Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: julio 2013

Acuerdo para exhortar a la SENER a revisar la situación de la empresa ISOLUX CORSÁN y con ello el contrato con PEMEX relacionado con la Refinería de Tula Hidalgo

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A REVISAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA ISOLUX CORSÁN Y CON ELLO EL CONTRATO CON PEMEX REFINACIÓN RELACIONADO CON LA REFINERÍA DE TULA, HIDALGO.

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Información presentada en días recientes por el periódico Reporte Índigo, indican que la constructora española Isolux Corsán tiene, por 45 años, las concesiones carreteras que abarcan el libramiento a Xalapa, entre Perote y Banderilla y un tramo de 92 km. de la autopista Monterrey-Saltillo, en las cuales se menciona que “las cuotas son elevadas y consideradas muy por encima de otras concesiones nacionales”.

Asimismo, en la construcción de tales obras se presentaron un sinfín de irregularidades, demandas laborales, retraso en la fecha de entrega, costos por encima de los convenidos y un evidente impacto ambiental, sobre todo en el caso de la autopista Monterrey-Saltillo.

Por otro lado, Isolux tuvo contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales ascendieron a 561 millones de pesos, en los que “las obras fueron entregadas tarde, por lo que recibieron sanciones que, según registros actuales, no se han liquidado” y, aun teniendo una inhabilitación en nuestro país por haber entregado información falsa a la CFE, la constructora española ganó el primer contrato importante de la actual administración, respecto a PEMEX Refinación, por un monto de 156 millones de pesos, el cual está relacionado con la reubicación de las líneas de transmisión de energía en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo.

Cabe mencionar que Isolux Corsán cuenta con un amplio historial de sanciones y malas prácticas tanto en obras realizadas en los sexenios pasados, como a nivel Latinoamérica en donde se conoce de los casos de sobornos y tráfico de influencias de los que ha formado parte.

La convocatoria de dicha licitación fue publicada el 27 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el 23 de abril pasado se firmó el contrato entre Isolux de México en conjunto con Construcciones e Instalaciones del Noroeste y la paraestatal.

Si bien, desde 1991 Isolux de México, ya cuenta con el registro de empresa nacional, es a partir de 2006, cuando comienza a tener contratos millonarios, por ejemplo, ganaron la licitación de la CFE relacionada con la instalación de 24 enlaces ópticos en catorce estados, por lo que recibieron 46 millones de pesos; y dos meses más tarde, por 20 millones de pesos pusieron en marcha un generador en Guerrero.

A estos 70 millones de pesos, se sumaron otros 49, ya que de nueva cuenta asociados con el grupo italo-argentino Techint contaron con la licitación para retirar e instalar el cabe de guarda en nueve estados y “en abril ganaron otra licitación por 63 millones de pesos, para construir e instalar siete líneas de transmisión de voltaje en ocho estados.”

Asimismo, para octubre de 2006, obtuvieron contrato por 174 millones de pesos  y en diciembre de 2008, “una licitación internacional con CFE por 209 millones de pesos para instalar dos líneas de transmisión de voltaje. En julio de 2009 les impusieron una multa de 118 millones de pesos “por el retraso en la fecha programada de aceptación provisional” (a pesar de esto) CFE no cobró la garantía a pesar de que Isolux tuvo retrasos en los trabajos, por lo que la Auditoría determinó un posible daño patrimonial a esa dependencia por 109 millones de pesos, que no se cobraron hasta el momento en que se terminó esa revisión”.

No obstante a estos inconvenientes, en el último mes de la administración de Vicente Fox, Isolux estableció la relación comercial con Siemens (empresa que actualmente presenta un juicio contra PEMEX a causa de acusaciones por soborno durante la remodelación de la refinería de Cadereyta, en  Nuevo León); la cual ganó la licitación para construir en instalar líneas de transmisión de voltaje en los estados de Aguascalientes y Guanajuato, por 39 millones de pesos.

Si bien, en el primer año de la administración de Felipe Calderón, sólo obtuvo una adjudicación directa por 364 mil pesos para realizar obras en Villahermosa, Tabasco, lo cual representó una disminución respecto al monto de lo recibido en 2006, para 2009 “el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le otorgó la construcción de un hospital rural en Ixtepec, Puebla, por el que les contrataron 97 millones de pesos.”

Por lo cual, “su gran obra del sexenio con el gobierno federal fue para PEMEX Refinación, ya que ganaron un contrato por 604 millones de pesos para la construcción de una planta de recuperación de azufre en la refinería de Salamanca, en Guanajuato.”

De esta manera, se evidencia la situación, no sólo de la constructora española, sino de la forma en la que se llevan a cabo diversas licitaciones y adjudicaciones directas por parte de los distintos órdenes de gobierno que, de manera contraria a lo estipulado en la ley, obedecen a intereses económicos, haciendo uso de prácticas corruptas como lo son los sobornos y el tráfico de influencias.

Ante ello, hacemos un llamado a la actual administración para que revise de manera detallada el estado de las empresas con las que se llevaron a cabo diversas licitaciones en los sexenios pasados y de esta manera evitar seguir en el alarmante estado en el que se encuentra el país.

Asimismo y en miras de garantizar la sana competencia y con ello la posibilidad de abrir áreas de desarrollo y crecimiento económico, aunado a la situación por la que atraviesa actualmente PEMEX, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a revisar la situación de la empresa Isolux Corsán y con ello el contrato con PEMEX Refinación relacionado con la Refinería de Tula, Hidalgo.

 

Dado en el Senado de la República a los 31  días del mes de julio de 2013.

