Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Mes: agosto 2016

Exhorto al ayuntamiento de Acapulco para que detenga crédito de 158 mdp

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA

MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  en uso de las facultades que nos confieren el artículo 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular, como asunto de urgente y obvia resolución, la presente propuesta de Acuerdo Parlamentario, al tenor de los siguientes:

 

CONSIDERANDOS

 

  1. Aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco para contratar un préstamo

Con fecha 19 de agosto del año que transcurre, en sesión ordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal de Acapulco, aprobó autorizar la solicitud del Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco, para que funcionarios del Ayuntamiento, puedan solicitar un préstamo por la cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.), ante el Banco Interacciones.

 

2.- Transcripción del Acuerdo Económico aprobado por el Cabildo

Para efecto de mayor claridad se trascribe, acuerdo económico, por el que se aprobó contratar un préstamo, la cual es el siguiente:

El Ciudadano Licenciado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, con fundamento en los Artículos 61 fracción XXV, 72 y 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero: 30, 31 y 60 del Bando de Policía y Gobierno; 11 párrafo segundo y 58 fracción VII del Reglamento Interior del Cabildo; 2 y 9 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, a sus habitantes:

HACE SABER

I.- Que después de haber hecho un análisis de la situación económica y financiera de la Hacienda y de la Deuda Pública Municipal, se tiene la certeza de actuar en una situación de crisis por la insolvencia económica del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, que amenaza con paralizar y colapsar el funcionamiento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal, y

CONSIDERANDO

Primero.- Que no obstante haberse tomado medidas de austeridad para realizar el gasto, de registrarse un incremento en los ingresos propios y, de buscar fuentes alternas de financiamiento en los Gobiernos Federal y Estatal, la situación no ha mejorado sustancialmente.

Segundo.- Que es importante garantizar el pago quincenal de los empleados del H. Ayuntamiento y de su aguinaldo de fin de año, prestaciones de ley que son insoslayables, para lo cual no se cuenta con las previsiones ni recursos correspondientes.

Tercero.- Que es facultad del Congreso del Estado, entre otras, analizar y en su caso, autorizar previa solicitud debidamente justificada de los Ayuntamientos el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento, no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, mediante reformas a las mismas, o través de decretos, que sean necesarios para su financiamiento, cuando se presenten circunstancias económicas extraordinarias, que así lo requieran y/o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán.

Cuarto.- Que son facultades de los Municipios, por conducto de los Ayuntamientos, entre otras, las de enviar al Congreso del Estado a través del Poder Ejecutivo, la iniciativa de decreto, o decreto de reforma o adición a las leyes de ingreso de los ayuntamientos, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento de los Municipios y en su caso, cuando se considere que existan circunstancias económicas extraordinarias que así lo justifiquen y/o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán.

Contratar empréstitos, en forma individual o conjunta con otros municipios, previa autorización del Congreso del Estado.

Aprobar, previamente a su autorización por el Congreso del Estado, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento del Municipio y de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, cuya autorización conste o deba constar en un decreto, o cuya inclusión en la Ley de Ingresos del Municipio soliciten dichas Entidades y en su oportunidad, la celebración de las operaciones de endeudamiento que se propongan contraer estas Entidades.

II).- Por lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interior del Cabildo como facultades y atribuciones del Presidente Municipal en materia de presentación de asuntos, dictámenes, acuerdos económicos y elaboración de órdenes del día, para cumplir con el propósito solicitado por el Edil se incluyó en el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del mes de Agosto del Año dieciséis. Para lo cual los Ediles determinaron por consenso su inclusión.

III).- Realizado que fue lo anterior, durante el desahogo del punto el Honorable Cuerpo Edilicio lo analizó y discutió de conformidad con la técnica parlamentaria prevista en su reglamento interno; y

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los Artículos 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 fracciones 1 y 2, 171, 172 fracción I, 177 y 178 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 26, 52, 62 fracción VII, 70 fracción I, 143 y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 3 y 30 del Bando de Policía y Gobierno; 5, 12, 13, fracción Vll, 20 y 67 párrafo quinto del Reglamento Interior del Cabildo, el Honorable Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, tuvo a bien aprobar el siguiente:

ACUERDO ECONOMICO

Uno.- Se autoriza al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para que Contrate a Través de sus Funcionarios Facultados, Financiamiento para cubrir Obligaciones Legales por la Cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.) con la Institución Banco Interacciones.

Dos.- Se autoriza al Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre, C.P. Teófila Platero Avilés, Prof. Natividad Calixto Díaz, Lic. Merced Baldovino Diego y Lic. Daniel Mesa Loeza, Presidente Municipal, Sindica Procurador Administrativa, Financiera Contable y Patrimonial, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Secretario de Administración y Finanzas y Secretario General del H. Ayuntamiento, respectivamente para que en forma conjunta o como la documentación lo defina, firmar los compromisos para la gestión, administración y pago de las obligaciones.

TRANSITORIOS

Artículo 1°.- El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su aprobación por el H. Cabildo de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Artículo 2°.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Dado a los diecinueve días del mes de Agosto del Año Dos mil dieciséis, en el salón “Timón” del Hotel Elcano, nombrado Recinto Oficial para celebrar la presente Sesión del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.

  1. Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco relativo a los empréstitos o financiamientos es necesario pedir autorización al Congreso del Estado.

 

La Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2016, señala en su artículo 160 la necesidad de pedir autorización al Congreso del Estado cuando el Ayuntamiento requiera un empréstito o financiamientos, la misma que a la letra dice:

SECCIÓN TERCERA

EMPRÉSTITO O FINANCIAMIENTOS AUTORIZADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO

ARTÍCULO 160.- El Ayuntamiento tendrá la facultad de gestionar y allegarse de ingresos extraordinarios por conceptos de empréstitos o financiamientos, previa autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos o financiamientos podrán provenir del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de otras instituciones[1].

