Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: abril 2013

La Silla Rota – Fin del arraigo: hora de definiciones

Fin del arraigo: hora de definiciones

En derechos humanos el gradualismo es una posición reaccionaria, profundamente conservadora. Actitud cómoda para los que la usan para justificar los cambios que vendrán en el mediano plazo, aunque estos nunca lleguen.
Los derechos humanos no pueden ser objeto de negociación, de componendas o regateos, los derechos humanos se tutelan y se protegen. No puede haber derechos humanos a medias.

El jueves pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales se votó el dictamen de reforma constitucional que modifica el tema del arraigo, conservando la permanencia de esta ominosa figura. Mi voto fue en contra de la permanencia del arraigo.

En el pleno, la próxima semana, desde Movimiento Ciudadano habremos de seguir dando la batalla con congruencia, sin medias tintas. No es un asunto de reducir el arraigo de 40 a 20 días, el tema es eliminarlo de nuestra Constitución y de las leyes secundarias.

Por ello, es necesario dejar en claro como ha sido en el proceso parlamentario, pues como ya es costumbre entre los aliados del Pacto por México, ignoraron las demandas de organismos internacionales de derechos humanos y de agrupaciones nacionales de la sociedad civil especializadas en el tema, que hicieron llegar cartas y pronunciamientos por la eliminación del arraigo en México con base a recomendaciones internacionales que se han hecho a nuestro país por la violación a derechos humanos desde que esta figura se instauró en el 2008.

De nada sirvieron las explicaciones ni las cifras sobre la ineficacia del arraigo y la afectación de los derechos humanos, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. En la Comisión de Puntos Constitucionales decidieron aprobar la iniciativa del PRI, recientemente presentada, que como es moda hoy en día, sólo busca dar la imagen de que se atienden los problemas cuando, en realidad, disminuir el tiempo de arraigo y poner algunas salvedades, no evitará que siga siendo un instrumento para fabricar culpables, cometer torturas y violar los derechos humanos.

Lo hicieron a pesar de la existencia de cuatro iniciativas que con anterioridad se habían inscrito, una de ellas presentada por su servidor, para suprimir de nuestro marco legal y de los procedimientos penales la figura del arraigo. Incluso, de mano de organizaciones especialistas en derechos humanos, se presentó una iniciativa que además proponía medidas precautorias alternativas y derogar el artículo transitorio que en la Constitución permitía a ministerios públicos en los estados abusar del arraigo ante la poca profesionalización de su actividad investigadora. Pero tampoco fue considerada.

En una muestra más de la incongruencia que caracteriza a la clase gobernante de nuestro país, no importó que apenas en diciembre, Jesús Murillo Karam, procurador de la República, declarara sobre la necesidad de eliminar el arraigo ante las sobradas pruebas de su ineficacia. Parece ahora que la ineficacia es más bien del Ministerio Público.

La permanencia del arraigo es otro de los frutos podridos del Pacto por México y es resultado de las presiones de un Ministerio Público incompetente e incapaz de conducir sus investigaciones sin recurrir al recurso fácil de privar de su libertad a personas, para primero detenerlas y luego investigarlas. Es hora de definiciones, no de falsas justificaciones.

Twitter: @RicardoMeb


[zilla_one_third]Medio:
La Silla Rota [/zilla_one_third] [zilla_one_third] Fecha:
Domingo, 28 de Abril [/zilla_one_third] [zilla_one_third_last] Fuente original:

http://bit.ly/167cHh5 [/zilla_one_third_last]

Iniciativa para garantizar la protección de los infantes y adolescentes en reclutamientos forzados en la delincuencia organizada.

Ricardo-Mejia-Berdeja-Menores-De-Edad-Esclavizados

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La presencia de grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico, masacres, trata, secuestros, desapariciones y reclutamientos forzados han hecho visible el aumento de la violencia en México, misma que ha tenido un impacto significativo al violentar los derechos y las vidas de miles de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

La pobreza y falta de oportunidades en distintas regiones del país, unida a la ola de sangre que ha dejado a su paso la fallida estrategia del Estado en materia de seguridad, han invisibilizado a miles de niñas, niños y adolescentes que viven día a día esquivando las constantes amenazas y extorsiones de organizaciones del crimen organizado, que acuden a todo tipo y grado de actos de violencia para forzar y así ingresar a sus actividades delictivas a éste sector de la población tan vulnerable.

