Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: mayo 2013

Comisión Permanente aprueba exhorto para investigar el uso electoral de programas sociales en el estado de Coahuila

Palacio Legislativo de San Lázaro

29 de mayo de 2013

Boletín de Prensa

Comisión Permanente aprueba exhorto para investigar el uso electoral de programas sociales en el estado de Coahuila.

• Buscarán indagar el uso electoral de los Comités de Política Popular y Acción Social, conocidos como  COMPPAS, por parte del gobierno de Coahuila.

• Esta acción se suma a la denuncia penal presentada en contra de Rubén Moreira.

El pasado 8 de mayo, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo exhortando “a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados a garantizar unas elecciones libres y auténticas, así como a abrir la investigación correspondiente al caso de los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS), en el estado de Coahuila”, turnada a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Un día después, Mejía Berdeja, acudió a la Procuraduría General de la República a presentar, a nombre de los Diputados de Movimiento Ciudadano, una denuncia penal en contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y de quien resultara responsable por delitos electorales, peculado, uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos a favor del PRI. La denuncia penal está en curso, y próximamente será ratificada por los diputados de Movimiento Ciudadano.

En seguimiento al Punto de Acuerdo presentado por el legislador, la Comisión Permanente aprobó hoy, exhortar a “la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial para darle seguimiento a los procesos electorales del Senado de la República, realicen la investigación correspondiente con relación a los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS) en el estado de Coahuila, y en caso de resultar la posible comisión de delitos electorales se informe a la instancia correspondiente.”

“Celebramos que la Comisión Permanente haya aprobado el Punto de Acuerdo que permita abrir la investigación sobre los COMPPAS, sin embargo en Movimiento Ciudadano buscaremos que estas denuncias sean retomadas por la FEPADE que depende de la PGR, al ser el órgano encargado de dar seguimiento a los delitos electorales y hacemos un  llamado a que actúe con diligencia, ya que el proceso electoral está en curso y falta un poco más de un mes para las elecciones” indicó el Diputado Mejía Berdeja.

Uno de los argumentos para aprobar dicho exhorto radica en que Diputados y Senadores coincidieron en que los programas sociales no pueden ser utilizados para comprar, coaccionar y manipular el voto, así como que los blindajes electorales “no sólo deben ser una serie de declaraciones de las autoridades y de acuerdos entre las fuerzas políticas. Es importante que las autoridades electorales investiguen y atiendan las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales con fines electorales.” Se debe cumplir con la ley electoral, ésta no está sujeta a acuerdos políticos, enfatizó el promovente.

Por último, Mejía Berdeja, señaló que este es un paso para evitar que los partidos políticos, en este caso el PRI, se vean beneficiados por el uso de los programas sociales y se pretendan manipular los resultados de la elección, pero que no quitarán el dedo del renglón hasta que los responsables sean juzgados por las autoridades correspondientes y la ciudadanía tenga completa confianza en que se hará valer la voluntad popular.

PDA para exhortar al gobernador del estado de Hidalgo a liberar a los presos políticos del municipio de Progreso de Obregón

Ricardo-Mejia-Berdeja-Movimiento-Por-La-Dignidad-De-Progrreso

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO A LIBERAR A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, Y RETIRAR CARGOS CONTRA INTEGRANTES DEL “MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD DE PROGRESO”, Y AL CONGRESO DEL ESTADO A RESOLVER A LA BREVEDAD EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL ALCALDE DE ESE MUNICIPIO, ALFREDO ZUÑIGA AVILÉS.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace más de un año, en enero del 2012, en el municipio de Progreso de Obregón se vive una situación de ingobernabilidad al no poder sesionar el cabildo de manera ordinaria por conflictos políticos que no han sido atendidos y han ido escalando, al grado de haber ya detenidas cinco personas y perseguidas otros quince integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso”, que por el tipo de delitos infundados que se les imputan, se pueden considerar presos y perseguidos políticos.

Esta situación en el municipio ha generado una prestación deficiente de los servicios y desarrollo de obras por parte del Ayuntamiento, así como la operación irregular de programas y presupuestos públicos, siendo la población de Progreso de Obregón los principales afectados ante la indiferencia del conflicto por parte del Gobierno y Congreso estatales.

El problema se generó a raíz del incumplimiento por parte del alcalde Alfredo Zúñiga Avilés, de programas aprobados por la mayoría del cabildo en el presupuesto municipal para el 2012, destinados a un plan de alimentación para beneficiar  permanentemente a 500 familias con hijos que cursan la educación básica, con problemas de alimentación.

Después de que el presidente municipal se opuso a la implementación de dicho programa y desconoció el presupuesto de egresos aprobado por mayoría en el cabildo, dejo de presentarse a las sesiones de cabildo, habiendo sido convocado en 20 ocasiones.

Se documenta además, que el alcalde continua en activo, laborando al frente de la Escuela Primaria de la SEP “La Patria es primero” en la Comunidad de Conejos del municipio de Atotonilco, Hidalgo. Situación irregular que aunada a su inasistencia a las sesiones del Ayuntamiento, éste decide por mayoría, el 30 de agosto del 2012, solicitar al Congreso del Estado de Hidalgo sancionar al alcalde por faltas graves a la ley orgánica municipal e iniciar procedimiento de juicio político en su contra, denuncia que fue ratificada el 3 de septiembre.

Posteriormente a la presentación de la denuncia de juicio político contra el alcalde, hay un enfrentamiento verbal en la calle entre el alcalde y regidores que interpusieron la denuncia, quienes se ven apoyados por ciudadanos que aprovechan para exigir al alcalde el cumplimiento de sus promesas de campaña, el alcalde se tiene que retirar del lugar.

