Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: junio 2013

PDA para solicitar a SEGOB que inicie procedimiento para emitir Alerta de Género en Morelos (Dictamen)

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las mujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que en el ámbito de sus atribuciones analice la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria de alerta por violencia de Género en el Estado de Morelos.

Así mismo, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para que en el ámbito de sus atribuciones y de resultar legalmente procedente, coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en las últimas fechas en la entidad. 

Dictamen completo.

 

PDA para exhortar al Gobierno del Estado de Jalisco implemente las medidas necesarias en materia de seguridad para prevenir, los casos de desaparición forzada (Dictamen)

Punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de jalisco para que implemente las medidas necesarias en materia de seguridad para prevenir la desaparición forzada de personas en la entidad, e instruya a la fiscalía general del estado para que investigue y dé solución al alto número de casos de personas desaparecidas en esa entidad, así como al congreso del estado de jalisco para armonizar la legislación para prevenir, atender y sancionar los casos de desaparición forzada.

Punto de Acuerdo para exhortar a Rubén Moreira Valdez, a abstenerse de perseguir políticamente a sus opositores

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA, RUBEN MOREIRA VALDEZ, Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREÓN, EDUARDO OLMOS, A ABSTENERSE DE USAR LAS FUERZAS PUBLICAS ESTATALES O MUNICIPALES PARA AGREDIR, PERSEGUIR, AMEDRENTAR O INTIMIDAR A ADVERSARIOS POLÍTICOS DURANTE EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado sábado, 22 de junio, Óscar Sánchez Ramírez, candidato a regidor por Torreón en la planilla de Movimiento Ciudadano – PSD, que encabeza Raúl Sifuentes Guerrero, fue sustraído de su domicilio, por hombres armados, vestidos de civil, y llevado a bordo de una camioneta RAM, a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, sin una orden de presentación y sin dar a conocer los motivos de su detención. Cuando su familia dio aviso de esta detención, tanto el candidato Raúl Sifuentes, como el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, acudieron a las instalaciones de la Policía Municipal de Torreón, donde el Director Teniente Adelaido Flores Díaz, negó tener detenido a Óscar Sánchez, no obstante que éste se encontraba dentro de las oficinas de esta institución.

 

Mientras se le intentaba trasladar de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a otro lugar desconocido, Óscar Sánchez fue rescatado por el propio Raúl Sifuentes, quienes ante la persecución policiaca tuvieron que refugiarse en la XI región militar de Torreón, Coahuila.

 

Óscar Sánchez, aseguró que hace algunos días llegaron hasta su casa varias personas allegadas al PRI, que le pidieron que regresara al PRI donde había militado, a lo cual se negó, por lo que cree que su detención sea en represalia. Aseguró, asimismo, que unos 10 días antes, su hermano José Luis Sánchez, fue levantado de la plaza principal del Ejido La Paz por un grupo de personas, entre ellas, Adelaido Flores, Director de la Policía Municipal.

 

Este hecho, se suma al ocurrido el pasado 1º de Mayo, cuando José Luis Dovalina, coordinador de la campaña de Raúl Sifuentes Guerrero a la alcaldía de Torreón por Movimiento Ciudadano, fue detenido por agentes de la policía ministerial del Estado por conducir supuestamente un vehículo robado. Al no poder probarle las imputaciones de la policía ministerial, fue liberado después de casi 24 horas de interrogatorios y amenazas.

 

 

Estos hechos no son aislados, ni es una casualidad que las fuerzas ministeriales o de seguridad pública estatal o municipal estén involucradas en las detenciones arbitrarias de activos políticos importantes de la campaña del candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Torreón, Raúl Sifuentes, pues su actuación tiene evidentemente como fin la intimidación y persecución política ante el importante posicionamiento que ha adquirido la propuesta ciudadana que representa Raúl Sifuentes en la región.

 

 

Lo lamentable, es que a estas alturas, se pretenda utilizar con fines de persecución política a las fuerzas que deberían estar encargadas de brindar seguridad a los habitantes de la zona lagunera atribulada por la ola de violencia y la inseguridad. Peor aún, es que Gobernadores, como Rubén Moreira, y el Presidente Municipal de Torreón, Eduardo Olmos, pretendan por la vía de la intimidación y amedrentamiento hacer frente a sus adversarios políticos en este proceso electoral, ante el evidente fracaso y desprestigio del candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Miguel Riquelme.

 

La actuación de las fuerzas de seguridad pública estatal y municipal, al mando de Rubén Moreira y Eduardo Olmos, no sólo representan un riesgo grave a la integridad física de los candidatos de oposición y sus familias, sino que ponen en riesgo la legitimidad de la elección.

 

La constante intervención electoral del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ponen en riesgo las elecciones en el estado y vulneran los esfuerzos por avanzar por la vía democrática en la reconstrucción del tejido social de la zona lagunera, gravemente lastimada por la inseguridad y la corrupción. Cabe recordar, que a la fecha se encuentra una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en contra del Goberador de Coahuila, por el uso con fines electorales de programas y recursos públicos federales y estatales a través de los Comités de Política de Asistencia Social (COMPPAS), que debe ser considerada por esta soberanía para exhortar al gobierno de Coahuila a dejar de intervenir en el proceso electoral, pues su actitid está desbocando el proceso en la entidad.

