Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: febrero 2015

Desaparición forzada: Hacia una ley general

Las primeras desapariciones forzadas en nuestro país se relacionan con los movimientos campesinos y obreros que siguieron al movimiento estudiantil de 1968. A partir de esa época comenzó la llamada “Guerra Sucia”, periodo en el que, según las cifras oficiales, desaparecieron alrededor de 275 personas, aunque organizaciones no gubernamentales (ONG) hablan de cifras que oscilan entre mil 500 y 3 mil personas desaparecidas[i].

Desafortunadamente, las desapariciones forzadas no han cesado en los últimos años. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), existió una importante cantidad de desapariciones forzadas, pero fue hasta el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que la cifra escaló de manera alarmante.

Para comprender la dimensión actual del problema, haré referencia a las cifras arrojadas por un estudio reciente de José Merino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro[ii], en el que después de depurar las cifras –eliminando a las personas que fueron encontradas vivas o muertas- se llegó a la terrible cantidad de 23 mil 270 mexicanas o mexicanos desaparecidos.

De esa cantidad, 12 mil 930 corresponden a la administración de Calderón, mientras que 9 mil 384 han desaparecido en la administración de Enrique Peña Nieto (en un periodo de tan sólo dos años). Aunado a esto, no es erróneo decir que actualmente México no cuenta con una cifra confiable de desapariciones forzadas.

Como es evidente, aunque el fenómeno de la desaparición forzada surgió en los años 60 y 70 en el seno de regímenes autoritarios, hoy en día esta problemática sigue vigente, a pesar de que vivimos bajo un gobierno presuntamente democrático.

En el ámbito internacional existen diversas definiciones de desaparición forzada, que a lo largo de los años han ido evolucionando hasta normar un criterio uniforme, consagrado de manera particular en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[iii], que define este delito como:

“[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley[iv]”.

A pesar de ello, los avances internacionales no se han visto reflejados en las leyes de nuestro país que siguen manteniendo una grave ambigüedad a nivel federal y local. Tanto en el Código Penal Federal, así como en los 19 códigos penales estatales que han tipificado este delito, las definiciones son confusas y se asemejan al secuestro o a la privación ilegal de la libertad, vulnerando así el principio de legalidad.

La incorporación del marco internacional a las leyes nacionales nos obliga a un profundo análisis de las deficiencias que tiene nuestro aparato de justicia, así como los altos índices de impunidad que imperan en el mismo.

De acuerdo al informe que presentó el propio Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 2006 a 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) y diversas Procuradurías estatales iniciaron 291 averiguaciones previas por desaparición forzada, de esa cifra sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria.

Ante estos hechos, la creación de una Ley General de Desapariciones Forzadas se vuelve necesaria y urgente para lograr una tipificación adecuada de este delito mediante una definición única del mismo en la legislación federal y en consecuencia, en las legislaciones locales.

Pero ¿cuáles son los elementos mínimos que deben ser incluidos en una ley de estas dimensiones?

  1. La tipificación de la desaparición forzada de personas como delito autónomo, ajustándola a la definición del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, distinguiéndola perfectamente del secuestro, la privación ilegal de la libertad u ocultamiento de persona; ya que en todas estas figuras concurren diversos elementos propios para cada una; fijando las penas correspondientes teniendo en consideración la gravedad del delito.
  2. Establecer con claridad quiénes serán las autoridades encargadas de combatir y erradicar la desaparición forzada de personas.
  3. Los aspectos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas y no sólo esto, sino la regulación respecto a la búsqueda y la situación legal de las personas desaparecidas.
  4. Establecer los procedimientos, medidas y plazos necesarios para la creación de un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que contenga:
  5. Todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información sobre el sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida, así como la fecha y lugar de su desaparición.
  6. La información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin participación alguna por parte de agentes estatales.
  7. Datos estadísticos de todos los casos, aún de los que sean esclarecidos.
  8. Generarlo con base en criterios claros y homogéneos, actualizándolo de manera constante.
  9. Establecer la obligación de proceder, sin demora alguna, a la investigación exhaustiva e imparcial de cualquier caso en el que se tengan motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada incluso cuando no exista una denuncia de por medio.
  10. La obligación de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada de todas las personas que hayan sido víctimas directas o indirectas de una desaparición forzada.

