Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: agosto 2013

Nos parece una actitud mezquina del Gobierno Federal, quien ha generado el conflicto magisterial, pero culpa al Legislativo

 PRI y PVEM están engañando a los maestros de la CNTE

* No vemos voluntad política para entablar un diálogo genuino con los maestros democráticos;

* Dado que insisten: “No hay marcha atrás en la reforma constitucional y 3 leyes de educación”, solicitamos lo informen a los representantes del CNTE para evitar un diálogo simulado;

* PAN ha sido claro, dijo “no voy”, postura genuina que no compartimos pero aceptamos;

* Plantean que en fecha 3 de septiembre se vote la Ley General del Servicio Profesional Docente.

* Hay una actitud mezquina del gobierno federal: Tanto Chuayfett (Educación) como Osorio Chong (Gobernación), pues han engañado a los maestros. Han generado este conflicto y esperan lo resuelva el Poder Legislativo

* Modelo “Acteal-Atenco” es su respuesta a los problemas sociales del país.

Iniciativa de Ricardo Mejía para prevenir y eliminar el racismo

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 4°, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, al tenor del siguiente:

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día es evidente y alarmante la polarización y diversidad social en la que nos encontramos inmersos; los constantes cambios de índole social, económico, político y tecnológico, han mostrado abiertamente la realidad, deterioro y  fragmentación del tejido social a causa de la desigualdad, discriminación e inseguridad.

Un tema que roba la atención es la discriminación como generador de sinergias que obstaculiza el desarrollo social, limita el crecimiento económico y relega el principio de equidad social.

Entender y reconocer de manera explícita la dimensión y profundidad de las prácticas y conductas discriminatorias así como el impacto y detrimento que estas ocasionan, abonará a construir una agenda que contemple la lucha contra la discriminación como una de las vías fundamentales para alcanzar una ciudadanía y democracia plena.

La discriminación entendida y basada como un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos enraizados, y tabúes aceptados acríticamente. Comparte sin razón del machismo, la intolerancia religiosa, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo, la xenofobia y el racismo.

Estas prácticas disminuyen la esperanza de vida, fortalecen la intolerancia a la diversidad social, facilitan los abusos de autoridad, y promueven el odio entre los grupos; legitima la ley del más fuerte. Es caracterización de superioridad y de inferioridad, y negación de igualdad de derechos. Se expresa en maltrato, en abusos, en exclusión, en miedo y en algunos casos finaliza en la privación de la vida. La discriminación es negación de la dignidad humana, afianza la pobreza convirtiéndose en tierra fértil para la violencia y cáncer para la democracia.

Las prácticas discriminatorias se encuentran basadas en estereotipos creados y transmitidos socialmente, donde se reduce, aísla, soslaya a las personas o grupos de personas que no cuentan con las características biológico-somáticas (es decir color de piel, cabello etc.) sociales, simbólicas e imaginarias que les permitirían tener la pertenencia y/o identificación a cierto grupo, casi siempre mayoritario.

El distanciamiento, negación, exclusión o segregación del otro basado en razón de apariencia física, tono de piel, tipo de cabello, es decir de acuerdo al fenotipo, debe de ser considerado como una práctica discriminatoria que lacera y menoscaba la dignidad humana.

El racismo haciendo “referencia a actitudes (opiniones, creencias, prejuicios o estereotipos), a comportamientos o prácticas sociales (apartar, discriminar, segregar, perseguir), a funcionarios institucionales excluyentes y a ideologías que se basan en ideas erróneas de que unos grupos sociales son inferiores a otros, que esta superioridad o inferioridad es natural y que se expresa en el color de la piel, los rasgos de la cara o el tipo de pelo y en practicas culturales, como hábitos alimenticios, creencias religiosas, vestimentas, bailes, música o relaciones familiares”[1].

Por su parte, Ruth Benedict define el racismo como un dogma según el cual se le adjudica a un grupo étnico una inferioridad casi congénita y a otro grupo una superioridad heredada.

En este sentido el fenotipo que se mal denomina como “negro” se ha usado de manera peyorativa para denigrar a las personas afrodescendientes o que comparten ciertas características o similitudes físicas, reduciéndolos a ciudadanos de segunda.