La situación en Michoacán es reflejo de la ausencia de una estrategia nacional efectiva en materia de seguridad: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

28 de julio de 2013

Boletín de Prensa

La situación en Michoacán es reflejo de la ausencia de una estrategia nacional efectiva en materia de seguridad: Ricardo Mejía Berdeja

  • “Hoy se puede confirmar que ha sido un error concentrar las funciones de seguridad pública en la Secretaria de Gobernación, pues en los hechos está rebasada”.
  • Los hechos ocurridos recientemente en Michoacán demuestran la debilidad del gobierno mexicano frente a los grupos criminales.

Ante los recientes hechos ocurridos en el estado de Michoacán, en donde se presentaron diversos enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal y presuntos delincuentes, dejando como saldo al menos veinte muertos y más de una docena de heridos, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja señaló “la situación que se vive en Michoacán y en gran parte del país es el resultado de la guerra fallida contra el narcotráfico emprendida el sexenio pasado que trajo una ola de violencia e inseguridad, aunado a la ausencia de una estrategia clara y eficaz por parte de la actual administración en materia de seguridad.”

El Diputado Mejía Berdeja recordó que “Michoacán, es el estado donde arrancaron las estrategias fallidas de seguridad y es el ejemplo más cruento de su fracaso. A la inseguridad se suma el vacío de poder y la prolongación artificial de un gobierno para seguir protegiendo sus intereses políticos a costa de la seguridad de quienes viven en esa entidad.”

El legislador puso como ejemplo el caso de la desaparición de los tres jóvenes de Movimiento Ciudadano en Paracho Michoacán, que el pasado fin de semana cumplió un año, y señaló “a un año de la desaparición de Luis Enrique Castañeda quien fuera coordinador de jóvenes de Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal, de Diego Maldonado y Ana Belém Sánchez, no se ha recibido ninguna noticia por parte de las autoridades; resulta incomprensible que no se tenga una explicación de lo ocurrido, ni posibles responsables. Esto habla de la ausencia de la autoridad y la impunidad con que operan los grupos criminales en la entidad”. Añadió, “en Movimiento Ciudadano no nos olvidaremos de la desaparición de nuestros compañeros e insistiremos en el caso hasta que haya respuestas”.

Mejía Berdeja precisó “una estrategia en materia  de seguridad no puede enfocarse únicamente en enviar a dos mil agentes para reforzar la seguridad en el estado, no se puede combatir la violencia con más violencia, es necesario identificar posibles elementos y escenarios para erradicar de raíz, la situación de violencia que impera en nuestro país, resulta urgente que el control se recupere de manera coordinada por los tres órdenes de gobierno”.

“Los bloqueos carreteros, secuestros, asesinatos, cobro ilegal por derecho de piso, quema de autos y demás acciones por parte de la delincuencia organizada son expresiones del estado de excepción que se vive en diversas regiones del país reflejan que a 8 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, la estrategia nacional de seguridad no es más que un anuncio publicitario, y que la estrategia mediática consiste en ocultar la realidad, pues en los hechos la violencia y la inseguridad reinan en la mayor parte del territorio nacional”.

Además indicó, “hoy se puede confirmar que ha sido un error concentrar las funciones de seguridad pública en la Secretaria de Gobernación, pues en los hechos está rebasada.”

Asimismo, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales comentó “no olvidemos que en mayo pasado, el Gobierno de la República anunció una gran estrategia que precisamente estaría enfocada en puntos estratégicos del país como lo es Michoacán, en tal ocasión y sin hacerlo de manera expresa y detallada, comentaron que ya sabían lo que tenían que hacer; sin embargo los hechos ocurridos en días pasados demuestran, de nueva cuenta, la debilidad del gobierno mexicano frente a los alcances de los  grupos criminales”.

Por último, el  legislador hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender los múltiples casos de violación a los derechos humanos de los habitantes de Michoacán y de las diversas zonas del país, causadas por la lucha contra el crimen y de esta forma hacer valer sus garantías individuales.

 

Exhorto de Ricardo Mejía a Gobernadores a cumplir las recomendaciones de la CNDH sobre mujeres reclusas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD A CUMPLIR DE MANERA PRONTA E IRRESTRICTA LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN EL INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES INTERNAS EN CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantesde la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presentePunto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fechas recientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, en el cual “(la CNDH) hace patente la necesidad de que las autoridades encargadas del sistema penitenciario mexicano, tomen medidas pertinentes y realicen acciones a efecto de que se garantice la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, por cuya circunstancia las coloca en una situación de vulnerabilidad.”

En el mencionado informe, la CNDH exhibe que hasta el mes de abril de 2013, hay 11,901 mujeres recluidas, de las cuales el 74.27 por ciento son del fuero común (en donde 4,532 son procesadas y 4,307 han sido sentenciadas) y el 25.72 por ciento son del fuero federal (del cual 1,728 se encuentran bajo proceso y 1,334 ya recibieron sentencia).

Cabe destacar que del total de las 11,901 reclusas, tan sólo 35.19 por ciento se encuentran en centros penitenciarios exclusivos para mujeres, por lo que 64.80 por ciento, es decir 7,712 se encuentran en centros mixtos; lo cual representa la falta de espacios para que las mujeres puedan realizar o recibir ciertos servicios de manera oportuna y especializada a sus necesidades; reflejo de una carente perspectiva de género no sólo en la distribución de la población reclusa sino de la forma en la cual se desarrollan las actividades al interior de estos centros.

Asimismo y a pesar que a nivel mundial la población femenina en reclusión representa un bajísimo porcentaje del número total, ésta ha incrementado a un ritmo considerable, ya lo establece la CNDH al mencionar que “en México por ejemplo, se observó una tendencia similar, del año de 1997 al mes de abril de 2013 el crecimiento de la población femenil fue de 175.04%, lo cual implica un incremento vertiginoso en el número de mujeres que se encuentran recluidas, manteniendo año con año una tendencia de entre 4 y 5% de la población penitenciaria total.”

