Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: septiembre 2013

Es necesario que la industria de los casinos sea transparente y esté regulada bajo reglas claras y sin corrupción: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

29 de septiembre de 2013

Boletín de Prensa

Es necesario que la industria de los casinos sea transparente y esté regulada bajo reglas claras y sin corrupción: Ricardo Mejía Berdeja

            Nuestra propuesta es reconocer e incluir a la ciudadanía, por ello buscaremos escuchar a todas las voces de la sociedad civil.

            La Comisión Especial de Juegos y Sorteos impulsará una nueva ley en la materia.

Al celebrarse en días pasados el foro “Aspectos Jurídicos, Económicos y Sociales de la Industria del Juego en México” en la Cámara de Diputados, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja indicó “este foro corresponde a nuestro compromiso por generar un marco jurídico que regule la industria de juegos y sorteos acorde al contexto nacional y que cuente con la participación de todos los sectores de la sociedad; tenemos la convicción de que nuestra tarea no es sólo investigar e indagar lo que ocurrió durante sexenios pasados, sino trabajar en la transparencia y regulación de esta actividad, todo ello en una nueva legislación que elimine la opacidad y corrupción que impera en este sector.”

En dicho tenor, el también Presidente de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias federales relacionadas con los permisos para juegos y sorteos, la cual fue la convocante del mencionado foro, comentó “nuestra propuesta es reconocer e incluir a la ciudadanía, por ello buscaremos escuchar a todas las voces de la sociedad civil, quienes desde diferentes agrupaciones y organizaciones nos han hecho llegar sus inquietudes y propuestas para que sean incorporadas en la nueva legislación que buscamos impulsar para permitir el correcto funcionamiento y desarrollo de esta industria.”

Asimismo, Mejía Berdeja consideró la importancia de realizar este tipo de eventos en diversas partes de la República Mexicana con la finalidad de conocer a fondo la realidad que se vive en las entidades federativas en relación con esta industria y así abonarlo a la investigación que se ha realizado en la comisión en la Cámara de Diputados respecto a los permisos para juegos y sorteos en el país; en miras de contar con un diagnóstico integral en el tema.

Cabe señalar que el foro fue coordinado por el diputado Agustín Barrios Gómez del Partido de la Revolución Democrática y como moderadores y expositores los secretarios de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, la diputada Aurora Aguilar Rodríguez del Partido Acción Nacional y los diputados Fernando Zárate Salgado del Partido de la Revolución Democrática y Williams Ochoa Gallegos del Partido Revolucionario Institucional; asimismo se contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, entre ellos Marcela González Salas, Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación; Óscar Paredes Arroyo-Velasco, asesor de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México, A.C.;  Luis Ávila Álvarez del Consejo Cívico de Nuevo León y  Martín Vázquez Pérez, Director General de Desarrollo de la Cultura Turística en la Secretaría de Turismo Federal; de tal forma que, desde diferentes perspectivas, se discutió sobre la situación nacional, el papel de la industria dentro de la actividad turística, así como las mejores prácticas internacionales sobre juegos y sorteos; generando una visión plural en la materia.

Por último, el legislador federal comentó “es necesario que la industria de los casinos sea transparente y esté regulada bajo reglas claras y sin corrupción; apostamos por una industria sana que permita que ésta aporte a la economía del país dentro de los marcos establecidos en la ley.”

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL AVILA integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, al tenor del siguiente.

Planteamiento del problema

El artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece lo que se conoce como un requerimiento general para que en los casos de los procedimientos contenciosos sustanciados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como son las solicitudes administrativas de caducidad, nulidad e infracción, el particular que omita el cumplimiento de alguna de las formalidades requeridas para la presentación, se le requiera en una sola ocasión para que cumpla con dicha formalidad y su promoción sea estudiada.

No obstante, en el segundo párrafo del citado artículo se hace una distinción, y se menciona que en los casos que se omita con el cumplimiento del requisito consistente en el documento de personalidad la promoción será desechada de plano sin que medie requerimiento.

Por otro lado, el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que sin excepción en los procedimientos que se lleven ante autoridad administrativa, en el caso que el particular en alguna promoción no cumpla con todos los requisitos o que sea omiso en incluir algún documento adjunto, la autoridad administrativa está obligada a requerir el cumplimiento por lo menos en una ocasión.

De la lectura de la disposición legal arriba transcrita, se desprende que toda autoridad administrativa tendrá la obligación que en caso que se presente ante ella un escrito el cual no cumple con los requisitos del mismo, de requerir en una sola ocasión para que se subsanen dichas omisiones, de igual modo es evidente que el requerir es una obligación para la autoridad administrativa el observar lo dispuesto es esta norma, pues claramente se dispone que se trata de una norma de carácter imperativo y no facultativo, pues indica de manera determinante que se trata dicho carácter.

En este sentido es posible decir que la obligación de cualquier autoridad administrativa de requerir por una sola ocasión el cumplimiento de los requisitos omitidos por el gobernado, constituye una facultad reglada, pues la Ley determina de manera clara como ha de ejercerse dicha potestad, sin dejar margen de acción a la autoridad, esto es, implica una obligación de cumplimiento imperativo para las autoridades administrativas.

Las facultades regladas tienen la característica de constituirse como obligaciones para las autoridades, y restringiendo la capacidad de acción en relación a ellas, es decir, cuando exista una facultad reglada la acción de la autoridad se limita a su cumplimiento.

Así las cosas, existe una discrepancia entre los artículo 191 segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 17-A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ya que el primero establece que siempre que se omita la presentación del documento que acredite la personalidad del promovente en un escrito de solicitud de declaración administrativa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se sancionara esa omisión con el desechamiento de plano de la solicitud; mientras que el segundo establece la obligación de cualquier autoridad administrativa federal para que en el caso que en una promoción se incumpla con un requisito por parte del particular, la autoridad administrativa tendrá la obligación de requerir al menos en una ocasión al particular.

Lo anterior plantea una disyuntiva para la autoridad pues existen normas jurídicas contradictorias, lo que ha tenido como consecuencia que exista disparidad de criterios en los actos del Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial, ya que sin existir un criterio determinado la autoridad ha aplicado a discreción uno y otro preceptos legales.