 

Desafortunadamente para la democracia en nuestro país, este tipo de situaciones no son hechos aislados, en todos los lugares donde se desarrollan elecciones se tiene conocimiento de diferentes anomalías, derivadas particularmente de la intención de los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno de intervenir en los procesos electorales para tratar de influir en los resultados de la elección.

 

 

Por ello, y tomando en consideración que de acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de Gobernación, es la responsable de la política interior en el país y cin ello de atender el desarrollo político y coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la unión y de los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho, consideramos procedente que esta Comisión Permanente acuerde solicitar a la Secretaría de Gobernación tome las medidas conducentes a fin de garantizar que los procesos electorales de este año se desarrollen de manera pacífica y apegados al Estado de derecho.

 

 

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como responsable de la política interior en el país, a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar el desarrollo pacífico de los actuales procesos electorales en las catorce entidades federativas.

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, y al presidente municipal de Torreón, Eduardo Olmos, a abstenerse de usar las fuerzas publicas estatales o municipales para agredir, perseguir, amedrentar o intimidar a adversarios políticos durante el presente proceso electoral en el estado.

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.

 

Punto de Acuerdo para exhortar a la SHCP a ejercer de manera eficiente el gasto público conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EJERCER DE MANERA EFICIENTE EL GASTO PÚBLICO CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, RESOLVER LOS PROBLEMAS PARA SU EJECUCIÓN Y EVITAR SUBEJERCICIOS PRESUPUESTALES.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En pasados días, se dio a conocer por parte del Grupo Financiero Banorte-Ixe, un análisis en el que se registra un subejercicio del gasto público durante el primer trimestre de 2013, el cual representa la peor situación al inicio de un sexenio desde 1995, año en el que país se encontraba inmerso en una crisis económica; aunado a la conjugación de varios factores, particularmente una caída en el sector industrial, que han desembocado en que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) sea de apenas 0.8 por ciento en el primer trimestre del año, muy por debajo de lo proyectado, teniendo que ajustarse a una proyección del 3.1% de crecimiento anual.

El artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define al subejercicio, como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, del incumplimiento de las metas contenidas en los programas o de la falta del compromiso formal de su ejecución.

Las tres principales áreas en donde se concentran este tipo de acciones, de acuerdo a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, son: fideicomisos, mandatos y análogos; organismos y empresas del sector público y bancos de desarrollo.

Este fenómeno  ha servido de manera recurrente para que autoridades hacendarias y servidores públicos ejerzan gastos con propósitos distintos a los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Diversos organismos empresariales han alertado sobre este escenario, alegando que dicho subejercicio es resultado de una mala planeación y representa un agravante del estado actual de la economía mexicana y sobre todo ante la negativa por parte del gobierno federal por admitir tal situación y de manera contraria, asegurar que tal fenómeno es un proceso inherente al inicio de cada administración.

Aunado a la política ejercida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) respecto al subejercicio del gasto público, lo cual afecta seriamente a la población y a la disminución en las expectativas generadas al inicio del sexenio, por ejemplo en la generación de empleo o en el número y monto de inversiones.

Esta situación es grave debido a que se viene cargando con una tendencia de subejercicio del gasto público, que afecta el desarrollo de programas y políticas públicas de atención directa a la ciudadanía. Así tenemos que el gobierno de Felipe Calderón cerró su sexenio con un subejercicio de casi 84 mil millones de pesos, acentuándose en los ramos de Educación, Salud, Comunicaciones, Ciencia y Tecnología, Defensa Nacional y Marina.

Aunado a esto, en el 2012, 11 secretarías de Estado registraron subejercicios por más de 28 mil 339 millones 400 mil pesos del Presupuesto de Egresos que les fue asignado para programas.

Entre enero y marzo de 2013, el gasto público presentó un importante descenso del 10.4 por ciento, comparado con cifras del mismo período del sexenio de Felipe Calderón con 5.5 por ciento; el de Vicente Fox con 2.8 e incluso con la caída del 4.2 por ciento en la administración de Ernesto Zedillo.

Tal caída representa casi el doble de lo que especialistas en la materia esperaban para el primer trimestre de la actual administración; por lo que resultaría altamente predecible que en el segundo trimestre del año tampoco se obtengan los resultados optimistas que se preveían desde un inicio, generando un panorama negativo sobre la situación económica del país.

De esta manera, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador Empresarial, calculó que el monto ejercido de enero a abril fue de 63mil 100 millones de pesos menos que el programado, “y el subejercicio del gasto llegó a los 20 mil millones de pesos respecto al primer cuatrimestre de 2012.”

Cabe destacar que este subejercicio afecta de manera más directa a las secretarías que están relacionadas con las inversiones y la aplicación de programas de desarrollo social y regional, de esta forma la Secretaría de Agricultura presenta un subejercicio del 24 por ciento; mientras que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es del 36; otras de las dependencias más afectadas son la Secretaría de Turismo con 52 por ciento; Medio Ambiente con 23 y Economía con 11.

