Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: enero 2014

Punto de acuerdo, sobre la reetiquetación de precios en la región fronteriza

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA REETIQUETACIÓN DE PRECIOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MONREAL ÁVILA Y RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es que el IVA está integrado en los productos porque ya son productos nacionales, por ejemplo (…) porque son hechos en el interior de la república y no en la frontera. Va a haber una vigilancia, pero así con lupa.

Dolores Manuell-Gómez, delegada de la Profeco en Baja California.1

El país enfrenta situaciones económicas adversas que se agudizarán en el corto plazo; los recortes en las proyecciones del crecimiento del producto interno bruto realizadas por el Fondo Monetario Internacional son una fiel prueba de lo anterior, pues la tendencia tuvo un recorte de 1.7 puntos porcentuales.

Las diferencias más notables en el ciclo económico de México respecto al de las economías desarrolladas revelan que, mientras en éstas la producción aumenta entre 25 y 27 por ciento en una expansión típica, en nuestra nación sólo lo hace en 17. Análogamente, las contracciones constituyen sólo 13 por ciento del ciclo, mientras que en el país representan alrededor de 30 por ciento.

Por otro lado, el mundo experimenta un desacoplamiento económico que perjudicará a México de manera elevada debido al grado de apertura que tiene con el exterior, el cual ya ha provocado una depreciación del peso de -6.9 por ciento en los últimos meses.

Los resultados de los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que existe una alta probabilidad de que nuestra nación experimente una recesión económica debido a tres factores, principalmente: una continua caída del sector manufacturero; los salarios reales muestran una tendencia a la baja y los indicadores de desempleo muestran deterioro, limitando al mercado interno; y el gasto real programable descendió 0.9 por ciento, de 2012 a 2013.

En la primera quincena del año, el Inegi ha reportado una inflación de 0.68 por ciento, la más alta en el primer trimestre en cuatro años, lo cual se traduce en una tasa anual de 4.63.

Aunado a esto, la reforma hacendaria tendrá un efecto recesivo, lo cual inducirá un lento crecimiento de la economía para este año, con lo cual se evidencia que el gobierno no reconoció oportunamente la desaceleración de la economía, actuando con una política contracíclica oportuna.

Las condiciones descritas se acentúan de manera particular en la región fronteriza del país, ya que a partir del 1 de enero ésta se enfrenta a la homologación del IVA de 11 a 16 por ciento en los actos o las actividades que se realicen por sus residentes, lo cual ha ocasionado efectos negativos para los ciudadanos, entre los que destacan: el inflacionario , al representar una fuga de consumidores; el recesivo, al reducir el poder adquisitivo, el consumo, la producción de las empresas y, por lo tanto, el empleo; el distributivo , al crear un sesgo en los precios que enfrentan las personas que tienen acceso a una visa de no inmigrante y los menos favorecidos; el recaudatorio , al deprimir la actividad económica y el de competitividad , respecto a los productos del extranjero.

Hasta noviembre de 2013, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecía en el artículo 2o. lo siguiente:

El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Con la homologación se origina un efecto recesivo que, al incrementar los precios, genera menor capacidad adquisitiva y, por tanto, menos actividad económica en el estado, lo cual podría representar una caída de hasta 3.5 por ciento, traduciéndose en 30 mil desempleados.

La demanda de bienes y la proporción de artículos que se importan del exterior son mayores en la frontera, lo cual provoca ante el aumento expuesto fuerte distorsión que origina fuga de consumidores, pues aumenta la preferencia por el mercado del otro lado de la frontera. El fenómeno, se estima, representará pérdidas por 4 mil millones de pesos al año.2

Ejemplos de las atroces consecuencias de esta homologación ya se encuentran evidenciados en recibos de pago de tiendas como Wal-Mart, Soriana y Oxxo en Baja California Sur. En dicho establecimientos se han reetiquetado precios con productos que tenían almacenados y que ocultaron en diciembre, con el afán de venderlos más caros ahora, debido al contenido calórico y al nuevo impuesto de las fronteras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha brillado por su ausencia ante dichos acontecimientos: frente al encarecimiento de la vida para los trabajadores y habitantes de la frontera, no ha habido medidas concretas.

¿Cómo puede condenarse el espíritu secesionista que se vive en la región fronteriza, cuando el robo descarado de las tiendas departamentales viene acompañado del silencio y la complicidad del gobierno y cuando los aumentos en la gasolina en Baja California la ubican por arriba del valor del combustible en Estados Unidos, con precios por galón para la Magna de 3.74 dólares en comparación con 3.67 dólares en el vecino del norte?3

Los 20 sellos de suspensión colocados en la frontera por la Profeco a establecimientos que no han respetado los precios no ha resultado una medida suficiente; la dependencia realizó más de 100 visitas en tiendas de autoservicio, conveniencia y abarrotes, donde se sancionaron tiendas como Aliser, Pitico y Walmart, Oxxo, Smart y Extra, Libramiento, Maskota y Veterinaria Richard. Los estados con más irregularidades son Chihuahua, con 6 casos; y Chiapas, con 3.

La Profeco no debió verificar “más de 100 establecimientos”: debió supervisar todos. Los ciudadanos exigen medidas contundentes, no sólo paliativos que exhiban a unos cuantos.

Una vez más se comprueba que no estamos ante un período estacional conocido como la cuesta de enero , el país enfrenta una crisis sexenal que pone en jaque la estabilidad macroeconómica del país entero.