En el acuerdo económico aprobado por el Cabildo en ninguno de sus resolutivos mencionan la obligación del Ayuntamiento Municipal de solicitar autorización al Congreso del Estado, tal como lo indica en el resolutivo número uno, que a letra indica:

Uno.- Se autoriza al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para que Contrate a Través de sus Funcionarios Facultados, Financiamiento para cubrir Obligaciones Legales por la Cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.) con la Institución Banco Interacciones.

Al contrario esto viola la misma Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez y en particular al artículo 160, ya que de dicho acuerdo económico de manera directa se autoriza a funcionarios para que en forma conjunta o como la documentación lo defina, firmar los compromisos para la gestión, administración y pago de las obligaciones para el contrato de préstamo sin pasar por la autorización del Congreso del Estado. Esto es violatorio a la ley.

  1. No puede existir pago de gasto corriente de unos empréstitos, financiamientos o préstamos

En su numeral segundo de la exposición motivos del acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, señala que el préstamo es para pagos de quincenas y aguinaldos de los trabajadores, mismo que se reproduce de la manera siguiente:

Segundo.- Que es importante garantizar el pago quincenal de los empleados del H. Ayuntamiento y de su aguinaldo de fin de año, prestaciones de ley que son insoslayables, para lo cual no se cuenta con las previsiones ni recursos correspondientes.

Ningún empréstito, financiamiento o préstamos puede ser utilizado por gasto corriente, a contrario sensu el Ayuntamiento deberá acatarse a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

VIII. …

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Con esto se demuestra que dicho acuerdo económico es violatoria a la Constitución Mexicana, ya que el mismo no fue aprobado para aplicarse en inversiones públicas productivas.

  1. No es aplicable la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para contratar prestamos por el Ayuntamiento de Acapulco

No es aplicable el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para contratar un préstamo por parte del Ayuntamiento de Acapulco, mismo que a la letra dice:

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  1. En todo momento, el saocal, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
  2. tra dice: s Leyes de Ingresos de los Municipldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no excede del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
  3. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos último tres meses;
  • Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y
  1. Ser inscritas en el Registro Público Único.

Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

No es aplicable el presente artículo al resolutivo número uno del acuerdo económico que aprobó el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco derivado de que el mismo no cumple con el artículo 26 de la misma ley, mismo que dicha ley no se encuentra armonizada con la Constitución Local y las leyes locales que regulan los empréstito o financiamientos en el Estado de Guerrero, se estima procedente mencionar el penúltimo párrafo del artículo 26 que a la letra dice:

Artículo 26. …

Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente artículo, el Ente Público deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este artículo.

El mismo acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco, en ningún momento se fundamenta en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo tanto no ha lugar ni por hecho ni por derecho, invocar la presente Ley en el acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Acapulco, por lo tanto no puede ser aplicable para que el Ayuntamiento solicite algún préstamo a una Institución Bancaria.

  1. Acuerdo económico aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco viola la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero

Así mismo en la fracción I del artículo 4 de la Ley de Deuda Pública, señala que la solicitud del presidente municipal, es por lo tanto un acto constitutivo de deuda pública, y menciona lo siguiente:

ARTÍCULO 4.- Actos constitutivos de deuda pública.- La deuda pública se constituye mediante:

  1. La contratación de empréstitos o créditos;

Derivado que la solicitud de préstamo se trata de una operación financiera que desea contratar el Municipio, el mismo tiene que ser autorizado por el Congreso del Estado, esto con fundamento en la fracción XVII del artículo 17 y artículo 22 de la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, que señala lo siguiente:

ARTÍCULO 17.- Facultades de los Municipios.- A los Municipios les corresponde, por conducto de los Ayuntamientos:

XVII. Aprobar, previamente a su autorización por el Congreso del Estado, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento del Municipio y de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, cuya autorización conste o deba constar en un decreto, o cuya inclusión en la Ley de Ingresos del Municipio soliciten dicha Entidades y en su oportunidad, la celebración de las operaciones de endeudamiento que se propongan contraer estas entidades.

ARTÍCULO 22.- Montos y conceptos de endeudamiento.- Los montos y conceptos de endeudamiento que sean necesarios para el financiamiento de las Entidades Públicas, a que hace referencia el artículo 2 de esta Ley, serán autorizados por el Congreso del Estado, anualmente, en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, en su caso.

Así mismo el Honorable Congreso del Estado autoriza dichos montos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones del Municipio de Acapulco de Juárez, esto conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que lo manifiesta de la manera siguiente:

Artículo 23.- La Legislatura, local por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del destino del Financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de los establecido en el Capítulo III del presente Título.

  1. Conclusiones

 

Por lo tanto el préstamo, de un monto por la cantidad de hasta $158,000,000.00 (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.) aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, no reúne los requisitos para su autorización y es nulo de pleno derecho por no estar debidamente fundado y motivado y no reunir los requisitos legales.

 

El acuerdo económico que aprobó el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, entre otras.

 

Se destaca que el acuerdo económico en comento, se aprobó con una mayoría, más no por unanimidad del Cabildo del Ayuntamiento Municipal y que varios regidores se opusieron a la aprobación del presente acuerdo económico, por no reunir los requisitos legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, nos permitimos someter a la consideración a la Comisión Permanente, el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO

COMO ASUNTO DE URGENTE Y OBVIO RESOLUCIÓN

 

ÚNICO. La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la esfera de competencias y órdenes de gobierno, hace un atento y respetuoso exhorto al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, para que deje sin efecto el Acuerdo Económico de fecha 19 de agosto del año en curso, “donde se autoriza al Municipio para que contrate a través de sus funcionarios facultados, financiamiento para cubrir obligaciones legales por la cantidad de hasta $158,000,000.00 pesos (ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N) con la Institución Banco Interacciones”, hasta en tanto dicho Acuerdo se encuentre debidamente fundado y motivado y cumpla con los requisitos legales, y posteriormente se realice el trámite legal correspondiente ante este Honorable Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

 

 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Publíquese íntegramente el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página WEB del Honorable Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y en dos diarios de mayor circulación en la entidad para su más amplia divulgación y difusión.