Asimismo, esta situación ha afectado la operación de aproximadamente 30 mil empresas que proveen productos y servicios a dependencias gubernamentales, mismas que han presentado un retraso, de al menos 60 días, en el cobro de sus facturas.

De esta forma y considerando que tales empresas, en su mayoría, son micro, pequeñas y medianas (mipymes), las cuales generan siete de cada diez empleos formales, representando así el eje más importante dentro del sistema productivo nacional, resulta urgente que, a sabiendas de las dificultades que se presentan en el inicio de cada administración, se tomen las medidas necesarias para frenar el subejercicio en el gasto público y detonar el crecimiento económico del país.

Ante ello, cabe destacar que de acuerdo a los datos presentados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en mayo de 2013, se crearon tan sólo 6 mil 929 nuevos empleos, lo cual demuestra el freno que actualmente padece la situación económica y que afecta de manera contundente a miles de familias mexicanas.

Ante tales consideraciones, es inevitable concluir que la reducción en el gasto gubernamental no sólo impacta negativamente en los servicios públicos, los programas sociales y las actividades administrativas desarrolladas por el Estado, sino que también equivale a inducir, desde el poder público, una contracción en el conjunto de la economía nacional.

Peor aún, la reducción en el flujo de presupuesto público amenaza con añadir elementos de descontento social en la frágil estabilidad política. Es de mencionar, por ejemplo, la protesta de cientos de campesinos que realizaron una marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en demanda de un pacto por el campo y en reclamo por los rezagos en la aplicación del presupuesto asignado a los programas rurales. Pues ante las condiciones climáticas que viven grandes zonas del país por la sequía, los recursos para el campo que se deberían estar invirtiendo desde el presupuesto público federal, siguen sin bajar, ubicando a los campesinos en peores condiciones, a la ya de por sí crisis recurrente que se vive en el campo mexicano.

Es obligado preguntarse, ante los elementos de juicio mencionados, si el subejercicio en el gasto es signo de descuido e ineficacia en la actual administración federal –lo que de suyo sería muy grave– o si obedece en cambio a un inexplicable designio de retrasar la urgente reactivación económica.

En dicho tenor y comprendiendo los graves riesgos que representa la falta de estrategias claras frente al panorama, nada alentador, para la economía mexicana, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

 

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejercer de manera eficiente el gasto público conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, resolver los problemas para su ejecución y evitar subejercicios presupuestales.

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.

Iniciativa que busca combatir y erradicar el delito de extorsión

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los niveles de criminalidad que azotan a nuestro país se hacen más visibles a causa de las diferentes modalidades en las que se hace presente el crimen organizado, cuyo  hilo conductor es la intimidación y altos grados de violencia.

Paralelamente a la sensación social de inseguridad e incertidumbre, los grupos delictivos utilizan los adelantos científicos y nuevas tecnologías para aplicarlos a sus operaciones delictivas  obteniendo así mayores índices de precisión en los mecanismos de actuación con un incremento efectivo de resultados.

A estas alturas no hay duda que la violencia asociada al narcotráfico se ha incrementado en México y de modo particular en Tamaulipas, Michoacán, y Guerrero. Aunado a una serie de reclamos de la sociedad que ha atestiguado y sufrido ésta violencia sin acciones efectivas.

Las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal para desarticular a las organizaciones criminales que pelean el control del mercado y acceso a nuevas formas y modalidades de delitos como: asesinatos, robos, secuestros y extorsiones entre otros delitos, han sido un total fracaso, ya que carecen de los instrumentos mínimos de medición e identificación para reconocer que existen diversos grupos delictivos organizados.

Una de las prácticas de estos grupos delictivos se encuentra  tipificada en el Código Penal Federal, el delito de extorsión el cual se define como: un hecho punible, que consiste en obligar a una persona, a través de la intimidación o violencia, a realizar un acto con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

Hasta el surgimiento de nuevos y numerosos grupos delictivos, es que se hace una práctica común de estos, a pesar de que ya existir este delito era ejercido por pocos. La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, tanto para otros carteles, como para sus extorsionados con nuevas modalidades, por vía telefónica donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no se paga determinada cantidad de dinero, por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado “cobro de derecho de piso”, “cobro de protección”, que va desde cinco mil pesos a 50 mil pesos al mes.

Estas peligrosas bandas criminales actúan donde saben que tienen la protección de las autoridades, por lo que cuentan con zonas delimitadas para sus operaciones.

Este delito ha lastimando de manera significativa la actividad comercial; con mayor incidencia en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa,  Durango y Guerrero, con un mayor número de denuncias por tal práctica delincuencial.

De 2006 a 2011 se tienen registradas en los ministerios públicos 24 mil extorsiones, de las cuales se estima que 50% pueden ser por cobros de derecho de piso o venta de protección, aunque esa cifra, es poco representativa ya que se estima que sólo se denuncia 10% de los casos, por lo que éstos podrían alcanzar hasta los 240 mil.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante enero y febrero de 2013  se denunciaron 263 mil 359 delitos en total ante las 32 Procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal, un 3.2% menos que los 272 mil 94 reportados en el mismo periodo de 2012.

