Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Año: 2014

Casos como el de Iguala o San Fernando evidencian la verdadera crisis institucional de los cuerpos policiacos en México: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

28 de diciembre de 2014

Boletín de Prensa

 Casos como el de Iguala o San Fernando evidencian la verdadera crisis institucional de los cuerpos policiacos en México: Ricardo Mejía Berdeja

  •  La desclasificación de la información sobre los 72 migrantes, sienta un precedente en nuestro país en materia de derechos humanos y justicia para las víctimas.
  • Se ha evidenciado la falta de respuestas por parte del Estado mexicano y la nula aplicación de la ley en contra de los responsables de estos hechos.

“Resulta sumamente preocupante y desalentador que cada día que pasa estemos conociendo de más casos donde elementos de la policía municipal en diferentes regiones, están al servicio de grupos criminales, lo cual expone la grave situación por la que atraviesa nuestro país, consecuencia de una severa crisis institucional”, expresó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja.

Cabe destacar que dichas declaraciones se enmarcan en los datos dados a conocer por el semanario Proceso en días recientes, donde se expone la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando, Tamaulipas, en la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2010.

“Sin duda alguna, el arduo trabajo de la organización estadounidense Archivo Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) y la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en cuanto a la desclasificación de esta información, sienta un importante precedente en materia de derechos humanos y justicia para las víctimas en nuestro país, ya que permitirá que la transparencia y la rendición de cuentas permeen en las investigaciones y en consecuencia, en la aplicación de la ley”, dijo Mejía Berdeja.

En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados indicó “no se puede seguir permitiendo que una de las características comunes en casos como el de San Fernando o lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sea la complicidad de los policías con las organizaciones criminales y, mucho menos, que -a la fecha- nadie haya sido señalado como el responsable de estos hechos”.

Por último cabe mencionar que a la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, se suma la localización de las fosas con casi 200 cadáveres en 2011, la encontrada en el municipio de Cadereyta, Nuevo León en 212, con 49 cadáveres y recientemente las decenas de fosas que se han encontrado en Iguala y Cocula en el estado de Guerrero, lo cual ha avivado las interrogantes sobre el número de matanzas masivas en el país y la falta de respuestas por parte del Estado mexicano.

Rendir cuentas es un ejercicio republicano y una obligación constitucional.

Acapulco, Guerrero a 21 de Diciembre de 2014.

Comparezco como diputado federal de la cuarta circunscripción, representando al Estado de Guerrero.

Desde hace varios años radico con orgullo en esta tierra hospitalaria, entidad de hombres y mujeres valientes, a la que he representado con dedicación, honestidad y compromiso.

Es el ejemplo que recibí de mi abuelo Sostenes Berdeja, y de mi tío abuelo, el gran abogado Teófilo Berdeja, guerrerenses comprometidos, originarios de Tecpan de Galeana.

Agradezco a mi partido, Movimiento Ciudadano, el haberme postulado y a los guerrerenses su voto.

Quiero reconocer el liderazgo generoso y honesto de un gran mexicano y Guerrerense excepcional, hombre de palabra y de reconocida honestidad, el Alcalde de Acapulco Luis Walton, con quién comparto un proyecto de transformación social y política.

El papel del legislador en esta hora difícil de México y de Guerrero es ser la voz de los que no tienen voz, expresar el sentir del pueblo y traducirlo en leyes y posiciones políticas.

He decidido ser un diputado que te defiende.

Desde el principio de la legislatura expresamos nuestra oposición al Pacto por México y a las reformas estructurales regresivas.

Votamos en contra de esas reformas por ser excluyentes, por no responder a la realidad del país y por servir solamente a los grupos de interés económicos nacionales y extranjeros.

Oportunamente votamos en contra de estas once reformas que han polarizado al país, empezando por las reformas educativa y energética, reformas que hoy tienen a nuestra nación en una grave situación económica, política y social.

Mi proceder como legislador ha estado a favor de los intereses y prioridades de los ciudadanos.

He presentado 241 iniciativas de ley que reforman y adicionan diversas leyes en materia de salud, educación, equidad, seguridad, derechos humanos y justicia, entre otras.

Se han aprobado 28 y las restantes se encuentran en proceso de análisis y dictaminación.

Dichas iniciativas tienen un enfoque de derechos humanos que beneficiaran a sectores de la población como: niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de delitos, defensores de derechos humanos y periodistas, indígenas, adultos mayores, migrantes y personas jornaleras.

Propuse la Revocación de Mandato para que quienes no cumplan con sus funciones, se vayan y den paso a quienes sí tengan el compromiso de responder a la población.

También propuse reformar los artículos 2 y 21 para darle sustento constitucional a las Policías comunitarias.

Ambas propuestas que responden a una necesidad social fueron rechazadas por una mayoría insensible y negada al cambio.

He presentado 181 puntos de acuerdo sobre la problemática del país y de Guerrero, 112 han sido aprobados, por lo que la Cámara de Diputados ha exhortado a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, a proteger a individuos o grupos que han visto menoscabados sus derechos humanos.

Desde la tribuna más alta del país he hecho de mi voz la suya, hablando contra cada uno de los atropellos, atrocidades y barbaries que acontecen en nuestro país.

En materia de género, he denunciado el aumento en la comisión de los delitos contra las mujeres tan sólo por el hecho de ser mujeres. El miedo a denunciar, la falta de legislación en los estados, la incapacidad de las policías para investigar con perspectiva de género, así como la ausencia de un padrón nacional de víctimas que han hecho que estos delitos se cometan con mayor frecuencia y cada vez con mayor atrocidad.

