Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Día: 25 noviembre, 2014

Exhorto al titular de la CONAGUA, al Gobernador del Estado de Nuevo León, al Director General de Servicios de Agua y Drenaje, emprendan acciones para esclarecer y transparentar el proceso de licitación y asignación de la obra del proyecto hidráulico Monterrey VI

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DOCTOR DAVID KORENFELD FEDERMAN, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN LIC. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Y AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY ING. EMILIO RANGEL WOODYARD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN ACCIONES PARA ESCLARECER Y TRANSPARENTAR EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO HIDRAULICO MONTERREY VI Y AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LIC. JUAN ALFONSO UGALDE OLIVAS REALICE UNA INVESTIGACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE UNA DE LAS EMPRESAS A LAS QUE SE LES ASIGNO EL PROYECTO Y EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO Y SE HAGAN PÚBLICOS EL RESULTADO DE LA MISMA.

 

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México vive hoy una crisis nacional, que se manifiesta en una crisis económica, política, social, de seguridad pública, en una crisis humanitaria de afectaciones gravísimas a los derechos humanos y, también, en una crisis de moral pública, con niveles mayúsculos de corrupción.

 

Nos gobierna la cleptocracia, el gobierno de los corruptos, la institucionalización de la corrupción como política pública. Esa grave situación es la que padece nuestro país en estos momentos difíciles con un Ejecutivo federal al que se le cuestiona de enriquecimiento ilícito por la adquisición de una propiedad de siete millones de dólares, la llamada Casa Blanca de EPN, cuya versión de que fue adquirida por su esposa con sus ingresos nadie cree, mucho menos cuando aparece en esta operación uno de los grupos empresariales consentidos del régimen priísta- peñista.

 

El país se desangra en una grave catástrofe humanitaria, en violaciones graves a los derechos humanos y el presidente Enrique Peña Nieto y su camarilla sólo se enfocan en los negocios corruptos y beneficiar a un puñado de empresas que ya hacían negocios con el peñanietismo desde el gobierno del Estado de México.

Tal es el caso del Grupo Higa empresa asentada en Toluca Estado de México y que desde que Peña Nieto llego a la gubernatura gano contratos por miles de millones de pesos y que ahora en dos años de gobierno peñanietista había ganado el doble en miles de millones en tan solo dos años, algunas de estas son el Tren Rápido México – Querétaro misma que fue revocada por lo oscuros nexos del presidente con esta empresa, la remodelación del hangar presidencial para albergar al suntuoso nuevo avión del Presidente de la República y el proyecto hidráulico de ingeniería objeto del presente punto de acuerdo denominado Monterrey VI, el cual consiste en un acueducto 355 kilómetros de tubería de 84 pulgadas desde el Rio Panuco en Veracruz hasta el municipio de Linares en Nuevo León, supuestamente con el fin de abastecer por 50 años al área metropolitana de Monterrey.

 

Lo que se conoce como el proyecto hidráulico más largo de América Latina, con una inversión de 17 mil millones de pesos, esconde un desastre ecológico, la afectación a miles de habitantes y, particularmente, daño directo a más de 7 mil trabajadores de caña de azúcar del ingenio de Pánuco, con sus 17 mil hectáreas en ambas márgenes.

 

Agrupaciones civiles, ganaderas, agrícolas e industriales que conforman la Asociación de Usuarios de la Cuenca Hidrológica del Río Pánuco consideran que técnicamente la extracción de agua no es viable y que el plan no es factible: El proyecto Monterrey VI está condenado al fracaso de acuerdo a Estudios del Colegio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos, como el titulado Evaluación de la sustentabilidad hidrológica, demuestran la inviabilidad del proyecto Monterrey VI: Estiman que se viene un desastre ecológico para la zona, porque el cambio de las condiciones del agua afectaría a la flora y fauna. De por sí la zona ya está muy dañada, con ese proyecto habría sequía y mortandad de especies: cocodrilos, iguanas, garzas, águilas, patos, y toda la fauna y flora alrededor de las aguas.

