Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Día: 14 noviembre, 2014

Iniciativa que busca instrumentar la Secretaría de Turismo en coordinación con la SEGOB planes y programas para la promoción de la cultura de protección civil entre prestadores de servicios turísticos

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY GENERAL DE TURISMO.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país que debido a su privilegiada ubicación geográfica posee una inmensa riqueza natural y cultural, expresada en la amplia biodiversidad, variedad de climas y que aunado a su compleja topografía, ha propiciado gran variedad de condiciones permitiendo la existencia una enorme cantidad de ecosistemas y especies.

Somos junto con China, India, Perú y Colombia, uno de los 5 países con mayor variedad de ecosistema; prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre se encuentran en nuestro territorio y algunos como los humedales de Cuatro Ciénegas en Coahuila, sólo se encuentran en México.

En cuanto a costas, nuestro país cuenta con mayor extensión de éstas, además es el único país que posee un mar exclusivo “el Golfo de California”, aunado a esto, contamos con el segundo Sistema Arrecifal más grande del mundo.

Como consecuencia de la diversidad biológica, México posee un rico mosaico cultural que se hace patente en la gran diversidad de culturas indígenas del país.

Tal entramado hace de nuestro país, un foco de atención para la actividad turística a nivel internacional, caracterizado por la versatilidad y dinamismo de las empresas turísticas.

Por lo que reconocemos que la actividad turística ha sido un elemento de relevante importancia para el desarrollo y crecimiento económico del país, siempre a favor de mejorar las condiciones del mercado laboral que incentiven la creación de empleos formales permanentes y mejor remunerados en este sector y sin daño al medio ambiente.

Por otro lado la misma ubicación geográfica hace a nuestro país altamente vulnerable a diversos fenómenos naturales, que pueden ser antropogénicos, astronómicos, geológicos, hidrometeorológicos, químico-técnológico y sanitario-ecológico.

Un ejemplo de la vulnerabilidad de nuestro país ante cierto tipo de fenómenos es que contamos con áreas de alto riesgo sísmico que se concentran en la costa occidental del país a lo largo de los bordes de varias placas cuyo contacto es conocido como Trinchera. Se ha utilizado de acuerdo con el SAS, la expresión de  “brecha sísmica” a la zona geográfica donde no se han producido sismos de 7 ó más grados en la escala de Richter por un largo periodo de tiempo (50 años o más) para determinar la Brecha de Guerrero (cerca de 100 años de acumulación de energía elástica), la Brecha de Jalisco (aproximadamente 70 años)  y la Brecha de Chiapas (con más de 300 años) como las áreas de mayor riesgo en el país. Por lo tanto, según la opinión de sismólogos expertos, el mayor riesgo para la ciudad de México para un sismo fuerte, está hoy en la costa de Guerrero, a poco más de 300Km[1].

Qué decir de los fenómenos meteorológicos que han causado miles de perdidas y devastación a su paso por diferentes estado de la República Mexicana.

Por lo que es menester que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Turismo quede implícita la estrecha colaboración con la Secretaría de Gobernación en materia de protección civil, a fin de dotar al personal inmerso en la actividad turística, de las herramientas y mecanismos necesarios que los conviertan en agentes capacitados correctamente en funciones básicas de respuesta a emergencias, así como de prevención y auxilio frente a situaciones caóticas.

Implementar una estrategia de capacitación a través de cursos, talleres o diplomados que permitan al recurso humano de las diferentes áreas del sector turístico en especial aquellos que se encuentran en el área de servicio a los usuarios, contar con una cultura de protección civil y con ello adquieran los conocimientos y acciones a emprender en situaciones de riesgo, prevención de desastres así como el manejo de grupos para el control de ellos en circunstancias adversas, de acuerdo a las especificidades del fenómeno natural o social que altere el orden o paz social.

El turismo como sector productivo genera un derrama económica de gran impacto en el país, aunque en los últimos años se ha visto mermada por la creciente ola de criminalidad, sin embargo con una verdadera participación de los sectores privado y social, el turismo puede seguir en el derrotero ordenado, sustentable, a largo plazo y sobre todo genere un impacto social positivo, tal propósito se podrá alcanzar si quienes lo promueven muestran un alto grado de responsabilidad ética y social y un área que no debe de descuidarse es la cultura y promoción de la protección civil.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY GENERAL DE TURISMO.

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 8 BIS a la Ley General de Turismo.

