Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: febrero 2014

Presentan diputados alegatos ante SCJN para sustentar acción de anticonsitucionalidad

           Comunicado de prensa 019/2014

Acapulco, Guerrero a 28 de febrero de 2014

PRESENTAN DIPUTADOS ALEGATOS ANTE SCJN PARA SUSTENTAR ACCIÓN DE ANTICONSTITUCIONALIDAD

El pacto fiscal anunciado por EPN es una tomadura de pelo, señala Mejía Berdeja

Existe un evidente desgaste y estancamiento de la economía en el país por el fracaso en la política fiscal, asegura.

Acapulco, Gro., 26 feb.- Luego de señalar que la reforma fiscal es terrorista, recaudatoria e inflacionaria, el vicecoordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja informó que ayer se presentaron los alegatos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustentar el recurso de Acción de Inconstitucionalidad contra  distintas disposiciones de la Reforma Fiscal.

Mejía Berdeja señaló que junto con el diputado Ricardo Monreal Ávila y otros legisladores, formularon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los alegatos en contra de la reforma fiscal para anular algunos impuestos como el IVA en la frontera, la nueva tasa del ISR y el régimen de los pequeños contribuyentes.

Señaló que con estos alegatos dan continuidad a la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta ante la Corte por 172 diputados el pasado mes de enero del presente año, “creemos que la Corte debe actuar conforme a derecho y  evitar presiones del gobierno federal y, en consecuencia, anular estas disposiciones  fiscales”, señaló Mejía Berdeja.

Aseguró que el anuncio en hecho ayer por Peña Nieto en el sentido de que no habrán nuevos impuestos hasta el 2018,”es una tomadura de pelo para los contribuyentes”   y es una forma de atenuar el deterioro del país.

“Pero además, es una manera de decir que el daño ya está hecho y nosotros evidentemente no vamos a dejar de insistir en esta acción de inconstitucionalidad y en que se deroguen algunos gravámenes”, aseveró al  reiterar que el gobierno federal se encuentra desgastado.

El diputado federal por Movimiento Ciudadano aseguró que no hay ni tregua ni habrá punto final sobre el tema de los impuestos, al ser el Pacto Fiscal una cuestión unilateral del gobierno en un contexto de desgaste y estancamiento de la economía en el país. 

Tras calificar la reforma fiscal como terrorista, recaudatoria e inflacionaria, señaló que el mal llamado impuesto a los alimentos chatarra, no es más que un IVA disfrazado que genera inflación y deteriora al país en su nivel de vida e ingresos.

Punto de acuerdo, relativo a la deuda de los estados y los municipios en 2013

Con punto de acuerdo, relativo a la deuda de los estados y los municipios en 2013, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas económicos que enfrenta nuestro país corresponde a la deuda de los estados y municipios. En los últimos años, México ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.9 por ciento, respecto al producto interno bruto, y un aumento de 64.5 a 86.1 por ciento, en relación con las participaciones federales.

El problema no tan sólo no ha disminuido en el último año; por lo contrario, se ha agudizado. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del 2013 la deuda subnacional alcanzó un nivel de 482 mil 807 millones de pesos, siendo así el monto más elevado a la fecha.

Si comparamos los empréstitos del último trimestre del 2013 con los tres meses anteriores, observamos un incremento de 30 mil 756 millones de pesos; mientras que el comparativo con el mismo lapso en el 2012, revela que se suscitó un aumento de 48 mil 64 millones.1

La composición de estos pasivos radica en un 84 por ciento) en las deudas estatales, 10 por ciento en obligaciones municipales y 6 por ciento en organismos que involucran tanto a entidades federativas como a ayuntamientos.

La problemática se agrava aún más al observar que, mientras en el 2012 las obligaciones locales equivalían al 86.1 por ciento de las participaciones federales, en el 2013 la cifra ascendió a un 90 por ciento de dicho concepto.

Las deudas que se incrementaron en una mayor proporción corresponden al Distrito Federal, con. 62 mil 962 millones de pesos; Nuevo León, con 51 mil 911 millones, y Chihuahua, con 41 mil 768 millones.

El Estado que registró el mayor aumento anual en pasivos locales es Oaxaca, con un incremento del 79.4 por ciento, al trascender la deuda de 5 mil 660 millones de pesos, en el 2012, a 10 mil 154 millones, en el año pasado.

El problema lamentablemente no se reduce a unas cuantas entidades, ya que los estados en los que la deuda se incrementó en dos dígitos incluyen a Morelos, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Durango, Guerrero e Hidalgo.

Ante esto, el 24 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios; el cual, aún cuando cuenta con deficiencias que recalcamos, propone la creación de un sistema totalmente nuevo para la contratación de créditos y empréstitos por parte de las entidades y ayuntamientos.

Así, desde el 25 de septiembre del 2013, el Senado de la República recibió la minuta relacionada con el tema, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su dictaminación, y de Hacienda y Crédito Público, para su opinión.

Se han cumplido 5 meses desde que lo previo sucedió; no obstante, la Cámara de Senadores ha mantenido congelada la proposición, mientras la deuda asciende a niveles que ponen en riesgo la estabilidad del país y que permiten que funcionarios corruptos permanezcan en la impunidad.

Las cifras expuestas nos demuestran que la fiscalización de la deuda pública y garantías ofrecidas por los estados y municipios a través de Informes que cuenten con un registro preciso del endeudamiento estatal y municipal, así como con un sistema de alertas sobre el tema resulta un tema que no puede esperar más tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Senadores para que en el ámbito de sus facultades, apruebe la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios; con el propósito de hacer frente a los altos niveles de endeudamiento que enfrentan diversas entidades federativas y ayuntamientos en el país.

Notas

1 http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=139600&relacio n&tipo=Principal1&categoria=301

Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2014.

