Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: octubre 2013

Punto de acuerdo que exhorta a la PGR para que cumpla con las propuestas enmarcadas en la agenda nacional de DDHH en materia de trata de personas.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE POR MEDIO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS, CUMPLA CON LAS PROPUESTAS ENMARCADAS EN LA AGENDA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS.

 

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Información presentada en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “la trata de personas, es un problema que afecta a 20.9 millones de personas en el mundo y que cada año capta alrededor de 2.5 millones de seres humanos (Organización Internacional para las Migraciones). Según la ONU, las mujeres, niñas y niños conforman los sectores más afectados por este delito (22 por ciento son menores de edad, 66 por ciento mujeres).  México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas para la trata de personas, hay entre 16 mil y 20 mil niñas y niños como esclavos sexuales.

Asimismo, establece que “las ganancias ilícitas generadas por este delito, ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares, superadas sólo por el narcotráfico y el tráfico de armas. La trata de personas lastima a las víctimas, a sus familias y agravia a toda la sociedad; también es una violación sistemática a los derechos humanos y un problema de seguridad pública, que repercute en personas con mayor condición de vulnerabilidad.”

En México, el delito de trata de personas se encuentra tipificado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007), en diversos códigos penales y leyes especiales estatales[1] y en lo enmarcado en el  Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas publicado en el pasado mes de septiembre;a la par de lo establecido en los diversos instrumentos internacionales que el país ha firmado.[2]

De tal manera que está contemplado que “comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”.

El delito de trata implica:

La acción de reclutar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas por medio de amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción como el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios, para lograr el  consentimiento de una persona que tiene el control sobre otra con fines de explotación.

Las formas de explotación incluyen la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud y las prácticas análogas a la misma, así como la extracción de órganos.[3]

Cabe destacar que, el país cuenta con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual “fue creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia”[4], toda vez que es la instancia que, “ da respuesta por parte del Estado a la violencia contra las mujeres y la trata de personas, contribuye a una procuración de justicia igualitaria para mujeres y hombres, que fortalece el Estado de Derecho, al  dar cumplimiento con los tratados internacionales ratificados por México y que atiende la perspectiva de género. Con estos fines, pone como centro de sus tareas la integración de las investigaciones penales en el combate a esta clase de delitos y la atención integral de las víctimas; participa en la construcción de políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y la trata de personas, y colabora en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas”.[5]

Sin embargo, el Ejecutivo Federa prevé reducir en casi 20 por ciento el presupuesto para dicha dependencia en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, lo cual representa una reducción de alrededor de 20 millones de pesos, ya que en 2013 recibió 111 millones 642 mil 228 pesos, mientras en 2014 se le asigna un presupuesto de 90 millones 34 mil 843 pesos,[6] esto pese a que se busca aumentar en 25.6 por ciento el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); lo cual nos parece un hecho inoportuno dado el contexto nacional referente al delito de  trata de personas.

Es así que la CNDH en la ya citada Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 presenta tres propuestas para enfrentar esta problemática:

  1. PREVENCIÓN. Impulsar campañas en contra de la pornografía infantil, abuso y turismo sexual, implementando mecanismos eficaces para la detección y atención de las víctimas.
  1. COLABORACIÓN. Promover una estrecha cooperación y colaboración con la sociedad civil para hacer un frente común y eficaz contra la trata de personas, fortaleciendo las acciones de prevención y sensibilización.

c.  ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA. Armonizar la legislación interna con el objetivo de prevenir y erradicar la trata de personas.

Si bien estas propuestas representan un piso mínimo para lograr avances sustantivos en el combate contra la trata de personas en México, es necesario que exista la voluntad política de los tres órdenes de gobierno para combatir y erradicar esta problemética que aqueja a la sociedad en su conjunto y en donde las mujeres y niñas son las principales afectadas; por lo antes expuesto presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, cumpla con las propuestas enmarcadas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de trata de personas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 31 días del mes de octubre de 2013.


[3] Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños

[6] www.jornada.unam.mx/2013/09/23/index.php?section=sociedad&article=037n2soc&partner=rss

Punto de acuerdo para exhortar a la PGR investigue e implemente las acciones pertinentes para frenar los hechos relacionados con el cibercrimen en México

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVESTIGUE E IMPLEMENTE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA FRENAR LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL CIBERCRIMEN EN MÉXICO.

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace unos días, se dio a conocer en el Norton Ciber Crime Report 2012 el cual estudia 24 ciudades, entre ellas México, y donde se revela que “cada segundo, 18 adultos son víctimas del cibercrimen, lo que resulta en más de un millón y medio de víctimas cada día en todo el mundo”[1], es decir 556 millones de víctimas por año, dando como resultado que el costo anual de estos delitos ascienda a 100 mil millones de dólares anualmente[2].

