades jurídicas y materiales, cuya regulación abona al fortalecimiento de nuestro régimen jurídico electoral.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN EL INCISO P), DEL ARTÍCULO 38, ASÍ COMO EL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 233, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALESal tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el inciso p), del artículo 38, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

Del a) al o)

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral; de asumir compromisos y/o promesas de campaña en los que no se establezcan, las medidas o condiciones, jurídicas, materiales y/o económicas, que sean necesarias para hacer posible su realización; de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo de este Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución…

Artículo Primero. Se reforma el numeral 2, del artículo 233, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 233.

1

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de asumir compromisos y/o promesas de campaña en los que no se establezcan las medidas, jurídicas, materiales y/o económicas, que sean necesarias para hacer posible su realización; de formular  expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este Código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.

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TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  13  días del mes de Febrero de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 


[1] AZÚA Reyes, Sergio. “Los principios generales del derecho”. México, Porrúa, 2004, p. 153.

 

[2] GALVÁN Rivera, Flavio. “Derecho Procesal Electoral Mexicano”. México, Porrúa, 2002, pp. 88-89.

 

[3] Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. “Glosario Electoral”. México, Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, 1999, p. 47.

Punto de acuerdo de urgente resolución relativo a casos de abuso sexual en contra de mujeres extranjeras y connacionales

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO A CASOS DE ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE MUJERES EXTRANJERAS Y CONNACIONALES POR PARTE DE MIEMBROS DE LA POLICÍA EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, SONORA; SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO; Y CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desafortunadamente los abusos sexuales contra mujeres en México representan una realidad alarmante, al año se denuncian más de 14 mil violaciones, y se considera que el 80 por ciento de los casos siguen impunes, sin considerar las cifras de casos que no son denunciados.

En cuanto a mujeres extranjeras, también se han registrado varios casos que no han tenido la atención de la opinión pública como lo fue el caso de las víctimas españolas en Acapulco, pero que incluso tienen connotaciones más preocupantes, pues los abusos son cometidos por agentes de la policía, quienes se supondría están para prevenir los delitos y garantizar la seguridad pública.

Tales son los casos de violaciones ocurridas contra mujeres de origen extranjero y connacionales en días recientes, cometidos por miembros de la policía municipal en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, Estado de México. Mismos que a continuación se detallan.

El pasado 3 de diciembre, Juan Raymundo Ruiz Corral, agente dela Policía Municipal de Cajeme, fue señalado directamente por una mujer venezolana que aseguró ser víctima de violación.

Los hechos se dieron luego de que en un domicilio del fraccionamiento Montecarlo, la víctima reportaba por teléfono, que era agredida por su pareja sentimental. La llamada de auxilio fue atendida por el agente Ruiz Corral, quien al llegar a la casa, dialogó con la pareja y después de un tiempo, se retiró resguardando en la patrulla a la femenina, quien así lo solicitó por temor a represalias de su pareja. Por versiones de la denunciante se supo que el agente luego de buscar un lugar donde estacionarse, abusó sexualmente de ella.

La afectada manifestó que luego de verse libre, realizó una llamada y denunció los hechos ala Policía estatal Investigadora, quienes atendieron el asunto y pusieron bajo arresto a Juan Raymundo Ruiz Corral.

Extraoficialmente se supo que para “desafanar” del problema al Policía violador, su padre gratificó y arreglo a la ofendida así como  al Agente del Ministerio Publico entregando la cantidad de 35 mil pesos y un boleto de avión con destino a Guadalajara Jalisco a la ofendida, a cambio de que se retractara de los hechos en contra del agente violador.
Por otra parte, en días recientes, se dio a conocer otro caso de abuso sexual cometido por un comandante y dos agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, en Quintana Roo; en contra de una mujer de nacionalidad italiana.

El incidente ocurrió el pasado 12 de febrero a las 4:00 horas, cuando la agraviada iba en compañía de un amigo, también residente de origen italiano, quienes estaban orinando en un callejón ubicado entre la discoteca Cocomaya y Blue Parrot; ahí la policía los interceptó y para no ser detenidos por la falta administrativa, los agentes pidieron a la pareja la cantidad de tres mil pesos; como ellos no tenían dinero, los policías sometieron al hombre y violaron a la italiana.

Los agentes que fueron detenidos son Mardonio Guzmán Gómez de 26 años y José Manuel Enríquez Hernández, de 24, quienes fueron puestos a disposición del juez, por los delitos de violación y abuso de autoridad derivado de la averiguación previa 435/2013.
Sin embargo, ellos aseguran “no haber participado en los hechos y acusaron directamente al (comandante) Ramón Balainas Xicoténcatl, quien se encuentra prófugo.”

Por lo pronto, el alcalde de este municipio, Filiberto Martínez Martínez, se ha mantenido al margen de la situación y no ha brindado declaración alguna sobre el caso, lo cual ha provocado  mayor preocupación en este asunto.