De esta manera, el informe de la CNDH expone la situación en la cual las mujeres se encuentran en los centros penitenciarios en México y el incumplimiento de “normas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, relativos a la reinserción social, a la igualdad, al trato digno, a la protección de la salud, a la legalidad y seguridad jurídica”.

Resulta por demás lamentable que el común denominador de estos centros penitenciarios sea las malas condiciones en las que las mujeres se encuentran; la sobrepoblación existente, la falta de atención médica adecuada y demedicinas, la inexistencia de servicios y espacios dignos para dormir o alimentarse; el abuso y malos tratos por parte de las autoridades, sanciones disciplinarias arbitrarias y fuera de lo establecido en la ley; entre otros elementos que hacen que la situación que se vive en los centros de reclusión sea inhumana e insostenible; aunado a lo ocurrido con los 377 menores de edad que la CNDH tiene registro que viven con sus madres en prisión.

Desde Movimiento Ciudadano hemos insistido en que las personas en reclusión pierden prerrogativas, pero sus derechos humanos son inalienables en cualquier circunstancia. Por lo que el Estado debe de tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio.

Ante ello, dentro de las observaciones referidas en el informe, se establece que“cuando se analiza el sistema penitenciario relacionado con la reclusión de las mujeres, puede observarse la añeja y de ninguna manera justificable situación de discriminación en razón de género que permea en dichos establecimientos, desde la regulación normativa interna, la estructura de las cárceles, la clasificación de la población penitenciaria, así como el funcionamiento y operación de los centros de reclusión, que se manifiesta en una notoria falta de presupuesto y atención específica relacionada con el internamiento de las mujeres, que presenta un notorio desequilibrio con el de los varones. Más aún en el caso de las mujeres indígenas, quienes dentro de este contexto representan una minoría adicional, y que a menudo padecen o sufren de una mayor discriminación por dicha circunstancia, cuya principal barrera es el idioma.”

Por último, la CNDH realizó un recuento de algunas sentencias pronunciadaspor la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de tratados internacionales en la materia, los cuales, al estar ratificados por el Estado mexicano y tras la reforma de 2011, debe cumplirse su estricta observancia; a la par de lo contenido en el artículo 19 constitucional, en específico loestipulado en el último párrafo.

​Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, ​toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o ​contribución, en las cárceles, son abusos que serán ​corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Por último y en miras de corregir y erradicar las malas prácticas que el informe señala de manera detallada, la CNDH realizó nueve recomendaciones,  que expresamente señalan:

PRIMERO. Diseñar políticas penitenciarias encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, a efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados a la de los hombres, así como, de conformidad con el mandato constitucional separar a las internas sentenciadas de las que se encuentran en prisión preventiva; asignación de recursos presupuestales suficientes para la edificación de locales y/o establecimientos que cuenten con instalaciones apropiadas para la atención médica, con espacios que permitan el desarrollo infantil, y propicios para el tratamiento de las reclusas, tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, madres con hijos menores, jóvenes, indígenas, entre otras.

SEGUNDO. Giren instrucciones a las autoridades responsables de la organización y funcionamiento de los centros de reclusión bajo su autoridad, para que tomen las medidas necesarias con la finalidad de que las mujeres internas en los centros penitenciarios y de los menores hijos que convivan con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo sus necesidades de salud, educación, capacitación para trabajo productivo y remunerado, actividades deportivas y que convivan con internas de su misma situación jurídica y clasificación criminológica, sin ningún tipo de sometimiento entre ellas y con personal de custodia exclusivamente femenino. Para estos efectos, en el caso de mujeres indígenas, tomar en consideración su origen étnico, usos y costumbres e idioma.

TERCERO. Giren instrucciones para que instrumente un programa de capacitación permanente para personal directivo, técnico, administrativo y de custodia de los establecimientos penitenciarios tanto federales, estatales y municipales en materia de derechos humanos, a efecto de que se garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos de las mujeres en reclusión con perspectiva de género, sin menoscabo de la igualdad entre mujeres y hombres.

 CUARTO. En razón del interés superior de la infancia, ordenar se realicen las gestiones administrativas y presupuestales para crear instalaciones, programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres en los centros de reclusión del país, así como para que las internas mantengan el contacto necesario con las hijas e hijos que viven en el exterior, con el propósito de respetar los derechos fundamentales de la niñez, que contemplan los párrafos octavo y noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo establecido en la reforma al artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

QUINTO. Girar instrucciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los funcionarios responsables con la finalidad de que se establezcan programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las acompañan, proporcionando además una adecuada y suficiente alimentación, con el objetivo de que puedan gozar de salud física, emocional y una vida plena, así como se cumpla lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO. Girar instrucciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los funcionarios responsables de las prisiones con el objetivo de generar las condiciones, tanto materiales como administrativas para que las mujeres en reclusión cuenten con actividades educativas y laborales y éstas últimas sean remuneradas, en estricto apego al respeto a sus derechos humanos, alejado de los estereotipos culturalmente establecidos que vulneran la dignidad de las mujeres, con miras a que la capacitación para el mismo sea funcional para su vida en libertad. En este sentido, deberá tomarse en cuenta, el idioma, cultura, así como los usos y costumbres de las mujeres indígenas.

SÉPTIMO. En relación con los traslados al Complejo Penitenciario “Islas Marías”, o cualquier otro establecimiento carcelario, realizar una revisión exhaustiva de las características de las internas que serán motivo de traslado, poniendo énfasis en el lugar de residencia de cada una de ellas, con la finalidad de fomentar la conservación y fortalecimiento de las relaciones afectivas y sociales de las internas con familiares y amigos, a fin de contribuir de manera positiva en su proceso de reinserción.

