Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Autor: jimena mx

Iniciativa que elimina la figura del arraigo

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Los proponentes, diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila y la suscrita Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La violencia en México se ha incrementado de manera considerable en los últimos cinco años, bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el gobierno federal, una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública, lo que propicia la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas en México.

De acuerdo con la Constitución la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, siempre que sea necesario para el éxito de una investigación, para la protección de personas y bienes, o cuando exista el riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 días bajo una nueva orden judicial. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicio médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La CNDH argumenta haber recibido más de 1,000 denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011. Durante la administración de Felipe Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el ministerio público federal aumentó considerablemente: de 542 en 2006 a 1,896 en 2010.

Gerardo Torres Pérez fue detenido por la policía federal y la policía judicial y estatal de Guerrero, junto con más de 41 personas más, tras disparar y matar los agentes a dos manifestantes durante una protesta de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. De camino a la comisaría, él y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas. Tras vendarle los ojos, seis agentes de la policía judicial del estado lo llevaron a un lugar aislado, a las afueras de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en casquillos de bala usados, a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente. Luego lo pusieron de nuevo bajo custodia y presentaron cargos contra él sobre la base de estas pruebas falsa.

A raíz de la preocupación suscitada dentro y fuera del país ante la evidencia de la responsabilidad policial de la muerte por disparos de manifestantes desarmados y de los malos tratos infligidos a detenidos, el 13 de diciembre de 2011 Gerardo Torres Pérez quedó en libertad, junto con los otros 23 manifestantes sometidos a malos tratos, como golpes y patadas, durante su detención. Las conclusiones de la CNDH, basadas en un examen médico y otros datos, confirmaron la tortura y la falsificación de pruebas por parte de la policía judicial (Informe de Amnistía Internacional, Tortura y Malos Tratos en México).

El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero que en la práctica permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.

Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor.

Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2009 y 2010, los jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones libraron alrededor de 8 mil 600 medidas cautelares, de las cuales más de mil 200 fueron arraigos.

Mayoritariamente, la duración de los arraigos es de 40 días 94 por ciento de estos tienen esa duración seguidos de los arraigos por 80, 30 y 19 días, que abarcan el restante 6 por ciento.

Michoacán, Chihuahua, Baja California, el estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas, son las entidades que concentran los más altos porcentajes de arraigos de competencia federal.

De acuerdo con el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, el arraigo en materia penal se da en los siguientes términos:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

ARGUMENTACIÓN

El arraigo es considerado como una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte.

Por lo tanto el uso de la figura del arraigo deja a los detenidos en una situación de vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa, además que la poca vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia en casos de tortura.

En materia penal, el arraigo es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso.

Se ha cuestionado al arraigo señalando que opera como una prisión preventiva en donde la autoridad investigadora pese a no haber acreditado la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito la priva de su libertad.

Uno de los aspectos que es el más cuestionado en el proceso de implantación de la figura del arraigo, es que puede llegar a vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 Apartado B.

De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, es competencia del Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la etapa de averiguación previa, corresponderá al Ministerio Público solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa.

En los casos de delitos graves, la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público decretar el arraigo del indiciado siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes o cuando exista riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

La normatividad señalada establece en sus artículos 2, 133 bis, 205, 256, las modalidades procesales que reviste la figura del arraigo penal en el ámbito federal.

Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Juez podrá dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos de delincuencia organizada tratándose de: a) terrorismo; b) terrorismo internacional; c) delitos contra la salud; d) falsificación de moneda; e) operaciones con recursos de procedencia ilícita; f) acopio y tráfico de armas; g) tráfico de indocumentados; h) tráfico de órganos; i) corrupción y pornografía de menores; j) turismo sexual y lenocinio; k) tráfico de menores; l) robo de vehículos; m) trata de personas; y k) secuestro.

Sin embargo, en la práctica, la autoridad investigadora solamente necesita sostener que existe la posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretende arraigar pertenece a la “delincuencia organizada” para que la orden se autorizada.

De acuerdo con esta ley, el arraigo será decretado: I. Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación; II. Para la protección de las personas y de bienes jurídicos; III. Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo se realizará con la vigilancia del Ministerio Público de la Federación y la policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen.

Uno de los argumentos más recurrentes que esgrimen las autoridades para justificar su fracaso en la prevención persecución del delito es que no cuentan con las herramientas legales para tener éxito, es decir las autoridades sostienen que necesitan más facultades, dado que las que tienen no son suficientes para enfrentar adecuadamente a la criminalidad. Parece que se trataría de una cuestión vinculada exclusivamente con un régimen eficiente a los encargados de aplicar la ley.

La constitucionalidad del arraigo, ha generado fuertes críticas. Se trata de uno de los aspectos más cuestionables o débiles de la figura de arraigo, ya que se lleva hasta la Carta Magna el principio “de detener para investigar”cuando en la mayoría de países democráticos del mundo sucede lo contrario: primero se investiga a una persona y, cuando se reúnen los elementos suficientes, se le detiene.

Cabe recalcar que, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de presuntos delincuentes sometidos presuntamente a tortura y malos tratos durante el arraigo, particularmente estando recluidos en cuarteles militares. En otros casos, los presuntos delincuentes sufrieron tortura y malos tratos entre el momento de la detención y el momento en que fueron puestos oficialmente bajo custodia del Ministerio Público y sometidos luego a arraigo.

Por lo tanto se debe garantizar que en las reformas procesales del sistema de justicia penal salvaguardan los derechos humanos en la práctica, incluido el derecho a no ser objeto de detención ilegal.

El arraigo, el cateo y la prisión automática se han vuelto las técnicas e investigación criminal más recurridas en México. Su regularidad configura una mistificación de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en que el primero se vuelve una mera herramienta del segundo.

Debe ponerse fin al arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

“El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal”.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los articulos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Párrafo segundo al séptimo…

Párrafo 8 se deroga.

Párrafo noveno a decimoctavo…

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 2o. Se deroga.

Artículo 133 Bis. Se deroga.

Artículo 205. Se deroga.

Artículo 256. Se deroga.

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Artículo 12. Se deroga.

TRANSITORIO

Primero. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de noviembre de 2012

Diputados:

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica), RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

 

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura, y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Exposición de Motivos

Hace 59 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron a nivel nacional el reconocimiento legal de su derecho a votar y a ser votadas, en 1947 lo habían obtenido a nivel municipal. Sin embargo, muchos años han tenido que pasar para que las mujeres puedan ejercer y gozar de ese derecho a cabalidad.

No es casualidad que países desarrollados como Nueva Zelandia, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania y Austria les reconocieron su ciudadanía a las mujeres desde fines del siglo XIX y principios del XX. Mientras que países latinoamericanos como Honduras, Nicaragua, Perú y Colombia, lo hicieron en la década de 1950, o casos como el de Kuwait que lo hicieron apenas en 2005.

La ciudadanía de las mujeres en México se ha visto pospuesta a lo largo de estos 59 años, pues aunque las mujeres han asumido su carácter ciudadano al participar en los procesos electorales, votando con responsabilidad, fungiendo como funcionarias de casilla, siendo las principales promotoras en tiempos de campaña, y haciendo trabajo de base al interior de los partidos políticos y en organizaciones sociales, sigue habiendo un déficit de representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.