Finalmente, apenas el 23 de febrero pasado se dio a conocer que tres policías de Chimalhuacán, Estado de México fueron acusados de violar a una menor de edad y de asesinar a su novio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero cuando los policías de la municipio de Chimalhuacán, Estado de México, identificados como Padro Luis Becerrill, Andrés Alan Hernández, y Francisco Gutiérrez encontraron a la pareja en el interior de una camioneta, en la colonia Tlaixco. Los uniformados advirtieron a los novios que los detendrían por “faltas a la moral”. Sin embargo, uno de los oficiales llevó a la joven a un parque cercano y abusó sexualmente de ella; luego dejaron ir a los dos menores.

Al llegar a casa, la afectada contó lo sucedido a su madre, quien pidió ayuda a la Policía Municipal. Posteriormente llegaron al domicilio tres oficiales a bordo de la patrulla 554. La adolescente reconoció a uno de sus agresores, quien conducía la unidad. La familia de la menor tocó las puertas de sus vecinos para que los ayudaran a detener a los uniformados. El novio de la joven intentó bajar al conductor de la patrulla pero éste le disparó dos veces en el pecho y más tarde murió en el lugar. Armados con piedras y palos, los vecinos salieron de sus casas e intentaron detener a los municipales, que huyeron a bordo de la patrulla.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México abrió la carpeta de investigación 241970550033713 en contra de los tres oficiales por los delitos de lesiones, violación y homicidio. Por su parte, el alcalde de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, ofreció apoyo a la procuraduría mexiquense para dar con el paradero de los agresores.

Estos representan casos graves de abuso sexual, en el que se encuentra involucrada la corrupción y el abuso de autoridad, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública, lo que pone en entredicho la seguridad de habitantes y visitantes de esos lugares.

En casos como estos, resalta que los agentes abusaron de su papel como autoridades de seguridad pública y valiéndose de ello cometieron las violaciones, lo que habla de una cultura machista en relación con la violencia de género, a la par de demostrar la falta de preparación de los encargados de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En razón de ello, debe atenderse de manera efectiva, e implementar medidas de prevención, atención y sanción de delitos sexuales y violencia de género, y controles de confianza más efectivos para evitar que se sigan cometiendo estos abusos, por parte de las autoridades que deben brindar seguridad a la ciudadanía.

En consecuencia, consideramos importante que se amplié el objetivo de estudio del grupo plural de trabajo, que el pleno de esta H. Cámara de Diputados acordó integrar el pasado 7 de febrero, para conocer sobre las investigaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Guerrero en los hechos ocurridos contra seis ciudadanas españolas, en Acapulco, el 4 de febrero de este año, pues consideramos que los casos aquí expuestos, contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, por agentes de la policía de los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chimalhuacán en Estado de México, ameritan igualmente un seguimiento puntual por parte de esta representación.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados, condena enérgicamente las violaciones y abusos sexuales contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, ocurridos en los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chilmahuacán en el Estado de México, por miembros de la policía municipal.

Segundo. El pleno de esta H. Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los estados de Sonora, Quintana Roo y Estado de México a la pronta impartición de justicia y a la implementación de medidas de prevención para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía en esas zonas.
Tercero. La H. Cámara de Diputados acuerda ampliar los trabajos del grupo plural que se aprobó el pasado 7 de febrero para conocer sobre las investigaciones realizadas por el gobierno del Estado de Guerrero en los hechos ocurridos contra ciudadanas españolas, integrado por diputadas y diputados de las Comisiones de Equidad y Género, y Derechos Humanos, con el fin de que conozca también sobre las acciones realizadas por los gobiernos de Sonora, Quintana Roo, y Estado de México en los casos de abuso sexual por agentes de la policía de los municipios de Cajeme, Solidaridad y Chimalhuacán, respectivamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26  días del mes de febrero de 2013.
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Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB a publicar el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A PUBLICAR EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DE MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SUSCRITA POR DIPUTADAS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El proponente Ricardo Mejía Berdeja integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y quienes suscriben, integrantes de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país la violencia feminicida está contemplada desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que estipula que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Asimismo, establece que la alerta de violencia de género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Como bien sabemos, la declaratoria de alerta de violencia de género corresponde a la Secretaría de Gobernación, quien a su vez realiza la notificación al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión.

En dicho tenor, en el artículo 23 de la ley previamente señalada, indica que “la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.”

