Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: septiembre 2014

Se exhorta al titular de la SEP a realizar diversas acciones en torno a las modificaciones del Reglamento y los planes de estudio del IPN

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a realizar diversas acciones en torno a las modificaciones del Reglamento del IPN y los planes de estudio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Una vez más, y las veces que sea necesario, sostendremos que la reforma educativa ha sido uno de los golpes más graves que ha enfrentado la población mexicana, a manos de un gobierno indolente y un Congreso que legisla al vapor, vía fast track, convirtiendo a la Cámara de Diputados en la oficialía de partes del Ejecutivo.

La firma del convenio entre el gobierno federal y las entidades federativas para la implementación de la reforma educativa es un reconocimiento del fracaso, provenido desde la aprobación de la reforma en el Congreso, como de la falta de aplicación de la misma en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal.

No se informó debidamente a México sobre los contenidos y alcances de la reforma, ni operaron con pericia política suficiente para evitar la resistencia que persiste en la implantación de la misma, lo cual fue puesto en evidencia en diciembre de 2013, cuando se tuvo que realizar un encuentro al que asistieron 31 gobernadores y el jefe del gobierno capitalino, para pedirles y comprometerlos a cumplir la ley.

El paro de labores en algunos planteles educativos del Instituto Politécnico Nacional en oposición a la entrada en vigor del nuevo reglamento interno y de los nuevos planes de estudios, vislumbra un serio conflicto que puede crecer y no sólo extenderse a cada plantel de esa institución educativa, sino a otras más que están dispuestas a solidarizarse con los politécnicos y formar un solo bloque en contra de la reforma educativa que ha comenzado a dañarles de manera directa.

Todo inició cuando el pasado 17 de septiembre los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) iniciaron el paro de actividades escolares en protesta por la implantación de un nuevo plan de estudios que recorta su educación profesional por un semestre, y modifica las materias a ámbitos que no son del todo compatibles con su especialidad, además de la publicación de un nuevo reglamento interno del IPN.

Muy pronto se unieron cinco escuelas preparatorias y otros tres planteles de educación superior, y la organización sigue en crecimiento, pues otros planteles han anunciado que podrían unirse a la suspensión de actividades.

Sin embargo, las autoridades del país y del propio IPN, encabezado por Yoloxóchitl Bustamante Díez, sostienen con total convicción que tanto el nuevo reglamento interno –que aunque no ha sido publicado en la gaceta, ya aparece en el sitio oficial del politécnico–,i así como los nuevos planes de estudio forman parte del proyecto de reforma que renovará a dicha institución; sin embargo, las y los estudiantes no creen en que con las modificaciones su educación será fortalecida y afirman que no fueron consultados para aceptar o no las modificaciones.

La dirección del IPN ha rechazado que el proyecto de plan de estudios y reglamento interno afecta a la institución, al tiempo que ha rechazado que las protestas de los alumnos obedezcan a un problema interno, y aseguró que obedecen a un movimiento externo.

Las personas que se están manifestando contra las modificaciones del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional no pertenecen a un movimiento estudiantil sino a uno externo, aseguró Yoloxóchitl Bustamante, directora de la institución.

Aunque la Dirección General del IPN aseguró ayer en un comunicado que el objetivo de esta casa de estudios seguirá siendo “el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos”, este valor, explicitado en el reglamento de 1998, fue eliminado del nuevo reglamento aprobado.

En su versión anterior, dicha norma establecía que las investigaciones científicas y tecnológicas del Politécnico deben contribuir “a mejorar la calidad de vida de la población, y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la nación”, aspecto que fue sustituido por uno nuevo, ya que ahora se establece como meta de las investigaciones del Politécnico contribuir “a la solución de problemas en áreas estratégicas, prioritarias, y otras de interés general”, además de que se marca como obligación del personal docente el “coadyuvar en el fortalecimiento de la innovación y la competitividad empresarial”. Las acciones de vinculación, asimismo, ahora estarán orientadas a “fomentar la cultura emprendedora, la incubación de empresas, el incremento de la productividad y la competitividad”.