Una de las áreas más visibles de la participación política de las mujeres es su acceso a cargos legislativos de elección popular, tales como diputaciones federales o locales, y senadurías. La importancia de su presencia en los congresos radica en gran medida en que las mujeres se vuelven referentes para que más mujeres puedan acceder a esos y otros espacios de decisión pública.

Además, la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo, en diferentes partes del mundo y al interior del país, se ha traducido en un incremento de iniciativas que tienen como objetivo plasmar en las leyes una visión equitativa y más igualitaria, lo que al final de cuentas es favorable para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Las cuotas de género en las diputaciones federales y a nivel estatal, han venido a ser una acción afirmativa que busca revertir esa subrepresentación y desde sus primeros antecedentes en leyes federales en 1993, y las reformas de 1996, 2002 y 2008 se ha venido avanzando en la legislación para tener en la actualidad la obligatoriedad de los partidos políticos de no postular más de 60 por ciento de candidatos de un mismo sexo.

Las cuotas de género en las candidaturas en México han tenido un alto impacto en el porcentaje de representación en la Cámara de Diputados. La presencia de diputadas a nivel federal se ha incrementado de forma sustancial, pasando de seis por ciento en la primer ocasión que tuvieron oportunidad de acceder en la XLII Legislatura, a 37.8 por ciento en la actual legislatura.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el folleto Mujeres. Participación Política en México 2012 , de 1952 a 2011, ha habido 921 diputadas federales propietarias, esto representa 13.3 por ciento de un total de 6 mil 947 curules. El incremento más alto se vio reflejado justo en las elecciones de 1994 y 2003, que coinciden con las reformas en materia de cuotas de género de 1993 y 2002, cuando el porcentaje de legisladoras aumentó 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente, respecto de la legislatura anterior.

El mayor incremento histórico en la representación política de las mujeres se dio en la presente legislatura, que fue de 10 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, y coincide con el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que estableció mecanismos para la obligatoriedad de la cuota de al menos 40 por ciento de candidatos de un mismo género, y de fórmulas integradas por el mismo género.

Esto demuestra el papel que la legislación progresiva en materia de las cuotas de género ha tenido para lograr una representación más equitativa entre los géneros para estos cargos de elección popular.

Sin embargo, las cuotas de género han venido sorteando los obstáculos y mecanismos de simulación con los que se ha torcido la ley para no darle cumplimiento a la cuota de representación política de las mujeres.

Uno de esos mecanismos de simulación de la ley, que se dio desde la instauración de las cuotas de género de manera obligatoria para los partidos políticos en el 2002, fue postular candidatas propietarias para cumplir con el porcentaje requerido, pero ubicar como suplentes a varones quienes serían, al llegar al Congreso, los que en realidad ocuparían los curules o escaños.

El caso más dramático se dio al iniciar la LXI Legislatura cuando 18 diputadas pidieron licencia para dejar su espacio a su suplente varón, al final –después de la presión de la opinión pública, de mujeres políticas y de organizaciones civiles- sólo diez de ellas concretaron su salida, afectando considerablemente el porcentaje de representación política de las mujeres en esa legislatura.

Otro obstáculo para el cabal cumplimiento de las cuotas, es lo que Javier Aparicio llama “válvula de escape” en su investigación para el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE)– Instituto Federal Electoral (IFE), llamado: Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009 .

Esta válvula de escape, que quedó establecida tanto en la reforma de 2002, como en la de 2008, es considerada como excepción para el cumplimiento de las cuotas las candidaturas que se hayan seleccionado por medio de “procesos democráticos de elección” al interior de los partidos.

En el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la excepción a las cuotas de género está establecida en el segundo párrafo del artículo 219, que a la letra dice:

“2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.”

Esta excepción en los hechos, sobre todo en elecciones de 2009, se había convertido en la regla ya que, por principio, todos los procesos de selección de candidatos considerados en los estatutos de los partidos son democráticos, ya fueran elección directa o indirecta, asambleas e incluso designaciones. Luego entonces las cuotas de género perdían su carácter de acción afirmativa, pues mediante la excepción considerada en la ley, todos podrían evadir su cumplimiento.

Es hasta la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que se sentaron las bases para que los partidos cumplieran con la cuota establecida del 40/60, habiendo de cubrirla al menos con 40 por ciento de mujeres candidatas, en fórmulas integradas por mujeres propietarias y suplentes.

A raíz de esa sentencia, es que en esta LXII Legislatura hay 184 diputadas y 42 senadoras, con sus respectivas mujeres suplentes, que representan más de 38 por ciento en el caso de las primeras, y 32 por ciento con respecto al Senado.

Esta sentencia se convirtió en ese otro momento trascendente para la historia de los derechos político-electorales de las mexicanas, pues fue una resolución jurídica que ha hecho válido el derecho de las mujeres de ser electas.

A raíz de los resultados positivos de esta sentencia en el incremento de mujeres en los espacios de representación parlamentaria, las y los legisladores tenemos la responsabilidad de impulsar las medidas legislativas que hagan efectiva la ciudadanía de las mujeres, y conviertan el mandato del máximo órgano jurisdiccional electoral en parte de nuestro marco legal vigente.

No se trata únicamente de cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar, de manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre mujeres y hombres.

La representación política de las mujeres es un tema ineludible para consolidar nuestra democracia. En este sentido, la democracia no será tal mientras se impida el ejercicio efectivo del poder político a las mujeres y ello implica apostar a una democracia paritaria.

Apostemos en esta legislatura a hacer de nuestra democracia representativa, una efectiva para mujeres y hombres.

Argumentación

En nuestro país, se ha ampliado el abanico de derechos que deben ser considerados en nuestra legislación, a raíz de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, bajo el principio pro homine , con la finalidad de que su interpretación jurídica sea siempre de optar por la norma que proteja de mejor manera los derechos de las personas.

En ese sentido, los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano, deben formar parte de los derechos de las y los mexicanos. Nos corresponde, en todo caso, armonizar las leyes a fin de incorporar los tratados internacionales a leyes y mecanismos nacionales que los hagan efectivos y exigibles por la ciudadanía.

En razón de ello, debemos incorporar a nuestras leyes todas las medidas que busquen fortalecer y hacer efectivos los derechos políticos de las mexicanas.

Además, México ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995).

La firma de dichos instrumentos compromete a nuestro país a impulsar las reformas legislativas necesarias y a tomar las medidas de política pública que se requieran a fin de acelerar el proceso de incorporación de las mujeres en la toma de decisiones, y con ello contribuir a la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres.

De acuerdo al PNUD, en el folleto Mujeres. Participación Política en México 2012 la firma de dichos tratados ha contribuido a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las mujeres. Tales consensos son:

“El primero, porque se considera que es injusto que el poder político esté monopolizado y, por tanto, la participación de las mujeres es un asunto de equilibrar el acceso a dicho poder. El segundo, porque si las mujeres no están en los cargos públicos, se desperdicia la mitad de talento de nuestro país. El tercero, porque un Congreso donde más de la mitad de la población está subrepresentada, no puede considerarse representativo.”

En México, sin duda a nivel de la legislación ha habido avances importantes para fortalecer los derechos políticos de las mujeres. Como se ha visto, las cuotas han sido una medida eficiente para incrementar el porcentaje de representación de las mujeres en los cargos de elección popular y en la vida pública de México.

Sin embargo, el proceso ha sido lento y lleno de obstáculos, lo que retrasa la consolidación de nuestra democracia. Tenemos que acelerar el paso, e impulsar las medidas legislativas que tiendan a garantizar plenamente la ciudadanía de las mujeres, la igualdad sustantiva y la paridad.