El lamentable caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 ha puesto en evidencia las graves omisiones del Estado en materia de desaparición forzada de personas, mismas que hasta el día de hoy no han sido solventadas y por tanto la garantía de no repetición es inexistente.

La tarea es titánica, sería una de las leyes más importantes y complejas en la historia del Congreso de la Unión, pero el panorama de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que impera en México nos obliga a enfrentar esta tarea con toda responsabilidad, ante el creciente riesgo de que este delito no sólo no se detenga, sino evitar que siga en aumento.

 Fuente

http://lasillarota.com

@RicardoMeb

Iniciativa Asentamientos Humanos

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2 y 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de los objetivos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se obtiene información referente al nivel de victimización y delincuencia, denuncia del delito, características de las víctimas de delito, los delitos y los daños causados, percepción sobre la inseguridad, desempeño institucional y la caracterización de los delitos en los hogares, entre otros.

A través de la ENVIPE se estima que durante 2013 hubo 22.5 millones[1] de víctimas[2] de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,224 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente diferente a la estimada para 2012.

El incremento en la prevalencia delictiva se debe, en mayor medida, al aumento de los delitos más frecuentes, tales como el robo o asalto en la calle o en el transporte público y la extorsión.

Incidencia Delictiva — Tipos de delito

La ENVIPE estima que durante 2013 se generaron 33.1 millones de delitos1 asociados a 22.5 millones de víctimas.

Esto representa una tasa de 1.5 delitos por víctima (en 2012 la tasa fue de 1.3 delitos por víctima).

Es evidente que las mujeres son las más afectadas en el contexto de violencia; somos un país en donde la mayor parte de las víctimas son mujeres y en su mayoría jóvenes, lo que repercute en su integridad y pleno desarrollo, en este sentido la violencia en sus formas de acoso sexual en el espacio público, representa un grave problema que aqueja de manera alarmante a las mexicanas; “esta realidad reduce la libertad de movimiento de mujeres y niñas. Reduce su posibilidad de acudir a la escuela o al trabajo y a participar plenamente en la vida pública. Limita su acceso a servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. También impacta negativamente en su salud y en su bienestar.”[3]

En dicho sentido y “pese a que actualmente la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación de derechos humanos, la violencia contra mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en espacios públicos, sigue siendo un tema en gran medida desatendido, con pocas leyes o políticas para acometerla y prevenirla”.[4]

Es por ello que, como parte del proceso de diseño de espacios públicos y de cualquier tipo de construcción, debe considerarse la aplicación de la perspectiva de género con la finalidad de garantizar a las mujeres y a las niñas el acceso a una vida libre de violencia “que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”, tal y como lo establece el artículo primero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para muestra, están los lineamientos que contempla la iniciativa emprendida a nivel mundial por ONU Mujeres denominada “Ciudades seguras”, en la que se destacan dos programas, el primero de ellos “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, lanzado en 2010 en las capitales de Ecuador, Egipto, India, Papua Nueva Guinea y Rwanda. “Se trata del primer programa global con una perspectiva comparativa que elabora, implementa y evalúa enfoques integrales para prevenir y responder ante el acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en zonas públicas”.[5]

Posteriormente, en 2011, ONU Mujeres, el UNICEF y ONU-Hábitat realizaron la presentación del programa “Ciudades seguras y sostenibles para todos”, el cual se implementaría en las capitales de Brasil, Costa Rica, Honduras, Kenya, Líbano, Marruecos, Filipinas y Tayikistán. Como resultado,

La iniciativa mundial Ciudades Seguras ha generado múltiples resultados a través de las alianzas establecidas con alcaldías, gobiernos nacionales y grupos de mujeres. La municipalidad de Quito ha modificado una ordenanza local para reforzar la lucha contra el acoso sexual en los espacios públicos. Post Moresby ha constituido asociaciones de vendedores, en los que las mujeres ocupan la mitad de los puestos directivos, en el marco de su programa de mercados seguros. El Ministerio de Vivienda, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de Egipto ha aprobado auditorías sobre el nivel de seguridad de las mujeres para orientar la planificación urbana.[6]