A raíz de estos hechos se organiza el “Movimiento por la dignidad de Progreso” en el que participan tanto los regidores y síndico del municipio, como pobladores que están desesperados ante la inacción del gobierno municipal, y deciden como primer acción hacer una clausura simbólica del Palacio Municipal.

Estos dos hechos son usados por el Presidente Municipal, Zúñiga Avilés, para querellarse por el delito de secuestro agravado, y a través  del Secretario Municipal, inicia una denuncia por despojo agravado ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

Pasaron los meses, sin que las denuncias en contra de los integrantes del Movimiento por la dignidad de progreso tuvieran efecto. Sin embargo, el detonante se da cuando, en la visita del gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruíz, el 28 noviembre del 2012 al municipio de Mixquiahuala integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso” se manifestaron para pedir la destitución del Alcalde Alfredo Zúñiga Avilés, pues seis días después de esa manifestación se giraron ordenes de aprehensión contra 20 de sus integrantes, por las denuncias puestas desde septiembre por el alcalde y su secretario, por secuestro y despojo agravado.

De las 20 órdenes de aprehensión que se giraron contra integrantes del “Movimiento por la Dignidad de Progreso” el 19 de diciembre se ejecutaron cinco ordenes de aprehensión, los quince restantes se encuentran prófugos, de ellos siete no estuvieron presentes en los hechos que denunció el presidente municipal, pero sí en la manifestación frente al Gobernador. Lo que es una evidencia de que se usa la procuración de justicia para un ajuste de cuentas político, y tanto las personas detenidas, como los prófugos deben considerarse presos y perseguidos políticos del gobierno del Estado de Hidalgo.

De acuerdo a definición de organismos internacionales de Derechos Humanos, un preso político o prisionero político es cualquier persona física al que se mantenga en la cárcel o detenido de otra forma, por ejemplo bajo arresto, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea. Muchos de los prisioneros considerados políticos por grupos activistas son calificados por los gobiernos a los que se oponen de “terroristas” o “subversivos“.

En consecuencia, rara vez una autoridad estatal admite la existencia de presos políticos; los críticos del gobierno aducen que los procedimientos legales empleados están solamente diseñados para ocultar la condición de preso político. Esto puede incluir la invención de cargos criminales, o la negativa de beneficios concedidos otros presos en situación semejante, así como la aplicación de poderes especiales, como el estado de excepción. En el caso de los detenidos del “Movimiento por la Dignidad de Progreso” es evidente la invención de cargos y la negativa a garantizar un proceso justo.

Además es de destacarse, que entre los hechos denunciados por el presidente municipal y la orden de aprehensión pasaron más de tres meses, nunca se les notificó del inicio del procedimiento en su contra y fueron detenidos con lujo de violencia siendo trasladados de manera directa al CERESO de Pachuca, Hidalgo, donde los jueces se declararon incompetentes de conocer el caso  y dictarles auto de formal prisión sin haber cumplido en término de las 72 horas, haciéndolo además al inicio del período vacacional de los juzgados, por lo que hasta enero se les dio entrada a los expedientes.

Al día de hoy, a más de cinco meses, están recluidos en el CERESO de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, en el juzgado penal de primera instancia, sujetos a procedimiento judicial por las causas penales 5/2013 por delito de secuestro agravado, y 21/2013 por despojo agravado:

1.- Adrián Eslava Barrera

2.- José Luis Hernández Uranga

3.- Santos Ramírez Mendoza

4.- Martin Osorio Pérez

5.- Venancio Eusebio Zamorano

Todos estos hechos ocurridos en el Municipio de Progreso de Obregón, no pueden seguirse ignorando y pretendiendo que se opera con normalidad democrática. Es un hecho latente que existe un grave problema político desde hace más de un año, lo que tiene  a la población de ese municipio en la ingobernabilidad, sin que el Congreso de muestras de tomar cartas en el asunto para resolver el conflicto.

Además, es lamentable la situación a la que el gobierno del Estado de Hidalgo se ha prestado para usar la procuración e impartición de justicia con fines políticos, lo que lejos de resolver el problema añade elementos de incertidumbre y autoritarismo frente a un conflicto que en principio tuvo que tener una salida política, pero que ha sido llevada al extremo.

Hoy en día la población se encuentra enfrentada por esta situación, además de que, en los hechos, el Ayuntamiento no funciona desde que inicio el conflicto hace más de un año. Por lo que es una situación que no puede seguir esperando una solución, ya que los principales afectados son los pobladores de este municipio.

Ante esta situación que requiere de una solución pronta para devolver la normalidad democrática a los pobladores del municipio de Progreso de Obregón, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruíz, a liberar a los presos políticos del municipio de Progreso de Obregón, y retirar cargos contra integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso”.

SEGUNDO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Hidalgo a resolver a la brevedad el procedimiento de juicio político en contra del Alcalde del municipio de Progreso de Obregón, Alfredo Zúñiga Avilés, y a restituir la normalidad democrática para el funcionamiento del Ayuntamiento de ese municipio.

TERCERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar la situación jurídica y la violación a los derechos de los presos y perseguidos políticos integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso” a quienes se les imputan delitos de secuestro y despojo agravados por manifestarse para exigir solución a la ingobernabilidad que se vive en el Municipio de Progreso de Obregón.

Dado en el Senado de la República a los 28 días del mes de mayo de 2013.

PDA para exhortar al Ejecutivo Federal y a la PGR a fin de responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas

Ricardo-Mejia-Berdeja-Ataque-a-Periodistas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE REVISE LOS TRABAJOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A FIN DE RESPONDER A LA EXIGENCIA DE JUSTICIA ANTE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al Tercer Reporte Trimestral, de la organización periodística internacional Artículo 19, sobre las Agresiones contra periodistas y medios en México,“los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 estados de la República y 45.25% de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes.”

