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jimena mx – Página 111 – Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Autor: jimena mx

Exhorto al Ejecutivo Federal para que promueva programas a favor de usuarios de crédito con adeudos

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo ante esta honorable asamblea al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.

Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, han diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago.

No podemos ignorar las grandes repercusiones que en materia de empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso enfrenta hoy en día nuestra economía, asociado a un incremento considerable de la pobreza.

El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.

México cuenta con un crecimiento económico menor al del 2011, con un repunte considerable en los niveles de inflación. La situación del mercado laboral continúa siendo delicada, ya que la creación de empleos se recupera de manera modesta mientras que la tasa de desempleo se mantiene en niveles elevados. Los empleos creados no cubren las necesidades básicas de las personas. Lo que continúa siendo un grave problema.

El monto de pago vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.

Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.

A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año, se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.

La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro de “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.

En Mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.

Lo anterior golpea a las y los mexicanos, ya que muchas de las instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera en contra de los deudores morosos que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido, hasta amenazas de registro de malas notas en el Buró de Crédito (SIF), como el Buró de Crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.

El país sigue sumergido en una situación bastante frágil, el Estado no debe aplicar un trato desigual a sus ciudadanos, rescatando por una parte a grandes empresarios y dejando en el olvido a los pequeños ahorradores y usuarios de crédito, no debemos olvidar que esto sucede por los salarios bajos y desempleo, no precisamente por una cultura de no pago.

Por lo tanto hace falta implementar programas y mecanismos adecuados para el rescate y restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados en las implicaciones y riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo con el fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Segundo. Se exhorte al presidente de la Condusef, al Procurador Federal del Consumidor y a las autoridades locales en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera, y en general a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012.

Iniciativa para garantizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 171, numeral 1; 173, numeral 1, 180, numeral 1; 182, numeral 2; 184, numeral 2, inciso a); 187, numeral 4, y 190, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La globalización de la vida política, económica, personal y profesional, la expansión de la democracia en el mundo y el incremento en la migración internacional han contribuido a despertar un creciente interés en el derecho al voto de aquellos ciudadanos que se encuentran ausentes de su país de origen.

En el caso de México, es innegable que ante la necesidad de contar con mejores condiciones de vida, los ciudadanos mexicanos traten de buscar nuevas oportunidades para su bienestar, desplazándose hacia otros países; por lo anterior, se ha ido incrementando en los últimos años, de forma considerada dicha migración; no obstante, a pesar de las circunstancias económicas que imperan en la actualidad, los mexicanos residentes en el extranjero, forman parte de las principales fuentes de remesas de nuestro país.

Por lo anterior, es que resulta necesario adecuar al marco legal, los derechos y prerrogativas de los mexicanos residentes en el extranjero, en una homogeneidad en la ley, que permita lograr un equilibrio entre lo dispuesto en las normas aplicables y la impetuosa necesidad de dotar a nuestros connacionales, de los instrumentos necesarios para que puedan tomar parte en las decisiones trascendentales del país.

Debe señalarse, que la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto, ha sido desde hace mucho tiempo tema de discusión no solo entre las autoridades electorales y jurisdiccionales, sino también en el ámbito legislativo.

Así, en la primera reforma llevada a cabo, se logro que los mexicanos residentes en el extranjero, pudieran votar en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la misma no fue suficiente, puesto que aún existen lagunas en la ley, que no permiten el derecho pleno y absoluto del ejercicio al sufragio como prerrogativa de rango constitucional, para nuestros compatriotas que viven fuera del país.

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de igualdad, equidad y certeza para todos. Por ello, el derecho al voto de las y los mexicanos en el extranjero, desde nuestra perspectiva, va más allá de la revisión de la parte logística es un tema de derechos humanos y políticos.

Movimiento Ciudadano, tiene la convicción de impulsar una reforma electoral integral y profunda, es decir, la reforma que se necesita para consolidar nuestra democracia, no sólo la que los partidos queremos.

En el transcurso del tiempo, las reformas coyunturales no han resuelto los problemas de fondo, y en cada elección se profundizan las deficiencias de nuestro sistema, poniendo en riesgo la viabilidad de nuestra democracia.