Es de suma importancia que en la planificación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, la perspectiva de género sea incluida para con ello detectar los factores de riesgo en el que se sitúan mujeres  y niñas dentro del espacio público, así como de las conductas de riesgo de las cuales pueden ser víctima; con ello dotaremos de la infraestructura es decir contar con viviendas, calles, plazas, lugares no discriminatorios, en los que las mujeres se sientan seguras, visibles, cómodas, protagonistas y partícipes de la vida diaria y del progreso de sus ciudades, esto no requiere de grandes inversiones, sino de conciencia y determinación para llevar a la práctica políticas de desarrollo regional que den cabida a estrategias tan sencillas, como diseñar aceras anchas, iluminar bien las calles, diseñar espacios diáfanos, seguros y accesibles, concebir los itinerarios y los horarios de los transportes públicos –mayoritariamente usados por mujeres- en función de sus necesidades. Se trata de crear núcleos vivos y concentrados con comercios, oficinas, centros de salud, bibliotecas, escuelas, parques, etc. Ciudades, en definitiva, más humanas, que respondan a las necesidades cotidianas de la pluralidad de sus habitantes y que favorezcan la conciliación familiar y laboral.

Con ello lograremos ciudades abiertas, inclusivas y sobre todo seguras, que permitan el desarrollo vital y social en igualdad de condiciones.

Calle cerrada, violencia asegurada.

FUNDAMENTO LEGAL

Iniciativa que se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción al artículo 2 y 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos

Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I-XV

XVI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

XVII-XXII…

ARTICULO 3°.- El ordenamiento …

I-XIX…

XX.- La implementación de la perspectiva de género a fin de lograr ciudades más seguras e incluyentes.

Transitorio

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de Febrero de 2015.

[1] Es decir, 10,741,139 hogares víctimas de un total de 31,683,869 hogares estimados.

[2] La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato y otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).

[3] ONU Mujeres, “Creando espacios públicos más seguros”, [en línea], Dirección URL:  http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces

[4] ONU Mujeres, “Iniciativa Mundial Ciudades Seguras”, [en línea], Dirección URL:  http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es-unw-safecities-brief-2014_us-web.pdf

[5] Ídem.

[6] Ídem.

Presentan las memorias de la Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Palacio Legislativo de San Lázaro

27 de febrero de 2015

Boletín de Prensa

 

Presentan las memorias de la Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 

“Ante la inexistencia de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la pasada administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos dimos a la tarea de convocar en los pasados meses de agosto y septiembre a más de 25 especialistas, legisladores y representantes de la sociedad civil a realizar una evaluación de la actuación del entonces Ombudsman nacional, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva; por lo que hoy estamos presentando las conclusiones para que sean de conocimiento público”, comentó el Diputado Federal Ricardo Mejía, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En dicho tenor, se contó con la participación de Joaquín Narro Lobo, como representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José Buendía de la Fundación Prensa y Democracia; Miguel Moguel de Fundar México y Samuel Kenny de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; quienes, en sus intervenciones, coincidieron en la importancia de este tipo de ejercicio que abonan a la construcción de la vida democrática en el país.

Asimismo, Narro Lobo señaló la importancia de dar voz a la sociedad civil y a las víctimas de la crisis que el país vive en materia de los derechos humanos, por lo que refrendó el firme compromiso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene para encontrar los mecanismos que brinden posibles soluciones.

Por último, los participantes del evento reconocieron que el actual titular de la comisión ha comenzado a dar señales de apertura, lo cual consideran un buen síntoma de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos retornará a cumplir su función de dar protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en nuestro país.

Va Walton en alianza con los ciudadanos

BOLETÍN DE PRENSA

Acapulco, Guerrero a 25 de febrero de 2015

Va Walton en alianza con los ciudadanos

  • Confirman encuestas que es el candidato mejor posicionado‎ de las izquierdas
  • Incumple el PRD con la presentación de sondeos para la candidatura común

Movimiento Ciudadano va por la gubernatura de Guerrero en una gran alianza social y ciudadana ‎con Luis Walton Aburto como su candidato, en virtud de que las encuestas lo confirmaron como el más conocido y el mejor posicionado de las izquierdas, mientras que el PRD incumplió con el compromiso de presentar sus sondeos para acordar una candidatura común.

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en el estado, Ricardo Mejía Berdeja, informó que “el martes 24 de febrero acudimos a la reunión acordada con la representación nacional del PRD para definir si postularíamos un candidato común. Como se acordó, cada partido acudiría con dos encuestas de posicionamiento de los candidatos de ambos partidos y con esos instrumentos demóscopicos y las valoraciones políticas correspondientes se definiría si postularíamos un candidato común al gobierno de Guerrero”.

