Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: abril 2014

Raúl Plascencia ha sido un ombudsman omiso e irresponsable en el combate a la trata de personas: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

30 de abril de 2014

Boletín de Prensa

Raúl Plascencia ha sido un ombudsman omiso e irresponsable en el combate a la trata de personas: Ricardo Mejía Berdeja

 

  • Pediremos se investigue la actuación de la CNDH y el CEDH tras la denuncia de la organización “Todo por Ellos” en Chiapas.
  • En Movimiento Ciudadanobuscaremos las herramientas necesarias para impedir que se den pasos atrás en la legislación en materia de trata de personas.

 

“Resulta sumamente grave la denuncia que ha hecho la organización “Todo por Ellos” respecto a que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas no han cumplido con su labor para investigar los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, principalmente los casos relacionados a menores de edad”, comentó el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En dicho tenor, el legislador expresó “Raúl Plascencia, quien ha demostrado la ineficiencia de su perfil para ser un verdadero ombudsman y velar por los derechos humanos de las y los mexicanos, ahora exhibe su falta de compromiso por garantizar que las y los menores de edad cuenten con una vida digna y libre de violencias”.

Aunado a ello, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, cuestionó los trabajos que hasta ahora, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha realizado en materia de trata de personas, por lo que invitó a la sociedad civil a trabajar de manera conjunta para que, desde el Poder Legislativo, surjan los mecanismos que permitan erradicar esta dolorosa problemática que enfrentan diversos estados y en este caso específico el estado de Chiapas.

Por otro lado, Mejía Berdeja indicó que se están analizando las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley General para Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en miras de contar con una legislación acorde a la situación que actualmente se presenta en el país, “en Movimiento Ciudadano sabemos de la importancia que esta iniciativa representa, por lo que buscaremos las herramientas necesarias para impedir que se den pasos atrás en el combate a la trata de personas”.

Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Propone Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila , integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De los principios básicos que caracterizan a una democracia representativa, sobresale por su importancia la rendición de cuentas que los gobernantes deben dar a los gobernados.

En esta lógica surge la facultad exclusiva de fiscalización superior de la Cámara de Diputados, la cual encuentra su principal instrumento en la revisión de la Cuenta Pública, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El artículo 74 constitucional define en la fracción VI los alcances de la fiscalización superior:

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.1

Así, la fiscalización superior, conocida también como fiscalización externa o posterior, consiste en la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, de comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.2

Entre los principales propósitos que la fiscalización superior persigue se encuentran monitorear que los programas se ajusten a los montos aprobados; evaluar el desempeño, eficiencia, eficacia y economía con base en los indicadores aprobados en el presupuesto, y determinar si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas.

Para cumplir lo anterior, la ASF utiliza las siguientes herramientas: auditorías, proceso que consiste en el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas de una entidad, practicado con posterioridad a su ejecución; visitas, entendidas como evaluaciones de una operación o un aspecto en lo particular de una entidad fiscalizada, e inspecciones, instrumentos que verifican la existencia física de un bien y su registro contable y presupuestal.

Se llevan a cabo seis tipos de revisión: de desempeño, de regularidad, forenses, especiales, de seguimiento y de situación excepcional; de las cuales se determinan observaciones y se promueven acciones, que a su vez se dividen en preventivas y correctivas.

Las acciones preventivas corresponden a recomendaciones o recomendaciones al desempeño, mientras que las correctivas se diversifican en: denuncias de hechos, pliegos de observaciones, fincamientos de responsabilidades resarcitorias, promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, solicitudes de intervención de la instancia interna de control, promociones para el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y solicitudes de aclaración.

Si bien la fiscalización superior ha tenido grandes avances en los últimos años: como la creación de dos leyes, la de Fiscalización Superior de la Federación, y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la creación de la ASF; mayores facultades al órgano fiscalizador; el manejo más claro de los efectos económicos y contables de la revisión de la Cuenta Pública y la incorporación de un dictamen en cada informe de la auditoría; también lo es que entre los ciudadanos impera una percepción de insatisfacción sobre sus resultados reales, debido a los casos de corrupción e impunidad que se observan en el país día tras día.

¿A qué se debe lo anterior? Si en realidad deseamos contar con un sistema de fiscalización de primer nivel, en el que las observaciones sirvan para prevenir los grandes problemas de la nación, para reorientar el quehacer gubernamental y para inhibir conductas irregulares; resulta menester reforzar los instrumentos con los que la ASF cuenta actualmente.

Sin duda, uno de los sectores que más debilidad presentan corresponde a las denuncias de hechos, las cuales se presentan ante las autoridades competentes por la presunta comisión de ilícitos.

De 1998 a 2011 se emitieron 311 acciones de este tipo; no obstante, al 30 de septiembre de 2013 se habían solventado sólo 18, es decir, 5.8 por ciento, mientras que 293, 94.2 por ciento, permanecen en proceso.

¿Cómo podremos mejorar la calificación de 34 puntos, donde 0 es el peor lugar y 100 el mejor, del índice de percepción de la corrupción, realizado por Transparencia Internacional, si contamos con un instrumento que fiscaliza y denuncia las irregularidades, pero éstas no tienen consecuencias; por lo contrario, permanecen aplastadas por la burocracia y por la impunidad?

Únicamente 14 por ciento de los mexicanos tiene una opinión favorable sobre la Secretaría de la Función Pública, 29 por ciento piensa que las capacidades de la ASF son adecuadas y 24 por ciento considera que hay una correcta rendición de cuentas en el país.

De continuar así, ¿será una sorpresa que en el futuro ocurran más casos como el de Oceanografía, cuando la ASF desde 2005 denunció el comportamiento irregular en 5 auditorías y 9 contratos?

¿Podremos exigir una correcta ejecución del gasto, cuando hay casos como la Estela de Luz, monumento en el que la Auditoría presentó 2 denuncias de hechos: la primera por el pago en exceso de 248.9 millones de pesos al acero estructural, insumo principal de la obra, y la segunda por diversas acciones y omisiones de servidores públicos y terceros que implican presuntas responsabilidades penales?

Mientras las denuncias de hechos permanezcan sin tener consecuencias reales, seguiremos gastando los mil 863 millones 735 mil 580 pesos destinados a la ASF en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, para que ésta realice un trabajo de investigación que las autoridades ignorarán.