(Rúbrica)

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la PGR a atender la resolución del caso de Alberta Alcántara y Teresa González, sobre la indemnización por el proceso ilegal de que fueron objeto

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a atender la resolución del caso de Alberta Alcántara y Teresa González, sobre la indemnización por el proceso ilegal de que fueron objeto, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRD

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que por su naturaleza y dados los acontecimientos se constituye como de urgente y obvia resolución conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El caso de la injusticia cometida en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres de la etnia Hñahñú (otomí), sentenciadas el diecinueve de febrero de dos mil diez, en Querétaro, dentro de la causa penal número 48/2006 por el supuesto delito de secuestro en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y posesión de cocaína, es uno más de la ominosa lista de la fabricación de culpables en nuestro país.

Muchas organizaciones y la sociedad civil hicieron causa común contra el atropello, causa que encontró su resolución por la vía judicial en la revocación de la sentencia condenatoria en el recurso de apelación 2/2010 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puso fin a tres años de confinamiento en el reclusorio. Alberta y Teresa recuperaron su libertad en abril del 2010 tras ser declaradas inocentes.

Consideramos que no basta con el esclarecimiento del caso, no basta con hallar la verdad, la justicia pasa necesariamente por el otorgamiento de una reparación integral por parte del Estado mexicano, debido a que permanecieron encarceladas injustamente por más de tres años por actos y omisiones de diversas autoridades.

No olvidamos mencionar que este Poder Legislativo expidió en 2012 la Ley General de Víctimas, que refrenda estos principios para las víctimas que hayan resultado tales con posterioridad a la entrada en vigor del decreto promulgatorio del ordenamiento en cuestión.

En ese sentido, la indemnización definida como una reparación del daño solo incluye rubros como daños personales y morales y no se refiere a otras medida de reparación más amplias como ordenarle al Estado una disculpa pública o medida a tendientes a garantizar hechos como los que ellas vivieron no se vuelva a repetir.

En el recurso interpuesto por las dos mujeres ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se determinó que las irregularidades y omisiones implican un daño patrimonial y moral, motivo por el cual ordenó un pago de un millón 72 mil 624 pesos y el no hacerlo, sentaría un precedente de impunidad cuando el Estado comete estos graves errores que afectan la trayectoria de vida.

Los abogados defensores sostienen que la PGR no ha querido ceder en los daños fundamentales, sobre todo en el daño económico, por lo que esta institución recurrió la resolución del Tribunal Superior. Por si esto fuera poco, el desenlace del procedimiento judicial que se siguió en contra de las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, como consta en la absolución que recibieron por parte de la Primera Sala de la SCJN.

Podemos asentar que las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan han sido víctimas de discriminación étnica y violencia institucional, ya que enfrentaron graves desigualdades la violación a los principios de presunción de inocencia, de legalidad entre otros, que todas las autoridades están obligadas a garantizar.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como miles de ciudadanas y ciudadanos en la lucha por los derechos humanos señalan que el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es la única vía que las personas en México tienen para reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión injusta.

Por ello, si la Procuraduría lograra revocar o bien incumpliera con la resolución del Tribunal Superior, sentaría un precedente institucional sumamente negativo, que pondría en riesgo la vigencia de la legislación de avanzada en materia de derechos humanos, como lo es la Ley General de Víctimas que debe comenzar a aplicarse.

Como legisladoras y legisladores, estamos obligados a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales, y en especial debemos atender el principio de progresividad para garantizar la protección ascendente y expansiva a favor de las personas, y no a favor de los intereses del Estado, menos aún cuando las deficiencias en la actuación de ésta han sido objeto de sentencias judiciales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a atender en sus términos la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que las ciudadanas Alberta Alcántara y Teresa González reciban la indemnización correspondiente.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

(Rúbrica)

Punto de acuerdo que exhorta a la Profeco y al IFT para diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a atender, investigar y resolver lo correspondiente para garantizar que las determinaciones y su actuación tengan el objetivo integral de diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El vertiginoso avance de la tecnología ha dado lugar a una evolución exponencial en cuanto al desarrollo y uso de diversas herramientas, tal es el caso del sector de las telecomunicaciones y dentro de éste, la telefonía móvil ha sido el sector con mayores avances tecnológicos, desplazando incluso a la telefonía fija.

Así, hoy en día, es cotidiano estar comunicado en todo momento, pues el acceso permanente a entretenimiento, herramientas de productividad y redes sociales, se ha vuelto una de las necesidades primordiales para un amplio sector de la población mundial y, por supuesto, nacional.

La tendencia en el mercado de las telecomunicaciones ha sido la migración de usuarios de líneas telefónicas fijas a móviles. Así tenemos que mientras en 1990, había 6.38 líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes, había apenas 0.1 suscripciones a teléfonos celulares en la misma proporción. Para 2011, la cifra de suscriptores fijos por cada 100 mexicanos se ubicó en 17.52, en tanto que la móvil se disparó a 84.2 bajo los mismos parámetros.

De este modo, los teléfonos celulares que hasta hace 20 años parecían inalcanzables para la gran mayoría de los consumidores, ahora han rebasado a los servicios más tradicionales de comunicación.

En México, existen alrededor de 25 empresas dedicadas a las telecomunicaciones, pero en realidad el mercado lo controlan solo tres compañías.

De acuerdo a datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), es Radiomóvil Dipsa, mejor conocida como Telcel, quien lidera el mercado de telefonía móvil en México; su más reciente informe indica que cuenta con 68 millones de suscriptores móviles, con un incremento de 9 por ciento anual. El segundo mayor operador móvil es Movistar, con una participación de mercado de 21.6 por ciento y un crecimiento anual de 13 por ciento en el número de líneas. Iusacell ocupa el tercer lugar con una participación de 4.7 por ciento. En último lugar en cuanto al número de líneas se encuentra Nextel, que ocupa el cuarto lugar con 3.5 millones, equivalente a una participación de 3.7 por ciento.

Es importante señalar que aunque la telefonía móvil ha tenido una escalada significativa en cuanto a la adquisición de líneas, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado en México mercados ineficientes y ubica al país entre los más caros en servicios de comunicación móvil.

Este sector se ha caracterizado por tener altos precios, generando con ello un bajo porcentaje de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos, propiciando con ello un amplio rezago.