Asimismo, entre las funciones del IPN establecidas por el reglamento de 1998 se consideraban sólo la “docencia, la investigación científica y tecnológica y la difusión de la cultura”, pero el nuevo reglamento añade una nueva función, promover “la generación de vínculos con los sectores productivo y social”.

Otros dos valores provenientes del discurso nacionalista con el que fue creado el IPN, pero que fueron eliminados de su nuevo reglamento, son los que veían el servicio social como una forma de “retribuir a la sociedad los beneficios de los servicios educativos recibidos”, así como un medio para “desarrollar en los alumnos y egresados un elevado sentimiento de solidaridad social”. Ambos conceptos fueron sustituidos por un nuevo valor: que el servicio social debe ser realizado “en beneficio del Estado y de la sociedad”.

Destaca también la modificación aplicada al objetivo expreso del IPN de contribuir a “alcanzar el progreso social de la nación”, ya que en el nuevo reglamento dicho progreso social se da ya por alcanzado, y la nueva meta del Politécnico ahora es sólo “fortalecerlo”.

Otra de las modificaciones del Reglamento Interno del IPN que generaron amplias críticas fueron las relativas a los planes de estudio, y es que la reforma aprobada elimina el instrumento mediante el cual cualquier modificación a dichos programas de enseñanza debía ser puesta a consideración del Consejo General Consultivo, así como con los consejos técnicos escolares. Así, el nuevo reglamento deja la modificación a los planes de estudio a criterio únicamente de los directivos –ya sin la participación de los representantes del sector escolar y académico.

El nuevo reglamento, además, suprime la larga lista de características que debían cumplir los planes de estudios, y que garantizaban su efectiva aplicación, tales como la descripción ordenada de los objetivos y contenidos de la asignatura, los métodos y medios didácticos requeridos, el tiempo de dedicación de cada unidad, así como su relación con otras disciplinas, bibliografía, prácticas y visitas escolares, técnicas y profesionales y los procedimientos de evaluación.

De hecho, aun cuando el antiguo reglamento depositaba en los consejos técnicos consultivos escolares la facultad de “conocer y acordar” sobre “el programa de mediano plazo del director de la escuela”, así como “las propuestas de creación, modificación o supresión de programas académicos, planes y programas de estudio”, el nuevo reglamento sólo les concede “conocer y opinar” sobre dichos rubros.

Y aunque no tiene que ver con los planes de estudio, destaca que el nuevo reglamento suprimió también la obligación de las autoridades de “fortalecer la red de bibliotecas y el acervo documental, magnético y audiovisual (del IPN) el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado”.

Otro punto del reglamento cuya reforma fue ampliamente criticada por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional fue la relacionada con la expulsión de quienes se retrasen en sus estudios, ya que la nueva norma establece que “causará baja del programa académico” el alumno que adeude más de dos materias durante más de dos periodos escolares anteriores al que curse.

Esta situación, sin embargo, ya estaba incluida en el reglamento de 1998, el cual establecía como obligación de los alumnos mantener su condición de “regular”, para lo cual era requisito imprescindible el no adeudar más de dos materias por más de dos periodos lectivos.

Por el contrario, un derecho que sí perdieron los estudiantes fue el poder cambiar de carrera, una vez, durante sus estudios; ya que esta posibilidad no se menciona en el nuevo reglamento.

Asimismo, del nuevo reglamento fue borrado el derecho a “obtener del Instituto el reconocimiento de sus organizaciones y asociaciones cuando éstas persigan fines académicos”.

Además, la reforma aprobada suprime también el derecho de los egresados del IPN a ser considerados parte de la “comunidad académica”, la cual desde ahora será integrada sólo por “alumnos, personal académico, personal no docente y personal directivo”.