Artículo 8 BIS.- La Secretaría instrumentará en coordinación con la Secretaría de Gobernación planes y programas para la promoción de la cultura de protección civil entre los prestadores de servicios turísticos, así mismo implementará cursos de capacitación dirigidos al personal, a fin de promover en el ámbito de sus funciones y atribuciones las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los turistas y población aledaña a la zona turística.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de Noviembre de 2014.

[1] Servicio Geológico Mexicano, Secretaría de Economía. [en línea], México, Dirección URL: http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/es/riesgos/sismos/sismologia-de-mexico

Exhorto a la PGJ del estado de Oaxaca a dar con el paradero de Carlos Vázquez Rebollar, alcalde de San Baltazar Chichicapam, quién ordenó un ataque en contra de los pobladores

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA A DAR CON EL PARADERO DE CARLOS VÁZQUEZ REBOLLAR, ALCALDE DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, QUIEN ORDENÓ UN ATAQUE EN CONTRA DE LOS POBLADORES Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES POR ESTOS HECHOS.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado jueves 6, aproximadamente a las 15:00 horas, el alcalde de San Baltazar Chichicapam, Oaxaca, Carlos Vázquez Rebollar, ordenó a sus primos que atacaran a balazos contra las y los pobladores del lugar, dando como resultado que, al menos, 17 personas sufrieran lesiones, entre ellas mujeres y niños.

La balacera, en la que participaron tres primos del presidente municipal priista, inició cuando un grupo de ciudadanos se disponía a protestar en una marcha contra el edil, desconocido por los habitantes durante una asamblea el pasado 5 de octubre por presunto enriquecimiento ilícito.[1]

Tras haber dado la orden de disparar contra la población, Vásquez Rebollar escapó, sin embargo los tres agresores, identificados como Severino, Tomás y Adolfo Vázquez Santiago, de 37, 23 y 30 años, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Cabe señalar que,

Los ciudadanos del municipio de San Baltazar Chichicapan habían destituido simbólicamente al Alcalde el pasado 5 de octubre. A través de una asamblea, donde lo acusaron de desvío de recursos y lo señalaron por tener varios autos nuevos, además de haber remodelado su casa recientemente, se decidió desconocerlo como autoridad del municipio.

Ese mismo día, unos 20 habitantes tomaron el Palacio Municipal para exigir a las autoridades del estado que atiendan la situación.[2]

Como bien sabemos, estos hechos se enmarcan en un lamentable escenario en el cual nuestro país está presenciando más violencia, inseguridad y ataques en contra de la ciudadanía por parte de instituciones de gobierno o elementos policiales, del Ejército o Marina Nacional que, en muchas ocasiones, se encuentran coludidos e infiltrados por personas relacionadas con el crimen organizado; tal y como sucedió en el terrible caso de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” el pasado mes de septiembre y que, ha conmocionado al país y a nivel internacional por representar y visibilizar la crisis humanitaria por la que México atraviesa.

Es por ello y, comprendiendo la urgencia por hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país y con ello, garantizar la paz, seguridad y tranquilidad de las y los mexicanos, presentamos a esta H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General del Estado de Oaxaca a dar con el paradero de Carlos Vázquez Rebollar, alcalde de San Baltazar Chichicapam, quien ordenó un ataque en contra de los pobladores y fincar las responsabilidades correspondientes por estos hechos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de noviembre de 2014.

[1]Proceso, “Alcalde priista de Oaxaca ordena disparar contra pobladores; reportan 17 heridos”, [en línea], México ,Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=387054

[2]Sin Embargo, “Edil priista de Oaxaca ordena disparar a ciudadanos; hay 17 heridos y él ya se fugó”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/08-11-2014/1163505

Exhorto a Enrique Peña Nieto a constituir una Comisión para esclarecer los hechos relativos a las violaciones de DDHH ocurridos en Guerrero

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD CON LA FINALIDAD DE ESCLARECER, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LOS HECHOS RELATIVOS A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL ESTADO DE GUERRERO.

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

A doscientos años de la proclama de Los Sentimientos de la Nación, emitida por José María Morelos y Pavón y que fuera aprobada por el Congreso de Anáhuac 13 de septiembre de 1813, en la catedral de Chilpancingo, el proyecto de transformación de México rumbo a un país soberano, como producto de la revolución independentista, está lejos de consolidarse.