Según el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 , nuestro país se encuentra en el undécimo lugar de ingresos en ese sector, con casi 26 mil 600 millones de dólares en 2009. El mismo estudio pone a México en el quinto lugar de los suscriptores de telefonía móvil, pero en el 33 de los 34 integrantes de la OCDE en suscripciones por cada 100 habitantes.

También señala que los servicios de banda ancha ‘‘son muy caros en México y las velocidades ofrecidas muy lentas, en comparación con el promedio de la OCDE de 90 dólares para velocidades de entre 2.5 y 15 megabytes por segundo, en contraste con el último lugar de este rango, de 20 dólares en Grecia”.

De acuerdo al informe de la OCDE, el comparativo de Internet de banda ancha móvil, arrojó un crecimiento acumulado de 18 por ciento respecto al año pasado, principalmente impulsado por la compra de tabletas ysmartphones .

Si hacemos esta medición conforme al total de suscripciones a la banda ancha móvil, Estados Unidos lidera la tabla con casi 238 millones de conexiones, seguido de Japón y Corea del Sur con 108 y 52 millones, respectivamente. En esta métrica, México se encuentra en el lugar 12 de 34, con casi 11 millones de suscripciones.

Sin embargo, al calcular la penetración por cada 100 habitantes nuestro país queda en último lugar con 9.8 conexiones por cada 100 mexicanos. En contraparte, la parte alta de la tabla tiene en los primeros lugares a Corea del Sur y Suecia con 104.2 y 101.8 conexiones por cada 100 habitantes, es decir, más de una conexión móvil por habitante sin incluir las fijas en sus hogares y oficinas. Lo que refleja la gran brecha que existe en México en cuanto a conexiones a Internet móvil.

Estos datos evidencian la importancia que en México tiene la telefonía móvil, sin embargo, esto no se ve reflejado en las tarifas que se pagan y la deficiente calidad de los servicios que reciben los consumidores sigue siendo parte importante de los rezagos.

Cada día, con mayor frecuencia, se presentan fallas recurrentes en los servicios de telefonía celular, lo mismo para entablar comunicaciones de voz, como para las conexiones a la red móvil, lo que genera que la mayor parte del tiempo las comunicaciones se encuentren interrumpidas. Si se hiciera la contabilidad del tiempo en el que diariamente los servicios se encuentran interrumpidos los servicios o con fallas, superarían por mucho las “compensaciones” que hacen las compañías ante la falla de los servicios.

Los consumidores de servicios de telefonía celular se encuentran en muchas ocasiones impotentes para resolver los problemas que enfrentan y la deficiencias de los servicios, ya que los servicios al cliente de las diferentes compañías implican la mayoría de las veces una pérdida de tiempo, y no una solución a las deficiencias de los servicios de telefonía móvil.

Las deficiencias de los servicios de telefonía celular, además de afectar a nivel particular a los consumidores se convierte en un problema para el desarrollo económico en diferentes entidades del país y por ende a nivel nacional, al verse afectadas las telecomunicaciones que, como se ha visto, dependen cada vez más de la telefonía móvil.

Por ejemplo, en 2013, Marina Arias Albores, titular del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, exigió en nombre de ese gremio y de la ciudadanía chiapaneca que la empresa Telcel corrija las inconsistencias del servicio que están provocando el deterioro de la economía estatal y afectando a millones de usuarios.

La dirigente empresarial criticó que a pesar de esas fallas, miles de usuarios pagan mensualmente por este servicio y aún con la falta de cobertura, “la factura mensual llega puntualmente con el costo como si fuera el servicio óptimo”.

“Sabemos que este servicio se ha vuelto desafortunadamente de primera necesidad para todos: estudiantes, empresarios, amas de casa, pero debería ser un medio de comunicación rápido y eficiente, pero a últimas fechas la empresa Telcel y sus responsables a nivel regional no se han preocupado por informar el porqué de este mal servicio o mejorarlo”, puntualizó la titular del Consejo Coordinador Empresarial.

Pero este no es el único caso que se ha acreditado en cuanto a fallas en el servicio de telefonía móvil.

El 5 de octubre de 2012, un tribunal federal ordenó a la empresa Nextel pagar daños y perjuicios y una indemnización adicional a cientos de clientes afectados por fallas técnicas en el servicio durante 2010, al resolver favorablemente la primera acción colectiva promovida en el país por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El 10 de octubre de 2012 la empresa de telefonía móvil Iusacell, firma que es operada por Grupo Salinas y Televisa, así como siete de sus filiales, fueron obligadas a indemnizar a los clientes afectados por mala calidad en el servicio durante 2010, de acuerdo con la sentencia de una jueza federal que resolvió una acción colectiva promovida por la Profeco; en esta ocasión se determinó que Iusacell incumplió de manera reiterada las obligaciones asumidas en los contratos de adhesión con sus clientes.

El 26 de enero de 2013, Telcel tuvo fallas en los servicios de voz y mensajes de texto en las colonias Del Valle, Condesa, Narvarte y San Pedro de los Pinos, lo que generó muchas molestias y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), al analizar el caso, propuso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sancionar a la telefónica.

En el caso de Telmex, se denunció que desde noviembre la empresa comenzó a cobrar, sin ser requerido por los clientes, el servicio denominado Detalle de llamadas entrantes y salientes, con un monto de 10 pesos.

Las quejas generadas por este cobro indebido, que tuvo eco en redes sociales y por supuesto en algunos medios ligados a los competidores de las empresas de Carlos Slim, son una muestra de que los temas de consumo de productos y servicios de telecomunicaciones ocupan cada vez más importancia en la agenda mediática y de los consumidores.

La reforma de telecomunicaciones aprobada el año pasado, señala que da bases y principios el servicio público de telefonía, entre otros enmarcados en las telecomunicaciones, y determina puntualmente que debe ser otorgado en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Sin embargo, la lucha de los competidores por construir bloques comerciales hegemónicos ha dirigido los esfuerzos del órgano regulador a priorizar las bases y criterios de competencia, dejando de lado las cuestiones de calidad y continuidad en el servicio, pues la reforma en materia de comunicaciones hasta ahora no ha ayudado en nada a los usuarios de telefonía móvil.