Qué tristeza que no haya legisladores de la zona fronteriza que exijan políticas justas para sus ciudadanos. En Movimiento Ciudadano no dejaremos de insistir en que los fenómenos ocurridos son una atrocidad contra quienes menos tienen.

Con base en lo expuesto se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al procurador federal del Consumidor a reforzar las operaciones de verificación en las zonas fronterizas que tienen como propósito evitar una escalada de precios, ante la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Segundo. Se exhorta al procurador federal del Consumidor a realizar acciones que permitan evitar el aumento de precios injustificado, que prevean la eliminación de publicidad errónea y engañosa sobre el incremento de precios y que sancionen aquellas tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia que han reetiquetado precios, debido a la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo, al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer aumentos de los salarios mínimos legales en la región fronteriza que permitan a los ciudadanos recuperar el poder adquisitivo que se ha reducido, debido al incremento de precios ocasionado por la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Cuarto. Se exhorta al procurador general de la República a efecto de que, conforme a sus facultades, investigue, sancione y lleve a cabo las acciones conducentes contra las tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia que han incurrido en prácticas de fraude e incremento de precios injustificados, valiéndose de la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Notas

1 http://www.milenio.com/bajacalifornia/Va-Profeco-empresas-IVA-BC_0_2195 78252.html

2 http://www.colef.mx/?estemes=estudio-del-dr-noe-fuentes-sobre-las-posibles-consecuencias-de-la-homologacion-del-iva&lang=es&e=correo-fronterizo

3 http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/articulo243176.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja.

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar los contratos, permisos otorgados a empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INVESTIGAR LOS CONTRATOS, PERMISOS O AMBOS OTORGADOS A EMPRESAS RELACIONADAS CON EL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GENARO GARCÍA LUNA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Se ha demostrado frecuentemente que una de las peores costumbres políticas es la que realizan algunos titulares de cargos públicos quienes, al concluir las administraciones bajo las que se desempeñan, se unen o fundan empresas en las que venden sus servicios al mejor postor, los cuales incluyen desde conocimientos internos de las estructuras, hasta el tráfico de influencias.

En los últimos días se ha publicado a través de algunos medios de comunicación la reaparición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como un exitoso empresario en Florida, éxito que se encuentra vinculado a diversos personajes relacionados con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Durante el periodo ordinario pasado, antes de la fatídica aprobación de la Reforma Energética, denunciamos desde esta tribuna que distintos exdirectores de Petróleos Mexicanos (Pemex), o funcionarios de la Secretaría de Energía tienen vínculos actuales con empresas que estaban sumamente interesadas en la privatización del petróleo, como por ejemplo, las empresas Oro Negro, Energe A, Evercore Partners, OHL o Iberdrola. El caso Genaro García Luna no es diferente o de menor importancia.

Antecedentes

Cuatro días después de dejar el cargo que ocupaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, García Luna abrió una empresa en Miami, la cual se especializa en servicios de investigación, protección ejecutiva, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital, empresa que nació con el nombre GL & Associates Consulting, LLC.

Es importante señalar que esta empresa, junto con su gemela, International Consulting Intelligence & Technology, vinculan a García Luna y a Mauricio Samuel Weinberg –su socio–, con una red de personajes pertenecientes a diversas agencias de seguridad extranjeras.

Socios estratégicos

Ambas compañías cuentan con los mismos socios y en sus sitios web se repiten palabra por palabra las reseñas biográficas, además de que se puede encontrar en los sitios las mismas fotografías en el perfil de cada uno de ellos, tal como lo diera a conocer Reporte Índigo.

José A. Rodríguez Jr., es exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) quien entre 1994 y 1995 fungió como director adjunto del Centro Antinarcóticos y entre 1995 y 1998, cuando García Luna fue nombrado coordinador general de Inteligencia para la Prevención en la entonces Policía Federal Preventiva, Rodríguez era el jefe de la División de Operaciones en América Latina de la CIA.

Carlos Villar, el segundo socio, fue agregado legal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), en la embajada de Estados Unidos en México, mientras García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI). Dentro de sus responsabilidades se encontraba la de ser el “enlace legal con las autoridades mexicanas de seguridad pública y supervisor de las investigaciones coordinadas entre el FBI y el gobierno mexicano.”

Después de su retiro, ha sido dueño de la consultora VR Global Security, socia de las compañías de Weinberg y García Luna, quienes en sus portales en Internet anuncian que “ha asesorado a dependencias del gobierno mexicano en la adquisición de tecnologías de seguridad.”

El tercer socio del grupo es el expolicía colombiano Luis Montenegro Rinco, especialista en temas de inteligencia y crimen organizado, quien durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2008 y 2012, trabajó para García Luna como integrante del Consejo Asesor Externo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El último socio que registran tanto García Luna como Weinberg es Larry Holifield, exfuncionario de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos. Holifield llegó a México en diciembre de 2002 como director regional para México y Centroamérica de la DEA, cuando García Luna dirigía la AFI.

Coincidencias

La vinculación entre Genaro García Luna y el empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg es directa y las coincidencias entre ICIT y la consultora GL & Associates Consulting son concretas:

1. Los sitios web de ICIT y GL son idénticos; incluso, sus teléfonos de contacto en México y Estados Unidos son exactamente los mismos, al igual que sus redes sociales.