Tema de gran trascendencia fue el caso Oceanografía en que solicité una investigación a los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la PGR respecto al posible caso de corrupción relacionado con Representaciones y Distribuciones Evya, SA de CV, pues desde la Subdirección de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los últimos 12 años, la dependencia asignó un total de 111 contratos por 38 mil millones de pesos.

La situación de inseguridad y violencia que se vive en todo el territorio nacional ha originado un estado de vulnerabilidad para quienes habitan el país, aún más para quienes, en la búsqueda por subsanar las fallas estructurales causadas por la inacción, omisión y complicidad del Estado Mexicano, han alzado la voz y dedicado su vida –en toda la extensión de la palabra- a la defensa de las personas y sus derechos.

Una de las víctimas de tan lamentable situación, fue Rocío Mesino -que, como sabemos- era una muy apreciada dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada en octubre de 2013, en la región de Costa Grande.

Dariamente en la Cámara de Diputados, alzamos la voz y hemos exigido a las autoridades que resuelvan los casos de aquellos líderes sociales y defensores de derechos humanos, que como Rocío Mesino, han sido acallados mientras aspiraban por un México mejor; nos solidarizamos con sus familias, amistades y personas que compartían sus causas; condenamos cualquier tipo de violencia o acto que busque frenar la participación ciudadana, que intente reprimir la protesta social y sobre todo, cualquier hecho que viole los derechos humanos de todas las personas.

En diciembre de 2012, casi en el inicio de la legislatura propuse un exhorto con la finalidad de que la Secretaría de Educación Pública y las estatales, garanticen que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares. No se puede exigir que las madres y los padres de familia paguen para que sus hijos reciban este derecho.

Como legislador he expresando de manera constante desde tribuna en más de 400 ocasiones mi indignación por la aprobación de leyes por consigna y en contra del interés nacional con las constantes reformas presentadas por el Ejecutivo que han incrementado la polarización y descomposición del tejido social.

Participó en diferentes comisiones ordinarias, especiales y de investigación entre otras como Secretario de las de Puntos Constitucionales, Energía, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Soy integrante, entre otras, de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” y de la de Investigación de Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha.

Me desempeñé como Presidente de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, donde ante la problemática que actualmente existe en el país sobre los excesos y corrupción, tráfico de influencias, dádivas, sobornos, colusión de servidores públicos y conflictos de intereses relacionados con los permisionarios y operadores dentro de la industria de los juegos de azar, propusimos una nueva ley federal de juegos y sorteos que se aprobó por la Cámara de Diputados.

Esta ley prohíbe las nocivas máquinas tragamonedas que afectan a nuestros jóvenes y niños.

Hemos realizado gestiones para beneficio de Guerrero y Acapulco sin claudicar en mis posiciones políticas, sin condicionar nuestro voto a cambio de ello, ni realizar negociaciones vergonzantes.

Considero que el presupuesto de egresos de la federación mantiene una gran centralización, y no responde a las necesidades del país.
Siguen habiendo gastos suntuarios e injustificados como el avión presidencial de 7,500 millones de pesos.

Por eso mi voto ha sido en contra de la aprobación del presupuesto en los tres años. No se ha resarcido la deuda histórica que se tiene para con México y Guerrero con los ejercicios presupuestales.

No obstante ello, y partiendo de la premisa de que los recursos son del pueblo y no del gobierno, he gestionado recursos presupuestales federales para la construcción, rehabilitación y equipamiento de unidades deportivas y casas de cultura en diferentes municipios del estado, durante los ejercicios presupuestales 2013, 2014 y para el próximo 2015 por la cantidad de 334 millones de pesos.

Así mismo, se han etiquetado recursos presupuestales para el mejoramiento de imagen urbana a través de los programas Federales del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Regional para construcción y rehabilitación de calles, alumbrado público y rehabilitación educativa por el orden de 929 millones de pesos, estos recursos de ampliación presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación se ha logrado conjuntamente con los Diputados Federales guerrerenses, de diveros grupos parlamentarios. Quiero destacar de manera especial las gestiones de mi compañero Victor Jorrin, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Ha sido motivo de orgullo participar con nuestro granito de arena etiquetando recursos para mejorar las vialidades de Acapulco, en la gran obra transformadora que Luis Walton está llevando a cabo. Los recursos bien utilizados, con honestidad, modifican la realidad social.

De igual manera he gestionado paquetes tecnológicos para las comunidades rurales de Acapulco.

Dentro de mi labor legislativa, he mantenido una postura firme en contra del arraigo y de la tortura en la investigación de delitos, pues estos métodos logran la obtención de sentencias auto inculpatorias, pero no un verdadera persecución y eliminación de los delitos, por lo que he presentado y apoyado iniciativas de reforma para la eliminación de los mismos, seguiremos pugnando por procedimientos penales justos y eficientes.

Como legislador federal he colaborado en estos y otros temas con organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras; lo que ha permitido la vinculación directa de las organizaciones y la sociedad civil en el proceso legislativo, en beneficio de mejores ordenamientos respetuosos de los derechos de todas y todos.

Dentro de las actividades que he desempeñado directamente en nuestro estado es la permanente visita a las diferentes regiones de Guerrero, sensibilizando y haciendo conciencia social sobre las necesidades y carencias más apremiantes que nos impiden alcanzar la justicia y vivir de manera digna.
Hemos realizado reuniones informativas en las diferentes regiones para dar a conocer las consecuencias nocivas de las reformas estructurales.

Saludo a quienes no acompañan de la montaña, de la costa chica, de la costa grande, del centro y del norte del estado.

