Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: octubre 2014

Iniciativa que busca enriquecer y armonizar el marco jurídico en cuanto a la política nacional de juventud, en materia de discapacidad

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 4°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD RECORRIEDOSE LAS SUBSECUENTES, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la discapacidad como  “cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo”.

En este sentido la Encuesta Mundial de Salud,estima que 785 millones de personas (15.6%) de 15 años y más viven con una discapacidad; el estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad[1]estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%).

Así, a nivel mundial, existen más de 650 millones de personas con discapacidad. Cerca de un tercio son jóvenes y, de ellos, casi 80% viven en países en desarrollo. El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes insta a los países a tomar medidas para desarrollar las posibilidades de los jóvenes con discapacidad.

La juventud con discapacidad es un área que no ha sido investigada lo suficiente. Existen pocos datos sobre su prevalencia y sobre los efectos en los propios jóvenes, lo cual dificulta cualquier intento de desarrollar respuestas políticas específicas.

Es bien sabido que dentro del contexto social en que la juventud mexicana se encuentra el día de hoy, la situación del crimen organizado, la falta oportunidades traducida en desigualdad e inequidad, han minado su derrotero y mermado su calidad de vida.

Sin embargo aquellos niños que han adquirido desde su nacimiento algún tipo y grado de discapacidad, se enfrentan a una realidad adversa, al pasar de la etapa de la niñez a la adolescencia y posteriormente a la juventud, al no contar con los programas interinstitucionales, las medidas administrativas y legislativas que les  garanticen la igualdad y equidad de acuerdo a sus necesidades básicas.

Garantizar el desarrollo integral de los jóvenes con discapacidad de manera plena y autónoma es un componente para alcanzar un verdadero Estado de Derecho socialmente responsable, justo y equitativo, garante de los derechos humanos.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2012) muestra que dentro de las causas de discapacidad son: la enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los accidentes (12.0 por ciento). Tal distribución es relativamente igual para hombres y mujeres; aunque los varones reportan porcentajes más altos en discapacidad por accidentes (15.3%) y nacimiento (18.2%) y, las mujeres en edad avanzada (35.6%) y enfermedad (39.6 por ciento).

Por grupo de edad, es claro que en los niños y jóvenes, la discapacidad a consecuencia de un problema antes o durante el nacimiento es el origen principal y considerablemente más alta que los adultos y adultos mayores, ya que representa la causa del 68.9% y 53.9% de los casos, respectivamente.

Por lo que es de suma importancia atribuir e incorporar dentro de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, consultaren coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad la política pública, planes, estrategias y programas que aseguren la inclusión y desarrollo de los jóvenes con discapacidad, a fin de incorporarla en la política nacional de juventud.

A nivel internacional, el sector de Ciencias Humanas y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el marco de sus nuevos objetivos estratégicos para la juventud, se ha centrado cada vez más en la situación de los jóvenes con discapacidad para permitirles desarrollar sus habilidades y comprometerse como actores de pleno derecho en el desarrollo y la paz de sus comunidades.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  aplica a su programa una óptica centrada en los derechos humanos y la igualdad entre los sexos y aborda la problemática de los jóvenes con discapacidad mediante un trabajo continuado de producción de conocimientos e investigación para el desarrollo de políticas. También promueve el compromiso cívico y la participación juvenil.  La UNESCO entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país.

Enriquecer y armonizar el marco jurídico en cuanto a la política nacional de juventud, en materia de discapacidad permitirá un mayor crecimiento y desarrollo integral de los jóvenes con discapacidad, recordemos que invertir en la juventud no sólo incrementa la calidad de sus condiciones de vida sino que además expande sustancialmente la viabilidad de todo el país.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 4° RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 4° recorriéndose las subsecuentes de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

 

Artículo 4.- Para…:

I-V…

VI. Consultar, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad la política pública, planes, estrategias y programas que aseguren la inclusión y desarrollo de los jóvenes con discapacidad, a fin de incorporarla en la política nacional de juventud.   

 

VII – XVII…

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30  días del mes de octubre de 2014.

[1] Informe Mundial sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud. Banco Mundial 2011.