2. El representante actual de ambas compañías es el mismo: el abogado Gabriel Díaz Sarmiento.

3. El vínculo de Weinberg con empresas de seguridad había surgido públicamente desde 1998, cuando representaba en México a la compañía israelí Teletron, la cual fue acusada de espionaje político en Campeche.

4. Las dos compañías se dividen en tres áreas: información y análisis; seguridad y operación; y tecnología. Son las mismas divisiones que tiene ICIT en México.

La urgencia de la acción del estado

Es preocupante que la empresa ICIT Private Security Mexico, SA de CV, filial mexicana, tuviera permiso para operar seguridad privada en todo el país durante el mandato de García Luna como secretario de Seguridad Pública, permiso que ha sido renovado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y se encuentra vigente hasta el próximo 6 de febrero, según información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Durante ese periodo, se destinaron 59 mil 136 millones de pesos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto significó un aumento de 40 mil 51 millones respecto del último año del sexenio de Vicente Fox; es decir, los recursos se incrementaron en un 209.8 por ciento una vez que se dio el cambio de gobierno.

Los datos se asientan en el Cuaderno 3. Gobierno y gasto federalizado, de la serie Evaluación de la Cuenta Pública 2011, que elaboró la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

En éste se muestra el incremento de recursos destinados al SNSP. Mientras que en 2006, último año del sexenio foxista, el presupuesto fue de 19 mil 85 millones de pesos; en 2007 ascendió a 28 mil 361 millones; para 2008 alcanzó los 34 mil 111 millones; en 2009 se le destinaron 47 mil 261 millones; en 2010 el monto se redujo a 45 mil 761 millones; pero en 2011 tuvo un aumento significativo, al ascender a 59 mil 136 millones de pesos.

No obstante, a pesar del incremento en el gasto, los delitos también aumentaron. Por ejemplo, en 2006 se registraron 27 mil 551 homicidios, mientras que en 2011 la cifra se incrementó en casi 10 mil casos: en ese año se cometieron 37 mil 409.

Los resultados en materia de seguridad son conocidos ampliamente:

A lo largo del sexenio pasado, los asesinatos fueron en aumento: en 2007 hubo 25 mil 113; en 2008, 28 mil 18; en 2009, 31 mil 545; y en 2010, 34 mil 545. Las estimaciones oficiales superan los 100 mil homicidios en los 6 años del gobierno calderonista.

Los secuestros también aumentaron: de 595 en 2006 a mil 344 en 2011. En 2007, el propio SNSP registró 438; en 2008, 907; en 2009, mil 163, y en 2010, mil 220.

Otro ejemplo de la fortaleza del crimen corresponde a los robos. En 2006 hubo 545 mil 232; en 2007, 610 mil 730; en 2008, 656 mil 877; al siguiente año, 680 mil 566; en 2010, 726 mil 661; en 2011, 751 mil 750. Anualmente, entre 2006 y 2011, la comisión de este delito creció 37.8 por ciento.

La participación de las empresas asociadas a García Luna no sólo rindió pocos resultados, también puede constituir una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prohíbe expresamente la incorporación laboral de los servidores a empresas vinculadas al sector en donde fungió como funcionario, si no ha pasado por lo menos un año de dejar el cargo.

¿Quién nos asegura que la información privilegiada que García Luna conoce no está siendo manejada entre personajes con nexos a agencias internacionales en una materia tan sensible para México como es la seguridad?

La seguridad pública no puede reducirse a la seguridad de un grupo en el poder, al soporte de una política subjetiva o parcial, sino a la integridad de la paz, a la seguridad de la nación misma. Debe ser un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen las medidas gubernamentales de índole política que puedan poner en peligro al país entero.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que en el marco de sus facultades, realicen las investigaciones necesarias y apliquen las sanciones correspondientes respecto a los contratos y/o permisos otorgados a las empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como a quien resulte responsable, por presunto conflicto de intereses u otros ilícitos que contemple la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Notas

1. http://www.icitholding.com/es/

2. http://gglconsulting.net/en/

3. http://m.aristeguinoticias.com/2101/mexico/garcia-luna-ahora-todo-un-em presario/

4. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-socios-de-genaro

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Profesiones a aumentar y reforzar los elementos de seguridad en certificados, cédulas, títulos profesionales y grados académicos que expide

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES A AUMENTAR Y REFORZAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN CERTIFICADOS, CÉDULAS, TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS QUE EXPIDE, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado martes 21 de enero del año en curso el periódico El Universal dio a conocer cifras de la Secretaría de Educación Pública Federal sobre la detección de 3 mil 147 cédulas y 1 mil 914 certificados de bachillerato falsificados en el período comprendido de 2002-2012.

El gran mercado de documentos apócrifos está situado en las inmediaciones del centro histórico de la capital del país en la Plaza de Santo Domingo, es aquí dónde autoridades del Distrito Federal han realizado operativos que del año 2011 a agosto de 2013 han tenido como resultado 47 personas consignadas por el delito de falsificación de documentos. Es en este lugar en donde seis mil pesos son suficientes para que cualquier persona pueda obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta la credencial para votar por 2 mil pesos al igual que el pasaporte.

Por su parte la Procuraduría General de la República cuenta con 25 expertos a nivel central y 30 al interior del país, encargados de verificar la autenticidad de documentos dudosos, mismos que son con su dictamen ayudan al Ministerio Público a integrar averiguaciones previas.