Lo cierto es que la autoridad al sustanciar un procedimiento de carácter jurisdiccional en el que se intenta proteger los derechos del promovente de la acción, se constituye como un órgano de protección a los derechos de los gobernados, por lo que sus criterios nunca deben de estar desprovistos de buscar el mayor beneficio de los gobernados y actuar en tanto satisfagan de mejor forma las garantías de los gobernados, todo ello en atención al principio pro homine.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio judicial:

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: “PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.

Así las cosas, existe una antinomia entre los citados artículos que ha abierto a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, lo cual vulnera la seguridad jurídica de los promoventes, pues no existe certeza respecto al criterio que seguirá la autoridad cuando el promovente sea omiso en la presentación del documento con que acredite su personalidad.

Igualmente cabe mencionar, que la Ley de la Propiedad Industrial fue publicada el 27 de junio de 1991, mientras que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo lo fue el 4 de agosto de 1994, por lo que al tratarse, la segunda de una norma posterior, la autoridad administrativa debiera aplicarla en detrimento de la primera.

Sin embargo, el particular queda sujeto a la voluntad de la autoridad, quien discrecionalmente decide si aplica una u otra norma, y en caso de aplicar la más perniciosa podrá recurrir a los medios jurisdiccionales para con ello obtener la aplicación de la norma más favorable, lo que conlleva gastos en litigios y dilaciones temporales que vulneran sus derechos. 

ARGUMENTACIÓN

Se plantea reducir el ámbito de discrecionalidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y eliminar la discrepancia existente entre las normas, pues únicamente ha venido a vulnerar el derecho de seguridad jurídica de los gobernados.

Por ello al suprimir parte del segundo párrafo del artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, que refiere al documento que refiere a la personalidad del promovente, se establece un criterio único para los casos en que los promoventes de procedimientos de declaración administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sean omisos en incluir el documento con el que acrediten personalidad, es decir, siempre que eso ocurra la autoridad requerirá el cumplimiento de tal requisito sin que pueda desechar de plano la promoción, significando el establecimiento de un criterio uniforme y evita gastos litigiosos y dilaciones innecesarias para los gobernados.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SEREFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,  al tenor de la siguiente:

Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

Se desechará la promoción cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.  

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.Se desechará la promoción cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de Septiembre de 2013. 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Exhorto para investigar la compra y distribución de medicamentos caducos, durante la gestión de Andrés Granier Melo

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A INVESTIGAR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS CADUCOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE TABASCO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ANDRÉS GRANIER MELO.

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En días recientes se dio a conocer en una entrevista realizada a Romel Cerna Leeder, encargado del Seguro Popular en el estado de Tabasco, la compra y distribución de medicamentos caducos (o con muy poco tiempo de vida) por parte de la Secretaría de Salud de dicha entidad en el período correspondiente a la administración de Andrés Granier Melo.

Asimismo, Cerna Leader mencionó que, a la par de la compra de este tipo de medicamentos que por su estado representan un gran riesgo para la vida de las personas, existen evidencias que demuestran el desvío de recursos provenientes de este programa de salud, lo cual ha generado que actualmente la sociedad no tenga la entera confianza de los servicios que brindan las instituciones tabasqueñas y que ha provocado que cientos de familias no se inscriban al programa.

 

Sobre estos hechos, el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco realizó una investigación y documentó que “en la Secretaría de Salud derivado de la revisión realizada a los recursos federales transferidos por Concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del Seguro Popular correspondiente al ejercicio 2012, se observó que en las nóminas financiadas, existen cuatro personas con plaza de Médico General y Especialistas a las que se les pagó la cantidad de un millón 626 mil 719 pesos con 72 centavos”.

A la par se menciona que 17 de los 19 centros de salud, hospitales o jurisdicciones visitadas durante la investigación, no se encontraron los medicamentos que supuestamente habían sido comprados con los recursos del Seguro Popular en la entidad, lo cual representa el desvío de casi dos millones de pesos de los recursos federales destinados a este rubro.

Por lo anterior estas denuncias podrían evidenciar un nuevo caso de desvío de recursos de la administración anterior, esta vez por aproximadamente 700 de los mil 600 millones de pesos destinados para el Seguro Popular en Tabasco; se suman a las denuncias por lavado de dinero y defraudación fiscal en contra del ex gobernador Andrés Granier Melo, quien ahora se encuentra detenido.

De esta forma, los costos económicos y sociales que representa dicho desvío, se ve reflejado y tiene impacto en las finanzas públicas de la actual administración al destinar mayores recursos para abastecer nuevamente los medicamentos y materiales necesarios a los centros de salud del estado, a la par de realizar una campaña para recobrar la confianza en las instituciones por el mal manejo, nulos resultados y una deuda insostenible de las administraciones pasadas.

Reconocemos que estas prácticas no son nuevas, sin embargo se deben realizar las investigaciones correspondientes y castigar a los responsables de estos hechos, tanto a los funcionarios públicos como a las empresas privadas quienes –amparados en el marco de opacidad que se vive en nuestro país- llevan a cabo contratos y transferencias millonarias que únicamente generan beneficios para unos cuantos y ponen en riesgo la vida de miles de familias mexicanas.

Este tipo de hechos podrían evitarse si en México se contara con un sistema real de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; en el cual todos los mexicanos puedan conocer detalladamente el destino de los  recursos públicos, de las licitaciones, permisos y contratos otorgados por los tres órdenes de gobierno en cada sector, es por ello que hacemos un llamado a las autoridades mexicanas a unir esfuerzos en contra de la corrupción, razón que impide que el país prospere y que la población pueda contar con servicios de calidad que permitan acceder e incrementar el índice de desarrollo humano, de esta forma presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados Exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar la compra y distribución de medicamentos caducos por parte de la Secretaría de Salud de Tabasco durante la administración del C. Andrés Granier Melo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de septiembre de 2013.

Iniciativa con proyecto de decreto emergente para implementar Austeridad Republicana.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EMERGENTE PARA IMPLEMENTAR AUSTERIDAD REPUBLICANA, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene decreto emergente de austeridad republicana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro de la plataforma electoral que presentó la Coalición Movimiento Progresista, incluimos la necesidad de establecer el principio de austeridad republicana como criterio rector del servicio público, reduciendo el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación del gasto improductivo.

Le debe costar menos al pueblo la manutención del gobierno; propusimos acabar con los privilegios de la alta burocracia, reducir los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba; cancelar bonos, viáticos, pensiones a ex presidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías, incluso detener la compra del nuevo avión presidencial.

¿Acaso no es sencillo y suficientemente claro el postulado de José María Morelos de que debe moderarse la indigencia y la opulencia y elevarse el salario del peón?