Los argumentos que se esgrimieron a raíz de los diez juicios de protección a los derechos ciudadanos presentado por la red Mujeres en Plural, integrada por mujeres con diferente militancia partidista, y que fueron el origen de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 12624/2011, para el cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas para el proceso electoral de 2012, nos dan luces de las reformas necesarias e inmediatas que debemos implementar para que se consolide el avance obtenido en esta legislatura, y atajar cualquier posibilidad de retroceso, mientras conseguimos los mecanismos legales definitivos que garanticen la representación paritaria de mujeres y hombres en el Congreso.

Al fin de cuentas, las cuotas de género son acciones afirmativas, de carácter temporal, que tienen como finalidad la de impulsar los consensos y cambios culturales que permitan abrir de manera definitiva los espacios de representación política de las mujeres.

El acto impugnado en la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 del TEPJF para las elecciones del 2012, fue:

El acuerdo CG327/2011, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2011- 2012.

La autoridad electoral dispuso, en el citado acuerdo reglamentario lo siguiente:

  • Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático.
  • Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidatos. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Serán considerados procesos de elección democrática aquellos métodos que se realicen mediante la elección del voto libre, directo o indirecto, secreto o abierto, de conformidad con las normas internas de los partidos políticos.

Es de toda evidencia que el IFE no sólo tergiversó la disposición legal expresamente establecida por el legislador ordinario, al omitir la condicionante del voto directo, sino que, en los hechos, reformó -sin derecho a hacerlo- la propia ley al establecer lo que se entendería por procesos de elección democrática.

La interpretación que ha venido haciendo la autoridad electoral de la excepción a la cuota de género ha producido una grave distorsión a la cuota de género, restringiendo o haciendo nugatoria la intención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del legislador ordinario, en favor de la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.

En lo que hace a la cuota de género, los estatutos remiten -o transcriben- las disposiciones aplicables del Cofipe. Estamos entonces ante un círculo vicioso: el Cofipe remite a los estatutos, y éstos remiten al Cofipe.

Los efectos de la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 que deben verse reflejados en las reformas al Cofipe, son:

  1. a) Expulsar del acuerdo impugnado el párrafo cuarto del punto de acuerdo decimotercero, que decía:
  • “Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquél en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en la que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia”.
  1. b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del acuerdo impugnado, para quedar como sigue:
  • “Esto es, en caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”
  • “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.”

Es de observarse que la sentencia 12624/2011 al establecer que en “todo caso” se debería cubrir el porcentaje de candidaturas de género establecido por el Cofipe, no importando el proceso de elección democrático que establecieran los partidos, dejó sin efecto el segundo párrafo del artículo 219, por lo que esta iniciativa propone su derogación.

Consideramos que los procesos de elección internos para candidaturas de elección popular, establecidos en los estatutos de cada partido, son por principio democráticos, pues fue un requisito para declarar su validez constitucional, dejar esa consideración como una excepción para el cumplimiento de las cuotas de género, invalida en los hechos la cuota misma, y la excepción se convierte en la regla. Por ello, coincidimos con las valoraciones hechas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consideramos una reforma pertinente el derogarla del Cofipe.

Al mismo tiempo, la sentencia 12624/2011 cerró el paso a la simulación de la cuota de género mediante las suplencias, al establecer que las fórmulas completas, de las candidaturas propietarias y suplentes, por el principio de representación proporcional, fueran integradas por el mismo género.

En razón de ello, esta iniciativa considera necesario implementar en la ley, el Cofipe, ese mismo mecanismo de fórmulas completas que conforman las cuotas de género, no sólo en las candidaturas de representación proporcional, sino también en las de mayoría relativa, dejando abierta la posibilidad de que las demás fórmulas (que no son producto de la cuota) se integren de manera indistinta (propietarios y suplentes del mismo o diferente género) con la finalidad de hacer efectivo el espíritu de las cuotas como medidas afirmativas para la incorporación equitativa de las mujeres en los espacios de representación popular.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Único. Se reforman y adicionan los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 219

  1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las candidaturas que conforman la cuota de género, por ambos principios, se deberán integrar en fórmulas completas de propietarios y suplentes del mismo género.
  2. Se deroga

Artículo 220

  1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

 

Exohorto a la SSA, SEP, SEDESOL y DIF para prevenir y atender el maltrato infantil

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESARROLLAR POR LA SSA, LA SEP, LA SEDESOL Y EL DIF ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER DE MANERA INTEGRAL EL MALTRATO INFANTIL, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

 Exposición de Motivos

 En México, los derechos de las niñas y niños además de irrenunciables, son una plataforma ética; todo niño tiene derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y la sociedad a garantizarlo. No debe darse un paso atrás a favor de la infancia.

El 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores.

Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico se puede infligir perjuicio a un menor, la falta de atención y el maltrato psicológico también constituyen formas de violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Maltrato físico: Un adulto utiliza la fuerza física para dañar a un menor intencionalmente a través de golpes, torceduras, quemaduras, etcétera.

Negligencia: La madre o cuidadora no manifiesta ningún interés en la alimentación, ropa, vacunas y atención general del niño, en quien se percibe abandono y descuido total.

Por ello, debe involucrarse a los padres y personas a cargo de su cuidado en el respeto de sus garantías, reconocidas en la Constitución y en diversos instrumentos legales internacionales.

El maltrato infantil debe ser considerado como un grave problema de salud pública de agenda nacional, ya que este fenómeno cuenta con cifras alarmantes, según datos del DIF en México existen 8 millones de menores en condición de maltrato y 2 millones de ellos en maltrato extremo. Además de ser la primera causa de muerte e invalidez en la población infantil.

No debemos permanecer pasivos ante el problema del maltrato infantil que prevalece en los ámbitos familiar y escolar. Se deben de poner en práctica estrategias que protejan la integridad física de niñas y niños que viven en México con el propósito de garantizar sus derechos humanos.

Por otra parte, a pesar de contar con un marco normativo especifico referente en la Ley de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el establecimiento de sanciones correspondientes contra quienes maltratan a los menores, esta problemática se sigue día con día tanto en los hogares, en las escuelas y en los diversos espacios de la comunidad, desafortunadamente esto se está legitimando y aceptando socialmente, de forma que se hacen naturales y por tanto invisibles las diferentes formas de violencia, lo cual contribuye a su persistencia y reproducción.

Muestra de ello, es la violencia en el noviazgo, siete de cada diez jóvenes sufre violencia física, en cuanto violencia en la familia, un 66% ha vivido al menos una de las formas de violencia.

Asimismo, cabe recalcar que en la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 50, establece que: “el gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto se deben de establecer acciones y políticas públicas necesarias para prevenir atender y erradicar el maltrato infantil. Adoptar las medidas necesarias para ampliar y profundizar los conocimientos que se tienen acerca del fenómeno del maltrato infantil en nuestro país y promover entre las niñas, niños y adolescentes la generación de una cultura de no violencia.

En México existe una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, y de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2012.

 

Iniciativa que tipifica el delito de tortura en el Código Penal Federal

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 309 BIS Y 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y ABROGA LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y la suscrita, Zuleyma Huidobro González, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 6, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal; se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código y se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tortura es mucho más que un tema para conversar, es una realidad creciente y preocupante en México y en otros países de América Latina. Un gran porcentaje de las violaciones a derechos humanos que se presentan en México se explica a partir de esta realidad: ante conflictos sociales provocados por las políticas gubernamentales de ajuste económico ó la falta de democracia y justicia; las autoridades han optado más por la fuerza, que por el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, así, han recurrido al uso de las fuerzas armadas para frenar el descontento social.