Sin embargo, debemos hacer notar que pese a que la alerta de género se encuentra en la legislación, faltan mecanismos reales para su puesta en marcha.
Tal y como lo hizo notar el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en las recomendaciones que hizo al Estado mexicano, en la 52 sesión de dicho comité en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en julio de 2012; en las cuales “instó al Estado mexicano a ocuparse urgentemente de los impedimentos que restringen la puesta en marcha del Mecanismo de Alerta de Género”.
A la par, “el comité recomendó, tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales; para que se agilice su tipificación en los códigos penales locales en trámite; se estandaricen los protocolos de investigaciones policíacas de feminicidios en el país y se informe de inmediato a los familiares de las víctimas.”
Es por ello que durante los meses de junio a octubre de 2012, organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio como Católicas por el Derecho a Decidir, Litigio Estratégico e incidencia en Derechos Humanos de Morelos, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras; participaron en sesiones de trabajo en colaboración con integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y algunos institutos de las mujeres estatales como el de Sinaloa, Distrito Federal, Oaxaca, estado de México y Querétaro; con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para este trabajo la Conavim preparó una propuesta base de modificación en la que se precisan sus atribuciones y facultades y, paralelamente, se pretendió clarificar el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia de género; con lo cual se daría un gran avance en la materia.
Por último, cabe destacar que en este momento la propuesta de reforma al reglamento ha sido presentada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación para su revisión, aprobación y publicación a través del oficio CNPEVM/0763/2012.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue elaborado por las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con las instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y entregado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio CNPEVM/0763/2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.

Iniciativa referente a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y EL ARTÍCULO 16 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

 

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente   INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y EL ARTÍCULO 16 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,al tenor del siguiente:

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México es conocido como un país emisor de migrantes en busca de mejores condiciones económicas y sociales en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido, además, en un país de tránsito para miles de migrantes internacionales que viajan hacia el norte del país, en busca del sueño americano.

La mayoría de los migrantes son de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño, pero también provienen de América del Sur y de regiones tan apartadas como Asia y África.

La política migratoria en México se encuentra fuertemente signada por un discurso íntimamente vinculado a la soberanía y a la seguridad nacional. Esta tendencia, creciente en las últimas décadas, ha llevado al Estado mexicano a aplicar medidas discrecionales y restrictivas en materia migratoria en a favor de la seguridad pública o la seguridad nacional.

En este sentido, se ha señalado que la cercanía con Estados Unidos, aunado a la complejidad en las tendencias de la modernización del registro, regulación y control de la movilidad internacional de personas, es decir los flujos migratorios, que se originan y atraviesan el territorio nacional, tienen en él su destino final o temporal, son factores que inciden en una vinculación entre migración y seguridad nacional, conjuntamente con aspectos de seguridad fronteriza y seguridad pública.

En este contexto, la migración se produce en condiciones de altísima vulnerabilidad, que se profundizan e impactan con especial intensidad en los niños, niñas y adolescentes. Esta situación es un elemento que en sí mismo interpela el rol preponderante que tiene el tema de la seguridad y el control en la política migratoria, en tanto puede no solamente contribuir a reforzar los elementos que conforman el ambiente de inseguridad, sino también a incrementar los riesgos para las personas con mayores niveles de vulnerabilidad en este contexto.

En este sentido las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México han ido en aumento, muestra clara es que las organizaciones internacionales lo califican como una crisis humanitaria.

Esta crisis humanitaria pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país; un Estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado, niveles crecientes de impunidad,  corrupción que limitan la garantía de los derechos humanos y el acceso de la justicia, así como violencia generalizada. Estos factores convierten el tránsito por México en un viaje muy peligroso.

Empero México ha comenzado a tomar acciones para mejorar las condiciones de los migrantes irregulares que viajan a lo largo del país, en este sentido el Congreso aprobó una Ley migratoria con el objetivo de ayudar a la situación de vulnerabilidad de los migrantes.

En este sentido México debe asumir sus responsabilidades internacionales y  actuar con la diligencia debida para proteger, respetar y garantizar los derechos de los niños migrantes, incluso cuando los abusos sean individuos particulares, ajenos al Estado, como el  crimen organizado.

Cada año, decenas de miles de niños, niñas y adolescentes migrantes, muchos de los cuales son vulnerables a trata u otras formas de abuso, hacen viajes peligrosos hacia el norte e intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

Cabe recalcar que no se trata únicamente de supervisar el respeto de los derechos en los procedimientos de aseguramiento, alojamiento y repatriación. Debería tratarse, antes bien, de revisar la existencia misma de estos mecanismos y medidas preventivas queden respuesta de manera automática y exclusiva al complejo del  fenómeno de la migración irregular de niños, niñas y adolescentes.

Es decir, la cuestión no es únicamente si esos dispositivos se implementan de manera correcta, sino si constituyen las herramientas adecuadas en una política migratoria integral, centrada en los derechos humanos, y sobre todo, con un énfasis particular en los derechos de la infancia.

El problema es que  la política diseñada en materia de niñez migrante presenta una serie de problemas de fondo que exceden los errores o malas prácticas en su implementación.

En los últimos años el Estado mexicano ha desarrollado diversos mecanismos relativos a niños, niñas y adolescentes migrantes, que representan un avance considerable frente a la invisibilidad que hasta entonces tenía este fenómeno. Sin embargo, aún restan numerosos desafíos para que las políticas sobre niñez migrante se asienten sobre el paradigma de derechos que emana de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto se debe principalmente a dos factores, complementarios entre sí, la lógica asistencial y tutelar que aún persiste en las políticas de infancia, y la prioridad que tiene la política migratoria respecto de la protección integral de la niñez.