Para ilustrar lo anterior, desde 2011 se han procesado grandes alianzas de magnates de la radiodifusión con empresas de telefonía móvil, el caso Iusacell-Televisa que fue adquirida y avalada por la Comisión de Competencia bajo el esquema de deuda convertible y bajo condiciones similares la alianza Dish-Telmex se posicionarán en el mercado de la radiodifusión y telecomunicaciones, formando bloques que serán antagónicos en la lucha por la concentración de usuarios y clientes en el tráfico de sus redes.

Fundados y motivados en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

Primero. Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se atiendan de manera expedita las denuncias relacionadas a las fallas del servicio de las compañías de telefonía móvil y les aplique la sanción que corresponda.

Segundo. Exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de su competencia investigue y resuelva lo que corresponda respecto a la concentración existente en el mercado de telefonía móvil, para garantizar que sus resoluciones y su actuación tengan la misión integral de diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio.

Nota

1. OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones

en México, OECD Publishing.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputados Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Iniciativa para la implementar y promocionar medidas preventivas del Síndrome de Alcoholismo Fetal

Que reforma los artículos 61 y 185 de la Ley General de Salud, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI del artículo 61 y se adiciona la fracción IV del artículo 185 de la Ley General de Salud, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

El alcoholismo ha sido considerado como una enfermedad incurable, progresiva y mortal por la Asociación de Médicos de los EE.UU. (American Medical Association); igualmente la Organización Mundial de la Salud, lo determina como una enfermedad y lo precisa como “…toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que (…) sobrepasa los linderos de costumbres sociales…” Enfermedad que afecta no sólo al adicto sino también la vida de todo aquel que se encuentre a su alrededor.

Esta enfermedad es un problema de salud pública, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional Para las Adicciones (CONADIC). Pues el abuso y la dependencia al alcohol son los principales problemas de adicción en México.

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social. Para empezar, causa 2,5 millones de muertes cada año y también causa daños que van más allá de la salud física y psíquica del bebedor. Una persona en estado de embriaguez puede lastimar a otros o ponerlos en peligro de sufrir accidentes de tránsito o actos de violencia, y también puede perjudicar a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos e incluso extraños. En otras palabras, el consumo nocivo de alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad.

La ingestión nociva de alcohol es un importante factor determinante de algunos trastornos neuropsiquiátricos, como los trastornos por consumo de alcohol y la epilepsia, así como otras enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres. El consumo nocivo también está relacionado con varias enfermedades infecciosas como la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, lo que se debe por un lado al debilitamiento del sistema inmunitario por efecto del alcohol y por otro lado a que la embriaguez trastorna la adherencia de los pacientes al tratamiento con antirretrovíricos.

Unos 320 000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese grupo etario.

Entre los 12 y 19 años, las mujeres consumen más alcohol que los hombres, acentuándose el problema en estados del sureste y norte del país, de acuerdo con cifras oficiales.

La encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, refleja un crecimiento significativo en la proporción de mujeres que consumen alcohol. Cuatro de cada 10 mujeres adolescentes entre 12 y 17 años han consumido alcohol alguna vez en su vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adiciones 2011.

Se ha detectado que las mujeres que consumen alcohol presentan daños en la salud en menor tiempo que los hombres. “Se intoxican más pronto y con una dosis menor”.

Si una mujer consume drogas durante el embarazo, puede dañar seriamente la salud del producto. Lo más común es el Síndrome de Alcoholismo Fetal, que en México es la principal causa de retraso mental evitable; sin embargo, no hay una sola campaña para prevenirlo.

Ahora bien, las mujeres que piensan embarazarse deben estar informadas acerca de los efectos y consecuencias del alcohol en el desarrollo del bebé (feto). La exposición prenatal al alcohol es la cusa más común de las anomalías congénitas físicas y mentales de nacimiento, dicha exposición durante el embarazo, repercute directamente al cerebro y afecta el comportamiento a futuro del niño(a), dichos efectos se pueden prevenir en un 1000 porciento a través de campañas dirigidas a éste sector en especifico.

Miles de niños nacen con los efectos de la exposición prenatal al alcohol. Mientras que muchas personas ingieren bebidas alcohólicas, para aquellas mujeres que están en período de gestión el alcohol es tóxico y venenoso para el producto que crece dentro del vientre. El ingerir tan siquiera una bebida alcohólica por día durante el embarazo, expone al bebé en desarrollo, al riesgo de defectos de nacimientos serios. Una pequeña cantidad de alcohol puede causarle daño permanente al niño.

Los infantes pueden demostrar un crecimiento lento y retraso en sus desarrollo, características faciales poco usuales, irritabilidad, desordenes del cerebro y neurológicos, retardación mental y problemas con el acercamiento hacia los padres.

Los niños en escolar pueden presentar problemas de aprendizaje, poca tolerancia a la frustración, límites sociales inadecuados Y dificultades para leer. A su vez lo adolescentes pueden tener problemas de aprendizaje continuos, depresión, ansiedad y comportamiento violento en el ámbito sexual.

El síndrome fetal del alcohol o también llamado embriopatía por alcohol en el período de gestación tiene rasgos significativos; un niño es diagnosticado con el síndrome (SFA) cuando hay una exposición prenatal al alcohol y tiene:

• Deformidades faciales.

• Desarrollo lento y retrasado.

• Problemas del cerebro y neurológicos.

Los niños que se sospecha tienen (SFA) deben ser evaluados cuidadosamente por un pediatra, psiquiatra de niños y adolescentes u otro médico con experiencia. La exposición fetal al alcohol se pasa por alto frecuentemente como la causa de los problemas del comportamiento del niño. Los efectos del alcohol en el desarrollo del cerebro durante el embarazo no son reversibles. Sin embargo, la intervención temprana puede reducir la severidad de la incapacidad y mejorar las oportunidades de éxito para el niño.