Los informes que recibe Amnistía Internacional sobre tortura en México han aumentado considerablemente en los últimos cinco años de gobierno del presidente Calderón. Este incremento se ha producido a pesar de haber adoptado las autoridades mexicanas algunas medidas para reducir la tortura. Las limitaciones de esas medidas y su ineficaz aplicación ponen en duda la voluntad política existente en todos los niveles del gobierno para erradicar la constante de tortura e impunidad que se mantiene desde hace tanto tiempo en el país.

Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad.

Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hacen rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen. Además, incluso cuando se presenta denuncia ante las autoridades, no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos. Aunque el análisis y sistematización de datos plantean grandes dificultades en un país que es una federación, con múltiples jurisdicciones y cuerpos de seguridad, México es mucho más eficaz en esta materia que en muchos otros sectores, como la seguridad social.

No debemos dejar de lado que el bien jurídico protegido en el delito de tortura es el respeto a la dignidad, sustento de los derechos humanos, las garantías individuales y los propios tales como: el derecho a la igualdad y un trato digno, el derecho a la integridad y seguridad personal, el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad y el derecho a la vida. Ese bien jurídico protegido lo está tanto en la hipótesis básicas como en las dos en que se puede dar esa conducta ilícita, es decir: Para que en los ámbitos de impartición y procuración de justicia se interprete correctamente que se está ante la descripción del tipo penal de tortura y no confundirlo con lesiones, abuso de autoridad u otros, además de los elementos que le dan tipicidad que es de dos tipos, inmediata o implícita, es necesario considerar su finalidad que consiste en romper la fortaleza de la víctima e impedir su libre albedrío, lo que da lugar a solicitar el tipo de examen pericial que podría comprobarla.

La tortura tiene una finalidad inmediata y bien definida: impedir el libre albedrío y limitar la voluntad del torturado para que éste haga lo que el agresor quiere; se trata de crear en la víctima el sentimiento de inferioridad, humillación y quebranto de la moral, la fortaleza física y la emocional, sometiéndola mediante la agresión, o bien castigándola e imponiéndole una pena prohibida; es decir, degradándola como ser humano para convertirla en una cosa maleable. La finalidad mediata es la enunciada en las normas jurídicas: obtener información o una confesión, castigarla o coaccionarla para que haga o deje de hacer algo.

En México han existido casos en los que la interpretación práctica y aplicada se ha hecho a partir de la gravedad de las lesiones, y no del dolor o sufrimiento experimentado por la víctima de tortura, en gran parte de los casos de tortura documentados por los organismos públicos protectores y defensores de los derechos humanos, los certificados médicos emitidos por las procuradurías se limitan a señalar las lesiones visibles que presenta el agraviado, pero nunca hubo algún especialista en tortura, psicólogo o psiquiatra, que pudiera referir si además del dolor físico experimentado había existido sufrimiento psicológico.

Sujetos activos del delito, así como la sanción pecuniaria, nos indican la necesidad de hacer una revisión global de la tipificación de este delito y las sanciones previstas para quien incurra en el mismo; una revisión global y, quizá, la uniformidad de la tipificación del delito de tortura en el ámbito federal y local.

Cabe recalcar que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la tortura no es la única que sanciona la tortura, pues el Código Penal Federal también contempla este delito, pero bajo el título de abuso de autoridad y delitos que comentan los servidores públicos, cuando obligan a un imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, de ese modo nos encontramos bajo un vacío normativo.

El artículo 225, fracción XII, del Código Penal Federal, no establece ninguna sanción por tortura, razón por la cual se sugiere la derogación de esa fracción. En esta secuencia, se debe reformar el Código Penal Federal y tipificar el delito de tortura en el artículo 309 Bis.

ARGUMENTACIÓN

Cabe recalcar que la situación de tortura en México, es una traducción fiel de impunidad. Principalmente, esta proliferación de la tortura en México se ve alimentada por el sistema penal que se ejerce. Por lo tanto nuestro Grupo Parlamentario considera que todos los aspectos anteriores deben ser tomados en cuenta para la tipificación del delito de tortura que sea útil al sistema penal, a los análisis cualitativos, a las políticas públicas y a la compresión del fenómeno.

Bajo esta idea, en la presente iniciativa proponemos la tipificación del delito de tortura para adecuar el respectivo marco jurídico, tratando de lograr una definición que sea la más exacta posible, así como la inhabilitación definitiva de servidores públicos cuando obliguen al imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, que se impulse en la seguridad de las personas que son víctimas de tortura, en el cese de este delito de “lesa humanidad” y en la eliminación de la corrupción que impera en nuestro sistema para una mejor aplicación de la ley.

“Valentina Rosendo tenía 17 años cuando en febrero de 2002 fue violada por unos militares cerca de su casa, en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, estado de Guerrero. Un mes más tarde, en marzo de 2002, unos soldados violaron a Inés Fernández en su casa, en la cercana comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. Aunque ambas mujeres denunciaron la violación, ni las autoridades militares ni las civiles llevaron a cabo jamás una investigación completa, independiente y transparente. Durante su lucha por conseguir justicia, Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como sus familias, han sido objeto de intimidaciones y amenazas. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable de diversas violaciones de derechos humanos cometidas contra ambas mujeres, entre ellas tortura y violación, así como negación de un recurso efectivo. Hasta ahora, el gobierno sólo ha acatado parcialmente la sentencia, pues ha tomado medidas como traspasar los casos a la jurisdicción civil, pero nada indica que se haya hecho algo más para llevar ante la justicia a los militares implicados en la tortura”.1

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal; se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código, y se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal, y se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código, se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, para quedar como sigue:

Artículo 309 Bis. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario o servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Se impondrán de cinco a ocho años de prisión.

I. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de seis a doce años de prisión, e inhabilitación de cualquier cargo, empleo o comisión públicos definitiva.

II. Las penas previstas en la fracción anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 309 Bis, instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.

III. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

IV. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el artículo 309 Bis., deberá comunicarlo a la autoridad competente. La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.

V. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.

VI. El responsable de alguno de los delitos previstos en el artículo 309 Bis estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos:

a) Pérdida de la vida;

b) Alteración física y psicológica de la salud;

c) Pérdida de la libertad;

d) Pérdida de ingresos económicos;

e) Incapacidad laboral;

f) Pérdida o el daño a la propiedad; y

g) Menoscabo de la reputación.

Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado. El Estado estará obligado a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos de los artículos 1927 y 1928 del Código Civil.

VII. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XII. Se deroga.

Se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Informe de Amnistía Internacional, Tortura y malos tratos en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Exhorto al Ejecutivo Federal para que promueva programas a favor de usuarios de crédito con adeudos

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo ante esta honorable asamblea al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.

Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, han diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago.

No podemos ignorar las grandes repercusiones que en materia de empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso enfrenta hoy en día nuestra economía, asociado a un incremento considerable de la pobreza.

El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.

México cuenta con un crecimiento económico menor al del 2011, con un repunte considerable en los niveles de inflación. La situación del mercado laboral continúa siendo delicada, ya que la creación de empleos se recupera de manera modesta mientras que la tasa de desempleo se mantiene en niveles elevados. Los empleos creados no cubren las necesidades básicas de las personas. Lo que continúa siendo un grave problema.