Asimismo, Norton ha expresado que en relación con 2011, en este año ha aumentado el número de nuevas formas de cibercrimen en el mundo:

Como las que surgen en las redes sociales y los dispositivos móviles, un signo de que los ciberdelincuentes están empezando a centrar sus esfuerzos en estas populares plataformas en auge. Uno de cada cinco adultos (21%) ha sido víctima de cibercrimen en redes sociales o a través de un dispositivo móvil; y el 39% de los usuarios de redes sociales han sido víctimas de cibercrimen social.[3]

En este sentido, cabe destacar que:

  • 15% de los usuarios de redes sociales informa que alguien ha hackeado su perfil y se han hecho pasar por ellos.
  • 1 de cada 10 usuarios de redes sociales afirma que han sido víctimas de scam o enlaces falsos en las redes sociales.
  • Mientras el 75% considera que los cibercriminales están centrando sus miras en las redes sociales, menos de la mitad (44%) utiliza una solución de seguridad que les proteja de amenazas en la redes sociales y solo el 49% utiliza la configuración de privacidad para controlar qué información comparten y con quién.
  • Casi un 31% de los usuarios de equipos móviles recibieron un mensaje de texto de alguien que no conocían pidiendo que accedieran a un determinado enlace o marcasen un número desconocido para escuchar un mensaje de voz.[4]

Por otro lado, existen prácticas riesgosas, tales como que dos terceras partes de los cibernautas a nivel mundial, usan WI-FI público o inseguro; el 44 por ciento que acede a su cuenta de correo electrónico personal en este tipo de conexiones WI-FI, lo cual representa una vía fácil para la consecución de algún cibercrimen.

En México, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)[5] en 2012 eran 45.1 millones de usuarios de internet en el país, de los cuales el treinta por ciento se encuentra en los rangos de edad entre 25 y 44 años; sin embargo de 12 a 27 años es el sector con más presencia en internet, con un veintidós por ciento, seguida de los 18 a 24 años con veintiún por ciento.

Respecto a las principales actividades online que se realizan en México, en primer lugar está enviar/recibir correos electrónicos (87 por ciento), seguida de búsqueda de información (84 por ciento) y en tercer lugar acceder a redes sociales (82 por ciento); cabe destacar que del siete por ciento de mexicanos que no acceden a alguna red social, tienen como su principal razón la protección de datos personales.

De tal forma que respecto al cibercrimen, el país se ve afectado anualmente por dos mil millones de dólares por hechos vinculados, correspondientes a tres rubros; el cibercrimen en general; el cibercrimen social, el cual está vinculado con actividades generadas en la plataforma de las redes sociales; y el cibercrimen mediante los celulares/smartphones.

Asimismo, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Cibercriminalidad, se dio a conocer que en México los ciberdelitos que más se cometen en México son el robo de propiedad industrial e intelectual (35 por ciento), amenazas y difamaciones (30 por ciento), fraude y abuso de confianza (20 por ciento); fraudes financieros (10 por ciento) y pornografía infantil (cinco por ciento).

Por otra parte, en el Primer Encuentro Latinoamericano sobre Ciberseguridad: Delitos Cibernéticos e Informática Forense, académicos y expertos coincidieron en que el combate y erradicación de los casos de suplantación de identidad, ciberespionaje, fraudes a la banca por Internet, distribución en línea de pornografía infantil y materiales para incitar el odio racial, entre otros delitos “online”, son asuntos de seguridad nacional.[6]

En dicho tenor, se reveló que las acciones delictivas en línea han crecido dieciocho por ciento y que ochenta de cada cien conductas relacionadas con estos hechos, se llevan a cabo en países de vías de desarrollo; a la par hicieron un llamado para el fortalecimiento del marco jurídico respectivo y a garantizar, mediante nuevas herramientas, la seguridad tanto de la información como de los datos personales; haciendo hincapié en la necesidad de concientizar a las personas usuarias de internet sobre la importancia y gravedad del asunto.

Reconocemos la importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo del país, en el acceso a mayor cantidad de información y a los beneficios que representa en términos económicos, políticos, sociales y culturales; sin embargo es necesario que las personas usuarias de tales herramientas, cuenten con la garantía que la información que proporcionen en las diversas plataformas esté segura y no genere la posibilidad de convertirse en víctima de algún cibercrimen; ante ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República investigue e implemente las acciones pertinentes para frenar los hechos relacionados con el cibercrimen en México.

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de octubre de 2013.

Punto de acuerdo para hacer pública la información detallada de la adquisición del edificio de CONAGUA

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ENTORNO A LA ADQUISICIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE CONAGUA.

 El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El día de hoy ha sido publicado en distintos medios de comunicación información relativa al costo del nuevo edificio sede de CONAGUA, ubicado en la colonia Copilco, delegación Coyoacán, que fue adquirido en 2004 y que se terminará de pagar en un plazo de 20 años.

 Dentro de la información publicada se destaca que el costo será cercano a los 2 mil 332 millones de pesos, de los cuales mil 600 millones corresponden al pago de intereses, y a la fecha solo se han pagado 432 millones.

 Es decir, los intereses generados por esta compra serán más onerosos que el mismo edificio, ya que mientras el precio de adquisición original fue de 749 millones 538 mil pesos, el gasto que erogara el Estado al concluir el plazo de la compraventa tendrá un crecimiento de más de 3 veces el costo original.