Es momento de implantar medios que permitan una correcta rendición de cuentas; el cinismo de los funcionarios, la corrupción de las dependencias, la impunidad de las autoridades y el hartazgo de los ciudadanos nos lo exigen.

Derivado de lo anterior se somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Único. Se reforma la fracción XV del artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XIV. …

XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político. En el caso de las denuncias de hechos, éstas deberán ser solventadas por la autoridad competente a más tardar seis meses después de presentadas;

XVI. a XXVIII. …

Texto vigente

Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XIV. …

XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político;

VI. a XXVIII. …

Reforma propuesta

Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XIV. …

XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político. En el caso de las denuncias de hechos, éstas deberán ser solventadas por la autoridad competente a más tardar seis meses después de presentadas;

XVI. a XXVIII. …

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Auditoría Superior de la Federación realizará las adecuaciones necesarias a su normatividad interna, a fin de hacer efectivas sus disposiciones.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

2 Fiscalización superior y su vinculación con las finanzas públicas, maestro Edmundo Bernal Mejía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja.

Iniciativa en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para promover la estimulación temprana

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 11 Y 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la letra A del articulo 11 y se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

La niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos y organismos internacionales en materia de derechos humanos por tal motivo es menester velar por el interés superior de las niñas y niños a través de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones, por medio de la resolución 1386 proclamó la declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959, de la cual México es signatario. En ella se establece el principio de interés superior del niño, a través de directrices del desarrollo normativo e institucional de los Estados firmantes, a fin de fortalecer el sistema de protección especial, acceso a servicios y oportunidades con el objetivo de mejorar el desarrollo físico, mental moral, espiritual y social de los menores.

El interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

Lo anterior se desprende del principio dos el cual reza: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Es indispensable que el niño disfrute del más ato nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Se debe velar por el principio que cita: Se debe combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.

Asimismo, el artículo 4o. constitucional en el párrafo octavo cita: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En la actualidad la ciencia y la tecnología permiten promover el desarrollo de la niñez, fortalecer las capacidades, la apropiada atención de acuerdo a su condición, rehabilitación para mejorar su calidad de vida y con esto desarrollarse en la vida cotidiana.

Un claro ejemplo de ello es la llamada estimulación temprana o atención temprana infantil se basa, sobre todo en la repetición, a la que los expertos denominan unidades de información o bits. Del mismo modo que cuando se aprende a decir mamá o papá, repiten lo que escuchan una y otra vez, de tal modo pueden aprender a leer, lograr un pensamiento matemático, e incluso desarrollar aspectos sensoriales y sociales.

La repetición sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de actividades con base científica, refuerzan las áreas neuronales de los bebés. Durante la estimulación, se potencializa adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional del bebé, también se amplía su desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición y su ritmo.

La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé y refuerza el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y estímulos sensoriales, entre padres e hija(o), a partir de ahí se dan actividades de motricidad gruesa, fina, de concentración y de lenguaje. El juego es una efectiva herramienta de estimulación para los bebés. A través del juego, los padres pueden observar el comportamiento de su hija(o) y conocer sus necesidades, deseos, gustos, e inquietudes.

En la estimulación temprana se busca el equilibrio. Por eso, debe ser integral, tanto física como intelectual.

Se debe insistir para que los niños pasen por todas las etapas del desarrollo motor en el primer año de vida, es porque de ello depende su desarrollo posterior. Estas etapas o grandes hitos del desarrollo (levantar la cabeza, rodar, arrastrarse, gatear y sentarse solo, todo ello antes de caminar), sientan las bases de todo lo que ha de venir. Si no se producen en las condiciones deseadas, el niño no dispondrá de las mejores oportunidades para seguir adelante en su desarrollo y llegar a su aprendizaje escolar con facilidad y garantías de éxito.

Sólo si damos a un bebé las oportunidades de pasar por estas etapas, logrará hacerlo. Esto supone poner al niño en el suelo y librarle de cualquier artilugio que pueda restringir su libre movimiento. De esta forma, y gracias a los movimientos que conforman estos grandes hitos del desarrollo, el niño inhibirá los reflejos primitivos con los que nació y que le ayudan precisamente a cumplir con estas etapas del desarrollo.

Ha de cumplirlas para que los reflejos primitivos, tras realizar su misión, puedan “descansar” y dejar el protagonismo a otros reflejos posturales más avanzados.

Por tanto es de suma importancia la implementación de políticas públicas con un enfoque integral a fin de promover los derechos de la niñez, incluyendo herramientas que hagan posible un mejor desarrollo psicomotor, emocional y sensorial; para ello el Estado debe resguardar y garantizar las condiciones y oportunidades que permitan el sano crecimiento de este sector.

Fundamento Legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la letra A del articulo 11 y se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo de la letra A del artículo 11 y se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes.

Artículo 11. Son obligaciones de madres y padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna …

Para efectos de este precepto, la alimentación adecuada comprende: la ingesta suficiente y necesaria de macronutrientes y micronutrientes que permitan el desarrollo pleno, así como la satisfacción de las necesidades de habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud…

A a J. …

K . Promover la estimulación temprana: conjunto de acciones encaminadas a conformar adecuadamente el sistema nervioso del infante, con el fin de conseguir el máximo de conexiones neuronales y no se destruyan por falta de estímulos adecuados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa en materia de salud para la detección temprana y oportuna de enfermedades

INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud y se recorre el subsecuente, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

De este precepto se desprende la ley “Ley General de Salud”, en donde se observan muchas de las disposiciones que deben considerar los médicos, técnicos y el personal auxiliar, para prestar así un servicio de calidad, trato digno y respetuoso a los pacientes y enfermos.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La salud cuenta con tres aéreas distintas:

La salud física , que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción.

La salud mental , el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen.

La salud social , que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social.

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

• El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

La medicina preventiva se orienta hacia la prevención de las enfermedades existentes en las personas. Los métodos utilizados para prevenir las enfermedades se clasifican en tres categorías: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Cada categoría de medicina preventiva intenta: impedir que la enfermedad afecte a una persona o población; detectar la enfermedad con rapidez para evitar la progresión o los síntomas; tratar de limitar el impacto de una enfermedad que ya se ha diagnosticado y se ha establecido en el paciente con el tratamiento.