Indicó que Movimiento Ciudadano, “tal como fue el compromiso, se presentó con las dos encuestas que cada partido político presentaría, una levantada por la Unidad Académica de  Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero y la otra por Consulta Mitofsky, sin embargo el PRD no las tuvo disponibles como fue el compromiso establecido previamente”.

Explicó que las nuevas encuestas confirmaron a Luis Walton como el candidato más conocido y mejor posicionado, como ya lo habían mostrado los últimos estudios que se han realizado en las últimas semanas.

Por lo cual, y dado el inminente cierre del plazo legal para registrar candidato común,  Movimiento Ciudadano determinó avanzar con su propia candidatura del licenciado Luis Walton.

Finalmente Mejía Berdeja reiteró que Movimiento Ciudadano cuenta con un candidato competitivo y que es el mejor posicionado en las encuestas realizadas para ser el próximo gobernador de Guerrero.

Se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a que investigue y garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso de presunto asalto y abuso sexual que padecieron, las y los pasajeros del autobus, mientras circulaba por el municipio de Tierra Blanca

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ A QUE INVESTIGUE DE MANERA EXPEDITA Y GARANTICE EL DERECHO A UNA DEBIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL CASO DE PRESUNTO ASALTO Y ABUSO SEXUAL QUE PADECIERON LAS Y LOS PASAJEROS DEL AUTOBÚS NÚMERO 0147, PLACAS 236.IIS-2, MIENTRAS CIRCULABA POR EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta H. Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las primeras horas del pasado jueves 19 de febrero, “sujetos desconocidos asaltaron un autobús de la línea Autobuses de Oriente (ADO), con 25 pasajeros y violaron a varias pasajeras tras desviar la unidad a un paraje solitario, a la altura de “El Fraile”, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.”[1]

 

Según los primeros reportes, el autobús identificado con el número 0147, placas 236.IIS-2 fue interceptado en la carretera federal 145 entre las localidades de El Amate y Mata Alta.

Dos sujetos con pistola amagaron al conductor y lo obligaron a conducir el autobús hacia “El Fraile” donde ingresaron a un paraje abandonado y atacaron sexualmente a las pasajeras, además de despojar de sus pertenencias a los viajeros.

 

De acuerdo con testigos, algunos pasajeros alcanzaron a llamar por teléfono a la policía, sin embargo, no tuvieron respuesta. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para violar a las pasajeras y quitarles el dinero que traían.[2]

Sin embargo, cabe destacar que estos presuntos hechos se suman a lo ocurrido el pasado 27 de diciembre, cuando dos hombres armados asaltaron un autobús ADO que se dirigía de Puebla a Cancún, mientras pasaba por Coatzacoalcos, Veracruz; y, en donde una menor de 27 años fue abusada sexualmente.

A la par de lo sucedido el pasado mes de octubre, cuando  “un autobús de la línea Autobuses Unidos que pertenece al grupo ADO, fue asaltado en el tramo de Acayucan-Jaltipan, también en Veracruz, y una joven fue abusada sexualmente por los delincuentes.”[3]

Si bien, respecto a los hechos más recientes “la Fiscalía General del Estado de Veracruz rechazó que durante el atraco tres mujeres hayan sido violadas, como se difundió, de manera irresponsable, en las redes sociales”;[4] es urgente que se esclarezca lo sucedido y se finquen las responsabilidades pertinentes.

En este contexto, vale la pena destacar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “32% de las mujeres ha padecido violencia sexual por parte de agresores distintos a la pareja, la cual incluye actos de intimidación, acoso y abuso sexual,”[5] situación lamentable que debe ser erradicada con acciones y políticas puntuales emprendidas en los tres niveles de gobierno y con la suma de todas las instituciones posibles, con la finalidad de garantizar que las mujeres cuenten con espacios libres de violencias. Por esto y por lo antes expuesto, presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a que investigue de manera expedita y garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso de presunto asalto y abuso sexual que padecieron las y los pasajeros del autobús número 0147, placas 236.IIS-2, mientras circulaba por el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro  a los 24  días del mes de febrero de 2015.