Exhorto a Gerardo Ruiz Esparza a revisar y transparentar el proceso de licitación para el proyecto: Tren de alta velocidad México – Querétaro

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LIC. GERARDO RUÍZ ESPARZA, ASÍ COMO TAMBIÉN AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LIC. JUAN ALFONSO UGALDE OLIVAS Y A LA COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EXISTA LA COORDINACIÓN ENTRE LA DEPENDENCIAS EN INSTITUCIONES QUE DIRIGEN CON EL FIN DE TRANSPARENTAR EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA EL PROYECTO (TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO – QUERETARO) Y SE HAGAN PÚBLICAS CADA UNA DE LAS ETAPAS, LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS DEL MISMO.

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México posee una red de ferrocarriles que se extiende a través de la mayor parte del país, conectando los principales centros industriales con los puertos y con conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles estadounidense. Entre los años 1997, cuando Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el servicio, y 2008, cuando se inauguró la primera línea del Ferrocarril Suburbano del Valle de México, la red de ferrocarriles de pasajeros en México quedaba limitada a un par de líneas de trenes turísticos.

El sistema ferroviario mexicano fue nacionalizado en su totalidad entre 1929 y 1937. En 1987, el gobierno fusionó las cinco empresas ferroviarias regionales con Ferrocarriles Nacionales de México. Los años posteriores de la época de nacionalización de los ferrocarriles en México fueron marcados por dificultades financieras por parte de Ferrocarriles Nacionales de México esto derivado a una mala administración y actos de corrupción. La empresa acumuló un déficit operativo de $552 millones de dólares (37 % de su presupuesto de funcionamiento) en 1991. La competencia con otros modos de transporte de carga, tales como los camiones y el transporte marítimo, disminuyó la cuota de mercado de los ferrocarriles alrededor del 9 % o sea alrededor de la mitad de la cuota que tenían los ferrocarriles una década antes sumándose a esto la intención facciosa de privatizar la industria con fines lucrativos para beneficiar a empresas transnacionales y oligopolios nacionales.

En 1995 se reforma de forma antipatriótica al igual que ahora, el cuarto párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa modificación los ferrocarriles dejaron de ser área estratégica en manos exclusivas del Estado, para permitir la participación social y privada en dicha actividad.

Después de analizar diferentes alternativas de apertura al sector privado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, tomó la decisión de adoptar el modelo de segmentación regional de la red, para ser operada por empresas privadas integradas verticalmente. Las licitaciones constituyeron la parte más compleja y prolongada del proceso. Las concesiones se otorgaron en primera instancia a empresas públicas regionales, en las que se subdividió FNM, expresamente constituidas, para luego vender las acciones representativas de las mismas a la empresa privada que ofreciera la mayor contraprestación para el Estado.

El patrimonio a licitar estuvo formado por el título de concesión para prestar servicio público de transporte ferroviario, y las locomotoras, equipo de arrastre y bienes necesarios para la operación. De acuerdo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Estado debe mantener en todo momento el dominio sobre las vías generales de comunicación. Por esa razón la infraestructura y el derecho de vía se reintegraran a la Nación se supone en buen estado operativo al término de las concesiones.

El consorcio conformado por las empresas China Railway Construction, CSR, GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora Teya, ésta última y otras pertenecen a un grupo empresarial relacionada a la campaña presidencial y al Gobierno en el Estado de México del presidente Enrique Peña Nieto ya que se sabe el dueño de esta Juan Armando Hinojosa fue favorecido con cuantiosos contratos de obra durante las administración mexiquense 2005 – 2011, además de que prestó los aviones de su empresa al presidente Enrique Peña Nieto durante la campaña 2012.

 

No obstante esto se sabe también que Grupo GIA, pertenece al empresario Hipólito Gerard cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Este consorcio misteriosamente fue el único que presentó una propuesta de las 14 empresas que en un inició habían adquirido las bases de licitación, ya que todas a excepción de esta, habían pedido a la SCT una prorroga en algunos casos de hasta ocho meses para poder presentar un proyecto serio dado la complejidad de las especificaciones técnicas del mismo, ya que según los dicho por la dependencia este sistema compartirá infraestructura de riel con el tren suburbano que actualmente está en operación de Cuautitlán a la estación Buenavista.