Con 960 denuncias, la incidencia del delito de extorsión también aumentó un 13% respecto al año pasado, cuando hubo 849, según las estadísticas del SNSP.

Sólo Colima, Nayarit, Tlaxcala y el Estado de México no reportaron al SNSP haber recibido denuncias por el ilícito, el cual tuvo una mayor cifra de casos en el Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Puebla.

¿Cómo opera el delito de extorsión?

Mediante amenazas directas a las víctimas y sus familiares, como consecuencia de tal hecho si estas no pagan y cumplen con la respectiva cuota de protección o derecho de piso, serán acreedores a una represaría más fuerte como: levantones, golpizas, secuestros, y muertes.

Las víctimas de este delito pueden ser desde comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e incluso los delincuentes piden cobro a casas o zonas habitacionales.

Este delito va acompañado de un sin número de corruptelas donde se encuentran involucrados de forma directa o indirecta policías municipales estatales y federales, por lo tanto se encuentra vulnerado el Estado de derecho.

Debemos tener muy presente que el tema de la inseguridad en México es latente, la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, aunado a esto los delitos relacionados al narcotráfico cobran mayor visibilidad, creando nuevos delitos o nuevas modalidades de estos. Y qué decir de la debilidad estructural del gobierno y el involucramiento de las corporaciones policiacas, las cuales han sido penetradas por la delincuencia organizada, la inoperancia del estado mexicano de ejercer control territorial.

Es una lucha despiadada por parte de las bandas criminales, atemorizando y saqueando a la ciudadanía en general, a través del delito antes mencionado y de otros más. El objetivo de esta iniciativa es hacer notar que conforme avanza la delincuencia se crean más delitos, por tanto se debe ampliar la tipificación del delito de extorsión aplicando penas más severas y sin distinción alguna.

ARGUMENTACIÓN

Derivado de lo anterior se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal en su artículo 390, para fortalecer el estado de derecho y subsanar lagunas legales en dicho ordenamiento legal, con el fin de consignar y sentenciar a los delincuentes que cometen dicho delito.

El delito de extorsión es un delito considerado de alto impacto, que se perpetra bajo diversas modalidades donde lleva implícita la amenaza por parte de grupos del crimen organizado de llevar a cabo la quema de comercios o negocios si no se paga la cantidad que exigen, “derecho de piso”, o por “cobro de seguridad”, o “cobro por protección”; como sucedió en 2011 con el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con las denuncias presentadas por civiles ante procuradurías por el delito de extorsión en diversas modalidades, el

Estado de Morelos ocupa el primer lugar en ilícitos al presentarse 34 acusaciones por cada 100 mil habitantes.

En ese mismo orden de ideas, la organización delictiva que lleva acabo extorsiones y ha quemado más negocios por incumplimiento en el pago de cuotas es los Zetas. Le sigue el cártel del golfo y en tercer lugar se ubica la línea y bandas que operan para el Cártel de Juárez.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de extorsión, contemplando las diversas modalidades para cometerlo.

Debe de haber mano dura en la persecución y sanción de delito, ya que, las víctimas son obligadas a actuar de determinada forma, con base en el miedo a que algo les suceda a ellas o a su familia, afectándose no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, ya que la psicosis generada las obliga a cambiar de hábitos, de trabajo o incluso de residencia. Siendo además muy común que el extorsionador vuelva a buscarlos.

De esta manera, el delito de extorsión es uno de los delitos que más daña a la persona y a su entorno, y de los que más se duele la sociedad.

Es imprescindible combatir y erradicar este delito con medios legales más eficaces y severos, a fin de lograr su disminución y, con ello, el aumento de la confianza de la población para denunciarlo, evitando una posible revictimización.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 390 y adicionan las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll del Código Penal Federal.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral, se le aplicarán de cuatro a quince años de prisión y de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de multa.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de salario, cuando en la comisión del delito:

I.- Intervenga una o más personas armadas o portando instrumentos que puedan poner en peligro la vida;

II. Se emplee violencia;

III. El autor del delito se ostente por cualquier medio como miembro de la delincuencia organizada, en los términos de la ley de la materia;

IV. El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de seguir obteniendo, en forma continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito;

V. Se cometa por vía telefónica, cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza.

VI. Si el sujeto activo del delito de extorsión, se encuentra privado de su libertad personal;

VII. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una persona mayor de sesenta años;

VIII. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de manera definitiva para desempeñar cargos o comisión públicos.

 

TRANSITORIO

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.

Punto de Acuerdo para exhortar a la FEPADE a iniciar la investigación correspondiente ante la operación político electoral, de un presunto funcionario del SAT en Papantla, Veracruz

 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES A INICIAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE LA OPERACIÓN POLÍTICO ELECTORAL, DE UN PRESUNTO FUNCIONARIO DEL SAT EN PAPANTLA, VERACRUZ.