Como bien sabemos, la ubicación geográfica de nuestro estado nos hace vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos que se presentan de manera inesperada y en su mayoría violenta, y que a su paso produce afectaciones importantes de carácter social, económicas y ambientales.

Así en el mes de septiembre de 2013, las tormenta Ingrid y Manuel consideradas de alta intensidad tuvieron un impacto significativo en nuestro estado, ante tal fenómeno, recorrí lugares devastados, revisando daños y recogí cada una de las inquietudes de los acapulqueños.

De igual manera con mis compañeros y compañeras diputados hicimos llegar víveres a miles de familias como una solidaria y modesta aportación para paliar el duro momento.
Otra situación que tuvo grandes implicaciones, fue la ocurrida en la comunidad de Cacahuatepec, donde solicitamos la reparación de daños a la Comisión Federal de Electricidad debido a la apertura tardía de las compuertas de la presa La Venta.

Hemos insistido una y otra vez en que los recursos del Fonden se apliquen sin dilaciones sin burocratismos.

Sin embargo, Guerrero es el día de hoy mucho más que un referente histórico de luchas sociales, es –lamentablemente-, un referente de injusticia a nivel nacional e internacional.

Quiero dedicar los siguientes minutos de mi intervención a hacer una relatoría de las acciones que he emprendido en torno a uno de los hechos más crueles que recordará la historia de nuestro país, que es el asesinato de 7 personas y la desaparición forzada de 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre en Iguala.

Como integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos hechos, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, a través de mi persona, ha emprendido diversas medidas en favor de la protección de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y de sus familias.

Logramos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considerara como víctimas a los estudiantes vinculados directamente con los hechos, a sus familias y a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa en general, conforme a lo dispuesto por el artículo 4o de la Ley General de Víctimas.

En reunión con el procurador general de la República, así como con el Secretario de Gobernación, afirmamos que era necesario que la información se entregara de manera directa y personal a las víctimas, antes de que fuera dada a conocer a los medios de comunicación u otras fuentes. En dicha reunión se reconoció que no se tomaron las medidas adecuadas para evitar la fuga del alcalde de Iguala y su esposa y se reconoció también que se estaban realizando recorridos sin operativos de búsqueda especializados.

Gestionamos y logramos la reunión con el Secretario de Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos, a fin de esclarecer la participación del Ejército en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre, y que se informara tanto la cadena de mando, como la información relativa a la presunta violencia ejercida por militares en contra de estudiantes dentro de una clínica la madrugada de los hechos.

Presenté un punto de acuerdo exhortando al titular de la Secretaría de Educación a proteger y apoyar a las normales rurales, y a darles el presupuesto y atención necesarios para su mantenimiento.

De igual manera, solicité a la Cámara de Diputados, por medio de otro punto de acuerdo, que se establezca una Comisión de la Verdad, conformada por personas expertas en materia de DDHH, académicos y probos miembros de la sociedad civil, que investiguen y puedan establecer la verdad sobre los terribles hechos acontecidos en Iguala el pasado mes de septiembre.

He exigido de manera firme que se investigue la participación del presidente municipal de Cocula, dado que derivado de las investigaciones realizadas por la Comisión y a la información dada a conocer por la misma PGR y los medios de comunicación, se ha demostrado la participación de policías del municipio, así como que el probable lugar de incineración de los cuerpos se ubica en tal lugar.
Derivado de mi propuesta por incluir a las organizaciones defensoras de DDHH que acompañan a las víctimas, hemos hecho diversos intentos por generar reuniones con ellas, sin que hasta la fecha acepten. Consciente de la necesidad de tener de propia voz la versión de las víctimas, así como un diálogo directo con ellas, aprovecho esta ocasión para invitarles nuevamente al diálogo y a que acepten el acompañamiento respetuoso y solidario que como diputado estoy dispuesto a darles, pues el principal objetivo de nuestra comisión, y de mi trabajo, es trabajar por y para las personas que han visto vulnerados sus derechos por parte del propio Estado.

No puedo concluir este informe sin hacer una denuncia pública al Estado mexicano, que fue omiso en dar atención con protocolos internacionales y de manera oportuna a los hechos ocurridos en Iguala, que desencadenaron el asesinato de 7 personas y las desapariciones forzadas de múltiples estudiantes normalistas, quienes eran y siguen siendo promesa de esperanza y un mejor futuro para sus familias y comunidades.

Hoy, ante todas y todos ustedes, me solidarizo con las familias de Víctor Manuel Lugo Ortiz, David Josué García Evangelista, Blanca Montiel Sánchez, Daniel Solís Gallardo, Yosivani Guerrero de la Cruz, Julio César Mondragón y Alexander Mora Venancio, asesinados los días 26 y 27 de septiembre; así como con las familias de los 42 estudiantes desaparecidos de manera forzada, víctimas del Estado. Seguiré exigiendo su aparición con vida, y luchando desde mi labor legislativa por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas.
Guerrero necesita el día de hoy el trabajo conjunto de todas y todos aquellos que creemos en su grandeza, en su esplendor histórico, en el camino que han marcado líderes estudiantiles, magisteriales y sociales, que es el camino de la justicia social, de la equidad, de la igualdad de derechos para cada persona.

Guerrero requiere diálogo, conciliación y respuestas claras.

Por eso reconozco la actitud del Alcalde Luis Walton de dialogar con los normalistas y padres de familia de los jóvenes desaparecidos.

Con lo antes expuesto, doy muestra de la labor desempeñada en este tiempo con imágenes, audios y documentos que dan cumplimiento al compromiso asumido desde el inicio de la LXII Legislatura. Mi informe completo estará a disposición de los ciudadanos en internet.