Por todo lo anterior aclaramos que no estamos en contra de que se realicen proyectos de infraestructura como el TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO – QUERETARO, en lo que si estamos en contra es que se manejen en el sigilo las licitaciones de este tipo de proyectos de infraestructura y que se cuestione por casi toda la opinión pública el proceso de adjudicación de la obra y/o concesión, esto también porque el gobierno federal estimó la obra en 40 mil millones de pesos, la propuesta del consorcio alcanza los 50 mil millones, un 21 por ciento más de lo planeado. Además deberá considerarse el IVA.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-          La H. Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes Lic. Gerardo Ruíz Esparza, así como también al Encargado del Despacho de la Secretaria de la Función Pública Lic. Juan Alfonso Ugalde Olivas y a la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Dra. Ximena Puente De La Mora, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, exista la coordinación entre la dependencias en instituciones que dirigen con el fin de transparentar el proceso de licitación para el proyecto (TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO – QUERETARO).

Segundo.-          La H. Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes Lic. Gerardo Ruíz Esparza, así como también al Encargado del Despacho de la Secretaria de la Función Pública Lic. Juan Alfonso Ugalde Olivas y a la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Dra. Ximena Puente De La Mora, para que en el ámbito de sus respectivas competencias,para que se hagan públicas cada una de las etapas, del proceso de licitación para el proyecto (TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO – QUERETARO) así como los aspectos económicos y técnicos del mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días del mes de octubre de 2014.

Diputados de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PT, piden se retire la medalla Eduardo Neri a la ministra Sánchez Cordero

30 de octubre de 2014

Palacio Legislativo de San Lázaro

Boletín de Prensa

Diputados de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PT, piden se retire la medalla Eduardo Neri a la ministra Sánchez Cordero

Diputados de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, suscribieron una petición a la presidencia de la Mesa Directiva, para que le sea retirada la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, a la ministra Olga Sánchez Cordero.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en contra del clamor popular y el derecho de las personas a ser consultadas en temas de relevancia nacional.

“Ha sido un grave error de esta Legislatura entregarle esta medalla a un funcionario público en activo, sobre a todo una ministra de la Corte que ha tomado decisiones contrarias al interés nacional”, dijo.

Mejía Berdeja recordó que desde que se le entregó la medalla, un grupo nutrido de legisladores se opusieron a la dicha entrega, sobre todo por tratarse de una funcionaria en activo.

El legislador de Movimiento Ciudadano indicó que la Corte debió haber interpretado en un sentido más amplio la constitución, ya que el pueblo tiene derecho a ser escuchado pues la soberanía nacional radica originalmente en el pueblo.

“La ministra Sánchez Cordero no tiene la autoridad moral. Eduardo Neri fue un legislador patriota que supo en su tiempo oponerse al poder presidencial del dictador Victoriano Huerta y parece que la ministra es todo lo contrario, pues ha estado al servicio del Ejecutivo y evidentemente en estas decisiones de negar las consultas populares actuando de manera servil y de sometimiento al Ejecutivo”, explicó.

Finalmente, el legislador federal señaló que a las casi 80 firmas que suscriben esta petición, espera se sumen aún más en los próximos días.

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Exhorto al gobernador de Morelos a emprender las acciones necesarias para brindar la seguridad pública y la procuración de justicia, en torno a la escalada de violencia en dicha entidad

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL  GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A EMPRENDER LAS  MEDIDAS NECESARIAS EN TORNO A LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN DICHA ENTIDAD, AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE MORELOS A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA E IMPARCIAL DEL CASO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UPEMOR QUE FUERON ATACADOS POR UN GRUPO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE JUITEPEC, Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS AOTORGAR MEDIDAS PRECAUTORIAS Y EMITIR RECOMENDACIÓN RESPECTO A DICHO CASO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Durante la segunda semana del mes de septiembre, un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) efectuaron una reunión para festejar sus logros deportivos, obtenidos en una justa de voleibol en el estado de Coahuila, realizada unos días antes, en la que participaron como representantes del estado de Morelos.

Rentaron una casa con alberca y jardín entre los fraccionamientos habitacionales San Gaspar y Las Fuentes, mismos que se ubican a menos de 600 metros de la base local de la Policía de Mando Único Coordinado, en el municipio de Jiutepec.

A esta reunión asistieron tanto estudiantes de la Upemor, como de otras universidades, a la hora de la comida, en donde jugaron una “cascarita” de voleibol antes de comer e ingresar a la alberca, tal como lo habían planeado inicialmente.

Entre los asistentes también se encontraban algunas integrantes de la selección femenil de voleibol de la Upemor, que en agosto pasado ganaron el Campeonato Estatal de Voleibol Femenil de Clubes 2014, en su categoría de segunda división, hecho que también les permitió representar a Morelos en Coahuila, del 12 al 16 de septiembre de este año.