Por último, el nuevo reglamento elimina el derecho expreso de los alumnos a “recibir el número de clases previstas para cada asignatura, señaladas en los planes y programas de estudio”, aunque con la reforma sí se añadió a sus obligaciones la de “cumplir con las sesiones y actividades establecidas en el programa de estudios”.

Estas modificaciones orillaron movilizaciones de cerca de 9 mil estudiantes, maestros y padres de familia, quienes en sólo un día lograron sumar la fuerza suficiente para desplegar este tipo de manifestación que en todo momento se mantuvo pacífica.

Sin embargo, para la directora del Instituto, Yoloxóchitl Bustamante Díez, la movilización no es legítima.

“Veo algo extraño en este movimiento, una estrategia muy bien argumentada y organizada para crear las inquietudes que saben, que prenden en los muchachos y que han tomado como pretexto un problema académico que ya no existe, para querer parar las escuelas”, dijo Bustamante en entrevista radiofónica.

Indicó que todo inició con un problema académico en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, donde arrancó la aplicación de un nuevo plan de estudios: el 2014, el cual, aseguró, incluye mejoras respecto al de 2004, para desprestigiar las movilizaciones durante la misma conversación.

Carmen Aristegui: Ése es el titular, que “Es un movimiento externo”. ¿Usted sostiene esta frase?

Yoloxóchitl Bustamante: Sí, sí, sí lo sostengo.

Carmen Aristegui: ¿Aunque estén ahí miles de estudiantes del Politécnico en la calle?

Yoloxóchitl Bustamante: ¿Usted puede demostrarme que todos traen credencial?

En respuesta, el cuerpo estudiantil lanzó un videoii en el que se retratan imágenes de diversos planteles, y a cientos de estudiantes con credencial en mano.

En dicho video se plantean diversas inquietudes, que reafirman su gran preocupación en las modificaciones planteadas con anterioridad en este texto, además de una gran inquietud por la falta de respuesta ante la exigencia de derogación del Reglamento de 2014, y contra el aplazamiento por un año de su aplicación.

El Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones de mayor prestigio del país, fundada por decreto presidencial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, y desde su fundación ha dado educación de alto nivel a miles de juventudes mexicanas, que con su esfuerzo y educación han dado reconocimiento nacional e internacional a su institución y a México.

La implantación de la reforma educativa encuentra su principal obstáculo en los grupos estudiantiles y magisteriales, que en unidad y con consciencia sobre la gravedad de los cambios, han decidido salir a las calles.

Por lo expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a promover en el marco de sus facultades el diálogo y el consenso entre el equipo Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional con el cuerpo estudiantil y magisterial de éste, a fin de lograr la derogación del nuevo Reglamento de 2014, así como las modificaciones de los planes de estudio, y propiciar la generación de un nuevo reglamento que cuente con la aprobación de todos los sectores, promoviendo así verdaderos avances rumbo a una mayor profesionalización del instituto, sus estudiantes y su cuerpo docente.

Notas

1 http://www.ipn.mx/Documents/Reglamento-Interno-CGC24-SEP-2014.pdf

2 https://www.youtube.com/watch?v=clORbS4XWjA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González

Se exhorta a Osorio Chong, a realizar acciones encaminadas a la protección de niñas y mujeres migrantes víctimas de violación

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE NIÑAS Y MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

A finales del siglo pasado, la condición de México como país de tránsito migratorio no podía compararse en lo absolutos con la situación que hoy se vive.

Si bien la posibilidad de detener personas por motivos migratorios existía legalmente desde finales de los años 40, fue hasta la década pasada, durante la vigencia de la Ley General de Población y su Reglamento, que la detención se reforzó mediante su aplicación, misma que años después se ha convertido en la regla general en contra de la migración irregular.