Quiero agradecer a cada uno de los presentes el apoyo y la confianza que me han brindado y reitero mi compromiso para seguir firme por el camino de la honradez, la transparencia y el trabajo arduo. Gracias también a mi equipo de colaboradores, porque lo aquí descrito es producto de un trabajo en conjunto.

Muchas gracias a todas y a todos.

Tráfico de Influencias, corrupción y conflictos de interés

La realidad que detonó este escándalo aunque no lo quieran admitir, fue el reportaje de investigación realizado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en el que se evidenciaron las relaciones oscuras y de tráfico de influencias entre Hinojosa Cantú con el presidente de la República y su familia.

El pasado lunes 15 del mes en curso, comparecieron dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México – Querétaro, Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de transporte y Pablo Suárez Coello, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal; los cuales en su intervención, explicaron las bondades y los beneficios que traería en sí, la ejecución de dicho proyecto, lo que no está en entredicho sino el conflicto de interés entre el presidente de la República, su esposa y el Grupo Higa a propósito de la Casa Blanca de la calle Sierra Gorda 150.

Dentro de la exposición me llamo mucho la atención, el hecho que en la SCT siga defendiendo a ultranza el procedimiento licitatorio ya que para ellos se hizo en todo momento apegado a derecho, en ese sentido hice la pregunta obligada del por qué si todo estaba bien, cuál fue el motivo real por el que ahora se dice canceló la firma o por el cual no se llevó a cabo la formalización del mismo.

La respuesta inverosímil y que fue apoyada de manera coordinada por el PAN, fueron las declaraciones hechas por la senadora Marcela Torres Peimbert, que hablaba en el sentido de que iba a exhortar a la colegisladora la suspensión de los recursos destinados a la obra, derivado a la poca transparencia con la que se llevó a cabo el proceso para su asignación a quien finalmente fue el consorcio ganador.

Este supuesto resulta ilógico e incluso ridículo, ya que una senadora o senador si bien es cierto puede pedir a la cámara de diputados cualquier petición, el PRI y sus aliados de la mayoría mecánica (PVEM y Nueva Alianza), quienes cuentan con la mayoría suficiente, se lo hubieran negado y en segunda instancia resulta poco creíble que algo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, pudiera congelarse tan fácil; además de que el PAN siempre vota con el PRI el presupuesto de egresos.

La realidad que detonó este escándalo aunque no lo quieran admitir, fue el reportaje de investigación realizado por el equipo de la periodista Carmen Aristegui en el que se evidenciaron las relaciones oscuras y de tráfico de influencias entre Hinojosa Cantú con el presidente de la República y su familia.

La subsecretaria Masccott y el director de transporte ferroviario, manejaron en todo momento como causa de la no firma o cancelación de la primera hipótesis, misma que derivo en dudas en la transparencia, que (dudas de qué o quién) nunca nos los dijeron o aclararon. Otro aspecto que me llamo la atención es la desfachatez como se menciona el manejo del presupuesto que ejercen las dependencias del ejecutivo federal, ya que en una segunda ronda les aclaré que si bien el procedimiento puede ser, entre comillas, “apegado a la normatividad”, resulta extraño que los mismos siempre ganan los contratos más jugosos y de mayores montos, sea en lo individual o mediante consorcios.

Menciono lo anterior, porque ambos funcionarios también se vanagloriaron del Tren México – Toluca que gano el Consorcio conformado por OHL (Obracon Huarte y Lein) y La Peninsular del Grupo HERMES, ambas empresas igual de consentidas como las de Hinojosa. La primera se trata de una empresa cuyo dueño es Juan Alberto Villar Mir, que por cierto tiene una investigación por financiamiento ilegal de campañas políticas en España y que lleva más de cuarenta y tres mil millones en contratos asignados tan solo en esta administración federal. La segunda empresa de Carlos Hank Ron, hijo del Patter Familias número uno de Atlacomulco, Estado de México, por supuesto don Carlos Hank González padre, mismo que acuñó aquella frase que hasta la fecha marca a la mayoría de los políticos y que ejemplifica el grado de corrupción con la que gobernaron y ahora mismo gobierna esa casta política: “Político pobre, pobre político”.

Además de este ejemplo, manejaron un dato que evidencia el favoritismo político y pago de facturas en la actual administración, ya que tratando de minimizar las obras asignadas a Grupo Higa, OHL, Roberto Alcántara y otros, dijeron que se han asignado doscientos veinte mil millones a tres mil cuatrocientas empresas, reiterando que no es favoritismo que unas dos o tres empresas ganen “algunos” contratos lo cual es totalmente cínico y busca engañar. Nada más para desmentirlos, un dato: A Higa nada más con la remodelación del hangar presidencial, el acueducto Monterrey VI y la obra (suspendida) del tren México – Querétaro le habían asignado ya obras por casi 100 mil millones de pesos. Ese es el favoritismo presidencial con tufo a conflicto de interés y beneficios con propiedades en las Lomas de Chapultepec y Malinalco.

El día de mañana a las dieciséis horas, comparecerá ante la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México – Querétaro, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, sin duda será otro capítulo más de la tragicomedia y crisis que está viviendo y padeciendo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

@RicardoMeb
Fuente: http://lasillarota.com

“El papel del legislador es ser la voz del pueblo y de los que no tienen voz”: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro
21 de diciembre de 2014
Boletín de Prensa

“El papel del legislador es ser la voz del pueblo y de los que no tienen voz”: Ricardo Mejía Berdeja

• Ha presentado 241 iniciativas y 348 puntos de acuerdo a lo largo de la legislatura.
• Su trabajo se ha enfocado principalmente al combate a la corrupción, a la defensa de los derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de delitos, personas defensoras de derechos humanos, grupos indígenas y adultos mayores.