 OCTAVO. Se elaboren a la brevedad los manuales de procedimientos necesarios, que regulen la aplicación de medidas disciplinarias, en las que se respeten los derechos humanos, las reglas del debido proceso, en particular, de audiencia y defensa, para las internas de los centros penitenciarios del país, así como contar con el apoyo de intérpretes y traductores para las mujeres indígenas.

NOVENO. Implementar acciones necesarias a fin de que se instrumente un programa de capacitación permanente para personal directivo, técnico, administrativo y de custodia, en el que se promuevan temas relacionados con la prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; el uso racional de la fuerza y manejo de conflictos para atender contingencias o motines en establecimientos penitenciarios, con el objeto de que se garantice la seguridad, el irrestricto respeto a los derechos humanos de las internas y de los menores hijos que las acompañen.

Por lo antes expuesto y comprendiendo la urgente necesidad por garantizar a las personas en reclusión, en este caso a las mujeres, una estancia digna y segura en los centros penitenciarios, así como el cumplimiento de los derechos humanos, en el entendido que estos, independiente de la situación legal y/o jurídica, deben ser velados por el Estado en todo momento, por ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Comisionado Nacional de Seguridad a cumplir de manera pronta e irrestricta las recomendaciones señaladas en el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Acuerdo de Ricardo Mejía para exhortar a la SEGOB a implementar medidas que atiendan la situación del desplazamiento de personas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y DE COORDINACIÓN CON ESTADOS Y MUNICIPIOS A FIN DE PREVENIR Y ATENDER LA SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO INTERNO DE PERSONAS, QUE SE VIVE EN GRAN PARTE  DEL TERRITORIO NACIONAL Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE  ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO INTERNO DE LOS POBLADOS DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), TERRERO, SANTO TOMÁS Y VALLE LUZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN; ASÍ COMO DE VALLE GALEANA, Y EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE ARCELIA, DEL ESTADO DE GUERRERO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presentePunto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un desplazado interno es una persona o grupo que por algún o muchos motivos han sido obligados a abandonar su residencia habitual debido a factores como la violencia generalizada, la violación sistemática a sus derechos humanos, por catástrofes naturales o provocadas por el hombre.Estas personas se ven forzadas a huir para establecerse en otro sitio, pero sin cruzar ninguna frontera reconocida internacionalmente.

En días recientes, se dio a conocer la noticia que, al menos, 180 familias provenientes de los poblados de Villa Hidalgo (El Cubo), Terrero, Santo Tomás, Valle Luz, municipio de San Miguel Totolapan, así como Valle Galeana, y El Guayabo, municipio de Arcelia; del estado de Guerrero, abandonaron sus casas tras las amenazas por parte de la delincuencia organizada.

En total, según cifras proporcionadas por Saúl Beltrán Orozco, presidente municipal de San Miguel Totolapan, son mil 300 personas (entre las cuales hay 217 niños) quienes, ante el temor generado por la ola de violencia en el municipio, la cual se ha recrudecido desde el pasado 16 de julio, buscaron refugio en la iglesia de San Miguel, donde se les proporcionó atención médica y alimentación por parte del ayuntamiento.

Información del periódico La Jornada, indica que “el éxodo de ciudadanos provocado por la violencia inició hace más de dos años en la región de la Tierra Caliente, primero con pobladores de la comunidad de La Laguna y Hacienda de Dolores, municipio de Coyuca de Catalán, cuando decenas de familias encabezadas por Juventina Villa –dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán– huyeron por la amenaza de grupos paramilitares y talamontes.”

Cabe señalar que la líder ecologista y su hijo fueron asesinados en  noviembre de 2012, lo cual generó que 45 familias de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores huyeron hacia Puerto de las Ollas, en Coyuca de Catalá, ante el temor de más asesinatos.

El Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal DisplacementMonitoring Centre, IDMC) reportó que en México unas 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones del país principalmente por la violencia asociada con el narcotráfico.

En su informe “Un vistazo global 2012: Personas internamente desplazadas por conflicto y violencia”, el IDMC detalló que la cifra de desplazados en México incluye las movilizaciones prolongadas desde el levantamiento zapatista en 1994 en Chiapas, hasta los desplazados por la violencia del narcotráfico desde 2007.

Asimismo, el IDMC reportó que, según los datos más recientes del gobierno de Chiapas, hay hasta 25 mil chiapanecos en “desplazamiento prolongado”, mientras que 141 mil 900 son desplazados por la violencia relacionada con el crimen organizado, según datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La violencia criminal, dice el informe, causó desplazamientos en los estados mayormente afectados por las actividades recientes de los cárteles de la droga, tales como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

“El nexo entre la violencia de cárteles y los desplazamientos fue más claro a nivel municipal. Datos de censos mostraron que entre los estados más afectados por la violencia, los 100 municipios con los niveles más altos de violencia experimentaron los niveles más altos de desplazamientos”, según el informe.

Además, el IDMC reportó que la gente abandonó los municipios violentos 4.5 veces más de lo que abandonaron municipios no violentos.

La seguridad de las personas, según los resultados del informe, fue afectada por confrontaciones entre diferentes grupos armados; conflictos entre grupos armados con fuerzas del gobierno en áreas rurales y urbanas; amenazas directas de grupos armados contra la población civil; reclutamiento forzoso por parte de los grupos criminales (lo que afectó principalmente a la población joven); y la presión a la población civil para tomar parte en actividades ilegales de grupos armados.