Los datos del informe revelan que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el Estado, con el 53.63% de agresiones cometidas por funcionarios públicos, frente a un 15.63% perpetradas por el crimen organizado, siendo este último el que comete las agresiones más violentas.

Por último, Artículo 19 expone la simulación en cuanto al trabajo de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, la cual únicamente, ha integrado 27 acciones penales y sólo ha obtenido una sentencia condenatoria. Estos datos ponen en evidencia la falta de voluntad del gobierno Federal, ya que adicionalmente se tiene la información de que entre 2006 y 2011 el presupuesto de la FEADLE ha tenido una caída de 72.4%, pasando de 2 millones 304 mil pesos programados en el primer año del sexenio, a 636 mil 740 pesos en 2011; en donde hubo un subejercicio de 91.79% en 2010. Lo que refleja sin duda la poca efectividad de la fiscalía, pero también el desinterés por una atención eficaz a delitos cometidos contra periodistas, teniendo por resultado que lejos de disminuir las agresiones vayan en aumento. La impunidad es un incentivo para que se cometan delitos pues no tienen castigo.

Asimismo, y en la búsqueda de justicia y porque estos hechos no queden impunes, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), en conjunto con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Club Primera Plana, realizan un monitoreo e informe permanente sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en México, en el que se tienen registrados hasta el presente mes que “en lo que va de la actual administración pública federal, (van) nueve homicidios […] con el secuestro y muerte del joven Ángel Humberto Marín Licona, hijo del periodista Antonio Marín Cardín, reportero y jefe de redacción del jefe Notiver de Veracruz”.

“También, en este mismo período, han ocurrido tres desapariciones forzadas: dos trabajadores de prensa y un trabajador radiofónico de Coahuila, ocurrida el 30 de abril pasado”.

Estos datos demuestran la trágica realidad que acosa al periodismo en México, lejos de atenderse el problema en el gobierno que encabeza Peña Nieto, la violencia contra periodistas va en aumento, tanto en número como en agresiones violentas. El periodismo en México es cada vez más una de las actividades más peligrosa incluso más que en países en situación de guerra.

De igual manera, datos de este informe revelan que en la llamada “docena trágica”, es decir de 2000 a 2012, ocurrieron 119 asesinatos, 30 en el sexenio de Vicente Fox Quesada y 89 en el de Felipe Calderón Hinojosa.

Resulta alarmante el incremento en el número de casos en donde el desempeño de labores es motivo para que se atente contra la integridad física de quienes integran el gremio periodístico y de sus familias. Por un lado, se tiene el registro de 37 periodistas asesinados de 1983 a 1999, mientras que “desde 2000 a la fecha suman 128 homicidios atentatorios, todos,  a las libertades de Prensa y Expresión y el Derecho a la Información: 105 trabajadores de la prensa; 9 familiares y 3 amigos de comunicadores, y  un civil; asimismo, aumentaron a 21 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar.”

Sobre las desapariciones forzadas pendientes de aclarar, el último caso que se tiene registro es el ocurrido el pasado 30 de abril, en donde el director del Grupo Radio Grande Coahuila y conductor de noticias; Gerardo Padilla Blanquet, “fue desaparecido, al parecer por haber sido testigo de la agresión a su colega reportero, Milton Andrés Martínez”.

Por ello, reiteramos que el Estado Mexicano, debe ser garante, conforme a las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, y en este tenor de lo establecido en el artículo sexto constitucional, el cual expresa:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

De igual forma, y en el entendido de que, México, al firmar y ratificar diversos tratados internacionales en la materia, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; está obligado a generar y propiciar los espacios y mecanismos para que, en este caso, quienes ejercen el periodismo, no sufran ataques de ninguna índole causados por el ejercicio de la libertad de prensa y expresión; evitando así, que ésta sea una libertad coartada o acotada por ciertos intereses.

Ya bien lo establece el Pacto de San José, al contemplar que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos […] encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

Conocemos los riesgos que periodistas y medios tienen al ejercer su trabajo, sabemos y condenamos los ataques sucedidos en instalaciones de medios como en Torreón o en Guadalajara, donde en semanas pasadas periódicos locales sufrieron atentados en sus instalaciones, resultado de la ola de inseguridad e inacción del Estado mexicano. Insistimos, la impunidad es un incentivo para la comisión de delitos.

Una de las características que demuestran el status de un Estado democrático, es la forma en que los derechos y libertades se ejercen, reconocemos a la libertad de expresión como uno de los pilares de una sociedad igualitaria y democrática, por lo que es urgente atender la situación de violencia, agresiones y medidas de coacción que impidan el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa que el Estado debe garantizar.

Es importante puntualizar, que las agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, no sólo son aquellas que se expresan de manera violenta, también presionar sobre los contenidos puede considerarse una forma de violencia, así como la misma ineficacia de las autoridades se convierte en violencia institucional pues además de que se manda un mensaje de impunidad también se amedrenta al quehacer periodístico, pues no se le dan garantías para su ejercicio pleno.

En ese sentido, sin duda un tema de urgente atención es la procuración de justicia, a fin de detener la ola de violencia contra los periodistas, pero del mismo modo es importante que haya una política de Estado, que tenga como objetivo garantizar la libertad de prensa y expresión, para ello se requiere se implementen acciones y mecanismos que configuren una política pública que tenga como ejes la prevención, atención y sanción de todos los tipos de agresiones y violencia contra los periodistas.