Lo anterior representa un grave desfalco al Estado, sobre todo si se le compara con los montos asignados al presupuesto en distintos rubros, por ejemplo, el costo de los intereses que se pagara será superior al monto propuesto para el siguiente ejercicio la CNDH, y apenas 200 millones de pesos inferiores a lo que se pretende asignar a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones durante el siguiente ejercicio; igualmente, se destaca que el presupuesto propuesto para los proyectos de infraestructura plurianual de carretera e infraestructura turística es mucho menor que el señalado pago de intereses.

Mas grave resulta que el costo del edificio de la CONAGUA es la mitad del presupuesto que ha referido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será necesario para cubrir los daños de la infraestructura carretera de los fenómenos meteorológicos “Manuel e Ingrid”.

La contratación señalada manifiesta la existencia de una cláusula ventajosa para los acreedores y dañina para el Estado nacional, por lo que corresponde la revisión de las posibles irregularidades existentes en ese ejercicio.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia, ejercite las facultades necesarias, para hacer una revisión de las actuaciones de los funcionarios públicos relacionados con la adquisición del nuevo edificio de la CONAGUA.

SEGUNDO.- Se solicita a la Procuraduría General de la República para de oficio inicie con una averiguación previa en el que se investigue la posible responsabilidad penal de los funcionarios encargados de la adquisición del edificio de la CONAGUA.

TERCERO.- Se solicita a la CONAGUA que haga del conocimiento público, la información detallada de la adquisición del edificio en cuestión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de octubre de 2013.

Los resultados del Examen Periódico Universal denotan la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar los derechos humanos: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

27 de octubre de 2013

Boletín de Prensa

 

Los resultados del Examen Periódico Universal denotan la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar los derechos humanos: Ricardo Mejía Berdeja

  • Un ejemplo de la violación de derechos está reflejada en la desigualdad por razones de género.

En el marco de la decimoséptima sesión del Examen Periódico Universal, en donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluó al gobierno mexicano sobre la situación del país en la materia, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja expresó “reconocemos los grandes avances en materia de derechos humanos en el país, tales como la reforma al artículo primero constitucional, sin embargo estas evaluaciones y los diversos informes que se han presentado por parte de organizaciones nacionales e internacionales, demuestran que en México se siguen violentando los derechos más elementales de las y los mexicanos.”

En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados precisó “no es casual que los puntos más sobresalientes del Examen Periódico Universal estén relacionados con la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la figura del arraigo, el mayor acceso a la justicia para las mujeres y la permanencia del fuero militar; estos elementos en su conjunto denotan las características del Estado policiaco y de persecución en el que vivimos y que ha desembocado en la violación sistemática de los derechos humanos”.

Aunado a ello, Mejía Berdeja cuestionó las acciones que el gobierno mexicano ha emprendido a favor de alcanzar la igualdad sustantiva, esto a raíz de los resultados del ranking de equidad de género elaborado por el Foro Económico Mundial, donde México ocupa el lugar 68 de los 136 países evaluados en los rubros de participación y oportunidades económicas, salud y supervivencia, educación y empoderamiento político “un ejemplo más que evidencia la necesidad de articular mayores esfuerzos a favor de garantizar el ejercicio pleno de los derechos, es la desigualdad que existe por razones de género y que se refleja en la situación de las mujeres en todos los aspectos tanto económicos, políticos, sociales y culturales”.

Por último el legislador federal de Movimiento Ciudadano mencionó algunas de las iniciativas que, ha presentado en materia de derechos humanos, tales como la propuesta para la eliminación de la figura del arraigo o la tipificación de la desaparición forzada; entre otras que buscan, de manera integral, pugnar por la aplicación de los principios establecidos en los derechos humanos

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

 En la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, se incluyó en el artículo 1ero., el criterio pro-persona, es decir, en los casos de interpretación de los derechos humanos de las personas, siempre se optaría por la norma que tuviera un mayor ámbito de protección.

En ese sentido, al ser la Constitución la norma fundante del Estado mexicano y el criterio último de validez de las restantes normas jurídicas, lo dispuesto en ella se constituye en el dogma aplicable para la interpretación normativa.

En ese sentido cuando el constituyente permanente emite una norma constitucional que dispone el reconocimiento de un nuevo derecho, la aplicación de un nuevo criterio o una nueva estructura orgánica, corresponde al Poder Legislativo, hacer las modificaciones a las Leyes correspondientes o emitir las normas reglamentarias necesarias para corregir la normatividad en relación a esa nueva disposición.

Lo anterior, constituye al poder legislativo como un medio de “control de constitucionalidad” de las normas legales, imponiéndole la obligación de actuar en consecuencia y adaptar las normas jurídicas como corresponde.

Por lo tanto, al incorporarse al artículo 1ro., de la Constitución el llamado criterio pro-homine, es decir, el estar siempre a favor de la persona ampliando en cada momento en ámbito de protección de sus derechos, las normas legales incorporadas al sistema jurídico mexicano, deben recoger este criterio, para así hacer operativa su aplicación.

Se sostiene que la modificación a la Constitución no será suficiente hasta en tanto no se incorpore este criterio a las normas legales, pues únicamente cuando ocurra esto es que existirá una armonización plena con la nueva reforma.

Por otro lado, el derecho penal se ha constituido como la ultima ratio del Estado, siendo un derecho que corresponde al extremo de las conductas de los gobernados.