“Soy un ciudadano dedicado incondicionalmente a la defensa de los derechos humanos, siempre comprometido con las causas sociales, convencido de que mujeres y hombres sólo podrán ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad, democracia y justicia”, así lo expreso el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja en su informe de labores realizado la mañana de hoy en Acapulco, Guerrero.
En dicho tenor, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, resaltó “He decidido ser un defensor del pueblo, por lo que desde el inicio de la legislatura expresé mi firme oposición al Pacto por México y a las once reformas estructurales regresivas que voté en contra porque son excluyentes, no atienden a la realidad y atentan en contra del interés nacional; por ello, desde tribuna, he hecho evidente mi malestar e indignación por la aprobación de dichas iniciativas, las cuales han incrementado la polarización y descomposición del tejido social, como consecuencia del regreso del autoritarismo, el fracaso económico, la violación sistemática a los derechos humanos, la embestida del crimen organizado y por consiguiente la ola de inseguridad pública”, dijo.
En dicho tenor, el legislador federal expresó “mi proceder como legislador ha estado a favor de los intereses y prioridades de la ciudadanía, por lo que he presentado 241 iniciativas de ley que reforman y adicionan diversas leyes en materia de salud, educación, seguridad, derechos humanos, justicia entre otros; de las cuales se han aprobado 28 y la mayoría de ellas se encuentran en proceso de análisis; a la par de 348 puntos de acuerdo sobre la problemática del país y de Guerrero, de los que 114 han sido aprobados; dichas propuestas privilegian los derechos humanos, a las niñas, niños y adolescentes, a las juventudes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las víctimas de delitos, a los defensores de derechos humanos, a los grupos indígenas y adultos mayores”.
Cabe destacar que Mejía Berdeja forma parte de diversas comisiones, entre ellas la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Energía y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en las cuales funge como Secretario; asimismo, es integrante de las Comisión Especial para Revisar el Proceso de Licitación, Emisión del Fallo y su Cancelación para la Construcción del Tren México – Querétaro; la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, y la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro.
A su vez, el legislador de Movimiento Ciudadano, se desempeñó de abril a 2013 a marzo de 2014, como Presidente de la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal relacionadas con el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos, toda vez que propuso un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para la instalación de dicha comisión con el objetivo de investigar lo acontecido con los permisos otorgados en sexenios anteriores.

Los hechos de violencia sucedidos en La Ruana, demuestran que Michoacán no es un caso cerrado, y que la violencia aún impera en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro
17 de diciembre de diciembre de 2014
Boletín de Prensa

Los hechos de violencia sucedidos en La Ruana, demuestran que Michoacán no es un caso cerrado, y que la violencia aún impera en la entidad.

  • La imposición de un virrey no es la estrategia adecuada para restablecer la seguridad.
  • En Michoacán sigue existiendo el narcotráfico, La Tuta sigue libre y ya no es el objetivo principal de búsqueda de las destruidas autodefensas y mucho menos del Gobierno Federal.
  • Este hecho debe llamarnos a acciones desde el Poder Legislativo, pues claramente el titular del Ejecutivo federal está rebasado ante eventos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la violencia en el estado de Michoacán.

Lo sucedido el día de ayer en La Ruana, Michoacán, son un claro reflejo de lo que hemos advertido de manera reiterada: la imposición de un virrey, en lugar del fortalecimiento de los poderes en el Estado, no es la estrategia adecuada para lograr el restablecimiento de la seguridad en dicha entidad.

Es ya sabido que en Michoacán se impulsó la creación de los grupos de autodefensas, mismos que recibieron apoyo de gobiernos municipales en primera instancia, y después de policía federal e incluso del Ejército, en acciones coordinadas con soldados en contra de grupos de delincuencia organizada.

Después, cuando los grupos de autodefensa habían ganado más autoridad y respaldo que las propias instancias del Estado, se sometió a tales grupos con la captura de José Manuel Mireles, el más conocido de los líderes de las autodefensas, para después enrolar en la Fuerza Rural -que ya era un “grupo de autodefensa” controlado por el virrey Castillo- a Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo.

Con estas acciones se pretendió vender una paz michoacana que nadie compró, y que el día de ayer terminó por desgajarse con el enfrentamiento entre el grupo dirigido por Hipólito Morra y el de Luis Antonio Torres, El Americano, que resultó en la muerte de 11 personas, incluido Manuel Mora, hijo de Hipólito.

Hace poco más de seis meses, el comisionado Castillo hizo que Mora y Torres se estrecharan la mano, para la foto mediática y propagandística que asegurara de manera visual que las cosas en Michoacán estaban mejorando en todo sentido, que estaba todo arreglado.

Nada ha cambiado. En Michoacán sigue existiendo el narcotráfico, La Tuta sigue libre y ya ni siquiera es el objetivo principal de búsqueda de las destruidas autodefensas y mucho menos del Gobierno Federal, además de que el panorama electoral para la elección del próximo gobernador se encuentra en una situación tan complicada como la que existe en Guerrero.

La estrategia de Enrique Peña Nieto falla nuevamente y su teatro se derrumba de nueva cuenta con violencia y muerte.

Es necesario un cambio de política real, que reafirme la construcción del Estado y no que empodere a una figura gris como la del virrey Castillo, quien siempre ha sido enviado a controlar los problemas de violencia en los gobiernos de Peña Nieto, sin que en realidad pueda resolver nada de manera eficiente, aunque los indicios se encuentren debajo de un colchón.