ARGUMENTACIÓN

La presencia histórica de la población de origen africano en México tiene sus antecedentes durante la época colonial y los siglos XIX y XX; niñas, niños, mujeres y hombres fueron arrancados y comercializados de diferentes regiones del continente de África para ser utilizados como esclavos en las actividades económicas y sociales propias de la época colonial como lo eran la minera, de haciendas, servicio domestico y de oficios. Las mujeres, niñas y niños fueron enfocados a las actividades de campo y ciudad.[2]

El puerto de Veracruz fue el acceso principal por el cual el comercio de personas provenientes de África ingresaron a  nuestro país, en segundo lugar  se encuentra el puerto de Acapulco y finalmente Campeche, éstos tres autorizados por las autoridades de la Nueva España, no obstante una gran mayoría arribó de contrabando por puertos no autorizados; a su llegada posteriormente eran  trasladados y vendidos a la ahora llamada Ciudad de México.

En el período comprendido de 1567 a 1650 llegaron a la Nueva España cerca de 250.000 africanos, sin considerar a los que arribaron de contrabando y los que nacieron esclavos en la Nueva España[3]. La magnitud de las cifras a pesar de la promulgación de leyes y reformas que recomendaban la unión entre los mismos grupos o que trataron de limitar la convivencia entre indígenas, españoles y africanos refleja la diversidad y el intercambio social que desde entonces predomina en nuestro país.

La contribución de ésta población al sistema económico, social y cultural de nuestro país  va desde su llegada a continente Americano y específicamente en la historia de nuestro país hasta hoy en día, formaron parte de la milicia, edificaron los fuertes de Veracruz y Acapulco, establecieron comercios y trabajaron en ocupaciones marítimas

Los estados que cuentan con una mayor proporción de población con descendencia africana son Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Morelos principalmente. En éste último los africanos y afrodescendientes se encargaron de los ingenios azucareros, posteriormente se mezclaron con los indígenas de la región.

El caso del estado de Guerrero, la Costa Chica y Costa Grande revisten singular atención, al ser contemplada como una región de población afrodescendiente; donde la participación de éste sector fue esencial en el desarrollo de Acapulco desde el siglo XVI.

Durante el siglo XIX, el puerto de Veracruz fue el escenario para el intercambio comercial con Europa y el Caribe, esta práctica produjo un gran mosaico cultural, al contar con una gran diversidad cultural desde tiempos prehispánicos, facilitando la convivencia de personas de distintos orígenes: africanos esclavizados y libres, conquistadores y colonizadores españoles, comerciantes portugueses, empresarios franceses, migrantes libaneses así como refugiados judíos.

En la 64° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo en 2010, se acordó y promulgó que en 2011 como el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. Dicha declaración tuvo por objetivo fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de éste grupo para procurar el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y cultura.

Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, estima que México cuenta con una población afrodescendiente de 450 mil habitantes. La mayoría de ellos están asentados en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como algunos estados al sur como Tabasco y Chiapas. En esa misma encuesta, el 15% de la población consultada manifestó que “sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel”.

Para la Conapred, esto evidencia que en México hay personas que son discriminadas y se les niegan derechos por motivos relacionados con prejuicios basados en una visión de “superioridad de razas”.

El Estado Mexicano ratificó  en el año de 1980 la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, donde se obliga a:

a)   A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen;

b)   A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas.

Declarando que el apartheides es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente Convención son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales.

Por otra parte a nivel nacional en noviembre de 2011, en un encuentro en Charco Redondo, en la Costa Chica de Guerrero, las comunidades afrodescendientes de Guerrero y Oaxaca, acompañadas de académicos, representantes del estado y organizaciones internacionales decidieron constituirse en una Red Afromexicana para sumar esfuerzos y fortalecer las acciones de reconocimiento constitucional. Uno de los acuerdos alcanzados fue la decisión de nombrarse afromexicanos como una forma de reconocer su historia y su pertenencia a un país.

Contemplar dentro de la ley en materia el término racismo, abonará a contemplar las acciones enfocadas a fin de erradicar éste tipo de conducta discriminativa, que constituyen una de las mayores violaciones a los derechos humanos.

