Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: noviembre 2013

Se exhorta al director general de Pemex a difundir criterios utilizados en la negociación para adquirir el 51% de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir los criterios utilizados en el proceso de negociación para adquirir 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, dentro de la administración pública de nuestro país, una de las dependencias que más se ha caracterizado por noticias sobre fraudes, corrupción y malos manejos, es Petróleos Mexicanos.

Ahora nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza, ya que nuestra paraestatal se está preparando para la ratificación de la compra de 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo, la cual fue anunciada en mayo del presente año.

En una reunión que involucró a funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos; al consejero de economía e industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde López, y al principal accionista del astillero gallego, José García Costas, se concretaron las acciones que se planean emprender.

Pemex ha argumentado que el objetivo principal de esta inversión, radica en el interés de transferir la experiencia en conocimiento tecnológico de Hijos de J. Barreras para México, con el propósito de construir más adelante buques especializados en Altamira, Tamaulipas.

Sin embargo, debemos mencionar que la compra del 51 por ciento de la propiedad del mayor astillero privado de Galicia, significará una inversión inicial para la paraestatal de 5.1 millones de euros; es decir, $90 millones 331 mil 200 pesos.1

Mientras que para España el sector naval ha tenido una posición estratégica para la economía, la cual se traduce en 23 astilleros en todo el país; en México preferimos invertir en proyectos extranjeros, lejos de impulsar la proveeduría nacional con el afán de tener una mayor derrama económica.

Los funcionarios de la paraestatal realizan inversiones para crear fuentes de empleo en otras naciones, en lugar de reactivar la industria en México, como lo hacen Petrobras o Statoil, de Noruega o Electricité, de Francia.

Resulta indignante que se celebren adquisiciones con empresas extranjeras, cuando el país requiere inversión en millones de proyectos. ¿En cuántos empleos se traducirá esta compra? Desgraciadamente, mientras en nuestra nación la tasa de desocupación asciende a 5.01 por ciento a octubre, México incentiva la creación de fuentes de trabajo en España.

En un país con 53.3 millones de pobres y 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, resulta inaudito que se privilegie el empleo de extranjeros sobre el de los nacionales.

Nuevamente queda demostrado que mientras Pemex maneje sus inversiones con corrupción y opacidad, se seguirá desmantelando poco a poco a la empresa, reduciendo su valor para venderla en precios ridículos.

Con base en lo expuesto proponemos

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a hacer públicos los criterios utilizados en el proceso de negociación de la adquisición del 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo.

Nota

1 http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

(Rúbrica)

Punto de acuerdo que exhorta a SEGOB para emitir declaratoria de alerta de violencia de género en Guerrero

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a considerar la información relativa a la situación de violencia contra las mujeres en Guerrero para emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que alrededor de 47% de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de la relación sentimental con su actual o última pareja.

En dicho tenor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenció que “en Guerrero, la violencia física y sexual que enfrentan las mujeres actual y anteriormente unidas por parte de su pareja o esposo, es predominantemente grave y muy grave (86.1%) la moderada representa soýlo 13.9 por ciento; la violencia grave es ligeramente superior al promedio nacional que es de 85.0 por ciento.”1

Por otro lado el Inegi considera que “sin duda, la grave situación por la que atraviesan las mujeres que son agredidas por sus parejas de forma sistemaýtica y severa, tiene diversas repercusiones y efectos emocionales y danÌos físicos, que atentan contra su integridad y su bienestar. Las repercusiones emocionales pueden conducirlas a situaciones extremas y desear o intentar suicidarse. El 10.1% de las mujeres que han enfrentado cualquier tipo de violencia por parte de su pareja, ha pensado o intentado alguna vez suicidarse (3.9% lo intentoý y 6.2% soýlo lo pensoý). Pero quienes presentan el mayor porcentaje en esta situación, son las mujeres que han enfrentado violencia física y/o sexual; de eýstas 18.2% lo ha pensado o lo ha intentado (7.1%lo ha intentado y 11.1% soýlo lo ha pensado)”.2

Aunado a ello se expone que “en 2011, el total de defunciones registradas en la entidad ascendióý a 17 841 personas (10 550 hombres y 7 269 mujeres y 22 sin especificar el sexo de la persona). En el caso de las muertes por homicidio, éstas ascendieron a 2 372 (2 179 hombres y 186 mujeres); es decir, 13.3% de las defunciones del estado fueron por esta causa y en un lapso de 11 años la proporción de homicidios en el conjunto de defunciones, casi se duplicoý”3 y en lo específico, en cuanto a homicidios de mujeres compete, el porcentaje ascendió de 1.8 por ciento en 2010 a 2.6 por ciento en 2011.

Asimismo, “las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo Leoýn (9.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6)”,4 por lo que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional.

Respecto a las cifras por municipio en Guerrero, considerando el porcentaje de homicidios de mujeres por cada cien mil habitantes, destaca que San Miguel Totolapan (34.6 por ciento), Apaxtla (30.8 por ciento) y Cuajinicuilapa (22.7 por ciento).

Por otro lado, en días recientes, el Periódico El Sur de Acapulco, expuso que según Rosa Icela Ojeda Rivera, Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hanna Arendt, cada semana ocurren de dos a seis feminicidios en la entidad y evidenció el asesinato de la niña Marifer Arroyo Ríos, originaria del municipio de Coyuca de Benítez, para demostrar la grave situación de violencia que se vive en el estado en referencia y con mayor énfasis sobre las mujeres.