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En el marco de los catorce procesos electorales que se llevan a cabo en diversas entidades del país y pese a los supuestos blindajes electorales acordados por parte de los partidos políticos que integran el Pacto por México y por los gobernadores; es por demás conocido que no han cesado la compra de voluntades, el uso de recursos públicos y programas sociales con fines electorales y un sinfín de delitos electorales, exacerbados por el influyentismo y cacicazgo de diversos funcionarios públicos.

Recordemos lo que ocurre en entidades como Coahuila, donde desde el pasado mes de abril se conformaron, en un hecho de gran cinismo político, los Comités de Política Popular y Acción Social (COMPPAS) a los cuales, el gobernador de la entidad, Rubén Moreira, tomó protesta en un acto enarbolado de tintes priístas-electorales, obteniendo ventaja de la administración de los programas sociales a nivel estatal con miras de lograr beneficios evidentemente clientelares; por ello y por otros delitos electorales, esta Honorable Asamblea, aprobó en semanas recientes un exhorto para iniciar una investigación al respecto.

 

En este sentido, cabe destacar uno de los argumentos en el que tanto Diputados como Senadores coincidieron, y es el relacionado con que los programas sociales no pueden ser utilizados para comprar, coaccionar y manipular el voto, así como que los blindajes electorales “no sólo deben ser una serie de declaraciones de las autoridades y de acuerdos entre las fuerzas políticas. Es importante que las autoridades electorales investiguen y atiendan las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales con fines electorales.”

 

En dicho tenor, en pasados días se tuvo el conocimiento que el Sr. Erick Domínguez, en su calidad de Director del Departamento de Ejecución y Embargos del Servicio de Administración Tributaria, brinda apoyo de manera ilegal, a Marcos Romero, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Papantla, Veracruz.

Dicho apoyo se ha manifestado en la facilitación de recursos materiales como trailers cargados de cemento, camionetas, entre otros; generando inequidad en el proceso electoral del municipio.

De esta forma, se da cuenta que pese a las buenas intenciones  de diversos actores para que las elecciones se lleven conforme a lo establecido constitucionalmente, la ciudadanía sigue siendo víctima de las peores formas del actúar político, es decir la compra de la voluntad popular, al coaccionar, manipular y condicionar el voto; por ello y en concordancia con lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha denunciado en diversas instancias, presentamos el siguiente resolutivo con

 

PUNTO DE ACUERDO

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que garanticen unas elecciones libres y auténticas e inicien la investigación correspondiente a los hechos ocurridos en el municipio de Papantla, Veracruz.

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que investigue el caso y proceda de manera correspondiente.

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR aplique las medidas necesarias a fin de garantizar que los servidores públicos de la FEPADE, se conduzcan bajo los principios de honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz en la atención y persecución de los delitos electorales

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA APLIQUE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE), SE CONDUZCAN BAJO LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD DE MANERA EFICAZ  Y EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES.

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El sistema político mexicano ha transitado de un régimen político históricamente hegemónico a un pluralismo partidista que no ha logrado consolidarse. Los intentos de restauración  autoritaria del viejo régimen siguen en marcha en detrimento de nuestra inacabada democracia.

 

 

Sin embargo en nuestra democracia aún en ciernes, se visualiza que  en los últimos años los procesos electorales han estado plagados de irregularidades que derivan en graves problemas de legitimidad, legalidad e ingobernabilidad que hacen imposible garantizar los derechos de los ciudadanos y desestabilizan la vida social, política y económica de nuestro país.

 

 

Contar con el personal capacitado, los instrumentos e instancias que permitan establecer y garantizar una cultura de legalidad e imparcialidad abonará a construir y consolidar un régimen político democrático, capaz de aminorar la desigualdad e inequidad en los procesos electorales que se celebran en este año.

 

 

El andamiaje de instituciones electorales que incluyen a las instancias encargadas de la organización del proceso electoral, las instancias judiciales para garantizar la justicia electoral y los derechos político electorales de la ciudadanía, así como las fiscalías para procurar justicia en casos de delitos electorales son las encargadas de dirigir su actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad de la función electoral.

 

Siendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la encargada de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales, en los casos que resultan de su competencia con el fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales; es menester dotarla de los recursos que  le permitan consumar su actuar bajos los principios antes descritos.

 

La Fiscalía debe actuar de manera imparcial ante la atención de delitos electorales, sancionando y persiguiendo no importando la investidura de quien o quienes hayan cometido  algún delito en materia electoral, sin embargo la autoridad electoral es totalmente omisa al respecto del cauce y resolución ya que es de destacar que dicha fiscalía recibe denuncias, pero sólo inicia averiguaciones previas en  1.43% de los casos  y a penas el 0.2% de las denuncias registra detenciones.

 

Por lo tanto dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función y ejercicio electoral, afectando la imparcialidad y ética que debe estar presente en las próximas elecciones.

 

De tal modo las autoridades deben dar certeza y demostrar que en el ámbito de su proceder cuentan con servidores públicos regidos por principios  éticos e imparciales, que son vistos dependiendo de su actuar como  agentes  generadores de confianza  ó como  punto de ignición para desatar un clima de inseguridad, inestabilidad y  frustración para la ciudadanía; llegando a extremos en los que la sociedad en general podría castigar por propia mano los delitos que no se atiendan de manera correcta por las autoridades competentes.