Este tipo de acciones, encaminada a la gestión rápida y expedita de los flujos migratorios, permite que se realicen pocas distinciones que valoren la edad o el género, el motivo principal de la migración o las circunstancias de los viajes, evitando que se distingan las características particulares de las personas que pertenecen a un flujo migratorio típico, de aquellas que presentan otras situaciones específicas.

La falta de identificación de situaciones particulares de parte de las  y los funcionarios de migración ha provocado un aumento en la vulnerabilidad de las personas en situación irregular en el país, y ha conducido a varias y cuantiosas violaciones a los derechos humanos.

A este panorama debemos agregar que el número de mujeres y niñas centroamericanas que cruzan hacia Estados Unidos sigue aumentando y con ello, aumenta la preocupante cantidad de agresiones sexuales que se cometen contra ellas.

De acuerdo con una alarmante publicación[i] de Amnistía Internacional, las niñas y mujeres migrantes, especialmente aquellas que no cuentan con documentos legales y en consecuencia tienen que viajar por áreas remotas o sobre trenes, se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual  a manos de grupos de delincuencia organizada, traficantes de personas, otros migrantes e incluso por parte de autoridades.

El informe afirma que muchos grupos criminales emplean la violencia sexual como parte del “pago” requerido a las migrantes para poder continuar su trayecto, lo que ha llevado a que los “coyotes” requieran a las mujeres que reciban una inyección anticonceptiva antes de iniciar el viaje, para evitar embarazos consecuencia de violaciones.

El medio estadounidense Fusion abunda en el 80 por ciento de las mujeres y niñas que cruzan hacia Estados Unidos a través de México son violadas durante la travesía. Eso es más que una estimación previa de 60 por ciento, según el informe de Amnistía Internacional, un aumento de 20 por ciento en 4 años.

Tan sólo este año, las autoridades de migración creen que más de 70,000 menores de edad llegarán solos a Estados Unidos sin documentos, la mayoría de los cuales provienen de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. El número de niñas centroamericanas que viajan solas y son detenidas en la frontera sur ha superado rápidamente al número de niños, según un estudio realizado en julio por Pew Research[ii].

Según el estudio “Children on the run”[iii], elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, el 24 por ciento de las niñas que abandonan Centroamérica y México, con destino a Estados Unidos, lo hacen por haber sido violadas en su país de origen, por otro tipo de violencia sexual, o por amenazas relacionadas con las anteriores.

Hasta mayo, el número de niñas solas menores de 18 años que fueron detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México aumentó un 77 por ciento.

Pero estas alarmantes cifras no reflejan la realidad absoluta de este problema, pues muchas de las víctimas no denuncian las violaciones debido al temor fundado de ser deportadas si recurren a las autoridades, quienes sin análisis de sus circunstancias particulares, las harían regresar a los lugares de donde han huido, sólo para ser sometidas al mismo tipo de agresiones.

Las prácticas de restricción innecesaria de migrantes se emplean actualmente como una forma ilegal para desalentar a las personas migrantes, impidiendo el acceso a asilo y otras formas de protección internacional a las que tienen derecho. En el caso de las mujeres y niñas que son víctimas de violaciones en su trayecto hacia Estados Unidos, este tipo de detenciones son revictimizantes y no privilegian el interés superior de las menores.

Ante esta situación, la acción urgente del Estado es necesaria para establecer de manera formal diversos tratados bilaterales y multilaterales sobre repatriación, que incluyan mecanismos que faciliten el retorno seguro y la reintegración de niñas y niños no acompañados o separados, sólo cuando se establezca que dicho retorno procurará el mejor interés de cada menor.