Chilpancingo, Guerrero, a 22 de agosto de 2016.

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

[1] Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2016, http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2016/01/L134IACAPULCO16.pdf.

Realizarán el 1er Foro Estatal por la presentación con vida de los desaparecidos en el Congreso de Guerrero

Realizarán el 1er Foro Estatal por la presentación con vida de los desaparecidos en el Congreso de Guerrero

*Convocan colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos.

**Participa el Presidente de la Comisión Especial para el Caso Iguala – Ayotzinapa, Ricardo Mejía Berdeja

Chilpancingo, Guerrera a 28 de agosto de 2016.- Con el reclamo de la presentación con vida de las personas desaparecidas, este lunes se llevará acabo el 1er Foro Estatal “Entre el Dolor y la Esperanza” en la Biblioteca del Congreso del Estado de Guerrero a partir de las 10 de la mañana.

Este evento lo organiza Centro Morelos, centro de defensa de los derechos humanos José María Morelos y Pavón AC, Ciencia Forense Ciudadana, Nos Faltan 43, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Siempre Vivos AC, Tlachinollan y Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos AC. Se convocó para este lunes 29 de agosto este Foro en donde no solo se compartirán las historias de búsqueda por la verdad y el paradero de las personas desaparecidas, se buscará también proponer una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas.

Para ello, el diputado Ricardo Mejía Berdeja cuenta con un espacio de participación en donde junto a especialistas en materia de derechos humanos habrán de exponer los retos de una reforma y fijarán una agenda de trabajo a fin de que las familias de las personas desaparecidas alcancen por fin la certeza que durante tanto tiempo han reclamado.

Cabe recordar que en días pasados, el diputado Mejía Berdeja, presentó al pleno del Congreso la iniciativa de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero que tiene por objeto introducir un nuevo procedimiento jurídico que establece la presunción de vida de la persona desaparecida.

De ahí que, de aprobarse, este mecanismo podrá prever que cuando una persona desaparecida sea beneficiaria de alguno de los sistemas de seguridad social, con la presunción de vida se deben mantener los beneficios a los que tiene derecho, de igual modo se podrá permitir la representación y el ejercicio de los derechos de las personas desaparecidas.

El programa del evento contempla actividades desde las 10 de la mañana y entre otros participantes se encuentra Santiago Corcuera quien es integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Presidente de SERAPAZ Miguel Álvarez Gándara, Fernando Ríos Martínez de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todas” (Red TDT), José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Abel Barrera Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, Manuel Olivares Hernández de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Presidente de la Comisión Especial del Congreso del Estado de Guerrero para el Seguimiento delas Investigaciones del Caso iguala – Ayotzinapa, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El crédito de Interacciones, otra mentira más de Evodio Velázquez: Ricardo Mejía Berdeja

El crédito de Interacciones, otra mentira más de Evodio Velázquez: Ricardo Mejía Berdeja

*No se puede contratar deuda pública violando la Constitución mediante procesos oscuros

Acapulco, Guerrero a 27 de agosto de 2016.- En conferencia de prensa, los diputados de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado Ricardo Mejía Berdeja y Magdalena Camacho acompañados de los regidores del cabildo de Acapulco María Antonieta Guzmán Visairo y Arturo López Sugía fueron enfáticos en cuanto a oponerse a contratar un crédito irregular que comprometería los recursos del municipio.

En primer término, Ricardo Mejía Berdeja recordó que luego de la aprobación la reforma constitucional en materia de financiamiento y deuda pública de estados y municipios, se endurecieron los requisitos para endeudar las finanzas locales, además de contemplar procesos transparentes y competitivos con la finalidad de frenar la desmedida contratación de deuda de las entidades y municipios.

Mediante procedimientos irregulares y complicidades de algunos bancos se pretendían comprometer las haciendas municipales “no se hizo la reforma para dar manga ancha a alcaldes corruptos que pretextando estas reformas ahora hacen procesos oscuros faltos de los mínimos requisitos de ley” acuso el legislador.

Ahora no solo los cabildos sino los bancos, las instituciones financieras, también esta obligadas por ley a presentar criterios y someterse a procesos competitivos. Mejía Berdeja recordó que en la pasada sesión de la Comisión Permanente del Congreso local hizo un llamado tanto al Banco Interacciones como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se revisara el otorgamiento de un crédito plagado de irregularidades, “hoy vemos que Banco Interacciones ha negado este préstamo por medio de un comunicado oficial” dijo.

En otro punto, el diputado señaló que el acuerdo de cabildo carece de fundamentación legal, “no señala nunca al art. 30 de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios que dice que no se podrá contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local además diferentes condiciones”. Además dijo, que ningún crédito puede ser destinado a pagar gasto corriente.

Mejía Berdeja enlistó que el acuerdo económico es inconstitucional e ilegal, el Banco Interacciones no autorizó dicho crédito incluso haciéndolo público, ningún crédito contratado podrá cubrir gasto corriente y por último dijo que no hay forma de que se brinque al Congreso “en la propia Ley de Ingresos enviada por el Alcalde de Acapulco citó Ricardo Mejía Berdeja, en su artículo 160 es clara al especificar que para cualquier trámite que impliquen ingresos extraordinarios deberá hacerse mediante previa autorización del Congreso del Estado”.

El diputado, fue enfático al decir que en el remoto caso se otorgara el crédito, los servidores públicos implicados en la operación serían sujeto de responsabilidad política.