Es urgente poner un alto, al recurso excesivo del dinero en las campañas, para comprar y coaccionar el voto, pues ello sólo profundiza las desigualdades sociales y la exclusión de la que han sido víctimas precisamente muchos de los ciudadanos mexicanos, quienes han tenido que migrar para buscar mejores condiciones de vida.

No solamente es el hecho de que un gran número de ciudadanos está viajando y trabajando por todo el mundo; sino que en los hechos, es un reclamo legitimo por parte de los mexicanos que radican en el extranjero, el que se establezcan mecanismos idóneos, que les permitan el ejercicio pleno a su derecho al voto; por lo que, es nuestra obligación garantizar a las personas que viven fuera del país participar en la construcción y toma de decisiones del mismo, y en consecuencia de su futuro.

¿Exactamente quién tiene el derecho a ser representado, y de qué manera?

Si bien, la constitución de muchos países garantiza el derecho al voto de todos sus ciudadanos, lo cierto es, que es muy común que los electores que se encuentran fuera de su país de origen cuando se llevan a cabo las elecciones, se vean privados de su derecho al voto.

Cabe recordar que detrás de la migración subyacen causas sociales, políticas, culturales o étnicas y son varias las razones por las que los electores en el extranjero no se registran ni votan, entre las que destacan el temor por su situación migratoria o por razones políticas o laborales; aunado a que muchas veces las personas consideran muy complejas o costosas las gestiones que tienen que llevar a cabo para poder registrarse y votar.

Así las cosas, debe decirse que el derecho al voto de los mexicanos radicados en el exterior fue una conquista tardía; comparado con otras naciones que cuentan con mecanismos de sufragio a distancia desde hace décadas, como lo son por mencionar algunas: Nueva Zelanda quien introdujo la primera modalidad de voto desde el exterior en 1890; Canadá en 1915; Indonesia en 1953; España en 1978.

En México, es en 2005, que el Congreso aprobó la reforma electoral que permite a los connacionales fuera de nuestro territorio ejercer su derecho al voto.

Según organizaciones de migrantes en Estados Unidos y legisladores, cuatro millones de mexicanos estuvieron en condiciones de sufragar en las elecciones presidenciales de 2006. En realidad lo hicieron apenas 33,111 personas, muy lejos de la cifra ideal que los promotores de la iniciativa se habían marcado como meta: 500 mil sufragios desde el extranjero. No obstante a ello, el primer paso estaba dado, en el ejercicio al derecho al sufragio en esta modalidad.

En 2012, el crecimiento del voto en el exterior no fue significativo en términos absolutos, aunque sí hubo algunos avances: 40,737 ciudadanos mexicanos, 23% más que la elección de 2006, votaron desde 92 países distintos por las opciones políticas de su preferencia. El sistema actual de voto en el extranjero es aún insuficiente para lograr el objetivo establecido en la Constitución y en la ley.

Con las cifras reportadas por el Instituto Federal Electoral aún no es posible establecer una tipología clara del votante mexicano en el exterior.

Conforme el voto desde el exterior se incremente y su importancia para marcar el resultado de una elección sea más grande, veremos un renovado interés por estudiar el fenómeno.

Paralelamente, será fundamental que las autoridades electorales y las organizaciones de migrantes profundicen sus campañas de información y actualicen sus mecanismos para registro y voto a distancia.

En un mundo interconectado y altamente digitalizado, seguir apostando por el voto vía correo postal quizá no sea la mejor elección, es un mecanismo anacrónico.

Cabe señalar en principio, que la mayor parte de los mexicanos en el extranjero difícilmente están en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para ejercer su voto. Hay que recordar que, según se establece en el artículo 314 del Código Electoral Federal, quienes deseen ejercer este derecho, (el cual está restringido únicamente a la elección de Presidente de la República), deberán solicitar por escrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, amén de indicar el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar la boleta electoral.

Por si esto fuera poco, se encuentran sujetos a los tiempos establecidos en el artículo 315 del mismo ordenamiento electoral, puesto que deberán enviar la solicitud entre el periodo comprendido, del 1º de octubre del año previo y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial.

ARGUMENTACIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta sencillo ejercer el voto en el extranjero como se pretendiera.

Además de que resulta innegable, el hecho de que la mayoría de los mexicanos en el extranjero se encuentran en Estados Unidos y en situación migratoria irregular, lo cual dificulta, como ya se mencionó, cumplir con los requisitos exigidos en la ley.

Resulta relevante mencionar, la importancia que en diversos países le han dado al voto en el extranjero, puesto que mientras en algunos, existen varias formas para emitir dicho voto, y se ofrecen métodos alternativos; en otros, ya sea por razones logísticas o financieras, sólo cuentan con una modalidad.

La mayoría de los países que cuentan con disposiciones legales relacionadas con el voto en el extranjero, lo organizan a través de sus servicios administrativos, con el apoyo de servicios de mensajería, el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

Para nuestro país, se deben examinar distintos procedimientos de voto en el extranjero, en el contexto del principio fundamental relativo al voto libre, igualitario, secreto y seguro.

Pero también es prioritario impulsar una reforma que establezca mayores bases para la justicia electoral y legitimidad a nuestro sistema democrático. Por ello, es que Movimiento Ciudadano ya ha presentado iniciativas para establecer como causales de nulidad el rebase de topes de campaña y la fiscalización previa a la calificación electoral pues consideramos que si no se garantizan condiciones de equidad y se permite que sea el dinero el que determine una elección, la democracia en México no será legítima.

Coincidimos con quienes afirman que el voto universal en el extranjero es parte de los derechos de los ciudadanos en un mundo, donde vivir o residir en el extranjero, forma parte de la vida de millones de personas y donde el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las leyes son cada vez más trascendentales.

Por ello, en Movimiento Ciudadano, manifestamos lo dicho en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, en 2005, en relación a que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos los aspectos de su vida.

Puesto que si bien, las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, el cual pueda pertenecer de manera exclusiva a un país o región; por lo anterior, reafirmamos la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el derecho a la libre determinación. Enfatizando que la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Lo anterior encuentra sustento, en lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo el Estado Mexicano el encargado de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos establecidos en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro gobierno.

Por ello, Movimiento Ciudadano, manifiesta su preocupación por la libertad al sufragio, de cada uno de los mexicanos que residen en diversas partes del mundo, ya sea de forma temporal o definitiva; puesto que el hecho, de que nuestros compatriotas se encuentren fuera de nuestro País, no significa que no puedan tener una participación directa o indirecta en las decisiones sobre las políticas públicas de la nación.

En dicho sentido, Movimiento Ciudadano, ha enfatizado en la Mesa de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, la necesidad de implementar reformas a la Constitución y a la ley, que permitan a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo, obtener su credencial de elector a través de campañas de credencialización en las embajadas y consulados de nuestro país, esto no solo con el objeto de que cuenten con el principal instrumento para poder ejercer el derecho al voto, sino además, porque constituye una demanda legítima de nuestros connacionales, contar con un medio de identificación universal, que les permita además, ser reconocidos en sus derechos como ciudadanos mexicanos, en los demás países, tutelando el respeto a sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano, considera que deben ser reformados los artículos: 171 numeral 1; 173 numeral 1; 180 numeral 1; 182 numeral 2; 184 numeral 2 inciso a); 187 numeral 4; y 190 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; para poder así incorporar en la normatividad electoral, que en las embajadas y consulados mexicanos o en sitios habilitados para tal efecto, se cuente con módulos especiales para llevar a cabo la credencialización a través de personal del Instituto Federal Electoral; con la finalidad de que les sea proporcionada información suficiente, veraz y oportuna, en relación a la documentación que deberán presentar para la debida inscripción y actualización en el padrón electoral; a efecto de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, esté en condiciones de implementar el registro correspondiente, y así poder expedir la credencial para votar con fotografía a los ciudadanos que se encuentran en dicha condición, y con ello garantizar el ejercicio pleno de los derecho cívicos de los mexicanos residentes en el extranjero, preservando la confidencialidad de dichos datos.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adicionan los artículos los artículos 171, numeral 1; 173, numeral 1; 180, numeral 1; 182, numeral 2; 184, numeral 2, inciso a); 187, numeral 4, y 190, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 171.