Este grupo de estudiantes es conocido en sus universidades por mantener buenos promedios y ser asiduos a los estudios y el deporte. Testigos que acudieron a la reunión de los muchachos, aclaran que el ambiente era tan sano que dos padres de familia que acompañaron a su hijo, decidieron retirarse cuando vieron que la celebración no tenía tintes de ser una “borrachera” o de ser un evento desenfrenado.

El grupo era de unas 30 personas aproximadamente, entre las que se encontraban ocho mujeres, todas y todos universitarios de entre 19 y 22 años.

Aproximadamente a las 17:30 hrs., los jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de entre seis y siente sujetos que comenzaron a saltar una barda de la casa alquilada hacia el jardín, sometiendo de inmediato a los estudiantes, a quienes les ordenaron arrodillarse, mientras que obligaban a algunos a cubrirse el rostro con sus camisetas y a otros les ordenaron desnudarse.

A las mujeres les ordenaron despojarse de su ropa, pero algunas se resistieron y en represalia fueron severamente golpeadas.

Posteriormente les robaron sus pertenencias y entonces eligieron a dos estudiantes para abusar sexualmente de ellas. Después de gritos, llantos y voces de súplica para que no se concretara la violación de sus compañeras, una de ellas logró evitar la violación, aunque fue castigada con una golpiza severa que terminó por fracturarle el tabique nasal. Algunos jóvenes que pretendieron interceder por sus compañeras también fueron severamente golpeados.

La mayoría de los muchachos fueron llevados al hospital “José G. Parres” de Cuernavaca donde, de acuerdo con los reportes clínicos, registraban golpes producidos, aparentemente, con cachas de pistola.

Una vez recuperados de sus lesiones físicas acudieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía del estado, pero ninguno de ellos pudo describir a los autores del robo y el abuso sexual a sus compañeras, porque siempre ocultaron su rostro con capuchas.

Aparentemente, la escena de los hechos fue alterada y las investigaciones en criminalística de campo son endebles para identificar a los responsables de la agresión sexual.

La UPEmor ha acompañado a las y los estudiantes desde que sucedieron los hechos, tanto en el proceso legal, como con atención psicológica y acompañamiento cuando así lo requieren los jóvenes y han solicitado, de manera expresa, que no se divulguen de manera pública los nombres de las víctimas, para su protección y aunque las autoridades responsables de la investigación afirman que el caso sigue vigente, reportan que el avance es lento debido a que los elementos que se tienen son insuficientes para identificar a los responsables.

Jiutepec, localizado en la zona centro del estado de Morelos, ha alcanzado notoriedad en los últimos años por los elevados índices delictivos y violentos que ha alcanzado, cifras que desde el 2009 a la fecha, no han podido ser disminuidas.

En el periodo de 2009 a 2012, diversos grupos delictivos se acentuaron en la entidad, como el cártel del Pacífico Sur (CPS), una célula de los hermanos Beltrán Leyva desintegrada luego de su autoría en el homicidio de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia.

También formó parte de ese grupo Edgar “N” El Ponchis, un adolescente acusado de homicidio y que después de tres años de prisión en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes fue repatriado a Estados Unidos en atención a su nacionalidad.

La segunda semana de este mes la Policía Federal localizó y cercó en la colonia Naranjos —clasificada de alta peligrosidad por las autoridades— al supuesto líder del cártel de Guerreros Unidos, señalados como responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

La versión oficial dice que Benjamín Mondragón Pereda El Benjamón, se disparó en la cabeza después de negociar la salida de una mujer que lo acompañaba en el momento de su localización.

Como puede apreciarse, la presencia de la Policía de Mando Único, misma que se encuentra en 24 de los 33 municipios del estado, ha sido deficiente y poco efectiva en el combate contra la delincuencia.

En septiembre un grupo de víctimas de la violencia se entrevistaron con el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para pedirle el envío de la Gendarmería ante el crecimiento de los delitos en la zona oriente.

En respuesta, el comisionado de Seguridad en Morelos, Alberto Capella, consideró que los ediles que piden a la Gendarmería son ignorantes porque en el estado hay coordinación con las fuerzas federales y castrenses.