Si bien existen diversas expresiones de la violencia de género que van desde la violencia psicológica, la emocional, verbal, pasando por la cultural, la económica, la violencia política hasta la violencia sexual, hoy quisiera abocarme a la violencia física, en específico en el feminicidio, el cual es la máxima expresioýn de la violencia de género.

A nivel nacional, la violencia feminicida estaý contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que estipula que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

Seguýn el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, revela que de 2005 a 2010, el 28.09 por ciento, tenían entre 21 y 30 años, seguido del sector de 31 a 40 con un 18.22 por ciento, y mujeres entre 11 y 20 años que representan el 18.11 por ciento.

De manera maýs concreta, en el período comprendido entre enero de 2009 y junio de 2010, el 17.92 por ciento de las víctimas de feminicidios en el país, tenían entre 10 y 20 años; el 32.13 por ciento entre 21 y 30 y el 26.74 por ciento, entre 31 y 40 años, lo cual es clara evidencia que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, a quienes se les apaga la oportunidad de desarrollar una vida y tal vez de habernos acompañado el día de hoy, porque hay que decirlo, varias, si no es que la gran mayoría de quienes estamos aquíý conocemos de manera directa o indirecta casos de mujeres que salieron a trabajar y ya no regresaron o que ya no salieron con vida de las entrañas de su propio hogar, ya que ésta representa el lugar en donde, con mayor frecuencia, se hallaban las mujeres víctimas de feminicidios, con un 36.23 por ciento, en este mismo periýodo.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, estipula la declaratoria de alerta de violencia de género (AVG), la cual “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, la cual corresponde al gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez realiza la notificación al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión. Asimismo, según el artículo 24, la AVG se emitiraý cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, asíý lo soliciten.

Sin embargo, la emisión de la declaratoria de AVG se ha convertido en una cuestión política, pareciera que cuando se denuncia la situación respecto a los feminicidios en los estados, los gobernadores la contemplan como un acto en su contra para desacreditarlo, cortándole aspiraciones que pudieran tener en un futuro y poniendo en evidencia la falta de mecanismos de seguridad en sus estados.

Esto ha provocado que pese a los numerosos casos documentados de feminicidios y las diversas recomendaciones de organismos internacionales como la CEDAW, el Estado mexicano ha sido incapaz de emitir esta declaratoria en estados como: Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Nuevo León; en donde con anterioridad se ha solicitado la aplicación de tal medida, a los cuales y de manera alarmante se podrían o se estaýn sumando Hidalgo, Morelos, Chiapas, entre otras entidades en donde en fechas recientes se ha presentado un incremento notable en el número de feminicidios.

El asesinato de una persona, en este caso de una mujer, representa una tragedia en siý misma, recrudece y evidencia la falta de garantías, a la par que exhibe la insensibilidad con la que las autoridades correspondientes toman cartas en el asunto; haciendo uso de frases o notas periodísticas en donde reportan que las mujeres víctimas de estos hechos estaban bajo los efectos de alcohol o droga para desacreditar y criminalizarlas.

Empleadas, profesionistas, trabajadoras sexuales, jefas de familia, todas ellas viýctimas siý de feminicidio, pero también víctimas de la violencia ejercida por el Estado mexicano al no garantizar una de sus tareas esenciales: la protección y la seguridad de quienes habitamos este territorio; por la omisión de las autoridades cuando estas mujeres, previamente, habían denunciado sufrir de algún tipo de violencia; cuando dejaron en libertad a sus agresores, por el no reconocimiento del feminicidio haciéndolo pasar por un homicidio común, con todas las repercusiones que esta distinciónýn implica; víctimas también de la sociedad quien al guardar silencio se vuelve cómplice y a la vez responsable de lo ocurrido todos los días en todo el mundo, es por lo antes expuesto que presentamos a la asamblea la siguiente resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar la información relativa a la situación de violencia en contra de las mujeres en el estado de Guerrero en miras de emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadistica s/2013/violencia12.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Inegi, www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadistica s/2013/violencia0.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de noviembre de 2013.

Iniciativa que reforma los artículos 28 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada

Que reforma los artículos 28 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, adicionando las fracciones VII y VIII, y 32, fracciones IV y VI, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El panorama social del país es desolador. Reflejo de ello son los altos índices de violencia y delincuencia, los cuales han dado un fuerte impulso a la industria de la seguridad privada , pues ya alcanza un valor de mercado cercano a 1 por ciento del producto interno bruto.

Se estima que hay más de 10 mil empresas de seguridad privada en México, de las cuales 80 por ciento no está regulado o autorizado. De las 2 mil restantes, aproximadamente 10 por ciento (200 empresas) cuentan con algún certificado de calidad o aval legal.

La seguridad privada en México es tan antigua como la sociedad misma. Tuvo su origen con el surgimiento de las clases adineradas en el país casta social que siempre ha necesitado gente discreta, confiable, preparada física y psicológicamente con un perfil altamente eficiente a su lado, en un principio contrataron personal ex militar para su servicio personal.

La regulación de este gremio comenzó con la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 1995. Más tarde, el 6 de julio 2006, se publicó la Ley Federal de Seguridad Privada.

La seguridad privada surgió como una alternativa a la urgente necesidad por llenar los espacios que no cubrían las corporaciones policiacas en un entorno cada vez más amenazado por la inseguridad, dónde delitos como el secuestro han amenazado la integridad y patrimonio de las víctimas.

Los mismos cuerpos desplegados para proteger a la ciudadanía han contribuido a la inseguridad social y la crisis que vive el Estado nacional.

La seguridad privada es la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública.