 

El proyecto en sí oculta un lado oscuro ya que a decir de especialistas hidrología la calidad del líquido del río Pánuco es mala, señalan que tiene un alto índice de contaminación: “No existe una estructura bien definida aguas arriba y en toda la cuenca para tener limpia el agua es líquido que viene contaminado y no apto para consumo humano”, tratando de buscar algo favorable a Monterrey VI, pero no lo hay. Si en cien años de desarrollo el consumo de agua de Monterrey llega a 12.5 del agua que pretenden extraer porque ahora pretenden tener 130 por ciento, ¿toda esa agua para qué la quieren? para la explotación del fracking, en la cuenca de burgos.

El ocho de septiembre del año en curso Emilio Rangel Woodyard, Director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), anuncio que el grupo ganador del proyecto Monterrey VI, está conformado por Concretos y Obras Civil del Pacífico (37.75%) filial de Grupo Higa, Controladora de Operaciones de Infraestructura (ICA) (37.75%), Desarrollos Rogar (15%), Recsa Concesiones (Sapi) (6.5%) Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa) (3%)
Una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos, sin IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 por ciento.

 

Este negocio redondo, rentable y millonario será para el dueño real de la casa que tienen en usufructo Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, en Sierra Gorda 160, en las Lomas de Chapultepec Ciudad de México, el empresario Juan Armando Hinojosa quien es propietario de Grupo Higa, todo ello de acuerdo a lo ventilado en los medios de comunicación causando la cancelación del proceso de licitación y asignación del proyecto del Tren México – Querétaro ya que este consorcio también había sido beneficiado en este proyecto.

Por lo anterior expuesto y fundado solicito a esta Honorable Asamblea:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua Doctor David Korenfeld Federman, al Gobernador del Estado de Nuevo León Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Ing. Emilio Rangel Woodyard, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan acciones para esclarecer y transparentar el proceso de licitación y asignación de la obra del proyecto hidráulico Monterrey VI

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Encargado del Despacho de la Secretaria de la Función Pública Lic. Juan Alfonso Ugalde Olivas realice una investigación ante un posible conflicto de interés entre una de las empresas a las que se les asigno el proyecto y el titular del poder ejecutivo Lic. Enrique Peña Nieto y se hagan públicos el resultado de la misma.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de noviembre de 2014.

 

Exhorto a SAGARPA; SEMARNAT y a la PROFEPA, atiendan y solucionen la problemática de maltrato animal en San Bernabé, Almoloya de Juárez, Estado de México

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO; A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES ATIENDAN Y SOLUCIONEN LA PROBLEMÁTICA DE MALTRATO ANIMAL PRESENTADA EN EL MERCADO DE SAN BERNABÉ UBICADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; A LA PAR DE ORDENAR SU CLAUSURA INMEDIATA.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las luchas de la Asociaciones Protectoras de Animales de México (APASDEM) está relacionada con el Mercado de San Bernabé ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México, ya que -desde hace sesenta años- en este lugar,

se comercializan entre otros animales, caballos, mulas, burros, en condiciones inconcebibles de crueldad e insalubridad, violando de manera constante e impune las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como leyes de protección animal y de sanidad.”[1]

De esta forma, cada lunes, decenas de animales sufren de brutales actos de maltrato sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto y se haga cumplir con la legislación en la materia.

Los animales que ahí se comercian están en su mayoría visiblemente enfermos, se les exhibe y se les transporta en condiciones de hacinamiento, arrastrándolos sádicamente, sin importar que tengan fracturas expuestas, estén sangrando, tengan llagas o simplemente se hayan mutilado alguna extremidad al momento de descenderlos de los vehículos en que son trasladados.[2]

De tal forma que los 98 grupos protectores de animales que conforman la organización han denunciado durante varios años y en reiteradas ocasiones las violaciones constantes a las leyes y normas que buscan frenar y sancionar el maltrato animal, sin embargo no han obtenido respuesta favorable por parte de las dependencias encargadas, “las autoridades, a pesar de que tienen plenas facultades y las pruebas suficientes para clausurar el sitio, pues conocen las imágenes y denuncias transmitidas a través de múltiples medios, han hecho caso omiso de este reclamo de la ciudadanía.”[3]

Las pruebas de estos hechos han sido documentadas y están disponibles en diversas plataformas de internet, por lo que están a la vista de la ciudadanía y de las autoridades, razón por la cual no existe razón alguna que niegue la gravedad de la situación; por lo que nos sumamos a esta exigencia y presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Estado de México; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en la medida de sus atribuciones atiendan y solucionen la problemática de maltrato animal presentada en el Mercado de San Bernabé ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México; a la par de ordenar su clausura inmediata.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25  días del mes de noviembre de 2014.