La expedición de la cédula es obligada para 27 profesiones de alto impacto aquellas vinculadas a la vida, patrimonio, seguridad y libertad. Datos de la Secretaría de Educación Pública ubican al certificado de bachillerato y a los títulos universitarios en las carreras de enfermería, medicina y derecho como los más demandados para falsificar de 2002 a 2012.

Los trámites que se realizan en la calle de República de Brasil no tienen mayor complicación, solo se necesitan documentos básicos como son la copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), una firma en hoja en blanco y fotos tamaño título.

Entre las entidades federativas con mayor cantidad de documentos falsos, según la cantidad de egresados, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, estado de México, Puebla e Hidalgo.

La forma de operar es a través de los llamados coyotes o enganchadores quiénes ofrecen los servicios de falsificación de documentos, a plena luz del día, donde más de una veintena de personas en su mayoría hombres deambulan por la zona preguntando si requieren algún servicio de trámites oficiales, sin mayor preocupación de la presencia de la policía capitalina y de la cercanía con las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe recalcar que las personas que se dedican a realizar éste tipo de actividades delictivas, alertan a los clientes de tener cuidado porque hay los llamados “charlatanes” que ofrecen los trámites en una hora y lo único que hacen es golpear, quitar dinero a los clientes y por supuesto no hay ningún trámite.

Los tramitadores presumen de hacer también “trabajos derechos”, donde los papeles no son copias falsificadas. El título es original y la cédula profesional se firma al interior de las oficinas de la (SEP). Tramitarlo tiene un costo de 150 mil pesos, afirman hacerlo a través de varias universidades que se prestan a ello, sin citar las universidades que presuntamente participan en actos corruptos.

A nivel superior las universidades de Guerrero, la Autónoma de Morelos, Benemérita Autónoma de Puebla, la Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma del estado de México son las que supuestamente expiden los títulos apócrifos.

Cabe recalcar que el delito de falsificación de documentos puede estar ligado con el “robo de identidad o suplantación” ya que para realizar estos delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes.

Es menester como legisladores garantizar el libre y responsable ejercicio de las profesiones legales al tiempo, es de suma prioridad contar con los mecanismos que permitan que el documento que acredita a los profesionistas cuente con los códigos o lineamientos de máxima seguridad para no poder ser falsificados, además de erradicar al interior de las dependencias la emisión de documentación oficial y con esto las prácticas corruptas por parte de los empleados que tienen bajo su resguardo expedir dicha documentación.

Empero la situación actual de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para poder accesar a un espacio en alguna institución educativa, la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas, aunado a la infinidad de requisitos que solicitan los empleadores para la contratación conlleva a veces a acudir a este tipo de prácticas delictivas que ponen en riesgo a las sociedad en general, sin embargo debemos de estar conscientes que estas personas están participando en el delito de falsificación.

Desafortunadamente la actividad delictiva que nos acosa presenta un constituye un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir este tipo de delito y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas como la falsificación tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, es por ello que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal, a aumentar y reforzar los mecanismos de seguridad de cada uno de los documentos oficiales que certifiquen el grado académico de los estudiantes, poniendo mayor énfasis en los certificados de bachillerato, las cédulas y títulos profesionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Punto de acuerdo para exhortar a la titular de la SEDESOL a que publique la información referente al impacto de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la prevalencia de la desnutrición infantil en México

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL IMPACTO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN MÉXICO.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), revela que “entre 1988 y 2012, las prevalencias de las tres formas de desnutrición en menores de cinco años han tenido disminuciones notables (ya que) la prevalencia de emaciación (bajo peso para talla) y bajo peso disminuyeron a una cuarta parte de las prevalencias de 1988, para alcanzar valores compatibles con poblaciones sin desnutrición; mientras que la desnutrición crónica (baja talla) aunque disminuyó a la mitad de la prevalencia de 1988, sigue siendo elevada (13.6%), pues representa casi 1.5 millones de menores de cinco años en dicha condición”.[1]

Asimismo, “la prevalencia de anemia disminuyó en niños de 12-24 meses de edad desde 54.9% en 1999, a 41.6% en 2006 y hasta 38.3% en 2012 (mientras que) en niños menores de cinco años disminuyó desde 31.6% en 1999 a 26.8% en 2006 hasta 23.3% en 2012”[2]; o por ejemplo en el caso de las y los niños de 11 años pasó de 9.3% en 1999 a 7% en 2006 y 5.7% en 2012.

Sin embargo, en México actualmente persisten deficiencias nutricionales, las cuales desembocan en casos de desnutrición y anemia infantil que imposibilitan el desarrollo integral de las y los niños; un ejemplo de ello se desprende del análisis comparativo de la información presentada en las Encuestas de Nutrición y Salud 2006 y 2012 del INSP, donde se puede notar que en los estados de Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua; Colima, Puebla, Baja California, Zacatecas, Nayarit, Distrito Federal y Aguascalientes; hubo un aumento en la prevalencia de casos de desnutrición en las entidades, colocando a Chiapas como el estado con mayor problema con 31.4 por ciento mientras que Sonora es el que presenta menor índice con 5.1 por ciento de casos de desnutrición.

Respecto a los casos de anemia, Campeche, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas; Morelos, Guanajuato y Nuevo León presentaron un retroceso respecto a 2006, posicionando en primer lugar a Campeche con 34.5 por ciento de prevalencia, mientras que Coahuila con 15.3 por ciento es la entidad con menor índice de anemia en el país.