Ahora bien, un hecho objetivo es que en los últimos años la cuestión de los niños, niñas y adolescentes migrantes, y particularmente aquellos que atraviesan nuestro país, de manera no acompañada o separada de sus padres, ha adquirido progresivamente mayor atención por parte de una multiplicidad de actores. En este proceso debe incluirse la creciente presencia del tema en la agenda pública del gobierno, particularmente a partir del rol asumido por el Sistema Nacional DIF.

El Sistema Nacional DIF, junto con los sistemas estatales DIF, ha ido incluyendo en sus programas la atención de la niñez migrante, mediante de la estrategia de prevención y atención de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. El objetivo es conjuntar esfuerzos y acciones entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, con el fin de prevenir y atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados que viajan solos y las problemáticas colaterales a que están expuestos, así como promover acciones coordinadas de protección y contención familiar y comunitaria.

En referencia a lo anterior, es posible afirmar que no se ha trabajado con una perspectiva integral y adecuada en materia de derechos de miles de niños, niñas y adolescentes migrantes. Al no abordarse los estándares que deben guiar cualquier política centrada en los derechos de la infancia.

El mandato institucional del Instituto Nacional de Migración es claro. Entre sus principales funciones se encuentran: instrumentar la política en materia migratoria; vigilar la entrada y salida de personas al territorio y revisar su documentación; resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros; imponer las sanciones previstas en la normativa migratoria; llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; detener en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros; y coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional. Además, el INM está incluido entre los organismos de seguridad nacional, reforzando así su rol en términos de control social de flujos migratorios. Estas características, entre otras, confirman que no es la agencia que debería tener a cargo la protección de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de altos niveles de vulnerabilidad. Y esto es válido para cualquier área del INM, sin perjuicio de otras competencias, habilidades y formación que pueda tener.

El hecho que los oficiales de protección a la infancia y no el DIF  sean los encargados de mantener casi con exclusividad de niños migrantes, presenta una contradicción compleja. Es cierto que entre las funciones de los oficiales de protección a la infancia está la de acompañar a los niños  en la repatriación y en su traslado hasta el país de origen, sin embargo esto no ocurre en todos los casos.

Además de su acotada participación para juzgar si la decisión de detenerlos y mantenerlos es la adecuada, desde un enfoque de derechos del niño, y sus escasos o nulos márgenes de incidencia para revertir la decisión que adopten otras áreas del Instituto.

En este contexto, los organismos responsables de protección de la infancia a nivel local y nacional (Sistemas DIF) tienen, en el mejor de los casos, un rol claramente secundario. Esta función subordinada es, en definitiva, funcional a las directivas y decisiones del INM, es decir, a los objetivos de la política migratoria.

ARGUMENTACIÓN

Las cifras del desplazamiento infantil son preocupantes, durante 2012 más de 6 mil menores fueron repatriados a sus países de origen en Centroamérica, 50 por ciento más que en 2011, esto sin contar los cientos de menores que lograron internarse en nuestro país y eventualmente alcanzaron a cruzar la frontera norte.

México no cuenta con políticas transversales y leyes que se ajusten plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos y que regulen los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente los que surgen de la  Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). El reforzamiento de los mecanismos de control migratorio, por su parte, ha profundizado la situación de alta vulnerabilidad y riesgos en que se encuentran estos niños, niñas y adolescentes, que deriva en hechos de abuso, violencia y explotación, o en daños graves a su integridad física y emocional poniendo en riesgo su vida.

Contamos con una legislación inadecuada a las características de la migración, faltan mecanismos nacionales que aseguren  el interés superior del niño en los dispositivos de control migratorio. De tal manera se debe reformar la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes y la Ley de Migración para una eficaz protección y cuidado de los menores de edad a nivel nacional. Además se debe promulgar estándares nacionales para el albergue y  tratamiento de todos los niños en las instalaciones de los DIF municipal y estatal con la finalidad de regular, entre otras cosas, la asistencia social, médica y psicológica, así como las condiciones y medios en mira de la reunificación familiar.

Ahora bien, la misma ley legitima la detención de niños migrantes al regular las condiciones que deberían tener en las estaciones migratorias, al no prohibir expresamente su privación de la libertad por razones administrativas y al no regular el tiempo y forma en que debe realizarse la canalización al DIF. Finalmente, cabe mencionar que las propuestas de reglamentación no han modificado o atenuado estos problemas, y la regulación del procedimiento presenta serias carencias.

Es cierto que los artículos 29 y 112 de la ley del INM establecen el deber de canalizarde manera inmediata al DIF a los niños, lo cual supone un cambio importante, sin embargo, la propia ley es un obstáculo para que ello implique una efectiva respuesta alternativa a la detención.