Sin embargo, los jóvenes ultrajados son un ejemplo de la inseguridad y la desconfianza. Varios padres de familia y los propios muchachos renunciaron a continuar con la denuncia para evitar el escarnio, la doble victimización de las chicas ultrajadas, o represalias por parte de los autores materiales.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del Estado de Morelos a emprender las acciones necesarias para brindar la seguridad pública y la procuración de justicia, en torno a la escalada de violencia en dicha entidad.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular Procuraduría del estado de Morelos a realizar una investigación completa e imparcial del caso de los estudiantes de la Upemor que fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Juitepec, Morelos.

TERCERO.- Exhortar al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a otorgar medidas precautorias y emitir recomendación respecto a dicho caso.

Dado en la H. Cámara de Diputados, a 28 de octubre de 2014

Exhorto a gobernador de Colima, garantice a través de Secretaría de Seguridad Pública, salvaguardar la integridad y el patrimonio de integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del territorio Zacualpan y de Bios Iguana, A.C.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, A QUE GARANTICE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y EL PATRIMONIO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO ZACUALPAN (CIDTZ) Y DE BIOS IGUANA, A. C. Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA A INVESTIGAR LOS PRESUNTOS CASOS DE INTIMIDACIÓN POR PARTE DE CARLOS GUZMÁN TEODORO, EXPRESIDENTE DE BIENES COMUNALES, Y SUS SEGUIDORES

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como en varios estados del país, habitantes de ejidos e indígenas han protestado durante meses en Jalisco y Colima en contra de proyectos mineros que han causado infinidad de estragos en sus localidades, ya que según sus declaraciones

A lo largo de los años los intereses mineros han desencadenado en sus poblaciones un ambiente de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, hostigamiento, intimidación, sobornos, así como la contaminación de afluentes de agua, y destrucción de caminos.

También han padecido la pérdida de la biodiversidad y tierras de cultivo, brote de enfermedades, división dentro de las familias y fractura de su tejido social.[1]

En un comunicado conjunto, representantes de las comunidades de Zacualpan y Canoas (Colima) y las de Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de las Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán (Jalisco), apoyados de miembros del grupo ambientalista Bios Iguana, A. C.; manifestaron que “para lograr sus objetivos las empresas mineras corrompen autoridades y contratan sicarios para intimidarlos y despojarnos violenta y sanguinariamente de nuestros territorios”.[2]

Por ejemplo, es necesario destacar que, en febrero pasado y tras una resolución del Tribunal Unitario Agrario 38, se rechazó un proyecto de mina de oro y se declaró a Zacualpan, Colima como un “territorio libre de minería”; sin embargo, poco tiempo después se incrementó la violencia en contra del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan (CIDTZ) por parte del grupo príista que apoya a Carlos Guzmán Teodoro, expresidente de Bienes Comunales, por lo que las comunidades exigieron al gobierno del estado y al municipal que dejaran de dar protección a dicho grupo y frenaran los ataques de violencia. Asimismo,

Representantes del ejido de Canoas denunciaron que a pesar de que no existe permiso de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Manzanillo para el proyecto “Extracción de mineral de fierro yacimiento Eva”, de Pacific Group SA, y de que el ejido tampoco ha otorgado el permiso social, la empresa insiste en instalarse a como dé lugar, e incluso abrió un camino por el ejido de Arrayanal y destruyó gran cantidad de árboles. Asimismo, pese a que la Profepa clausuró los trabajos de la mina, las máquinas se quedaron adentro haciendo perforaciones, mientras que las autoridades de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional han obstaculizado el registro de los documentos mediante los cuales la asamblea ejidal se pronunció ya en dos ocasiones contra la instalación de proyectos mineros en su territorio.[3]

Al respecto, 40 organizaciones tanto nacionales como internacionales, mediante un documento dirigido al gobernador Mario Anguiano Moreno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Congreso de Colima, al presidente municipal de Comala y a la delegada estatal de la Procuraduría Agraria, han solicitado seguridad para los integrantes del CIDTZ y de Bios Iguana, A. C., por ello

Demandaron que el gobierno de Colima de manera inmediata “deje de promover la impunidad” y acate las resoluciones del Tribunal.

“Igualmente solicitamos se aplique todo el peso de la ley contra quienes fomentan la violencia y puntualmente se investigue y en su caso procese a Carlos Guzmán (expresidente de Bienes Comunales) y sus seguidores, quienes han ocasionado lesiones físicas contra niñas y niños, mujeres y hombres de todas las edades de la comunidad de Zacualpan”, exigieron.[4]

De manera desafortunada, es conocido que este tipo de hechos ocurren de manera reiterada y ponen en riesgo a las personas que, bajo una preocupación legítima, se oponen a los proyectos de grandes empresas, por lo que resulta urgente que el gobierno mexicano en sus tres niveles de gobierno tome las medidas necesarias para velar por los derechos e integridad de los manifestantes, en este caso de los comuneros e indígenas de Colima.