Ante ello, y reiterando nuestro compromiso por hacer efectivos los mecanismos para que los lineamientos establecidos en el artículo sexto constitucional y en los diversos tratados internacionales que ha firmado el país en la materia se cumplan, y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se implementen las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión, y para detener la ola de violencia y delitos contra periodistas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República para que revise los trabajos de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, en miras de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada con el fin de responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas.

 

Dado en el Senado de la República a los 28 días del mes de mayo de 2013.

Iniciativa para tipificar el delito de facilitación de información con fines delictivos “halconeo”

Ricardo-Mejia-Berdeja-Fuerza-Economica-De-La-Delincuencia-Organizada

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 129 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN l INCISO (4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES.  

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN l INCISO (4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia relacionada al crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que horada la paz social.

Hoy en día la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

La delincuencia organizada ha causado desplazamiento en los estados mayormente afectados por las actividades de los cárteles de la droga, tales como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

La captura o muerte de grandes capos del narcotráfico en México ha dado pie para el surgimiento de células delictivas que han expandido sus actividades hacia el secuestro, extorsión y halconeo. Este último  considerado y reconocido como la herramienta que les facilita la información para la ejecución de los delitos a los miembros de la delincuencia organizada.

El “halconeo” es una analogía sobre el ave depredadora que sigue a su presa hasta atacarla con velocidades que llegan a los 300 km/h. En el argot delincuencial coloquialmente “halconear” es acechar, vigilar, alertar y espiar. En los cárteles de droga que asolan México y varios países de Centroamérica, el halcón es uno de los eslabones más bajos dentro de la organización delictiva, se ocupan de informar las actividades de las autoridades policiales y de sus competidores de los otros cárteles.

Los halcones se encargan de obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación de las actividades y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, minando de manera considerable la eficacia de dichas fuerzas de seguridad.

Sin embargo el llamado halcón: persona que espía, asecha, y/o vigila a las fuerzas policiales, y militares, para favorecer al crimen organizado; hasta la fecha no es considerado como un delincuente, ya que dentro de la legislación federal vigente no se encuentra tipificada dicha figura.

Desafortunadamente la “ola” de violencia que se vive hoy en día a manos del narcotráfico, se ha adueñado de los espacios de la sociedad tanto públicos como privados, por lo que resulta inaceptable que los tres niveles de gobierno muestren tal procrastinación para reformar leyes y códigos que erradiquen con certeza nuevos delitos.

Un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades aunado a la desigualdad económica que persiste entre los jóvenes, es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para unirse a las filas de grupos criminales, al convertirse en blancos perfectos para realizar este tipo de conductas antisociales, en éste caso como halcones.

ARGUMENTACIÓN

El constante cambio y el desenvolvimiento social en nuestro país requieren que la legislación contemple el reto que significa actualmente la diversificación y la aparición de nuevas conductas delictivas. Algunas representan etapas claramente definitivas de preparación, ejecución y desarrollo de los crímenes, cuya complejidad para su persecución y sanción coloca a la figura de autoridad en una posición difícil y en constante compromiso para no afectar la legalidad y la seguridad jurídica de la sociedad.

Por lo tanto y como consecuencia a los altos índices de violencia en los que actualmente nos encontramos inmersos como sociedad, y las distintas manifestaciones de ella, emana el deseo de mejorar la situación como nación, lo que  nos ha llevado a legislar con el fin de erradicar nuevas figuras delictivas implementadas por la delincuencia organizada.

En algunos estados como Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, tan sólo por mencionar algunos que se han visto la imperiosa necesidad de reformar sus respectivos Códigos penales para prevenir y aplicar penas ejemplares, lo cual abona a tipificar nuevos tipos penales.

Tal es el caso del estado de Coahuila tipificando el delito de facilitación delictiva, mejor conocido como “halconeo”, mientras que Nuevo León lo tipifica bajo el nombre de delitos cometidos contra Instituciones Oficiales y Servidores Públicos, por su parte Quintana Roo lo identifica como el uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia.

Por lo tanto cabe recalcar que la tipificación y concepto de los tipos penales o la definición del delito, como la mayoría de las instituciones legales, son objeto de permanente transformación. La acción punitiva del Estado ha transitado por un proceso que resulta insuficiente para las actuales circunstancias de la realidad nacional en materia de procuración de justicia.

Los tres niveles de gobierno, son los responsables de la eficiente conducción de las políticas públicas para la prevención y procuración de la seguridad pública, por lo tanto sigue latente el reto de combatir y erradicar la delincuencia organizada.

En el Código Penal Federal el delito de espionaje sólo castiga cuando un extranjero proporcione información a una nación extranjera con el propósito de una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. También castiga al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana. Y finalmente, castiga al que teniendo conocimiento de las actividades de una espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Esta actividad delincuencial llamada “halconeo” ya se castiga y se encuentra tipificada en los códigos penales de ciertos estados con penas que oscilan entre los 2 a los 15 años de prisión. Lamentablemente los estados severamente golpeados por el narcotráfico como Michoacán y Guerrero no han tipificado aún el delito de “halconeo” es su respectivo Código Penal.

Por lo tanto se propone la tipificación del delito de facilitación de información con fines delictivos dentro del Titulo primero capítulo ll del Código Penal Federal, para fortalecer el estado de derecho en materia de seguridad pública con el fin de hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en este delito.

México, según el Índice de Paz Global 2012, se encuentra en el lugar 135 en escala mundial. En 2007, año en que por primera vez se hizo el IPG, México ocupaba la posición 78 de 120; en 2008, el 91 de 138; en 2009, el 107 de 143; en 2010, el 105 de 148; y en 2011, el 119 de 153. Hoy en día nuestro país se ha convertido en uno de los países del mundo con mayor delincuencia organizada y niveles de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, además de sufrir un proceso donde el poder está tomado por “actores criminales”.