También hizo un llamado a la administración municipal para que envíe una iniciativa de reforma a la propia Ley de Ingresos del Municipio, que se haga un procesos competitivo y transparente que convocara a varias instituciones financieras y posteriormente, que solicite al cabildo porteño pedir la autorización al Congreso local para poder endeudar al municipio con un crédito direccionado a inversiones productivas o reestructuraciones de pasivos y nunca a cubrir gasto corriente.

No es una cuestión política, no se puede descontextualizar la constitución” reclamó Ricardo Mejía, no son créditos personales de los alcaldes concluyó.

Congreso aprueba exhorto al ayuntamiento porteño para que detenga el endeudamiento de Acapulco

Congreso aprueba exhorto al ayuntamiento porteño para que detenga el endeudamiento de Acapulco

*La autonomía municipal es para la operación, no es un salvoconducto para endeudar al municipio ni para robar: Ricardo Mejía Berdeja

Chilpancingo, Guerrero a 24 de agosto de 2016.- Aprobado como de urgente y obvia resolución, el Congreso del Estado habrá de exhortar al cabildo del Ayuntamiento de Acapulco a fin de dejar sin efecto el acuerdo económico que autoriza el endeudamiento de hasta por 158 millones de pesos.

La propuesta de acuerdo parlamentario presentada por la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano por medio de su Coordinador Ricardo Mejía Berdeja, exhorta al cabildo porteño que en tanto no se fundamente, motive y cumpla con los requisitos legales, y posteriormente se realice el trámite legal correspondiente ante este Honorable Congreso del Estado, el acuerdo debe quedar sin efecto.

La Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco relativo a los empréstitos o financiamientos dicta que es necesario pedir autorización al Congreso del Estado “a este Congreso no ha llegado ni la solicitud de autorización ni la reforma a la propia ley de ingresos” subrayó el diputado.

Es inconstitucional solicitar un endeudamiento para pagar gasto corriente, es decir quincenas y aguinaldos, ya que el acuerdo económico no fue aprobado por el cabildo para aplicarse en inversiones públicas productivas reclamó en tribuna Ricardo Mejía Berdeja,

“La autonomía municipal es para la operación, no es un salvoconducto para endeudar al municipio ni para robar” y en otro punto señaló que si la institución bancaria Interacciones otorga el crédito, habrá de ser objeto de una observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por último, el diputado sostuvo que “no estamos discutiendo el monto sino la falta de debida fundamentación y motivación de dicho acuerdo” no permitiremos que al Congreso se le pretenda acotar o limitar sus facultades.

Evodio Velázquez recurre al endeudamiento para financiar excesos de gasto corriente: Ricardo Mejía Berdeja

Evodio Velázquez recurre al endeudamiento para financiar excesos de gasto corriente: Ricardo Mejía Berdeja

*Endeuda a Acapulco con 158 MDP en total opacidad

 

Chilpancingo, Guerrero a 21 de agosto de 2016.- De fracaso calificó el Coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja al gobierno municipal de Evodio Velázquez.

“No solo ha fracasado en materia de seguridad pública, transparencia y en obra pública sino que ahora recurre al endeudamiento para financiar el excesivo gasto corriente, además del financiamiento de su corriente política Nueva Mayoría” señaló Ricardo Mejía Berdeja.

Lo anterior ante el anuncio del contrato de una deuda por un monto de 158 millones de pesos ante una institución bancaria privada.

“Desde que inició su gobierno, llegó con la bandera de cuestionar a base de mentiras y falsedades la supuesta deuda histórica de la pasada administración y hoy pide 158 millones de pesos de préstamo con total opacidad” criticó el diputado.

De manera precipitada, en una sesión de Cabildo realizada fuera de las instalaciones del Ayuntamiento, los regidores de Movimiento Ciudadano Arturo Lopez Sugía y María Antonieta Guzmán Visairo se opusieron y votaron en contra de contratar el crédito si no contaban con estados financieros actualizados y desglosados que les permitieran conocer las finanzas reales del municipio. El acuerdo por el que se endeuda al municipio tiene aspectos de ilegalidad e inconstitucionalidad porque va orientado al gasto corriente, expresó Mejía Berdeja.

Por último, Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que esta administración es un total fracaso que se está llevando al municipio una situación económica y financiera complicada que se suma a su inacción y complicidad en materia de seguridad pública donde, recordó Mejía, “no ha dedicado un solo centavo para liquidar a los 720 policías que reprobaron los controles de confianza” esto es muy grave porque implica que hay una colusión entre el gobierno y la delincuencia para permitir que siga operando la policía de esta manera.

Presenta Movimiento Ciudadano Ley para la Declaratoria de Ausencia para Desaparecidos

Presenta Movimiento Ciudadano Ley para la Declaratoria de Ausencia para Desaparecidos

*Que se presuma la vida y no la muerte de los desaparecidos: Ricardo Mejía Berdeja

 

Chilpancingo, Guerrero a 17 de agosto de 2016.- Presenta el diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la iniciativa de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero que tiene por objeto introducir un nuevo procedimiento jurídico que establece la presunción de vida de la persona desaparecida.

De ahí que, de aprobarse, este mecanismo podrá prever que cuando una persona desaparecida sea beneficiaria de alguno de los sistemas de seguridad social, con la presunción de vida se deben mantener los beneficios a los que tiene derecho, de igual modo se podrá permitir la representación y el ejercicio de los derechos de las personas desaparecidas.

En Guerrero, el caso emblemático de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, configuran el caso más grave en la entidad cuya magnitud se extiende más allá de las víctimas y ha alcanzado a las familias de los jóvenes “la angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición” sostuvo el diputado Ricardo Mejía Berdeja al hacer uso de la tribuna para someter esta iniciativa a dictamen.