 

 

[1] Sin Embargo, “Criminales secuestran un ADO en Veracruz y violan a las mujeres; no es la primera vez”,  [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/20-02-2015/1257685

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] El Universal, “Asaltan autobús en Veracruz; niegan agresión a mujeres”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/asaltan-autobus-en-veracruz-niegan-agresion-a-mujeres-1079053.html

[5] INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/violencia0.pdf

Inadmisible que el Instituto Nacional Electoral actúe como comparsa del PRI y su satélite, el partido verde: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

22 de febrero de 2015

Boletín de Prensa

 

“Inadmisible que el Instituto Nacional Electoral actúe como comparsa del PRI y su satélite, el partido verde”: Ricardo Mejía Berdeja

 

• El INE debe sujetarse a las demandas ciudadanas y no a los grupos de poder.
• Está en riesgo la credibilidad y objetividad con la que el INE debe actuar como árbitro electoral.

“El Instituto Nacional Electoral no puede actuar como comparsa del partido en el poder, el bloque afín al PRI que se ha conformado por parte de algunos de los consejeros del instituto pone en riesgo la credibilidad y objetividad con la que debe actuar para garantizar su función como árbitro electoral” señaló el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.

Tales declaraciones se dieron después de que el pasado miércoles, siete de los diez representantes de los partidos políticos, abandonaron la sesión del Consejo General del INE como protesta ante la decisión de sacar del orden del día dos puntos de acuerdo. “Seis de los once consejeros bloquearon la discusión del acuerdo de imparcialidad respecto al uso de recursos públicos y de los programas sociales, lo cual representa una gran amenaza para el buen desarrollo del presente proceso electoral. Vemos como se reparten televisores para hacer clientelismo electoral por parte del gobierno federal y como el Partido Verde lucra con los vales de la medicina, y el órgano electoral cruzado de brazos”, indicó Mejía Berdeja.

En dicho tenor, el también Consejero del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral, puntualizó “el INE debe ser una institución que brinde las garantías para la realización y pleno desarrollo de los procesos democráticos en nuestro país, por ende, debe sujetarse a las demandas de la ciudadanía y no buscar responder a los intereses particulares o de ciertos grupos en el poder”.

Por último, el legislador de Movimiento Ciudadano evidenció la poca efectividad que tienen las sanciones que emite tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; como muestra de ello citó el caso del Partido Verde Ecologista de México quien no solamente pocas veces es sancionado, sino que no acata las contadas y tibias sanciones en su contra respecto al uso ilegal de promoción y propaganda, se burla de la ley y actúa con total impunidad.

SAGARPA: emprenda las acciones necesarias para prevenir, controlar e informar a la población mexicana sobre los efectos nocivos de consumir productos transgénicos

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-056-FITO-1996 EN LO CONCERNIENTE A LOS PRODUCTOS TRANSGÉNICOS Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE, A TRAVÉS  DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, EMPRENDA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN MEXICANA SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DE CONSUMIR PRODUCTOS TRANSGÉNICOS.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Organización Internacional Greenpeace,“un transgénico (Organismo Modificado Genéticamente, OMG) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes”. Asimismo,

Los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia (“malas hierbas”) y efectos no deseados en otros organismos.[1]

Todo ello conlleva a los efectos de usar transgénicos se reflejen tanto en la salud, como en el medio ambiente y en lo socio económico – agrario. Por ejemplo, en el rubro de la salud:

Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente. Informes científicos independientes muestran evidencias de riesgos a la salud: nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados.[2]

Por otro lado, en términos ambientales, “las variedades transgénicas contaminan genéticamente a otras variedades de la misma especie o a especies silvestres emparentadas, ya que una vez liberados al medio ambiente los transgénicos no se pueden controlar. La contaminación genética es irreversible e impredecible.”[3] Aunado a ello,

Las grandes multinacionales productoras de transgénicos han estado haciendo presión en muchos países para obtener acceso a sus mercados. Sus ambiciones globales han encendido uno de los movimientos de base más grandes del mundo, de ciudadanos, productores y científicos que se oponen a estos intentos. En México, en particular, esas empresas enfrentan una resistencia muy fuerte por parte de grandes sectores de la población.[4]

Es en este contexto, que “grupos civiles denunciaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de autorizar el consumo del maíz transgénico sin realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones”[5], a la par de haber autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano.