Los servicios se deben prestar tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles.

Argumentación

La falta de certeza en materia de seguridad, que no ha podido ser resuelta por el gobierno federal, ha generado que los corporativos ya establezcan este tipo de contrataciones como parte de sus insumos continuos y básicos. Las ramas con mayor demanda de servicios son los guardias de seguridad, los sistemas de circuito cerrado de televisión, centros de monitoreo, alarmas de casa habitación y guardaespaldas.

El sector empezó a detonar en 2000, por factores como la violencia y el crecimiento de bandas delictivas. Eso ha hecho que diversos empresarios y la misma industria se preocupen por ofrecer diferentes servicios de control de confianza, que permitan proporcionar mayor seguridad y certeza a los usuarios.

Lo más importante es la prevención del delito. Con ello debe buscarse la colaboración con las autoridades policiacas a fin de detener antes de que se cometan o incluso mientras se cometen los delitos; por lo tanto se debe contar con un marco jurídico integral en materia de seguridad privada, que permita a profesionales en el ramo, comprometidos a colaborar por un México mejor a través de la constante capacitación y regularización del gremio, ofreciendo servicios de calidad, así como el combatiendo la inseguridad que prolifera en el país.

Sin embargo, deben mantenerse los estándares de calidad en el servicio, con el objetivo de determinar el modus operandi de la delincuencia y, con base en ello, desarrollar las herramientas necesarias para su combate.

Es preocupante que las empresas irregulares en muchas ocasiones nutren sus filas con personal desertor de policía, militares y personal de escoltas con deficiente preparación y antecedentes penales aunado que además muchas operan sin registro oficial u ostentan documentos apócrifos o incompletos, este segmento del gremio de la seguridad privada le da continuidad a las formas de corrupción e inoperancia que caracterizan a los cuerpos policiacos a los que no se han logrado unificar en adiestramiento, criterios operativos, sueldos, armamento, coordinación operativo y en el registro puntual de todos sus elementos.

La existencia de las empresas de seguridad privada en México es necesaria, pero más su verdadera profesionalización y establecimiento de controles sólidos.

Se debe fortalecer y complementar la seguridad privada. Por tanto, reformamos ciertos artículos de la Ley de Seguridad Privada a fin de que el personal esté bajo los procesos de evaluación de control de confianza, contar con el perfil físico, médico y de personalidad de acuerdo con la modalidad de prestación del servicio.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 28, adicionando las fracciones VII y VIII, y 32, fracciones IV y VI, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada

Artículo Primero. Se reforman los artículos 28, adicionando las fracciones VII y VIII, y 32, fracciones IV y VI, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Artículo 28. Para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. a VI. …

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; y

VIII. Contar con el perfil físico, médico y de personalidad de acuerdo con la modalidad de prestación del servicio.

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios

I. a III. …

IV. Contar con métodos y mecanismos de control de confianza y estándares de calidad.

V. …

VI. Aplicar semestralmente exámenes socioeconómicos, médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Se debe endurecer la legislación que castigue la trata de personas, inadmisibles los retrocesos: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

24 de noviembre de 2013

Boletín de Prensa

Se debe endurecer la legislación que castigue la trata de personas, inadmisibles los retrocesos: Ricardo Mejía Berdeja

 Es necesario hacer una revisión integral y adecuada del marco normativo que permita erradicar este problema.

 La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que debe castigarse con todo el peso de la ley.

Ante el incremento del número de casos de trata de personas evidenciados a nivel nacional, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja expresó “es necesario hacer una revisión integral y adecuada del marco normativo que permita erradicar el grave problema; si bien existe la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, ésta presenta serias deficiencias que deben ser corregidas lo antes posible, a la par de las diferencias entre las propias leyes locales, ya que provocan lagunas legales e incluso ciertas contradicciones en las mismas”.

De esta forma, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló “sabemos que en el Senado de la República está por discutirse una iniciativa que reforma y deroga diversos artículos sustanciales de la Ley General, que en caso de aprobarse, algunos cambios representarían graves retrocesos, tal es el caso de lo relativo a la protección y atención a las víctimas, el fondo destinado para dichos rubros; así como lo concerniente a los protocolos de actuación del Ministerio Público, entre otros aspectos.

Por otro lado el legislador federal mencionó que algunos de los impedimentos para combatir de raíz la trata de personas, es por un lado la falta de un diagnóstico real  de la situación y por el otro  la corrupción y tráfico de influencias, por lo que instó a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y castigar a los responsables con todo el peso de la ley.

“Resulta indispensable que los tres órdenes de gobierno, la academia y sociedad civil trabajen conjuntamente para combatir la situación que impera y que afecta principalmente a mujeres, a jóvenes y a la niñez; celebramos que se estén generando foros de discusión como el Primer Congreso sobre la Trata de Personas en Puerto Vallarta, Jalisco organizado por el Comité Interinstitucional, el cual conjugó a más de 350 personas y a diversos especialistas”, comentó Mejía Berdeja.

Por último, el diputado federal expresó que darán seguimiento a las discusiones que se generen, en próximas fechas en la Cámara de Senadores, en miras de transparentar los trabajos e invitar a la sociedad civil a sumarse a este proceso.

Iniciativa que reforma el Código Civil Federal para sancionar las conductas producidas por el síndrome de Munchausen

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN lV AL ARTÍCULO 444 RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN lV AL ARTÍCULO 444 RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

La violencia en México es un factor determinante en el índice de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente, dependiendo directamente de los padres.