Por ello y, atendiendo a la preocupación manifiesta en párrafos anteriores, presentamos a esta H. Asamblea los siguientes resolutivos con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhortana Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, a que garantice, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan (CIDTZ) y de Bios Iguana, A. C.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhortan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a investigar los presuntos casos de intimidación en contra de integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan (CIDTZ) y de Bios Iguana, A. C. por parte de Carlos Guzmán Teodoro, expresidente de Bienes Comunales, y sus seguidores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28  días del mes de octubre de 2014.

[1] Proceso, “Comunidades de Jalisco y Colima rechazan proyectos mineros”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=381845

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Proceso,”Exigen seguridad para activistas que repudian proyecto minero en Colima”,  [en línea], México, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=385526

Nombramiento de Rogelio Ortega fue al estilo de Pacto por México: Ricardo Mejía Berdeja

Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, brinda conferencia de prensa a los medios de comunicación.

  • Movimiento Ciudadano votó en contra de la designación del gobernador sustituto en Guerrero porque hubo un albazo legislativo.
  • No estamos en contra de Rogelio Ortega pero su designación se procesó al estilo del Pacto por México.
  • Guerrero requiere transparencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas y sociales, no repetir la formula de Michoacán.
  • En una crisis política y social se requiere todo el consenso y la transparencia.

Guerrero: Reformas estructurales y la pradera seca del país

Guerrero es un reflejo magnificado de lo que pasa en la República, sólo una visión reduccionista puede restringir este tema al ámbito estrictamente local. La violencia criminal y las reformas estructurales han despertado al México bronco.

La crisis económica, la fallida estrategia de combate al crimen organizado, la narcopolítica y las reformas regresivas del Pacto por México han convertido al país en una pradera seca, un pastizal seco que cualquier chispa o cerillo puede prender. Ese cerillo fue Iguala, donde aconteció la incalificable brutalidad en contra de los jóvenes de Ayotzinapa.

Las movilizaciones sociales que acontecen nacional e internacionalmente de solidaridad, repudio y exigencia de que regresen con vida los 43 jóvenes, son la parte más intensa de expresiones de rechazo social a la violencia y a las complicidades del poder que han permitido el actual estado de cosas.

Distintos hechos de los últimos días confirman esta grave problemática. La conocida tuitera Felina de Reynosa, Tamaulipas, María del Rosario Fuentes Rubio, que fue secuestrada y se difundieron imágenes de su propia cuenta,hackeada por sus captores, donde aparece sin vida; el asesinato de Jesús Esparza Villegas, estudiante de la universidad de Guadalajara, detenido por policías y hallado muerto en Guanajuato, a quién ahora las autoridades locales de aquella entidad pretenden presentar como un delincuente.

Las corporaciones policíacas en todos sus niveles sufren la infiltración de la delincuencia y malos elementos del propio ejército han cometido excesos que merecen ser castigados rigurosamente como las ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, la tierra de Enrique Peña Nieto, las cuales en forma inmediata fueron felicitadas por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, quién sigue sosteniendo que se trató de un enfrentamiento, no conforme con ello personal del ministerio público del Estado de México adulteró la escena del crimen y obstruyó las investigaciones.

Si hubiera congruencia Eruviel Ávila debería pedir licencia y ser investigado y la demanda la debería encabezar el propio Peña Nieto.

Otros Gobernadores como el de Sonora, que ha cometido desmedidos actos de corrupción y el de Puebla, cuyo gobierno es responsable de la pérdida de vida de un menor en Chalchihuapan, producto de su nociva Ley Bala, también deberían dejar sus cargos.

En el caso de Guerrero, hemos señalado que la solicitud de licencia de Ángel Aguirre al Gobierno debe abrir un espacio para analizar de manera integral la situación política, social y de seguridad pública que enfrenta el estado.

Y desde luego la primera exigencia que hay para los tres órdenes de gobierno es encontrar con vida a los 43 jóvenes desaparecidos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de los asesinatos, los heridos y los desaparecidos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre pasado. Esa debe ser la primera preocupación para reconstruir el tejido social en Guerrero.