Empero es necesario introducir dentro de los planes de estudio de educación básica los conceptos y preceptos históricos-sociales que permitan comprender y transmitir el origen, presencia y relevancia de la población afrodescendiente en la historia de nuestro país, aunado a diseñar e implementar políticas públicas que tengan por objetivo crear una sociedad tolerante y respetuosa, lo que implica un largo proceso de educación social, que deberá generar valores, principios, actitudes y comportamientos en pro de una cultura de igualdad, ello contribuirá a una verdadera cohesión social con respeto a la diversidad social, reivindicando el derecho a un trato humano y digno.

México se debate entre el reconocimiento de los derechos humanos y es tolerante con ciertas formas de discriminación, sin embargo necesita incluir en la reglamentación en materia, los términos, conceptos y categorías analíticas para dar cuenta de la diversidad humana y la riqueza de la misma,  que permitan construir mecanismos de protección y  equilibrio que reviertan conductas discriminatorias.

Fundamento Legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 4°, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar La Discriminación, al tenor de la siguiente:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones políticas, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia, el antisemitismo y el racismo en cualquiera de sus formas conexas de intolerancia inl y manifestación de las mismas.

 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Senado de la República, a los  28 días del mes de Agosto de 2013.

 

 

 

 

 

 

 



[1] Velazquez, Ma. Elisa (coord.), Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 2012

[2] Cristina Masferrer.  Niños esclavos de origen africano en la capital novohispana, en María Elisa Velazquez Gutiérrez (coord.)  Debates históricos contemporáneos: africanos afrodescendientes en México y Centroamérica, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

2 Velazquez, Ma. Elisa; Iturralde, Gabriela. Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación. México Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 2012.

Punto de Acuerdo para exhortar a la SEP a generar mayores alternativas para quienes no obtuvieron un lugar en Universidades Públicas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL A GENERAR MAYORES ALTERNATIVAS PARA LAS PERSONAS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS, TAL Y COMO PRETENDE SER EL PROGRAMA EMERGENTE DE MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN COORDINACIÓN CON LAS MEJORES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,  integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas resulta una problemática que el gobierno mexicano ha sido incapaz de solventar de manera satisfactoria.

Tan sólo por citar un ejemplo, para el ciclo escolar 2013-2014, el noventa por ciento de quienes aplicaron el examen para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México fue rechazado, es decir de las 184 mil 152 personas, tan sólo 17 mil 616 obtuvieron un lugar en dicha institución de educación superior.

Este hecho constata el colapso educativo que se vive a nivel nacional, el cual no fue ni mínimamente contemplado por la contrarreforma aprobada el año pasado en la materia, lo cual refleja que la llamada reforma educativa es mediocre, incompleta y se circunscribe básicamente a lo laboral; no abordó, entre muchas otras cosas, la falta de opciones para miles de jóvenes que no encuentran alternativas de educación superior ni ataca la proliferación de las llamadas “escuelas patito” que sin contar con calidad y, a veces, sin el debido reconocimiento oficial, engañan a jóvenes y a sus familias que pagan por esos falsos estudios.

Por otro lado, el Estado mexicano ha faltado a lo estipulado en el artículo tercero constitucional, entre otras cosas en expresado en su fracción V:

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

De esta forma, cientos de jóvenes con grandes ánimos por continuar sus estudios, conformaron desde hace varios años, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, mejor conocido como MAES, el cual ante su organización y eventual movilización consiguió un acuerdo con varias instituciones de educación superior para que se otorgarán más lugares para el ciclo escolar 2014-2015, lo cual es un primer paso para revertir la deuda en materia educativa a nivel superior; sin embargo debemos reconocer que con esto no se solucionará de raíz el problema educativo en México.

Si bien, se puso en marcha el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior 2013-2014 (PROEMES), promovido por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer una alternativa a quienes no pudieron ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México o a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de México; el cual busca “ofrecer alternativas de estudios universitarios a los aspirantes que participaron en los recientes procesos de admisión del área metropolitana del Distrito Federal y algunas instituciones del Estado de México, y que aún no se matriculan en alguna institución de educación superior”, éste necesita garantizar que los 36 mil 376 lugares disponibles (en ocho áreas del conocimiento) brinden una preparación acorde a la realidad que enfrenta el país y a las exigencias del contexto internacional, permitiendo que quienes egresen de dichas carreras tengan los elementos necesarios para hacer frente al mercado laboral tan competitivo.