El monto de pago vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.

Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.

A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año, se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.

La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro de “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.

En Mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.

Lo anterior golpea a las y los mexicanos, ya que muchas de las instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera en contra de los deudores morosos que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido, hasta amenazas de registro de malas notas en el Buró de Crédito (SIF), como el Buró de Crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.

El país sigue sumergido en una situación bastante frágil, el Estado no debe aplicar un trato desigual a sus ciudadanos, rescatando por una parte a grandes empresarios y dejando en el olvido a los pequeños ahorradores y usuarios de crédito, no debemos olvidar que esto sucede por los salarios bajos y desempleo, no precisamente por una cultura de no pago.

Por lo tanto hace falta implementar programas y mecanismos adecuados para el rescate y restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados en las implicaciones y riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo con el fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Segundo. Se exhorte al presidente de la Condusef, al Procurador Federal del Consumidor y a las autoridades locales en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera, y en general a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012.

Iniciativa para garantizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 171, numeral 1; 173, numeral 1, 180, numeral 1; 182, numeral 2; 184, numeral 2, inciso a); 187, numeral 4, y 190, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La globalización de la vida política, económica, personal y profesional, la expansión de la democracia en el mundo y el incremento en la migración internacional han contribuido a despertar un creciente interés en el derecho al voto de aquellos ciudadanos que se encuentran ausentes de su país de origen.

En el caso de México, es innegable que ante la necesidad de contar con mejores condiciones de vida, los ciudadanos mexicanos traten de buscar nuevas oportunidades para su bienestar, desplazándose hacia otros países; por lo anterior, se ha ido incrementando en los últimos años, de forma considerada dicha migración; no obstante, a pesar de las circunstancias económicas que imperan en la actualidad, los mexicanos residentes en el extranjero, forman parte de las principales fuentes de remesas de nuestro país.

Por lo anterior, es que resulta necesario adecuar al marco legal, los derechos y prerrogativas de los mexicanos residentes en el extranjero, en una homogeneidad en la ley, que permita lograr un equilibrio entre lo dispuesto en las normas aplicables y la impetuosa necesidad de dotar a nuestros connacionales, de los instrumentos necesarios para que puedan tomar parte en las decisiones trascendentales del país.

Debe señalarse, que la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto, ha sido desde hace mucho tiempo tema de discusión no solo entre las autoridades electorales y jurisdiccionales, sino también en el ámbito legislativo.

Así, en la primera reforma llevada a cabo, se logro que los mexicanos residentes en el extranjero, pudieran votar en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la misma no fue suficiente, puesto que aún existen lagunas en la ley, que no permiten el derecho pleno y absoluto del ejercicio al sufragio como prerrogativa de rango constitucional, para nuestros compatriotas que viven fuera del país.

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de igualdad, equidad y certeza para todos. Por ello, el derecho al voto de las y los mexicanos en el extranjero, desde nuestra perspectiva, va más allá de la revisión de la parte logística es un tema de derechos humanos y políticos.

Movimiento Ciudadano, tiene la convicción de impulsar una reforma electoral integral y profunda, es decir, la reforma que se necesita para consolidar nuestra democracia, no sólo la que los partidos queremos.

En el transcurso del tiempo, las reformas coyunturales no han resuelto los problemas de fondo, y en cada elección se profundizan las deficiencias de nuestro sistema, poniendo en riesgo la viabilidad de nuestra democracia.

Es urgente poner un alto, al recurso excesivo del dinero en las campañas, para comprar y coaccionar el voto, pues ello sólo profundiza las desigualdades sociales y la exclusión de la que han sido víctimas precisamente muchos de los ciudadanos mexicanos, quienes han tenido que migrar para buscar mejores condiciones de vida.

No solamente es el hecho de que un gran número de ciudadanos está viajando y trabajando por todo el mundo; sino que en los hechos, es un reclamo legitimo por parte de los mexicanos que radican en el extranjero, el que se establezcan mecanismos idóneos, que les permitan el ejercicio pleno a su derecho al voto; por lo que, es nuestra obligación garantizar a las personas que viven fuera del país participar en la construcción y toma de decisiones del mismo, y en consecuencia de su futuro.

¿Exactamente quién tiene el derecho a ser representado, y de qué manera?

Si bien, la constitución de muchos países garantiza el derecho al voto de todos sus ciudadanos, lo cierto es, que es muy común que los electores que se encuentran fuera de su país de origen cuando se llevan a cabo las elecciones, se vean privados de su derecho al voto.

Cabe recordar que detrás de la migración subyacen causas sociales, políticas, culturales o étnicas y son varias las razones por las que los electores en el extranjero no se registran ni votan, entre las que destacan el temor por su situación migratoria o por razones políticas o laborales; aunado a que muchas veces las personas consideran muy complejas o costosas las gestiones que tienen que llevar a cabo para poder registrarse y votar.

Así las cosas, debe decirse que el derecho al voto de los mexicanos radicados en el exterior fue una conquista tardía; comparado con otras naciones que cuentan con mecanismos de sufragio a distancia desde hace décadas, como lo son por mencionar algunas: Nueva Zelanda quien introdujo la primera modalidad de voto desde el exterior en 1890; Canadá en 1915; Indonesia en 1953; España en 1978.

En México, es en 2005, que el Congreso aprobó la reforma electoral que permite a los connacionales fuera de nuestro territorio ejercer su derecho al voto.

Según organizaciones de migrantes en Estados Unidos y legisladores, cuatro millones de mexicanos estuvieron en condiciones de sufragar en las elecciones presidenciales de 2006. En realidad lo hicieron apenas 33,111 personas, muy lejos de la cifra ideal que los promotores de la iniciativa se habían marcado como meta: 500 mil sufragios desde el extranjero. No obstante a ello, el primer paso estaba dado, en el ejercicio al derecho al sufragio en esta modalidad.

En 2012, el crecimiento del voto en el exterior no fue significativo en términos absolutos, aunque sí hubo algunos avances: 40,737 ciudadanos mexicanos, 23% más que la elección de 2006, votaron desde 92 países distintos por las opciones políticas de su preferencia. El sistema actual de voto en el extranjero es aún insuficiente para lograr el objetivo establecido en la Constitución y en la ley.

Con las cifras reportadas por el Instituto Federal Electoral aún no es posible establecer una tipología clara del votante mexicano en el exterior.

Conforme el voto desde el exterior se incremente y su importancia para marcar el resultado de una elección sea más grande, veremos un renovado interés por estudiar el fenómeno.

Paralelamente, será fundamental que las autoridades electorales y las organizaciones de migrantes profundicen sus campañas de información y actualicen sus mecanismos para registro y voto a distancia.

En un mundo interconectado y altamente digitalizado, seguir apostando por el voto vía correo postal quizá no sea la mejor elección, es un mecanismo anacrónico.

Cabe señalar en principio, que la mayor parte de los mexicanos en el extranjero difícilmente están en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para ejercer su voto. Hay que recordar que, según se establece en el artículo 314 del Código Electoral Federal, quienes deseen ejercer este derecho, (el cual está restringido únicamente a la elección de Presidente de la República), deberán solicitar por escrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, amén de indicar el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar la boleta electoral.