1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electorales en el ámbito nacional, así como en los módulos instalados para estos fines en el extranjero.

Artículo 173.

1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años, recabada a través de la técnica censal total, y de electores residentes en el extranjero.

Artículo 180.

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía, y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán acudir a las oficinas o módulos del instituto federal electoral que se encuentren ubicados en las embajadas y consulados mexicanos o en cualquier otro sitio en el extranjero dispuesto por el instituto.

Artículo 182.

1. …

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, así como embajadas y consulados mexicanos o cualquier otro sitio en el extranjero que determine el instituto federal electoral para ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

Artículo 184.

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

a)-g) …

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) Cuando se incorpore en el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero.

b) y c)

d) Fecha de la solicitud de inscripción

Entidad federativa, municipio, localidad, donde se realice la inscripción;

b) y c)…

Artículo 187.

1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del Instituto Federal Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a)-c) …

2. …

3. …

4. En las oficinas o módulos del Registro Federal de Electores, dentro y fuera del territorio nacional existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 190.

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos dentro y fuera del territorio nacional que determine el instituto hasta el 31 de marzo del año de la elección, así como en las oficinas o módulos especiales para mexicanos residentes en el extranjero.

TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Exhorto a PGR, SSP, SEDENA, SEMAR, a cumplir recomendaciones de DH

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar a cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

El pasado 20 de octubre, el señor Stavros Lambrindinis, vicepresidente de la Unión Europea y representante especial para Derechos Humanos, afirmó en el marco del III Diálogo Bilateral entre México y la Unión Europea, que “México enfrenta situaciones muy difíciles en torno a la seguridad, pero sin importar qué tan complicado sea el reto, los derechos humanos son de la máxima relevancia e importancia, y lo mismo puede decirse de la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado e informado de muchos casos que “ilustran el patrón de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas en su desempeño de labores policiales.”

De acuerdo a Amnistía Internacional, “entre los abusos figuran desaparición forzada, homicidios extra-judiciales o ilegítimos, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria”. De hecho la información publicada por la Sedena, la CNDH y algunas comisiones estatales de Derechos Humanos indican que esta tendencia ha aumentado significativamente en los últimos años.

En su informe del 2009, Amnistía Internacional afirma “las violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército no son excepcionales, sino frecuentes y, en algunas zonas, habituales”.

Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos indican que las cifras oficiales son muy inferiores a las reales, así tenemos que a consecuencia de la estrategia del presente sexenio contra el crimen organizado hay por lo menos 90 mil muertes relacionadas de las que no se sabe a ciencia cierta si tenían o no vinculo con las organizaciones criminales y han sido archivadas sin un juicio de por medio.

Los casos del informe de Amnistía Internacional demuestran además que, cuando los abusos son perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, la respuesta del Estado a todos los niveles es ineficaz, no se emprenden acciones para prevenir y sancionar esas graves violaciones a derechos humanos.

A razón de ello, es muy importante, que esta Cámara de Diputados, solicite el cumplimiento de todas y cada una de la recomendaciones que han hecho los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ante las diversas autoridades mexicanas que forman parte del gabinete de seguridad responsables de la estrategia contra el crimen organizado.

Es fundamental que en esta soberanía conozcamos y reconozcamos la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanas perpetradas por integrantes de las diferentes fuerzas armadas involucradas en operaciones de seguridad pública en los últimos años, para actuar e invertir esa tendencia.

Asimismo, es importante conocer la atención que las diferentes dependencias han dado a las múltiples recomendaciones que se les han hecho desde la CNDH y organismos internacionales, entre las que cabe destacar:

• Asegurar que los miembros de las fuerzas armadas que lleven a cabo operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

• Asegurar que las autoridades civiles lleven a cabo de inmediato acciones eficaces sobre todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos a fin de que los responsables sean puestos a disposición judicial y las víctimas obtengan reparación.