En dicho tenor, es necesario destacar que “se estima que los niños que no tienen los alimentos necesarios durante su etapa de desarrollo tienen un 17% menos de habilidades para resolver problemas matemáticos y 19% no cuenta con las herramientas necesarias para la comprensión de lectura, incluso cuando cumplen ocho años”.[3]

Asimismo, es importante señalar que la prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años a nivel nacional es de 20.9 por ciento en las zonas rurales y 11.1 por ciento en las zonas urbanas, siendo el sur del país la región que presenta mayor índice (27.5 por ciento en zona rural y 13.5 en urbana).

Por tales motivos, el INSP emitió una serie de recomendaciones en 2012 enfocadas en las siguientes acciones para combatir la desnutrición Infantil: Fortalecer los programas de salud y desarrollo social que incluyen componentes de nutrición y que han probado eficacia (Oportunidades, Liconsa, PAL), asegurando cobertura y focalización adecuadas y servicios de calidad; implementar en los servicios de atención primaria de salud (APS) y en programas de desarrollo social una estrategia de comunicación educativa para la adopción de prácticas adecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria adecuada, utilizando metodología de punta para la adopción de comportamientos saludables; capacitación del personal operativo de programas de nutrición en zonas prioritarias que genere conocimientos, destrezas, motivación y habilidades de comunicación, y la creación de un sistema de supervisión que refuerce la capacitación permanente en servicio.

Respecto a la anemia Infantil, el INSP recomendó verificar el cumplimiento del programa Oportunidades, la leche Liconsa y la harina fortificada de Diconsa, incentivando a las madres para cumplir con las indicaciones de consumo; la intervención con hierro debe ampliarse a los niños de los quintiles de mayores ingresos; así como una intervención con hierro en mujeres adolescentes para evitar la transferencia transgeneracional de la anemia.

Si bien existen programas sociales a nivel federal y local dirigidos al combate de la desnutrición, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, ha sido la apuesta de la actual administración, la cual al haber cumplido un año de operaciones y con ello los trabajos para disminuir –entre otras cosas- la desnutrición infantil aguda en 400 municipios del país; no se cuenta con la información detallada del impacto que esto ha representado en el sector infantil, respecto a la solvencia de las problemáticas previamente señaladas, ya que únicamente se ha declarado que a la fecha se cuenta con:

  • Dos mil 845 comedores comunitarios.
  • 294 mil familias tienen la tarjeta del Esquema de Apoyo Alimentario SIN Hambre, que les permite adquirir 13 productos básicos en las tiendas Diconsa.
  • Más de 400 mil familias se han incorporado a Oportunidades y 63 mil 566 familias al Programa de Apoyo Alimentario.
  • 1.3 millones de beneficiarios tienen acceso a leche fortificada
  • Instalación de 684 tiendas y 164 Unidades Móviles Diconsa para atender a 1,889 localidades
  • Dos mil 957 comedores escolares en Escuelas de Tiempo Completo.
  • Suministro de suplementos alimenticios a 882 mil niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y en lactancia.[4]

De tal forma que resulta necesario y urgente contar con la información precisa respecto a la prevalencia de los casos de desnutrición infantil en México en miras de evaluar las medidas hasta ahora implementadas y, en su caso, implementar las acciones que permitan el aceleramiento de su disminución, considerando que:

La meta para el bienestar infantil no debe de ser sólo la supervivencia física, sino también el desarrollo del potencial físico, social, emocional y cognitivo de la niñez mexicana, a partir de un amplio conjunto de sectores que incluyen salud, nutrición, estimulación, protección y educación. Lo anterior está encaminado a lograr una comprensión más amplia y detallada del bienestar infantil que permita implementar mejorías en las acciones de prevención y atención que aseguren la calidad de vida de todos los niños y las niñas de México.[5]

Al respecto, consideramos que invertir en las condiciones que permitan el óptimo desarrollo de las y los niños, implica brindar las posibilidades de contar con una mejor calidad en la educación, en los servicios de salud, alimentación, vivienda; entre otros, que en su conjunto permitan desarrollar el potencial de la niñez mexicana; es por tales razones y lo antes expuesto que presentamos

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Comisión Permanente exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer pública la información referente al impacto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la prevalencia de la desnutrición infantil en México.

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29  días del mes de enero de 2014.



[1] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. Desnutrición en México: intervenciones hacia su erradicación. http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Desnutricion.pdf

[2] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. Anemia en niños: fortificar el cuidado y cortar la transmisión generacional http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/AnemiaNinos.pdf

[4] Un año de resultados sin hambre, http://sinhambre.gob.mx/#acciones-por-la-cruzada

[5] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. Indicadores de bienestar infantil en México: una agenda política para el monitoreo y la acción. http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/BienestarInfantil.pdf

Iniciativa que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, referente a la falsificación de documentos en general, elevando la pena de prisión.

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La falsificación de documentos oficiales ha sido un problema constante derivado de la corrupción que permea en la sociedad mexicana, la incidencia de este delito se da en el sector público y en el privado.

La identidad consiste en poseer algún documento oficial, como acta de nacimiento, expedida por el Registro civil, pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral; o cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación.