[1]APASDEM, “Comisión APASDEM para el Mercado de San Bernabé”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.apasdem.org.mx/comisionessanbernabe.html

[2] Ídem.

[3] Change.org, “¡Alto a la impunidad en el mercado de San Bernabé!”, [en línea], México, Dirección URL: https://www.change.org/p/alto-a-la-impunidad-en-el-mercado-de-san-bernab%C3%A9

Exhorto a los titulares de la SEGOB, la PGR, la SEDENA y la CNDH, así como al jefe del GDF y a la CDHDF a emprender acciones sobre las detenciones durante protesta del pasado 20 de noviembre de 2014

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, la PGR, la Sedena y la CNDH, así como al jefe del GDF y a la CDHDF, a emprender diversas acciones en el ámbito de sus respectivas atribuciones acerca de los hechos de violencia y las detenciones durante la protesta del 20 de noviembre de 2014 y los procesos penales en lo sucesivo, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, integrantes de diversos grupos parlamentarios en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, durante la noche y madrugada del viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 2014, desataron una movilización social sin precedentes en México y en otras naciones, que demandan la presentación con vida de los estudiantes, la aplicación de la ley a los responsables y revertir la situación de inseguridad, impunidad y autoritarismo que priva en el país.

Una amplia variedad de sectores sociales han sacudido a los poderes públicos en nutridas manifestaciones públicas a lo largo y ancho del país exigiendo justicia para Ayotzinapa y que el Estado asuma la responsabilidad por los hechos, lo que concierne a todos los poderes, a todos los órdenes de gobierno y a todos los partidos políticos. El pasado 20 de noviembre de 2014, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, se convocó a un conjunto de marchas pacíficas que convergerían en el Zócalo, la Plaza de la Constitución, el corazón social, político e histórico de la Ciudad de México.

La jornada de manifestaciones comenzó con la movilización al mediodía en las colonias contiguas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde además de la protesta pacífica, algunas personas lanzaron piedras y bombas molotov contra policías federales y locales. Sin embargo, según las versiones de la prensa, las personas, detenidas tras los hechos violentos, se encontraban en otros puntos y no se surtió la hipótesis de flagrancia.

Cabe decir que los medios de comunicación y diversas personas a través de las redes sociales difundieron desde la tarde del jueves imágenes en que vehículos oficiales, presumiblemente de las Fuerzas Armadas, transportaban a personas encapuchadas cuyas características coinciden con personas que fueron fotografiadas mientras arrojaban bombas molotov a la policía en la calzada Ignacio Zaragoza.

Por la tarde, cientos de contingentes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos partieron de la columna de la Independencia, del Monumento a la Revolución y de la Plaza de las Tres Culturas de Tlaltelolco para reunirse en el Zócalo. La cantidad de personas que acudió a la protesta, superior a la expectativa, causó que durante más de tres horas llegara la ciudadanía gradualmente a la explanada, sin que se presentaran hechos de violencia, pues los propios contingentes aislaron a las personas que perturbaban el clima pacífico.

Sin embargo, después de las 20:00 horas algunas personas se apostaron frente al Palacio Nacional para golpear las vallas y lanzar piedras, petardos y bombas molotov. Algunos elementos de seguridad federales se enfrentaron con estos reducidos grupos durante un tiempo, causando el repliegue hacia el centro de la plaza.

Hacia las 21:00 horas, con la llegada de un gran número de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los ataques entre ciudadanos violentos y la policías se expandieron por todo el Zócalo, involucrando a la ciudadanía en general. Muchas personas que gritaban consignas contra la violencia fueron agredidas, otras sufrieron lesiones en la estampida y en la persecución de los agentes.

Según manifestaron múltiples testigos presenciales a los medios de comunicación, los policías federales y locales arremetieron, desordenadamente, contra todas las personas, incluidas personas de la tercera edad, niñas y niños. Gritaban consignas ofensivas e intimidantes dirigidas a inhibir su participación en la protestas. Utilizaban toletes, palos y piedras, golpeaban con el canto de los escudos, lanzaban gases lacrimógenos y rociaban con líquido de extintor a las personas.