Asimismo, desarrollar la capacidad de recepción y reintegración social, especialmente para a reunión de familias, así como el acceso a servicios psicológicos y educativos, así como empleo y oportunidades de adiestramiento para personas migrantes y sus familias es menester para la concreción de un Estado que busca establecerse como protector de los derechos humanos.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que en ejercicio de sus facultades, formule y dirija la política migratoria del país, considerando las posiciones anteriormente expuestas, a fin de generar procedimientos que garanticen la debida protección de los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente de las mujeres y niñas, instruyendo que cada caso sea analizado de manera particular, y priorizando el acceso a la protección internacional a que tienen derecho las víctimas de violación o amenazas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de septiembre de 2014

[i]Invisible Victims: Migrants on the Move in México; disponible en idioma Inglés en el enlace:  http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf

[ii]At the border, a sharp rise in unaccompanied girls fleeing Honduras; disponible en idioma Inglés en el enlace: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/25/at-the-border-a-sharp-rise-in-unaccompanied-girls-fleeing-honduras/

[iii] Children on the run; disponible en idioma Inglés en el enlace:   http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf

Una vez más, convocamos a la ciudadanía a evaluar el desempeño de la CNDH

Palacio Legislativo de San Lázaro

28 de septiembre de 2014

Boletín de Prensa

Una vez más, convocamos a la ciudadanía a evaluar el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Ricardo Mejía Berdeja

  •  Fuerzas armadas y tortura, derechos ambientales, libertad de expresión y de manifestación, trata de personas; temas a analizar.
  • Como en veces anteriores, invitamos a Raúl Plascencia Villanueva a que participe en este ejercicio ciudadano; sin embargo no hemos obtenido respuesta.
  • Los argumentos presentados por un grupo de ciudadanos en la solicitud de juicio político contra el ombudsman nacional deben ser considerados por el Senado de la República

“Como seguimiento de los trabajos realizados el pasado mes de agosto, convocamos al II Coloquio ‘Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos’ con la finalidad de seguir aportando elementos desde una perspectiva ciudadana y académica al proceso de renovación de la titularidad de la CNDH, a realizarse en próximas semanas”, comentó el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.

Dicho evento se llevará a cabo mañana lunes en la Cámara de Diputados, a partir de las 8:30 horas; donde se abordarán los temas relacionados con las fuerzas armadas y tortura, derechos ambientales, libertad de expresión y de manifestación, y la trata de personas; contando con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en cada uno de los temas.

“Cabe resaltar que en este nuevo ejercicio ciudadano se extendió la invitación a Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal y como se ha hecho en los anteriores foros; sin embargo y como es costumbre, aún no recibimos respuesta alguna; pareciera que quien se ostenta como ombudsman nacional no quiere participar en ningún tipo de rendición de cuentas con la ciudadanía”, indicó Mejía Berdeja.

Por otro lado, es menester resaltar que el pasado miércoles 24, un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, constituidos en el “Comité Ciudadano para el Rescate de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, argumentando graves omisiones del titular de la CNDH en innumerables casos de violaciones a los derechos humanos en México.

En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales concluyó que dicha solicitud debe procesarse sin dilaciones en la Cámara de Diputados, a la par de que los argumentos que presentó dicho grupo ciudadano, deben ser considerados por el Senado de la República en el proceso de renovación de la CNDH.

Grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentan en la Cámara de Diputados denuncia para Juicio Político en contra del Raúl Plascencia

Comunicado de Prensa

24 de septiembre de 2014

Grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentan en la Cámara de Diputados denuncia para Juicio Político en contra del Raúl Plascencia

  •  Argumentan graves omisiones del titular de la CNDH en innumerables casos de violaciones a los Derechos Humanos en México.
  • Documentan el uso a “modo” de la CNDH para fines facciosos y distintos a los derechos humanos.  
  • Convocan a que toda la sociedad mexicana se sume a la causa #NoMasComPlascencia para recuperar a la CNDH como institución garante de los derechos humanos en México

Un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se constituyeron en un Comité Ciudadano para el rescate de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de las víctimas y presentaron, hoy en la Cámara de Diputados, una denuncia contra el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, a fin de que se le siga un Juicio Político por dos argumentos fundamentales:

  1. Las graves omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México.

2.   La utilización de la institución a “modo” y  para fines distintos a la defensa de los derechos humanos.

Entre las serias violaciones a los derechos humanos frente a las que la CNDH, presidida por el Dr. Plascencia ha sido omisa contraviniendo a lo dispuesto en a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran:

  •  Las miles de personas asesinadas (70,000) en el periodo del 1º de diciembre del 2006 y el 1º de diciembre del 2012
  • Los miles de migrantes calificados como secuestrados, desaparecidos, extorsionados, reclutados para trata, para el crimen organizado o asesinados.
  • Las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia del crimen organizado.
  • Los cientos de miles de personas detenidas por el Gobierno Federal, señaladas como delincuentes y que no lo eran, en el período del 2006 – 2012.
  • Las 25,276 personas desaparecidas en el período 2006- 2012 y las 23,322 del 1º. De diciembre del 2012 al 31 de junio del 2014.
  • La tortura en México y el desamparo de sus víctimas.
  • El caso de la masacre de San Fernando.
  • Los hechos del 1º de diciembre del 2012 en la Ciudad de México.
  • Las reformas a las Constituciones de varios Estados de la República que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.
  • Las restricciones a la libertad de expresión en la reglamentación de la protesta social
  • La nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos.
  • La resolución adoptada por la SCJN en la contradicción de criterios 293/2011
  • El incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

Entre los casos de manejo a “modo” y para fines distintos a los de la CNDH por parte del Dr. Plascencia se encuentran:

  •  El caso del General Tomás Ángeles Duahare y otros generales del Ejército mexicano, acusados “de oídas” por “testigos protegidos”
  • El caso de la detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de la Sra. Miriam Isaura López Vargas.
  • El caso de 4 personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidos ilegalmente y torturados para que confesaran crímenes que no cometieron.
  • Los casos de los presuntos secuestradores Florence Cassez Crepín e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso por lo que fue imposible la administración de la justicia.
  • Recomendaciones para desacreditar a personas e instituciones como los casos de José Luis Luege Tamargo,  entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; del Dr. Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, al Dr. Luis González Placencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Todos estos casos están detalladamente documentados en la denuncia presentada hoy, que que consta de 107 cuartillas y que evidencia que el Presidente de la CNDH ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional que recibió al ser nombrado Presidente de la CNDH, pues no sólo ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas y las ha dejado en la indefensión, incluyendo a sus familiares; sino que ha utilizado recomendaciones “a modo” para dañar personas e instituciones; ha utilizado a la misma CNDH para la satisfacción de intereses personales y ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre hacia una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas y, en general de todos los que habitamos en este país.

Por todo esto, puede percibirse un consenso generalizado entre diversos sectores de la sociedad, como organizaciones no gubernamentales, académicos, líderes de opinión, entre otros, en el sentido de que Raúl Plascencia no representa el perfil idóneo para presidir la CNDH.

Los ciudadanos Eduardo Gallo, Alberto Athié y Valentina Peralta, voceros de este Comité Ciudadano, convocaron a la sociedad a unirse en la campaña #NoMasComPlascencia para evitar que el actual titular sea reelecto como titular de la CNDH y recuperar a esta institución para que cumpla con el mandato constitucional de ser garante de los derechos humanos en nuestro país, ya que Raúl Plascencia ha dañado gravemente a la institución por utilizarla facciosamente para golpear a sus adversarios políticos.

La denuncia está suscrita por numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil.

El texto íntegro de la denuncia puede bajarse es la siguiente liga.

CONTACTO PARA ENTREVISTAS

Aurora Amaro

044 55 45 36 07 08

El texto íntegro de la denuncia puede bajarse en la siguiente liga:

http://www.slideshare.net/RMB2014/denuncia-juicio-poltico-a-ral-plascencia-villanueva

Por el respeto a los derechos de la defensora Bettina Cruz y contra la criminalización de la protesta social

Por el respeto a los derechos de la defensora Bettina Cruz y contra la criminalización de la protesta social

 Comunicado

 23 de septiembre de 2014

Las legisladoras y los legisladores que suscribimos el presente comunicado hemos tenido conocimiento del caso de la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez, acompañada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en su visita a diversas instituciones en la Ciudad de México.