Por otra parte, es necesario destinar más recursos a las universidades públicas, ya que en 2013 el presupuesto asignado fue de 103 mil 30 millones de pesos, el cual según el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht, en una entrevista para el Periódico La Jornada, comentó que: “la disminución de recursos en términos reales se ha reflejado en el déficit de dos mil 200 millones de pesos para las universidades de los estados, lo cual ha impactado en los incrementos salariales de los trabajadores”.

En este sentido, cabe rescatar la información relativa a las y los jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen empleo, ya que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de los 34 países que conforman la organización; sólo tras Turquía e Israel.

Es así que en el informe Panorama de la educación 2013, realizado por la OCDE, se revela que en México el 24.7 por ciento de población de 15 a 29 años, conforman este sector y del número de mujeres jóvenes en este rango de edad el 37.8 por ciento se encuentra en tal situación, mientras que del número de hombres jóvenes sólo es el 11 por ciento.

De esta forma, reconocemos la importancia que tiene la educación sobre todo para las generaciones más jóvenes, es por ello que lo contemplado en el artículo tercero no puede ser letra muerta, seguiremos dando batalla ante los intereses excluyentes del Pacto por México, los cuales no benefician al país. La juventud es el sector más golpeado por el modelo económico y los mal llamados NINIS, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son una terrible expresión del fracaso del gobierno mexicano en la materia y que en fechas recientes ha sido aprovechado por el crimen organizado al ser reclutados; es por ello que  presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas, tal y como pretende ser el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior, en coordinación con las mejores Instituciones de Educación Superior del país.

Dado en el Senado de la República a los 28 días del mes de agosto de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

Punto de acuerdo para exhortar a la PGR a que investigue la desaparición de Linda Karent y David González

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO,  INVESTIGUEN Y ESCLAREZCAN CON PRONTITUD LA DESAPARICIÓN DE LINDA KARENT LÓPEZ ARIAS Y  DAVID GONZÁLEZ ARROYO.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,  integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como función intrínseca del Estado y como mandato de origen constitucional, el gobierno mexicano está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad de las personas.

Lo cierto es que desde 2006 el Estado mexicano no sólo ha sido incapaz de controlar a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que en el fallido combate contra el crimen organizado, miembros de las fuerzas de seguridad pública han incurrido en  graves violaciones de derechos humanos.

En febrero de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón publicó extractos de una base de datos de personas registradas como desaparecidas en las procuradurías generales de justicia de los 32 estados y del Distrito Federal, así como en la Procuraduría General de la República entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012[1].

La información publicada, contiene el registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, sin embargo, hay que señalar que dicho registro no sólo incluye personas a las que se presume se llevaron a la fuerza, sino también personas extraviadas o no localizadas, es decir, personas que quizá se hayan ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerdan su identidad ni domicilio.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tampoco contempla los casos de desapariciones forzadas documentados por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights Watch ha documentado más de 140 casos desde 2007,  en las cuales participaron actores estatales en forma directa, o indirectamente mediante su colaboración o anuencia.[2]

Sin embargo, aunque el registro del Gobierno Federal  no ofrece un panorama terminado de los casos, sí confirma una constante sistemática de desapariciones forzadas, que las autoridades en distintos órdenes han pasado por alto y en donde no se adoptaron medidas pertinentes ni exhaustivas para buscar  el paradero de las víctimas o los hechos que condujeron a su desaparición.

El registro demuestra la lastimera metodología y la falta de  procedimientos claros para recabar datos fiables en la materia; estas deficiencias por parte de las autoridades encargadas de la política de seguridad pública, han socavado la naturaleza y dimensión de las desapariciones en el país, así como han velado la posibilidad de localizar e identificar a las víctimas. Ante dicho contexto, Human Rights Watch afirma:

“Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.”[3]

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1° de diciembre de 2012, prometió resolver la crisis de seguridad que ha desangrado al país y que hasta el momento,  ha costado la vida a cerca de 100,000 mexicanos a lo largo de los últimos años[4].

Sin embargo, ha iniciado el segundo semestre de su primer año de gobierno, y la estrategia de seguridad pública permanece desdibujada y no sólo eso, hasta el momento, no hay visos claros que indiquen un compromiso verdadero con la obligación irrenunciable de asegurar que se resuelvan y reparen las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas  tanto por funcionarios como por miembros del crimen organizado.