El Poder Legislativo Federal está obligado constitucional, política y éticamente a responder de manera adecuada a la situación económica que viven las familias de nuestro país.

Se requiere establecer en la República, entre otras medidas que son impostergables para edificar una sociedad más justa e igualitaria, una legislación que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal.

La situación económica que atraviesa el país tiene diversas explicaciones, una de ellas es el resultado de políticas neoliberales que han privilegiado a unos cuantos grupos, y han descuidado a la mayoría de la población, desatendiendo la construcción nacional de un desarrollo agrícola, industrial, científico y tecnológico propio.

Sin embargo, el día de hoy nos encontramos ante una situación de emergencia nacional, derivado de las condiciones meteorológicas que sacudieron gran parte del territorio nacional.

El viernes 13 de septiembre de 2013, a las 16:00 la Comisión Nacional del Agua emitió un comunicado en el cual señaló que los meteoros Ingrid y Manuel, tocarían tierra con un riesgo “moderado” para la población de Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, este comunicado fue lo único que anticipó el desastre por venir.

Incluso el National Hurracaine System de Estados Unidos emitió un comunicado señalando que consideraba a Ingrid con una peligrosidad intermedia, especificando que las lluvias relacionadas depositarían aproximadamente de 15 a 20 pulgadas de agua, e igualmente señalaron que existían riesgos de deslaves en las zonas más afectadas por las precipitaciones.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil brilló por su ausencia y las comunidades afectadas recibieron el impacto de los fenómenos meteorológicos con la única referencia de que se trataría de un riesgo “moderado” que no ameritaba mayores medidas de prevención.

Alrededor de 40 mil turistas se trasladaron a Acapulco sin que las autoridades hicieran mención alguna del riesgo que esto suponía.

Estos hechos nos permiten llegar hoy a la conclusión que existieron los ingredientes perfectos para el desastre de proporciones alarmantes que hoy existe en el país.

Únicamente el meteoro Manuel impactó en un primer momento al estado de Guerrero, donde afectó el 72.35 por ciento de los municipios que lo integran, es decir 49, siendo particularmente dramático lo ocurrido en la comunidad de La Pintada, donde existieron deslaves que hoy tienen desaparecidas a 68 personas.

Mención aparte requiere lo ocurrido en Acapulco, en donde quedaron varados más de 40 mil turistas, pues se presentaron 20 cortes a la Autopista del Sol y 5 a la carretera federal; ya en el Municipio no ha sido posible cuantificar los daños provocados, pero existen indicios que serán superiores a los daños que dejó Paulina en 1997 y que en ese momento se cuantificaron en 80 mil millones de pesos.

En Michoacán se afectaron 21 municipios gravemente, y en Sinaloa alrededor de 100 mil personas, teniendo en ambos casos daños a la infraestructura carretera de esos estados, que por lo que hace únicamente a Sinaloa ha sido estimado que serán necesarios 1,500 millones de pesos para su recuperación.

Por su parte, en el Golfo de México, el huracán Ingrid devastó la zona norte de Veracruz y el estado de Tamaulipas, teniendo como consecuencia que la mitad de los Municipios de ese estado se encuentren en emergencia.

Igualmente se reportan afectaciones en los estados de Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Chiapas y Jalisco, lo que hasta ahora ha impedido tener un conocimiento exacto del costo que tendrán todos los daños.

Únicamente por lo que hace a la infraestructura carretera, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estimó que los daños de 10 estados de la república tendrán un costo estimado de 40,000 millones de pesos.

En ese sentido, estamos ante un desastre nacional de proporciones nunca antes vistas, donde el Fonden con los 12 mil millones de pesos que lo integran será más que insuficiente para costear los daños existentes.

Las afectaciones plantean un reto a las finanzas públicas pues existe un abismo entre los recursos disponibles para afrontar la contingencia y los daños existentes, que ni siquiera están cuantificados en su totalidad, pero que serán claramente superiores a lo disponible.

Con motivo de esta grave contingencia nacional en pasadas sesiones se planteó la solidaridad de los legisladores para con los afectados, sin embargo, en nuestro carácter de representantes directos de los gobernados, nuestros esfuerzos no representan solidaridad, representan obligaciones adquiridas, que nos deben hacer tomar acciones concretas y contundentes.

El presidente Enrique Peña Nieto ha argumentado que los 933 millones de dólares, 11 mil 913 millones 010 mil 500 pesos a tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación, destinados al Fondo de Desastres Naturales, serán insuficientes para mitigar los daños causados por los ciclones “Manuel” e “Ingrid”.

Ante la situación de emergencia que vivimos, resulta menester la implementación de medidas extremas que permitan brindar ayuda a los millones de mexicanos que requieren insumos básicos para subsistir.

Derivado de lo anterior, consideramos que la aportación de recursos debe ser progresiva, por lo que los funcionarios que más dinero perciben deben ser los que más ayuden. Siguiendo esta lógica observamos que si los servidores públicos con mayores sueldos otorgaran la mitad de sus percepciones, tan sólo en el período que comprende de septiembre a diciembre, se podrían recaudar 439 millones 773 mil 599 pesos.

Vivimos una situación de emergencia, nuestros ciudadanos exigen acciones urgentes y contundentes. No podemos permitir que, en medio de una crisis nacional, la alta burocracia siga recibiendo entre 200 mil y 500 milpesos mensuales de ingresos, mientras existen personas que han perdido todo su patrimonio.

La siguiente tabla nos muestra una aproximación del dinero que podemos recaudar con la donación de la mitad del salario de los funcionarios con mayores ingresos dentro de nuestra federación; ante la tragedia que vivimos la implementación de esta política no sólo es deseable, sino urgente:

Asimismo, existen anomalías y despilfarros del gobierno federal que bien podrían servir para subsanar los daños en los que se encuentran inmersos millones de mexicanos.

Los subejercicios al primer semestre del presente año acumulan 3 mil 717.8 millones de pesos, teniendo casos extremos de Secretarías como Turismo y Desarrollo Agrario, donde tan sólo se ha ejercido del 26 por ciento al 39 por ciento del presupuesto; por lo que proponemos que el remanente sea destinado a la emergencia nacional que vivimos.