La Organización de Naciones Unidas ha ubicado a México entre las Naciones más violentas del mundo. Además de todo lo que esto implica en lo económico, político y social, su impacto más negativo lo tiene, sin duda alguna, entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven a diario distintas situaciones de violencia.

El Informe Nacional sobre Violencia y Salud, elaborado en 2007 por la Secretaría de Salud de México y auspiciado por la ONU, afirmaba lo anterior. Estamos en 2010, y las cosas han ido en aumento.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que México, Estados Unidos y Portugal “tienen el número más alto de niños muertos por maltrato” entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrado por 30 naciones.

Cabe recalcar que el lugar más frecuente donde se lleva a cabo el del abuso infantil es la familia, en donde la madre y el padre presentan el más alto nivel de violencia ejercida hacia las y los niños, seguidos por los padrastros, las madrastras y otros miembros de la familia.

Una de las formas pocas conocidas de maltrato infantil es el Síndrome de Munchausen, alteración mental que sufren algunas madres jóvenes de entre 25 a 30 años, con una personalidad especial, son personas inteligentes con conocimiento de términos médicos y síntomas de enfermedades, amables y atentas en el cuidado del pequeño durante su estancias en el hospital, haciendo difícil sospechar que sean ellas quienes causen la enfermedad de su hijo.

El término Síndrome de Munchausen: es la presencia de signos o síntomas físicos o psicológicos producidos o inventados por los padres o cuidadores. La negación del perpetrador de la invención o la producción de los mismos. La desesperación de los signos o síntomas cuando el niño es separado de su cuidador. La necesidad del perpetrador de generar en el niño el rol de enfermo o de realizar este comportamiento con el fin de llamar la atención.

El problema más serio radica en que este síndrome no posee una presentación clínica típica que pueda guiar a los médicos a una sospecha diagnostica y a una remisión rápida y oportuna a un psiquiatría.

Por lo tanto es de suma importancia que los pediatras que sospechen y diagnostiquen este síndrome con el fin de que al niño se le suministre protección, ya que más que un diagnostico psiquiátrico, el síndrome de Munchausen es un tipo de maltrato que debe ser reconocido, reportado e intervenido de manera oportuna para poder garantizar la seguridad, integridad del niño.

Se considera que al Síndrome como trastorno cuyo espectro va desde el reporte hasta la casualidad de daño físico severo a través de la administración de venenos o infusión de materia fecal en líneas venosas, hasta poner el riesgo la vida del menor.

Los signos de alarma a los que debe estar atento el clínico y que hacen sospechar un síndrome    de Munchausen por poder son:

  1. Enfermedad persistente o recurrente que no puede ser explicada adecuadamente con una base médica.
  2. Signos y síntomas que aparecen en la presencia del cuidador y desaparecen en su ausencia.
  3. Madre sobreinvolucrada con la atención del paciente y siempre presente en el hospital.
  4. Caso descrito que parece un trastorno raro, de esos que “nunca se habían visto antes”.
  5. Ausencia de respuesta a tratamientos adecuados.
  6. Discrepancia entre la historia. Los hallazgos clínicos y el buen estado del niño.
  7. Madre menos preocupada que el personal médico acerca de la enfermedad del paciente.
  8. Familias con antecedentes previos de muertes infantiles inexplicadas.
  9. Cuidador con experiencia o entrenamiento en el campo de la salud.

10. Historia psiquiátrica de la madre.

11. Conducta extraña de la madre en el hospital.

12. Gran cantidad de exámenes paraclínicos realizados y dentro de límites normales.

Al tratarse de un tipo de abuso infantil, ante la mínima sospecha se debe esclarecer la realidad acerca de la presencia de enfermedad física del menor con la ayuda de un equipo interdisciplinario que debe incluir un pediatra, un psiquiatría infantil, un trabajador social y el personal de enfermería a cargo del paciente.

ARGUMENTACIÓN

El desafío es aún enorme, el construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil, lo cual permitirá conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas maltratadas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.

Los niños deben vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetado en su persona, en su integridad física psicoemocional y sexual.

El Síndrome de Munchausen constituye una de las formas más dañinas de abuso infantil.

Las víctimas suelen ser niños o niñas menores de cinco años. Pueden mostrar todo tipo de síntomas y suelen estar hospitalizados por largos periodos de tiempo llevados a sala de emergencia a menudo. Dado que se trata de enfermedades inexistentes o provocadas por determinadas sustancias o manipulaciones, no suelen responder a los tratamientos médicos o muestran un curso inusual, con recurrencias e intensificaciones no esperadas.

En noviembre del 2000 la revista Pediatrics, publicó los resultados de un experimento aterrador. Ante la falta de explicación para las dolencias de bebes internados en condiciones de extrema gravedad, los médicos de varios hospitales de Gran Bretaña habían decidido grabar mediante cámaras ocultas a los progenitores en su mayoría, madres de los que el personal médico había empezado a sospechar que ponían a sus hijos al borde de la muerte deliberadamente.

En 30 de los 39 casos grabados, se observó que los progenitores trataban de ahogar intencionalmente a su hijo; en otros 2 casos, trataron de envenenar al niño; en otro, la madre rompió deliberadamente te el brazo de su hija de tres meses. Muchas de estas personas parecían actuar metódicamente: “Los malos tratos se infligían sin provocación previa y con premeditación, e iban seguidos de complejas y creíbles mentiras para explicar las consecuencias”.