Cabe destacar que según la Alianza por la Salud Alimentaria, la mayoría de estos transgénicos contienen glifosato, químico herbicida que afecta de manera importante a la salud. “La Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud está autorizando el consumo sin ninguna investigación, sino que toman las de Estados Unidos”, detalló Adelita San Vicente de Semillas de Vida.[6]

 

Ante este panorama, Elena Álvarez-Buyla, de la Alianza por  la Salud Alimentaria, previó la futura presencia de la hormona vegetal 2,4D “agente naranja”, potente cancerígeno y destructor neuronal, prohibido a nivel internacional, ya que al no frenarse el cultivo de maíz transgénico, la tolerancia del glisofato no se detendrá y pronto se comenzaría a utilizar el 2-4D.[7]

A la par de que,

Las evidencias científicas de los últimos años, que muestran una fuerte asociación entre el consumo de alimentos transgénicos y la exposición a glifosato con el aumento de la prevalencia de enfermedades tales como inflamación en el intestino, incidencia de ciertos tipos de cánceres, alteraciones renales y enfermedades neurodegenerativas.[8]

Es por ello que resulta necesario que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, haga del conocimiento de las y los mexicanos que consumir este tipo de alimentos pone en riesgo su salud y, de esta manera, evitar posibles daños en la población mexicana; en dicho tenor presento a esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

 

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que vigile el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996 en lo concerniente a los productos transgénicos.

 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emprenda las acciones necesarias para prevenir, controlar e informar a la población mexicana sobre los efectos nocivos de consumir productos transgénicos.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de febrero de 2015

 

 

[1] Greepeace, “Impacto de los Transgénicos”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/

[2] Greenpeace, “Efectos para la salud”, [en línea], España, Direcciòn URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/Efectos-de-los-transgenicos-para-la-salud1/

[3] Greenpeace, “Efectos para el medio ambiente”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/Efectos-de-los-transgenicos-para-el-medio-ambiente/

[4] Grrrowd, “Protege al maíz mexicano, ¡Dí no a los transgénicos!”, {en línea}, España, Dirección URL:https://www.grrrowd.org/es/projects/apoya-mexicanos-contra-transgenicos/  https://www.grrrowd.org/es/projects/apoya-mexicanos-contra-transgenicos/

[5] Sin Embargo, “La Cofepris ya autorizó 135 líneas de transgénicos en México, alertan ONG’s de salud”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253549

[6] Ídem.

[7] Ídem.

[8] La Jornada, “Encima de todo, una puñalada transgénica”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/28/opinion/028a2pol

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3 Bis a la Ley del IMJUVE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

 

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente:

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En 2010 de acuerdo con la División de Población de Naciones Unidas, a nivel mundial el sector etario con mayor número de personas era el de jóvenes, que contaba con un bono demográfico de mil doscientos millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad.

 

A nivel nacional datos del Consejo Nacional de Población[1], para inicios de 2014 había 31 millones 297 mil 610 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, representando el 26.3% de la población mexicana.

 

Ante tal panorama, México es considerado un país de jóvenes, empero este sector poblacional a pesar de contar con una apoteósica cifra, deslumbra por su ausencia al no ver integradas sus necesidades, carencias y demandas en una certera política nacional de juventud y en un Instituto Mexicano de la Juventud que no ha podido identificar, transmitir y ser defensor de las inquietudes del sector al cual supuestamente representa.

 

Aunado a la apatía e indiferencia por parte del gobierno actual para establecer un canal de comunicación donde el dialogo, concertación de acuerdos y la cooperación respecto al desasosiego y malestar con el que viven cada día los jóvenes en nuestro país, que subyace y sobrevive en un contexto impregnado de violencia, injusticia, impunidad, muerte, discriminación, corrupción entre muchas más, que hace evidente una fractura en el tejido social que abona más a la desesperanza y frustración, que al desarrollo pleno e integral de los mismos.

 

 

Debemos ser consientes que hablar de juventudes implica el reconocimiento de diferencias, desigualdades y exclusión social en la que viven las y los jóvenes, en este sentido resulta importante considerar las cifras que dio a conocer en días pasados el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la situación de la población mexicana en 2012, en ellas se da cuenta que los niños y las personas jóvenes son las más pobres, ya que hay 21.2 millones menores de 18 años en condición de pobreza, es decir el 53.8 por ciento de dicha población.