En el tema de Guerrero se ha soslayado y minimizado la responsabilidad federal. Con inmensos recursos en materia de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado es inaudito que no hayan podido intervenir las fuerzas militares y policíacas federales en forma oportuna para perseguir eficazmente al alcalde de Iguala y su esposa, cuyos vínculos con la delincuencia organizada se han referido desde hace años. O que se mencione tenuemente la responsabilidad del Ejército que cuenta con el batallón 27 en plena ciudad de Iguala y que el día de los hechos no defendieron a los jóvenes de Ayotzinapa.

Es muy importante además ubicar el contexto social, parte del desgaste político que enfrentó el gobierno de Ángel Aguirre es producto también de haber apoyado reformas como la educativa, que en el caso de Guerrero, movilizaron a un sector importantísimo como es el de los maestros de la coordinadora guerrerense, de la CETEG, quienes rompieron con el gobierno a partir de esta reforma, situación que se agudizó a partir de los  hechos criminales de Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa.

En el espíritu privatizador, excluyente y discriminatorio de la reforma educativa puede explicarse gran parte de las movilizaciones magisteriales y educativas. El Pacto por México y sus reformas han polarizado al país y han dañado nuestra frágil estabilidad social. Que cada uno de los signa tes y promotores de este engendro asuma su responsabilidad frente a la nación.

No es un asunto solo de personas, es un asunto de la política que se aplica y de las decisiones que se tienen que tomar, empezando también por el Gobierno Federal que es corresponsable también por no atender su función de perseguir los delitos federales, como la delincuencia organizada y las desapariciones forzadas que acontecen en la entidad.

En este contexto de crisis humanitaria y de derechos humanos en el país se presenta la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Han pasado la aduana inicial 21 aspirantes, uno de ellos es el impresentable y su pura inclusión es una señal ominosa. Me refiero a Raúl Plascencia Villanueva. Su sola postulación es una burla y una provocación. Ha sido omiso, faccioso y corrupto.

El periódico Reforma ha publicado información muy importante respecto al manejo administrativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la gestión de Raúl Plascencia Villanueva. Los mexicanos nos enteramos que el Ombudsman nacional está por estrenar una residencia construida en un terreno de 795 metros cuadrados en Jardines del Pedregal con un valor de 20 millones de pesos. El sueldo mensual neto de Plascencia, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asciende a 131 mil 736 pesos, lo que multiplicado por los 60 meses de su presidencia equivale a 7.9 millones de pesos.

Ese día, el mismo diario da a conocer algunas irregularidades del personal de la CNDH en el ejercicio del presupuesto destinado a la obra pública, pues se ha rebasado el tope legal para asignar contratos por adjudicación directa y hacer un carrusel con sus contratistas  consentidos quienes ganan las adjudicaciones cada determinado tiempo. Las irregularidades en el ejercicio del gasto de obra pública hacen pensar que esos contratistas han realizado las obras de demolición y construcción de la millonaria residencia de Plascencia Villanueva.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, el Ombudsman nacional pretende burlarse de los mexicanos a quienes supuestamente defiende, acusando al periódico de montar una campaña de desinformación y desprestigio en su contra. El mismo Ombudsman, que hace semanas señaló que las críticas a su gestión eran ataques contra las instituciones, ha afirmado que cualquier evento a la integridad física de él y su familia será responsabilidad de Reforma. En su supuesta “aclaración” no hay una sola palabra respecto de dónde salieron los recursos para construir la suntuosa residencia que está por estrenar.

A lo largo de este año he señalado que Raúl Plascencia carece de la calidad moral para ser el Ombudsman nacional. Los hechos recientes me dan la razón. Exijo que sin mayores trámites el presidente de la CNDH informe a la opinión pública de dónde salió el dinero para comprar su nueva residencia.

Un primer paso para recuperar la armonía social es contar con un presidente de la CNDH que le de prestigio y credibilidad a esta institución en este México convulsionado por la delincuencia y las reformas depredadoras.

@RicardoMeb


Fuente: http://lasillarota.com

No podemos seguir tolerando explotación sin límite y con corrupción de minería: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro
26 de octubre de 2014
Boletín de Prensa

No podemos seguir tolerando explotación sin límite y con corrupción de minería: Ricardo Mejía Berdeja

  • Solicitamos que se investiguen los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Secretaría de Economía.
  • Necesario vigilar todos los actos de un sector fundamental para la economía del país como lo es el de la minería.