La falsificación de documentos es una de las actividades más comunes, misma que se desarrolla sin mayor complejidad, falsificar se define como “falsear o adulterar algo” o “copia o imitación de una cosa que se requiere hacer pasar por verdadera o auténtica”. Realizar una falsificación es un delito.

Este delito se relaciona de manera específica con los documentos. Por ese proceso, una o varias personas alteran o transforman la información original que posea un documento de cualquier índole.

Ejemplo de ello son las recientes cifras de la Secretaría de Educación Pública federal sobre la detección de 3 mil 147 cédulas y 1 mil 914 certificados de bachillerato falsificados en el periodo 2002-2012.

El gran mercado de documentos apócrifos está situado en las inmediaciones del centro histórico de la capital del país en la plaza de Santo Domingo. Aquí, autoridades del Distrito Federal han realizado operaciones que de 2011 a agosto de 2013 tuvieron como resultado 47 personas consignadas por el delito de falsificación de documentos. En ese lugar, 6 mil pesos bastan para que cualquier persona pueda obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta la credencial para votar por 2 mil pesos, igual que el pasaporte.

La Procuraduría General de la República cuenta con 25 expertos a nivel central y 30 en el del país, encargados de verificar la autenticidad de documentos dudosos, mismos que son con su dictamen ayudan al Ministerio Público a integrar averiguaciones previas.

Entre las entidades con mayor cantidad de documentos falsos, según la cantidad de egresados, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, México, Puebla e Hidalgo.

Argumentación

Es necesario combatir la delincuencia y evitar la impunidad sin pretextos ni dilataciones. La proliferación de las conductas delictivas tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, además de una falta de aprecio al valor del trabajo.

La presencia de los coyotes, quienes cobran cuotas exorbitantes para asesorar a potenciales clientes, y la existencia de medios delincuenciales con capacidad instalada para producir, falsificar y alterar todo tipo de documentos oficiales, de manera sofisticada o no, deben de poner alertar a las autoridades con única finalidad que erradicar este delito.

El delito de falsificación de documentos puede estar ligado con el “robo de identidad o suplantación”, pues para realizar estos delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes.

Empero, la situación actual de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para poder acceder a un espacio en alguna institución educativa, la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas, aunado a la infinidad de requisitos que solicitan los empleadores para la contratación conlleva a veces a acudir a éste tipo de prácticas delictivas que ponen en riesgo a las sociedad en general, sin embargo debemos de estar conscientes que estas personas están participando en el delito de falsificación.

Desafortunadamente, la actividad delictiva que nos acosa presenta un constituye un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir este tipo de delito y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas como la falsificación tiene su origen en la ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por las autoridades.

Por tanto, surge la imperiosa necesidad de reformar el artículo 243 del Código Penal Federal, referente a la falsificación de documentos en general, elevando la pena de prisión.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 243 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 243 del Código Penal Federal.

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cinco a quince años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión deun año a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Punto de acuerdo para exhortar al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica a seguir los lineamientos para la emisión de alertas respecto al creciente número de casos y fallecimientos a causa del virus de la influenza en el país

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A SEGUIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS EN LOS DIFERENTES NIVELES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS RESPECTO AL CRECIENTE NÚMERO DE CASOS Y FALLECIMIENTOS A CAUSA DEL VIRUS DE LA INFLUENZA EN EL PAÍS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre el 1 y el 16 de enero del presente año se registraron 556 casos de la enfermedad, de los cuales 32 fueron mortales. En el mismo periodo de 2013, las cifras fueron de 270 contagios y seis decesos,[1] de igual forma según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), hasta el 31 de diciembre de 2013 murieron 69 personas por influenza AH1N1 y se contabilizaron un total de mil 8 casos.[2]

Sin embargo, en la última semana la Ssa ha confirmado 961 nuevos casos, casi 180 por ciento más que el reporte anterior del 16 de enero, con lo que el registro nacional acumula en lo que va del año mil 517 enfermos. [3]

Del primero al 23 de enero de 2014 se tienen mil 517 casos confirmados (mil 261 por influenza AH1N1, 183 por influenza A, 59 por AH3N2, 14 por influenza B) y 135 defunciones, (123 por influenza AH1N1, 10 por influenza A, una por influenza B y una por influenza AH3N2).[4]

Asimismo, la Ssa dio a conocer que este brote de casos representa el 18 por ciento de las infecciones respiratorias agudas graves de las reportadas por las instituciones del Sistema Nacional de Salud; a la par de que son nueve los estados en donde se registra una mayor presencia del número de pacientes: San Luis Potosí (250), Jalisco (219), Nuevo León (109), Distrito Federal (104), Aguascalientes (101), Hidalgo (92), estado de México (91), Zacatecas (75) y Guanajuato (73).

Aunado a ello la Ssa informó que espera que se den todavía de tres a cinco semanas más de aumentos en los casos y fallecimientos de influenza, por lo que puso en alerta 583 unidades centinelas en centros hospitalarios de primero, segundo y tercer nivel;[5] a la par ha reiterado que el incremento considerable en el número de casos entre un reporte y otro es causado por el tiempo que tardan los estados en procesar las muestras para corroborar si hay presencia del virus en el paciente.