¿Qué es el síndrome de alcoholismo fetal?

Es un grupo de defectos de nacimiento causados por el consumo de alcohol durante el embarazo. Son bebes pequeños, con bajo peso. Al crecer, a menudo se les dificulta el aprendizaje, la atención, la memoria y la resolución de problemas. Tal vez tengan una mala coordinación, sean impulsivos, y tengan problemas del habla y audición. El SAF no es reversible, pero puede prevenirse evitando ingerir alcohol durante el embarazo.

Se debe promover por medio de la Secretaría de Salud la prevención del consumo de alcohol de las mujeres en estado de embarazo, con acciones afirmativas de prevención y educación.

Es menester proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a una vida sana. Dejar claro cuáles son las secuelas irreversibles que esta enfermedad genera elaborando estrategias de prevención del síndrome de alcoholismo fetal, y la difusión, promoción y divulgación de este. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger los derechos de niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

“Se debe tomar conciencia sobre los riesgos y consecuencias derivadas de abuso de alcohol”.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI del artículo 61 y se adiciona la fracción IV del artículo 185 de la Ley General de Salud, al tenor de lo siguiente

Artículo Primero. Se adiciona la fracción VI del artículo 61 y se adiciona la fracción IV del artículo 185 de la Ley General de Salud

Artículo 61 .

I-V…

VI. La realización periódica de pruebas de alcoholemia a mujeres en estado de gestación y lactancia vigilancia, a fin de evitar la embripatía por alcohol y teratogénesis.

Artículo 184. …

IV. El diseño, implementación y promoción de medidas preventivas, que tengan por objetivo informar a las mujeres embarazadas sobre las consecuencias del abuso de bebidas alcohólicas durante el período de gestación y lactancia.

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de Febrero de 2014.

(rúbrica)

Iniciativa para garantizar los derechos e igualdad en todas sus formas de niñas, niños y adolescentes con VIH/sida.

Que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

A más de 50 años de la detección del primer caso de sida en el mundo, datos hasta 2012 de ONUSIDA revelan que 35,3 millones de personas viven con el VIH en el mundo. Mientras que la Unicef da cuenta que de los 35,3 millones de personas que viven con VIH, 2,1 millones son adolescentes (10-19 años).

En México el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) muestran que hasta el 30 de septiembre de 2013 viven en nuestro país 170,000 personas de todas las edades con dicha enfermedad.

Durante mucho tiempo, la epidemia del VIH/sida no se asoció directamente a la infancia y adolescencia. Pero en la actualidad se asume que los jóvenes son particularmente vulnerables a ella en cuanto a su transmisión e impacto.

En la infancia, además, tiene un efecto devastador, más allá del problema de salud pública que representa. Problemas como la orfandad, o que los propios niños se conviertan en cuidadores de familiares enfermos, provocan que los niños y las niñas no tengan una atención adecuada de adultos y se hagan vulnerables frente a la discriminación, la explotación o la vida en la calle y, por lo tanto, se vean afectados sus derechos a la educación, a una alimentación adecuada, a salud y a vivienda entre otras, así como que tengan más riesgo de infectarse.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha hecho visible la problemática del VIH/sida donde Millones de niños que no son VIH positivos sufren las consecuencias de esta pandemia , debido a la pérdida de familiaresy a la desestructuración económica y social que causa el sida en muchos lugares del mundo. Aunque se han logrando avances en el diagnóstico precoz de la enfermedad o la prevención de la transmisión de madres a hijos , aún quedan muchas barreras por derribar, como el acceso a una medicación adecuada , la discriminación o la desprotección de los niños que han quedado huérfanos a causa del VIH/sida.

Por lo tanto, aún cuando los niños, niñas y adolescentes no constituyen un grupo mayoritaria y directamente afectado por la epidemia del VIH/sida en el país, sí se traduce en un factor de vulnerabilidad para ellos, en función de las situaciones de riesgo a las que se enfrentan.

Aunado a ello, la discriminación que sufren los menores con VIH o sida por parte de las autoridades educativas, profesores que se niegan hacerse cargo de un grupo, directores que se niegan a matricular alumnos, padres de familia que retiran a sus hijos de la escuela o presiones para que no se matricule a un niño con VIH, tanto en el ámbito local como en el federal, al ser expulsados de las escuelas o al negarles el servicio educativo por su condición de salud, desafortunadamente sigue siendo una práctica común.

Si bien se han implementado medidas para la prevención, atención y seguimiento de los casos de VIH/sida, enmarcados en diversas políticas tanto a nivel estatal y nacional como en lo estipulado en instrumentos internacionales como la Declaración Política sobre el VIH/Sida: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/sida firmada en 2011, aún existe un importante rezago para erradicar los actos de discriminación y violación de derechos humanos en contra de las personas que presentan dicha enfermedad.

Es así que el Informe VIH/sida en México 2012 realizado por la Secretaría de Salud y Censida documenta que:

Es urgente implementar estrategias innovadoras y con alto nivel de penetración social, hasta llegar a la erradicación de las epidemias sociales del estigma, la discriminación, la homofobia, la transfobia y la violencia, cuya asociación potencializa negativamente la epidemia del VIH/sida; y son fuertes obstáculos para el acceso a servicios de atención, cuidados integrales y prevención.

La garantía al derecho a la no discriminación es uno de los indicadores más claros sobre la calidad de la vida democrática de cualquier país.

Es menester como legisladores contar con los ordenamientos jurídicos que contemplen las diferentes formas de discriminación para poder prevenir y erradicar la violencia psicológica, física y emocional que coartan la libertad de los derechos de las y los menores de edad; y así avanzar hacia un México más justo, democrático y más solidario.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación Enadis 2010, resultados sobre niñas, niños y adolescentes, elaborada por el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México. Donde la población de 12 a 17 años, es uno de los que mantienen un nivel más alto de intolerancia hacia la diferencia y más permisivo con actitudes poco cívicas y discriminatorias, al tiempo señalan que han sido objeto de discriminación por cuestiones económicas, de apariencia física o preferencia sexual, condición de salud.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. En él se establece que los Estados parte garantizarán el acceso a dichos derechos independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o condición de salud.