Este hecho debe llamarnos a acciones desde el Poder Legislativo, pues claramente el titular del Ejecutivo federal está rebasado ante eventos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la violencia en el estado de Michoacán, que tampoco es un caso cerrado y que se encuentra lejos de la solución pacífica que se había anunciado.

Higa sido como Higa sido: Cinismo corruptor

Desde el inicio de este gobierno advertimos un futuro nada promisorio para México, bajo la premisa de que quien compra la Presidencia acaba por vender el país o hacer del poder público una extensión de su patrimonio personal o un espacio concesionado para hacer negocios al amparo del poder, sin ningún escrúpulo ni freno.

En ese entonces señalamos que si los encargados y/o patrocinadores de llevar al poder a Peña Nieto le iban a estar cobrando las facturas del financiamiento ilegal de su millonaria campaña que inicio en el 2006, se iba a configurar un estado de componendas, corrupción y favores ilegales a gran escala.

El actual Presidente pensó que seguir bajo la tesitura y el esquema corrupto con el que gobernó el Estado de México, iba a pasar desapercibido a nivel nacional, pero se equivocó como lo ha hecho desde el inicio de su gobierno imponiendo reformas que nunca estuvieron en sus propuestas de campaña y mucho menos en la plataforma de gobierno de la Coalición Compromiso por México; reformas que han polarizado al país y han deteriorado su crecimiento económico.

Si Felipe Calderón, después de su impugnada elección en el 2006, se atrevió a decir con desfachatez y cinismo que ganó la Presidencia “haiga sido como haiga sido”, Peña Nieto bien podría decir, como lo señalan en las redes sociales, que se impuso en la Presidencia de la República “higa sido higa sido”. Es decir, con la intervención fraudulenta y corrupta de una serie de empresarios que favorecieron con financiamiento ilegal su campaña presidencial. Entre ellos de manera destacada su gran patrocinador y presumible socio o prestanombres Juan Armando Hinojosa del grupo Higa.

Hoy los discursos oficiales de la presidencia enarbolan la teoría de la conspiración en contra de Enrique Peña, pero nada más equivocado que eso porque simple y sencillamente lo que deben entender los que detentan el poder público en este país, es que están cosechando lo que ellos mismos sembraron y que los casos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés han quedado de manifiesto con las propiedades que Higa e Hinojosa les “vendió” en extrañas y millonarias operaciones a Angélica Rivera y al Titular de Hacienda, Luis Videgaray.

La relación corrupta Peña Nieto – Hinojosa Cantú, se remonta desde que el primero era Secretario de Administración del Estado de México del gobierno de su tío Arturo Montiel, es ahí cuando Hinojosa se convierte en el empresario favorito e iniciaba su exitoso camino por los negocios traficando influencias y corrompiendo a cuanto funcionario público se le atravesaba.

No obstante a esto el éxito de Hinojosa floreció y se acrecentó aún más en la administración del gobernador Enrique Peña Nieto 2005 – 2011, HIGA y sus empresas relacionadas obtuvieron mediante licitaciones y contratos de asignación directa, la ejecución de obras y prestación de servicios por cerca de 23 mil millones de pesos, obras como carreteras estatales, circuito bicentenario, el penal de Tenango del Valle y el Hospital de Zumpango, los dos últimos bajo figuras de contratos de plan de prestación de servicios o (PPS).

Pero desafortunadamente para el país esto no paró ahí, Hinojosa Catú siguió y sigue sin duda alguna ganando contratos millonarios, como es el caso del tan rechazado proyecto Monterrey VI a través de otra de las empresas de Grupo HIGA, Concretos y Obras Civil del Pacífico S. A. de C. V, la obra consiste en un acueducto insustentable ecológicamente hablando y que la cleptocracia quiere construir para satisfacer la voracidad y la necesidad de agua a las empresas transnacionales que según ellos, pero que ahora se duda, vendrán a explotar gas Shell a los pozos de la Cuenca de Burgos a través del método ecocida llamado fracking o fractura hidráulica. Este proyecto hidráulico de ejecución de obra y de prestación de servicios será por veintitrés años y asciende a un monto de 47 mil millones de pesos.

Con todo lo anterior, el colmo del cinismo y el descaro fue la licitación del Tren de Alta Velocidad (TAV) México – Querétaro que a pesar de las irregularidades e inconformidades de los participantes y las observaciones señaladas por el testigo social del proceso en su informe, fue asignada a un consorcio donde también participa el propio Hinojosa, operación que fue finalmente cancelada frente a la inminente salida del reportaje donde se dio cuenta de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec.

Estos negocios son, sin duda, la punta del iceberg de los que figuran y encabezan la larga lista de los que ha hecho Hinojosa Cantú, con el presidente de la República y su primer círculo.

Por eso no estamos de acuerdo en que la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México – Querétaro de la Cámara de Diputados, sólo se limite a ello sino que debe ir al fondo para descubrir las complicidades del grupo Higa con Los Pinos. Por eso también tampoco creemos genuina y verdadera, la supuesta reforma anticorrupción, donde por cierto existirá un Consejo Nacional para combatir la Corrupción, que presidirá Peña y los Gobernadores, la iglesia en manos de Lutero, ni más ni menos.