Lo anterior de acuerdo con los testimonios publicados en medios de comunicación por parte de los activistas Juan Martín Pérez García y Jesús González Alcántara, de la académica Layda Negrete, del escritor Tryno Maldonado, de la periodista María Idalia Gómez, entre otros, quienes sufrieron directamente las agresiones físicas y verbales. La persecución se extendió por las calles aledañas, en las que según las declaraciones ocurrieron la mayor parte de las detenciones.

Sobre las agresiones de la policía, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, IMDHD, y la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, condenaron los golpes que recibieron Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim y su familia, así como de Jesús González Alcántara, coordinador de comunicación del IMDHD y su familia, y expresaron que presentarían denuncias penales ante la fiscalía de servidores públicos federal y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.

Cabe mencionar que las detenciones hechas por policía capitalina tuvieron por consecuencia la puesta a disposición de las autoridades federales, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la Procuraduría General de la República.

A las personas detenidas se les asignaron defensores de oficio, y a pesar de diversos intentos hechos por familiares, defensores y visitadores de la CNDH para revocarlos, fue imposible que permitieran el trabajo de los abogados externos, y dificultaron incluso la comunicación con los familiares. En el caso de Tania Damián, tampoco se permitió que su padre, quien es abogado, la representara legalmente.

A las 7 de la mañana del sábado 22, las 11 personas detenidas fueron trasladadas a penales federales ubicados en Veracruz y Nayarit, dificultando aún más su defensa. El traslado no se hizo del conocimiento de abogados o familiares, sino hasta las 15:00 horas, momento en el que permitieron el acceso de los defensores a la SEIDO.

Los defensores de derechos humanos notificaron que la PGR reclasificó los delitos que se les imputan: se eliminaron terrorismo y delincuencia organizada, aunque persisten motín y tentativa de homicidio, sumando asociación delictuosa a los cargos.

A continuación, se detallan los nombres de las personas detenidas y algunos elementos sobre su aprehensión y su proceso recabadas en medios de comunicación, en particular por Animal Político1 y por las organizaciones que ofrecieron una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, AC.

Las mujeres que fueron trasladadas al penal federal de Tepic, Nayarit son:

• Tania Ivonne Damián Rojas, 21 años, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, FCPS de la Universidad Autónoma de México, UNAM, cuyo padre aseguró que al tener acceso para entrar a la SEIDO, notó que Tanía había sido agredida. “Me percaté que fue golpeada al momento de su detención. Nos hemos dado cuenta que el gobierno federal busca criminalizar un derecho que tiene cada ciudadano”.

• Hillary Analí González Olguín, 22 años, estudiante de Ciencia Política de la FCPS-UNAM, su madre la pensó desaparecida antes de saber que estaba detenida en la SEIDO: “Ella me alcanzó a llamar, me alcanzó a decir: mamá me están golpeando. La busqué toda la noche, toda la mañana. Mi hija sí está dañada, está lastimada de un ojo, le patearon las costillas, cuando a mí me dijeron que estaba bien”.

• Liliana Garduño Ortega, 30 años, estudiante de preparatoria abierta, quien de acuerdo a un familiar cayó por los empujones de la multitud, posteriormente fue golpeada por granaderos. “Hasta ayer que yo la vi, tiene muchas lesiones en pierna, en cara, en cabeza, estuvo a punto de perder las cuatro piezas dentales de la parte superior”, expresó.

Los hombres trasladados al penal federal de Villa Aldama, Veracruz:

• Atzin Andrade González, 29 años, estudiante de La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue detenido justo en el asta bandera de la plancha del Zócalo, y aseguró que “a lo único que pertenece es a un salón de clases donde estudia, donde pinta, donde ejerce su actividad”.

• Hugo Bautista Hernández, 22 años, estudiante de Sociología de la FCPS-UNAM, quien marchaba con el contingente de su facultad cuando cerca de las 22:00 horas fue agredido por granaderos, junto con su compañera Tania Damián; ambos privados de su libertad más de 25 horas sin permitirles hablar con alguno de sus familiares, obligados a declarar sin la presencia de un abogado.