Es importante señalar que, de acuerdo al informe del IDMC, las personas desplazadas no necesariamente han encontrado la seguridad que buscaban y en algunos casos se han enfrentado, de nuevo, a la violencia y violación de sus derechos humanos. El reporte indica que los cárteles de la droga han reclutado a desplazados a cambio de una promesa: regresarlos “con seguridad” a sus lugares de origen.

Si bien, en las últimas horas se ha dado a conocer que, gran parte de las familias guerrerenses han regresado a sus hogares custodiadas por el ejército; el gobierno federal no ha brindado las garantías para que los pobladores de las diferentes comunidades puedan vivir sin temor a las amenazas del crimen organizado.

Por otra parte, el 3 de julio de 2012, la CNDH anunció la puesta en marcha de un protocolo para las víctimas de desplazamiento interno como un instrumento para que autoridades, defensores y víctimas, conocieran las obligaciones que el Estado tiene para atender a las personas desplazadas, durante su traslado a las comunidades receptoras, sin embargo poco se sabe sobre la implementación de este protocolo, y el número de personas desplazadas sigue en aumento.

Existen de acuerdo a parámetros de la ONU, 30 principios rectores que se refieren al desplazamiento interno antes, durante y después de suceder.

Se trata de principios inherentes a la dignidad de las personas que tienen que ser garantizados por sus estados, como son  el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no discriminación y los servicios de salud, entre otros.

El problema es que en nuestro país no se cuenta con cifras reales que permitan dimensionar el problema, de manera que es muy importante elaborar un diagnóstico muy puntual y concreto, para saber de cuántos desplazados estamos hablando. Seguido de la correcta aplicación de protocolos que permitan prevenir el desplazamiento, pero sin desatender el monitoreo de los 30 principios rectores que marca la ONU. De manera paralela, es necesario trabajo en la prevención y atención al desplazamiento interno de manera coordinada entre la federación y los gobiernos estatales o municipales.

Comprendiendo la gravedad de esta situación, la cual requiere una atención prioritaria por parte de las autoridades correspondientes debido al importante número de personas desplazadas en México a raíz de la violencia que se vive en gran parte del territorio nacional, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que implemente las medidas necesarias y de coordinación con estados y municipios a fin de prevenir y atender la situación del desplazamiento interno a consecuencia de la inseguridad que afecta a gran parte del territorio nacional.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a implementar el protocolo de atención a víctimas de desplazamiento interno en  los poblados de Villa Hidalgo (El Cubo), Terrero, Santo Tomás y Valle Luz del municipio de San Miguel Totolapan; así como de Valle Galeana, y El Guayabo del municipio de Arcelia; en el estado de Guerrero, causado por la situación de violencia e inseguridad.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 287 BIS del CPF para tipificar como delito la suplantación de identidad

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 287 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 287 BISDEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos  en medios digitales, lo que también ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos, circunstancia que ha sido aprovechada para obtener datos personales y utilizarlos en suplantación de las personas con fines delictivos.

La “suplantación de identidad” está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años y el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.

Nuestro país no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y ninguna institución como el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), se hacen responsables del problema.

 En 2011 el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF, relacionado con posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.

Actualmente vivimos en la constante zozobra del delito, nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal, en la medida en que el orden jurídico penal se aplique correctamente se estará en la vía adecuada para alcanzarlo.

La delincuencia afecta la vida, la integridad y el patrimonio de sus víctimas y cuando se extiende genera un grave fenómeno deinseguridad social que altera la paz y se constituye en un obstáculo al desarrollo económico, social y político del país.

Desafortunadamente la actividad delictiva que nos acosa presenta un inusitado incremento en la frecuente y recurrente violencia, que ha constituido en un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir la delincuencia y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, además de una falta de aprecio al valor del trabajo.

 De acuerdo con la definición de suplantación más aceptada, este ilícito ocurre cuando alguien ocupa con engaños el lugar de alguien, defraudándole el derecho o bien  que disfrutaba. Adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de cometer daño patrimonial.

La suplantación de la identidad, entendida como la del titular de un derecho o crédito por un impostor para obtener un beneficio ilícito, recibe cada vez más atención en materia de fraudes cometidos con laayuda de las tecnologías de la información. Las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica directa del titular del derecho afectado, para comprometer su historia crediticia, su prestigio y hasta su identidad social; ser molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude de que fue objeto.

El fraude con tecnologías de la información permite observar la creciente preocupación que genera la denominada “suplantación de la identidad” como una modalidad mediante la cual alguien suplanta a alguna otra persona en la titularidad de un derecho o una pretensión para obtener un bien o una prestación. Aunque esta modalidad de defraudación no es novedosa, la difusión de la titularidad de derechos de crédito a través de tarjetas y la extensión del comercio electrónicohan planteado, incluso a nivel legislativo, la adopción de tipos legales de incriminación autónoma de esta conducta, así como de otras que pueden ser interpretadas como medios ejecutivos para lasuplantación, en particular el denominado phishing o pesca a través de la red para obtener información confidencial de titulares de derechos que puede ser utilizada con propósitos de defraudación.

ARGUMENTACIÓN

 En el Código Penal Federal no está tipificado la “suplantación de identidad”, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas, aunado a esto  a partir del 2009 se incrementó la clonación de tarjetas de crédito, según la CONDUSEF.

Por lo tanto se propone la inclusión de una nueva figura jurídica, para que se tipifique un tipo penal consistente en el delito de suplantaciónde identidad, que tiene lugar: cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito, tramitar un arrendamiento y aunado a ello, permite al delincuente abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares de manera ilícita.

 Una de las principales medidas de protección es tener una mayor educación en cuanto al manejo de datos personales, debe existir una mejor cooperación transfronteriza en el manejo de la información de los usuarios en materia informática y de documentos personales así como una revisión de los estándares de seguridad informática para el tratamiento de datos personales.