Y para muestra un botón de los miles de casos,  que no dejan duda sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.

El pasado 10 de agosto Linda Karent López Arias, trabajadora de la Secretaría de Educación Pública (SEP)  de 27 años y David González Arroyo, comerciante de 32 años de edad, presuntamente desaparecieron  en el trayecto de municipio de Arcelia, Guerrero hacia  el Distrito Federal.[5]

El lunes 12 de agosto Karent y David no se presentaron  a sus respectivos lugares de trabajo, por tanto los familiares de ambos procedieron de  inmediato a su búsqueda.

El martes 13 de agosto,  los familiares de Karent, levantaron la denuncia AYO/2606/2013 ante el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la  Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Posteriormente los familiares de González Arroyo notificaron  que éste tenía planeado dirigirse a Arcelia para luego trasladarse a Iguala, ambos municipios de Tierra Caliente en Guerrero, una de las regiones de alta incidencia delictiva en el país. Tras esta información, la familia de Karent se trasladó a Iguala, donde no había rastros de ninguno de los dos jóvenes.

El martes 20 de agosto, Nallely López Arias, hermana de la víctima,  levantó el reporte con número 8616 en la  Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos; no obstante aún no hay rastros que indiquen el paradero de la joven.

De acuerdo con el informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional,  los familiares que buscan a sus seres queridos hacen “recorridos dependencia tras dependencia”, donde se enfrentan a un “sinfín de organismos e instituciones –tales como: las corporaciones policíacas en  los tres ámbitos de gobierno; las Procuradurías especializadas en delincuencia organizada, ejército, fuerza naval, militares, tanto estatales y federales; Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos”[6] para intentar que las autoridades intervengan, y donde con frecuencia “no está claro quién tiene responsabilidad y autoridad,  los casos pasan de unas manos a otras, sin que haya un reconocimiento explícito de asegurar investigaciones oportunas y eficaces”[7]

Los esfuerzos infructuosos o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a las personas que fueron sustraídas, ahondan el sufrimiento de los familiares, por ello, nos unimos  a las exigencias de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos les provoca una desesperación latente; por ello y por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero,  agilicen las investigaciones en torno a la desaparición de Linda Karent López Arias y  David González Arroyo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de ejercer la facultad de atracción referida en la fracción XXI del artículo 73 constitucional y el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y atraiga la averiguación previa penal iniciada con motivo del caso de Linda Karent López Arias y  David González Arroyo, desaparecidos en días recientes.

Dado en el Senado de la República a los 28  días del mes de agosto de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA



[1], ‘Segob reporta 26 mil 121 personas “no localizadas” en México’, [en línea], Animal Político, 27 de Febrero de 2013, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2013/02/segob-reporta-26-mil-121-desaparecidos-en-mexico/

[2] Human Rights Watch, “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, [en línea], Febrero 2013, p. 1, Dirección URL: http://www.hrw.org/es

[3] Ibíd., p. 3.

[4] Amnesty International: “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional”, Amnesty International , junio de 2013, p. 2.

[5] La Jornada, “Desaparecen empleada de la SEP y acompañante en viaje a Guerrero”, [en línea], México, 18 de Agosto de 2013, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/18/151816609-desaparecen-empleada-de-la-sep-y-acompanante-en-viaje-a-guerrero

[6] Amnesty International, Op. Cit.,  p. 13.

[7] Idem.

El alto índice de jóvenes rechazados de las universidades es parte del colapso educativo nacional: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

25 de agosto de 2013

Boletín de Prensa

 

El alto índice de jóvenes rechazados de las universidades es parte del colapso educativo nacional: Ricardo Mejía Berdeja

             La contrarreforma educativa no abordó la urgencia de resolver esta problemática.

Nuevo modelo educativo no se puede construir con toletes y alentando la polarización social.

Lo estipulado en el artículo tercero constitucional no puede ser letra muerta.

A dos semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2013-2014, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, expresó “que el noventa por ciento de quienes aplicaron el examen para ingresar a la UNAM haya sido rechazado, constata el colapso educativo que se vive a nivel nacional, el cual no fue abordado por la contrarreforma aprobada el año pasado en la materia y a la que nos opusimos rotundamente por los retrocesos que implicaba”.