Del mismo modo, las Cámaras de Diputados y Senadores reciben anualmente enormes cantidades por Grupo Parlamentario, las cuales se caracterizan por la discrecionalidad y corrupción. El Presupuesto para el Poder Legislativo en el 2013 asciende a 11 mil 948 millones de pesos, distribuidos en 6 mil 510 millones a la Cámara de Diputados, tres mil 706 millones al Senado de la República, y mil 661 millones a la Auditoría Superior de la Federación.

Una reducción del 50 por ciento de dicho gasto representaría un monto de 5 mil 974 millones de pesos para ayudar a los damnificados, lo cual resultaría una medida razonable debido a que el 97.1 por ciento del presupuesto del Senado se destina a gasto corriente, mientras que en la Cámara de Diputados el 99.5 por ciento ejerce dicha función.

Con base en lo previamente expuesto, las contracciones en los salarios, la utilización de los subejercicios y la disminución de gastos al poder legislativo, representarían un total de 10 mil 131 millones 573 mil 599 pesos; lo cual representa prácticamente los recursos con los que actualmente cuenta el Fonden.

El país requiere de acciones urgentes e inmediatas, millones de mexicanos necesitan nuestra ayuda; es momento de terminar con un esquema que ha perjudicado tanto a la ciudadanía, para brindar apoyo a quien más lo necesita.

Esta Cámara de Diputados cuenta con las facultades necesarias previstas en la Constitución en los artículos 74 y 75, para resolver sobre el destino del gasto público, por lo que consideramos que dada la urgencia nacional en la que nos encontramos, es objetivo y prudente asumir las medidas propuestas en la presente iniciativa.

En un esfuerzo para resarcir los daños ocasionados por los distintos desastres naturales ocurridos en los últimos años, los Congresos de los estados afectados, han echado mano de los recursos públicos de diversas áreas.

Casos como el terremoto-tsunami, Fukushima en 2011; el huracán Katrina en Nueva Orleans, 2005; el huracán Sandy en Nueva York, 2012, los cuales costaron 210 mil millones de dólares, 125 mil millones de dólares y 50 mil millones de dólares, respectivamente.

De esta manera, es importante que después de los terribles sucesos ocasionados por los huracanes “Manuel” e “Ingrid” deban ponerse en marcha todas las acciones disponibles que ayuden a subsanar los daños ocasionados a miles de mexicanos.

Los fondos establecidos para este tipo de emergencias no han sido suficientes para llevar la ayuda necesaria a todos los afectados por el fenómeno climatológico. En este contexto proponemos echar mano de los excesivos sueldos y salarios de los altos funcionarios a fin de poder subsanar el Fonden, así como de los subejercicios de las Secretarias de estado.

Es necesario que, como en otros países, se apruebe la iniciativa de Austeridad Republicana, a fin de dotar de mayores recursos a la federación que le permita implementar políticas de prevención ante este tipo de desastres, además de siempre estar capitalizado para subsanar los daños ocasionados por el mismo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Decreto emergente de austeridad

Primero. Todos los funcionarios del Ramo 22.1 de la Administración Pública Federal de los Grupos G, H, K y el Presidente de la República, donarán el 50 por ciento de su percepción ordinaria total durante el período Septiembre- Diciembre 2013 al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Segundo. La remuneración total de los funcionarios pertenecientes a los anexos 22.2.3, 22.3.3, 22.5.1, 22.6.1 y 22.7.1 será reducida en un 50 por ciento, durante el período Septiembre- Diciembre 2013, para ser destinado el descuento al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Tercero. El saldo de los subejercicios presupuestarios acumulados durante el primer semestre del 2013 por los ramos: Presidencia; Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Defensa Nacional; Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Trasportes; Economía; Educación Pública; Salud; Marina; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría General de la República; Energía; Desarrollo Social; Turismo, Función Pública; Tribunales Agrarios; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; será incorporado al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Cuarto. El 50 por ciento del Presupuesto destinado al Poder Legislativo en el 2013, el cual se distribuye en 6 mil 510 millones para la Cámara de Diputados, tres mil 706 millones para el Senado de la República, y mil 661 millones para la Auditoría Superior de la Federación, será redirigido al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Quinto. La entrega de los recursos por parte de los organismos mencionados será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual vigilará la incorporación de los ingresos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como el correcto uso y destino de los mismos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.

(Rúbrica)

Iniciativa para prevenir y eliminar la discriminación de las trabajadoras del hogar

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y SE REFORMA EL TÍTULO Xlll Y LOS ARTÍCULOS 331, 332 PRIMER PÁRRAFO, 333, 334, 336, 337 MODIFICANDO LA FRACCIÓN l, ll, lll ADICIONANDO LAS FRACCIONES  lV y V, 338 FRACCIÓN l, 340, 342, 343 Y 998 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y SE REFORMA EL TÍTULO Xlll Y LOS ARTÍCULOS 331, 332 PRIMER PÁRRAFO, 333, 334, 336, 337 MODIFICANDO LA FRACCIÓN l, ll, lll ADICIONANDO LAS FRACCIONES  lV y V, 338 FRACCIÓN l, 340, 342, 343 Y 998 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,  al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde tiempos remotos las actividades desempeñadas al interior del hogar han sido desvalorizadas y atribuidas principalmente a las mujeres como obligación, sin embargo la dinámica social, las necesidades al interior de los hogares, la apertura e incursión de las mujeres en la fuerza laboral en áreas que habían sido desempeñadas únicamente por varones, la intensificación de las jornadas laborales, han modificado los roles que les habían sido impuesto a ellas al interior de los mismos.

Las labores del hogar son indispensables para el buen funcionamiento y dinámica al interior de la familia y de la sociedad en general, la necesidad de tener con un hogar limpio y ordenado de forma continua, hace indispensable contar con mano de obra que lleve a cabo actividades de procuración y asistencia del mismo, incluyendo el cuidado de niños, personas con discapacidad, familiares enfermos, personas adultas mayores y hasta de mascotas. Y es cuando este tipo de labores no se llevan a cabo o se realizan con deficiencia cuando el trabajo domestico se percibe por los que se benefician de él; pero no se reconoce al exterior.

Insultos, humillaciones, acoso, jornadas de trabajo extenuantes, frágil estabilidad laboral, la descalificación y desvalorización del trabajo realizado,  amenazas, intimidación y todo tipo de discriminación; es decir la violación sistemática a derechos humanos, es la realidad de las personas trabajadoras del hogar.

Niñas, niños, mujeres y hombres en su mayoría de zonas marginadas, del medio rural, migrantes indocumentados e indígenas son víctimas de estas conductas discriminatorias.