El derecho penal es lo que se conoce como una expresión del Ius Puniendi, o la rama del derecho sancionador encargada de la regulación de los ilícitos penales y la aplicación de las penas.

A través de este derecho regula el catálogo de conductas tipificadas y las sanciones correspondientes, sometidas en todo momento a la constitución, destacándose la aplicación de los principios de taxatividad y legalidad de la norma penal.

Los principios mencionados evidencian la aplicación de candados a la materia penal, pues con ellos se manifiesta que solo en el caso en que normas legales que dispongan la determinación precisa de conductas ilícitas y las penas correspondientes serán sancionados los gobernados, restringiendo en todo momento la discrecionalidad de las autoridades en esta materia.

Igualmente se destaca que en el caso de las normas penales, se constituye la única excepción al principios de retroactividad de la Ley, pues el artículo 14 de la Constitución dispone que ninguna Ley tendrá efectos retroactivos, salvo aquella que actué en beneficio del reo.

Por lo anterior, es manifiesto que por tratarse de la aplicación del Ius Puniendi del Estado, en el derecho penal debe reconocerse en todo momento el principio Pro-homine, y más aún si tenemos en consideración, la nueva obligación general en la materia.

ARGUMENTACIÓN

En ese sentido se plantea modificar el artículo 6 del Código Penal Federal con el objetivo de cambiar el criterio de aplicación del tipo penal, para con ello ser congruente con el mandato constitucional en que se reconoce el principio pro-persona en el segundo párrafo del artículo 1ro.

Actualmente el citado artículo 6to., plantea que en el caso en que la misma conducta este tipificada y sancionada por dos cuerpos normativos, se aplicará al inculpado aquella Ley que tenga el carácter de especial, es decir, siempre que el Código Penal Federal, contenga la tipificación y sanción de una conducta será inaplicada en el caso que dicha conducta este regulada por una norma especial.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Pág. 15

ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN COBRA APLICACIÓN EN LUGAR DEL PREVISTO EN EL NUMERAL 167, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

La conducta atribuida al quejoso consistente en colocar obstáculos en una vía general de comunicación con el objeto de impedir el paso de vehículos, en principio quedaría contenida en una norma de carácter general, esto es, en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal; sin embargo, existe un ordenamiento especial que prevé y sanciona dicho comportamiento, a saber, el numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; por lo que se actualiza la figura del concurso aparente de tipos penales, el cual debe resolverse conforme al principio de especialidad contenido en el artículo 6o. del Código Penal Federal, según el cual, la ley especial debe prevalecer sobre la general. Ahora bien, los elementos que integran el delito previsto en el citado Código quedan inmersos en el que sanciona la Ley de Vías Generales de Comunicación e incluso ésta recoge mayor número de elementos, circunstancias o características del hecho; de ahí que, en la referida hipótesis, la disposición especial (artículo 533) desplaza a la norma general (artículo 167, fracción III). Lo anterior es así, entre otros aspectos, porque el tipo general se actualiza por el solo hecho de colocar estorbos o cualquier obstáculo adecuado en un camino público con el objeto de detener los vehículos que por ahí transitan, mientras que el delito especial, con mayor amplitud, sanciona a quienes por cualquier medio interrumpan los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, agregando una circunstancia de modo, al referir que dicha interrupción puede ser total o parcial; en cuanto al resultado, amplía los casos de afectación derivados de la conducta delictiva, pues no sólo sanciona la interrupción de los medios de transporte, sino también la de los servicios que operan en las vías generales de comunicación, y en lo relativo al objeto material, en lugar de aludir únicamente a los caminos públicos -como lo hace la norma general-, utiliza una nomenclatura que engloba la diversidad de aspectos relacionados con la materia que regula; además, el tipo penal contenido en la ley especial, precisamente en función de la diversidad de comportamientos que establece, permite regular la óptima aplicación de sanciones a quienes transgreden dicha norma, desde el punto de vista de los bienes jurídicos tutelados, es decir, el adecuado funcionamiento de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte y de los servicios auxiliares.

PRIMERA SALA

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito). 28 de junio de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis de jurisprudencia 46/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de julio de dos mil seis.

Lo anterior significa que el criterio de aplicación actual corresponde al de especialidad de la norma, lo cual podría oponerse a la existencia del criterio pro-persona, pues en el caso que la norma especial contenga una sanción más grave, se aplicaría en detrimento del inculpado.

Con la modificación propuesta, se incorporaría de lleno el citado criterio para la clasificación de delitos, lo cual garantizaría la aplicación de la norma más favorable al inculpado.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal.

Artículo 6o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, se aplicará aquella que sea más favorable al inculpado, entendiéndose como las más favorable aquella que cuenta con una pena menor.

En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de ley.

TRANSITORIOS

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de Octubre de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Estamos preparados para la discusión del mal llamado seguro del Desempleo y la Pensión para Adultos Mayores: Diputado Ricardo Mejía Berdeja

 

Palacio Legislativo de San Lázaro

 23 de octubre de 2013

CONFERENCIA DE PRENSA DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, AL INICIO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

RMB.- Buenas tardes. Queremos hacer una declaración con relación al lamentable espectáculo del espionaje que se ha venido dando cuenta en los últimos días. De entrada nos parece que la actitud del Gobierno Federal ha sido una actitud timorata, una actitud que no corresponde a un Estado Nacional, a un Gobierno de un país soberano.