La delincuencia organizada se mantiene en el país como una gran fuerza económica con alta concentración armas de fuego y una creciente sociedad con niños y jóvenes delincuentes.

Es importante señalar que no se está castigando o violando los derechos de cualquier persona que obtenga información, como la labor que desempeñan los periodistas, ya que dentro del cuerpo de la iniciativa se especifica que con la tipificación de este delito se castigara a las personas que acechen, alerten, vigilen o realicen cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REMORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 129 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN l INCISO (4 DEL CÓDGIO DE PROCEDIMIENTOS PENALES RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 129 Bis del Código Penal Federal, y 194 fracción l inciso 4) del Código de Procedimientos Penales recorriendo los subsecuentes.

Artículo 129 BIS.  Al que aceche, alerte, vigile o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información privilegiada de las Instituciones de Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, o de procuración de justicia, para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva. Se impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces de salario mínimo.

Las penas a las que se refiere el párrafo anterior se aumentarán en una mitad más cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o a personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio más, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación definitiva, cuando el delito sea cometido por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia se trate de personas morales y del personal en general que brinden o hayan brindado servicios de Seguridad Privada.

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero;

2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

4) Facilitación de información con fines delictivos.

 

TRANSITORIO

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de Mayo de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

Los casos de Granier, Moreira y Sabines, ejemplos de la peor corrupción e impunidad: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

26 de mayo de 2013

Boletín de Prensa

 

Los casos de Granier, Moreira y Sabines, ejemplos de la peor corrupción e impunidad: Ricardo Mejía Berdeja

  • Las deudas estatales enfocadas en su mayoría al saqueo y al desfalco de las finanzas públicas.
  • En estos días ratificarán denuncia penal en contra de Rubén Moreira.
  • El México de los intocables más vigente que nunca.

El hallazgo de más de 88 millones de pesos en efectivo, en una propiedad de José Saiz Pineda, ex Secretario de Finanzas de Tabasco durante la administración de Andrés Granier confirma que fue un gobierno dedicado al saqueo criminal y a la corrupción, señaló el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien demandó, ante estos hechos, que “se actúe con todo el peso de la ley, en contra del ex gobernador y quienes resulten responsables en este caso”.

Andrés Granier, junto con Humberto Moreira de Coahuila y Juan Sabines de Chiapas, son una triada de delincuentes, ahora ex gobernadores, que incrementaron exponencialmente las deudas en sus estados y se caracterizan por la utilización patrimonialista y corrupta del presupuesto público, afirmó Mejía Berdeja.

Este asunto del ex tesorero tabasqueño es un caso burdo y cínico de la corrupción, el saqueo y la impunidad. Pero hay otros, de igual o mayor magnitud, como el de Javier Villarreal, quien fuera tesorero con Humberto Moreira y se encuentra prófugo, a quien se le han encontrado propiedades en Estados Unidos y dinero procedente del erario coahuilense. Su cinismo es tal, que además de que falsificaron documentos del Congreso Local de Coahuila, imprimieron periódicos oficiales falsos de aquella entidad para cometer sus atracos y endeudar por años a Coahuila, indicó Ricardo Mejía.

“Una de las promesas de campaña de Peña Nieto fue el combate a la corrupción, ya en el gobierno dijo que no habría intocables, ahora es necesario que responda y se tomen las medidas necesarias para que casos como el de Andrés Granier o los hermanos Moreira no queden impunes, no puede ejercerse una justicia selectiva y sólo juzgar a quienes representan un ajuste de cuentas político, como en el caso de Elba Esther Gordillo, de otra manera, el México de los intocables seguirá más vigente que nunca”, señaló el legislador.

Mejía Berdeja, recordó las grabaciones en donde el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, hacía alarde del número de zapatos, camisas y trajes que tenía, así como de diversas propiedades y viajes al extranjero, “con cada día que pasa se suman nuevas pruebas que evidencian el desvío de recursos y lavado de dinero de su administración, ¿qué falta para proceder en su contra?, ¿acaso es parte de las negociaciones oscuras del Pacto por México?”, cuestionó.

Asimismo, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó “Movimiento Ciudadano ha señalado en reiteradas ocasiones cómo la deuda pública y el desfalco en los estados y municipios, producto de la corrupción, han desembocado en la falta de mejoras en las condiciones de vida de las y los mexicanos, es inaceptable la manera burda con la que saquean y se enriquecen unos cuantos a costa del erario.”

Mejía Berdeja, precisó que lo de Tabasco, “es sólo la punta del iceberg de lo que ocurre en el país, recordemos la crisis por la que atraviesa Coahuila causada por el Moreirato y el velo de impunidad que protege a Humberto Moreira, quien ahora vive como rey en España, y ha gozado del encubrimiento y el solapamiento de su hermano Rubén, que actualmente funge como gobernador del estado.”

Para concluir, Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que en estos días, legisladores de Movimiento Ciudadano, habrán de ratificar la denuncia penal que interpusieron ante la Procuraduría General de la República, por la comisión de delitos electorales y otros ilícitos, en contra del Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. De igual manera, expresó se integrarán nuevos elementos a la denuncia penal contra el mandatario coahuilense.

Nuestra ventaja es contar con el respaldo de la gente que quiere que las cosas mejoren para Torreón: Raúl Sifuentes Guerrero

Palacio Legislativo de San Lázaro

23 de mayo de 2013

Boletín de Prensa

 

Nuestra ventaja es contar con el respaldo de la gente que quiere que las cosas mejoren para Torreón: Raúl Sifuentes Guerrero

  • Raúl Sifuentes se registró hoy como candidato ciudadano a la alcaldía de Torreón por Movimiento Ciudadano y el PSD.
  • Al registro lo acompañaron su esposa, el vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Diputado Ricardo Mejía Berdeja, y simpatizantes.
  • Mejía Berdeja informó que se ratificará denuncia contra el gobernador Rubén Moreira, pues siguen usando programas sociales con fines electorales.