La llamada reforma educativa es mediocre, incompleta y se circunscribe básicamente a lo laboral. No abordó diferentes problemas, como la falta de opciones para miles de jóvenes que no encuentran alternativas de educación superior ni ataca la proliferación de las llamadas “escuelas patito” que sin contar con calidad y, a veces, sin el debido reconocimiento oficial, engañan a jóvenes y a sus familias que pagan por esos falsos estudios, afirmó el legislador federal.

De esta forma, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó “estamos presenciando los resultados de las falsas promesas hechas por el Pacto por México, a la fecha no hemos visto los cambios que se anunciaban con las reformas impulsadas, resulta inconcebible que este año más de 160 mil estudiantes no hayan podido ingresar a la universidad; es urgente dejar el esquema educativo “Chuayffet” y tomar cartas en el asunto”.

Respecto al Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior (2013-2014) promovido por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer una alternativa a quienes no pudieron ingresar a la UNAM o a instituciones como el IPN o la UAM, Mejía Berdeja indicó “nos parece oportuno que se abran alternativas y nuevos espacios para los jóvenes que quieren seguir estudiando, sin embargo la realidad que enfrenta el país y el contexto internacional demandan una preparación acorde a estas exigencias, permitiendo que quienes egresen de dichas carreras tengan los elementos necesarios para hacer frente al mercado laboral tan competitivo”.

Asimismo, el legislador federal señaló “por obvias razones la ciudadanía ya no aguanta la situación que estamos viviendo, por eso quienes han aprobado esas reformas retrógradas no deben sorprenderse ante el hecho de que la protesta social sea, hoy en día, una vía recurrente para exigir el cumplimiento de sus demandas; por ejemplo ahí está el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, mejor conocido como MAES, el cual ante su organización y eventual movilización consiguió un acuerdo con varias instituciones de educación superior para que se otorgarán más lugares para el próximo ciclo escolar, lo cual es un primer paso para revertir la deuda en materia educativa a nivel superior”.

Por último, Mejía Berdeja reiteró el compromiso de Movimiento Ciudadano para impulsar los mecanismos que garanticen este derecho “reconocemos la importancia que tiene la educación sobre todo para las generaciones más jóvenes, es por ello que lo contemplado en el artículo tercero no puede ser letra muerta, seguiremos dando batalla ante los intereses excluyentes del Pacto por México, los cuales no benefician al país. La juventud es el sector más golpeado por el modelo económico y los mal llamados NINIS, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son una terrible expresión de su fracaso que no puede continuar”, concluyó Ricardo Mejía.

Grave retroceso en materia de transparencia, falsa la promesa presidencial: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

20 de agosto de 2013

Boletín de Prensa

 

Grave retroceso en materia de transparencia, falsa la promesa presidencial: Ricardo Mejía Berdeja

 

Las resoluciones del IFAI  podrán ser atacadas.

Los partidos no serán sujetos obligados de manera directa en materia de Transparencia.

En la Cámara de Diputados ha sido poco transparente el proceso de discusión de la Reforma de Transparencia.

Los retrocesos fueron impulsados por el PRI y sus aliados.

 

Después de la aprobación en Comisiones Unidas, de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestó que de avalar estas reformas en el pleno, significarían un grave retroceso en materia de Transparencia, por lo que hizo un llamado para que se regrese al sentido original de la iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y con ello nuestra democracia.

 

Mejía Berdeja insistió en la opacidad y lo desaseado del proceso legislativo para la aprobación de la minuta que el Senado envío desde diciembre pasado a la Cámara de Diputados, misma que se fue postergando para darle paso a las reformas regresivas acordadas por el Pacto por México, y permitiendo que en el camino se introdujeran modificaciones, acordadas en secrecía, que cambiaron el sentido de la reforma aprobada y significa un gran retroceso en la materia.

 

El también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales enumeró los principales retrocesos que fueron aprobados por las Comisiones, mismos que responden a las modificaciones que el PRI presentó e impulsó en acuerdo con sus aliados. “Uno de los grandes retrocesos será que los partidos políticos no sean sujetos obligados directos en materia de transparencia, ya que las solicitudes se deberán hacer vía las autoridades electorales correspondientes”, puntualizó Mejía Berdeja.