La Red Nacional de los Derechos de la Infancia, AC, uno de los principales organismos civiles que ha dado seguimiento al fenómeno de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado en México, calcula que entre 20 y 30 mil niñas, niños y adolescentes sufren en la actualidad lo que se denomina como “narcoexplotación”, es decir menores de edad que no sólo están siendo explotados, sino que son objeto directo de beneficio para grupos criminales.

De acuerdo a la investigación realizada por Animal Político, en el artículo “Los niños del hampa”, se estima que actualmente en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad. Asimismo los cárteles están integrando equipos operativos, armados con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputan entre los grupos rivales, se estima, que sólo en Morelos, Puebla, el DF, y Guerrero existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas, que son custodiadas por jóvenes y adolescentes en equipos de diez integrantes, de los cuales seis están armados, lo que nos da un total de 4 mil 500 menores involucrados en labores de “seguridad”, de los que 2 mil 700, aproximadamente, manejan armamento, y esto ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país, así que si sumamos todas las plazas de la geografía se estima que podía haber entre 50 mil y 100 mil adolescentes y jóvenes enrolados en distintos cárteles cumpliendo distintas funciones: de vigilantes, de sicarios, de operadores.

La organización Save the Children argumenta que los niños, adolescentes y jóvenes que son absorbidos por la delincuencia organizada entran en el rango de víctimas por el solo hecho de ser niños y adolescentes; y las bandas criminales han encontrado el medio para obligar a menores de edad a realizar trabajos forzados, ser esclavos del narco, ya sea vía rapto, engaño o coerción; acompañados en gran parte con violencia física y emocional.

Sin embargo existen otro tipo de reclutamientos de niñas, niños y adolescentes, favorecidas por complejas condiciones sociales que incluyen la omisión de los adultos en su obligación de protegerlos. Lo que sucede es que, en el seno familiar es permisible que los niños estén al servicio de un grupo delictivo, ya sea para pagar alguna deuda de los padres y/o como proveedor económico de su familia; incluyendo dentro de la vida diaria, ir a la escuela, dormir en casa y jugar con sus amigos.

Los menores de edad implicados en delitos graves, como homicidio, secuestro, violación, entre otros, reciben penas como un efecto ejemplificador; sin embargo lo que realmente se necesita es la prevención y erradicación del fenómeno “reclutamiento forzoso” de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la revista Proceso en la edición especial número 34 evidenció que “en Ciudad Juárez los niños de 8 años aprenden a defender su territorio y los adolescentes se unen a pandillas que obedecen a alguno de los cárteles que se disputan plazas”. Mientras estos adolescentes “juegan” a ser sicarios, los más pequeños se especializan en la fabricación de armas.

A escala nacional el caso que más ha impactado a la sociedad fue el de Édgar Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, de 14 años de edad, arrestado en Cuernavaca, Morelos, asesino confeso de al menos cuatro personas. Y que en un acto de franca violación a tratados internacionales de protección a la niñez, al momento de su presentación ante los medios fue fotografiado, filmado, poniéndole de espaldas contra la pared, difundiendo su imagen para los noticieros.

Argumentación

Diputadas y diputados, los exhorto a un llamado de conciencia sobre la necesidad de mantener a las niñas, niños y adolescentes alejados del reclutamiento de la delincuencia organizada, asumir un compromiso de sensibilización de protección, rehabilitación y reparación frente a los efectos nocivos que ésta situación tiene sobre sus vidas.

La protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, y reitera que debe recibir del Estado las condiciones necesarias para la procuración de sus derechos.

El pasado 7 de febrero del año en curso, el Senado de la República, determinó retirar la declaración interpretativa que fue interpuesta en el año 2000, contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, al prohibir el reclutamiento y utilización de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas no estatales, en el caso de México el comité de los Derechos del Niño destaca en el caso mexicano a “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU que cita lo siguiente:

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben de ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

2. Los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en n conflicto armado.

Derivado de lo anterior es necesario fortalecer las políticas públicas y establecer programas de prevención y protección ante el reclutamiento forzado de niños, así como implementar nuevos esquemas sociales educativos, que les garantice a estas niñas, niños y adolescentes un futuro diferente.

La elaboración e implementación de políticas eficaces en materia de protección integral de la infancia en el contexto de la delincuencia organizada, requiere no sólo medidas normativas y prácticas por parte de cada estado involucrado, sea de norte, centro y sur.