• Laurence Maxwell Ilabaca, 47 años, estudiante del Posgrado en Letras-UNAM, de nacionalidad chilena, cuya detención ocurrió entre la calle 5 de mayo y Madero, quien se resguardó con su bicicleta ante la huida de un grupo de manifestantes que se alejaban del cuerpo de granaderos. De acuerdo con los testimonios directos, el derecho a la asistencia consular de Maxwell no fue atendido con prontitud, aunque tuvo oportunidad de rendir declaración con el cónsul presente la noche del viernes 21.

• Juan Daniel López Ávila, estudiante de preparatoria e integrante del Frente Popular Francisco Villa Independiente, de 18 años, quien se encontraba con la organización en la marcha del 20 antes de ser detenido por el cuerpo de granaderos.

• Luis Carlos Pichardo Moreno, 55 años. Inició su participación en la marcha desde la glorieta de la Palma con dirección al Zócalo capitalino y llegó frente a Catedral de donde no se movió, según afirman testigos que marchaban con él. Al iniciar los enfrentamientos y la persecución corrieron en desbandada. Sus compañeros conocieron sobre su detención hasta el domingo 23 de noviembre, cuando ya había sido trasladado.

• Roberto César Jasso del Ángel.

• Francisco García Martínez.

• Ramón Domínguez Patlán.

Las causas de los varones fueron radicadas en el juzgado 17 de distito de Xalapa, Veracruz.

Sobre la anterior narración, quienes suscriben plantean las siguientes consideraciones.

De acuerdo a la anterior, los actos de un número considerable de policías violentaron no sólo las disposiciones constitucionales y convencionales que protegen el ejercicio de los derechos humanos relacionados con la manifestación, sino también los principios establecidos en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal:

Artículo 8. Cuando estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana, la Policía podrá utilizar la fuerza, siempre que se rija y observe los siguientes principios:

I. Legal: que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables;

II. Racional: que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:

a. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;

b. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;

c. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;

d. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;

e. Cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

III. Congruente: que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona;

IV. Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y

V. Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler.

Tampoco se respetó la prohibición de la venganza o intimidación en el uso de la fuerza, ni ésta atendió al objetivo de someter a personas que ejercieran resistencia violenta, como contempla la citada ley:

Artículo 10. Los distintos niveles en el uso de la fuerza son:

I. Persuasión o disuasión verbal: a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a la Policía cumplir con sus funciones;

II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que la Policía cumpla con sus funciones;

III. Utilización de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta de una persona; y

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona.

Artículo 11. El policía en el ejercicio del uso de la fuerza deberá aplicar lo siguiente:

I. No debe usar la fuerza con fines de venganza o con propósito de intimidación; y

II. Si por el uso de la fuerza alguna persona sufre lesiones o muerte, inmediatamente se dará aviso a las autoridades competentes.

Es de lamentar que, de acuerdo a los testimonios recabados por la prensa, la policía agredió verbalmente a los manifestantes. Con respecto a los testimonios de las personas detenidas, no se observaron los niveles de uso de la fuerza que contempla la citada Ley:

Artículo 15. La policía cuando en la detención de una persona necesariamente ejercite el uso de la fuerza, deberá atender lo siguiente:

I. Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad física y emocional;

II. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:

a. Persuasión o disuasión verbal;

b. Reducción física de movimientos;

c. Utilización de armas incapacitantes no letales; y

d. Utilización de armas de fuego.

III. No exponer a la persona sometida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.

El domingo 23 de noviembre, en un pronunciamiento suscrito por un centenar de las organizaciones más prestigiadas en la defensa de derechos humanos, se informó sobre la situación de las personas detenidas en las instalaciones de la Procuraduría General de la República:

Ese jueves 20 de noviembre, “fueron detenidos y remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada 11 jóvenes dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/194/2014 ante el Ministerio Público de la federación licenciado Sinué Domínguez Campos, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Se les impusieron abogados de oficio impidiendo tener la opción de ser representados legalmente por quienes ellos decidieran. El sábado 22 de noviembre se acusó a: Ramón Domínguez Patlán, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Avila, Laurence Maxwell Ilabarca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduño Ortega, Hugo Bautista Hernández, Tania Ivón Damián Rojas y Roberto César Jasso del Ángel de los delitos de terrorismo, motín, tentativa de homicidio y delincuencia organizada, actualmente se reclasificaron los delitos y quedaron de la siguiente forma: Asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín”.