 Los efectos de la suplantación de identidad rebasan en gran medida las pérdidas patrimoniales directas por las cantidades apropiadas indebidamente, y se extienden a la pérdida o degradación de la capacidad crediticia del afectado, debido a la inclusión en listas de deudores morosos, a la pérdida de respetabilidad e incluso, a la supuesta participación en diversos delitos cuando la identidad essuplantada.

La discusión sobre la suplantación de la identidad en el contexto de un país con gran volumen de comercio electrónico y donde el control de la capacidad crediticia de los compradores es crucial, guarda relacióncon dos hechos conceptuales jurídicos independientes: por una parte la defraudación mediante la obtención de una ganancia injusta a costa de la persona cuyo derecho de crédito se suplanta, y por otro lado, la impostura de la identidad ajena con un propósito más amplio, que incluye pero no se agota en la continuación de la defraudación, como podría ser el evadir responsabilidades penales o el desviar la atención sobre otras actividades ilícitas del impostor. Ello explica la tendencia legislativa a incriminar como delito autónomo la suplantación de la identidad, cualquiera sea la finalidad perseguida con ello.

La extensión del comercio a través de medios electrónicos ha llevadoa la creación de nuevos tipos penales que criminalizan la obtención indebida de beneficios utilizando tecnologías de la información, tratando de resolver lagunas de la legislación tradicional en cuanto a quiénes constituyen “víctimas” de la defraudación, titulares de derechos o sujetos en la autenticación de documentos y procesos de pago.

Por lo tanto es necesaria la tipificación del delito de suplantación de identidad, en el código Penal Federal, ya que este ha proliferado en distintas entidades federativas.

FUNDAMENTO LEGAL 

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 287 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente.

Artículo 287 BIS.  Al que utilizando cualquier medio se apropie de manera ilícita de datos personales a fin de suplantar la identidad de otra persona, con o sin consentimiento de ella con el propósito degenerar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de quinientos a setecientos días de salario vigente.

Se aumentará en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

 TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a los 24 días del mes de julio de 2013.

¿Por qué la privatización de Pemex nos afecta a todos?

¿POR QUÉ LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX NOS AFECTA A TODOS?

 El pasado 6 y 7 de julio, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), realizó un sondeo para conocer la postura de la ciudadanía sobre la posible reforma que busca privatizar Pemex.

Dentro de opiniones divididas se pudo inferir que una gran parte de la población se muestra indiferente respecto a la privatización de la paraestatal. A continuación presentamos algunos argumentos por los que dejar en manos de privados a Petróleos Mexicanos es una medida que nos afecta a todos:

 a) Pemex es altamente rentable: las ventas totales de la paraestatal en el 2012 alcanzaron un máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos. Las utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización fueron de 1 billón 138 mil millones de pesos, situando a la paraestatal entre las mejores 10 empresas del mundo en este renglón.

b) Enorme carga fiscal: a lo largo de las últimas décadas, Pemex ha servido como salvavidas para la pésima recaudación del país, representando entre el 35 y 40% de lo que se recaudaen México.

En el 2012, la paraestatal pagó un monto total de 901 mil 876millones de pesos, cifra 3.3% superior a la cantidad del 2011. Esto representó el 55% de sus ventas totales y el 99% de la utilidad de operación.

En contraste, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagaron todas las empresas del país juntas fue de sólo 288 mil 360mdp, es decir, menos de la tercera parte de lo que pagó Pemex.

La carga tributaria que soportó Pemex la coloca en el primer lugar de impuestos que paga una empresa petrolera en el mundo, a diferencia del 30% de ISR sobre ingresos netos que paga cualquier empresa de la iniciativa privada.

c) Por lo anterior, TODOS nos perjudicaríamos si la empresa se privatizara. Esto se debe a que entre más se privatice la paraestatal, más subirán los impuestos y más disminuirán los servicios públicos y el gasto social.

Que Pemex pague más del triple de lo que pagan de ISR todas las empresas privadas del país; se debe en gran medida a que existen numerosos mecanismos que, en contubernio con funcionarios del SAT, permiten a los grandes consorcios no pagar impuestos. Si Petróleos Mexicanos se vuelve privada, seguramente aplicará las mismas estrategias para no pagar impuestos.

d) En contraste a la privatización, si Pemex se manejara de manera eficiente, como el resto de empresas petroleras públicas exitosas en el mundo privilegiaría el contenido nacional. Lo anterior nos podría beneficiar a todos, ya que si llegáramos a los niveles de Brasil, de 80%, similares a los que una vez tuvimos, se podrían ahorrar 15,000 millones de dólares al año de importaciones y generar muchos miles de empleos bien pagados para obreros, técnicos e ingenieros mexicanos.

La propuesta de Reforma Energética del PAN es la avanzada privatizadora de Peña Nieto: Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

21 de julio de 2013

Boletín de Prensa

 

La propuesta de Reforma Energética del PAN es la avanzada privatizadora de Peña Nieto: Diputado Ricardo Mejía Berdeja

• Es un juego convenido entre el gobierno federal y la cúpula del PAN.
• Demandamos no poner en riesgo los recursos pertenecientes a la nación.
• No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, ninguna propuesta que busque privatizar a PEMEX.

Tras el anuncio de lo que será la propuesta de la Reforma Energética por parte de Acción Nacional, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, señaló “la propuesta de Reforma Energética del PAN es la avanzada privatizadora de Enrique Peña Nieto, es un intento más por alentar la privatización que ellos pretenden realizar de PEMEX y del sector en general. El gobierno priísta en un juego convenido con la cúpula del PAN los manda por delante para presionar la privatización y cambios a la Constitución Política de la República en la materia, los mismos que anunció semanas atrás en Londres el Ejecutivo federal”.