En particular, sobre la población de Guerrero existe una desigualdad social sin precedentes, que sólo es equiparable con la situación que se vive en los estados de Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Desde la creación del estado el 27 de octubre de 1849, los caudillos emergimos de las guerras de independencia y Reforma, impusieron su dominio personal, alejándose de las luchas que representaban e instituyéndose en la encarnación de los caciques, como figuras de gobierno, que dejaron de busca el beneficio colectivo y perseguían sólo el beneficio propio y familiar.

Guerrero, a más de una centuria y media, es manejado como un feudo por parte de los grupos caciquiles o de gobierno, que sin miramientos emplean al Ejército y a las corporaciones policiacas como guardias personales.

El periodo que en México es conocido como ‘guerra sucia’ y que abarca década y media –desde fines de los sesentas a principios de los ochentas-, es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular.

Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho.

Actos de tal suerte que implican crímenes de lesa humanidad, que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones de no repetición.

Durante este periodo se configuró un grave esquema de acciones que implican las instituciones del Estado. Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales, haciendo uso de sus recursos y cobijo, cometiendo con ellos crímenes de manera sistemática que agraviaron a diversos sectores de la población, llevando a prisión a los principales líderes de dichos movimientos.

Al ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como conflicto interno, donde se cometieron terribles crímenes que transgreden el orden constitucional nacional y el orden internacional, por lo que son considerados como de lesa humanidad e imprescriptibles.

Ante estos hechos no debe sorprendernos que desde los tiempos independentistas y hasta nuestros días, Guerrero sea cuna de movimientos sociales, magisteriales, estudiantiles, gremiales, políticos y armados, que hablan de la resistencia y valores de un pueblo que no se rinde y que tiene un valor inagotable.

Desde la fundación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) por parte del maestro Genaro Vázquez Rojas, para luchar contra los bajos precios que pagaban las empresas norteamericanas al comprar la copra (médula del coco de la que se extrae aceite) y otros productos agrícolas; y con la posterior fundación de la Central Campesina Independiente (organización agraria a nivel nacional) y la Acción Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), los grupos comenzarían a organizarse en su lucha contra la represión gubernamental sistémica.

Otro maestro, Lucio Cabañas Barrientos, trata de organizar políticamente al pueblo en Atoyac, Costa Grande, a través del Partido de los Pobres (PDLP), una forma de organización estudiantil y campesina en lucha contra los terratenientes que explotan a los campesinos.

En sus clases, el maestro rural exhorta a sus alumnos a la instalación de un nuevo régimen, en el que no tuvieran cabida los ricos y en el que se expropiaron las fábricas para cederlas a los trabajadores, proponiendo, además, reformas financieras, judiciales, educativas y sociales enfocadas al bienestar de los trabajadores, campesinos y mujeres, y el cambio de la política de dependencia de México hacia Estados Unidos. Todo esto provoca su expulsión del estado a una escuela de Durango durante un tiempo, antes de regresar gracias a la presión de sus alumnos.

Estos dos hechos fueron el inicio de la lucha guerrerense moderna, por terminar las opresiones ancestrales que sufre la población.

En los años siguientes, Lucio Cabañas Barrientos opera en la Costa Guerrerense, sus Brigadas Campesinas Justicieras atacan a batallones del Ejército Mexicano y unidades de la policía, robando bancos y secuestrando hacendados, ganaderos y comerciantes, manifestándose siempre contra el gobierno local. Se convierte en uno de los principales enemigos del gobierno, y por eso el Ejército Mexicano no deja de buscarlo.

El 22 de abril de 1968Genaro Vázquez Rojas, que había sido detenido, es liberado de la cárcel por un comando armado integrado por sus compañeros. A partir de esta fecha sigue luchando desde la clandestinidad y con las armas, para ser muerto el 2 de febrero de 1972, como consecuencia del acoso en la carretera México-Morelia. Tenía 35 años.

Posteriormente, el 30 de mayo de 1974, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos secuestra al senador priísta y candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa para presionar al gobierno. Lo liberan 100 días después, el 8 de septiembre, tras la entrega de 50 millones de pesos.

Poco después, Lucio Cabañas Barrientos y sus hombres se refugian en el municipio de Técpan de Galeana. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz lanza contra él más de cinco mil soldados. Un primer enfrentamiento con los soldados tiene lugar el 11 de octubre de 1974 en el cerro Achotla, del cual Lucio logra escapar con tres heridas en la pierna izquierda. El Ejército Mexicano lo pierde de vista durante varias semanas. El 30 de noviembre, gracias a un delator, los soldados encuentran de nuevo a los rebeldes. Lucio tiene 17 bajas, pero logra escaparse otra vez, con 3 de sus milicianos.