La prevención y el cuidado cotidiano y sostenido es la mejor manera de prevenir enfermedades y problemas que afecten nuestra salud. Qué controles se tienen que hacer a cada edad y qué hábitos conviene incorporar para sentirse saludables y mejor cada día.

Se deben unir esfuerzos para reforzar la implementación de acciones que permitan a los usuarios el ejercicio pronto y eficaz de sus derechos fundamentales.

Implementar una política pública relacionada con la prevención de las enfermedades, ya que inclusive para los efectos del derecho a la protección a la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a la medicina preventiva, para lo cual los usuarios de los servicios de salud deben, como una obligación el ejercicio de este derecho, así como participar activamente en los programas y actividades de prevención, fomento y cuidado de la salud.

Por lo tanto lo que se pretende es la protección del derecho a la salud, privilegiando la prevención por medio de un examen médico anual que va enfocada a promover acciones y cambio de hábitos, con el objeto de prevenir enfermedades crónico-degenerativas, infecciosas y de transmisión sexual, evitar embarazos no deseados, obesidad, entre otros. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los usuarios, con esta propuesta de se garantizara el derecho a la protección de la salud, a la prevención de enfermedades y minimizar los niveles de mortandad a causa de enfermedades crónico degenerativas con detección temprana.

Cabe recalcar que al contar con este examen los médicos podrán tener una detección temprana y oportuna de factores de riesgo para alguna enfermedad o padecimiento que aún no se manifiesta.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud y se recorre el subsecuente

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, y se recorre el subsecuente.

Artículo 51 Bis 3 . Los usuarios de servicios de salud tienen la obligación de: Realizarse, por lo menos una vez al año, un examen médico general en alguna institución de salud integrante del sistema de salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de abril de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Se exhorta a la SCT a implantar medidas para que el servicio de transporte aéreo se preste en condiciones equitativas

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar medidas para que el servicio de transporte aéreo se preste en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde agosto de 2010, año en que la aerolínea Mexicana de Aviación fue declarada en cierre de operaciones, el servicio en las aerolíneas que prestan sus servicios en el territorio nacional resulta ineficiente y carece de los estándares de calidad.

Mexicana de Aviación, por muchos años, fue considerada la aerolínea número uno en calidad en el servicio en Latinoamérica y, desde que abrió rutas a Europa, su excelencia en el servicio le abrió las puertas para integrarse a importantes alianzas con aerolíneas de alto prestigio.

En la actualidad, con el argumento de ofrecer al consumidor tarifas bajas, el precio que tiene que pagarse es sumamente alto: la mala calidad en el servicio.

Por ejemplo, la impuntualidad en el servicio es uno de los factores que los usuarios tienen que soportar, la excusa –en algunos casos– es la ineficiencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Otro punto al que los pasajeros tienen que exponerse y que por lo general nunca consideran, está relacionado con la inseguridad aérea, pues las llamadas aerolíneas de “bajo costo” que, como aves de rapiña, se quedaron con muchas de las rutas de Mexicana de Aviación, no cuentan con contratos colectivos de trabajo que brinden a sus trabajadores las condiciones óptimas para que realicen sus operaciones con el cien por ciento de estándares en calidad.

Tripulaciones cansadas, desgastadas, mal pagadas, con muchas horas de vuelo; sobrecargos con numerosas horas de servicio que, en caso de una emergencia, no se encontrarán en óptimas condiciones para salvar la vida de los pasajeros. De esta forma, lo barato puede salir muy caro.

En cuanto a otras aerolíneas que sobreviven en el mercado, como Aeroméxico y Aeromar, las tarifas son muy elevadas y, en aeropuertos como el de Tepic, Nayarit, existen prácticas monopólicas por parte de Aeromar, con viajes redondos de 10 mil pesos; por lo que al no haber otra aerolínea que vuele a este destino, se imposibilita que existan las condiciones para equilibrar la competencia en tarifas.

Aeroméxico, por su parte, también ofrece tarifas altas, además de que se han recibido denuncias por parte de sobrecargos sindicalizados, quienes reportan que se están realizando contrataciones de personal con un contrato diferente al de los sobrecargos de mayor antigüedad, que de igual forma como en las aerolíneas de bajo costo, los obliga a laborar en condiciones deplorables de seguridad y mal pago.

Este contexto denota la necesidad de revisar el estado de la competencia entre las aerolíneas existentes en el país y, de igual forma, los contratos que rigen las labores de las tripulaciones en las diferentes compañías.

Por último, se debe mencionar que, en el caso de Mexicana de Aviación, no se ha avanzado en el proceso relacionado con el pago de las liquidaciones de los más de ocho mil 600 trabajadores, ya se había dado a conocer que los activos actuales no alcanzan para la liquidación en los términos de quiebra, por lo que se deberá revisar este asunto para constatar que efectivamente esto sea verdad en los términos que se señalan y sobre todo citar al responsable de este gran desfalco, es decir a Gastón Azcárraga, ex dueño de la aerolínea.

Es así que, en Movimiento Ciudadano, estamos y seguiremos pendientes de este procedimiento para exigir la comparecencia de Azcárraga y la revisión de activos para la solución de este conflicto; a la par de velar porque las aerolíneas presten sus servicios con estricto apego a lo establecido, respetando en todo momento los derechos de los consumidores; es por ello que presentamos a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar, en el marco de sus atribuciones, las medidas necesarias para que el servicio del transporte aéreo se lleve a cabo en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio, tal y como se establece en la Ley de Aviación Civil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2014.

(Rúbrica)

Iniciativa para reconocer a los padres y madres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación maternidad por y paternidad.

Que reforma el artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40, fracción XI, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La familia es el primer contexto en el que iniciamos nuestro desarrollo cognitivo, afectivo y social y donde construimos una imagen de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La familia ha sufrido diversas modificaciones culturales e históricas que han dado lugar a distintos tipos en cuanto a su conformación.

Hay diversos tipos de familias: familias nucleares, familias en cohabitación, familias monoparentales, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias con hijos adoptivos , familias biparentales, familias polinucleares, familias extensas, etcétera.

Familias con hijos adoptivos: son familias con uno o más hijos naturales que han adoptado uno o más hijos.

La aparición de las nuevas familias es producto de factores de diversa índole: económicos, sociales, culturales, religiosos, etcétera. También hay cambios como el tiempo en que las personas deciden construir una familia. Una de las opciones que las parejas buscan es recurrir a las técnicas de reproducción asistida o la adopción de menores.