El también Secretario de la Comisión de Energía, demandó a los integrantes del Pacto por México a no poner en riesgo los recursos pertenecientes a la nación “entendemos la necesidad de convertir a PEMEX en una paraestatal competitiva a nivel mundial, sin embargo rechazamos de manera enérgica que bajo el uso de eufemismos como ‘abrir’ el sector a la inversión privada, se pierda el sentido que tanto ha caracterizado a PEMEX y se subaste el patrimonio de los mexicanos”.

 Cabe destacar que la propuesta blanquiazul será presentada en forma de iniciativa en los próximos días ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a lo cual Mejía Berdeja señaló “Movimiento Ciudadano no aceptará, bajo ninguna circunstancia, ninguna iniciativa que implique la privatización de PEMEX; como representantes de la sociedad debemos reconocer lo que realmente los mexicanos quieren y bajo ese sentido elaborar una propuesta nacionalista y moderna acorde a la realidad del país”.

 Aunado a ello, el legislador precisó que dentro de los aspectos que conforman la Reforma Energética, se debe considerar elementos relacionados con la crisis ambiental, “en ese sentido, resulta importante que en las propuestas en la materia se fomente la inversión y desarrollo para cambiar la matriz energética y de esta manera encaminarla hacia las energías renovables como lo representan la energía solar o la eólica, ya que no debemos olvidar que México es uno de los países, a nivel mundial, con mayor potencial de desarrollo en energía solar”.

“Solicitaremos información más extensa a la Dirección de Juegos y Sorteos sobre los casinos que operan ilegalmente”: Dip. Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

19 de julio de 2013

Boletín de Prensa

 

Al término de la octava sesión de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos, el Presidente de la Comisión, Diputado Ricardo Mejía Berdeja, indicó que fue una reunión productiva en la que se alcanzaron importantes acuerdos para avanzar en la investigación sobre irregularidades en el establecimiento y operación de casas de juego y apuestas, así como para una nueva legislación en la materia.

Entre los acuerdos tomados, se solicitará a la Procuraduría General de la República  informe de manera puntual sobre todas las denuncias presentadas en contra de ex-funcionarios públicos, personas relacionadas o de hechos que refieran al establecimiento de casinos irregulares en México, así como el avance procesal de las mismas. Los diputados integrantes consideraron que esta información resulta fundamental para avanzar en los trabajos sobre el tema.

Asimismo, el Diputado Mejía Berdeja señaló que se hizo de conocimiento de la Comisión un informe enviado por la Directora General de Juegos y Sorteos respecto de las visitas efectuadas a 15 establecimientos señalados como irregulares en el Estado de Jalisco. Sin embargo, la Comisión concluyó que la información fue insuficiente al igual que las acciones que refiere el citado informe, además de que faltan las visitas de inspección en los demás estados, donde hay casinos no reportados, por lo que se acordó que la Comisión requerirá de nueva cuenta un informe más detallado de las verificaciones efectuadas por la Dirección, así como las consecuencias de las citadas verificaciones.

“Nos parece fundamental solicitar a la Licenciada Marcela González Salas, titular de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación profundice la información sobre los avances con respecto a los 26 casinos que en la reunión con la Comisión nos reportó que la dirección no tiene registrados, no solamente los de Jalisco”, puntualizó el legislador. “En especial, nos parece preocupante, que mientras la dirección informa que de estos casinos hay varios que no están en operación, hay información de que sí están operando, por lo que es importante conocer los criterios de verificación que está siguiendo la dirección de juegos y sorteos”.

Asimismo, Mejía Berdeja señaló que solicitarán a esa dirección “su opinión con respecto a la información dada a conocer por Alfonso Pérez Lizaur, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, respecto a que tiene el registro de 107 casinos que operan de manera irregular, cifra que contrasta con la presentada por la titular de Juegos y Sorteos”.

Igualmente, el también Vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, dio cuenta de la información que solicitó a la Delegación Miguel Hidalgo en relación al Casino ubicado en Hipólito Taine, Polanco, indicando que el propio Victor Hugo Romo, Jefe Delegacional, hizo llegar una nota informativa en la que detallaba las irregularidades encontradas en la documentación de mencionado Casino que impide la apertura del mismo, y sobre las denuncias presentadas al respecto.

En cuanto a la revisión de los avances de los grupos de trabajo, se dio cuenta de un documento remitido por el Diputado Arturo Salinas, relacionado con un estudio relativo a los aspectos legales de la materia de juegos y sorteos, lo que instituye un documento de trabajo para avanzar en la elaboración de una iniciativa en la materia, pues cabe recordar, la legislación en la materia data de 1947, por lo que es necesaria una actualización a fin de regular adecuadamente a la industria de juegos y sorteos, a fin de que sea un sector productivo y de entretenimiento en nuestro país.

Asimismo, por lo que respecta  la revisión de los expedientes de permisionarias de juegos y sorteos que ha efectuado la Comisión, se informó de la restricción de la información ofrecida por la Dirección General de Juegos y Sorteos, a seis expedientes en concreto, refiriéndose que se ha solicitado por escrito el acceso a todos los documentos relacionados con el tema.

“Cabe recordar que durante la reunión con la titular de la dirección de juegos y sorteos, ésta había mencionado la restricción a acceder a  los  expedientes de Exciting Games, Entretenimiento de México y Producciones Móviles por encontrarse en un proceso judicial, pero no mencionó ningún otro caso, por lo que estaremos al pendiente de las gestiones que ha hecho el coordinador del grupo de trabajo, Diputado Rubén Benjamín Félix Hays, ante la licenciada Marcela González Salas, para que explique el motivo de las restricciones de acceso a información de los expedientes de Operadora Megasport, el Palacio de los números, Atracciones y Emociones Vallarta, por parte de integrantes de este órgano legislativo, así como para que facilite su verificación”, apuntó el legislador.