Sin embargo, el comandante de la XXVII Zona Militar, el General Eliseo Jiménez Ruiz, toma como rehenes a 4 chicas de 16 a 20 años en el pueblo de Guayabito y amenaza con torturarlas, violarlas y matarlas si nadie le informa sobre el paradero del guerrillero. Al día siguiente el comisario municipal de Guayabito revela al general el lugar donde se encontraba Lucio, dándole muerte el 2 de diciembre de 1974.

Guerrero es claro ejemplo de que la lucha social es reprimida por todos los medios, y que lejos de llevar a los dirigentes a juicios justos, sin ser torturados y empleando los máximos estándares de justicia, se prefiere su eliminación por medio de la violencia y la amenaza.

Años después, ante la crisis de seguridad por el crecimiento incontrolable de las organizaciones criminales en los 81 municipios de Guerrero y frente a la ineficiencia, la arbitrariedad y complicidad con la que se ha comprobado en reiteradas ocasiones que actúan las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina, amplios sectores de la población han optado por organizarse y por asirse a sus propios mecanismos de defensa, creando sus grupos de auto protección, al margen de las autoridades oficiales.

Los grupos de autodefensa que han surgido en el estado son la expresión del fracaso de las políticas de seguridad implementadas desde las altas esferas del poder, que no han atendido los reclamos y propuestas de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Las autodefensas son, en resumidas cuentas, la respuesta contundente e una población mayoritariamente pobre que ante las fallas del gobierno, de los tres niveles, que ha dejado de lado la responsabilidad de velar por la vida y la seguridad de las personas.

En 2011 se comenzó a registrar el desplazamiento forzado de familias guerrerenses por la violencia ejercida por diversos grupos criminales y los casos se centraron particularmente en comunidades ubicadas en parte de la sierra.

El primer caso reconocido se dio en abril 2011, en donde después de cerca de una decena de hechos violentos, entre emboscadas, asesinatos y la desaparición de un ambientalista, 107 personas fueron desplazadas de las comunidades serranas de La Laguna y Morena, en el municipio de Coyuca de Catalán, y reubicadas en Las Ollas, en Petatlán.

Esos casos fueron reconocidos por la federación y por el propio gobierno estatal que incluso prestó ayuda a estas familias para su éxodo a través de la Subsecretaría de Protección Civil.

Después, en diciembre de 2012, 105 personas dejaron también sus hogares a causa del asesinato de un activista y las amenazas recibidas en las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, también en la Tierra Caliente guerrerense. Los casos continuaron en los siguientes años y el 18 de julio del 2013, al menos 500 personas fueron desplazadas del municipio de San Miguel Totolapan, en la misma zona del estado.

Las amenazas de secuestro y robo, y extorsiones por parte del crimen organizado también provocaron que, en el inicio del ciclo escolar de 2011 —31 de agosto—, más de 600 maestros en el municipio de Acapulco pararan labores.

Maestros y administrativos de 140 planteles escolares de preescolar, primaria y nivel secundaria suspendieron actividades luego de que grupos criminales les exigieran el 50% de su salario y de su aguinaldo, según informaron los trabajadores docentes.

Dos meses y medio después, tras al menos cinco marchas y la exigencia directa al gobernador Aguirre, los docentes acordaron regresar a las aulas pero con el resguardo de 1,500 policías privados, que fueron contratados por el Ejecutivo estatal y desplegados en los planteles ubicados en las zonas más inseguras.

El 12 de diciembre de 2011, cuando Ángel Aguirre tenía sólo ocho meses como gobernador del estado, enfrentó su primera crisis con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Alumnos de la institución bloqueaban la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, cuando se enfrentaron con los policías estatales y federales enviados a desalojarlos, mismos que vestidos de civiles, dispararon contra los jóvenes.

En estos hechos murieron dos normalistas: Jorge Alexis Herrara Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Por este caso, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en la que pidió al gobierno estatal implementar medidas para evitar la repetición de este tipo de hechos; en tanto compañeros de los estudiantes muertos exigieron juicio político contra Aguirre, lo cual no avanzó en el congreso local.

El 5 de enero del 2012, habitantes del municipio de Ayutla, ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero, conformaron el primer grupo de autodefensa para combatir el crimen en su comunidad.

Una semana después se sumaron pobladores de las comunidades de Tecoanapa y San Marcos. Para marzo de 2012, estos policías comunitarios ya cubrían 107 comunidades de 13 municipios en todo Guerrero.