Los mismos derechos que tiene una madre o padre bilógicos deben tener los padres adoptantes, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta a la madre adoptante, esta licencia sirve también como una posibilidad de dar tiempo a la madre adoptante de crear un vinculo afectivo con el menor.

El hecho de adoptar debe llevar en sí una serie de derechos iguales a los de los padres biológicos, el marco jurídico en México frente a la adopción ha sufrido transformaciones, en cada entidad federativa se ha legislado de manera diferente atendiendo las necesidades de la población.

La adopción es el procedimiento legal que permite a una niña o niño convertirse, en términos legales, en hija o hijo de sus padres adoptivos, distintos de los naturales. Mediante la adopción se busca integrar a una familia a los niños que carecen de ella.

Por lo tanto debe ser una obligación brindar mayor protección a los padres adoptantes y a los niños y brindarles el afecto y atención que necesitan, dar los elementos necesarios para una mayor inclusión a sus nuevas familias.

Esta iniciativa surge de la necesidad de robustecer la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con objeto de otorgar a las mujeres y hombres una licencia por maternidad o paternidad, en caso de adopción.

Cabe recalcar que se ha trabajado a través de una iniciativa titulada licencia de paternidad sobre el tema de las nuevas responsabilidades y derechos sobre los varones respecto a otorgarles el derecho de la licencia de paternidad, asimismo el derecho a guarderías, por lo tanto proponemos en esta iniciativa otorgar mayores derechos a las nuevas familias, las adoptantes.

La licencia de paternidad tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos, para así buscar mayor participación del género masculino en el trabajo de la casa y un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones que se requieren en una familia con un bebé recién nacido.

Con base en las mejores prácticas internacionales a través de la licencia de paternidad se ha permitido que el hombre permanezca en el hogar después del nacimiento de un hijo, recibiendo su salario íntegro, y la mujer tener derecho a la ayuda en el hogar en este periodo de integración con un nuevo miembro en la familia.

En algunos países las licencias por paternidad existen desde hace décadas. Suecia fue el primer país que reglamentó la licencia por paternidad en el año 1974; Noruega y Finlandia la implementaron dos años después. Recientemente, en España, se aprobaron 30 días para la licencia de paternidad, en Inglaterra fue aprobada por seis meses completos, Canadá otorga 35 semanas, Estados Unidos, dos semanas es la regla general, aunque en cada estado y en cada compañía se reglamente de una manera diferente, Venezuela desde 2007 otorga 14 días, Ecuador, Brasil y Chile desde 2009, el primero por 15 días y los otros dos sólo 5 días.

La igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres constituye una prioridad que beneficia y debe involucrar a toda la sociedad, debiendo participar ambos géneros de forma conjunta, solidaria y respetuosa.

El diseño y la ejecución de políticas públicas para el desarrollo sostenible deben incorporar un enfoque de igualdad de oportunidades y prestaciones para mujeres y hombres, que quieran cuidar a su hijo, tanto biológico como adoptivo, equiparando las oportunidades y la participación de ambos en la toma de decisiones para lograr un desarrollo social, político, económico y con distribución equitativa.

Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, en esta iniciativa resaltamos que las madres y padres adoptivos deben ser iguales a las madres y padres genéticos ante la ley. Es necesario que se reconozca el derecho que todas las personas deben tener a una licencia por maternidad y paternidad, independientemente de la manera en que fueron padres.

Se debe contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades familiares y en cumplimiento a la igualdad entre hombres y mujeres para que se reconozcan los derechos de las madres y padres adoptantes.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 40, fracción XI, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Primero. Se reforma el artículo 40, fracción XI, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 40. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones.

I. – X. …

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres y madres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por maternidad  y paternidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 de la CPEUM, y 50. Y 21 de la Ley de Planeación

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 5O. Y 21 DE LA LEY DE PLANEACIÓN, A CARGO DE RICARDO MONREAL ÁVILA Y SUSCRITA POR RICARDO MEJÍA BERDEJA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

 

Los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 74, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículo 5o. y 21o. de la Ley de Planeación al tenor de la siguiente

 

Exposición de Motivos

“No hay viento favorable para el que no sabe dónde va.”

Séneca

A finales del año pasado, en el contexto de la reforma política, fue otorgada a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo dentro de estas modificaciones, se dejaron vacíos que dificultan la correcta aplicación de dicho documento; y se mantuvieron fallas históricas en su implementación, como los tiempos en que debe ser elaborado y presentado, lo cual se complicará aún más con la necesidad de ser aprobado por la Cámara de Diputados. Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo enmendar estos errores.

El primer PND presentado de manera oficial fue el de Miguel de la Madrid para el periodo 1983-1988, a partir de entonces, cada gobierno está obligado a publicar, al inicio del sexenio, el Plan Nacional de Desarrollo, a más tardar el último día de mayo de su primer año de gobierno. Cinco administraciones han pasado desde entonces y de todos los planes que se han presentado, no hay uno solo que haya trascendido.

El documento presentado por Enrique Peña Nieto en mayo pasado, parece continuar por el mismo camino, pues contiene sólo generalidades. Para muestra un botón: toda la estrategia económica del sexenio, denominada México próspero, se resume en 12 páginas. Aunado a ello, sólo unos cuantos de los planes sectoriales que le dan sustancia al PND se han publicado, el resto se empezarán a dar a conocer en los próximos meses, cuando el sexenio ya tiene más de un año cumplido.

Estas situaciones no ocurrirían si existieran mecanismos que dieran a la planeación del desarrollo verdadera capacidad de influencia en las acciones del estado.

El problema de fondo en todos ellos ha sido el marco normativo, el cual permite al Ejecutivo archivar en el olvido el documento y no saber de él durante los seis años de gobierno, pues no existen mecanismos de evaluación para su elaboración ni para su implementación.

La enorme complejidad inherente a las problemáticas económicas y sociales de nuestro país, requiere de directrices claras, medibles y alcanzables que guíen las políticas públicas que buscan atenderla, no retórica y objetivos demasiado generales.