El objetivo debe ser el combatir la ignorancia y desinformación en torno a la enfermedad, para evitar prácticas discriminatorias y violatorias a los derechos humanos de los menores, y que se realicen campañas pedagógicas de información dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con objeto de difundir el respeto a los derechos de las personas que viven con VIH/sida, así como informar sobre las formas de prevención del virus.

La discriminación se basa en un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos enraizados, y tabúes aceptados acríticamente. Comparte sin razón del machismo, la intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo y la xenofobia. Disminuye la esperanza de vida, la protección contra los riesgos y el acceso a los servicios. Fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de autoridad. Promueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos. Legitima la ley del más fuerte. Es caracterización de superioridad y de inferioridad, y negación de igualdad de derechos. Se expresa en maltrato, en abusos, en exclusión, en miedo y en ruptura del tejido social. La discriminación es negación de la dignidad humana, afianza la pobreza, es tierra fértil para la violencia y cáncer para la democracia.1

Todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación, a un buen trato, a ser protegidos por la sociedad en su conjunto. Y la comunidad educativa y los educadores en particular tienen un rol clave en respuesta a la epidemia, promoviendo actitudes y prácticas para la convivencia de niños y niñas afectados por el VIH desde el afecto, respeto y alegría, superado el temor y la discriminación.

Una de las mayores preocupaciones de los padres de familia es la estigmatización de la enfermedad del VIH/sida en el entorno escolar. Les persigue el temor que sus hijos no tengan las mismas oportunidades que los demás y sean víctimas de burlas, acoso y bullying.

Las implicaciones de la discriminación son diversas, partiendo de actos con fines lascivos que desencadenan conductas que ridiculizan, humillan, y degradan, algunas veces acompañadas con violencia física. Por lo tanto es necesario instruir a los padres de familia, docentes y alumnos dentro y fuera del ámbito escolar respecto a la condición de salud y a no ser simples observadores.

Esta reforma representa una respuesta ante nuevas formas de discriminación entre niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta necesario una mayor protección a la niñez frente a actos discriminatorios relacionados con la condición de salud.

De lo anterior surge la urgente necesidad de reformar el artículo 16 de Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

Fundamento Legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforma el artículo 16 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo dedistinción, exclusión o restricción en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico o nacional; posición económica; discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición socialy de salud incluyendo el VIH/sida; que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de sus derechos y la igualdad en todas sus formas.

Es deber de las autoridades adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento con lo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Encuesta Nacional 2010. Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Unicef.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa para que autoridades educativas garanticen a las alumnas un espacio libre e higiénico para poder lactar a sus hijos.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El embarazo y la maternidad de niñas y adolescentes es un problema social y una de las experiencias más difíciles que afectan la salud integral de niños y de adolescentes, así como de los padres de familia, la sociedad y el niño que está por nacer, ya que no se reduce solamente a una problemática familiar.

En sí, la maternidad implica cambios en la identidad de las mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de la vida, debido a que el convertirse en mamá es una nueva identidad para siempre.

La maternidad se puede vivir de muchas formas, hay algunas mujeres para las cuales la maternidad es algo maravilloso y la viven de forma placentera pero para algunas otras el ser madres se vuelve una carga.

México registra altos porcentajes de embarazos en adolescentes y, según especialistas, el problema seguirá si no se adecúan los contenidos en los planes de estudio en materia de derechos reproductivos y educación sexual a la realidad actual; la falta de información y acceso a los métodos anticonceptivos, los tabús respecto a la sexualidad, el que los docentes cuenten con muy pocas herramientas para abordar los contenidos en salud sexual y los gobiernos locales que obstaculizan políticas públicas en la materia.

En 2003, diversas instituciones públicas y privadas de Uruguay, con apoyo de Bayer Schering Pharma, preocupadas por el elevado índice de embarazos en adolescentes, impulsaron la iniciativa a fin de celebrar el 26 de septiembre de cada año como el Día de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

Muchas veces, las adolescentes ven su vida menguada por una maternidad precoz y en ocasiones por un matrimonio no planeado, estas circunstancias limitan las oportunidades de educación y empleo; dichas adolescentestienen rangos de edades que van de 12 a 19 años, con predominio del grupo de 17 a 19.

El Consejo Nacional de Población muestra que si bien a escala nacional hubo un descenso de la fecundidad de 2.6 hijos por mujer en 2000 a 2.2 en 2013, que representa una disminución del 16.2 por ciento; en el grupo de las adolescentes, la fecundidad disminuyó solamente 7.6 por ciento en el mismo periodo. En consecuencia, los alumbramientos de madres adolescentes representan una proporción creciente si se considera que en 2000 los nacimientos correspondientes a mujeres entre 15 y 19 años representaban el 15.7 por ciento y en 2013 la proporción ascendió a 16.3.

Un factor que no se ha tomado en cuenta en el embarazo precoz es la falta de información, las complicaciones y repercusiones que se presentan a nivel de salud en la madre, y que afectan de por vida el desarrollo mental, físico y psicosocial de la misma. Acciones que se deben emprender: erradicar la discriminación, no negar al derecho a la igualdad de oportunidades, a la educación, a la salud y hasta la vida.

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos de las menores en estado de gravidez y ya siendo madres ha sido la causa de que éstas se encuentren en situación de discriminación.

Las madres niñas y adolescentes enfrentan desafíos diarios en su lucha diaria por tratar de brindar los cuidados básicos a su hijo aunado a estar en la constante búsqueda de encontrar un modo de desempeñar un mejor papel como madre.

El embarazo o maternidad no deberá ser causal para cambiar de turno, de clases o de curso, a las niñas y adolescentes embarazadas y en periodo de lactancia, ni motivo de discriminación, salvo que la niña o adolescente manifieste voluntad de deserción escolar pero solo por motivos de poner en riesgo su vida o la del bebé.