 

Es de hacer notar que ante la fuerte actividad por los comicios  electorales habrán de  celebrarse en este año, como en los casos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que representan casi la mitad del país y que acudirán de nueva cuenta a las urnas para elegir, el próximo 7 de julio, diversos cargos de elección popular; es que surge la imperiosa necesidad de contar con servidores públicos honestos capaces de perseguir y sancionar los delitos electorales y con ello erradicar la ola de violencia que azota a nuestro país.

 

 

 

Es responsabilidad de esta soberanía velar por el correcto funcionamiento de las instituciones, y en ese sentido estar atentos a que cumplan con las atribuciones que le han sido conferidas.

 

En razón de lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición

 

PUNTO DE ACUERDO

 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta Exhorta a la Procuraduría General de la República aplique las medidas necesarias para que los servidores públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se conduzcan bajo los principios de honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz  y eficiente en la atención y persecución de los delitos electorales.

 

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.

 

Denunciamos persecución política y responsabilizamos de nuestra integridad física al Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira: Dip. Ricardo Mejía Berdeja

_MG_9825

23 de Junio de 2013

Torreón, Coahuila

Boletín de Prensa

Denunciamos persecución política y responsabilizamos de nuestra integridad física y la de nuestras familias al Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira: Dip. Ricardo Mejía Berdeja.

 

  • Exigimos la renuncia del Alcalde de Torreón, Eduardo Olmos por ordenar al Director de la policía municipal Adelaido Flores que se levantara al candidato a regidor de Movimiento Ciudadano, Oscar Sánchez.
  • En Torreón y en Coahuila no hay gobierno, al frente está Moreira que actúa como delincuencia organizada
  • Hoy en Torreón, Raúl Sifuentes representa una verdadera alternancia política y el fin del Moreirismo en Coahuila.

En rueda de prensa ofrecida por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, con el Candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Torreón, Raúl Sifuentes Guerrero e integrantes de su equipo de campaña, denunciaron el levantón de Óscar Sánchez, candidato a Regidor en esa planilla, por orden del Alcalde Eduardo Olmos al Director de la Policía Municipal, Adelaido Flores.

Este hecho se suma, a la detención arbitraria, hace unos meses, de José Luis Dovalina, coordinador de la campaña de Raúl Sifuentes, por lo que, el Diputado Mejía Berdeja advirtió que desde el Gobierno del Estado, están tratando de intimidar y amedrentar a activos importantes de la campaña de Raúl Sifuentes. “En Coahuila y en Torreón no hay gobierno, lo que hay es delincuencia organizada y al frente están Moreira y Olmos”, indicó Mejía Berdeja.

Raúl Sifuentes y Oscar Sánchez relataron a los medios como el candidato a regidor fue detenido con lujo de fuerza, escondido en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y rescatado por el propio Sifuentes antes de ser trasladado a otras instalaciones, teniendo que huir ante la persecución policiaca y refugiarse en la XI región militar de Torreón. Al respecto, el Diputado Mejía Berdeja Puntualizó la ausencia de motivos para llevar a cabo la detención arbitraria, “no eran las maneras ni las formas, evidentemente se trata de un caso de persecución política”.

Así mismo, el Diputado Mejía Berdeja, condenó el atentado  que sufrió Oscar Sánchez, no sólo por representar un riesgo grave a la integridad física de los candidatos de Movimiento Ciudadano sino porque pone en riesgo la legitimidad de la elección, y demandó “exigimos la renuncia de Eduardo Olmos en su responsabilidad de alcalde, ante los actos de persecución política e intimidación contra nuestro candidato Raúl Sifuentes y su equipo”.

“Responsabilizamos directamente al Gobernador Rubén Moreira Valdez, a Eduardo Olmos Castro, y a Miguel Riquelme de lo que me pase a mi persona, al candidato Raúl Sifuentes, a cada uno de los integrantes de la planilla de Movimiento Ciudadano y a nuestras familias”, señaló Mejía Berdeja.

“Vamos a llevar el tema al Congreso de la Unión para que se exhorte al Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos de  abstenerse de  utilizar a la policía municipal o a las corporaciones de atentar contra candidatos ajenos al Revolucionario Institucional. Se agotarán las instancias porque en ninguna parte del país se están llegando a estos niveles”, argumentó. Comentó además que se trabajará en sintonía con el Coordinador de los Diputados de Movimiento Ciudadano, el Diputado Ricardo Monreal, para hacer la denuncia pública del clima de amedrentamiento e intimidación que se vive en Coahuila.

 Por último, Ricardo Mejía Berderja declaró “es una realidad que estas acciones responden al hecho de que está creciendo la campaña de Raúl Sifuentes, el PRI se siente perdido en Torreón y está intentando amedrentar e intimidar a activos primordiales del proyecto de Raúl Sifuentes. Hoy en Torreón, Raúl Sifuentes representa una verdadera alternancia política y el fin del Moreirismo en Coahuila”.