 

En el mismo informe, la CONEVAL alertó que en 2010 el 68 por ciento de la población juvenil no contaba con acceso a seguridad social, mientras que el 44.7 por ciento no contaba con acceso a los servicios de salud y 18.1 por ciento tenía rezago educativo.

 

Aunado a ello, las personas jóvenes que viven en áreas rurales y urbanas presentan distintas carencias y falta de oportunidades para beneficiarse de políticas públicas y programas sociales, tal y como lo ha señalado Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del CONEVAL “los jóvenes urbanos son el sector de la población más vulnerable, cada vez se reducen las posibilidades de que accedan a un empleo o cursen estudios de nivel superior, son los menos favorecidos por los programas sociales de corte social”.

 

Asimismo, el porcentaje de jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen empleo, resulta alarmante, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de los 34 países que conforman la organización; sólo tras Turquía e Israel.

 

En el informe  Panorama de la educación 2013, realizado por la OCDE, revela que en México el 24.7 por ciento de población de 15 a 29 años, conforman este sector y del número de mujeres jóvenes en este rango de edad el 37.8 por ciento se encuentra en tal situación, mientras que del número de hombres jóvenes sólo es el 11 por ciento.

 

Si bien, a nivel nacional las instituciones encargadas no cuentan con cifras exactas sobre el número de jóvenes en estas condiciones, lo que ya en sí mismo es una grave deficiencia estadística, la falta de oportunidades tanto en educación como en el mercado laboral que hasta ahora impera en nuestro país, está siendo aprovechada por el crimen organizado, la población juvenil al no tener la posibilidad  de continuar con sus estudios o conseguir un empleo que le permita contar con una vida digna, es susceptible de ser cooptada por las redes de delincuencia, las cuales –y de manera más recurrente- optan por incorporar a sus filas a jóvenes menores de edad y de esta manera que no se les apliquen sanciones considerables.

 

Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema coinciden en que el crimen organizado está ofreciendo las oportunidades que el Estado ha sido incapaz de brindar a las personas jóvenes.

 

 

Asimismo, comentan que se ha presentado una ‘feminización’ del crimen organizado, como lo indica Carlos Cruz, director de la asociación Cauce Ciudadano “justamente por la criminalización de los varones, saben que a las mujeres no las revisan, que pasan libremente, y por eso empezaron a cumplir otras funciones dentro del crimen para distribuir drogas y armas ilegales”.

 

Además, la fallida y mal llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida desde el sexenio pasado y que actualmente no cuenta con una estrategia para hacerle frente, ha cobrado la vida de miles de jóvenes en el país, en especial de hombres, por ejemplo en el artículo “Marcado para morir” de la revista Nexos se revela que de los más de las 100 mil personas asesinadas entre 2005 y 2011, el 90 por ciento fueron hombres, de los cuales el 22 por ciento tenían entre 18 y 25 años, es decir 19 mil 801 jóvenes, sumados a los tres mil 804 entre 12 y 17 años; mientras que en el caso de las jóvenes 2 mil 152, entre 18 y 25 años fueron asesinadas y 925 que tenía entre 12 y 17 años de edad.

 

 

En el mismo artículo se detalla que “exclusivamente el caso de los hombres, encontramos que 12% de los hombres jóvenes asesinados —los que tienen entre 18 y 25 años— no tenían ni primaria completa y 32% no llegó a secundaria. En cambio, los hombres que completaron la universidad no representan ni el 4% de los hombres asesinados de 18 a 25 años, el 7% de los hombres de 26 a 40 años y el 11% de los mayores de 40 años. El patrón es muy claro: conforme aumenta la escolaridad observamos una disminución en homicidios de hombres”

 

Así la violencia en la que está envuelto el sector juvenil es un bombardeo que permea directamente la formación, visión y proyecto vida de éstos. Los productos mercantiles como la programación ofrecida en los medios abiertos de comunicación, la industria musical dirigida a un ambiente de violencia y de menosprecio que no recae solamente en una cuestión de género, sino de relaciones humanas, en formas de vivir el amor y de concebir la sexualidad, va dejando sin herramientas al joven que va formando su actuar y su percepción sobre la vida misma.