Mejía Berdeja señaló también que el Estado debe reconocer los daños y afectaciones diferenciadas y adoptar un acercamiento diferente e integral en los procedimientos que regulan la declaratoria de ausencia por desaparición “seamos sensibles a los daños producto de la desaparición de la persona y las necesidades de las víctimas, hay que proceder de una manera diferente y no asumir la muerte como actualmente se regula en el Código Civil” subrayó.

“Demos certeza jurídica al a situación de la persona desaparecida y con ello ayudemos a identificar cuando se trata de una desaparición forzada o involuntaria, a modo tal que podamos coexistir con la Ley General en materia de Desaparición Forzada que habrá de expedir el Congreso de la Unión” concluyó el legislador.

Iniciativa Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición involuntaria de personas se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad que puedan ser sustraídos de padres afectados por este crimen.

El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales[1] y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la Ley.

Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados.

El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX a raíz de la multiplicación de los casos de desparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron primero en estos países y luego en muchos otros del mundo, especializándose en su denuncia y concienciación.

La resolución de 1983 de la Organización de Estados Americanos (OEA), resultaron en 1989 en la formulación de la primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios.

En este contexto la situación de México es preocupante. En 2009 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas remitió al país 10 casos, detrás de cada uno de los cuales hay una historia. Ahí está la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos desaparecidos en la región de la costa chica de Guerrero el 13 de febrero de 2009 y cuyos cuerpos fueron encontrados días después con signos de tortura.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha denunciado la grave crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país. En un informe, basado en su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, la CIDH denunció las cifras alarmantes de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado), así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.

Según el informe, en México hay 26,798 casos de personas no localizadas y en muchos de esos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del Estado.

El caso de Luis Echeverría Álvarez es indicativo, pues mientras él presentaba ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, en México habían ocurrido los asesinatos de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, de los cuales él fue señalado como uno de los responsables.

Lo anterior provocó que la lucha de las personas y de los organismos de derechos humanos fuese de lo más difícil e incomprendida. Cuando apareció el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y

Exiliados Políticos, impulsado por Rosario Ibarra de Piedra, pocos creían en la legitimidad de sus demandas y planteamientos. Lo mismo ocurrió después con el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

Acudir a un foro internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad que cometía (y sigue cometiendo) el Estado mexicano, era exponerse a “atentas solicitudes” de guardar silencio. Como ejemplo, el régimen emanado de la revolución sandinista de Nicaragua nunca se ocupó de temas relacionados con la Guerra Sucia que practicó el pri-gobierno en el país.

En México, como en Argentina, fueron las madres quienes iniciaron la lucha por la presentación de sus hijos. Ellas sufrieron el calvario de recorrer comisarías, agencias del Ministerio Público, cárceles y juzgados obteniendo resultados exiguos. Sólo su amor de madre hizo que obviaran el inmenso peligro de sufrir la misma suerte de las personas desaparecidas.

Para combatir a los grupos de oposición el Estado mexicano decidió crear organismos irregulares como la Brigada Blanca, que estuvo al mando de Miguel Nazar Haro, a quien debería investigarse por los múltiples ilícitos cometidos cuando lideró la represión contra la lucha social. Varios desaparecidos que el FNCR logró rescatar lo señalaron indudablemente como el autor personal del suplicio de los detenidos durante la Guerra Sucia, no obstante lo cual evadió la acción de la justicia.

Otro responsable identificado por las víctimas es el ex general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro quien, tras ser investigado por vínculos con el narcotráfico, fue excarcelado en 2007. Sin embargo, también fue absuelto de su responsabilidad en al menos 22 casos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Sucia.

La guerra sucia en México dejó un saldo estimado de 600 personas desaparecidas en contra de su voluntad, cifra similar a la que se ha registrado en Guerrero que a hoy día suman aproximadamente 500 víctimas de desaparición forzada.

Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión a México (18 al 31 de marzo de 2011), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 26/2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas en la “Guerra Sucia” y señaló la responsabilidad del Estado.

En ese mismo informe, se señala que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) investigó, en ese mismo periodo, un total de 797 casos de desapariciones forzadas; mientras que organizaciones de la sociedad civil informaron que, de acuerdo a sus estimaciones, se habrían cometido alrededor de 1.350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez.

La desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Paquistán, esto de acuerdo con datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (de la Organización de las Naciones Unidas.

El caso más reconocido sobre desaparición forzada, se registró en la ciudad de Iguala, donde se suscitaron una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala, obedeciendo órdenes de la delincuencia organizada, persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos

Las atrocidades de la desaparición forzada se extiende más allá de las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, hasta alcanzar a los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen.

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar.

La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.

Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.

Bajo esta tesitura, cobra mayor relevancia las consecuencias legales respecto a la condición del desaparecido, que han sido sintetizadas por el Grupo de Trabajo de la ONU para las desapariciones forzadas, en un estado total indefensión del ausente, al estar sustraído de la protección de la Ley; y la incertidumbre legal en la que se encuentran los familiares.

Ante esta situación, los Diputados Ciudadanos, reconocemos que la desaparición forzada o involuntaria de personas tiene efectos particulares y diferenciados en las personas y en las familias, distintos de aquellos producto de casos de una ausencia voluntaria de la persona o de una persona extraviada. Puesto que en las primeras, se presume o se tienen indicios de que la desaparición es producto de un hecho violento, ilícito, ya sea delictivo y/o violatorio de los derechos humanos de la persona desaparecida y no sólo responde al extravío de la persona o su falta de localización por decisión propia.

Por lo tanto, la respuesta del Estado debe reconocer esos daños y afectaciones diferenciadas y adoptando un acercamiento diferente e integral en los procedimientos que regulen la declaratoria de ausencia por desaparición.

De ahí que la Bancada de los Ciudadanos impulse, como parte de su agenda, la creación de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, por medio de la cual se incorpora al andamiaje jurídico guerrerense un procedimiento nuevo, sensible a los daños producto de la desaparición de la persona y a las necesidades de las víctimas, diferente a los procedimientos de declaratoria de ausencia y presunción de muerte regulado actualmente por el Código Civil.