• Asegurar que jefes militares, mandos policiales y ministerios públicos cooperen y exijan a quienes están bajo su responsabilidad que cooperen plenamente para determinar el paradero de las personas desaparecidas.

• Asegurar de que los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos en las que están implicados miembros de las fuerzas armadas tengan derecho a acceder a la información sobre su caso y participen plenamente como coadyuvantes del ministerio público con ayuda legal de su elección, independientemente de que su caso se ocupe el sistema de judicial militar, civil o ambos.

• Garantizar que la Sedena publique regularmente información fiable y detallada sobre denuncias de violaciones de derechos humanos contra persona de las fuerzas armadas y sobre procesamientos y sentencias en los sistemas de justicia civil y militar.

La solicitud de este cumplimiento tiene como fundamento las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera: Que conforme a las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, establece en el artículo 1º constitucional que:

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la Constitución establece”.

Segunda: Que la Cámara de Diputados como parte del Estado y en términos del artículo 1o. constitucional debe:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

Único. Esta honorable Cámara de Diputados Exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, para que cumplan con todas y cada una de las Recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Palacio de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.

Iniciativa para frenar el endeudamiento de los estados

RicardoMejia

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 73, 74 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el desarrollo del mercado local de financiamiento a estados inició a finales de los años noventa, cuando la calificadora Fith Ratings asignó a Sonora la primera calificación de riesgo crediticio a una identidad mexicana. En la misma época, un grupo de estados tomaron la decisión de ser calificados: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

Las valuaciones de Fith resultan importantes ya que describen los puntos más vulnerables de cada estado lo que permite observar que áreas deben ser tratadas con urgencia. Para realizar esta labor se audita la deuda de cada entidad con el fin de conocer las capacidades de cumplir las obligaciones contractuales, medir el impacto de riesgos asumidos y analizar la administración de inversiones. Los resultados de la última evaluación 2010 de algunos estados son los siguientes:

Aguascalientes: Alto endeudamiento relativo, deterioro en gasto operacional, alta dependencia de ingreso federal.

Coahuila: Alto nivel de endeudamiento a corto y largo plazo, poca claridad y transparencia en el registro de deuda y contable. Fuerte desequilibrio presupuestal.

Chihuahua: Altos niveles de inseguridad que afectan la actividad económica. Dependencia de ingresos federales. Altos niveles de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda.

Estado de México: Presiones presupuestarias debido al alto nivel de población y por lo tanto a la demanda de infraestructura. Importante aportación económica en el contexto nacional.

Morelos: Presiones en materia de seguridad publica. Gran dependencia de ingresos federales y contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

Puebla: Registra contingencias relacionadas con la deuda avalada y con la operación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; presenta presiones financieras relacionadas con el pasivo laboral a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado.

Tabasco: Presenta un elevado nivel de pasivos de corto plazo, con bajos niveles de generación de ahorro interno e inversión estatal en términos relativos, mantiene una dependencia significativa de ingresos federales y registra contingencias en el largo plazo derivadas del pasivo no fondeado del sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del estado.

Veracruz: Alto crecimiento del gasto operacional en los últimos años, lo cual ha deteriorado significativamente la flexibilidad crediticia del estado, y un elevado nivel de pasivo circulante en los últimos ejercicios. Registra un déficit estructural de las finanzas públicas. Dependencia de ingresos federales. Contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

En diciembre de 1999, la Secretaría de Hacienda emitió reglas de capitalización para la banca con lo que de manera indirecta se buscó regular el financiamiento subnacional. Fue entonces cuando se introdujo un esquema de requerimientos de capitalización bancaria, en función de los porcentajes de ponderación de riesgo crediticio de dos calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con tal medida se buscaba desalentar extraordinarios rescates financieros del gobierno federal; otorgar mayor independencia y responsabilidad en el manejo de las finanzas y deuda a estados y municipios; diversificar sus alternativas de crédito y acceso al mercado bursátil; y diferenciar el riesgo crediticio entre entidades calificadas y no calificadas.