Este tipo de prácticas se han acentuado a partir de los grandes intereses que hay en juego y particularmente con temas como la reforma energética en la cual, desde luego, gobiernos de países extranjeros, nuestro país vecino, trasnacionales, grupos de interés tiene la mira puesta en las actuaciones del Gobierno Federal y de los actores políticos por los grande intereses que se están jugando en la reforma energética.

Nosotros creemos que en este tema hay negocios millonarios de gente que está en el gobierno, particularmente en Petróleos Mexicanos, y que es del interés de ellos que se pueda concretar este negocio y del Gobierno estadounidense y por eso no es casual la tibia respuesta.

Por otro lado, seguimos viendo los exabruptos y las declaraciones locuaces pero que evidencian una actitud política de parte del ex presidente Vicente Fox, con lo cual nosotros creemos que tendría que ser llamado a cuentas para que informe de lo que sepa del espionaje que practican los gobiernos, porque él con toda desfachatez dice que es una práctica común, entonces nos interesa que se pueda aclarar, sobre todo ahora que el Ejecutivo envía un paquete de iniciativas en materia de Derechos Humanos, nos parece que sería una buena ocasión para que el ex presidente Vicente Fox informe todo lo que sabe al respecto.

Por otro lado, comentar que estamos viendo la misma conducta en el Senado que en la Cámara de Diputados, ya aprobaron sin cambios el Código Fiscal de la Federación y nosotros reiteramos que es un Código que plantea un terrorismo fiscal y nos parece tan grave como las reformas a la Ley del IVA, a la Ley del ISR, a la Ley de los impuestos especiales que se aplicaron.

Vemos que es la misma conducta y que los partidos del Pacto por México siguen aprobando las iniciativas, nos parece que van a hacer un poco de ruido con las reformas impositivas pero que al final van a convalidar todos los atracos a la ciudadanía que se estuvieron aprobando la semana pasada.

Nosotros lo reprobamos y reiteramos que somos el único grupo parlamentario que sostuvo una posición firme porque el PAN votó a favor de la Ley de Ingresos y a favor de la Ley del Código Fiscal de la Federación y solamente se opuso en la cuestión de los impuestos.

Para nosotros tan graves son los nuevos impuestos o los aumentos como el Código Fiscal y como la Ley de ingresos que plantea que sigan los gasolinazos y un endeudamiento monstruoso del orden de 650 mil millones de pesos y 10 mil millones de dólares por eso condenamos esta actuación.

Decirles, también, que estamos preparos para la discusión de mañana de la reforma constitucional, que tiene que ver con el mal llamado seguro de desempleo y el tema de la pensión para adultos mayores.

Básicamente son los temas que les queríamos mencionar: reprobar el espionaje y seguir denunciando el atraco fiscal con la Reforma Hacendaria. Si tienen alguna pregunta estamos a sus órdenes.

LLEGARON A ALGÚN ACUERDO, SACARON ADELANTE ESTA CONVOCATORIA CON RESPECTO A LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE EL DÍA DE HOY SE IBA A HACER EL ANUNCIO, ¿LO ABORDARON DENTRO DE LA JUCOPO?

RMB.- Apenas va a empezar la reunión, llegaron retrasados los partidos del Pacto por México, yo creo que estaban haciendo algunos acuerdos pero creemos que, a reserva que se confirme, quieren echarle tierra al asunto, que quieren de algún modo buscar una manera ilegal para matar el proceso que está corriendo, terminarlo y acumularlo a los nuevos consejeros, a los tres que culminan y al consejero presidente Leonardo Valdez, ahorita lo vamos a ver, pero yo le puedo casi adelantar que esa va a ser la postura.

Nosotros seguimos insistiendo en que la Cámara está en desacato y que se tiene que terminar con el proceso que va corriendo de sustitución del ex consejero Sergio García Ramírez y después ver o paralelamente ver los otros consejeros.

¿CUALQUIER ACUERDO, CUALQUIER CONVOCATORIA USTEDES LA VAN A RECHAZAR?

RMB.- Lo que nosotros creemos es que primero se tiene que desahogar el procedimiento pendiente. Lo que plantearíamos es que se sometan a la consideración del pleno los cinco finalistas y sin ninguno alcanza las dos terceras partes pues no habría consejeros, pero ya cumplimos con la legalidad y se tendría que hacer una nueva convocatoria.

Donde plantaríamos que un mecanismo adecuado es: aquellos que cumpla con los requisitos legales, de idoneidad y que sean aprobados por la Comisión de Gobernación que sean electos por insaculación y ya presentados al pleno para su ratificación, pero estos cinto ya traen la bendición del PRI y nosotros no vamos a avalar ninguno de los cinco que se han manejado y creemos que en todo caso se tiene que ir al pleno para que se culmine el proceso.

 Gracias.

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Punto de acuerdo de Ricardo Mejía para exhortar al Ejecutivo Federal a publicar el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Se considera como persona extraviada a aquella que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio.