En este nuevo instrumento normativo establece además la presunción legal de vida de la persona desaparecida, por lo que debe excluirse la presunción de muerte o considerarse como una consecuencia de este procedimiento. Precisando también que cuando la persona desaparecida sea beneficiaria de un sistema de seguridad social, la presunción de vida debe permitirle continuar bajo el régimen y mantener a los beneficiarios dentro del sistema.

Se prevé además que los procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición deben responder a las necesidades de las familias y sus efectos ser conocidos por las familias, por lo que la consulta con potenciales beneficiarios debe ser promovida y así lograr adaptarse a la realidad que pretende atender. Particularmente realidades del ámbito urbano o rural, o de la realidad local en la que la persona se presume fue desaparecida.

Del mismo modo, se pretende que quien obtenga una resolución de Declaratoria de Ausencia por Desaparición pueda hacer valer los efectos legales de la declaratoria para que le permitan la representación y ejercicio de los derechos de las personas desaparecidas.

Cabe enfatizar que en el proyecto de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, se señala de manera expresa que la obtención de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición no debe eximir a las autoridades Estatales de su obligación de búsqueda (incluida la determinación de la suerte o paradero de la persona desaparecida o la ubicación e identificación cierta de sus restos), la investigación y sanción a los responsables en casos de delitos y violaciones a derechos humanos, ni la reparación del daño.

Sobre el particular, es importante distinguir que las legislaciones estatales para regula el procedimiento de emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición, han sido reconocidos por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

En resumen, la presente iniciativa tiene el propósito de dar certeza jurídica a la situación de la persona desaparecida y con ello ayudar a identificar cuando se trata de una desaparición forzada o involuntaria, a modo tal de que pueda coexistir con la Ley General en materia de Desaparición Forzada que habrá de expedir el Congreso de la Unión.

Finalmente, es importante señalar que esta nueva ley, atiende obligaciones previstas en tratados internacionales de los que México es parte, así como recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, la última de ellas por parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que en febrero de 2015 recomendó al Estado mexicano adoptar ‘las medidas necesarias para asegurar que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

DECRETO NÚMERO ____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Artículo único. Se expide la Ley número ___ para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO ___ PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

 

  1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona.

Artículo 2. Interpretación y supletoriedad de la Ley.

  1. La presente Ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la legislación secundaria en la materia, siempre y cuando prevalezca la interpretación pro persona.

  1. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada las disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, en particular las reglas del procedimiento ordinario para la Declaración de Ausencia, en todo aquello que no se contraponga a las disposiciones de la presente Ley.

 

Artículo 3. Definición de Desaparición.

  1. Para los efectos de esta Ley, se considerará desaparición el supuesto previsto para tal efecto por la Ley General de la material.

  1. Hasta en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición, se entenderá por ésta aquella situación jurídica en la que se encuentre una persona sobre la que existe indicio de que en contra de su voluntad y con motivo de un hecho ilícito, no se tenga noticia sobre su paradero, ni se haya confirmado su muerte.

Capítulo II

Del Procedimiento

Artículo 4. Procedimiento.

  1. Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por desaparición, deberá abocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

  1. Transcurrido el término de treinta días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el

Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición ante el Juez en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

  1. El agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá las indagatorias con el objeto de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar, en su caso, la acción penal correspondiente. En caso de que, como resultado de la búsqueda e investigación, se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición quedará sin efecto.

 

Artículo 5. Otros solicitantes.

  1. Si al concluir el plazo a que previsto por el artículo 4, párrafo 2, de esta Ley, el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, podrá hacerlo cualquiera de las personas relacionadas con aquella cuyo paradero se desconoce, de conformidad con el siguiente orden de prelación:

  1. El o la cónyuge, concubina o concubinario;

  1. Los descendientes; en caso de ser menores, a través de un representante;

III. Los ascendientes en línea recta en primero y segundo grado;

 

  1. Los parientes colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o

  1. Quien tenga interés jurídico para litigar o defender los derechos de dicha persona.

  1. En caso de que varias personas con el mismo derecho promuevan esta acción, entre ellos deberán elegir a un representante común. De no ponerse de acuerdo y en caso de tener el mismo grado de preferencia de acuerdo con este artículo, el Juez lo nombrará de entre ellos.

  1. Mientras continúe el representante común en su encargo, los emplazamientos, notificaciones y citaciones de toda clase que se les haga, tendrán la misma fuerza que si se hicieren a los representados.

 

Artículo 6. Competencia jurisdiccional.

  1. Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición, el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Guerrero que corresponda, de acuerdo con lo siguiente:

  1. El último domicilio de la persona cuyo paradero se desconoce;

  1. El domicilio de la persona quien promueve la acción;

III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición, o

  1. El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

Artículo 7. Contenido de la solicitud.

 

  1. La solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición incluirá la siguiente información:

  1. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

 

  1. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición. Preferentemente, se anexará la copia de la denuncia de hechos realizada ante el Ministerio Público y, en su caso, se incluirá adicionalmente la queja hecha ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;

  1. La fecha y el lugar de los hechos;

  1. El nombre y la edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana;

  1. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

  1. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

 

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida, y

 

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

  1. Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 8. Admisión, desechamiento o requerimientos.

  1. Recibida la solicitud, el Juez podrá admitirla, desecharla o requerir al solicitante para que en el plazo de tres días aclare, corrija o complete la misma, a fin de que se ajuste a lo dispuesto en el artículo anterior; de no hacerlo el solicitante, el Juez desestimará de oficio la solicitud.