La mortalidad reportada en estos casos es de un 10% y no es raro que se diagnostiquen casos luego de que varios hermanos/as del paciente han fallecido por causas “no claras o en circunstancias inusuales”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su Unidades de Medicina Familiar y hospitales de segundo y tercer nivel, registró la atención de cuatro mil 488 casos por dicho trastorno. Los estados con mayor número de consultas de este tipo fueron Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Aguascalientes.

Por lo tanto surge la imperiosa necesidad de regular la legislación vigente en referente a la perdida de la patria potestad a los padres que fabriquen síntomas a sus hijos.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN lV AL ARTÍCULO 444 RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se adiciona la fracción lV al artículo 444 recorriendo las subsecuentes del Código Civil Federal.

Artículo 444.  La patria potestad se pierde por resolución judicial: 

l –  lll …

lV. Cuando se ejerzan conductas consideradas como el síndrome de Munchausen, los cuales son la presencia de signos o síntomas físicos o psicológicos producidas por los padres. De acuerdo con el diagnostico psicológico realizado por peritos en la materia.

V – Vl …

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de Noviembre de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Iniciativa que reforma el Código Civil Federal para erradicar la conducta de alienación parental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN Vll AL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

 

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN Vll AL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

 En México, los derechos de las niñas y niños además de irrenunciables, son una plataforma ética; todo niño tiene derecho a vivir en un entorno familiar sano, a una vida libre de violencia, y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y la sociedad es deber garantizarlo.

El 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores.

Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico se puede infligir perjuicio a un menor, la falta de atención y el maltrato psicológico también constituyen formas de violencia.

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso, hasta el descuido negligencia  explotación comercial  de otro tipo, que origine un daño real  potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

 En muchas ocasiones se tiene la falsa idea de que las conductas violentas que se presentan en los y las niñas  son de manera física; existen otras conductas relacionadas con los estilos de crianza por los padres, por ejemplo la conducta violenta de la alienación parental.

 En México, entre el año 2000 y el 2011 aumentaron los divorcios un 74.3%. Un elevado número de estudios determina que los principales factores que motivan los divorcios son: la falta de comunicación, la infidelidad, los problemas económicos, la desconfianza, el abuso de alcohol y otras sustancias, la diferencia de estatus socioeconómico de las parejas y en muchos casos también la violencia.

Actualmente, tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 200mil casos de alienación parental, según datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados.

 En un proceso de separación legal, ambos progenitores pueden utilizar a los hijos como “armas” para dañar al cónyuge, sin percatarse que no sólo infligen daño a la ex pareja, sino también a los niños.

 Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres, puede aparecer una conducta que aliena a las y los hijos del otro progenitor.

 La alienación parental es el hecho reiterado o proceso por el cual un progenitor, mediante cualquier estrategia, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre.

 La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono, sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios mexicanos.

Esta conducta que realiza el progenitor alienador es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior.

 Dicha conducta, es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo.

 Se caracteriza principalmente por el conjunto de síntomas, resultado del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos e hijas mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

 Tal conducta hace referencia a los síntomas que presenta un hijo cuando denigra y rechaza sin justificación verdadera a uno de los padres después de su separación.

 Así, mediante acciones directas, indirectas, verbales o no verbales, pensamientos y ademanes o conductas, un hijo es objeto de abuso emocional, programado para pensar que el otro progenitor es su enemigo.

Las afectaciones que pueden tener las y los hijos con esta serie de conductas que realizan la madre o el padre alienador afectan el desarrollo del menor.

 En la presente iniciativa hacemos referencia a las actitudes de la madre o el padre alienador, pero es preciso mencionar que este tipo de conductas pueden ser propiciadas por otros familiares o la nueva pareja de alguno de alguno de los progenitores.

 En este sentido, la alienación parental se considera una forma de maltrato infantil psicológico, pues al fomentar el odio y el resentimiento contra el padre ausente se causan daños psicológicos al niño y se le priva de llevar una vida común y una relación sana con ambos progenitores y sus familias.

 En un boletín emitido por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos investigadores argumentan que[1]:

Si uno de los progenitores es señalado como el culpable de la ruptura familiar, los menores sufren un gran impacto emocional y entran en confusión por la información que reciben. La separación altera su rendimiento académico y su funcionamiento social, al no existir claridad acerca de lo que sucede.

 Así, los niños en etapa preescolar, entre los cuatro y seis años, confiarán en uno de los adultos. En fases más avanzadas, se complica la detección del trastorno. Por ejemplo, padre o madre favorecen esta respuesta emocional, pueden utilizar el chantaje, bienes materiales y datos falsos para convencer al vástago de las ventajas de permanecer a su lado.

 En general, la situación presiona a los hijos, altera sus respuestas emocionales, manipula su forma de pensar al alterará la imagen y relación del pequeño con sus progenitores.

 Derivado de lo anterior, las y los hijos alienados presentan una serie de alteraciones psicológicas y de conducta, que van desde niños que aparentan una madurez superior a la de su misma edad, pero que detrás de la misma se esconde un sufrimiento en silencio, hasta niños que son utilizados como confidentes del conflicto de pareja, produciendo así en el niño un sentimiento de culpa ante el otro progenitor.

 Este tipo de conductas de alienación están latentes, por ello, es fundamental que el Estado garantice los derechos del padre alienado, así como la preservación del interés superior de la infancia.

 Es menester garantizar a las niñas y niños vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetado en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual, independientemente de la situación en que sus padres se encuentren ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación.

 Es preciso atender a quien ejerce este tipo de maltrato al menor, pues ya no es capaz de distinguir los límites entre una batalla legal y los daños que puede provocar en sus hijos, al utilizarlos como “elementos de guerra”.