Hoy se realizó el registro de Raúl Sifuentes Guerrero, como  candidato ciudadano a la presidencia municipal de Torreón por Movimiento Ciudadano y el PSD,  acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC).

Durante el registro, Raúl Sifuentes estuvo acompañado por su esposa y por el vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, diputado Ricardo Mejía Berdeja, así como por varios simpatizantes y ciudadanos que apoyan su candidatura. El registro se dio en un ambiente de gran ánimo y entusiasmo. “Raúl presente, mañana presidente” – expresaban simpatizantes.

Durante su registro, Raúl Sifuentes manifestó su agradecimiento a Movimiento Ciudadano y el Partido Social Demócrata por que le brindaron la confianza y lo postularon como candidato ciudadano, y se comprometió a trabajar intensamente durante la campaña para hacer llegar el mensaje a la ciudadanía de que su candidatura es la opción real de cambio para recuperar la seguridad y prosperidad de Torreón.

Raúl Sifuentes aclaró que de ninguna manera se siente en desventaja ante los otros candidatos, sino todo lo contrario, pues hay un enorme descontento con los priistas y panistas. “Nuestra ventaja es contar con el respaldo de la gente que quiere que las cosas mejoren para Torreón” afirmó.

En declaraciones al final del registro, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló que en próximos días ratificarán la denuncia contra el gobernador de Coahuila, Rubén  Moreira, pues cada día cuentan con más pruebas de la operación política del gobernador para manipular la votación a favor de candidatos del PRI.

Por último, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que el PRI y el gobierno del estado siguen utilizando los programas sociales para comprar votos y presionar a los electores, “el supuesto blindaje electoral, no es más que una de las tantas tomaduras de pelo de los Moreira” enfatizó.

Exhorta Cámara de Diputados al Director General de PEMEX a explicar la relación de la paraestatal con Mexicana de Lubricantes: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

19 de mayo de 2013

Boletín de prensa

 

Exhorta Cámara de Diputados al Director General de PEMEX a explicar la relación de la paraestatal con Mexicana de Lubricantes: Ricardo Mejía Berdeja

  • Incomprensible que se mantenga esta relación comercial a pesar de las irregularidades y daños en contra de PEMEX.
  • Propondremos medidas sustantivas para terminar con la corrupción, tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder en el sector energético, comenzando por PEMEX.

 

Ante el reconocimiento de las irregularidades de la relación comercial entre Petróleos Mexicanos y la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, comentó que es “cínico e incomprensible que aún así, PEMEX haya restablecido relaciones con Mexicana de Lubricantes, poniendo como condición peticiones ingenuas de que se mejoren los controles de vigilancia, la rendición de cuentas y el desempeño de la empresa.”

En septiembre de 2012 el entonces Director de PEMEX, Juan José Suárez Coppel, por medio del apoderado legal de la empresa decidió extrañamente un “borrón y cuenta nueva” y dieron por finiquitados, a través de un convenio, diferentes procesos legales que enfrentaba la paraestatal con la administración de la empresa Mexicana de Lubricantes, enfatizó Ricardo Mejía, quien coordina el grupo de trabajo para revisar los manejos comerciales, financieros y económicos de PEMEX creado en la Cámara de Diputados.

El también Secretario de la Comisión de Energía, presentó un Punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado el 29 de abril en el pleno de la Cámara de Diputados, antes de finalizar el segundo período ordinario de sesiones, en el que se “exhorta al Director General de PEMEX; al Consejo de Administración; al Órgano Interno de Control y a la Secretaría de la Función Pública, para que se haga público el resultado de las investigaciones, procedimientos y denuncias iniciadas en contra de la empresa Mexicana de Lubricantes, con motivo de los presuntos daños o perjuicios ocasionados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios”.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el grupo de trabajo encargada de la revisión de los manejos financieros y económicos de la paraestatal, de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, se estima que,  tan sólo para el cumplimiento de diversos procesos administrativos y legales, derivados de juicios y denuncias,  alcancen en costos reales entre 5 y 6 millones de dólares anuales.

Asimismo, Mejía Berdeja indicó que el exhorto también está orientado a que el Director General de PEMEX, en el caso de ser procedente, tome acciones legales en contra de quienes resulten responsables de haber ocasionado daño a la paraestatal, por la relación con Mexicana de Lubricantes.

“No se puede seguir manteniendo una relación comercial que ha dejado pérdidas por 3,375 millones de dólares durante los 15 años de asociación de Pemex con una empresa que, desde su creación en 1993, ha representado grandes pérdidas y una serie de daños en contra de los recursos del país, es por ello que buscamos se explique el por qué, a pesar de las irregularidades, se restablecieron las actividades con Mexicana de Lubricantes”, señaló.

Por otro lado, el legislador reiteró el compromiso de Movimiento Ciudadano por defender el sector energético nacional de ciertos intereses particulares, a lo cual comentó “sabemos que uno de los grandes pendientes es la reforma energética, por lo que analizaremos y propondremos las medidas sustantivas para terminar con la corrupción, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder en el sector energético, comenzando por PEMEX; no permitiremos que escudados en el Pacto por México se abran la puerta a la privatización abierta o disfrazada de este sector.”

“Los daños económicos que esta asociación de Pemex con una empresa privada han generado en perjuicio de los bienes públicos, es una muestra de lo perjudicial que resulta la estrategia privatizadora y es un argumento poderoso para oponernos con determinación a la intención de privatizar el patrimonio de los mexicanos”, enfatizó.