También demanda la articulación de esas respuestas y la adopción de mecanismos internacionales adecuados. Esto es, el diseño de compromisos, procedimientos y herramientas para su aplicación, que estén dirigidos a garantizar los derechos de los niños migrantes.

Ello incluye la modificación urgente del artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la protección de los infantes y adolescentes en reclutamientos forzados en la delincuencia organizada.

Los niños son herramientas de guerra, esclavos de la delincuencia

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 2l. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá que se vean afectados por

A…

B….

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

(Rúbrica)

La permanencia del arraigo es otro de los frutos podridos del Pacto por México: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

28 de abril de 2013 Boletín de prensa

La permanencia del arraigo es otro de los frutos podridos del Pacto por México: Ricardo Mejía Berdeja

• Voté en contra de mantener el arraigo porque viola los Derechos Humanos.

• Las vidas y la integridad de las personas no es un asunto de negociaciones.

• Seguiremos agotando las vías legales para que la eliminación del arraigo se concrete lo antes posible.

 

La permanencia del arraigo en nuestra Constitución es otro de los frutos podridos del Pacto por México, manifestó el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vice Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, tras la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales del dictamen que mantiene esta figura en la Constitución de la República.

Ante la aprobación del dictamen en la citada Comisión,con 24 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, el suyo, Mejía Berdeja, señaló: “vote en contra de mantener el arraigo porque viola los Derechos Humanos. Las vidas y la integridad de las personas no es un asunto de negociaciones.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales desoyeron las voces autorizadas de los organismos más reconocidos en materia de derechos humanos. Nadie argumentó a favor de esa figura cruenta, pero todos, salvo dos abstenciones y mi voto en contra, respaldaron el dictamen que lo mantiene”.

El también Secretario de Puntos Constitucionales, retomó varias de las recomendaciones que organismos internacionales han hecho sobre la eliminación del arraigo en México “sabemos lo que ocurre con esta figura, ya lo han dicho organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y otros prestigiados organismos nacionales e internacionales en la materia, que el arraigo está vinculado con otras violaciones de derechos humanos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada.”

Ante ello, Mejía Berdeja indicó que en el primer período de sesiones, Movimiento Ciudadano propuso un paquete de iniciativas -las cuales aún no son dictaminadas a diferencia de otras provenientes del Pacto por México- en las cuales se contempla tipificar el delito de tortura, adecuar el delito de desapariciones forzadas a los estándares internacionales; que militares que violen Derechos Humanos sean juzgados en Tribunales Civiles, y la relativa a la eliminación total y absoluta del arraigo, “un día es suficiente para violar los Derechos Humanos, por lo que no hay arraigos buenos ni arraigos malos, en esto no hay medias tintas, ni posiciones tibias, se está a favor de los Derechos Humanos o en contra de ellos”, indicó.

Mejía Berdeja denunció que “se ha caído en las presiones de un ministerio público incapaz y corrupto y se ha mantenido una figura que atenta contra el debido proceso y la presunción de inocencia. Una figura que viola los derechos humanos y que ha provocado torturas, tratos vejatorios e inhumanos, además de lastimar no solo a quien la sufre sino a sus familiares y seres queridos”.

El propio Ejecutivo Enrique Peña Nieto planteó en la estrategia nacional de seguridad el tema de la protección de los derechos humanos como prioridad y esto no ha quedado mas que en una postura demagógica, en tanto que el Procurador Jesús Murillo Karam en un principio estaba a favor de su desaparición ante su pobre eficacia y las implicaciones en la violación de derechos humanos y  ahora cambió su postura, indicó Mejía Berdeja.

Por último, el legislador reiteró el compromiso que Movimiento Ciudadano tiene con el respeto irrestricto con los Derechos Humanos, por lo que seguirán agotando las vías legales para que la eliminación del arraigo se concrete lo antes posible. “Es parte de nuestra agenda legislativa y este tema tan sensible no está sujeto a negociación”, concluyó.

Pacto por México una relación sado-masoquista

Ricardo-Mejia-Berdeja-Pacto-Por-Mexico

 

El Pacto por México se ha convertido en un lastre para la democratización del país y en una muralla de contención del diálogo social. Es un cónclave cerrado en el que se definen temas y leyes por encima del Congreso de la Unión y de la interacción con los sectores sociales involucrados en las reformas que se construyen.