Link video de la rueda de prensa:

http://new.livestream.com/accounts/4238507/events/2199819

Necesaria una real y profunda reforma electoral que permita contar con instituciones acordes a las demandas ciudadanas: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

23 de junio de 2013

Boletín de Prensa

Necesaria una real y profunda reforma electoral que permita contar con instituciones acordes a las demandas ciudadanas: Ricardo Mejía Berdeja

 

  • No permitiremos que ciertas resistencias frenen el desarrollo democrático del país.
  • La iniciativa de Movimiento Ciudadano para crear el Instituto Nacional Electoral fue presentada con anterioridad a los otros partidos políticos.
  • La discusión de la reforma electoral debe darse de manera amplia, y no cerrarse a los acuerdos que toman dirigentes de los partidos del Pacto.

 

En el marco de las discusiones en torno a la reforma político electoral en el país, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló “lamentablemente la dinámica de estas reformas es que tras cada proceso electoral, se ha parchado parcialmente la ley, en vez de solucionar a fondo los problemas, pues responden exclusivamente a los intereses de ciertos partidos para seguir conservando el poder y no se han correspondido a las modificaciones legales necesarias para avanzar en la consolidación de la democracia, lo que ha provocado la inexistencia de una real y profunda reforma electoral que permita contar con instituciones acordes a las demandas ciudadanas.”

Cabe recalcar que la iniciativa para la creación del Instituto Nacional Electoral fue presentada de manera previa a la abanderada por Acción Nacional, al respecto Mejía Berdeja comentó “nosotros presentamos dicha iniciativa, el 8 de mayo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual busca, entre otras cosas, la creación del Instituto Nacional Electoral, el cual será el organismo que unificará las funciones y atribuciones en materia electoral en el país, permitiendo así el cumplimiento de los principios que todo proceso democrático debe seguir; es decir certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; a la par de eliminar la duplicidad de funciones”. Se trata, dijo, de crear un nuevo Instituto, por ningún motivo se pretende respaldar la actuación del IFE para que se haga cargo de todos los procesos electorales, pues en los hechos, durante los últimos años, quienes integran este organismo han contribuido a la crisis y retrocesos que vive nuestra democracia.

“Para avanzar en estas iniciativas y otras más que hemos presentado en materia electoral, es importante abrir espacios de análisis con la academia, funcionarios electorales, partidos políticos, y especialmente con ciudadanos y ciudadanos interesados en el fortalecimiento de la vida democrática del país, la discusión no se puede cerrar a los acuerdos que tomen los dirigentes de los partidos del Pacto”, puntualizó Mejía Berdeja.

Ante la posible resistencia y organización por parte de los institutos y dirigencias de órganos electorales locales para que la iniciativa mencionada no se materialice, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, remarcó “los institutos locales, salvo algunas excepciones, son organismos al servicio del poder ejecutivo en cada uno de los estados, lo cual significa un freno a la democracia; sabemos que en los últimos días se ha vivido un activismo de estos organismos para que, montados en un falso discurso federalista, defiendan sus espacios por encima de las necesidades democráticas del país.”

Aunado a ello, Mejía Berdeja mencionó “el Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de las elecciones federales y locales, representa la vía frente a caciques y gobernadores delincuentes electorales; no es ninguna sorpresa que algunas personas se sientan aludidas y se sientan en riesgo por los posibles efectos que representa la unificación de funciones en materia electoral, sin embargo no permitiremos que tales resistencias frenen los cambios de fondo que el sistema político electoral mexicano necesita”.

Por último, sobre el uso de programas sociales con fines electorales en los catorce estados donde actualmente hay proceso electoral, el legislador precisó “lo que ocurre con los gobernadores en los estados es el ejemplo más claro de cinismo político, pese a la firma de supuestos blindajes electorales, los cacicazgos no han dejado de jugar con las carencias de los mexicanos en miras de beneficiar a su partido, y los institutos electorales estatales han preferido cerrar los ojos y ser omisos en su obligación de garantizar certeza, equidad y legalidad en la contienda. Movimiento Ciudadano rechaza categóricamente estos hechos por lo que ya hemos presentado las denuncias correspondientes.”

Punto de Acuerdo para garantizar los DDHH y seguridad de migrantes

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REVISAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A EMPRENDER PROGRAMAS Y POLÍTICAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PLENA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL PAÍS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales problemáticas que enfrentan las personas migrantes es la falta de seguridad en su, ya de por sí, peligroso recorrido rumbo al sueño americano; ante ello resulta evidente la creciente ola de violencia en contra de las personas migrantes en su paso por México.

Existe innumerable cantidad de historias que relatan la situación de las personas migrantes que transitan a bordo del tren conocido como “La bestia”, hace algunas semanas dos mujeres centroamericanas fueron baleadas, entre la estación Pakal-Nah y Salto de Agua en el estado de Chiapas, por negarse a pagar la cuota que se les exigía por parte de un comando armado que controla esa región; al igual que ellas un migrante de origen salvadoreño recibió cinco balazos por intentar bajar del tren a dos niños que se reusaron a pagar la cuota; ni qué decir de lo ocurrido con el grupo de centroamericanos que, en Cosoleacaque, Veracruz, fueron arrojados o por propia voluntad saltaron hacia las vías, ante el temor de ser asesinados por un grupo armado que tomó por asalto el tren.