Ya para terminar y ante la situación crítica del país, quisiera citar una reflexión hecha hace unos cuantos años antes de Cristo por un jurista, filósofo, escritor, orador y político romano:
“Quienes nos dirigen deberían poseer un carácter y una integridad excepcionales. Los gobernantes de una nación han de estar dotados de un valor, una capacidad y una resolución notables. Los verdaderos dirigentes anteponen siempre los intereses de su patria al suyo propio. Presidir un país es como gobernar una nave, sobre todo cuando empiezan a soplar vientos de tempestad: si el capitán no es capaz de mantener un rumbo constante, la travesía se resolverá en desastre para cuantos viajan a bordo.”
Marco Tulio Cicerón 106 a C. a 43 a C.

@RicardoMeb

Fuente: http://lasillarota.com

Las y los jóvenes mexicanos son los más afectados por la espiral de violencia e inseguridad: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro
14 de diciembre de 2014
Boletín de Prensa

“Las y los jóvenes mexicanos son los más afectados por la espiral de violencia e inseguridad”: Ricardo Mejía Berdeja

• Se ha querido reinstaurar la política autoritaria y represiva del viejo PRI y de sus aliados en el poder.

“En nuestro país existe un sinfín de riesgos que atentan contra la vida de las y los jóvenes mexicanos, quienes -a todas luces- son los más afectados por el espiral de violencia e inseguridad; al caso de los normalistas en Iguala, Guerrero y a los miles que han sido asesinados o que se encuentran desaparecidos; se han sumado en menos de una semana, los casos de la enfermera Erika Kassandra Bravo, en Michoacán; de las estudiantes Edith Gutiérrez Pérez del Instituto Politécnico Nacional y Anayeli Bautista Tecpa de la UNAM, ambos en el Distrito Federal y, en Ciudad Juárez, del activista Élmer García Archuleta, su hermano Edgar Iván García Archuleta y su primo Gabriel Gándara Archuleta; quienes fueron asesinados de manera cobarde, sumándose así a la larga lista de víctimas mortales, consecuencia de la falta de respuesta del gobierno mexicano para garantizar un estado de paz y tranquilidad para sus habitantes”, expresó el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.
En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó “no podemos continuar con un gobierno que ha emprendido una política de terror en contra de las juventudes en vez de apostar por ellas, al buscar reprender cualquier expresión que le cuestione, cualquier protesta o marcha en donde se reclame justicia o a cualquier persona que, haciendo un uso legítimo de sus derechos, manifieste su desaprobación; reinstaurando así la política autoritaria y represiva del viejo PRI y de sus aliados en el poder”.
Asimismo, Mejía Berdeja recordó que, según las estadísticas oficiales, la primera causa de muerte entre los hombres jóvenes está relacionada con actos de violencia, mientras que una de las principales causas de muerte de las mujeres jóvenes tiene que ver con los feminicidios, “un hecho que también debemos atender de manera prioritaria es la problemática de la violencia de género y, en este caso, la violencia feminicida como la expresión más atroz de ésta, ya que estamos presenciando que cada vez, las mujeres víctimas de estos delitos son más jóvenes, por lo que se debe emprender una política de Estado que atienda, prevenga, sancione y erradique la violencia en contra de las mexicanas”.
Por último, el legislador por Movimiento Ciudadano expresó su solidaridad con las familias de las y los jóvenes y señaló que, a través de diversos puntos de acuerdo, se ha buscado contribuir para que estos casos sean atendidos por las autoridades correspondientes y se ejerza justicia.

Hace falta claridad en investigación en el caso de los cuerpos de los normalistas

Cerrar el caso Ayotzinapa sin otorgar certeza científica y jurídica a las familias sobre el paradero de sus hijos, y sin sancionar tanto a los autores intelectuales como a los materiales significa que una vez más, los intereses de la clase política corrupta, las malas prácticas del Ejército y los vínculos que existen entre éstos y los grupos delincuenciales prevalecerán por encima del derecho de las víctimas a la verdad, a recibir justicia y a que se garantice la no repetición de los hechos. Read More

Ricardo Mejía exige a la ASF realizar auditorias del ejercicio fiscal 2013 a la fecha a Grupo Higa y a empresas relacionadas

El diputado Ricardo Mejía Berdeja envió al  Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, oficios para realizar auditorias a todos y cada uno de los contratos donde estuviera involucrado el Grupo HIGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, como consecuencia del conflicto de interés que genera dicha operación ya que este señor es uno de los mayores contratistas del Gobierno Federal.

Iniciativa que pretende fortalecer una política de Estado en materia de Seguridad Privada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia y criminalidad, que horada el tejido y la paz social. Así hoy en día, la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

Ante este contexto, diversos actores sociales han recurrido a contratar servicios de seguridad privada.

La seguridad privada en México es tan antigua como la sociedad misma, tuvo su origen con el surgimiento de las clases adineradas en el país casta social que siempre ha necesitado gente discreta, confiable, preparada física y psicológicamente con un perfil altamente eficiente a su lado, en un principio contrataron personal exmilitar para su servicio personal.

La regulación de este gremio comenzó con la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 1995. Más tarde, el 6 de julio 2006, se publicó la Ley Federal de Seguridad Privada.

La seguridad privada surge como una alternativa a la urgente necesidad por llenar los espacios que no cubrían las corporaciones policíacas en un entorno cada vez más amenazado por la inseguridad, dónde delitos como el secuestro han  amenazado la integridad y patrimonio de las víctimas.