Una persona desaparecida es aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado, intencional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

En México,  La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas establece que la autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre desaparición de una persona deberá de comunicarlo de manera inmediata al registro nacional, en la forma que establezca el Reglamento de la presente Ley. Sin embargo, este reglamento aún no existe.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con casi 16 mil 800 registros de personas desaparecidas, entre extraviadas y fallecidas no identificadas.

A principios de abril, reveló que tenía datos de 8 mil 898 muertos sin identificar y de 5 mil 397 extraviados o ausentes, un total de 14 mil 295 personas.

Los reportes de personas extraviadas se ha incrementado; en 2009 se abrieron 115 expedientes, en 2010 fueron 154 y en lo que va de 2011 se avanza en 1,373, para mil 801 indagatorias activas.

Sin embargo, el 90 por ciento de los delitos cometidos en nuestro país no se denuncian. Con cifras del INEGI, en el 2010 hubo 22 millones 715 mil delitos, pero sólo 2 millones se denunciaron y lo que es aún más grave es que sólo en el 1 por ciento de los casos hubo sentencias.

Tan sólo en el sexenio de Calderón, la CNDH ha mantenidos abiertos 304 expedientes por desaparición forzada, que involucran a 500 agraviados. En este sentido, hizo un llamado de atención para que no quede un solo delito o violación a derecho sin investigar y hacer que se sancioné a los servidores públicos involucrados.

Ante las altas cifras de personas extraviadas o desaparecidas, se ha evidenciado la necesidad de publicar la reglamentación secundaria de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Es necesaria la creación del reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas, pues en él debe establecerse la normatividad con la que debe operar esa disposición.

Sin el reglamento, las autoridades en los tres niveles de gobierno no pueden implementar mecanismos eficaces de para una identificación efectiva de las víctimas, lo que pone en plena opacidad al sistema de justicia mexicano.

Es preciso mencionar que la ley es el primer paso para desarrollar una sociedad democrática. En este sentido la falta de un reglamento dificulta la transición a la justicia mediante la garantía de los derechos fundamentales.

Es indispensable que se publique a la brevedad el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas para que las y los ciudadanos que deseen ampararse en estas leyes posean certeza del procedimiento.

Ante la necesidad de que la normatividad aplicable en materia de personas desaparecidas o extraviadas no sea letra muerta solicitamos se publique el reglamento que pertenece a esta ley. La ausencia de un reglamento en esta materia impide que todas las disposiciones de la Ley puedan llevarse a cabo.

Lo anterior para solicitar el cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo transitorio de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, donde establece que el Ejecutivo Federal cuenta con un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Federación, para emitir el reglamento de ésta. No obstante, un año después de haber vencido el plazo, el Ejecutivo Federal no ha dado cumplimiento a lo establecido en dicho ordenamiento, para dar plena vigencia a lo contemplado en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que publique el reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de octubre de 2013.

Celebramos la decisión del TEPJF para disminuir la brecha de género en el Sistema Profesional Electoral: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

22 de octubre de 2013

Boletín de Prensa

Celebramos la decisión del TEPJF para disminuir la brecha de género en el Sistema Profesional Electoral: Ricardo Mejía Berdeja

Las acciones afirmativas son necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva.

Se necesita hacer un replanteamiento integral para disminuir la brecha de género.

Tras la confirmación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de para que los lineamientos del Concurso 2013-2014 emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, estén dirigidos exclusivamente a mujeres para ocupar plazas vacantes del Sistema Profesional Electoral, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja expresó “celebramos la decisión por parte del Tribunal Electoral para que más mujeres ocupen más espacios en el Sistema Profesional Electoral, este tipo de acciones afirmativas son necesarias para avanzar en el camino hacia la igualdad sustantiva, por lo que nos congratula la decisión de los ministros”.

Aunado a ello, Mejía Berdeja, quien se desempeña como Consejero del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Instituto Federal Electoral señaló “que actualmente casi el 80 por ciento de las plazas ocupadas en el Sistema Profesional Electoral sea hombres, habla de la necesidad de realizar un replanteamiento integral del propio sistema en miras de disminuir la brecha de género existente; si bien la medida promovida por el Consejo General, aumentará en un 3.36% la participación de las mujeres, dando un total del 25.17%, esta cifra dista mucho de la paridad; razón por la cual se debe avanzar en la implementación de más acciones a favor de la participación equitativa”.

En dicho tenor, el legislador federal lanzó un llamado a los partidos políticos y funcionarios públicos para emprender acciones afirmativas que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos humanos, en este caso los derechos políticos de las mujeres “la igualdad sustantiva, reflejada en la paridad, debe ser una causa que una, sin distingos partidistas ni intereses grupales, a todas y todos los mexicanos; por eso hacemos un llamado para que esta lucha no sea utilizada con fines mediáticos y propagandísticos”, señaló.

Asimismo, Mejía Berdeja hizo referencia a diversas experiencias internacionales, al mencionar que, en todos los países que cuentan con acciones afirmativas, ha habido un incremento considerable en el porcentaje de la participación de las mujeres tanto en el ámbito público como privado.