Las niñas y niños que debido a su origen y situación son explotados para realizar actividades del hogar, con un pago deficiente o nulo, bajo condiciones insalubres y tratos denigrantes son más propensos a sufrir de aislamiento social y separación familiar definitiva. Sin embargo el caso de las niñas y mujeres adultas indígenas las sitúa en un alto grado de abuso, acoso y violencia por parte de los patrones

En el marco del Día mundial contra el trabajo infantil celebrado el 12 junio del presente año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció que al menos 10.5 millones de niños trabajan en el mundo, en el servicio doméstico, a menudo en condiciones peligrosas y de esclavitud. Casi tres cuartos de estos jóvenes trabajadores son niñas, y unos 6.5 millones tienen entre 5 y 14 años.

Lo anterior se da como consecuencia del nulo reconocimiento y apreciación del trabajo mal denominado domestico, al no ser contempladas como un conjunto de labores que implican esfuerzo, disciplina, cuidado y responsabilidad al interior de los hogares.

Sin embargo esta situación se extiende a mujeres y hombres indígenas que en busca de oportunidades y de escapar de la miseria mal llamada pobreza, quienes son expulsados de sus comunidades para buscar alguna oferta de trabajo que les permita sobrevivir, y es en las actividades referentes al hogar donde encuentran cabida. Por lo que debemos de hacer hincapié que “el trabajo del hogar no se realiza por gusto, sino por necesidad y que se encuentra tan desvalorizado que incluso las personas trabajadoras no lo valoran, y por ello no se atreven a defenderlo. Tratos diferenciados, que van desde comer en platos separados, de pie, sin derecho a vacaciones, días feriados, horarios de trabajos no establecidos, ni pensar en aguinaldo y seguridad social es la realidad de miles de personas trabajadoras del hogar[1].

Algunas de las cifras que arroja la difícil realidad del “trabajo doméstico es que en América Latina más de 14 millones de personas trabajan en hogares que no son el suyo[2]”,  y de estas, “casi 2 millones de ellas viven en México donde más del 90% son mujeres, donde para tres de cada diez trabajadoras domesticas en las zonas metropolitanas de México, el bajo salario es la principal preocupación; dos de cada diez señalan el maltrato, humillación o discriminación como su problema número uno. 45% no tiene horario fijo y 60% no goza de vacaciones[3]”.  Lo anterior hace ostensible la violencia legalizada e institucionalizada hacia las personas trabajadoras del hogar al encontrarse en total desventaja frente a los demás asalariados, ubicándose en la parte más baja de la pirámide salarial, sin un marco legal que les permita acceder a protección y prestaciones sociales.

Según el Panorama social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en ninguno de los dieciocho países de la región analizados, el ingreso medio de una trabajadora doméstica llega a la mitad del ingreso medio de las trabajadoras asalariadas en general[4].

Las trabajadoras del hogar representan el 4.4% de la población ocupada de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, superando el número de oficinistas en instituciones gubernamentales, el de operarios en la industria y el de trabajadores remunerados en el transporte.[5]

Argumentación

Por lo anteriormente expuesto el trabajo del hogar puede ser visto como una forma de esclavitud moderna en la que se degrada al ser humano como objeto de producción, representando una amenaza a la convivencia armónica y es considerada como un brutal ataque a la libertad.

La esclavitud doméstica se caracteriza por realizar trabajo forzado y por la nula existencia de protección y seguridad social entre el trabajador y su empleador.

La importancia de adicionar el término persona trabajadora del hogar reside en considerarla como un ser humano con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí y que cuenta con identidad propia.

En este sentido se hace hincapié en su concepción como persona, ampliando y reconociendo sus derechos, considerándola libre e independiente

Es menester contar con un marco jurídico que de certeza y garantice los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, visibilizar su situación será relevante para elevar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias al garantizar el acceso a la seguridad social, así como elevar su ingreso económico y con esto su poder adquisitivo a través de las prestaciones sociales.

Es obligación que el Estado como elemento de regulación y equilibrio entre los factores de producción, propicie los mínimos de bienestar, certeza y legalidad que permitan una participación activa dentro de la economía nacional a fin de fortalecer y reconocer las relaciones de trabajo y el respeto a los derechos humanos de este sector de la población que representa cerca de 2 millones.

¿Qué es el trabajo doméstico?

Según la Organización Internacional del Trabajo, el mal denominado trabajo domestico, es aquel “realizado de forma continua, en jornada completa o parcial, al servicio de una o más personas o de una familia, en tareas de aseo, cocina y asistencia, propias de un hogar”.

El tema del trabajo del hogar ha sido abordado por disciplinas como la economía, la sociología, la historia y la antropología, donde se pone de manifiesto el trabajo del hogar como una actividad no valorada, ni bien remunerada; a partir de este momento surgen categorías analíticas encaminadas a denunciar la situación que viven las personas trabajadoras del hogar.

En nuestro país, las personas que se dedican a esta actividad mantienen un trato diferenciado respecto al resto de los trabajadores; a pesar de su gran aporte a la sociedad y a la economía, las labores que desempeñan las personas trabajadoras del hogar son consideradas meramente como una ayuda social, ya que en ocasiones sólo es reconocido por los patrones.

Necesitamos revalorizar el trabajo del hogar a partir del reconocimiento y contribución significativa de los trabajadores del hogar a la economía nacional, partiendo de la concepción de cambiar el término doméstico por el de hogar, eliminar términos de nuestro lenguaje que hagan referencia a los trabajadores del hogar como “nuestra muchacha”, como si formaran parte de la propiedad, del hogar o del inventario, como si no tuvieran vida propia, así como denominaciones que popularmente se les da como: chachas, sirvientes, domésticos, criadas, etc. mismas que forman parte de las conductas y prácticas discriminatorias que son reflejo de una concepción anacrónica.

La falta del reconocimiento de una relación laboral así como de la conexión entre el trabajo del hogar y la producción social trae como consecuencia que dichas labores no sean reconocidas, ni bien remuneradas, y por consiguiente no sean consideradas como una actividad económica, es por ello que se propone principalmente un cambio en la denominación del Título mal llamado trabajadores domésticos hasta la obligatoriedad del contrato laboral, pasando por la delimitación de las horas de trabajo, días de descanso, vacaciones y el trabajo nocturno.