“En México no podemos seguir tolerando un esquema que permita que las empresas privadas puedan explotar a diestra y siniestra, y sin límite alguno, los recursos naturales pertenecientes a las y los mexicanos”, señaló el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.

Al respecto, cabe destacar que el también Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, presentó en días pasados un punto de acuerdo para exhortar al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública a que investigue los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Secretaría de Economía, en específico en la Coordinación General de Minería; dando seguimiento especial al tema de solicitud, trámite y expedición de concesiones en los últimos dos años; a la par de investigar los presuntos hechos de nepotismo en dicho organismo.

En dicho documento, Mejía Berdeja indica que “es necesaria la intervención para cuestionar a las autoridades responsables de otorgar los permisos y/o licencias a empresas privadas que explotan los recursos naturales de nuestro país, pues son éstas las que además de autorizar dichos permisos, deben vigilar que los particulares involucrados lo hagan de acuerdo con lo establecido en la ley”.

Asimismo, el legislador federal solicitó que la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial -apoyada técnicamente por la UNAM- para verificar que las reservas certificadas durante la presente administración correspondan con la realidad, en especial aquellos casos en los que han sido beneficiarias de apoyos provenientes del Fideicomiso de Fomento Minero.

“Es importante eliminar todo tipo de duda acerca de la legalidad de los actos que realizan funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, en particular de un sector clave, como lo es el minero, para el desarrollo nacional cuyo desempeño reciente ha dejado mucho que desear”, expresó Mejía Berdeja.

Por último, el diputado de Movimiento Ciudadano, indicó “de igual manera, es reprobable que los grupos de comuneros e indígenas que se oponen a ciertos proyectos mineros estén sufriendo intimidaciones, amenazas y situaciones de violencia, como lo es el caso de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y la organización Bios Iguana quienes presuntamente han padecido situaciones de acoso por parte de Carlos Guzmán Teodoro expresidente de Bienes Comunales; por lo que buscaremos exhortar a Mario Anguiano Moreno, Gobernador de Colima y la Procuraduría de Justicia del estado para que garanticen la seguridad de dichos grupos e investiguen los casos denunciados”.

El Senado debe garantizar un proceso en que la ciudadanía recupere la CNDH

Palacio Legislativo de San Lázaro
26 de octubre de 2014
Boletín de Prensa

El Senado debe garantizar un proceso en que la ciudadanía recupere la CNDH

  • La crisis de la CNDH generó un gran desaliento en la sociedad civil, hay escasas candidaturas de figuras provenientes de organizaciones importantes.
  • El Senado debe elegir una terna apartidista, independiente, capacitada, experimentada y que cuente con legitimidad de la sociedad civil.

El proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que hay escasas candidaturas de figuras provenientes de organizaciones importantes, lo que sin duda se debe a que la crisis de la CNDH generó un gran desaliento en la sociedad civil.

No obstante, esperamos que el punto de vista de las organizaciones se tome en cuenta la próxima semana durante el proceso de consulta para definir los criterios de selección del perfil idóneo.

En cuanto a la posible reelección del actual titular de la CNDH, Raúl Plasencia Villanueva, ha quedado claro que ninguna organización de prestigio apoya su candidatura, y que tampoco cuenta con respaldo social, pues sus omisiones al frente de dicha Comisión han sido evidentes.

El Senado debe considerar las lecciones que nos deja la gestión de Plascencia: un ombudsman con simpatías partidistas, vinculado personalmente con altos círculos del poder y lejano a las organizaciones de la sociedad civil es capaz de degradar una institución de defensa de la ciudadanía al grado de que sus facultades se ejerzan de forma selectiva, dosificada, de acuerdo a prioridades políticas, para beneficiar a sus amigos y en perjuicio a sus opositores.

Por ello se requiere como mínimo evaluar los perfiles para contar con una terna final de personas apartidistas, independientes, capacitadas, experimentadas y que cuenten con legitimidad de la sociedad civil. De esa forma, la decisión del Senado podrá contar con el respaldo de la ciudadanía.

Y más allá de la persona seleccionada, se requiere también que se establezcan compromisos precisos para recuperar la CNDH, para establecer áreas prioritarias de acción, para permitir la vinculación con la sociedad y para desplegar los alcances de la reforma constitucional de 2011.

DIP. LORETTA ORTIZ AHLF, PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA, MOVIMIENTO CIUDADANO