Soslayar la planeación del progreso nacional como se ha hecho desde hace décadas, es un craso error para la administración pública. El Plan Nacional de Desarrollo debe dejar de ser una lista de buenas intenciones para convertirse en la carta de navegación del Estado mexicano; no puede seguir siendo un mero discurso político, sino que debe constituir una herramienta útil a los propósitos del gobierno.

No debe olvidarse que el PND es, al menos en la teoría, el documento rector del Ejecutivo federal mexicano, en el que se plantean sus objetivos de gobierno, las estrategias para lograrlos, así como las prioridades y programas a emprender durante la administración para el desarrollo integral y sustentable del país.

La Constitución asigna al estado la rectoría del desarrollo nacional. Por su parte, la Ley de Planeación además de las características ya mencionadas, establece que el plan debe buscar un desarrollo que fortalezca tanto la soberanía como la democracia; y que a través del fomento al crecimiento económico y al empleo, mejore la equidad social y el bienestar de los mexicanos.

Dicha ley estipula que el PND contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas.

No obstante que la Ley de Planeación establece la observancia y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión, esto es en los hechos letra muerta, por lo que en Movimiento Ciudadano expresamos la necesidad de modificar la Constitución y la Ley de Planeación en los artículos 5o. y 21o. de dicha ley para que el presidente de la República remita el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su examen y su posterior aprobación, con el propósito de que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formule, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del plan.

Con esto se busca ir más allá, para que el Congreso de la Unión dé seguimiento puntual a las metas que en él se planteen. Y es que resulta un disparate que sin haberse publicado el Plan Nacional de Desarrollo, se hayan aprobado reformas de hondo calado para nuestro país en diversas materias como la laboral, educativa, energética y de telecomunicaciones entre otras. No tiene sentido una legislación de la cual no se conocen los lineamientos que la guíen, por lo que se hace necesario reformar el proceso de planeación en nuestro país, para que ésta en verdad impacte en el desarrollo del país.

Es pertinente, señalar que el PND 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas en mayo del año pasado, presenta un desfase de seis meses de la toma de protesta del titular del Ejecutivo, y de nueve meses del inicio de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, por lo que es necesario modificar el diseño constitucional del plan, partiendo de las etapas de construcción de este documento.

En el mismo sentido, este dislocación que en la realidad existe entre las líneas de acción del plan y las políticas públicas con presupuesto asignado que realiza la federación. Es decir que hay una separación entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Plan Nacional de Desarrollo. Y éste transitar por caminos separados resulta costoso para el país.

Se requiere que el plan pase de ser un instrumento orientador, a un ordenamiento jurídico con fuerza legal y presupuestaria; para ello el Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado y constantemente evaluado por el Congreso de la Unión.

Proponemos una reforma constitucional y a la Ley de Planeación, para modificar dichos plazos y hacerlos coincidentes con las fechas electorales. Además, la plataforma electoral que al registro de la candidatura a presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente el partido político o coalición que haya ganado la elección debe ser el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.

La consulta ciudadana para la elaboración del plan debe iniciar dos días después de la fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique de manera definitiva la elección de presidente, y deberá concluir a más tardar a los dos meses siguientes.

El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser entregado, para su aprobación, al Congreso de la Unión, en la toma de protesta del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el primero de octubre del año de la elección, y el Congreso deberá aprobarlo o rechazarlo, a más tardar el 31 del mismo mes.

En el caso de las dependencias de la administración pública federal y los organismos independientes, su anteproyecto debe cumplir con los lineamientos específicos que publica tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Plan Nacional de Desarrollo.

El estado no puede por sí mismo generar las dinámicas para un mejor desarrollo del país, sin embargo, si asume su papel rector que le corresponde, propiciará más compromiso entre los demás actores para que abonen a dicho desarrollo.

Es por ello que resulta oportuno dar capacidad de aprobar el plan al Congreso de la Unión, sin embargo, la reforma se queda corta, pues establece que de no pronunciarse se dará por aprobado el documento.

Se requiere sujetar la aprobación del PND a su evaluación previa por el Congreso, así como permitirle dar seguimiento posterior al cumplimiento de los objetivos establecidos en el documento; esto servirá como un ejercicio de rendición de cuentas, de contrapesos entre los poderes de la Unión, y ayudará a que el gobierno mexicano deje de navegar a ciegas. No se puede llegar a buen destino si no se tiene claro cuál es.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 74, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5o. y 21o. de la Ley de Planeación

Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 74, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. …

  1. a VI. …

VII. La Cámara de Diputados deberá aprobar, previa revisión, el Plan Nacional de Desarrollo, en el plazo que disponga la ley. Asimismo, deberá realizar evaluación y seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan.

El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser entregado, para su aprobación, a la Cámara de Diputados en la toma de protesta del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el primero de octubre del año de la elección, y deberá aprobarlo o rechazarlo, a más tardar el 31 del mismo mes.

Texto vigente

Artículo 74.

  1. a VI. …

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

Reforma propuesta

Artículo 74.

  1. a VI. …

VII. La Cámara de Diputados deberá aprobar previa revisión el Plan Nacional de Desarrollo, en el plazo que disponga la ley. Asimismo, deberá realizar evaluación y seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan.

El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser entregado, para su aprobación, a la Cámara de Diputados en la toma de protesta del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el primero de octubre del año de la elección, y deberá aprobarlo o rechazarlo, a más tardar el 31 del mismo mes.

Segundo. Se reforman los artículos quinto y veintiuno de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 5o. El presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y aprobación . En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

La plataforma electoral que al registro de la candidatura a presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente el partido político o coalición que haya ganado la elección debe ser el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.

La consulta ciudadana para la elaboración del plan debe iniciar dos días después de la fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique de manera definitiva la elección de presidente, y deberá concluir a más tardar a los dos meses siguientes.

Texto vigente

Artículo 5o.

El presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

Artículo 21

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

Reforma propuesta

Artículo 5o.

El presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y aprobación . En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan.

Artículo 21

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

La plataforma electoral que al registro de la candidatura a presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente el partido político o coalición que haya ganado la elección debe ser el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.

La consulta ciudadana para la elaboración del plan, debe iniciar dos días después de la fecha en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique de manera definitiva la elección de presidente, y deberá concluir a más tardar a los dos meses siguientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Debe prohibirse el Fracking en México como ya acontece en otros países

Debe prohibirse el Fracking en México como ya acontece en otros países: Ricardo Mejía Berdeja

 

Debemos retomar los ejemplos de Los Ángeles o Francia respecto a la prohibición total del fracking.