El Estado Mexicano ha mostrado la falta de interés al no haber ratificado el Convenio 189 de la OIT aprobado en el pasado Junio de 2011 en Ginebra, y firmado por México, en el que se establecen las condiciones mínimas laborales y de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar y donde queda implícito el reconocimiento a este tipo de actividades como un verdadero trabajo.

Diversos instrumentos nacionales han tratado de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras del hogar, como el Convenio 111 sobre la no Discriminación en el Empleo, el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de trabajar y el Convenio 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Todas las formas de explotación son idénticas porque todas se aplican sobre el mismo objeto: el hombre.

Frantz Fanon

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y SE REFORMA EL TÍTULO Xlll Y LOS ARTÍCULOS 331, 332 PRIMER PÁRRAFO, 333, 334, 336, 337 MODIFICANDO LA FRACCIÓN l, ll, lll ADICIONANDO LAS FRACCIONES  lV y V, 338 FRACCIÓN l, 340, 342, 343 Y 998 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se Reforma el título Xlll y los artículos 331, 332 primer párrafo, 333, 334, 336, 337 modificando la fracción l, ll, lll adicionando las fracciones  lV y V, 338 fracción l, 340, 342, 343 y 998 de la ley federal del trabajo

Artículo 4.-  Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, profesión y trabajo lícito, embarazo, lengua, religión, opiniones políticas, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Artículo 331.-  Personas trabajadoras del hogar son aquellas que prestan los servicios de aseo, asistencia……..

Artículo 332.- No son personas trabajadoras del hogar ……

Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar que habitan en …. 

Artículo 334.- La retribución de la persona trabajadora del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y habitación pago de tiempo extra, días de descanso obligatorio previstos en esta ley, vacaciones, pago de prima vacacional e indemnización por despido injustificado. De conformidad con los dispuesto a los artículos 24 y 25. Asimismo para los efectos de esta Ley los alimentos y habitación se estimaran equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 336.-  Las personas trabajadoras del hogar tienen derecho…

Artículo 337.-  Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

  1.      I.        Evitar todo tipo de práctica y conducta discriminativa hacia  las personas trabajadoras del hogar, que tenga por objetivo menoscabar la dignidad e integridad de las mismas derivado de su origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, embarazo, religión, preferencia sexual, lengua, estado civil, opinión así como cualquier manifestación de racismo.

 

  1.    II.        Proporcionar a la persona trabajadora del hogar …..

  1.  III.        El patrón deberá cooperar para la instrucción general de la persona trabajadora del hogar….

  1. Realizar lo trámites necesarios a fin de inscribir y dar de alta en el Seguro Social a la persona trabajadora del hogar.

 

  1.   V.        Proporcionar los productos, utensilios y herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo sus actividades de forma integral y bajo los principios de seguridad e higiene.  

Artículo 338.-Además de las obligaciones a que se refiere ……

  1.         I.        Pagar a la persona trabajadora del hogar….

 

Artículo 340.- Las personas trabajadoras del hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

Artículo 342.- La personas trabajadora del hogar podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo……

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuestos en los artículos 49, fracción IV, y 50.

Artículo 998.-  Conforme a lo dispuesto en el artículo 992, al patrón que no facilite a la persona trabajadora del hogar que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá….

 

TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se legislara la Ley secundaria correspondiente después de su entrada en vigor.

 

 

 

 



[1] Bautista, Marcelina. Dos mundos bajo el mimo techo. Trabajo del hogar y no discriminación. Consejo Nacional para la Discriminación. Colección Matices. Primera edición 2012.

[2] Estadísticas de la OIT

[3] Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010

[4] Panorama social de América Latina 2008, Santiago de Chile, CEPAL 2009.

[5] Dos mundos bajo el mismo techo. Trabajo del hogar y no discriminación. Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Disriminación, colección Matices 201

Acuerdo que exhorta a la ASF para que audite las irregularidades administrativas de la autopista del sol

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A FIN DE DAR A CONOCER EL PROCESO DE LICITACIÓN, PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ASI COMO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  REALICE UNA AUDITORÍA A CAMINOS Y  PUENTES FEDERALES DERIVADO DE LAS IRREGULARIDADES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN  Y OPERACIÓN DE LA “AUTOPISTA DEL SOL” POR LAS DEFICIENCIAS DE LA MISMA QUE HAN SIDO EVIDENTES A CAUSA DE LOS RECIENTES FENÓMENOS METEOROLÓGICOS.

 

 Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El impacto y devastación que a su paso dejaron los fenómenos meteorológicos: “Ingrid” y “Manuel”, en gran parte del territorio nacional, afectaron principalmente al estado de Guerrero, en específico al puerto de Acapulco; provocando severos daños a la Autopista del Sol, y dejando incomunicados a la población; según información presentada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se registraron 14 cortes graves a la autopista, al menos 20 deslaves y derrumbes de magnitud considerable, así como la desaparición  de un tramo de aproximadamente 100 metros en el túnel Agua de Obispo.

De esta forma se ha exhibido la infinidad de irregularidades desde el momento que fue construida por el Grupo Mexicano de Desarrollo (quien obtuvo la licitación en 1989) y puesta en operación en el año de 1993, como parte del paquete de privatización carretera impulsado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La Autopista del Sol ha enfrentado serias deficiencias que han requerido mantenimiento permanente, además de destinarle cuantiosos recursos públicos, lo que pone en evidencia la negligencia e irresponsabilidad con la que fue construida, colocándola como un modelo de corrupción en la infraestructura carretera.

No debe dejarse de lado que el costo inicial de la obra era de 800 millones de pesos, monto que alcanzó los dos mil 200 millones de pesos, elevando las cifras en un 275 por ciento.

Es necesario analizar qué porcentaje de estas afectaciones se debe realmente a los estragos de la naturaleza y qué tanto tiene que ver con las condiciones y características con las que fue construida.

En 2006, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, había asegurado que la Autopista del Sol era una carretera mal construida, con el problema de taludes inestables y sub-bases que generan columpios, así como algunas fallas estructurales que ponían en riesgo a la población; lo cual podría ser motivo para reconsiderar una disminución en las tarifas de las casetas.

En ese entonces la Auditoría Superior de la Federación había denunciado pagos irregulares a obras de reparación, entre otras cifras que no concordaban con lo que se tenía registrado en el mantenimiento de la autopista.