Para dar algunos ejemplos, en marzo pasado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron rescatadas 104 personas migrantes de origen centroamericano; mientras que en días recientes la Secretaría de Gobernación dio a conocer que, tras una denuncia anónima, fueron rescatadas 165 personas que estaban retenidas, en una casa de seguridad en el municipio Díaz Ordaz en el estado de Tamaulipas, donde se les encontró atadas y en un completo estado de insalubridad.

Entre ellas, 77 eran de origen salvadoreño, 50 guatemalteco, 23 provenientes de Honduras, una de la India y 14 connacionales; de las cuales 22 eran menores de edad y había dos mujeres embarazadas; quienes buscaban llegar a Estados Unidos y habían pagado a los llamados polleros para que les brindaran la ayuda requerida.

Aunado a ello, en días pasados, se presentó un nuevo caso en el que, por medio de un operativo, elementos de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Migración rescataron a 58 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y la India, quienes se encontraban cautivas en una casa en el municipio de Nogales, Sonora; entre ellas tres menores de edad.

Si bien, México ya cuenta con una Ley de Migración, así como acciones y programas que buscan mejorar las condiciones de las personas migrantes en el país; está documentado que existen abusos y malos tratos por parte de las autoridades migratorias; lo cual desemboca en la violación permanente de los derechos humanos tanto de extranjeros como de connacionales.

En este sentido, cabe destacar que el Instituto Nacional de Migración ha dado a conocer mediante un comunicado de prensa, que se reforzaría el Programa Paisano, en colaboración con los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, lo cual pretende ser “una estrategia integral de protección a los mexicanos que retornan a nuestro país”, también existe una preocupación latente para quienes, provenientes de otros países, transitan por México resistiendo adversidades como el crimen organizado, los grupos relacionados al narcotráfico; trata de personas y violencia sexual principalmente de mujeres y niñas, extorsiones; entre muchas otras, que hacen de su paso un tormentoso camino plagado de violaciones a los derechos humanos.

Recordemos el lamentable caso que se presentó en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes fueron asesinados en 2010 y sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas; revelando así la gravedad de la situación de las personas migrantes en el país, aunado al número de personas plagiadas ya que tan sólo en el estado se han rescatado a 696 migrantes en los últimos tres años, y en donde según información de la Procuraduría General de la República (PGR), se contabilizó de 2006 a 2001, 687 averiguaciones por el delito de secuestro a migrantes, de las cuales 392 corresponden al estado de Tamaulipas.

Datos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) señalan que, junto con Tamaulipas, los estados que presentan el mayor número de secuestros a personas migrantes son Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Durango y Coahuila.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, expresa que “las personas migrantes, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. México al ser país de origen, tránsito y destino presenta una problemática que repercute en agravio de los migrantes, quienes son objeto de las conductas delictivas de más alto impacto que se presentan en una sociedad: secuestro, trata de personas, violencia y comercio sexual y pornografía infantil.” Dentro de las propuestas que hace la CNDH, se encuentran:

a.  COORDINACIÓN. Implementar, monitorear y evaluar políticas públicas en coordinación con los interlocutores sociales y la sociedad civil para una adecuada gestión de las migraciones.

b. COOPERACIÓN. Fortalecer mecanismos de cooperación internacional partiendo del principio de responsabilidad compartida, a fin de fomentar la migración legal, segura y ordenada, y poder reducir la migración irregular.

c. PROTECCIÓN. Implementar programas de prevención y atención específica a las personas migrantes víctimas del delito, para evitar el secuestro y otros delitos conexos.

Con base en lo expresado por Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la CNDH, “De acuerdo a las quejas que la CNDH ha recibido de los migrantes, los principales derechos vulnerados son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.”

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido una serie de recomendaciones derivadas de la visita de personal del organismo a México, ante la situación migrante en el país; entre ellas se encuentran: garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes; facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan con condiciones mínimas de seguridad; garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y albergues para migrantes; establecer protocolos, en consulta con la sociedad civil, en relación con el manejo y la identificación de los cadáveres y  cuerpos sin vida hallados; entre otras relacionadas a garantizar el pleno disfrute de derechos y seguridad humana bajo los criterios señalados en los estándares internacionales.

De esta manera, resulta urgente que se lleve a cabo una política bajo la dirección del Instituto Nacional de Migración que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, garantice la seguridad de las personas migrantes que transitan en el país, sobre todo ante la situación que desde hace un par de años ha golpeado a México; no podemos reclamar un trato digno a nuestros paisanos, mientras aquí se cometen abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se internan en nuestro país, en dicho tenor, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar las acciones y programas del Instituto Nacional de Migración dirigidas a promover y respetar los Derechos Humanos, así como garantizar la plena seguridad de las personas migrantes que transitan por el país.