La fractura hidráulica conocida como fracking es un crimen ecológico y viola derechos humanos.

 

“México no puede convertirse en un territorio al servicio de quienes buscan implementar el fracking en diversas regiones, los diputados federales de Movimiento Ciudadano rechazamos tajantemente cualquier intento por hacer de la fractura hidráulica el método para extraer gas shale en el país”, aseguró el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro respecto al debate en torno a la ejecución de esta técnica de explotación del gas conocido como de lutitas.

 

Mejía Berdeja comentó “debemos retomar los ejemplos que han dado ciudades como LosÁngeles o países como Francia y Bélgica, en donde se prohibió totalmente la implementación del fracking en dichas regiones, impidiendo así el daño ecológico y social que esta técnica implica. En Europa sigue creciendo el rechazo a esta técnica nociva por sus efectos depredadores, que además están provocando sismos en el Estado de Nuevo León, donde ya se utiliza esta técnica”.

 

Aunado a ello, el también Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, señaló “la implementación del fracking provoca, además de un grave dañoecológico, inmensos consumos de agua en algunas regiones que además tienen problemas de     carencia del vital líquido, y la violación sistemática de varios derechos humanos; por lo que -en caso de concretarse- pondría en riesgo a millones de mexicanos y a las zonas donde viven”. Son unos irresponsables y criminales ecológicos gobernadores como los de Nuevo León y Coahuila, Rodrigo Medina y Rubén Moreira, que en lugar de contribuir a frenar esta técnica nociva la alientan y promueven la devastación ecológica y social en sus estados.

 

“Desde los debates acerca de la mal llamada Reforma Energética advertimos y nos pronunciamos sobre la grave situación que generaría el uso de la fractura hidráulica, sin embargo dejaron la puerta abierta para que esto sucediera en el país; ante ello Movimiento Ciudadano generará las propuestas legislativas pertinentes para revertir esta posibilidad”, expresó el legislador federal.

 

Por último, Mejía Berdeja cuestionó a las y los legisladores que votaron a favor de la Reforma Energética y que ahora se dan golpes de pecho para impedir que la fractura hidráulica se siga llevando a cabo en el país. “En las discusiones de las leyes secundarias en materia energética y en el análisis de ley que diferentes legisladores propusimos para prohibir la fractura hidráulica sabremos quiénes realmente dicen estar a favor del medioambiente y quiénes, usando esta bandera, legislan a favor de interés económicos que atentan a la ecología”, concluyó el legislador federal.

Se exhorta al gobernador de Veracruz a implantar una operación de seguridad permanente para proteger la integridad de los migrantes

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a implantar una operación de seguridad permanente para proteger la integridad de los migrantes en el estado, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La Ruta de la Muerte inicia en las ciudades de Tenosique, en Tabasco, o Tapachula, en Chiapas y cruza ciudades como Córdoba y Orizaba antes de llegar a la Ciudad de México, para después pasar por San Luis Potosí y la ciudad de Saltillo.

Ya en el norte de México, en Monterrey, cruza el Libramiento Ferroviario trazado sobre los municipios de Escobedo y García.

Esta ruta es la que día con día recorren las personas migrantes abordo de “La Bestia”, un tren de carga que atraviesa de sur a norte el territorio mexicano y que es utilizado por las personas migrantes indocumentadas para llegar a la frontera México-Estados Unidos.

Para comenzar el viaje las personas migrantes cuentan con varias opciones, pues hay quienes deciden tomar la ruta Atlántica para llegar a Estados Unidos por Tamaulipas o quienes prefieren ir al Distrito Federal de donde se parte para llegar a otras fronteras como Piedras Negras en Coahuila, Ciudad Juárez en Chihuahua, Tijuana en Baja California; Nogales, Agua Prieta o el Sásabe en Sonora. La única constante en el viaje son los peligros que enfrentan en su intento por llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con cifras extraoficiales que manejan diversos diarios mexicanos, cuando ‘La Bestia’ parte del sur de México, puede llegar a transportar entre mil y mil 500 migrantes.1

Según datos del Instituto Nacional de Migración de nuestro país (INM) cada año son repatriados aproximadamente 250 mil centroamericanos y, entre personas muertas y mutiladas durante el viaje, suman mil 300.2

Los indocumentados centroamericanos que atraviesan el territorio nacional en su ruta hacia Estados Unidos lo arriesgan todo. Saben que su itinerario está plagado de peligro: secuestros, extorsiones, asaltos, sobre todo para quienes recorren la llamada ruta del Golfo. Pese a ello, siguen saliendo de sus países, principalmente de Honduras y El Salvador.

Ante este fenómeno surgió El Vía Crucis del Migrante, dirigido por Fray Tomás y Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde hace 4 años exige que se ponga un alto a las agresiones y violencia que se cometen contra las personas migrantes que están obligadas a viajar a bordo de “La Bestia”.

La principal preocupación de quienes integran El Vía Crucis es evitar que a bordo del tren los migrantes continúen siendo objeto de vejaciones y sigan arriesgando su vida, por el simple hecho de aspirar a conseguir un empleo que les permita tener una vida mejor, ante la falta de oportunidades en sus países de origen.

Sin embargo, en México se ha dado otro nuevo golpe en contra de las personas migrantes, pues el gobierno de Javier Duarte presentó una denuncia penal3 en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las compañías ferroviarias Ferrosur y Kansas City Group.

La demanda tiene como principal queja que las ferroviarias permiten subir a sus trenes a migrantes centroamericanos que van en busca del “sueño americano” acusándolas de no asumir su responsabilidad en torno a lo que les sucede en su trayecto.

Según Duarte, dichas empresas no asumen su responsabilidad de lo que les sucede a los migrantes en su trayecto hacia la frontera norte.

El pasado jueves 27 de marzo dos hondureños perdieron la vida y cinco más resultaron heridos en un ataque perpetrado por el crimen organizado en el municipio de Jaltipan, al sur de la entidad.

Sin embargo, el gobernador de dicha entidad afirma que “Son las compañías ferroviarias (quienes) permiten subir a los migrantes, con lo que se genera la violencia contra éstos, creemos que se debe hacer un deslinde de responsabilidades”, dijo Duarte.