Actualmente estos grupos de autodefensa se organizaron en incorporaron en la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero (UPOEG) y en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), grupo que había surgido hace 18 años tras la matanza de campesinos en Aguas Blancas, en el municipio de Atoyac.

En 2013, el gobernador Aguirre solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desplegar una “vigilancia especial” en los límites entre los estados de Guerrero y Michoacán.

Después de esto, el 19 de mayo en el municipio de Apaxtla, 12 personas murieron en un ataque de hombres armados; otro sucedió seis días más tarde en la misma localidad cuando un grupo armado ingresó a la cabecera municipal, quemó dos vehículos —entre ellos el del chofer del alcalde— y secuestró a dos personas.

Casos similares siguieron ocurriendo en meses posteriores: el 2 de julio del 2013, 17 personas fueron secuestradas en el municipio de Cocula; el 19 de julio, un comando vestido con ropa militar se llevó una cantidad desconocida de hombres en diversas comunidades serranas y quemaron viviendas de quienes opusieron resistencia.

Además de la inseguridad, los fenómenos naturales también golpearon Guerrero, así ocurrió a mediados de septiembre de 2013, cuando el huracán Manuel llegó a la entidad y causó fuertes lluvias que derivaron en inundaciones, deslaves, daños materiales y la muerte de al menos 101 personas.

Ésta es la segunda agresión grave en contra de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que ha hecho que los reflectores nacionales e internacionales develen la grave problemática del estado de Guerrero, reflejo de la crisis humanitaria, de seguridad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que enfrenta el país.

El 26 de septiembre, policías del municipio de Iguala dispararon contra un grupo de estudiantes que viajaba en autobuses, mataron a tres (y a otros tres civiles), persiguieron a los restantes, los capturaron y, apoyados por agentes de Cocula, se los llevaron a algún paraje.

Desde entonces se desconoce el paradero de 43 normalistas, una situación que ha causado preocupación de organismos internacionales, protestas y la exigencia de familiares y ciudadanos para que se les encuentre con vida.

La PGR afirma que sus investigaciones apuntan a que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó que los policías “enfrentaran” a los jóvenes para evitar que llegaran a un evento de su esposa y realizaran una protesta en el lugar.

Abarca y su esposa son señalados como operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos y permanecen prófugos, en tanto Aguirre recibió críticas por la inseguridad en Guerrero y por su manejo el caso. Finalmente, la presión en torno a este tema lo llevó a pedir licencia del cargo el jueves 23 de octubre del presente año.

El pasado domingo 26 de octubre, exactamente a un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador interino del estado de Guerrero, en medio de la crisis más grave en la que se ha encontrado el estado, sin que hasta la fecha se pueda considerar que el gobierno guerrerense, la seguridad y justicia para todos los habitantes de dicho estado se encuentre en vías de franca reconstrucción.

A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.

El viernes 7 de noviembre, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso.

Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.

El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) -radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes-, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.

Ante el panorama político evidentemente enrarecido en Guerrero, y ante la falta de soluciones a los problemas aquí mencionados, y los que se desvelan a la luz de las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, queda clara la necesidad de la colaboración de todos los niveles de gobierno y los Poderes de la Unión.

Todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad.

Obtener la verdad sobre los crímenes es vital para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

También lo es para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.

El pleno ejercicio del derecho a la verdad permite que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.

En más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad. La mayoría concluye su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

Algunos de los casos más relevantes de comisiones de la verdad han surgido para esclarecer crímenes de derecho internacional en diversos países, incluidos diversos Estados de América Latina, que han logrados esclarecer diversos delitos, como los que se mencionan a continuación:

 

  • Argentina (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1983)
  • Bolivia (Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, 1982)
  • Ecuador (Comisión “Verdad y Justicia”, 1996; Comisión de la Verdad, 2007)
  • El Salvador (Comisión de la Verdad, 1992)
  • Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, 1997)
  • Panamá (Comisión de la Verdad, 2001)
  • Paraguay (Comisión de la Verdad y la Justicia, 2003)
  • Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2000)
  • Uruguay (Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985, y Comisión para la Paz, 2000). En un país en donde se han cometido crímenes contra el derecho internacional, como es el caso de México, una comisión de la verdad es indispensable para centrar su atención en las víctimas, y defender el derecho de éstas a la verdad, justicia y una reparación plena.
  • Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

 

Punto de Acuerdo La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

 

  • ÚNICO. Exhorta al titular del Ejecutivo federal, a crear una Comisión de la Verdad, integrada por personas expertas en derechos humanos, intelectuales, integrantes de la academia de reconocido prestigio y organizaciones no gubernamentales, todas y todos sin vínculos partidistas; que tenga la finalidad de esclarecer, en la medida de lo posible, los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el estado de Guerrero; a fin de contribuir con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de las investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas; y formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a todas las víctimas y a sus familiares.

   Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 13 de noviembre de 2014.

Exhorto a PGR, Fiscalía especializada y Miguel Mancera a emprender acciones en torno a los presuntos actos delictivos cometidos en contra de SinEmbargo

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES EN TORNO A LOS PRESUNTOS ACTOS DELICTIVOS COMETIDOS EN CONTRA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICO SIN EMBARGO.

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Elena Tapia Fonllem y Víctor Nájera Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La organización internacional Reporteros sin Fronteras, dedicada a promover y defender la libertad de información, colocó este año a la libertad de expresión en México en “situación difícil” de acuerdo al mapa que anualmente difunde para reflejar la situación de la libertad de expresión a nivel mundial.

México se ubicó dentro de los países marcados con color rojo, lo que significa que las personas que ejercen el periodismo enfrentan una difícil situación para ejercer su profesión con seguridad, señalando a México como una de las naciones más peligrosas para las y los periodistas.

Por su parte, Artículo 19, una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, señala que en México han sido asesinados 102 periodistas desde el año 2000 a la fecha, imputables tanto al crimen organizado como a funcionarios públicos. Cada uno de estos 102 casos es reconocido por la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a esta organización, entre enero y junio de 2014, ocurrieron 66 agresiones físicas, 28 amenazas y 17 acciones legales en las que el principal agresor, en un 43 por ciento, fue un funcionario público.

En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declara que el 98 por ciento de las agresiones a comunicadores ha quedado impune.

Dentro de este marco de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo en nuestro país, SinEmbargo, un diario digital que privilegia el periodismo de profundidad y de investigación con foco en todas las esferas de poder, sin excepción, el cual en tan sólo tres años ha recibido premios y reconocimientos nacionales y extranjeros, como el PEN México 2013, el Nacional de Periodismo o el Daniel Pearl, ha sido blanco de diversos ataques, relacionados con el ejercicio de su profesión.

Citado por el New Yorker, una de las publicaciones más prestigiosas en el mundo, como el portal de periodismo digital de más influencia en México, con 250,000 usuarios únicos por día, sin embargo, sitio en el que trabajan actualmente 40 periodistas se ha convertido en un espacio de crítica y denuncia al que la ciudadanía  se ha dirigido en busca de información que muchas veces no aparece en medios tradicionales. SinEmbargo se ha convertido en un portal incómodo para autoridades federales y regionales.

Los ataques comenzaron al ser publicado el reportaje “Aficionados a la caza, a lucrar con animales y a contaminar, los del PVEM son todo menos ecologistas”, el 15 de noviembre de 2012. En este documento, SinEmbargo exhibió fotografías en que el delegado de Cuajimalpa por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, Adrián Rubalcava, aparece vestido con atuendo de camuflaje y sosteniendo un arma de alto poder.

Las exigencias para que las fotografías fueran retiradas del portal no se hicieron esperar. En Twitter, supuestos simpatizantes de Rubalcava han realizado cuestionamientos de carácter moral e incluso delictivo contra Alejandro Páez Varela, director de contenido, y contra el director general de SinEmbargo, Jorge Zepeda Patterson, sin fundamento alguno.

Aunado a estos hechos, una persona asistió a la oficina de dicho portal, en presunta representación del abogado del delegado, para exigir en tono amenazante, que retirasen de la página las fotografías de Rubalcava.

El nombre del presunto representante corresponde a Alejandro Rojo, quien ha señalado representar a una persona llamada Héctor Dither Villa Chávez, quien presuntamente trabaja para Rubalcava.

Cuestionado sobre la identidad de este individuo, Alejandro Páez Varela, comentó al portal ZETA[i]que a todas luces Héctor Dither Villa Chávez es una persona ficticia, al no existir registro alguno por el que pueda ser localizable, mucho menos una petición de registro de fotografías ante INDAUTOR.

La localización e investigación del abogado Alejandro Rojo es la clave para dar con el autor intelectual de esta serie de ataques, considera Páez Varela. Por su parte, Zepeda Patterson asegura que quien se encuentra tras los ataques tiene el suficiente poderío económico para realizar una ofensiva a esta escala y que pretende no solo perjudicar al portal, sino la carrera política de Adrián Rubalcava.