Esta semana, Baja California reportó el mayor número de muertes; hasta el 17 de enero sólo se había registrado un fallecimiento, pero en tan sólo una semana se incrementaron a 21 los decesos por influenza, encabezando la lista nacional.[6]

El Distrito Federal, que le sigue por el número de muertes, informó de 13 defunciones (10 más); el mismo número que el estado de Jalisco; Hidalgo reportó 12 decesos; 10 en San Luis Potosí; Aguascalientes, con nueve casos; los mismos que el Estado de México; Michoacán, con nueve; Querétaro, con siete; Zacatecas, con siete; Sonora y Tlaxcala, con cuatro; Coahuila y Guanajuato, con tres, Chihuahua, con dos personas fallecidas; dos en Morelos, y Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán han reportado un fallecimiento cada uno.[7]

Algunas de las medidas que se han tomado frente a este nuevo brote de influenza, son por ejemplo, la instalación de filtros sanitarios en planteles de educación básica, campañas de vacunación en lugares públicos, entre otras.

En dicho tenor, para la Organización Mundial de la Salud, una alerta epidemiológica es una noticia o comunicado de un evento epidemiológico inminente que representa daño a la salud de la población y/o de trascendencia social, frente al cual es necesario el desarrollo de acciones de salud inmediatas. [8]

El propósito de las alertas epidemiológicas, de acuerdo a dicho Organismo Mundial, es diseminar información sobre los últimos eventos de salud pública que se han identificado como riesgos a la salud, al comercio y/o a los viajes internacionales, es decir, emergencias de salud pública de preocupación internacional, de acuerdo con las provisiones del Reglamento Sanitario Internacional. La mayoría de dichos eventos se deben principalmente en orden de frecuencia a agentes infecciosos, químicos y físicos.[9]

La alerta epidemiológica, como una estrategia de salvaguardar la salud de las población tiene como su principal fundamento normativo lo citado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 4° cita que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Salud. La Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de Salubridad General, conforme a lo que dispone la Fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.[10]

Igualmente lo que en materia de protección a la salud de la población refieren los artículos 1°, 4°, 6°, 110, 181 y 182 de la Ley General de Salud; el artículo 32 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y lo describen los artículos 4.4, 7.5, 7.6, 8.1 y 13.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017, SSA-2, 1994 para la vigilancia epidemiológica. A nivel internacional lo referido en los artículos 2° y 5° del Reglamento Sanitario Internacional.[11]

De tal forma que el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) distingue como Aviso: “Noticia o comunicado sobre algún evento epidemiológico que pueda representar algún riesgo potencial a la salud de la población y sobre el cual no es necesario ejecutar acciones inmediatas”, mientras que Alerta: “Comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población y/o de trascendencias social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces a fin de minimizar o contener su ocurrencia”.

Considerando como situaciones para emitir la alerta epidemiológica: La aparición súbita de riesgos que requieran intervención inmediata por representar potencial daño a la salud de la población. Puede considerarse cualquier evento que genere exposición humana a substancias tóxicas u otro agente o substancia; la ocurrencia de brotes, independientemente de su naturaleza o causa; de padecimientos transmisibles o no; la identificación de enfermedades de declaración obligatoria, como: casos de cólera, sarampión, fiebres hemorrágicas, poliomielitis, entre otras; enfermedades relacionadas con liberación intencional de agentes químicos o biológicos; padecimientos que sean de elevada trascendencia y vulnerabilidad a la salud de la población como influenza estacional o aviar; peste o fiebre amarilla; las que consideren los titulares de los comités de vigilancia epidemiológica en el ámbito estatal y nacional.

Sin embargo, a pesar del incremento en el número de casos y fallecimientos causados por este virus, la Ssa informó este domingo que no hay motivo para declarar una alerta epidemiológica por influenza AH1N1, aunque se espera un incremento de casos que podría ser similar o mayor al registrado en 2011 y 2012.[12]

A la par, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, Pablo Kuri, explicó que para emitir una alerta de este tipo se deben cumplir tres criterios: que se detecte la circulación de un nuevo virus; que el número de consultas médicas por influenza y otras enfermedades respiratorias rebase el 20 por ciento del total de consultas prestadas en instituciones de salud; y que los casos positivos a influenza rebasen el 40 por ciento de las muestras que analizan los laboratorios del sistema sanitario. Según el funcionario, ninguna de las tres condiciones se ha presentado, como tampoco se ha disparado la demanda del fármaco para tratar este padecimiento.[13]

Es así que reconocemos la urgente necesidad de implementar las acciones pertinentes para controlar el incremento en el número de casos y fallecimientos por el virus de influenza en el país; por tales razones presentamos a esta Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Comisión Permanente exhorta al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica a seguir los lineamientos para la Emisión de Alertas Epidemiológicas en los Diferentes Niveles Técnico-Administrativos respecto al creciente número de casos y fallecimientos a causa del virus de la influenza en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29  días del mes de enero de 2014.


[1] Reforma, “Registran cada día 27 casos de AH1N1”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.tedf.org.mx/sala_prensa/sintesis/sfs2014/ene/140118/140118_pp_reforma.pdf

[2] Animal Político, “Las muertes por influenza superan la mitad de las ocurridas en 2013”, [en línea], México, Dirección URL:  http://www.animalpolitico.com/2014/01/aumentan-muertes-por-influenza/#ixzz2rd2w9csG

[3] La Jornada “En el año se contabilizan 1,517 enfermos por virus de influenza”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/01/25/sociedad/031n1soc

[4] Ssa “Casos y defunciones confirmadas por influenza. México enero-diciembre 2009-2013”.