Es mentira que en el Pacto por México se construyen acuerdos en beneficio de la población: es un instrumento para imponer un proyecto entreguista y excluyente; es un supremo poder conservador que ha servido para edificar el culto a la personalidad del Ejecutivo y es, sin duda, la palanca de la restauración autoritaria del PRI de hoy.

El Pacto por México se ha convertido en un aparato de legitimación para dar la imagen de que se avanza en el país cuando sus primeros productos, como la reforma educativa, han generado más problemas que soluciones.

De manera centralista desde el Pacto por México se imponen leyes, se pisotean los procedimientos parlamentarios en la Cámara de Diputados y se dicta línea para reprimir movimientos sociales. Es un instrumento del fascismo y de la anti política, es el “ni los veo, ni los oigo” de este nuevo salinismo autoritario e inconsulto.

En ese contexto, la Cruzada Contra el Hambre es la versión moderna de aquel programa “Solidaridad” que se implementó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por eso, los partidos que han acompañado al gobierno federal (PRD y PAN) en la construcción de este supra poder no pueden llamarse a engaño cuando su aliado, el PRI, manipula los programas sociales desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para comprar votos, como en el caso Veracruz, pero lo mismo sucede en todas las entidades con elecciones. Se alían con el diablo y se quejan de sus pecados.
Ante ello, hemos señalado que por congruencia ante lo que han llamado un atropello electoral y la utilización perversa de la Cruzada Contra el Hambre bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, el PAN y el PRD deben romper el Pacto por México, de lo contrario todo será nada más que una desavenencia coyuntural.

Se enojan en el día y como buen matrimonio se contentan en la noche, pero peor sería que estemos hablando de una relación sadomasoquista en la que uno (el PRI gobierno) golpea y se ensaña, y el otro (PAN – PRD) disfruta de estas agresiones.

Es momento de la congruencia y de tomar decisiones políticas. Por eso en Movimiento Ciudadano decidimos no sumarnos al Pacto con México y con la autoridad moral de no avalar sus decisiones pedimos a Enrique Peña Nieto el cese inmediato de su cargo a Rosario Robles Berlanga, así como del coordinador de delegaciones de la Sedesol (o mejor dicho PRIdesol) Pedro de León Mojarro, y de los delegados estatales con antecedentes de ser operadores políticos del PRI.

Twitter: @RicardoMeb
Columna escrita para ADN Político.

Los periodistas están sujetos a las asechanzas del crimen y de gobernantes que no gustan de la crítica a sus acciones

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abril de 2013

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Read More

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGJ para resolver las desapariciones de los estudiantes en Coahuila

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA A QUE AGILICE LAS INVESTIGACIONES Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN EN EL CASO DE LOS CUATRO ESTUDIANTES  DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, DESAPARECIDOS EN DÍAS RECIENTES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente.

 

Exposición de motivos

El deber primordial de un gobierno que se precie de ser democrático y de derecho es la protección de sus ciudadanos, carecería de sentido cualquier otra actividad gubernamental si no se garantizan la libertad y la seguridad de sus habitantes.

Tenemos serias dudas de que el Gobierno de Coahuila cumpla cabalmente con ese deber, la violencia y los actos criminales son nota cotidiana, parecería que hay que convivir irremediablemente con eso, no es ocultando y minimizando los hechos violentos como se puede atender tan grave problemática.

La nueva estrategia del Gobierno Federal se encuentra encaminada de manera preponderante a modificar la percepción de los ciudadanos, pero eso ni mejora las cosas ni resuelve el problema.

Baste solo un ejemplo, en la región de la laguna se han presentado más de 50 homicidios en lo que va del mes de abril 13 de ellos ocurrieron tan solo en un fin de semana.

El pasado jueves 11 de abril, tras haber concluido las clases del turno nocturno de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), cuatro estudiantes de séptimo semestre, desaparecieron, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

“Los estudiantes desaparecidos son Cecilia Picazo, de 21 años; Marlyn Arleth Peña, de 20; Cintia Rivera, de 24 y Carlos Núñez Ferruzca, de 22, quienes iba a bordo de un Stratus propiedad (de éste último). El automóvil fue encontrado posteriormente quemado y con impactos de bala en una brecha del Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, de Monclova.