Al respecto, el funcionario mismo se deslindó de las amenazas al sitio web y a sus empleados, comprometiéndose a presentar una denuncia con relación a la intervención, a su nombre, de una tercera persona que no conoce.

No obstante, desde el 8 de octubre de 2014 SinEmbargo ha sido blanco de una campaña desplegada sobre todo en redes sociales (Twitter y Facebook) que ha incluido la difamación y el desprestigio. Además, en sus oficinas han recibido amenazas vía telefónica, mensajes de correo y en los foros de comentarios en el propio sitio. Estas amenazas, algunas veces, han sido de muerte.

Los ataques al portal de noticias incluyen el hackeo de la cuenta de Facebook de la cantante mexicana Belinda, que cuenta con 7.5 millones de usuarios, y desde la cual se realizaron ataques al medio, así como desde su cuenta oficial de Twitter, que tiene 3.3 millones de seguidores, desde la que se acusó a Páez Varela de ser un violador, esto sin fundamento.

“Nosotros no tenemos certeza de quién está detrás de los ataques”, aseguró a ZETA Páez Varela y agregó que el delegado ha mostrado la mejor disposición de cooperar en las investigaciones, al ofrecer a las autoridades correspondientes el acceso a todos los celulares del personal a su cargo.

“En México se puede matar a un periodista sin mayores consecuencias”, señaló este directivo de SinEmbargo, aunque mencionó que las amenazas a periodistas resultan poca cosa al compararse con otras situaciones como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Una denuncia por los hechos fue presentada ante la Procuraduría General de la República por el equipo legal de Artículo 19. Esta situación también se dio a conocer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el 27 de octubre, para que las autoridades capitalinas asuman las medidas de protección a los periodistas. No obstante, éstas todavía no han sido implementadas.

La paciencia, recursos y habilidades tecnológicas empleadas revelan que la lucha política y las agresiones a los medios de información han entrado en una nueva dimensión.

Estos episodios son parte de la descomposición institucional y social que padece el país. La falta de condiciones para que la ciudadanía viva en una sociedad libre y con seguridad, también ha golpeado ahora a las personas que colaboran en SinEmbargo.

Las formas de intimidar a quienes difunden información a través de plataformas digitales va en aumento, y la experiencia de SinEmbargo constituye una preocupante lección de las nuevas formas que asumirá la agresión político-cibernética en contra del periodismo digital.

A su vez, resulta la primera agresión cometida contra la funcionalidad entera de un medio de alcance nacional y es la primera vez en que un ataque realizado con el fin de intimidar una publicación ocurre en el Distrito Federal, lo que representa un avance en la pretensión censora de quienes se suponen por encima de la ley.

El ataque representa una doble violación a la Constitución pues, pretende impedir el derecho a informarse de manera plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, como lo establece expresamente el artículo 6º constitucional.

Es importante, por lo tanto, hacer un llamado a las autoridades de cumplir y hacer cumplir el derecho inalienable de la libre circulación de ideas y de advertir del castigo al que se debe someter a los responsables de agredir al medio de comunicación de referencia.

Hoy se reitera el llamado a las autoridades de la República y del Distrito Federal a garantizar la libertad y la seguridad de los periodistas.

México es país firmante de diferentes instrumentos que garantizan la libertad de expresión, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen el derecho a la información en sus artículos 19 y 13 respectivamente; también hay que destacar la Declaración de Chapultepec, celebrada en nuestro país el 11 de marzo de 1994 en cuyo cuerpo se lee: uno de estos, la Declaración de Chapultepec, fue celebrado en el País el 11 de marzo de 1994 en cuyo cuerpo se lee:

“Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna.

“Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.

“Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas.

“Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.

“Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades”.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

  1. Expresa su más enérgica condena contra los actos de intimidación, difamación en contra del medio de comunicación electrónico SinEmbargo y de sus integrantes, y expresa su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión y la garantía de condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo. 
  2. Exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones a las dependencias competentes para que procedan a investigar los presuntos actos delictivos dirigidos contra el medio de comunicación electrónico SinEmbargo, y adopte las medidas necesarias que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad para las y los integrantes de dicho medio.  
  3. Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que en el ámbito de sus atribuciones atraiga la investigación de los presuntos actos delictivos dirigidos contra el medio de comunicación electrónico Sin Embargo mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión.
  4. Solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, a integrar y hacer público un informe de los casos que tiene a su cargo, en donde incluya el estatus procesal de cada caso, a efecto de contar con información oportuna sobre las denuncias que tiene registradas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014

[i]http://zetatijuana.com/noticias/ezenario/12008/no-tenemos-certeza-de-quien-esta-detras-de-los-ataques-sinembargo#sthash.VTdoow8N.dpuf

 

Exhorto a PGR, CNDH y Gobernador de Coahuila: Investiguen y resuelvan la desapración de 300 personas en Allende, Coahuila

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA LIC. JESÚS MURILLO KARAM, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN DIVERSAS ACCIONES PARA ESCLARECER LOS MÚLTIPLES CASOS DE DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS, OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, ENTRE MARZO Y AGOSTO DEL 2011.

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la administración del Ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se inició una acción que marcaría al país desde ese momento y que nombro “La Guerra contra el Crimen”, conflicto bélico que desgraciadamente para el país dejo en esa administración cerca de ciento veintiún mil muertos de acuerdo a datos del INEGI. A estas lamentables estadísticas se suman las de la actual administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto cuyos números fatales suman cerca de cincuenta y siete mil muertos.

También debemos sumar las que son consideradas como desapariciones forzadas mismas que de acuerdo al Centro de Análisis e Investigación Fundar, oscilan en veintidós mil tanto de la administración actual y la anterior, situación que agrava el entorno social del país.

Entre marzo y agosto del año dos mil once, en el municipio de Allende, Coahuila se perpetraron desde la más oscura y perversa relación entre el crimen organizado y el estado, centenares desapariciones forzadas realizadas por el grupo criminal denominado Los Zetas. Hechos que contaron con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno ya que éstas omitieron prestar uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida.

En marzo de 2011, este pueblo de 20 mil habitantes padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de Los Zetas saquearon y destruyeron medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas durante aquella primavera. Todo esto sucedió en silencio y bajo encubrimiento oficial.

Los comandos relatan testigos llegaban a los domicilios y detenían a todas las personas que se encontraban ahí, llevándose también los objetos de mayor valor, como dinero en efectivo y joyas. Luego dejaban que los vecinos y demás habitantes del pueblo rapiñaran lo que había quedado llevándose también desde macetas hasta refrigeradores.

Una vez acabado el saqueo colectivo, Los Zetas demolían las casas. En algunos casos utilizaban granadas y en otras llegaban directo con mazos y máquinas de construcción. El ataque duró varios días y la policía municipal participó tanto en el ataque como en el pillaje. Al cabo de una semana, los restos de las casas destruidas en el centro de Allende se amontonaban por doquier. Bloques de cemento gris y vigas de acero dobladas y negras por el fuego aún pueden observarse luego de tres años.

La omisión del entonces gobernador del estado Jorge Torres López quién sutituyo de forma interina a Humberto Moreira Valdés que había dejado en ese momento el cargo de gobernador del estado, para ocupar la presidencia nacional del PRI, la entonces procuradora general de la Republica Marisela Morales y por supuesto del Presidente Municipal de extracción panista, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, que permaneció sin actuar a pesar enfrente al palacio municipal un domicilio fue destruido y saqueado.

Aunque existe abierta la averiguación previa CEIYCS/012/2011 el Gobierno de Moreira Valdez ha sido incapaz de esclarecer los hechos, por lo que resulta necesaria la intervención del gobierno federal para cumplir la función que Estado tiene para con las víctimas y los familiares de estas, en sentido de impartir justicia y garantizar la reparación adecuada bajo los estándares internacionales.

En estos lamentables hechos que avergüenzan al país, como ahora lo es la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno Federal y el Estado de Coahuila han mantenido total hermetismo, todo ello con la intención de buscar que se queden en la impunidad estos crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual consideramos necesario que el Gobierno Federal, atraiga a través de la Procuraduría General de la República la investigación para esclarecer estos lamentables hechos.

Por lo anterior expuesto y fundado solicito a esta Honorable Asamblea:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Procurador General de la República Lic. Jesús Murillo Karam para que en el ámbito de sus respectivas competencias atraiga la investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende Coahuila entre marzo y agosto del año 2011; y a que integre y haga públicos los resultados de dicha investigación.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicé los esfuerzos y acciones de cooperación que se requieran, a fin de que la Procuraduría General de la República pueda esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende Coahuila.

TERCERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inicie una investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de noviembre de 2014.

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