Por último, el también Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, expresó “la igualdad sustantiva debe ser uno de los pilares que fortalezca a la democracia mexicana; la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los espacios está reconocida en marcos nacionales e internacionales,  por lo que refrendamos nuestro compromiso para que se cumpla a cabalidad lo estipulado en la materia y reiteramos nuestro apoyo con quienes día a día han luchado para alcanzar la igualdad en nuestro país”.

Exhorto de Ricardo Mejía a la PGJE de Guerrero para esclarecer el asesinato de Rocío Mesino, activista de la OCSS

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTARA LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO A ESCLARECER EL ASESINATO DE ROCÍO MESINO, LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR Y A FRENAR LA OLA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS LÍDERES SOCIALES EN EL ESTADO.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado sábado 19 de octubre, Rocío Mesino Mesino,  dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue asesinada en las inmediaciones de la carretera que lleva a la comunidad de Pie de la Cuesta, ubicada en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de Costa Grande, Guerrero.

Según los testimonios “los sicarios llegaron en una motocicleta y uno de ellos descendió y le disparó varias veces”[1] “cuando se encontraba acompañada de sus familiares y unos 60 trabajadores, supervisando la rehabilitación de un puente dañado por las lluvias recientes”[2] ante el paso de Manuel e Ingrid por el estado de Guerrero; lugar en donde también había instalado un comedor comunitario para las personas damnificadas.

A petición de sus familiares, el cadáver no fue recogido por el Servicio Médico Forense y fue trasladado a su vivienda en la colonia 18 de Mayo en Atoyac para su velación.[3]

Hasta el domicilio particular de los dolientes llegó el Ministerio Público del fuero común para llevarse el cuerpo y practicarle la necropsia de ley, misma que se llevaría a cabo en la funeraria ‘Sarabia’, donde confirmaron que la luchadora social presentaba tres disparos de grueso calibre.

Más tarde el lugar al crimen arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ministerial Investigadora y soldados del Ejército Mexicano de la 27 Zona Militar, quienes de inmediato desplegaron un operativo de búsqueda y localización de los dos agresores de la líder de la OCSS.[4]

Es necesario destacar que, en 1981, Rocío Mesino “fundó la OCSS junto con su familia, la cual se ha pronunciado por la liberación de presos políticos y castigo a los autores de la masacre de Aguas Blancas. Fue regidora perredista en Atoyac el trienio 2009-2012, candidata a la presidencia municipal”[5] y de manera reciente fue candidata a síndica en Atoyac, Guerrero, por Movimiento Ciudadano en el pasado proceso electoral.

Por otro lado, se debe hacer mención que Rocío Mesino había sido detenida el pasado 13 de marzo por policías ministeriales en Atoyac, en relación con la averiguación previa TAB/COY/01/01109/2011 por el delito de homicidio calificado, en agravio de Victorino Luengas García, quien fue asesinado después de permanecer secuestrado, en junio de 2011, en Coyuca de Benítez,[6] sin embargo, ante la falta de pruebas que acreditaran su participación en los hechos, fue liberada seis días después.

Asimismo, “en septiembre de 2005 el hermano de la dirigente, Miguel Ángel Mesino, fue asesinado por hombres armados en el centro de la cabecera municipal de Atoyac.”[7]

Si bien, Iñaki Blanco Cabrera, Procurador de Justicia del Estado de Guerrero, ha señalado que se contemplan varias líneas de investigación respecto al asesinato de Rocío Mesino, es importante insistir en que cualquier tipo de señalamiento respecto a estos hechos debe hacerse con pleno apego a la ley y sobre todo bajo el respeto irrestricto del debido proceso; este punto es mencionado debido a que, bajo el argumento de un posible involucramiento de la delincuencia organizada, se busque restar la importancia debida a este lamentable suceso en contra de una luchadora social y defensora de los derechos humanos; quien, tras la Masacre de Aguas Blancas en 1995, se le ha considerado como una de las principales activistas de la OCSS.

Asimismo, el procurador mencionó que “aún no se tiene identificado a los asesinos que fueron dos los que participaron y a pesar de que el hecho ocurrió a plena luz del día y ante la presencia de muchos testigos, muchos tienen temor y miedo a represalias y no quieren declarar.”[8]

Estos hechos se suman, de manera reprobable a la lista de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados por su lucha en diversas regiones del país; ante esta situación, el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada realizó el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, en el cual se documentan aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras de derechos humanos en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.

De tal número, 90 afectaron directamente a las personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades; por estado, en el periodo de mayo a  noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero casi concentraron el 50% de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.

Respecto al tipo de derecho que defienden las víctimas de este tipo de hechos, el informe exhibe que de mayo de 2012 a mayo de 2013, en primer lugar se encuentra lo concerniente a la defensa de los derechos civiles y políticos, seguida de la lucha relacionada con la verdad y la justicia.

La situación de inseguridad y violencia que se vive en todo el territorio nacional ha originado un estado de vulnerabilidad para quienes habitan el país, aún más para quienes, en la búsqueda por subsanar las fallas estructurales causadas por la inacción, omisión y complicidad del Estado Mexicano, han alzado la voz y dedicado su vida –en toda la extensión de la palabra- a la defensa de las personas y sus derechos.