Porque la legislación se limita a ordenar la canalización y no agrega ninguna disposición que regule la forma, así como los plazos para que se concrete este mecanismo.

La migración de niños desde el Centro de América hacia Norteamérica a través de la frontera de México, es un fenómeno que excede el marco nacional y exige una respuesta integral, incluyendo un enfoque de derechos humanos.

La elaboración e implementación de políticas eficaces en materia de protección integral de la infancia en el contexto de la migración, requiere no sólo medidas normativas y prácticas por parte de cada país involucrado, sea de origen, tránsito y destino.

También demanda la articulación de esas respuestas y la adopción de mecanismos internacionales adecuados. Esto es, el diseño de compromisos, procedimientos y herramientas para su aplicación, que estén dirigidos a garantizar los derechos de los niños migrantes.

El INM, como autoridad administrativa, concreta las detenciones de niños migrantes sin necesidad de esgrimir justificación alguna. La privación de la libertad es la única respuesta que se da ante la irregularidad migratoria de estos niños o niñas. Se vulnera de esta manera el principio de no detención de niños por razones administrativas que establecen los estándares internacionales, así como las exigencias de la propia Constitución Política de México en idéntico sentido. Tampoco se consideran las diferentes circunstancias en que se encuentra cada menor de edad.

Cabe recalcar que pese a que la Ley de Migración obliga al INM a canalizarde manera inmediata a los niños, niñas y adolescentes migrantes, la autoridad migratoria incumple sistemáticamente con este imperativo. La canalizaciónsupone una respuesta alternativa a la detención pero hasta ahora es sólo una prescripción legal que no ha permeado la práctica. Los mayores de doce años son detenidos en las estaciones migratorias, y en muchos casos, también se encuentran alojados en el mismo sitio niños y niñas de menor edad.

Es necesario visibilizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la migración internacional, cuyas voces y experiencias, nos permiten conocer las necesidades de los niños migrantes, muestra clara son las siguientes frases plasmadas en estaciones migratorias:

  • Aunque la cárcel sea de oro no deja de ser prisión
  • Yo no quiero estar aquí en navidad
  • Necesidad de salir pronto
  • No mate a nadie para estar encerrado
  • Yo quiero tener papeles para andar libre

Ello incluye  la modificación urgente de los artículos 112 fracción 1 a la Ley de Migración y  el artículo 16 primer párrafo a la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para garantizar la mayor protección posible.

“La migración no es un delito”

 FUNDAMENTO LEGAL

 

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y EL ARTÍCULO 16 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,  al tenor de la siguiente:

 

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 112 fracción l de la Ley Migración, para quedar como sigue:

 

Artículo 112.  Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto, quedará bajo su custodia y deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar en un lapso no mayor de 48 horas a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria.

 

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 16 primer párrafo  de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad física, circunstancias de nacimiento, situación migrante o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas.

 

 

 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  25  días del mes de Febrero de 2013.

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

 

El informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2011 confirma corrupción y falta de transparencia: Ricardo Mejía Berdeja

  • Se deben fincar responsabilidades penales y administrativas por desvíos y mal uso de recursos públicos, advirtió.
  • Movimiento Ciudadano seguirá pugnando por un ejercicio transparente y austero  de los recursos públicos y que éstos lleguen realmente a la población, antes de permitir cualquier aumento de impuestos.

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Palacio Legislativo de San Lázaro

24 de febrero de 2013

Boletín de Prensa

La presentación el pasado el miércoles del “Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011” por parte del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, Juan Manuel Portal Martínez, ante la Cámara de Diputados, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, expresó “si bien hay temas que son por todos conocidos por la magnitud del desvío de recursos públicos, como la Estela de Luz, el informe revela que hay una gran opacidad y discrecionalidad en recursos destinados a programas que por corrupción no llegan a los beneficiarios.”

“No se puede permitir que los desvíos y mal uso de recursos públicos queden impunes, y se deben fincar responsabilidades penales y administrativas a responsables” advirtió el legislador de Movimiento Ciudadano.

Sobre la falta en el reporte de deuda de los estados, Mejía Berdeja señaló “además se debe fortalecer la transparencia y la fiscalización de los créditos contratados por entidades federativas, para que de esta forma no ocurra la omisión de registros de deuda ante la Secretaría de Hacienda; y que estados como Coahuila dejen de reportar más de 23, 643 millones de pesos.”

El diputado Ricardo Mejía comentó que para evitar se sigan endeudando de manera discrecional a generaciones completas de ciudadanos en los estados, presentó iniciativa para que sea la Cámara de Diputados quien apruebe el monto de las deudas y le de seguimiento al ejercicio del gasto.