En dicho tenor, el pasado viernes 20, en el programa de Noticas MVS con Carmen Aristegui, el Ingeniero Enrique Santoyo Villa, considerado como uno de los expertos en mecánica de suelos más reconocidos a nivel internacional, declaró en entrevista radiofónica que “un grave error en la práctica de ingeniería en el país, es que en un gran proyecto (como lo es la Autopista del Sol) el monto que se destina para el proyecto es del 0.10 por ciento de lo que va a costar la construcción total, mientras que en otros países es del uno o dos por ciento”, lo cual genera que no se cuente con los estudios pertinentes que permitan tener las mejores condiciones y materiales para su construcción, que permean directamente en la falta de las condiciones y elementos desde un inicio; a la par de que en México una práctica recurrente es dar los proyectos a empresas de amigos o a quienes realizan el trabajo más barato.

Aunado a ello, el Grupo Expansión hace referencia que “el estudio ‘Siniestralidad vial de carreteras en áreas urbanas, caso: Autopista Cuernavaca km 98-99’, publicado este año por el estudio del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), destaca que por la orografía de la zona que atraviesa esta vía y por deficiencias en el diseño de los taludes, la carretera presenta derrumbes frecuentemente, numerosos cortes y terraplenes, especialmente en periodos de lluvias.”

Por otro lado, se debe considerar la devastación ecológica de la zona a raíz de la construcción de la Autopista del Sol, debido a que provocó y lo sigue haciendo, en términos de impacto ambiental, que la autopista estuviera mal construida desde un inicio y por ende que sufra diversas afectaciones a lo largo del tiempo.

Otro dato revelador es que en las reparaciones realizadas en 2003, la compañía Gutsa, la misma que ha recibido varias inhabilitaciones y la encargada de construir la Estela de Luz, fue contratada y en 2007 recibió una multa por 283 mil pesos debido a subcontrataciones irregulares y retrasos en la entrega de los trabajos referentes a las obras de la Autopista del Sol.

De esta forma y como medida de rescate, la Autopista del Sol pasó a ser manejada por el Fondo de Apoyo al Rescate Carretero (FARAC) en 2007, por lo que información presentada en el periódico Reporte Índigo “entre 1997 y 2006, el costo total de este rescate aumentó en 206.7 por ciento, ya que pasó de 58 mil a 178 mil millones de pesos. Este crecimiento se debió a que en esa década el gobierno mexicano pagó 98 mil millones de pesos de intereses.”

Otro elemento que debe ser señalado es que se menciona que “Carlos Slim, dueño de la compañía IAVE, aún realiza el cobro electrónico del peaje de los 262 kilómetros que la comprenden, a pesar de que su contrato venció desde julio”, así como algunas irregularidades en el sistema de cobro en años anteriores.

Es necesario que en México se eliminen prácticas corruptas, resulta sumamente grave el riesgo en el que se encuentran las personas debido a la opacidad que impera, que genera el incumplimiento de las prácticas requeridas en la manera de planeación, diseñar, construir y dar mantenimiento a obras, es el caso de la Autopista del Sol; ante ello y preocupados por esta situación que sabemos se replica a nivel nacional, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

 PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de dar a conocer el proceso de Licitación, Planeación, Diseño y Construcción así como a la Auditoría Superior de la Federación  realice una auditoría a Caminos y  Puentes Federales derivado de las irregularidades sobre la administración y operación de la “Autopista del Sol” por las deficiencias de la misma que han sido evidentes a causa de los recientes fenómenos meteorológicos.

 

Dado en el Cámara de diputados a los 24 días del mes de septiembre de 2013.

Solicitamos una auditoría a la administración y operación de la “Autopista del Sol”: Ricardo Mejía Berdeja

solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a la administración y operación de la autopista del sol que comunica a la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco ya que desde su puesta en operación en 1993 ha presentado infinidad de irregularidades, las cuales se han puesto en evidencia recientemente con los fenómenos meteorológicos que han golpeado fuertemente a dicha zona. Read More

Exhorto a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y DDHH de la Segob para cumplir las propuestas emitidas por la CNDH sobre los agravios contra defensores de dicha materia.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA SEGOB A CUMPLIR LAS PROPUESTAS EMITIDAS POR LA CNDH SOBRE LOS AGRAVIOS CONTRA DEFENSORES DE ESOS DERECHOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, AC (ACUDDEH), y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, realizó el informe Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, en el cual se documentan aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras en dicha materia en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.

De tal número, 90 afectaron directamente a personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades. En el periodo de mayo a noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero concentraron el 50 por ciento de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.

“Un hecho destacable, que pareciera ser el que modifica o genera una tendencia en las violaciones de derechos humanos del periodo que va de mayo-noviembre de 2012, comparado con diciembre de 2012 a mayo de 2013, es el nacimiento del movimiento #Yosoy132. Por ejemplo, en los estados de Zacatecas y de Baja California se dieron al menos 19.5 por ciento de violaciones de derechos humanos durante el primer periodo, mismas que ocurren en contra de personas que forman parte del movimiento #YoSoy132. De ahí que Zacatecas, estado de México, Durango, Baja California, Quintana Roo e Hidalgo constituyen el 34.7 por ciento de violaciones de derechos humanos de mayo-noviembre de 2012. Por eso mismo se explica que los estados que aparecen en el primer período no reaparezcan en el segundo, debido a la disminución de actividades de este movimiento.”1

Sobre la modalidad en que son cometidas las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar está por comisión, seguida de aquiescencia y por último por omisión; mientras que con base en una tipología de las agresiones cometidas en el período de mayo a noviembre de 2012, el hostigamiento, agresión, y amenaza encabezan la lista; mientras que para diciembre de 2012 a mayo de 2013; la amenaza se ubica en segundo lugar seguida de la agresión.

Ahora bien, respecto a las organizaciones con mayor número de violaciones a los derechos humanos, en el período que va de mayo de 2012 a mayo de 2013, el movimiento #YoSoy132 encabeza la lista, seguido del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y las Organizaciones opositoras a los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec.

Es importante señalar que en las conclusiones del citado informe se menciona que “existe un cambio importante en la forma en que se agrede a las personas defensoras de los derechos humanos: en el año anterior 2011, la forma más utilizada por el perpetrador eran las amenazas, mientras que en este año se incide con mayor frecuencia al hostigamiento, en sus múltiples modalidades, lo cual implica que el Estado ha invertido más recursos económicos y humanos en acechar a la víctimas, de hecho llama la atención que tuvimos que generar nuevas modalidades de hostigamiento como son la incursión militar, paramilitar y mixta para poder registrar estas formas de represión política”.2

Aunado a esta información, la “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), documentó 310 expedientes de agravios a defensores en el período comprendido de 2005 a 2012; en los cuales las autoridades mayormente señaladas como presuntas responsables son la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

Asimismo, la CNDH, reporta que las entidades federativas con más agravios a defensores de derechos humanos son Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal; mientras que los derechos humanos más violentados están relacionados con seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal, libertad, así como propiedad y posesión.