 “Ningún hijo debe ser tratado como traidor simplemente por amar a ambos padres.”

 

 FUNDAMENTO LEGAL

 La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

 Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN Vll AL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:


[1] Síndrome de alienación parental, maltrato infantil http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2011_423.html

Artículo Primero. Se adiciona la fracción Vll al artículo 444 del Código Civil Federal.

 

Artículo 444.  La patria potestad se pierde por resolución judicial:

 l –  Vl …

Vll. Cuando se ejerzan conductas consideradas como Alineación Parental, de acuerdo con el diagnostico psicológico realizado por peritos en la materia.

 

 TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de Noviembre de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Punto de acuerdo que exhorta a la CNDH y PGJEG a realizar una investigación sobre los asesinatos de activistas campesinos en Guerrero

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ASESINATOS DE DIRIGENTES Y ACTIVISTAS CAMPESINOS EN EL ESTADO DE GUERRERO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO A INVESTIGAR, DE MANERA PRONTA, LOS ASESINATOS DE DIRIGENTES Y ACTIVISTAS CAMPESINOS, A FIN DE CASTIGAR A LOS RESPONSABLES.

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Del 5 de agosto al 11 de noviembre del año en curso, suman en Guerrero 8 asesinatos perpetrados en contra de dirigentes y activistas campesinos.

El último episodio de la serie de homicidios acontecidos en dicho estado “dos líderes campesinos de la comunidad de El Paraíso fueron asesinados la tarde del sábado en el centro de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero”[1].

Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, quienes encabezaban una protesta de cafetaleros, se suman a los asesinatos de Luis Olivares Enríquez, de su pareja, Ana Lilia Gatica Rómulo; de Eva Alarcón, Marcial Bautista, Juventina Villa, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocío Mesino y Luis Olivares Enrique.

Cabe destacar que Olivares Enríquez había solicitado protección a las autoridades tras haber recibido amenazas de muerte, sin haber recibido respuesta alguna; asimismo es importante señalar que el dirigente provenía de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), misma organización que dirigía Rocío Mesino, líder asesinada hace un par de semanas.

De tal forma que “la dirigente de la OCCS, Norma Mesino, hermana de Rocío, asesinada el 19 de octubre, denunció que en Guerrero pareciera que se trata de una consigna acabar con todos los dirigentes sociales ‘pues uno a uno van cayendo de manera cobarde, definitivamente ya no hay seguridad para quienes defendemos los derechos humanos y encabezamos las demandas sociales’, dijo.”[2]

Desafortunadamente este panorama no es exclusivo del estado de Guerrero, en diversas regiones del país existe una sistemática violación a los derechos humanos, en contra de quienes forman parte de los movimientos sociales.

Ante ello, el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada documentó en el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras de derechos humanos en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.

De tal número, 90 afectaron directamente a las personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades; por estado, en el periodo de mayo a  noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero casi concentraron el 50% de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.

“Es impostergable que las autoridades federales, estatales y municipales se deslinden en forma inequívoca de esta nueva suerte de guerra sucia –cuyos referentes ineludibles son las cruentas campañas represivas organizadas en la entidad por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, así como las masacres de campesinos perpetradas durante el sexenio de Ernesto Zedillo- y empeñen su voluntad política en desactivarla y en identificar, capturar y presentar ante los tribunales a los presuntos asesinos materiales e intelectuales.”[3]

Conscientes que la función primordial del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes y a sabiendas que las personas que dedican su vida a defender que los derechos se cumplan a cabalidad y que se respete lo establecido en el marco normativo, sufren una violencia sistemática por parte de grupos criminales, resulta urgente que el gobierno mexicano en sus tres órdenes de gobierno tomen cartas en el asunto e implementen los mecanismos que garanticen su integridad física y la de sus familiares; aunado a que gocen de un ambiente libre de represión y criminalización por sus actividades a favor de la población; es por lo antes expuesto que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación sobre los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos en el estado de Guerrero en miras de emitir recomendaciones sobre la situación de violencia e inseguridad.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a investigar, de manera pronta, los asesinatos de dirigentes y activistas campesinos, a fin de castigar a los responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de noviembre de 2013.


[1] Asesinan en Atoyac, Guerrero a otros dos dirigentes campesinos http://www.proceso.com.mx/?p=358161

[2] Ídem.

[3] La Jornada,  Editorial. homicidios En Guerrero: ¿Nueva Guerra Sucia?. Lunes 18 de noviembre de 2013

Punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a explicar acerca de la fuga de información del Registro Federal Electoral

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A DAR UNA EXPLICACIÓN PORMENORIZADA EN RELACIÓN A LA FILTRACIÓN DE DATOS MEDIANTE UNA PÁGINA WEB, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado seis de noviembre a través de diversos medios de comunicación tanto impresos como visuales informaron que había un sitio en la web donde se puede consultar datos exclusivos del padrón electoral tales como: dirección, CURP, edad y teléfono de cualquier ciudadano inscrito en el padrón con solo proporcionar su nombre y/o apellidos; esto a pesar de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establece claramente los motivos por los cuales se debe de dar a conocer esa información.

A través del sitio web se podía consultar sobre información de ciudadanos de diversos países como México, Argentina, Chile y Paraguay; en lo concerniente al caso de México, al hacer una comparación de varios datos la información proporcionada correspondía al Padrón del Instituto Federal Electoral siempre y cuando no se hubiera reportado cambio de domicilio alguno.