Es importante recalcar lo antes mencionado: las personas migrantes son víctimas de agresiones constantes en su recorrido -en el caso que nos atañe- en su paso por Veracruz, estado que se ha caracterizado por la falta de acciones en contra de la violencia que enfrentan los migrantes, convirtiendo esta en algo institucionalizado, pues el gobierno promueve su continuidad debido a la impunidad que existe ante los grupos de delincuencia organizada.

El corredor migratorio del estado de Veracruz es uno de los segmentos en los que se ha detectado mayor abuso por parte de la delincuencia organizada y por parte del gobierno en contra de las personas migrantes.

Por tal razón, esta zona ha sido objeto de la intervención humanitaria civil, lo que ha generado frecuentemente conflictos que las autoridades han tolerado y en ocasiones incluso provocado.

El deslinde de responsabilidades aunado a la prohibición implementada por Javier Duarte para que las personas migrantes transiten en Veracruz a bordo de trenes, generará más violencia en contra de ellas, pues si bien se han documentado accidentes severos, estos mismos han sido a consecuencia de la falta de garantías y constantes violaciones a sus derechos humanos, que en México que han ido en aumento, muestra clara es que las organizaciones internacionales lo califican como una crisis humanitaria

Esta crisis humanitaria pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país; un Estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado, niveles crecientes de impunidad, corrupción que limitan la garantía de los derechos humanos y el acceso de la justicia, así como violencia generalizada e institucionalizada. Estos factores convierten el tránsito por México en un viaje sumamente peligroso.

Es el gobierno del estado de Veracruz, y no las ferroviarias, el encargado de brindar seguridad y mejorar las condiciones de los migrantes con el objetivo de aminorar su vulnerabilidad ante un contexto hostil, asumir responsabilidades y actuar con la diligencia debida para proteger, respetar y garantizar los derechos de los migrantes, incluso cuando los abusos sean individuos particulares, como el crimen organizado.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Veracruz doctor Javier Duarte de Ochoa, a implementar cuanto antes un operativo de seguridad permanente, con el objeto de proteger la integridad de las y los migrantes en el territorio del estado, a fin de prevenir y disuadir la criminalización, intimidación y la violación de sus derechos, mediante acciones permanentes de vigilancia, resguardo y patrullaje, garantizando en todo momento sus derechos humanos.

Notas

1 “Migrantes centroamericanos: miles suben a la bestia”, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/12/oja-miles.html

2 “Eventos de retorno asistido de centroamericanos, según país de nacionalidad y sexo, 2013”, disponible en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y _devueltos_2013

3 Demanda Javier Duarte a ferroviarias por transportar a migrantes http://www.proceso.com.mx/?p=368553

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2014.

(rúbrica)

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos en nombre de las personas desaparecidas

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos en nombre de las personas desaparecidas, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja y Loretta Ortiz Ahlf, de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT, respectivamente

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hemos tenido conocimiento de que autoridades de Nuevo León han incurrido en acciones que agravian a las familias organizadas de personas desaparecidas en la ciudad de Monterrey, al retirar el 5 de abril de 2014, los nombres de las víctimas en una plaza pública donde habían sido colocados en el acto colectivo denominado “La transparencia de la víspera”.

La desaparición de personas constituye uno de los pendientes más graves del Estado hacia la ciudadanía, y en sí mismo significa una violación estructural a los derechos humanos, pues las autoridades, por acción o por omisión, incumplen sus obligaciones en materia de seguridad y justicia para garantizar los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad, entre otros. En los últimos siete años, la crisis de seguridad y justicia que ha derivado en la emergencia nacional ha causado el surgimiento de grupos organizados para demandar al Estado atención a las personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas y heridas, así como a sus familias.

Nos une la convicción de que saldar el pendiente con la historia requiere de la verdad y la reconciliación, por lo que muchas naciones han instituido comisiones de la verdad para investigar, clarificar, reinterpretar e incluso sancionar los hechos históricos en el ámbito público. En países como Chile, Argentina, Guatemala y Perú se han inaugurado placas, cédulas, esculturas, instalaciones, obras de arte, parques, museos, galerías o monumentos.

Para comenzar un camino de justicia hacia miles de personas asesinadas y desaparecidas, México debe iniciar un proceso de reconocimiento y memoria. Cabe recordar que, desde sus inicios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que conjuntó a movimientos, organizaciones y víctimas de la violencia en la administración de Felipe Calderón, emprendió múltiples acciones de memoria, como la colocación de siete placas en el Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras víctimas, o bien la placa de Marisela Escobedo en Chihuahua, en el marco de la Caravana del Consuelo.

Las acciones de memoria y de reconocimiento de los grupos organizados se vinculan con derecho a la verdad, que ha sido una exigencia constante de las víctimas indirectas. Fuundem y sus colectivos en Nuevo León y Coahuila han señalado reiteradamente las falencias en la identificación de restos humanos, mismos que se han entregado a los familiares presumiendo la muerte de sus desaparecidas y desaparecidos, soslayando la necesidad de un proceso completo de acciones para la justicia:

El derecho a la verdad implica saber dónde están nuestros familiares desaparecidos, que los busquen, que investiguen los hechos motivo de la desaparición, que se determinen las responsabilidades respectivas y que en caso de que pudieran haber fallecido, esto quede acreditado de manera indubitable, a través de los métodos científicos internacionalmente reconocidos y que como familiares, no nos quede duda sobre dichas identificaciones.1

La inadecuada atención a los casos de personas desaparecidas representa la indiferencia del Estado ante esas personas. La ausencia es la medida del dolor de los familiares, por lo que nombrar a la víctima de desaparición y mostrar sus fotografías, imágenes u objetos relacionados es un acto de protesta y memoria, para que la persona desaparecida no se esfume de la vista de una comunidad, en la que ya no está presente, y que la autoridad se dedique a la búsqueda, a la investigación, a la sanción, a la reparación, al esclarecimiento de los hechos.

Desde su formación, Fuundec ha presentado una serie de demandas, que derivan de su propia experiencia ante autoridades que, con diversas acciones y omisiones, han obstaculizado un pleno acceso a la justicia. Las exigencias se agrupan en siete puntos: 1. búsqueda inmediata de las personas desaparecidas; 2. conformación de una base de datos, 3. Atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones; 4. Creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas; 5. Creación e implantación de protocolos de investigación para personas desaparecidas; 6. Implantación de un programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas; y 7. Aceptar las recomendaciones del informe preliminar del grupo de trabajo para desapariciones forzadas de la ONU.