Asimismo el legislador hizo hincapié en señalar la opacidad y la discrecionalidad con la que se manejan los recursos públicos y sobre el caso de los casinos comentó, “la Auditoría Superior de Fiscalización ha confirmado en su informe, lo que hemos denunciado anteriormente sobre las irregularidades en la materia, lo cual generó que en enero se aprobara un punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano dando como resultado la creación de una Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de Denuncias en Materia de Permisos para Juegos y Sorteos. En esa Comisión insistiremos en la necesidad de que se vaya a fondo en ese tema de tráfico de influencias.”

Por último, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaró que “el Informe de la ASF sobre la cuenta pública 2011, confirma la corrupción que impera en el uso de los recursos públicos” y advirtió que Movimiento Ciudadano seguirá pugnando por un ejercicio transparente y austero  de los recursos públicos y que éstos lleguen realmente a la población, antes de permitir cualquier aumento de impuestos como lo pretende el PRI con el IVA en alimentos y medicinas.

Conferencia de Prensa del Diputado Ricardo Mejía Berdeja

RMBCF22febPalacio Legislativo de San Lázaro

22 de febrero de 2013

CONFERENCIA DEL PRENSA DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA RELATIVO AL DESFALCO DEL EX GOBERNADOR DE TABASCO, EL SUSPUESTO ASESINATO DEL CHAPO GUZMÁN Y LAS CHAROLAS DE ALGUNOS DIPUTADOS

 

RMB.- Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarme. Venimos a externar el siguiente pronunciamiento, tiene que ver con la situación que denunció el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, con relación a las anomalías financieras que detectó la anterior administración de Andrés Granier.

El grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se solidariza con el gobernador de Tabasco frente a este atraco, a este crimen financiero que ha vivido esa entidad donde se había reportado en principio una deuda de 10 mil millones de pesos y el gobernador Núñez dio a conocer el día de ayer que esta deuda asciende casi a 18 mil millones de pesos.

En el Congreso de la Unión en esta Cámara de Diputados junto con otros legisladores de otros partidos, como el diputado Cáceres que aquí nos acompaña, se advirtió a tiempo del crédito que iba a contratar el gobernador y sin embargo, cuando se tomó una determinación de un punto de acuerdo, ya eran hechos consumados.

Ahora queremos decirles que estamos impulsando para que en la próxima sesión se suba como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el tema de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), vaya hasta sus últimas consecuencias, igual el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con relación a las cuentas congeladas de Mariana Granier, hija del gobernador por más de 3 mil millones de pesos.

Estos hechos de corrupción, este saqueo criminal, amerita que el ex gobernador pague con cárcel estos crímenes financieros que cometió, se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias y nos preocupa que este tema de las deudas se siga manejando, pero los gobernadores, siguen en la impunidad.

Precisamente ahora en el estado de Coahuila donde hay elecciones, el gobernador Rubén Moreira, acaba de anunciar que se va a vivir a Torreón, para tratar de revertir una derrota segura de ese partido, el PRI, en ese municipio, donde ya ha destinado más de mil millones de pesos en programas sociales en plena época electoral para tratar de revertir el repudio que tiene por haber, él y su hermano, llevado a Coahuila a una deuda de 40 mil millones de pesos.

Es decir, Granier, Moreira, incluso Sabines y todos los gobernadores corruptos y sátrapas tienen que estar en la cárcel. Es una vergüenza para el país y nosotros creemos que no va a haber transformación del país si se siguen presentando estos crímenes financieros y no debe de haber impunidad.

Pues prácticamente era lo que queríamos platicarles, vamos a estar muy al pendiente de este tema y advertir que en toda la discusión de las reformas en materia de deuda de los estados y los municipios, tiene que tomarse en cuenta que no puede haber borrón y cuenta nueva, que quien hizo estos saqueos tiene que pagar, porque finalmente están hipotecando el futuro de generaciones completas que ven más pobreza, más rezago, menos servicio y menos obra pública. Es lo que queríamos comentar y estamos a su disposición si hubiera alguna pregunta o comentario.

¿PIENSA DISCUTIR EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS  Y GARANTIZAR EL CASTIGO A LOS GOBERNADORES DESPUÉS DE ESTOS ANTECEDENTES, Y QUE NO SE ALEGUE QUE NO PUEDE SER RETROACTIVO?

RMB.-  Pues finalmente los hechos son continuos, porque se siguen saliendo a la luz pública mayores incidentes de corrupción. Entonces son delitos continuados en los que no procedería ninguna benevolencia, ningún indulto y ningún atenuante y nosotros creemos que configuran diversos delitos como es peculado, desvió de recursos, simulación de actos jurídicos, incluso asociación delictiva, porque se simulación hechos para saquear, para comente un quebranto a la administración y nos parece que son delitos graves que ameritan prisión para servidores públicos que saquearon esos estados.

PERO PARECIERA QUE ESTE ES EL PAÍS DONDE NUNCA PASA NADA, ¿VALDRÍA MUCHO LA PENA QUE SE LES PUSIERA UN ESTATE QUIETO A TODOS LOS FUNCIONARIOS, SECRETARIOS DE ESTADO Y GOBERNADORES SIN IMPORTAR EL RANGO?