Con la finalidad de que los Mexicanos puedan resguardar sus datos personales se creó la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares cuyo objetivo principal como lo menciona el capítulo II De los Principios de Protección de Datos Personales en   artículo 6º que a la letra dice: “Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley en mención”. Cuestiones que a todas luces y aunado a otras leyes como lo son, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Electoral de Procedimientos Electorales y Código Penal Federal, fueron violentadas flagrantemente al darse a conocer sin restricción alguna los datos de todos los empadronados, es por ello que solicitamos se dé cumplimiento a través de la autoridad competente para deslindar responsabilidades y castigar a las personas o persona que hayan incurrido en algún ilícito siendo quebrantadas todas las leyes anteriormente mencionadas y vulnerando la integridad de los ciudadanos al no tener una vigilancia y resguardo correcto de la base de datos del Padrón Electoral.

A pesar de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 171 numeral tercero que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y este Código, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por este Código en materia Electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. Siendo estos los supuestos para poder tener acceso a los datos que hoy en día se ventilan en la página web por cualquier persona que tenga acceso a internet.

Aún más alarmante cuando no es la primera ocasión que conocemos una noticia de esta índole ya que el día 19 de abril de 2010, en el diario el universal se publicó la noticia de la venta de base de datos que contenía información personal de millones de mexicanos vendiéndose en 12 mil dólares en el barrio de Tepito. El diario el Universal comprobó que en tres memorias externas, cada una con capacidad de 160 gigabytes, el comprador recibía el padrón electoral de todo el país.

Lo más grave de esta publicación fue que está base de datos había sido adquirida por grupos del crimen organizado o como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que sus corporaciones no cuentan con esa disponibilidad de datos. En entrevista con este diario un agente advirtió del riesgo de esta información “Los delincuentes saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón (electoral), obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos y extorsionarlos.

Para Movimiento Ciudadano, es sumamente alarmante y preocupante que el Instituto Federal Electoral desde ese entonces no haya establecido algún protocolo de seguridad y ni siquiera tomado las previsiones suficientes, los candados, las medidas o los medios para proteger y resguardar los datos que se encuentran en posesión del Registro Federal de Electores y de los empleados que tienen acceso a estos datos para que no se repitiera la historia nuevamente, es indignante saber que quién o quienes tienen la tutela de proteger nuestros datos se encuentre gente irresponsable y sin escrúpulos para poder vender y adquirir información que seguramente será para lucrar con dicha información. Es sumamente delicado y preocupante que no se salvaguarden los datos de todas y todos los mexicanos inscritos en el Padrón Electoral tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6º  párrafo II.

Movimiento Ciudadano hace un llamado enérgico al Instituto Federal Electoral, para que investigue y de información oportuna, certera y veraz de lo ocurrido con la base de datos.

Exigimos una explicación por parte del Lic. Rene Miranda Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral con el fin de que esclarezca el porqué de la filtración de esos datos cuando él asegura que las medidas de seguridad del Instituto Federal Electoral son suficientes para el resguardo de los datos personales en posesión del Instituto Federal Electoral.

Aunado lo anterior y siendo aún más delicado cuando no es la primera ocasión que suceden casos de esta naturaleza con los datos del padrón electoral.

Dado que no exageramos al decir que la seguridad y privacidad de todos los ciudadanos inscritos en este padrón están en un inminente riesgo y a merced de la delincuencia, exigimos conocer el avance de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y que esto no se quede en la congeladora o en letra muerta sin saber el fondo puntual y real de esta filtración sobre todo siendo elemental el conocer y saber quién o quiénes fueron los responsables.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral a dar una explicación coherente y certera del porqué se fugó información exclusiva del Instituto Federal Electoral en resguardo del Registro Federal Electoral.

Segundo. Que la Procuraduría General de la República, a la brevedad posible dé a conocer los avances de la investigación de la denuncia interpuesta por los Consejeros del Instituto Federal Electoral.

Tercero. Comparecencia del Lic. Rene Miranda Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral con el fin de que esclarezca la filtración de datos cuando él asegura que existen medidas necesarias y suficientes de seguridad para la protección del Padrón Electoral.

Dado en el Cámara de Diputados, a 12 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja.

Punto de acuerdo para exhortar a la juez 18 civil del TSJDF, para que emita una resolución imparcial sobre el caso “Presunto Culpable”

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JUEZ 18 CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, NORMA ALEJANDRA MUÑOZ SALGADO, PARA QUE HAGA UNA VALORACIÓN ADECUADA DE LAS PRUEBAS EN EL JUICIO Y EMITA UNA RESOLUCIÓN IMPARCIAL SOBRE EL CASO “PRESUNTO CULPABLE”.

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de julio, se presentó ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a fin de dar seguimiento al caso sobre el documental “Presunto Culpable” en el juzgado civil número 17, del Distrito Federal con el objetivo de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión, de brindar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley[1], en referencia a las acusaciones por daño moral en contra de, Roberto Hernández y Layda Negrete, productores del documental Presunto Culpable (2011), las cuales ascienden a tres mil millones de pesos como indemnización a Víctor Reyes Bravo, testigo del juicio en contra de  Antonio Zúñiga, a José Manuel Ortega Saavedra, comandante de la PGJDF, y a la familia del fallecido Israel Reyes quien demandó a los productores por exhibir el cadáver.