Bettina es una mujer indígena binnizá, que desde el año 2007, con los pueblos ikjoots y binnizá, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, comenzaron la lucha en defensa de su territorio, frente a los intereses de las empresas trasnacionales en ocupar sus tierras ejidales y comunales para instalar generadores de energía eólica.

En ese contexto, hombres y mujeres indígenas de los pueblos de la región conformaron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), a la cual pertenece Bettina, en ejercicio de sus derechos, realizaron una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán, Oaxaca el 13 de abril del 2011,  a efecto de expresar su descontento por las altas tarifas de luz y por la complacencia de la CFE frente a los convenios ilegales que permitieron el despojo de territorios indígenas para la construcción de parques eólicos en diversas zonas del Istmo.

A pesar de que ese día Bettina no se encontraba en dicha ciudad, sino en la capital de Oaxaca, la representante de la CFE la acusó ante el Ministerio Público Federal de encabezar la manifestación para impedir la entrada y la salida del personal.

Casi un año después de los hechos anteriormente mencionados, Bettina fue detenida por agentes federales que no contaban con una orden de aprehensión, y posteriormente recibió auto de formal prisión, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional. Después de pagar una fianza para obtener su libertad bajo caución, ha enfrentado un largo proceso en libertad, durante el cual ha recibido apoyo y reconocimiento de organismos de Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el proceso, fue demostrado por parte de la defensa de Bettina que no se bloquearon las instalaciones de la CFE ni se causaron daños a personas o a bienes, además de que no existen pruebas individualizadas de las presuntas víctimas, por lo que el proceso de Betina tiene claros rasgos de persecución, un uso ilegal de la justicia por parte de sus acusadores y de los funcionarios federales implicados.

Por lo antes descrito, consideramos que las imputaciones y el proceso contra Bettina representan actos de criminalización de la protesta social, que ilustran la situación de riesgo en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, pues a través de su proceso se ha evidenciado el uso desviado del sistema de justicia en contra de ellas, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos.

En los próximos días, el Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Tercer Circuito Federal con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, deberá emitir la sentencia definitiva sobre el caso de Bettina. Se trata de uno de los pocos casos en donde puede emitirse una sentencia que equipara a una protesta con la “privación ilegal de la libertad”. Ante el riesgo de que la resolución siente un precedente negativo, hacemos un llamado público al juez para que la emisión de dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora.

Asimismo, exhortamos a la Procuraduría General de la República a que valore  los elementos presentados por Bettina y su defensa para evitar un encarcelamiento injusto.

Finalmente, nos manifestamos una vez más en contra de decisión, iniciativa o acción que pretenda menoscabar los derechos de asociación, expresión y reunión, al inhibir y criminalizar la protesta social.

Diputadas y diputados del PRD: Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez, Carlos de Jesús Alejandro, Yesenia Nolasco Ramírez, Gloria Bautista Cuevas, José Luis Muñoz Soria, Víctor Nájera Medina, Alejandro Carbajal González, Fernando Zárate Salgado, Graciela Saldaña Fraire, Roxana Luna Porqullo, José Antonio León Mendívil, Teresa Mojica Morga, Marino Miranda Salgado, Lourdes Amaya Reyes

 

Diputadas y diputados del PT: Loretta Ortiz Ahlf, Rosa Elia Romero Guzmán, Héctor Hugo Roblero Gordillo, José Arturo López Cándido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Adolfo Orive Bellinger

 

Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano: Ricardo Monreal Ávila, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ricardo Mejía Berdeja.

 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senadora Dolores Padierna Luna, PRD; Senadora Layda Sansores San Román, PT.

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