Por ello, alzamos la voz por aquellos líderes sociales y defensores de derechos humanos, que han sido acallados mientras aspiraban por un México mejor; nos solidarizamos con sus familias, amistades y personas que compartían sus causas; condenamos cualquier tipo de violencia o acto que busque frenar la participación ciudadana, que intente reprimir la protesta social y sobre todo, cualquier hecho que viole los derechos humanos de todas las personas; por lo antes expuesto presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer el asesinato de Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y a frenar la ola de violencia en contra de los líderes sociales en el estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de octubre de 2013.

Exhorto de Ricardo Mejía a PEMEX para que haga pública la información de sus estados finaniceros y de sus filiales

PUNTO DE ACUERDO SE EXHORTA A PEMEX A HACER PÚBLICOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS FILIALES DE SUS PROPIEDAD QUE EXISTAN EN PAÍSES DIVERSOS Y QUE NO SE ENCUENTREN SUJETAS A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESAS, ASÍ COMO UN INFORME GENERAL DEL ESTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL DE DICHAS SOCIEDADES.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la década de los 80´s, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tenido un carácter internacional, al fundar filiales en más de siete países en el mundo, con el propósito de llevar a cabo la transformación de hidrocarburos en el extranjero, entre los que destacan Estados Unidos, Suiza, Holanda, Irlanda y Reino Unido.

Pero fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que Pemex comenzó el manejo discrecional de operaciones financieras ajenas al control del  Congreso, al crear filiales tipo “holdings” encargadas de construir empresas instrumentales y fideicomisos exentos de rendir cuentas.

Los primeros “holdings” creados fueron PIM Holdings B.V. y PMI Holgings N.V, así como la entidad PMI CIM para brindar servicios administrativos, comerciales y financieros a los filiales.

La mayoría de las empresas fueron creadas bajo el auspicio de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, la cual en su momento no obligaba someter su constitución a la consideración del Consejo de Administración de Pemex.

Durante 1993, Pemex a través de su filial PMI Norteamericana con la subsidiaria Shell Oil Company y de la holandesa Shell se aliaron en partes iguales para fundar la sexta refinería más grande de Estados Unidos con una producción de 340 mil barriles diarios de crudo.

Sin embargo esta alianza no representa una ventaja para Pemex, ya que el crudo mexicano regresa al país a precios del mercado internacional.

A estas instalaciones se le suman otras empresas encargadas de la comercialización en el extranjero de hidrocarburos, algunas de ellas con sedes tan inusuales como las Islas Caimán y las Bahamas de  acuerdo a la página web de Petróleos Mexicanos.

Desde 2007,la Auditoria Superior de la Federación ha venido señalando la existencia de empresas denominadas extralegales; pero fue en la Revisión de la Cuenta Pública 2011, que se encontró que Felipe Calderón, creó una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que se depositan ganancias que oscilan entre los 434 mil millones de pesos de 39 empresas filiales de Pemex que operan en el extranjero.

En suma la ASF, señaló que los activos de las filiales en los diversos países suman 92 mil 144 millones de pesos.

El Libro Blanco del Grupo PMI, filial de Pemex señala que en los últimos años de la administración de Calderón la paraestatal utilizó a sus subsidiarías como prestanombres para diversas operaciones comerciales.

Muestra de ello es que PMI Norteamericana SA de CV (PMI NASA) adquirió para Pemex refinación seis buques tanque entre 2010 y 2011, con un valor cercano a siete millones de pesos con autorización del Consejo de Administración de la paraestatal.

Por si fuera poco PMI Holding B.V. filial que administra el dinero a través de un banco interno, en 2011 fue la encargada de comprar 4.69 % de las acciones de la petrolera Repsol, con un valor superior a mil 200 millones de euros.

Lo preocupante es que dichas ganancias no se reportaron al erario público, debido al vacío legal bajo el cual se excusan, ya que las empresas extranjeras no están sujetas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Petróleos Mexicanos ni a la legislación que regula a las empresas de participación mayoritaria.

El negocio turbio de las filiales se funda bajo las leyes de los países donde se crean y tienen residencia fiscal en el extranjero, lo que permite que sus balances financieros y de resultados no se registren en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en la Cuenta Pública.

Las transacciones financieras que tienen relación con la compra de acciones y otras operaciones se amparan bajo la Ley de la Deuda Pública.

En tal sentido, Pemex opera una tesorería centralizada paralela que maneja desde el exterior en paraísos fiscales a través de transacciones off-shore, por ello resulta impostergable que se revise y modifique el régimen jurídico de empresas filiales y vehículos financieros que al tener su domicilio fiscal en el extranjero no están regidas por las leyes mexicanas y en consecuencia no son sujetas de fiscalización y rendición de cuentas.

Pemex cuenta con inversiones permanentes en acciones de compañías no consolidadas, asociadas, en el que se tiene un porcentaje de participación accionaria.

En días pasados, con motivo de la detección de irregularidades en los informes Anuales emitidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), en  2010, 2011 y 2012, se ordenó hacer públicos los estados de cuentas de las filiales de PEMEX.

Derivado de lo anterior los Diputados de Movimiento Ciudadano sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a PEMEX a hacer públicos los estados financieros de las filiales de su propiedad que existan en países diversos, así como un informe general del estado financiero y patrimonial de dichas sociedades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21  días del mes de Octubre de 2013.