 

 

A la par no podemos dejar de mencionar, que el sector de la juventud que ha decidido expresar su descontento ante las nulas oportunidades académicas, laborales, culturales, de vivienda, de salud pero sobre todo sociales, viendo cómo se desquebrajan las garantías básicas para poder llevar a cabo la libre expresión, la autodeterminación, la libre asociación y la autogestión, que son características de la juventud,  ha sido objeto de desaparición forzada, de persecución, hostigamientos y de encarcelamientos que no cuentan ni con las mínimas bases procesuales dentro de un contexto judicial amañado y que viola flagrantemente todas sus garantías individuales.

 

Lo anterior muestra la cruda realidad a la que se enfrentan nuestros jóvenes; no obstante queda mucha tinta por correr. Qué decir de los recientes hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa, Guerrero y en el que se ha acusado al Estado Mexicano de juvenicidio[2], por el brutal crimen de Estado y lesa humanidad perpetrado contra 43 jóvenes normalistas. En este sentido el juvenicidio es más que un homicidio de un joven; es cuando tratan de arrebatarnos nuestra fuerza vital, nuestra humanidad y nuestra potencialidad para transformar la realidad, es decir, nuestra juventud.[3]

 

Un país en donde la mayor parte de las mujeres asesinadas y víctimas de la violencia de género son jóvenes; al igual que los desplazados por el crimen organizado.

 

A pesar  de los intentos por parte de organismos internacionales como de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que en diciembre de 2009 aprobó la resolución 64/134 en la que proclamó el año 2010-2011 como el Año Internacional de la Juventud, en un esfuerzo por atraer la atención de los Gobiernos y de la población mundial para crear consciencia sobre el papel trascendental de los jóvenes en el contexto actual, el Estado Mexicano no ha atendido este llamado, al continuar tergiversando la realidad, al seguir con prácticas de impunidad y de la violación sistémica a los derechos humanos de los jóvenes.

 

 

 

No obstante, el Gobierno Federal el pasado 12 de febrero del año en curso en un magno evento, lanzó el programa “Crédito Joven”, que pretende apoyar a jóvenes emprendedores a través de créditos para iniciar o consolidar pequeñas empresas; así el tema de las juventudes es justamente un reflejo muy concreto de cómo nuestro país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de derechos humanos de los jóvenes y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, medidas electoreras y asistenciales, que deriva en la ausencia del Estado democrático de derecho en contra de sus jóvenes.

 

Una muestra más es que actualmente el Estado Mexicano no ha ratificado La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2008, con la cual cada país debe generar los mecanismos necesarios e implementar medidas presupuestales, legislativas, administrativas, judiciales, entre otras para garantizar la plena realización de los derechos.

 

Podemos decir que en el último período ha habido un incremento en el discurso gubernamental que ha centrando su atención en este sector, publicitando diversas políticas públicas dirigidas a atender las necesidades obvias o básicas para que puedan llevar a cabo una vida digna y competente. Lamentablemente esto solo se queda en el discurso, porque por la vía de los hechos podemos enumerar un sinfín de escenarios bajo los cuales queda comprobado que la juventud es uno de los sectores más abandonados e incluso atacados por el estado.

 

Por lo antes expuesto es menester dejar de criminalizar a las juventudes por el sólo hecho de ser jóvenes, y por el otro es indispensable revertir el estado de abandono por parte del Estado mexicano con las personas. La población joven que demanda espacios y oportunida­des de desarrollo que requiere el uso de recursos materiales, representa un activo, que debe ser aprovechado por su ca­pacidad para producir cambios y generar mayor riqueza, por lo que la inversión en la juventud es una acción a todas luces justificable.

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL

Iniciativa que se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción al artículo 3 Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo 3 BIS. El Instituto …

I-VII…

 

 

VIII. La promoción de la cultura de la no violencia y criminalización, así como la adopción de medidas específicas  de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

TRANSITORIO

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de Febrero de 2015.

 

[1] Consejo Nacional de Población. “Datos de las Proyecciones de la Población 2010-2050”, México, S/F. [en línea], México, Dirección URL: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/proyecciones_datos

[2] La Jornada, El Estado Mexicano, acusado de juvenicidio. [en línea], México, Dirección URL: http://www.lajornada.unam.mx/2014/11/07/index.php?section=opinion&article=029a1pol

[3] Ídem.