Por si esto fuera poco, se encuentran sujetos a los tiempos establecidos en el artículo 315 del mismo ordenamiento electoral, puesto que deberán enviar la solicitud entre el periodo comprendido, del 1º de octubre del año previo y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial.

ARGUMENTACIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta sencillo ejercer el voto en el extranjero como se pretendiera.

Además de que resulta innegable, el hecho de que la mayoría de los mexicanos en el extranjero se encuentran en Estados Unidos y en situación migratoria irregular, lo cual dificulta, como ya se mencionó, cumplir con los requisitos exigidos en la ley.

Resulta relevante mencionar, la importancia que en diversos países le han dado al voto en el extranjero, puesto que mientras en algunos, existen varias formas para emitir dicho voto, y se ofrecen métodos alternativos; en otros, ya sea por razones logísticas o financieras, sólo cuentan con una modalidad.

La mayoría de los países que cuentan con disposiciones legales relacionadas con el voto en el extranjero, lo organizan a través de sus servicios administrativos, con el apoyo de servicios de mensajería, el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

Para nuestro país, se deben examinar distintos procedimientos de voto en el extranjero, en el contexto del principio fundamental relativo al voto libre, igualitario, secreto y seguro.

Pero también es prioritario impulsar una reforma que establezca mayores bases para la justicia electoral y legitimidad a nuestro sistema democrático. Por ello, es que Movimiento Ciudadano ya ha presentado iniciativas para establecer como causales de nulidad el rebase de topes de campaña y la fiscalización previa a la calificación electoral pues consideramos que si no se garantizan condiciones de equidad y se permite que sea el dinero el que determine una elección, la democracia en México no será legítima.

Coincidimos con quienes afirman que el voto universal en el extranjero es parte de los derechos de los ciudadanos en un mundo, donde vivir o residir en el extranjero, forma parte de la vida de millones de personas y donde el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las leyes son cada vez más trascendentales.

Por ello, en Movimiento Ciudadano, manifestamos lo dicho en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, en 2005, en relación a que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos los aspectos de su vida.

Puesto que si bien, las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, el cual pueda pertenecer de manera exclusiva a un país o región; por lo anterior, reafirmamos la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el derecho a la libre determinación. Enfatizando que la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Lo anterior encuentra sustento, en lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo el Estado Mexicano el encargado de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos establecidos en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro gobierno.

Por ello, Movimiento Ciudadano, manifiesta su preocupación por la libertad al sufragio, de cada uno de los mexicanos que residen en diversas partes del mundo, ya sea de forma temporal o definitiva; puesto que el hecho, de que nuestros compatriotas se encuentren fuera de nuestro País, no significa que no puedan tener una participación directa o indirecta en las decisiones sobre las políticas públicas de la nación.

En dicho sentido, Movimiento Ciudadano, ha enfatizado en la Mesa de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, la necesidad de implementar reformas a la Constitución y a la ley, que permitan a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo, obtener su credencial de elector a través de campañas de credencialización en las embajadas y consulados de nuestro país, esto no solo con el objeto de que cuenten con el principal instrumento para poder ejercer el derecho al voto, sino además, porque constituye una demanda legítima de nuestros connacionales, contar con un medio de identificación universal, que les permita además, ser reconocidos en sus derechos como ciudadanos mexicanos, en los demás países, tutelando el respeto a sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano, considera que deben ser reformados los artículos: 171 numeral 1; 173 numeral 1; 180 numeral 1; 182 numeral 2; 184 numeral 2 inciso a); 187 numeral 4; y 190 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; para poder así incorporar en la normatividad electoral, que en las embajadas y consulados mexicanos o en sitios habilitados para tal efecto, se cuente con módulos especiales para llevar a cabo la credencialización a través de personal del Instituto Federal Electoral; con la finalidad de que les sea proporcionada información suficiente, veraz y oportuna, en relación a la documentación que deberán presentar para la debida inscripción y actualización en el padrón electoral; a efecto de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, esté en condiciones de implementar el registro correspondiente, y así poder expedir la credencial para votar con fotografía a los ciudadanos que se encuentran en dicha condición, y con ello garantizar el ejercicio pleno de los derecho cívicos de los mexicanos residentes en el extranjero, preservando la confidencialidad de dichos datos.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adicionan los artículos los artículos 171, numeral 1; 173, numeral 1; 180, numeral 1; 182, numeral 2; 184, numeral 2, inciso a); 187, numeral 4, y 190, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 171.

1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electorales en el ámbito nacional, así como en los módulos instalados para estos fines en el extranjero.

Artículo 173.

1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años, recabada a través de la técnica censal total, y de electores residentes en el extranjero.

Artículo 180.

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía, y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán acudir a las oficinas o módulos del instituto federal electoral que se encuentren ubicados en las embajadas y consulados mexicanos o en cualquier otro sitio en el extranjero dispuesto por el instituto.

Artículo 182.

1. …

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, así como embajadas y consulados mexicanos o cualquier otro sitio en el extranjero que determine el instituto federal electoral para ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

Artículo 184.

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

a)-g) …

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) Cuando se incorpore en el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero.

b) y c)

d) Fecha de la solicitud de inscripción

Entidad federativa, municipio, localidad, donde se realice la inscripción;

b) y c)…

Artículo 187.

1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del Instituto Federal Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a)-c) …

2. …

3. …

4. En las oficinas o módulos del Registro Federal de Electores, dentro y fuera del territorio nacional existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 190.

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos dentro y fuera del territorio nacional que determine el instituto hasta el 31 de marzo del año de la elección, así como en las oficinas o módulos especiales para mexicanos residentes en el extranjero.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Exhorto a PGR, SSP, SEDENA, SEMAR, a cumplir recomendaciones de DH

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar a cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

El pasado 20 de octubre, el señor Stavros Lambrindinis, vicepresidente de la Unión Europea y representante especial para Derechos Humanos, afirmó en el marco del III Diálogo Bilateral entre México y la Unión Europea, que “México enfrenta situaciones muy difíciles en torno a la seguridad, pero sin importar qué tan complicado sea el reto, los derechos humanos son de la máxima relevancia e importancia, y lo mismo puede decirse de la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado e informado de muchos casos que “ilustran el patrón de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas en su desempeño de labores policiales.”

De acuerdo a Amnistía Internacional, “entre los abusos figuran desaparición forzada, homicidios extra-judiciales o ilegítimos, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria”. De hecho la información publicada por la Sedena, la CNDH y algunas comisiones estatales de Derechos Humanos indican que esta tendencia ha aumentado significativamente en los últimos años.

En su informe del 2009, Amnistía Internacional afirma “las violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército no son excepcionales, sino frecuentes y, en algunas zonas, habituales”.

Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos indican que las cifras oficiales son muy inferiores a las reales, así tenemos que a consecuencia de la estrategia del presente sexenio contra el crimen organizado hay por lo menos 90 mil muertes relacionadas de las que no se sabe a ciencia cierta si tenían o no vinculo con las organizaciones criminales y han sido archivadas sin un juicio de por medio.

Los casos del informe de Amnistía Internacional demuestran además que, cuando los abusos son perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, la respuesta del Estado a todos los niveles es ineficaz, no se emprenden acciones para prevenir y sancionar esas graves violaciones a derechos humanos.

A razón de ello, es muy importante, que esta Cámara de Diputados, solicite el cumplimiento de todas y cada una de la recomendaciones que han hecho los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ante las diversas autoridades mexicanas que forman parte del gabinete de seguridad responsables de la estrategia contra el crimen organizado.