  1. Igualmente, de no haberse acompañado a la solicitud, el Juez requerirá inmediatamente al Ministerio Público copia certificada de la denuncia correspondiente, salvo que este hubiere promovido la solicitud. También podrá requerir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que en el plazo de tres días hábiles remitan la información correspondiente contenida en sus archivos, a fin de que obre en el expediente para su análisis y resolución.

 

Artículo 9. Publicaciones.

  1. Una vez admitida la solicitud, el Juez competente publicará un edicto que contendrá un extracto de la misma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el portal de internet del Gobierno del Estado. Ese edicto se publicará durante tres meses, en intervalos de quince días naturales. El extracto de la solicitud no tendrá ningún costo para los solicitantes.

 

Artículo 10. Resolución.

  1. Pasados treinta días naturales desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias de la persona desaparecida, ni oposición de algún interesado, el Juez resolverá en definitiva sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición.

  1. El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición, aquel día en el que se le haya visto por última vez a la persona desaparecida, salvo prueba fehaciente en contrario.

  1. Si hubiere alguna noticia u oposición, el Juez no declarará la ausencia sin escuchar a las partes interesadas y hacer la averiguación por los medios que se propongan y por los que el mismo Juez considere oportunos.

 

Artículo 11. Impugnación.

  1. La resolución que se pronuncie en el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición podrá ser impugnada mediante la interposición del recurso de apelación ante Sala Civil, el que, en su caso, será admitido en ambos efectos.

  1. En caso de desechar la solicitud, el Juez deberá fundar y motivar su decisión, pudiendo también el solicitante recurrir la decisión mediante apelación.

Capítulo III

De los Efectos de la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas

Artículo 12. Efectos.

 

  1. La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos generales:

  1. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

  1. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

  1. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

  1. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

 

  1. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo, y

VII. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y familiar del Estado y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente Ley.

 

Artículo 13. Disolución de la sociedad conyugal.

  1. La Declaración de Ausencia por Desaparición dará lugar a la disolución de la sociedad conyugal, por lo que el Juez procederá a citar a los herederos presuntivos del ausente para realizar el inventario de bienes y a la separación de los que deben corresponder al cónyuge ausente. El o la cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le corresponden, de los que podrá disponer libremente.

Artículo 14. Administrador.

 

  1. El Juez determinará el nombramiento de un representante legal con facultades para ejercer actos de administración sobre los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.

  1. Al efecto, el Juez dispondrá que el o la cónyuge presente, concubina o concubinario, los ascendientes, descendientes y demás a que se refiere esta Ley con la calidad de solicitantes, nombren de común acuerdo a dicho representante legal; en su defecto, el Juez elegirá de entre ellos al que considere más apto para ejercer el cargo.

  1. El cargo de representante legal terminará con el regreso de la persona cuyo paradero se desconoce, con la confirmación de su muerte o, en su caso, con la declaración de presunción de muerte, en cuya hipótesis se procederá a la sucesión.

Artículo 15. Tutor.

 

  1. Si la persona declarada como ausente tiene hijos que estén sujetos a su patria potestad y no hay ascendiente que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario ni legítimo, el Juez les nombrará tutor, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 16. Continuidad del deber de investigar.

  1. La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

  1. Si tales autoridades incumplen lo anterior, se le dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción y/o delito respectivo.

Artículo 17. Régimen de seguridad social.

  1. Los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los municipios o sus entidades paraestatales, continuarán gozando de sus beneficios.

Artículo 18. Otros beneficios, salarios y prestaciones.

  1. Los beneficiarios del trabajador cuya ausencia por desaparición ha sido declarada, continuarán gozando de los beneficios, salarios y prestaciones a los que aquel tenía derecho, hasta en tanto no se le localice, ya sea que regrese, se confirme su muerte o se declare la presunción de muerte.

Artículo 19. Inscripción.

  1. El Juez ordenará la inscripción de la persona declarada desaparecida en el Registro contemplado en la Ley General de Víctimas. De igual forma, dará el aviso correspondiente a la Dirección del Registro Civil.

Artículo 20. Obligaciones a cargo del ausente.

  1. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

Artículo 21. Efectos a largo plazo.

 

  1. Transcurrido un año contado desde el momento en que se tuvo por ausente a la persona desaparecida, el representante legal podrá solicitar al Juez la venta judicial de los bienes de aquella, observando las disposiciones del Código Civil del Estado para las ventas judiciales. El importe obtenido será repartido entre quienes tuvieren derecho a herencia, de conformidad con las disposiciones en materia de sucesiones establecidas en el Código Civil.

 

Capítulo III

De la Aparición del Ausente

 

Artículo 22. Aparición del ausente.

 

  1. En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la Declaración de Ausencia por Desaparición, pero persistirá la liquidación de la sociedad conyugal y recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen, sin poder reclamar frutos ni rentas de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

TERCERO. El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores públicos del Estado de Guerrero, deberán capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición, para garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo.

CUARTO. En todos aquellos casos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio Público tendrá un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición, contados a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento.

QUINTO. En el caso de declaratorias por presunción de muerte, conforme a la legislación aplicable, o bien, pendientes de inscripción, a solicitud de quien acredite interés legítimo, podrán ser reconvertidas a Declaratoria de Ausencia por Desaparición, en los términos de la presente Ley.

SEXTO. Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos constitucionales correspondientes.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los ___ días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

[Hoja de firmas correspondiente al DECRETO NÚMERO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO]

[1] El artículo 7, párrafo 2, inciso i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, señala que por desaparición forzada de personas “…se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

Exigen Diputados de Movimiento Ciudadano acción penal contra responsables de ataques a alcaldesa de Apango

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*Delincuencia política organizada la que encabeza Nava: Ricardo Mejía Berdeja

Chilpancingo, Guerrero a 15 de agosto de 2016.- En conferencia de prensa ofrecida en el Congreso del Estado, el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Berdeja fue enfático al decir que en el conflicto en Apango que encabeza el ex alcalde Crisóforo Nava “estamos ante un movimiento que está lejos de ser social y legítimo, es delincuencia política organizada” acusó Mejía.