Finalmente, Mejía Berdeja indicó que el caso de Mexicana de Lubricantes, se suma a los casos de los Floteles de Galicia, al gasoducto Los Ramones, la remodelación de la refinería de Cadereyta y la operación de Mexichem, donde no ha habido transparencia en las licitaciones, hay denuncias de sobornos y quien ha perdido es el interés público. “Basta ver lo ocurrido en el Pajaritos-Mexichem, donde como valor patrimonial de Pajaritos se estableció la cantidad irrisoria de 250 millones de dólares. Con esta alianza Mexichem obtuvo el 56% del complejo, mientras que Pemex se quedó con el 44%. Claramente, esto se traduce en una obtención ilimitada de ganancias para la empresa particular”.

El problema de Petróleos Mexicanos es que ha habido un gran saqueo y negocios al amparo del poder, mientras sigan los atracos la empresa no podrá alcanzar los niveles de productividad, de rentabilidad y de eficiencia que el país requiere, hay que acabar con la corrupción imperante, concluyó Ricardo Mejía Berdeja.

Movimiento Ciudadano presenta iniciativa para crear el Instituto Nacional Electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro

13 de mayo de 2013

Boletín de prensa 

Movimiento Ciudadano presenta iniciativa para crear el Instituto Nacional Electoral.

  • Diputado Ricardo Mejía Berdeja, promueve la creación de un Instituto Nacional que organice las elecciones locales y federales.
  • Necesario renovar el organismo electoral para garantizar  los principios rectores de la democracia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad: Ricardo Mejía Berdeja

En la sesión del pasado miércoles, 8 de mayo, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, junto con su Coordinador, Diputado Ricardo Monreal Ávila, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de ley que reforma los artículos 41, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los dos últimos párrafos de la fracción V del propio artículo 41 constitucional.

El Diputado Mejía Berdeja planteó que dentro de las reformas en materia electoral que se han realizado desde 1997, el camino hacia la consolidación de la vida democrática en nuestro país no ha sido ascendente, y por el contrario siempre está en riesgo de retrocesos importantes, particularmente a raíz de los procesos electorales del 2006 y 2012 que han dejado profundas cicatrices en la vida política de nuestro país.

Debido a ello, puntualizó que hoy en día el Instituto Federal Electoral carece de credibilidad y confianza en gran parte de la ciudadanía, lo que pone en duda su papel en el desarrollo de las elecciones y requiere se busquen nuevas formas de organización que garanticen los principios democráticos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En razón de ello, una de las modificaciones más importantes que plantea Mejía Berdeja, es cambiar al Instituto Federal Electoral, por un nuevo organismo que se denominaría “Instituto Nacional Electoral”, haciendo hincapié en que el término nacional unifica la atribución en toda la entidad mexicana, modificando solamente la palabra federal que alude a una distribución de competencias.

Con esta reforma se busca que el órgano encargado de organizar supervisar y validar las elecciones, sea la única autoridad nacional en la materia, a fin de evitar la duplicidad de funciones y aparatos burocráticos federal, estatales y del Distrito Federal, destacó el legislador de Movimiento Ciudadano.

Dicha iniciativa, afirma Mejía Berdeja, “no es un voto de confianza al Instituto Federal Electoral, sino que se propone la creación de una nueva autoridad electoral que organice comicios a nivel nacional, tanto locales como federales, y demás ejercicios de participación ciudadana, que conduzca de manera homogénea los criterios y disposiciones legales para el desarrollo de los procesos electorales”.

La necesidad de homologar el desarrollo democrático en todo el país, nace de las desigualdades con las que se han conducido los Institutos electorales locales, la mayoría de ellos subordinados a los gobernadores y caciques, por lo que se propone que el “tema de la unificación competencial en materia administrativa electoral sea sustancial e indispensable para continuar con el desarrollo democrático del país”.

Por último, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, señaló la importancia de avanzar en una nueva institución en materia electoral, y comentó que  “como legisladores nos corresponde velar por la existencia de instituciones acordes al desarrollo integral del país, es por eso que estamos obligados a hacer las modificaciones pertinentes, tal es el caso de lo que ahora proponemos con el Instituto Nacional Electoral en miras de avanzar en la vida democrática del país.”

Iniciativa que reforma los art. 41,115,116 y 122 de la constitución. Referente al cambio de nombre del IFE

Ricardo-Mejia-Berdeja-Instituto-Nacional-Elecciones

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 41, 115, 116 Y 122 Y SE DEROGAN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V DEL PROPIO ARTÍCULO 41,DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 41, 115, 116 Y 122 Y SE DEROGAN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V DEL PROPIO ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al tenor del siguiente.

Planteamiento del problema

A lo largo de los años y en diferentes países, la democracia ha sido identificada con valores humanistas de la cultura occidental como la equidad, la libertad, el pluralismo, la participación popular, pero también con características de la sociedad y la economía que parecen contradictorias, como el capitalismo, la propiedad privada, la manipulación de las masas a través de los medios o la cooptación clientelar de los movimientos sociales.

Estas circunstancias han venido generando, desde hace algún tiempo, un cierto desaliento difuso y algunas actitudes y condiciones de lo que podría llamarse cansancio de la democracia representativa, lo que nos obliga como representantes populares a practicar una revisión minuciosa de las instituciones fundamentales de naturaleza electoral, cuya operatividad vaya de la mano con el desarrollo integral del país, y el cumplimiento de sus fines no se convierta en una carga económica excesiva, sin diezmar que se garanticen plenamente los derechos político electorales de los ciudadanos.