Es fundamental que en esta soberanía conozcamos y reconozcamos la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanas perpetradas por integrantes de las diferentes fuerzas armadas involucradas en operaciones de seguridad pública en los últimos años, para actuar e invertir esa tendencia.

Asimismo, es importante conocer la atención que las diferentes dependencias han dado a las múltiples recomendaciones que se les han hecho desde la CNDH y organismos internacionales, entre las que cabe destacar:

• Asegurar que los miembros de las fuerzas armadas que lleven a cabo operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

• Asegurar que las autoridades civiles lleven a cabo de inmediato acciones eficaces sobre todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos a fin de que los responsables sean puestos a disposición judicial y las víctimas obtengan reparación.

• Asegurar que jefes militares, mandos policiales y ministerios públicos cooperen y exijan a quienes están bajo su responsabilidad que cooperen plenamente para determinar el paradero de las personas desaparecidas.

• Asegurar de que los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos en las que están implicados miembros de las fuerzas armadas tengan derecho a acceder a la información sobre su caso y participen plenamente como coadyuvantes del ministerio público con ayuda legal de su elección, independientemente de que su caso se ocupe el sistema de judicial militar, civil o ambos.

• Garantizar que la Sedena publique regularmente información fiable y detallada sobre denuncias de violaciones de derechos humanos contra persona de las fuerzas armadas y sobre procesamientos y sentencias en los sistemas de justicia civil y militar.

La solicitud de este cumplimiento tiene como fundamento las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera: Que conforme a las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, establece en el artículo 1º constitucional que:

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la Constitución establece”.

Segunda: Que la Cámara de Diputados como parte del Estado y en términos del artículo 1o. constitucional debe:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

Único. Esta honorable Cámara de Diputados Exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, para que cumplan con todas y cada una de las Recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Palacio de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Iniciativa para frenar el endeudamiento de los estados

RicardoMejia

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el desarrollo del mercado local de financiamiento a estados inició a finales de los años noventa, cuando la calificadora Fith Ratings asignó a Sonora la primera calificación de riesgo crediticio a una identidad mexicana. En la misma época, un grupo de estados tomaron la decisión de ser calificados: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

Las valuaciones de Fith resultan importantes ya que describen los puntos más vulnerables de cada estado lo que permite observar que áreas deben ser tratadas con urgencia. Para realizar esta labor se audita la deuda de cada entidad con el fin de conocer las capacidades de cumplir las obligaciones contractuales, medir el impacto de riesgos asumidos y analizar la administración de inversiones. Los resultados de la última evaluación 2010 de algunos estados son los siguientes:

Aguascalientes: Alto endeudamiento relativo, deterioro en gasto operacional, alta dependencia de ingreso federal.

Coahuila: Alto nivel de endeudamiento a corto y largo plazo, poca claridad y transparencia en el registro de deuda y contable. Fuerte desequilibrio presupuestal.

Chihuahua: Altos niveles de inseguridad que afectan la actividad económica. Dependencia de ingresos federales. Altos niveles de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda.

Estado de México: Presiones presupuestarias debido al alto nivel de población y por lo tanto a la demanda de infraestructura. Importante aportación económica en el contexto nacional.

Morelos: Presiones en materia de seguridad publica. Gran dependencia de ingresos federales y contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

Puebla: Registra contingencias relacionadas con la deuda avalada y con la operación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; presenta presiones financieras relacionadas con el pasivo laboral a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado.

Tabasco: Presenta un elevado nivel de pasivos de corto plazo, con bajos niveles de generación de ahorro interno e inversión estatal en términos relativos, mantiene una dependencia significativa de ingresos federales y registra contingencias en el largo plazo derivadas del pasivo no fondeado del sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del estado.

Veracruz: Alto crecimiento del gasto operacional en los últimos años, lo cual ha deteriorado significativamente la flexibilidad crediticia del estado, y un elevado nivel de pasivo circulante en los últimos ejercicios. Registra un déficit estructural de las finanzas públicas. Dependencia de ingresos federales. Contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

En diciembre de 1999, la Secretaría de Hacienda emitió reglas de capitalización para la banca con lo que de manera indirecta se buscó regular el financiamiento subnacional. Fue entonces cuando se introdujo un esquema de requerimientos de capitalización bancaria, en función de los porcentajes de ponderación de riesgo crediticio de dos calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con tal medida se buscaba desalentar extraordinarios rescates financieros del gobierno federal; otorgar mayor independencia y responsabilidad en el manejo de las finanzas y deuda a estados y municipios; diversificar sus alternativas de crédito y acceso al mercado bursátil; y diferenciar el riesgo crediticio entre entidades calificadas y no calificadas.

En 2010, en su reporte especial titulado “Mayor gasto y endeudamiento de las entidades subnacionales: menor flexibilidad financiera y una difícil perspectiva”, la calificadora Fitch Ratings señalaba que la flexibilidad financiera de estados y municipios se había reducido en el periodo 2004-2009, producto de diversos factores tales como crecimiento del gasto operacional por encima de los ingresos corrientes; aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública y presiones de liquidez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ha confirmado que, en términos generales, las calificaciones crediticias de todos los estados del país han ido a la baja. No obstante, si bien una calificación de riesgo crediticio proporciona información al mercado, por sí misma no es suficiente para otorgar certidumbre en materia de endeudamiento subnacional, sobre todo si se carece de marcos regulatorios claros que incluyan disposiciones en materia de transparencia y fiscalización.

ARGUMENTACIÓN

Nuestro marco jurídico otorga a las entidades federativas facultades para contratar créditos bajo los límites que impone la fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que los empréstitos deben destinarse a inversiones públicas y ser pagaderos en moneda nacional.

La deuda pública es una de las herramientas financieras que durante los últimos años ha sido utilizada, con mayor frecuencia por parte de los gobiernos estatales para poder obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y a los aportados por la federación. Estos recursos muchas veces han sido manejados con total opacidad.

Entre 1994 y 2010 se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios, al pasar de 26 mil 728.5 millones de pesos a 314 mil 664.5 millones de pesos y para junio de 2012 a 404 mil 409.5 millones de pesos.

Mientras que en 1994 el monto del endeudamiento subnacional presentaba 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto de las aportaciones federales.

El crecimiento insostenido de la deuda de entidades federativas se debe principalmente a la falta de monitoreo y leyes efectivas derivada de la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales. La equidad en división de poderes en muchos estados de nuestro país sólo exista en la teoría, ya que el poder hegemónico del gobernador impone cualquier decisión aún cuando sólo favorezca intereses particulares.

Es por esto que resulta de suma importancia que cualquier empréstito contraído por entidades o municipios sea autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá manejarse de acuerdo a controles basados en reglas que establezcan medidas para mejorar la gestión financiera, tomando en cuenta el riesgo moral de que los gobiernos locales no se conduzcan con cautela debido a la creencia de que el gobierno federal debe rescatarlos en caso de urgencia.

Derivado de lo anterior, es notable el crecimiento de las deudas públicas que las entidades federativas en los últimos años han incrementado, resulta contundente la crisis financiera en la que se encuentra nuestro país, por lo cual es de suma importancia establecer urgentemente medidas que eviten este mal.

La deuda de estados incluye obligaciones con la banca comercial, la banca de desarrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos. El nivel de endeudamiento con la banca comercial es el que se ha convertido en el mayor acreedor de estados y municipios.