En agosto de 2008, funcionarios de policía estimaron que alrededor de 80% de unas 10,000 compañías de seguridad privada, que empleaban más o menos a 40% del personal, operaban de manera informal a lo largo del país. La mayoría de dichas compañías privadas estaban a cargo de exmilitares o exfuncionarios de la policía de los cuerpos federales y estatales. Tomando en cuenta la percepción de las deficiencias de la policía ordinaria, las compañías de seguridad privada brindan un servicio esencial. A la vez, las firmas privadas también pueden crear problemas serios. El conocimiento de las familias, los negocios, las rutinas y las vulnerabilidades le confiere al personal de seguridad privada la oportunidad de extorsionar a sus empleadores.[1]

En contraste con la autoprotección, las “soluciones de mercado” negativas incluyen la limpieza social y la justicia por contrato, cuando se emplea a compañías de seguridad privada o contratistas individuales para sellar disputas o eliminar a grupos indeseables.

Los reportes de la prensa ofrecen algunos casos extremos. Un grupo que se hace llamar Comando Ciudadano Pro Juárez, que reclama apoyo financiero de la comunidad empresarial local, anunció que ejecutaría a un criminal cada día e invitó a la gente a enviar información por correo electrónico acerca de posibles objetivos. En Tijuana, un reporte señaló que algunos familiares de víctimas de secuestro (rescatadas exitosamente) ordenaron posteriormente la ejecución de los secuestradores[2].

Recordemos que entre los meses de octubre y noviembre de 2009. Mauricio Fernández, presidente municipal del PAN en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, afirmó sin reparos que estaba armando un “grupo de limpieza” para actuar de manera extralegal y expulsar a los secuestradores de su ciudad. Su aseveración tuvo resonancia cuando cuatro hombres fueron hallados muertos en la Ciudad de México. Junto a los cuerpos se encontraron mensajes que indicaban que se trataban de secuestradores. En este caso, Fernández comentó públicamente las muertes antes de que las autoridades capitalinas las hubieras hecho públicas. El presidente municipal señaló que el asunto le interesaba porque uno de aquellos hombres, supuestamente, había pedido permiso para asesinarlo a él. El secretario de Gobernación emitió un comunicado en el que condenaba la justicia extraoficial, y el presidente municipal fue presuntamente reprendido por el entonces presidente del PAN César Nava Vázquez.

Comparar el caso mexicano con las compañías de seguridad privadas rusas de los años noventa resulta instructivo. De acuerdo con Volkov (2002), el colapso del sistema soviético a fines de los ochenta creó un mundo hobbesiano de anarquía, donde la protección privada evolucionó, en el transcurso del tiempo, de la extorsión a los grupos delictivos de protección y a las asociaciones de aplicación de justicia, hasta llegar a las más sofisticadas y multifacéticas campañas de seguridad privada[3].

Si bien el mercado de la seguridad privada en México, se ha valorado en 240 mil millones de pesos, también cuenta con puntos álgidos que da cabida a suplantaciones de guardias o filtraciones de delincuentes.

Su valor equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) DE México, contemplan la contratación de guardias, blindajes de unidades, adquisición de equipo de rastreo, entre otros factores.

El dinamismo de esta industria, el cual repunta por arriba del PIB, se debe a que la percepción de la inseguridad en el país continúa, como es corroborado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública  Urbana del INEGI que en junio de 2014 reportó que el 70% de los mexicanos se siente inseguro.

El presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir), Arnulfo Garibo, hace hincapié que hay entre 8 mil y 10 mil empresas de seguridad privada, tomando en cuenta las formales e informales, donde labora un millón 50 mil guardias; de ellos, 600 mil pertenecen a compañías de las llamadas “patito”, lo cual representa un gran peligro para la propia seguridad del Estado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la  (Conesprysir), estima que en México hay 600 mil guardias en la ilegalidad y otros 450 dentro de empresas constituidas de manera legal, lo cual representa un peligro incluso para la seguridad del Estado Mexicano, aseveró.[4]

Así el empresariado mexicano fomenta el surgimiento de empresas informales, resulta que contratan un elemento de seguridad privada por 6 mil pesos, cuando el costo promedio de un guardia se ubica en los 13 mil o 14 mil pesos mensuales, pero por estar a mitad de precio se van con las informales.

De acuerdo  con datos de la Asociación  Mexicana  de Empresas de Seguridad Privada, 40% de estas empresas en el país son informales, lo cual representa que más de 4 mil compañías no tengan ningún respaldo de la autoridad y cuenten con los mínimos filtros para la contratación de sus elementos.

Por lo antes expuesto es menester contemplar en la Ley Federal de Seguridad Privada la obligación por parte del Estado (que corresponde al ejecutivo pero que asumirá la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada) de contar con instituciones de seguridad privada confiables, efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente, como parte indispensable a fin de implementar y  fortalecer una política de Estado en materia de seguridad, ante la evidente, fragilidad e incapacidad de contar con un mecanismo que permita reorganizar su población objetivo en función del número total de empresas registrada e identificadas; del número de empresas con autorización vigente, del número de empresas con alguna resolución derivada de visitas de verificación, de su ubicación geográfica y tamaño, así como de los recursos de que disponga[5].

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

Artículo Único. Se adiciona una fracción al artículo 5°, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Artículo 5.- La Secretaría …

  1. Contar con instituciones de seguridad privadas confiables, efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente. 
  1. –  VIII

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de Diciembre de 2014.

[1] Bailey Jhon. Crimen e impunidad: Las trampas de la seguridad en México. Editorial Debate. Septiembre 2014

[2] ídem

[3] Ídem.

[4] EL UNIVERSAL “Inseguridad, empresas de seguridad privada” en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/inseguras-empresas-de-seguridad-privada-1033065.html

[5] El Economista. “Piden supervisar empresas de seguridad privada” en línea], México, Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/05/piden-supervisar-empresas-seguridad-privada.

 Wholesale Jerseys Free Shipping