Pese a que familiares de los jóvenes desaparecidos, dieron cuenta a las autoridades y levantaron la denuncia desde el viernes 12, este hecho se dio a conocer públicamente hasta el pasado lunes 15, cuando “en conferencia de prensa, Juan José Yáñez Arreola, Subprocurador para la Investigación de Personas No Localizadas de la PGJE, en compañía del delegado Santos Vázquez, aseguró que  ya se trabaja en la localización de los jóvenes como una desaparición y no como secuestro puesto que no ha habido petición de rescate.”

Asimismo, “fuentes extraoficiales señalaron que el coche en el cual iban los estudiantes fue localizado pero no dan detalles para no entorpecer las investigaciones,” a la par de que “en redes sociales, una compañera de los estudiantes subió fotografías de los jóvenes e hizo un llamado a la búsqueda.”

A pesar de que la comunidad universitaria de dicha Facultad ya fue interrogada sobre lo ocurrido y que “fuerzas federales y del estado mantienen una búsqueda e investigación del caso con presencia en la ciudad de decenas de agentes provenientes de Saltillo y agentes especializados en Atención en Crisis”, aún no se tienen indicios del paradero de los jóvenes estudiantes y de la posible línea de investigación del caso.

Asimismo, es necesario, insistir en la urgencia de actuar en la zona de La Laguna frente al estado crítico de violencia que persiste, un ejemplo de ello es que tan sólo “el fin de semana se registraron 10 asesinatos en Coahuila y dos en Durango”, lo cual demuestra el incremento de los hechos violentos en la entidad, y ahora mayormente enfocados a víctimas jóvenes, resultado de la fallida o nula estrategia del Estado para combatirlos.

Ante la desaparición de los cuatro jóvenes, activistas se manifestaron por medio de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en la entidad (Fuundec) y emitieron un comunicado en donde instaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coordinar esfuerzos para la búsqueda y localización la localización con vida de los estudiantes.

A la fecha la autoridad encargada de procurar justicia en el estado ha atendido este caso como un asunto de desaparición, cuando existen evidencias que indican a la intervención del crimen organizado en las referidos hechos.

De manera reciente la detención de algunas personas indican que la privación de la libertada de los jóvenes estudiantes fue llevada a cabo por un grupo del crimen organizado, por lo que resulta urgente que a las tareas de investigación de la autoridad estatal se una la Procuraduría General de la República, ejerciendo la facultad de investigación que le otorga el artículo 73 fracción XXI y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Las últimas noticias que se han dado en relación de los jóvenes  desaparecidos es que Policías estatales y federales capturaron en distintos hechos a cinco “halcones” de Los Zetas que vigilaron a un grupo armado que disparó contra el auto donde viajaban cuatro estudiantes de la Universidad de Coahuila desaparecidos, informó este 20 de abril la vocería de Seguridad estatal.

Los detenidos están acusados de “halconeo” y manifestaron que la noche del jueves 11 de abril integrantes de su organización criminal perpetraron un ataque con armas de fuego contra los estudiantes que se desplazaban en un automóvil Stratus, al confundirlos con integrantes de un cártel rival.

En sus declaraciones ante las autoridades, mencionaron que después del ataque llegaron más personas para remolcar el vehículo hasta la comunidad de Estancias.

Sin embargo, dijeron desconocer qué pasó con los estudiantes, ya que ellos sólo estaban ubicados en un perímetro para vigilar los movimientos del Ejército, Marina, Policía Federal y Policía Estatal que patrullan en Monclova. Por lo que los jóvenes siguen desaparecidos.

Por ello, nos sumamos a las voces de familiares y amigos ante esta exigencia, especialmente para generar las condiciones de seguridad que se le ha robado a esta zona desde hace ya varios años y presentamos a esta Asamblea la siguiente resolución con

Punto de Acuerdo

PRIMERO. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila a que agilice las investigaciones del caso de los cuatro estudiantes  de la Universidad Autónoma de Coahuila, desaparecidos en días recientes en la ciudad de Monclova Coahuila.

SEGUNDO. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de que ejerza la facultad de atracción a que se refieren los artículos 73 fracción XXI de la Constitución general de la República y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y atraiga la Averiguación Previa Penal iniciada con motivo del caso de los cuatro estudiantes  de la Universidad Autónoma De Coahuila, desaparecidos en días recientes en la ciudad de Monclova Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2013.