Por tanto, se deben fomentar en los centros educativos, la materia de educación sexual, con contenidos que permitan sensibilizar a la comunidad escolar, en el caso de contar con niñas y adolescentes madres, garantizando a las mismas el contar y adaptar un espacio libre e higiénico para poder lactar o amamantar a sus hijos.

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud, y el caso de madres que son niñas y adolescentes contar en las escuelas con un espacio para ejercer su derecho.

La OMS recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y su administración debe comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida. Después debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años.

Es conocido que la lactancia materna tiene innumerables ventajas para la madre y para el bebé. Se ha demostrado que reduce la frecuencia de cáncer de ovario y mama, además causa una mejor vinculación entre madre e hijo, es cómodo, higiénico y económico.

Hoy, el embarazo en adolescentes constituye en México un problema de salud pública, que se da en un contexto de pobreza y falta de educación que perpetúa altas tasas de embarazo en este grupo de edad.

Por tanto, se deben tomar acciones pertinentes para dar solución al problema de las niñas y adolescentes que ya son madres, logrando que estas permanezcan estudiando poniendo a la par ejercer su papel de madres otorgándole el derecho de tener a su hijo mientras estudia.

Es menester implantar programas para las niñas y adolescentes que son madres con la finalidad de que ellas ejerzan sus derechos por el simplemente hecho de ser madres y no se les limite o coarte la manera en que ellas puedan alimentarlo y educarlo.

Las madres adolescentes y niñas enfrentan desafíos diarios en su lucha por cuidar de su hijo y encontrar un modo de ser la mejor madre que puedan. Debido a que la mayoría de las madres adolescentes está asistiendo al colegio o a la universidad, encontrar el tiempo y los medios económicos para terminar su educación debería ser una prioridad junto con criar a sus niños.

Aprender las formas de estar a tono con las responsabilidades como madre adolescente las ayudará a ponerse de pie y establecer un futuro para sus hijos.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto se somete a consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor siguiente:

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XVII. …

XVIII. Proporcionarán áreas adecuadas e higiénicas en los centros educativos para las alumnas que se encuentren en periodo de lactancia puedan ejercer su derecho.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II;; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción l del artículo 1168 y se derogan los artículos 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 y 1179 del Código de Comercio, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La reforma financiera recientemente aprobada en este Congreso, ha significado un retroceso en materia de derechos humanos, al institucionalizar el arraigo como una sanción civil.

Históricamente el arraigo ha sido el medio por excelencia mediante la cual se ha materializado cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a un recurso judicial efectivo, a la seguridad jurídica y al derecho de presunción de inocencia entre otros.

Mediante el arraigo se ha obligado a los imputados de una conducta contraria a derecho a permanecer en un lugar determinado bajo la vigilancia de la autoridad investigadora. Situación en la que muchas veces son sometidos a tortura u otros tratos cueles, inhumanos o degradantes, dejándolos en completo estado de indefensión.

No podemos dejar de considerar a nuestra referencia más clara del arraigo, es aquella que contempla nuestra legislación en materia penal, la cual tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso.

Nos resulta un error gravísimo que bajo el amparo de una supuesta reforma de avanzada, se haya incluido un mecanismo por demás perverso como el arraigo o la radicación de una persona, que tras una relación semántica en identidad de conceptos es decir que bajo la misma categoría gramatical sea reconocida, ahora también en la legislación civil como un componente por demás violatorio de la garantías individuales.

Mucho se ha cuestionado al arraigo por operar como una prisión preventiva en donde la autoridad investigadora pese a no haber acreditado la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito la priva de su libertad.

En definitiva esta figura es aún más discutible cuando lo que se busca es dar celeridad a los procedimientos mercantiles y seguridad jurídica a los acreedores respecto al retorno de sus recursos económicos.

En dicha modificación se atenuó el impacto que la figura de arraigo reviste, suavizándola gramaticalmente introduciendo el termino radicación como una medida cautelar o preventiva especialmente para que los acreedores recuperen de manera más sencilla sus recursos en caso de incumplimiento por parte del deudor.

Lo anterior contraviene el derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que su cumplimiento por parte de los órganos del Estado constituye una obligación absoluta y cuya omisión encierra una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

En este sentido la audiencia es un derecho fundamental a favor de los gobernados, por el cual se impide la privación de sus bienes o libertad sin que exista procedimiento judicial previo en el que se le permita participar de manera activa.

Por ello, considerar el hecho que el acreedor pueda solicitar a la autoridad que se dicte una medida cautelar dentro de un juicio mercantil sin que antes se haya acreditado su acción y sin hacerse notificado al demandado de las pretensiones del acreedor sin duda alguno derivará en un trato desigual para las partes en conflicto, y más aun si la medida consiste en la radicación del deudor.

Argumentación

Por ello, la figura de radicación de personas es contraria a la garantía de audiencia y contraviene los preceptos constitucionales antes señalados.

Pues la supuesta bandera de dotar de una mayor seguridad jurídica a favor de los acreedores para recuperar de manera más sencilla sus recursos en caso de incumplimiento por parte del deudor, particularmente, en aquellos casos en los que existe una garantía no es más que el reconcomiendo de un mecanismo satírico en contra de los deudores tal y como lo son la radicación, que no es otra cosa sino un arraigo simple y llano.

A todas luces con ésta determinación se pierde toda empatía con el ciudadano al que se ha coartado el goce y disfrute de algún derecho, así como la finalidad de una verdadera reforma por la que se debe considerar el principio rector de la impartición de justicia.

En este sentido lo planteado en los artículos que hoy se pretenden reformar violentan severamente los principios antes mencionados.

Lo que verdaderamente se está haciendo es contribuir a los abusos de los que muchos de los acreedores fincan en perjuicio de sus deudores, abriendo la puerta a graves repercusiones en la esfera jurídica de aquellas personas que han caído en insolvencia de pagos

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga la fracción l del artículo 1168 y se derogan los artículos 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 Y 1179 del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforma el artículo 1168 y elimina los artículos 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 y 1179 del código de comercio.

Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes:

I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código;

II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y

b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.

En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo.

Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo.