En cuanto a lo anterior, el Diputado Mejía urgió la necesidad de que se den todas las facilidades al grupo de trabajo encargado de la revisión de los expedientes, indicando que en la Comisión no existe interés en ocultar o beneficiar a sujeto alguno, ya sean permisionarios o funcionarios públicos, por lo que de manera unánime los diputados  presentes manifestaron su conformidad con el acuerdo relativo al seguimiento puntual de la solicitud a la Dirección General de Juegos y Sorteos.

Por último, se informó sobre el proyecto de sentencia relacionado con la Controversia Constitucional presentada por la Cámara de Diputados, en contra del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que autoriza la operación de la llamadas “máquinas tragamonedas”, en el cual se plantea la inconstitucionalidad del reglamento en la parte que permite la operación de estas maquinas, según informó el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza integrante de la comisión.

Acuerdo para exhortar al TSJDF a dar las garantías para que el caso del documental “Presunto Culpable” se resuelva de manera objetiva.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DAR LAS GARANTÍAS PARA QUE EL CASO DEL DOCUMENTAL “PRESUNTO CULPABLE”  SE RESUELVA DE MANERA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CON APEGO AL DERECHO. 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, cada vez es más común exponer o denunciar un caso de injusticia, impunidad o arbitrariedad por medio de la realización de documentales que, al provocar la indignación y despertar el morbo entre la sociedad, llegan a un gran número de personas generando así una forma de denuncia efectiva.

Tal es el caso del documental Presunto Culpable el cual fue exhibido a nivel nacional en 2011 y que vislumbraba la falla estructural que el sistema de justicia mexicano presenta, al dar a conocer el caso del joven José Antonio Zúñiga, quien fuera acusado de un homicidio que no cometió, siendo víctima de la red de corrupción y opacidad con la que las instituciones encargadas de aplicar la justicia operan en el país.

Ante tal situación, los abogados y cineastas Roberto Hernández, Layda Negrete y un grupo de colaboradores, se hicieron cargo del caso y documentaron en Presunto Culpable todo el proceso plagado de irregularidades que, finalmente, desembocó en la liberación de Zúñiga.

Sin embargo, a dos semanas del estreno del largometraje, comenzaría el largo proceso de censura, que el grupo de realizadores ha enfrentado por más de dos años, debido a que Blanca Lobo Domínguez, jueza decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ordenó la suspensión provisional de exhibición, distribución y promoción, porque Víctor Reyes Bravo, uno de los testigos que había participado en el caso presentó un juicio de amparo, alegando que se utilizó su imagen sin consentimiento; de manera oportuna se dio un revés a este fallo, por lo que Presunto Culpable siguió exhibiéndose.

A estos hechos, en mayo de este año, se dio a conocer, a raíz de un nuevo demandante, que el documental cuenta con casi veinte demandas las cuales suman tres mil millones de pesos; la última de ellas presentada por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial, quien exige 600 millones de pesos porque utilizaron su imagen sin autorización.

Paradójicamente, Presunto Culpable ha sido merecedor de varios premios importantes a nivel internacional, como el Premio de Amnistía Internacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, o el Premio del Público en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Varsovia 2010; pero en México se ha buscado a toda costa evitar su exhibición y reproducción por todas las vías posibles.

De esta manera, en días pasados, se llevó a cabo en el juzgado civil del Distrito Federal, una audiencia para desahogo de pruebas, en la que María del Rosario Mancera Pérez, jueza civil a cargo, quien con anterioridad ya había realizado comentarios negativos frente al caso y con base en lo estipulado en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito, negó el acceso a los medios de comunicación e incluso rechazó la solicitud de grabar la audiencia por parte de Roberto Hernández y Layda Negrete, bajo el argumento que “el TSJDF manifiesta su rechazo a las acciones de ejercer presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de este Tribunal”; asimismo, Mancera Pérez, solicitó a los productores dePresunto Culpable, no realizar declaración alguna sobre el proceso demostrando el ambiente de secretismo y censura con la que se ha manejado el proceso; por lo que resulta evidente que no se tienen las condiciones para contar con un juicio justo e imparcial acorde a los estándares en la materia, exhibiendo –de nueva cuenta- la forma en la que el sistema de justicia penal en México realiza su labor; y en lugar de demostrar que lo exhibido en el documental se está tratando de cambiar, se confirma, de manera lamentable, la forma en que el sistema mexicano opera.

Resulta necesario que quienes, en su valiente búsqueda por exhibir casos como éste, no sean perseguidos y sufran de falsos señalamientos, situaciones de acoso, censura e incluso pongan en riesgo su integridad física y la de sus familiares; y tampoco se puede permitir que este tipo de actos sean violentados por el propio sistema como un acto de censura y represión en contra de las personas involucradas.

Es por ello que, atendiendo a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de derechos humanos como el de la libertad de expresión y el ejercicio que ésta conlleva, a la par de contar con las condiciones para que la justicia en este país se lleve a cabo de manera transparente y acorde a la ley, dejando de ser una justicia selectiva.

Además, dada la naturaleza del caso, consideramos pertinente solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se vigile la actuación de la jueza encargada del mismo, pues ello resulta de suma importancia en relación al Sistema de Justicia en el Distrito Federal, lo que abonará en generar mayor confianza a la ciudadanía en el sistema de justicia, dados los antecedentes en esta materia. Es por lo expuesto y fundado que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que de seguimiento al desarrollo del caso sobre el documental “Presunto Culpable” en el juzgado civil número 17, del Distrito Federal a fin de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y dar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

 

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