Ante dicho contexto la CNDH presentó tres propuestas que a continuación se enumeran:

Educación. Sensibilizar a las autoridades y servidores de los tres ámbitos de gobierno, en especial de aquellos involucrados en funciones de seguridad pública y procuración de justicia, respecto al trabajo de defensores de derechos humanos y de su obligación de respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades.

Protección. Establecer lineamientos específicos para una oportuna y eficaz implementación de medidas cautelares, a fin de evitar la consumación de actos de difícil o imposible reparación en perjuicio de defensores de derechos humanos o sus familias.

Atención. Instrumentar acciones coordinadas para la atención integral de los agravios cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y establecer políticas públicas al respecto.

Sabemos de la importancia de la defensa por el cumplimiento de los derechos humanos, sin embargo es fundamental que quienes realizan esta valiente labor cuenten con los mecanismos de protección necesarios para su ejercicio, por ello el Estado mexicano debe velar por la integridad de las personas que se dedican a estas actividades y de sus familias; por ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cumplir con las propuestas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos plasmadas en la agenda 2013 en relación con los agravios en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

Notas

1 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC. Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, junio de 2012 a mayo de 2013, México, página 21.

2 Ibid, página 39.

Dado en Cámara de Diputados, a 19 de septiembre de 2013.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa para prevenir las violaciones en matería de Derechos Humanos realizadas por parte de los cuerpos de Seguridad Federal

QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA EL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo del artículo 3 de la Ley de la Policia Federal, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

Los derechos humanos remontan su reconocimiento formal a la de Declaración Universal de Derechos Humanos de 1946, obligando a todos los Estados nacionales a reconocer la existencia de un núcleo de derechos para los ciudadanos y comprometiendo a los Estados firmantes a garantizar el ejercicio de tales derechos.

A partir de ese momento, el impulso que internacionalmente se le ha dado a la materia se refiere a la progresividad de los derechos, cada vez ampliando la esfera de protección a éstos.

En junio de 2011 se publicó y entro en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, mediante esta reforma se amplió la gama de protección a las personas que se encuentran dentro del territorio nacional.

Con esta reforma se ha pretendido garantizar la aplicación de la norma más favorable en materia de derechos humanos para los gobernados, estableciendo un sistema de constitucionalidad amplio que incorpora los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano.

La propia naturaleza de la reforma plantea el cambio de un paradigma tanto legal como administrativo, que obliga a dotar a las autoridades del Estado del conocimiento técnico y los instrumentos necesarios para garantizar de forma plena el respeto a los derechos humanos.

Esta reforma surgió del reconocimiento tácito del Estado sobre la deuda histórica en materia de derechos humanos, cuestión que se agravó de gran manera con motivo de la deficiente estrategia en contra de la delincuencia organizada impuesta durante el sexenio de Felipe Calderón y seguida por el gobierno actual.

Desde el año 2006 se desplegó a lo largo y ancho del país a las fuerzas de seguridad federales, entendiéndose como tales, la Policía Federal, el Ejército y la Marina, con el objetivo que cumplieran con labores de policía local.

Este despliegue desproporcionado ha tenido muchas consecuencias, entre ellas, la ejecución de alrededor 100 mil personas y el desplazamiento de sus hogares de al menos 160 mil.

Sin embargo, dentro de las consecuencias de la lucha contra la delincuencia organziada más graves, podemos destacar que las violaciones en matería de Derechos Humanos realizadas por parte de los cuerpos de Seguridad Federal, se multiplicarón de forma alarmante.

Los cuerpos desplegados para proteger a la ciudadanía han contribuido a la inseguridad social y la crisis que vive el Estado nacional.

De diciembre de 2006 al mismo mes de 2012, se presentaron 3 mil 851 quejas por violaciones a derechos humanos en contra de la Policía Federal, correspondiendo sólo al último año del periodo señalado la cantidad de 802.

Es decir, en el año posterior a la publicación de la reforma en derechos humanos, el incremento en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Federal no fue aminorada, en el mejor de los casos, mantuvo el mismo índice.

Ahora bien, de acuerdo a declaraciones publicadas en distintos periódicos de circulación nacional el 3 de septiembre de este año, el comisionado en derechos humanos reporto el incremento de 50 por ciento de las quejas presentadas contra este cuerpo de seguridad.

Como es de observarse los efectos de la reforma publicada en 2011 aún no han sido ostensibles, es más, a la fecha no existe un avance significativo en la materia, pues aunque exista la regulación constitucional que nos permite aumentar la gama de protección de los derechos de los mexicanos, no hemos implementado las modificaciones en las normas secundarias que permitan la aplicación efectiva de la Constitución.

Mientras no exista un trabajo legislativo eficiente que de sustento y continuidad legal a la reforma antes mencionada, no podremos contar con un sistema que garantice la amplitud de protección planteada.

Argumentación

En concordancia a lo anterior, se propone incluir en el artículo 3 de la Ley de la Policía Federal la obligación de observancia por parte de esta cooporación de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

Asimismo, se plantea adicionar un segundo párrafo, al citado artículo para establecer la obligación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de colaborar con las autoridades policiacas con motivo a fin de brindar capacitación a dichos elementos en materia de derechos humanos.

Reconocemos que existe falta de capacitación de los elementos policiacos, en la mayoría de los casos no existe una concientización y sensibilización de los derechos que deben velar y que restringen su actuar.

Con esta iniciativa, se pretende darle concordancia legal a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, para hacerla operativa en el actuar diario, y ampliaer en el ámbito policiaco los alcances de protección.

Se pretende acabar con las violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos que integran la Policía Federal, y establecer los procedimientos que permitan un aplicación plena de la reforma constitucional de 2011.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo del artículo 3 de la Ley de la Policia Federal

Artículo Único: Se reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley de la Policía Federal.

Artículo 3. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

En colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se capacitará a los elementos policiacos respeto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. A más tardar después de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá el programa relativo a los cursos de capacitación mencionados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica) y Ricardo Monreal Ávila.

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