Artículo 1170. Se deroga.

Artículo 1171. Se deroga.

Artículo 1172. Se deroga.

Artículo 1173. Se deroga.

Artículo 1174. Se deroga.

Artículo 1179. Se deroga.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa para que migrantes accedan a los servicios educativos público y privado, sin importar su situación migratoria

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Migración, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La participación de los niños en la fuerza de trabajo es infinitamente variada y cambiante, y responde a los cambios sociales y del mercado; a ello se agrega la flexibilidad de la enorme y desprotegida potencial fuerza de trabajo infantil. La pobreza y la exclusión social, la movilidad de la mano de obra, la discriminación y la falta de suficiente protección social y de oportunidades de educarse inciden en la situación del trabajo infantil.

En México las condiciones de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, están vinculadas con una sistemática violación a sus derechos laborales y humanos, sin que el estado haya sido capaz de garantizar su respeto. Como sabemos los niños y niñas deben estar protegidos durante su infancia por sus familias, por la sociedad y por el mismo estado, en virtud de que es necesario que se desarrollen en un entorno que les proporcione las herramientas y condiciones básicas, para que puedan lograr una vida digna.

Las niñas, niños y adolescentes sufren violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que deben enfrentar a diario, además de ser víctimas de la explotación laboral.

La explotación laboral se encuentra infantil se encuentra terminantemente prohibida por el derecho internacional. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todo niño a estará protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer sueducación , o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

A su vez, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, establece que todos los estados deben adoptar medidas efectivas a los fines de impedir la ocupación de niñas y niños en las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social, garantizar a todos los niños y niñas en tales circunstancias un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

En la actualidad, el alto grado de vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes en situación migratoria irregular y jornaleros hace que estos se encuentren más expuestos a ser explotados laboralmente en el país y por ende privados de derechos básicos, como jornadas extenuantes y excesivas horas de trabajo durante la época de plantación y cosecha. Las jornadas laborales se extienden desde el amanecer hasta el anochecer con pocas pausas de descanso, trabajo agotador y extenuante debido a que la labor requiere pasar largas horas de pie, agachados, inclinados, efectuando movimientos repetitivos y transportando cargas pesadas, exposición a temperaturas extremas, como pueden ser largas jornadas bajo el sol, o exposición al frío y a la humedad sin indumentaria, calzado o equipo adecuados.

Además de que los jornaleros agrícolas muchas veces sufren de deshidratación durante las temporadas con altas temperaturas debidas a la insuficiencia de agua potable. Problemas cutáneos, como resultado de los productos químicos empleados en los cultivos que pueden contener sustancias irritantes para la piel y la exposición a pesticidas tóxicos, algunos muy venenosos y potencialmente cancerígenos.

Se estima que alrededor de 42 por ciento de los niños y niñas que desarrollan estas actividades padecen algún grado de desnutrición.

Las ganancias obtenidas del trabajo de los niños y niñas se convierten en una de las principales fuentes de ingreso. De esta manera, el trabajo infantil constituye simultáneamente una causa y una consecuencia de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

En México, los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen acompañados de sus familias. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan a todo el país.

Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o niña trabajador , y sus ingresos se acercan al 41% de los del total familiar.

Además, un 44.9% de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas, de manera que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma.

Erradicar el trabajo infantil es, también, el reto de incluir a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas en las estadísticas nacionales, esto es, ver cuál es su acceso a los servicios básicos y los impactos que resultan de su nutrición, salud, desarrollo, educación, y perspectivas futuras considerando, además, que es necesaria una protección especial de sus derechos.

Sinaloa es el estado de mayor destino de trabajadores migrantes de México. Los trabajadores que migran a Sinaloa para emplearse provienen de comunidades con altos niveles de marginación y pobreza, principalmente de los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, San Luís Potosí y Puebla.

Con base en la estadística más reciente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que hay 2.5 millones de jornaleros, de los cuales cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la familia que los acompañan, señala el programa de Jornaleros Agrícolas.

En términos absolutos, los niños están perdiendo sustantivamente en educación. Dado que la mayoría de ellos deben interrumpir los ciclos escolares, su nivel formal de educación se encuentra a niveles muy bajos, comparables a los de las zonas más marginadas del país.

Finalmente, es importante enfatizar el papel que tienen los propios niños y niñas jornaleras en mejorar sus condiciones de vida. Los niños y niñas, aun los más pequeños, son capaces de identificar sus problemas, analizar algunas de sus causas y buscar soluciones. La participación de este segmento de la infancia en la planeación de intervenciones para mejorar su calidad de vida es, indudablemente, indispensable.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 4, menos de 10 por ciento de los cerca de 300 mil niños jornaleros va a la escuela. Muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas para cambiar de lugar de residencia. La inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales por estos niños y niñas y adolescentes, constituyendo el grupo más alto de rezago en diversos ámbitos.

La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niños en situación de trabajo infantil (98 millones, o 59%), pero el número de niños en los servicios (54 millones) y la industria (12 millones) no es insignificante la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal.

Desde nuestra perspectiva, una de las acciones que se debe de poner en marcha a la mayor brevedad es erradicar el trabajo infantil en el país, particularmente en el sector agrícola, ya que los jornaleros agrícolas enfrentan diversos factores que incrementan su vulnerabilidad a la pobreza frente a otros grupos de población. Es imprescindible hacer un llamado a los gobiernos, a la sociedad y a las organizaciones civiles para afianzar el acceso a la educación, protección social y al trabajo en condiciones favorables, eliminando explotación infantil en el trabajo.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración

Al tenor de lo siguiente:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La Secretaría de educación Pública diseñara, implementara, y ejecutara un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rubrica)

Punto de acuerdo que exhorta a la PGJ de Guerrero a esclarecer de forma expedita el asesinato de Arturo Rivera Olivera, coordinador de Movimiento Ciudadano, en Metlatonoc.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Guerrero a esclarecer de forma expedita el asesinato de Arturo Rivera Olivera, coordinador de Movimiento Ciudadano, en Metlatonoc, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Read More

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