RMB.- Definitivamente porque la impunidad genera más impunidad, si esta gente ve que no pasa nada, ellos se van a disfrutar sus fortunas y enfrentan con un cinismo de repudio popular, e incluso los cuestionamientos de los medios, pero al final no pasa nada y esto sigue fomentando que vengan nuevas camadas de funcionaros a saquea.

Por eso creemos que aquí tiene que haber un castigo ejemplar, vamos a estar vigilantes. Además externamos toda nuestra solidaridad con el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Lo que también debemos evitar es que en estos 14 estados donde va a ver elecciones, se siga presentando este fenómeno, porque las deudas crecen cuando hay elecciones. Nosotros estaremos vigilantes a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que a través de la Comisión Especial de programas sociales que preside el diputado Francisco Coronato, se haga una vigilancia extrema de cómo se manejan los recursos en estos 14 estados con elecciones.

¿DENUNCIAS DIPUTADO? USTEDES SE SUMARAN PUESTO QUE EL GOBERNADOR DE TABASCO YA DEJO EL CARGO. Y UNA PREGUNTA MÁS,  SOBRE EL RUMOR ACERCA DE QUE HABÍAN ABATIDO AL CHAPO GUZMÁN Y MÁS ALLÁ DEL RUMOR, QUÉ CUIDADO DEBE TENER EL ESTADO MEXICANO EN ESTE TIPO DE CASOS

RMB.- Es muy importante que se maneje con mucha seriedad la información, que no haya cortinas de humo para tratar de desviar la atención de la opinión pública. En este caso chafearon o “chapearon” quien difundió esta información y nos parece que al ser el mayor capo en el país, evidentemente el tratamiento de la información tiene que ser con mucha responsabilidad.

Nos parece que en estos meses que ha habido una información de las áreas de seguridad pública, hasta ahora el pueblo de México no ve resultados, hay que decirlo, podrán alejar los príistas que es poco tiempo pero siguen los días corriendo, siguen los asesinatos, siguen las extorciones y sigue la delincuencia desatada en el país.

EN EL CASO DE LAS DENUNCIAS, ¿USTEDES DENUNCIARÍAN PARA QUE SE PERSIGA AL EX GOBERNADOR DEL TABASCO POR LOS MALOS MANEJOS? EN EL CASO DE CHIAPAS, PABLO SALAZAR, SE LE ACHACARON OTROS DELITOS Y ESTA EN EL CÁRCEL.

RMB.- Vamos a estar pendientes de los actos jurídicos que emprenda la administración del gobernador Núñez, sabemos que ya instruyó para que se presenten las denuncias y en todo caso nosotros vamos a coadyuvar y a presionar legítimamente desde este Congreso junto con otros legisladores de otros partidos para que no haya impunidad. Y frente a la evidencia de los hechos se puede proceder directamente a liberar una orden de aprensión en contra del gobernador me parece que hay hechos suficientes y además evitar que se sustraiga la acción  de la justicia.

INAUDIBLE

RMB.- Bueno evidentemente puede ser el tesorero y toda la gente que estuvo involucrada porque hay hechos que permiten configurar un esquema de asociación delictiva y tendría que revisarse también.

¿INCLUYENDO A LA HIJA?

RMB.- Pues desafortunadamente él involucro a la familia y tendría que estar en el supuesto, pues se debe explicar de dónde sacó 3 mil millones de pesos si no tiene una actividad productiva. Creemos que hay un ejemplo claro, no es nada personal evidentemente, pero este país ya no aguanta que haya gobernantes ladrones que se codean como si no hubieran hecho ningún quebranto al erario y definitivamente nosotros si queremos que haya un castigo ejemplar para que no siga prevaleciendo esta gran impunidad.

Por cierto, anunciamos también que vamos a revisar a detalle el informe que presento el auditor Superior de la Federación donde también en un análisis empiezan a brotar algunas irregularidades del sexenio anterior.

DIPUTADO ¿CUÁNDO HABRÁ UNA INICIATIVA PARA PERMITIR ESTA REFORMA DONDE EL GOBERNADOR ES EL QUE COLOCA AL CONTRALOR INTERNO DE CADA ESTADO? ES DECIR, PODRÍA SER HASTA SU COMPADRE QUE SEA EL CONTRALOR Y NO LLEVAR REALMENTE LAS CUENTAS CON LA TRANSPARENCIA QUE DEBE DE SER Y ESTO SUCEDE EN TODOS LOS ESTADOS Y HASTA MUNICIPIOS?

RMB.- Si, el problema de la falta de fiscalización efectiva en el país es un problema crónico, desde la federación hasta los municipios, y otro problema grave es la falta de autonomía del Ministerio Público que es el que procura la investigación de los delitos y evidentemente pues son subordinados de los gobernantes y en ese sentido no hay una verdaderamente procuración de justicia. Creo que son unas reformas pendientes, esperemos que lo que dice el PRI y los partidos del pacto sea de a deberás y le entren también a estos temas y sino pues los vamos a exhibir nosotros.