Ante estos hechos, desde el pasado martes 5, se han realizado las audiencias en el juzgado 18 civil del TSJDF, en la primera de ellas se determinó que en dos meses y medio se emitirá la sentencia correspondiente; motivo por el cual Roberto Hernández ha hecho declaraciones en relación con la falta de objetividad por parte de las autoridades así como la existencia “(de) una persecución en su contra por parte del poder judicial del DF y del presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, por mostrar las fallas del sistema”.[2]

En dicho tenor y previendo que dichas demandas son una posible “venganza” por haber evidenciado los vicios del sistema judicial en México; Hernández “adelantó que al haber un fallo en su contra enviaría una queja ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que evidenciaría de manera internacional los problemas que enfrenta el poder judicial de la ciudad”.[3]

Cabe señalar que la juez María del Rosario Mancera Pérez, quien con anterioridad había llevado el caso, desistió de emitir una sentencia por lo delicado del mismo, por lo que ahora es la juez 18 civil Norma Alejandra Muñoz Salgado la encargada del proceso.

Por otro lado, es necesario mencionar que considerando que las audiencias serían a puerta cerrada porque así se previó en el juzgado, la defensa de Hernández y Negrete, acreditó como parte de la defensa a periodistas entre ellos Denise Maerker, Carmen Aristegui y Genaro Lozano para que pudieran presenciarlo desde el  interior, bajo la condición de no usar cámaras de video ni grabadoras.

Aunado a ello, se debe mencionar que “el Sexto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región de Morelia fue quien revocó el amparo en revisión 103/2012, dejando sin materia la revisión por la cual se censuraba la distribución de Presunto Culpable”[4], hecho que contribuye al proceso a favor de Negrete y Hernández.

Por último, el pasado lunes, Roberto Hernández denunció en redes sociales, que alrededor de las 13:00 horas recibió -vía telefónica- otra amenaza de muerte, la cual se suma a diversas acciones intimidatorias de las que ha sido víctima.

Es así que nos volvemos a pronunciar a favor de que el ejercicio de la libertad de expresión sea protegido y garantizado por el Estado mexicano y éste no se coarte y/o amedrente con procesos judiciales en contra de quienes, bajo el amparo de este derecho, exhiben ciertas anomalías o irregularidades del propio sistema; por lo antes expuesto presentamos a la Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la juez 18 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Norma Alejandra Muñoz Salgado, para que haga una valoración adecuada de las pruebas en el juicio y emita una resolución imparcial sobre el caso “Presunto Culpable”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de noviembre de 2013.

 

El fracking grave daño ecológico en la Reforma Energética

Palacio Legislativo de San Lázaro

17 de noviembre de 2013

Boletín de Prensa

El fracking grave daño ecológico en la Reforma Energética:

Ricardo Mejía Berdeja

  • El gas shale es una apuesta errónea que impedirá contar con el futuro sustentable que necesitamos.
  • Debemos abrir paso a una transición energética y terminar con la dependencia a los hidrocarburos fósiles.

En el marco de las mesas de trabajo rumbo a la Reforma a Energética, donde se exponen y discuten los puntos más sobresalientes de la misma, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Diputado Ricardo Mejía Berdeja, expresó “poco o nada se dice sobre el gas de pizarra o lutita y aunque no es otra cosa que el mismo gas natural que conocemos con la diferencia que se encuentra atrapado en rocas de esquisto y otros materiales a miles de metros de profundidad, hay quienes por primera vez escuchan sobre su existencia; sin embargo, a pesar de ser uno de los temas menos mencionados en materia energética, el gas shale, como normalmente se le conoce, es la manzana de la discordia escondida en la reforma energética privatizadora que será discutida en las próximas semanas.”

En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, señaló “pese a que el gas shale es una de las principales apuestas del gobierno federal, resulta una propuesta errónea ya que no es una solución sustentable para el país y nos seguirá reteniendo en el presente catastrófico y no en el futuro sustentable que necesitamos”.

Asimismo, Mejía Berdeja destacó que en los países donde se ha implementado el fracking, si bien se han obtenido ganancias millonarias en los primeros años de su operación, la explotación desmedida de los recursos provoca que a largo plazo no resulte rentable, aunado a los daños irreversibles y de gran magnitud en contra del medio ambiente; lo cual provoca que las grandes empresas busquen otros territorios para seguir con estas actividades, tal y como lo buscan hacer en México.

“Uno de los aspectos que no se mencionan es, por ejemplo, la cantidad de agua que se necesita para extraer el gas y que por las sustancias químicas que se desprenden en el proceso, es imposible reusarla; por lo que de abrirse los 20 mil pozos anuales que se están planteando, se requeriría una cantidad de agua equivalente a la del consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año, ello supondría la disminución de la cantidad de agua disponible para otros usos, lo que pondría en peligro el derecho humano a este recurso”, expresó el legislador federal.

En dicho tenor, Mejía Berdeja reconoció a activistas internacionales como Deborah Rogers y a los grupos, principalmente ambientalistas, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes se han opuesto a estas prácticas “pregunto, ¿Esta reforma energética seguirá contemplando la extracción de gas shale como una energía alternativa, a pesar de ser inviable, costosa, dañina y –sobre todo- a pesar de evidenciar una red de intereses económicos detrás de esta industria?” cuestionó.

Por último, el legislador federal comentó “ante los retos que suponen el agotamiento de los hidrocarburos, los problemas asociados a la explotación de aquellos, el impacto ambiental y el cambio climático, resulta urgente que la reforma energética que el país necesita no se acote a aumentar la producción de petróleo y gas; debemos contemplar los elementos que permitan abrir paso hacia la transición energética y terminar con la dependencia a los hidrocarburos fósiles”.

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