No omitimos mencionar que nos parece de suma preocupación que sean las organizaciones de la sociedad civil, y no las autoridades federales, quienes informen públicamente sobre la situación jurídica de las personas detenidas, y quienes promuevan la transparencia acerca de las acciones emprendidas contra estas personas que han sido víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos.

Si bien el delito de terrorismo se reclasificó, es alarmante que la PGR impute este tipo penal con tanta facilidad a personas que no ha investigado previamente y para las cuales es imposible acreditar conductas de tal gravedad.

Esta honorable Cámara de Diputados, en el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció lo siguiente:

El terrorismo es un acto premeditado, no espontáneo, montado en estrategias planeadas que requieren de la participación de diversos actores que se apoyan tanto de mentes brillantes como de medios inimaginables que puedan causar el mayor daño posible, y se procuran de recursos muchas que les permitan causar el mayor daño.

La libertad de expresión y sus diversas manifestaciones no deben relacionarse con el terrorismo bajo ninguna de sus vertientes, pues esta forma de expresión constituye un ejercicio de los derechos humanos previstos en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.2

Por sí mismo, consideramos que la acumulación de estos tipos penales federales atenta contra la presunción de inocencia y contra el derecho a la honra y a la buena reputación de las personas, y consideramos que el Procurador General debe desistirse de tales cargos, pues carece de todo argumento y de pruebas fehacientes.

No son los manifestantes ni los defensores ni la ciudadanía crítica quienes atentan contra la gobernabilidad del país. Son las autoridades negligentes, omisas y arbitrarias quienes ponen en riesgo el pacto social, en cuya cima se encuentra el régimen de los derechos humanos. Como hemos insistido desde los espacios legislativos, la reciente campaña por la criminalización de la protesta social a nivel nacional debe detenerse para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de expresión, manifestación, petición, reunión y asociación.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La honorable Cámara de Diputados:

  1.  Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a girar instrucciones para investigar y sancionar, en el ámbito de sus atribuciones, los presuntos actos ilegales contra la ciudadanía por parte de los elementos de la Policía Federal durante la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014; a coadyuvar en la investigación sobre dichos actos con las autoridades de procuración de justicia, así como a hacer pública la información sobre la cadena de mando, el operativo y los protocolos de actuación adoptados en dichos sucesos.
  2.  Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a fin de que investigue los delitos del ámbito penal federal en que hayan incurrido servidores públicos federales contra la ciudadanía durante la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014.
  3.  Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que se desista de los cargos penales contra las personas detenidas el 20 de noviembre de 2014 sobre las que no cuenta con indicios contundentes de que hayan incurrido en conductas delictivas; asimismo, para que garantice a las personas detenidas en los hechos, a sus familiares, a sus defensores y al personal de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, las facilidades para el ejercicio de los derechos humanos y para asegurar que se cuente con las máximas garantías procesales.
  4.  Se exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación y al secretario de la Defensa Nacional a que hagan pública la información que deslinde las responsabilidades sobre el presunto transporte en vehículos oficiales de personas que cometieron actos violentos el 20 de noviembre de 2014, de acuerdo a las versiones difundidas por diversos medios de comunicación.
  5.  Exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a girar instrucciones a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se investiguen y sancionen los presuntos actos ilegales contra la ciudadanía por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal durante la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014 y los procesos sucesivos; así como hacer pública la información sobre: la cadena de mando, el operativo, los protocolos de actuación adoptados y los informes sobre el uso de la fuerza en cumplimiento de lo dispuesto en el Título Cuarto de la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal en dichos sucesos, y los elementos probatorios, averiguaciones y/o requerimientos de la autoridad ministerial federal que motivaron la presentación de las personas detenidas ante la jurisdicción federal.
  6.  Exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a investigar, en el ámbito de sus atribuciones, los presuntos actos de uso ilegal de la fuerza pública, detención arbitraria, contra el derecho a una defensa adecuada, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como cualquier otro acto violatorio de los derechos humanos por parte de autoridades federales y del Distrito Federal en la jornada de manifestaciones del 20 de noviembre de 2014 y en los procesos subsecuentes.

 

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