Felícitas Muñiz ha recibido amenazas de este grupo incluso desde antes de tomar posesión de la administración municipal, “están las notas de prensa de aquel momento que atestiguan” agregó que este conflicto es enteramente una disputa por acceder a la Presidencia Municipal y comparó el caso de la alcaldesa guerrerense con la de Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez quién vivió hace unos meses un conflicto similar en donde fue obligada a solicitar licencia para que así asumiera el cargo el síndico “vemos las mismas pretensiones en Apango” comparó el legislador.

“Sería muy grave que por medio de la violencia se depusieran autoridades, generaríamos un incentivo perverso que daría paso a pandilleros políticos” dijo Mejía y agregó “desgraciadamente la intervención política está rebasada, ante la violencia ejercida por este grupo, no se puede resolver por la vía política” y dijo además que las denuncias penales ya se presentaron ante el ministerio público del fuero común y federal.

Ricardo Mejía Berdeja quien estuvo acompañado por la diputada Magdalena Camacho Díaz, concluyó diciendo que Movimiento Ciudadano y la representación en el Congreso exigen la integración de las carpetas de investigación de los delitos cometidos en Apango y que se ejerza acción penal contra todos los participantes de estos disturbios en ese municipio.

Muy grave sumar a la violencia feminicida del Estado, la violencia política de género”: Ricardo Mejía Berdeja

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*En Apango una gavilla amenaza, extorsiona y comete actos delictivos para intentar quitar una autoridad electa democráticamente

Chilpancingo, Guerrero a 14 de agosto de 2016.- El de Mártir de Cuilapan es un claro caso de extorsión por parte de una gavilla acostumbrada extorsionar, sobornar, lesionar, humillar, amenazar, hostigar y cobrar derecho de piso a los alcaldes con el objeto de que se les entreguen dinero, prebendas y beneficios indebidos acusó Ricardo Mejía Berdeja.

Lo que sucede en Apango no tiene una bandera legítima enmarcada en la defensa de las libertades de cualquier persona, tampoco es un movimiento social y menos es un movimiento de reivindicación de derechos humanos, no es una protesta política es sencillamente un acto de extorsión y de violencia política de género, “es una especie de un golpe de estado con el cual este grupo violento está tratando de someter a las instituciones y esto no se puede permitir”, sostuvo el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Ricardo Mejía.

En un estado de derecho no podemos permitir que esta actividad de chantaje y amenazas, que tiene ya más de 25 años presentándose en el municipio, siga pretendiendo someter a las autoridades argumentando supuestas irregularidades administrativas. “Es el modus operandi” con el que éste grupo, encabezado por Crisoforo Nava y el Síndico Municipal pretenden acceder a la Presidencia Municipal creyendo que al destituir a la alcaldesa en automático asumiría el cargo el síndico. “Hay un claro desprecio hacia las instituciones por parte de este grupo”.

Por otra parte, Mejía Berdeja dijo que “ni el Congreso ni el Gobierno del Estado pueden marchar al ritmo de este grupo violento y criminal”, cualquier procedimiento que se instituye tiene que seguir plazos, se tiene que escuchar a las partes, “no puede ser el dicho de una persona o personas acostumbradas a mentir y a agredir lo que sustente una acusación y mucho menos una resolución” afirmó.

En ese sentido, recordó que desde antes de que la actual administración municipal asumiera el cargo, éste grupo, públicamente anunció que impediría a la alcaldesa ocupar el cargo, así lo atestiguan los registros y notas en los medios de comunicación en su momento, “desde entonces se vislumbraba la actitud violenta y golpista de este grupo que pretendía impedir que la autoridad electa democráticamente ocupara la Presidencia y casualmente a los pocos días ya hablaban de supuestos desvíos de recursos y después, por otro lado exigían a la Alcaldesa 10 millones de pesos para dejarla de hostigar y agredir”.

“Elevamos la voz y consideramos que las agresiones y hechos criminales que han sufrido Felícitas Muñiz y su familiares por parte de este grupo de violentos deben ser castigados, de conformidad con las denuncias penales que se han presentado, tanto en el fuero común, como en el fuero Federal”, subrayó Mejía Berdeja.

Ricardo Mejía también sostuvo que sería muy grave que a la violencia feminicida que vive la entidad se le sumara la violencia política de género que se padece en Apango “no solamente respaldamos a esta administración porque sea Movimiento Ciudadano, respaldamos más que nada que cualquier autoridad electa no puede ser destituida por la vía violenta, no se le puede extorsionar, no se puede cobrar derecho de piso como este grupo lo pretende hacer con una autoridad municipal”.

“Ya son bastantes los problemas que tiene el Estado como para sumarle que un grupo de gavilleros se dedique a sembrar violencia” y exigimos que la autoridad tome cartas en el asunto, que se constituyan los procesos penales correspondientes y se le brinde garantías en su integridad física a la alcaldesa Felícitas Muñiz para poder cumplir la función para la que los habitantes de Mártir de Cuilapan la eligieron en el pasado proceso electoral”.

Cuando Movimiento Ciudadano hace acusaciones de cualquier índole, las hace por la vía legal e institucional, jamás por medio de actos violentos, Mejía Berdeja insistió también en reivindicar el estado de derecho y transitar por las vías democráticas y pacíficas aunque también dijo “se advierte que con este tema se pretende desviar la agenda de reivindicaciones sociales en materia de derechos humanos y de seguridad pública que Movimiento Ciudadano ha venido enarbolando, pero no vamos a ceder, tenemos la conciencia tranquila y claros los objetivos, vamos a seguir actuando para beneficio de los guerrerenses” concluyó el diputado local.