Por tanto, las exigencias comprometen una acción decidida y coordinada por parte de todos los órdenes y niveles de gobierno. En el caso que nos ocupa, el gobierno de Nuevo León también está obligado a emprender varias de estas acciones para responder a los graves acontecimientos que han desgarrado a estas familias y hogares.

En dicho estado se ha registrado una baja aparente en el número de secuestros o desapariciones en el área metropolitana de Monterrey durante 2014, pero no en los municipios rurales, como ha informado la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.2

La creación del Grupo Especial de Acción Inmediata de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha sido suficiente, y los recientes acontecimientos nos hacen presumir que tampoco existe una voluntad firme para resolver prioritariamente las desapariciones. En dicha entidad se puede escuchar actualmente una serie de cápsulas televisivas que intentan dar un carpetazo, una especie de “borrón y cuenta nueva” por el gobierno en materia de seguridad, pero sobre todo en el caso de las desapariciones.

Tal como lo ha dicho el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl),3 parecería que la administración Rodrigo Medina de la Cruz ha iniciado una campaña de invisibilización de la violencia en Nuevo León, pues al posicionar a la policía estatal Fuerza Civil, da a entender, por medios de difusión, que “ya pasó todo”.

La incompetencia del gobierno queda manifiesta en dos sentidos: la falta de políticas que realmente resuelvan los problemas de inseguridad y la negligencia para la debida búsqueda de las personas desaparecidas. Ante la negativa del gobierno para implementar una búsqueda inmediata, real y efectiva de las personas desaparecidas, así como la creación de un censo de personas desaparecidas en el estado, los integrantes de Fundenl respondieron ejerciendo su derecho a la justicia y a la memoria, así como al derecho ciudadano de utilizar las plazas públicas.

En un primer evento, 11 de enero del presente año, y posteriormente el 22 de febrero, las familias de las personas desaparecidas hicieron un llamado a la sociedad a través de la colocación de los nombres de sus desaparecidas y desaparecidos, haciendo de la Plaza de la Transparencia de la Víspera una convocatoria para que sus seres queridos, hoy desaparecidos, regresen.

Dicha resignificación fue también un nuevo llamado a las autoridades para que la escultura que hasta hace unos días portaba los nombres de las personas desaparecidas, fuera un recordatorio constante de la gran responsabilidad que tiene el gobierno para con sus gobernados: servirles con justicia y transparencia.

Sin embargo, el 5 de abril de 2014, los nombres de las personas desaparecidas habían sido retirados de la plaza. El 9 de abril del presente año, vía telefónica, el licenciado Javier Castaño Garza, director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, aceptó ante integrantes de Fundenl que el mantenimiento de la plaza estaba a su cargo, y justificó no saber quiénes realizaron el retiro de los nombres y que su personal lo había reportado como un “acto vandálico” de la sociedad, ofreciéndose efectuar las acciones necesarias para preservar los nombres y la placa en un futuro.

Una frase empleada en la campaña de medios en el estado cita: “Hoy no puedo traer a El Chaparro de regreso, pero juntos podemos hacer que la historia no se repita”.

La declaración de incompetencia del gobierno del estado de Nuevo León es inaceptable, pues no puede renunciar a su obligación de dar una debida atención a víctimas y familiares, conforme a las atribuciones que la autoridad posee.

Las familias acordaron que el sábado 12 de abril a las 4 pm colocarían los nombres de sus personas desaparecidas:

1. Roy Rivera Hidalgo, secuestrado y aún desaparecido el 11 de enero de 2011.

2. Kristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto de 2010.

3. Gino Alberto Campos Ávila, desaparecido el 8 de junio de 2011.

4. Brenda Damaris González Solís, desaparecida el 31 de julio de 2011.

5. Ernesto Efraín Vidal Flores, desaparecido el 11 de abril de 2011.

6. Jesús Omar Salaya Montejano, desaparecido el 23 de mayo de 2010.

7. Luis Alberto Navarro Escobedo, desaparecido el 23 de mayo de 2010.

8. José Ángel Rivera Silva, desaparecido el 23 de noviembre de 2012.

9. Martín A. Fiol Alfaro, desaparecido el 12 de agosto de 2010.

10. Gustavo Castañeda Puentes, desaparecido el 25 de febrero de 2009.

11. Melchor Flores Hernández, desaparecido el 25 de febrero de 2009.

12. Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011.

13. Osvaldo Arizmendiz Flores, desaparecido el 23 de febrero de 2012.

En solidaridad con ellos, y haciendo votos por su inmediata localización y con un pleno acceso a la justicia y a la verdad para las familias, planteamos a los diputados respaldar este pronunciamiento.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a

Primero. Respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos y visibilizar los casos de personas desaparecidas, en particular la efectuada en la plaza pública ubicada en el cruce de las calles Washington y Zaragoza en la ciudad de Monterrey, y reconozca públicamente a dichas personas como desaparecidas.

Segundo. Instruir al titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a fin de que instale mesas de trabajo, convocando a todos los familiares de personas desaparecidas en dicha entidad federativa, a fin de plantear conjuntamente un proyecto de acciones para atender los casos de acuerdo a las facultades y obligaciones legales y constitucionales que le asisten.

Tercero. Dictar instrucciones a las dependencias de gobierno, seguridad y justicia a su cargo para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, brinden la debida atención a víctimas y familiares en sus actuaciones, y establezcan un diálogo personalizado para rendir cuentas pormenorizadas sobre los avances para resolver los respectivos casos, en los términos de la ley.

Notas

1 Fundem. Comunicado de prensa Fundem: El derecho a la verdad es pilar de la justicia, 1 9 de octubre de 2012, disponible en: http://fuundec.org/2012/10/20/comunicado-de-prensa-fundem-el-derecho-a- la-verdad-es-pilar-de-la-justicia/ [consultado el 9 de abril de 2014].

2   http://www.milenio.com/region/secuestros-zona_rural_0_276572838.html

3 Fundenl. Comunicado: Gobierno de Nuevo León destruye nombres de desaparecidos, 9 de abril de 2014, disponible en http://fundenl.org/?p=963

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).