Es un hecho innegable, que existe una cierta atmósfera de descalificación implícita o explícita de todo aquello que suene a representación electoral, a actividades de partido o a militancia política.

Lo preocupante, es que vivimos en un sistema de democracia representativa de partidos.

Por consiguiente, si ese cansancio no se refiere a éstos o aquellos representantes sino a la idea misma de representación o si esa suerte de desconfianza no se expresa respecto de éste o aquel partido, sino frente a la noción misma de partido, el problema puede ser de cierta gravedad. Porque lo que nos aburre entonces, no son ciertas jugadas repetitivas y trilladas de unos u otros, sino el sentido mismo del juego y de las reglas que lo organizan.

Esta circunstancia, nos obliga a reflexionar si la distribución competencial que impera en materia administrativa electoral es la adecuada para nuestro desarrollo democrático.

El tema de la unificación competencial en materia administrativa electoral es sustancial e indispensable para continuar con el desarrollo democrático del país, ya que la misma función realizada por diferentes autoridades en el ambito de su competencia ha mermado la credibilidad de la ciudadania en las autoridades electorales, sobre todo en las locales.

Por consiguiente, se propone la creación de una sola autoridad electoral que organice comicios y demás ejercicios de participación ciudadana, que privilegie la actividad electoral administrativa con una aplicación homogénea de criterios y disposiciones legales.

El Instituto Federal Electoral, es el órgano administrativo electoral que tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por ello se considera importante el cambio del nombre, para que facilite la identificación del nuevo y único órgano administrativo electoral, bajo el titulo de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, modificando solamente la palabra federal que alude a una distribución de competencias, por el término nacional que unifica la atribución en toda la entidad mexicana.

ARGUMENTACIÓN

La serie de reformas electorales efectuadas en nuestro país, de 1977 a la fecha, han dejado pendientes que es importante resolver, para continuar con el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Uno de los rasgos que se ha abandonado por parte del legislador, es lo atinente a generar instituciones jurídicas especializadas para celebrar las elecciones constitucionales.

Si bien es cierto, en este momento nos encontramos transitando hacia una reforma que genuinamente fortalezca las instituciones electorales, también es cierto que ésta debe buscar que el órgano encargado de organizar supervisar y validar las elecciones en el ámbito administrativo, sea la única autoridad nacional en la materia, a fin de evitar la duplicidad de funciones y aparatos burocráticos federal, estatales y del Distrito Federal, cuyo costo lacera significativamente la economías estatales de nuestro país.

Las atribuciones exclusivas que ya detenta el Instituto Federal electoral como lo son los casos de ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, así como, de su competencia exclusiva en materia de régimen sancionador electoral, para garantizar la anterior atribución; aunado a la elaboración del padrón electoral que es utilizado para todo tipo de elecciones que el Instituto Federal Electoral elabora y mediante convenio es utilizado en las elecciones locales, son ejemplos de la viabilidad de tener una autoridad única en la materia administrativa electoral.

Lo anterior de ninguna manera trastoca el sistema federal, como un sistema de distribución de responsabilidades de política pública entre diferentes autoridades, pues como lo sostiene Garmendia: “Este nuevo federalismo ha realizado cambios importantes respecto del antiguo en todos lo países occidentales: las competencias exclusivas han pasado a segundo plano y las más importantes son ahora las compartidas; se han multiplicado los órganos mixtos de la federación y de los Estados; las grandes inversiones se realizan a través de la planificación conjunta, etc. Mientras que en el pasado la actuación separada de la federación y de los Estados era suficiente para gobernar, en la actualidad se precisa la concertación entre ambas instancias para hacer frente a las complejas tareas de las instituciones públicas. Esta fuera de toda duda que el federalismo más eficaz que hoy existe en el mundo occidental es de tipo cooperativo e intergubernamental”[1].

En efecto, la instauración del Instituto Nacional Electoral, refleja al nuevo modelo jurídico que representa el Estado constitucional de Derecho en el sentido de que el Estado se encuentra obligado a garantizar la protección de los derechos fundamentales, al ser éstos la piedra angular del sistema jurídico.

Resulta entonces que el Instituto Nacional Electoral, será la instancia encargada de velar y garantizar la función Estatal de organizar las elecciones, fortaleciendo de este modo los principios constitucionales de la democracia, al realizar la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de las Estados parte del Pacto Federal, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. 

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 41, 115, 116 Y 122 Y SE DEROGAN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V DEL PROPIO ARTÍCULO 41,DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

Artículo único: Se reforman los artículos 41, 115, 116 y 122  y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V del propio artículo 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, de conformidad con la demarcación territorial que corresponda a su registro.

II. ..

III. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a)  A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b)  … – f) …

 

g)    Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a)          –   c)

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Nacional Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV.          …

V. La organización de las elecciones federales y locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados federales y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, gobernadores, diputados locales e integrantes de ayuntamientos, jefe de gobierno y jefes delegacionales en los estados y el Distrito Federal, respectivamente; así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

(se deroga)

(se deroga)

VI.          …

Artículo 115.

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. – VII.

VIII. La ley introducirá el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Artículo 116.

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I.       …

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

II.         …

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale la ley;

III.        …

IV.        Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) – c)

d)      El Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

e) – j)

k)      El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l)     …

m)   …

n)    …

Artículo 122.

Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga toda disposición legal contraria al presente ordenamiento.

TERCERO. Adecúese la brevedad, la normatividad complementaría, incluyendo lo relativo a los partidos políticos con registro en los Estados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de Mayo de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA


[1] Ernesto Soto Reyes Garmendia, “Federalismo, sociedad y globalidad: los retos del porvenir”, Revista Política y Cultura, número 25, primavera 2006, P. 41.