No podemos permitir que uno de los mecanismos de los estados para hacerse de recursos sea el endeudamiento. Además de fortalecer la transparencia y la fiscalización de los créditos contratados por entidades federativas, es necesario poner “candados” a los gobiernos estatales que deseen contratar deuda pública.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adicionan los articulos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74 fracción VII, y 117 fracción Vlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

l. a XXVIII. …

XXVIII Bis. Para expedir leyes sobre la contratación de empréstitos o créditos de los estados.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. …

VII. Aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los estados.

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. al VII. …

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas,conforme a lo dispuesto por esta constitución y las leyes respectivas.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Exhorto a Gobernador de Michoacán para frenar represión a estudiantes

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán a frenar la represión contra los estudiantes y a otorgarles las garantías constitucionales, así como dirigir sus esfuerzos a brindar seguridad a los habitantes y poner un alto a la delincuencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

• El miércoles 15 de febrero de 2012 Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta como gobernador constitucional de Michoacán. Apenas dos meses después, el 28 de abril, en punto de las 3:30 de la madrugada envió a la policía estatal a reprimir a jóvenes en las Casas de Estudiantes 2 de Octubre y Nicolaita en el centro histórico de Morelia y posteriormente a las 10:53 llegaron a la Casa Lucio Cabañas. Actuaron de forma violenta y arremetieron en contra de estudiantes y transeúntes, arrojando gases lacrimógenos y abriendo fuego con armas de alto poder.

• El 21 de julio, secuestran en Paracho a los jóvenes Luis Enrique Castañeda, Diego Antonio Maldonado y Ana Belén Sánchez, los tres militantes de Movimiento Ciudadano. Quienes fomentaban entre niños y jóvenes de la meseta purépecha el interés por la ciencia. Sin que hasta la fecha exista información del avance de las investigaciones sobre su desaparición.

• El 14 de septiembre de 2012, familiares de los 3 jóvenes levantados en Paracho suplican al Ejecutivo del Estado una entrevista. Hasta la fecha no los ha recibido. Los canaliza con el Procurador de Justicia del Estado quien les “sugiere”, en tono de evidente amenaza, que mejor dejen las cosas por la paz y se vayan del estado.

• El jueves 20 de septiembre de 2012 alrededor de las 13:30 horas el grupo de operaciones especiales de la entidad, comandado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Elías Álvarez Hernández, ingresó a la Facultad de Medicina y sometió a los integrantes del movimiento de aspirantes y rechazados de la UMSNH.

• El pasado 15 de octubre de 2012, cientos de policías federales y estatales toman por asalto las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, Michoacán, golpeando a jóvenes normalistas manteniéndolos bocabajo y atados de pies a manos con sus agujetas. Se reporta a 176 jóvenes estudiantes detenidos. Por la tarde de ese día, varios profesores, entre ellos el dirigente y ex dirigente magisteriales, Juan José Ortega y Jorge Cazares Torres, fueran detenidos, en las inmediaciones de la oficina sindical, por agentes federales y llevados a la cárcel preventiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente los jóvenes son los más vulnerables ante la inseguridad que priva en el país, sufren el acoso y muchos han sido ingresados a las filas del crimen organizado. La falta de oportunidades de trabajo y estudio, los hace más proclives a caer en esta actividad delictiva

Reprimir a jóvenes que exigen su derecho a estudiar, tratarlos como delincuentes, violentar con policías los recintos universitarios y casas de estudiantes y normalistas del estado de Michoacán evidencian el poco tacto, por decir lo menos, del Ejecutivo Estatal para atender la problemática que viven los jóvenes en la entidad y otorgarles alternativas de vida honesta, que es su responsabilidad como gobernador de la entidad.

La desaparición de los jóvenes promotores de la ciencia en Paracho y el silencio del Ejecutivo estatal evidencian la complicidad entre las autoridades y la delincuencia.

El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa encubre a los delincuentes y reprime a los estudiantes y profesionistas.

A pocos meses del gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán, lo único que ha sabido hacer es reprimir a los jóvenes y dejar que la violencia y la inseguridad sigan privando de la paz de sus habitantes y cancelando el desarrollo del estado.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a que frene la represión de su gobierno a los estudiantes, otorgue las garantías constitucionales a los jóvenes estudiantes y profesionistas, y dirija sus esfuerzos a cumplir con sus obligaciones constitucionales para garantizar seguridad a los habitantes del estado y poner un alto a la delincuencia.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre del 2012.

Exhorto a la Secretaría de Economía para aprobar programa en sector citrícola en Veracruz

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aprobar el programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en Veracruz, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79 ,numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de Veracruz cuenta con un padrón de más de 45 mil productores de cítricos agrupados en el Consejo Estatal Citrícola, AC.

En la demarcación más de 205 mil 195 hectáreas son cultivadas con diferentes variedades de cítricos, donde la naranja valencia y el limón persa ocupan los primeros lugares de cultivo con una superficie de 158,968 hectáreas y con un promedio de producción de 2 millones 787 mil 700 toneladas productivas.

El estado de Veracruz representa en términos reales el 40 por ciento de la citricultura nacional; además, es el principal exportador de cítricos en el país.

La citricultura veracruzana es pilar fundamental en la vida económica del estado; Veracruz cuenta con una posición geográfica estratégica para fortalecer la citricultura de Exportación, así como la comercialización en el mercado nacional e internacional.

Anualmente, los productores veracruzanos generan cerca de 2 mil 348 millones de pesos de producción, 97 millones de dólares de concentrado de jugo y 136 millones de de dólares de exportación de limón persa.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los productores, el estado vive una severa crisis, resultado de la carencia de un sistema estatal de desarrollo de la citricultura, que se traduce en bajos precios de la fruta y el jugo concentrado.

Los citricultores padecen la saturación de la oferta nacional ante limitaciones fitosanitarias que restringen la exportación de sus productos.

Los productores de cítricos ven con desesperación la inequidad en los subsidios en relación con otros cultivos nacionales, así como los otorgados a los citricultores estadunidenses y brasileños, a los cuales sus gobiernos les otorgan más apoyo y protección.

Todo esto da como resultado una baja productividad de las huertas y unos altos costos de producción.

Con la finalidad de contrarrestar las adversidades y mejorar el sector citrícola, un grupo de pequeños empresarios realizaron exhaustivos estudios y crearon un programa para la consolidación de las cadenas de producción-consumo.

Los productores presentaron el proyecto a la Secretaría de Economía, donde les asignaron el folio FP2012-1110, pero sin que hasta el momento hayan recibido apoyo requerido par aponer en marcha el programa en mención.

Con la aprobación por parte de la Secretaría de Economía del programa para la consolidación de cadenas de producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, se daría un fuerte impulso a 100 micros y pequeñas empresas pertenecientes al Consejo Estatal Citrícola del Estado de Veracruz (viveristas, citricultores, centros de acopio, enceradores, empacadores, procesadores, comercializadores) para fomentar en el sector citrícola del estado de Veracruz.

Asimismo se alcanzaría la consolidación de cadenas producción-consumo eficientemente articuladas y con una oferta de productos de calidad, altamente diversificada que se traduzca en mejores oportunidades de empleo e ingresos en la mipimes beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Hacer un exhorto a la Secretaría de Economía a aprobar el programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, ingresado a esa dependencia con el folio FP2012-1110.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.