[5] El Universal “Activa Ssa operativo centinela por AH1N1”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/activa-ssa-operativo-centinela-por-a-h1n1-982466.html

[6] El Universal “Influenza mata a más que en 2009”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/influenza-mata-a-mas-que-en-2009–982284.html

[7] Ídem.

[9] Ídem.

[10] Ídem.

[11] Ídem.

[12] CNN México, “La Secretaría de Salud descarta declarar alerta por influenza AH1N1”, [en línea], México, Dirección URL: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/26/la-secretaria-de-salud-descarta-declarar-alerta-por-influenza-ah1n1

[13] Animal Político, “1,500 casos de influenza, el doble de muertes que en 2013… y Salud rechaza emitir alerta”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/01/1500-casos-de-influenza-el-doble-de-muertes-que-en-2013-y-salud-rechaza-emitir-alerta/#ixzz2rd8EMWE5

Llama diputado Ricardo Mejía Berdeja a esclarecer atentado contra Pioquinto Damián Huato

 

Comunicado de prensa 009/2014

Acapulco, Guerrero a 29 de enero 2014

 

LLAMA DIPUTADO RICARDO MEJíA BERDEJA A ESCLARECER ATENTADO CONTRA PIOQUINTO DAMIÁN HUATO

  • Condena durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente la agresión contra el empresario

 

Acapulco, Gro., 29 de enero.- El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, condenó el atentado que sufriera el líder empresarial Pioquinto Damián Huato en Chilpancingo la noche de ayer.

“No solamente son condenables y reprobables”, aseveró el también delegado regional de Movimiento Ciudadano en Guerrero, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura.

Mejía Berdeja llamó a las autoridades de los diferentes niveles a esclarecer el ataque, ya que Pioquinto Damián “había hecho fuertes declaraciones contra la autoridad municipal de Chilpancingo y ha sido un defensor del esquema de las autodefensas en la capital.”

De igual forma, el vicecoordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano manifestó su solidaridad hacia su familia así como sus condolencias en virtud de tan lamentables y reprobables hechos.

 

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Las “Reformas estructurales” de EPN son pérdidas de derechos y fracasos económicos: Ricardo Mejía Berdeja

BOLETÍN

México, D.F., 28 de enero de 2014.

BOL_03/14

 

En la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario

 

PRINCIPAL OBJETIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO:

REVERTIR LA PRIVATIZADORA REFORMA ENERGÉTICA

 

  • Se prepara el contenido para defender las reformas secundarias: Ricardo Monreal
  • El trabajo de nuestros legisladores, productivo y congruente: Dante Delgado
  • Reformas estructurales”, pérdidas de derechos y fracasos económicos: Ricardo Mejía

 

“Nuestra principal estrategia será revertir la privatizadora reforma energética. Preparamos el contenido de la defensa de las reformas secundarias. Sabemos que es menor la influencia que tenemos pues el PRI y el PAN o el PRI y el Verde la pueden sacar, pero nuestro principal objetivo será revertirla, no sólo en esta Legislatura sino en la que sigue. El propósito es que la normatividad no sea más dañina de lo que fue la reforma constitucional”.

Así lo aseguró el Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, durante la inauguración de la Tercera Reunión Plenaria que tuvo lugar hoy en un salón de la Cámara de Diputados.

En su intervención el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reconoció el trabajo del Grupo Parlamentario y lo calificó como productivo y congruente, e instó a los legisladores a continuar con esta posición en la discusión de las leyes secundarias para dejar constancia en la historia “de que no todos los mexicanos somos entreguistas”, afirmó.

“Movimiento Ciudadano se ha visto fortalecido con el trabajo que realiza el Grupo Parlamentario. Debemos seguir por el camino de la congruencia: sigan siendo el grupo más propositivo con visión nacionalista. La modernización no significa claudicar ante los valores que nos dan sentido como nación”, señaló.

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario, Ricardo Mejía Berdeja, aseveró que las mal llamadas «reformas estructurales» han representado pérdidas de derechos y fracasos económicos. Respecto a la Reforma Educativa, indicó que no mejoró la infraestructura, las prestaciones de los maestros y la calidad de la enseñanza.

En lo referente a la Reforma Hacendaria informó que se mantiene un régimen preferencial para los empresarios y se aumentan los impuestos. “El tema económico es el talón de Aquiles del gobierno federal y todo lo están trasladando a un hipotético crecimiento” dijo Mejía.

Los diputados de Movimiento Ciudadano continúan, por la tarde, con la discusión de la estrategia que el grupo parlamentario seguirá durante el análisis de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y político electoral.

En una segunda intervención, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano solicitó a los legisladores de esta institución que, durante la discusión de la Reforma Política, insistan en el tema del voto razonado, propuesta de esta organización y tema que abre la puerta a que los ciudadanos decidan de manera informada.

“La lucha se debe dar todos los días a pesar de que piensen que la victoria es de quienes pueden avasallar al pueblo, sus éxitos son efímeros y su vergüenza será permanente”, concluyó el coordinador nacional. 

Además de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario acompañaron a Dante Delgado, a Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja; coordinador y vicecoordinador, respectivamente, de la fracción; miembros de los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano, así como los presidentes de las fundaciones, México con Valores, Ignacio Ovalle Fernández; Cultura, Arturo Sánchez Requena; y asesores de los diputados en el recinto de San Lázaro.

 

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