 

Asimismo, comentó que uno de los temas que para las organizaciones especialistas en la materia es un irreductible y que no está a negociación, es la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, pues sólo así el organismo tendrá la fortaleza para que sus decisiones sean acatadas por los sujetos obligados, “sin embargo, introdujeron excepciones a la inatacabilidad de las resoluciones al introducir al dictamen la posibilidad de que el Procurador General de la República, el Consejero Jurídico de Gobierno, el Gobernador del Banco de México, y el Presidente de la CNDH, puedan interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

 

Por otra parte, el Diputado Ricardo Mejía señaló que un retroceso más es quitar al órgano autónomo la facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad de leyes que atenten contra la transparencia, y junto con los otros retrocesos dejarían a un IFAI autónomo sólo en la letra, pero sin las herramientas legales para actuar de manera independiente y contundente.

 

Finalmente, comentó que la posibilidad de remover a los actuales comisionados del IFAI, es una revancha política y una carga más de cuotas partidistas a repartirse, más que un afán de fortalecer a la institución. “Aún no se nombra al Consejero del IFE, y ya vienen con los comisionados de COFECO e IFETEL, y ahora van por los del IFAI”, señaló el legislador.

 

Director de CFE debe explicar como pretenden con reforma energética bajar las tarifas eléctricas, cuando con la entrada de particulares no las han disminuido: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

18 de agosto de 2013

Boletín de Prensa

Director de CFE debe explicar como pretenden con reforma energética bajar las tarifas eléctricas, cuando con la entrada de particulares no las han disminuido: Ricardo Mejía Berdeja

  • Necesario que Francisco Rojas explique los criterios para fijar tarifas eléctricas.
  • Aún no se tiene fecha para la reunión pendiente con Francisco Rojas, Director de CFE.

En el marco de la presentación de la iniciativa de reforma en materia energética por parte del Ejecutivo, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, advirtió que  “debido a las intenciones de Enrique Peña Nieto de reformar la Constitución para celebrar contratos con particulares para generar, transmitir o distribuir energía eléctrica y dejar a la ley secundaria la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, es necesario insistir en la reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados con el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas, ya que al día de hoy no tenemos fecha confirmada de su parte, no obstante que desde el 14 de junio se agendó una reunión con él, que canceló”.

El también Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, recordó que a Francisco Rojas se le convocó a fin de que explicara los criterios con que se fijan las diferentes tarifas eléctricas y que han venido afectando particularmente a la economía familiar, ya que “en algunas zonas del país son particularmente gravosas debido a que el consumo de electricidad no es un asunto de lujo, sino una necesidad de primera, debido a las condiciones climatológicas en las que viven”.

Asimismo, Mejía Berdeja explicó que “a raíz de la información dada a conocer por el propio titular del Ejecutivo en la presentación de su iniciativa de reforma en materia energética, en la que señaló que actualmente más de la tercera parte de la capacidad eléctrica es operada por empresas privadas, y además se tienen datos de que generan casi el 50 por ciento de la misma, es necesario que el titular de la CFE, Francisco Rojas, explique como pretenden con la reforma que proponen bajen las tarifas eléctricas, cuando en los hechos la entrada de particulares no ha disminuido los precios y por el contrario en mayo se dio uno de los mayores aumentos en tarifas residenciales y de uso industrial por 8.4%”.

Asimismo, señaló “es necesario reiterar que dicha reunión con Francisco Rojas, sigue pendiente, es necesario que se haga un ejercicio transparente de rendición de cuentas y explique ante la Comisión el por qué del cobro excesivo de electricidad, no puede esconderse ante una situación que afecta de manera directa a las familias mexicanas.”

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que una reforma energética que verdaderamente contemple cambios en beneficio del país debe comenzar por ir a fondo y  erradicar la corrupción que es el motivo real de las grandes fugas en empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad o PEMEX que no las dejan crecer ni alcanzar su potencial, es por ello que la reunión con Francisco Rojas es de suma importancia en el debate de altura que se debe dar en torno a la reforma energética y no sólo un acto propagandístico”, señaló el legislador.

Por último, Mejía Berdeja reiteró la postura de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados frente a los “actos de entreguismo” en cada una de las modificaciones que se pretenden realizar a la Constitución Política, en materia energética, “no permitiremos que se concreten este tipo de actos que lo único que buscan es la privatización de los recursos de la nación, los cuales ponen en riesgo el patrimonio de todos los mexicanos”.

 

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