DIPUTADO, SU OPINIÓN SOBRE EL USO DE LAS CHAROLAS DE LOS DIPUTADOS QUE SIGUEN A LA VISTA EN EL ESTACIONAMIENTO Y QUE NO HAN HECHO CASO LA ACCIÓN DE QUITARLAS DESDE EL LLAMADO DE AYER DEL DIPUTADO ARROYO,

RMB.- Pues es un problema de ética política, es un problema que incumbe a cada legislador que está haciendo uso de este reprobable “charoleo”, evidentemente que nosotros lo reprobamos, es un acto de prepotencia que no ayuda a prestigiar al Congreso, yo creo que parte de la mala imagen de los legisladores son este tipo de conductas, las cuales nosotros reprobamos.

Al mismo tiempo advertimos que esto es muy diferente a este debate por la inmunidad parlamentaria por que se ha querido de algún modo confundir.  El “charoleo” responde a un acto de prepotencia que incumbe al legislador que lo porta, por eso creo que si valdría la pena y lo vamos a proponer, que hubiera algún dictamen de ética parlamentaria y exhibir a quien  recurre a este tipo de prácticas porque luego se confunde con lo de la inmunidad parlamentaria que tiene que ver con la prerrogativa constitucional para evitar que un legislador sea sujeto a presiones, hostigamientos o presiones políticas y mucha gente lo asocia con el fuero pero es algo totalmente diferente y nosotros lo reprobamos tajantemente.

Los legisladores debemos honrar con hechos la memoria de Belisario Domínguez

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Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de febrero de 2013

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO A UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO, Y EL  100  ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.

Con su permiso compañero Presidente;

Compañeros diputados;

Celebramos hoy este dictamen de la Comisión de Hacienda que tiene por objeto hacer una medalla conmemorativa a los 150 años del Natalicio de Belisario Domínguez y a los 100 años de su reprobable asesinato, no cabe duda que estos días han estado enmarcados en la rememoración de hombres y mujeres que han dejado huella en la historia de nuestro país.

Lo hacíamos hace unos días con el Ejercito Nacional y lo que le dio razón de ser con Venustiano Carranza rememorando el asesinato vil de Francisco I. Madero y de Pino Suarez el vicepresidente y hoy sin duda alguna estamos recordando a alguien que desde el Poder Legislativo de México dio la batalla por las ideas, por la democracia, por la libertad de expresión y por el trabajo que tienen que ejercer los legisladores que verdaderamente quieren a su país.

En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el mejor homenaje, más allá de los discursos, de las preseas  y de los pedestales, es honrar con hechos la memoria de aquellos personajes que queremos emular, mas hechos concretos que honren lo que fue el legado de estos patriotas. Sin lugar a dudas el mérito legado de Belisario Domínguez oriundo de Comitan, Chiapas donde fue alcalde, dejo en la historia del país un testimonio de dignidad, de valentía y de republicanismo cuando se enfrentó desde la tribuna y por medio de sus escritos, al usurpador, al traidor Victoriano Huerta.

Pagó con su vida la osadía de enfrentarse a este autócrata pero sin lugar a dudas su memoria y su actuación honran al Congreso mexicano. Por eso celebramos que hoy se haya tomado esta decisión de acuñar esta conmemoración, sin embargo, no podemos dejar pasar también la oportunidad de señalar que el ejemplo de Belisario Domínguez y la lucha que el enfrentó nos debe llamar también a revalorar la función legislativa y la función representativa.

Lo que vivió Belisario Domínguez en su martirio y en el asesinato vil del que fue objeto por Victoriano Huerta, nos llama a valorar que el legislador no puede estar sujeto a presiones políticas, amenazas y hostigamientos, la función legislativa tienen que tutelarse como un bien de la Nación que permite ejercer a cabalidad, la función representativa por eso nosotros como legisladores, debemos tener muy claro que somos la voz de aquellos que no pueden hablar en nuestro país, que somos la voz, que quieren que hagamos denuncias frente a las arbitrariedades del poder, que somos la voz de aquellos que quieren que haya leyes que verdaderamente le sirvan al pueblo de México.

En el parlamento se discuten se deliberan y se construyen los grandes proyectos del país, por eso compañeros legisladores, compañeras legisladoras, lejos de limitar la voz y la función parlamentaria, hay que ensanchar los caminos de la democracia representativa.

Por eso en las futuras discusiones y deliberaciones cuando se discuta el tema de la inmunidad parlamentaria, debemos que tener claro que el pueblo de México no quiere privilegios, no quiere “charoleos”, no quiere abusos, pero si quiere representantes que puedan hablar sin estar sujetos a presiones ni a los abusos del poder.

 Hoy la memoria de Belisario Domínguez nos debe servir para honrar su legado con hechos y no con palabras.