En 2010, en su reporte especial titulado “Mayor gasto y endeudamiento de las entidades subnacionales: menor flexibilidad financiera y una difícil perspectiva”, la calificadora Fitch Ratings señalaba que la flexibilidad financiera de estados y municipios se había reducido en el periodo 2004-2009, producto de diversos factores tales como crecimiento del gasto operacional por encima de los ingresos corrientes; aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública y presiones de liquidez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ha confirmado que, en términos generales, las calificaciones crediticias de todos los estados del país han ido a la baja. No obstante, si bien una calificación de riesgo crediticio proporciona información al mercado, por sí misma no es suficiente para otorgar certidumbre en materia de endeudamiento subnacional, sobre todo si se carece de marcos regulatorios claros que incluyan disposiciones en materia de transparencia y fiscalización.

ARGUMENTACIÓN

Nuestro marco jurídico otorga a las entidades federativas facultades para contratar créditos bajo los límites que impone la fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que los empréstitos deben destinarse a inversiones públicas y ser pagaderos en moneda nacional.

La deuda pública es una de las herramientas financieras que durante los últimos años ha sido utilizada, con mayor frecuencia por parte de los gobiernos estatales para poder obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y a los aportados por la federación. Estos recursos muchas veces han sido manejados con total opacidad.

Entre 1994 y 2010 se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios, al pasar de 26 mil 728.5 millones de pesos a 314 mil 664.5 millones de pesos y para junio de 2012 a 404 mil 409.5 millones de pesos.

Mientras que en 1994 el monto del endeudamiento subnacional presentaba 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto de las aportaciones federales.

El crecimiento insostenido de la deuda de entidades federativas se debe principalmente a la falta de monitoreo y leyes efectivas derivada de la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales. La equidad en división de poderes en muchos estados de nuestro país sólo exista en la teoría, ya que el poder hegemónico del gobernador impone cualquier decisión aún cuando sólo favorezca intereses particulares.

Es por esto que resulta de suma importancia que cualquier empréstito contraído por entidades o municipios sea autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá manejarse de acuerdo a controles basados en reglas que establezcan medidas para mejorar la gestión financiera, tomando en cuenta el riesgo moral de que los gobiernos locales no se conduzcan con cautela debido a la creencia de que el gobierno federal debe rescatarlos en caso de urgencia.

Derivado de lo anterior, es notable el crecimiento de las deudas públicas que las entidades federativas en los últimos años han incrementado, resulta contundente la crisis financiera en la que se encuentra nuestro país, por lo cual es de suma importancia establecer urgentemente medidas que eviten este mal.

La deuda de estados incluye obligaciones con la banca comercial, la banca de desarrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos. El nivel de endeudamiento con la banca comercial es el que se ha convertido en el mayor acreedor de estados y municipios.

No podemos permitir que uno de los mecanismos de los estados para hacerse de recursos sea el endeudamiento. Además de fortalecer la transparencia y la fiscalización de los créditos contratados por entidades federativas, es necesario poner “candados” a los gobiernos estatales que deseen contratar deuda pública.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adicionan los articulos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74 fracción VII, y 117 fracción Vlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

l. a XXVIII. …

XXVIII Bis. Para expedir leyes sobre la contratación de empréstitos o créditos de los estados.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. …

VII. Aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los estados.

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. al VII. …

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas,conforme a lo dispuesto por esta constitución y las leyes respectivas.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Exhorto a Gobernador de Michoacán para frenar represión a estudiantes

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán a frenar la represión contra los estudiantes y a otorgarles las garantías constitucionales, así como dirigir sus esfuerzos a brindar seguridad a los habitantes y poner un alto a la delincuencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

• El miércoles 15 de febrero de 2012 Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta como gobernador constitucional de Michoacán. Apenas dos meses después, el 28 de abril, en punto de las 3:30 de la madrugada envió a la policía estatal a reprimir a jóvenes en las Casas de Estudiantes 2 de Octubre y Nicolaita en el centro histórico de Morelia y posteriormente a las 10:53 llegaron a la Casa Lucio Cabañas. Actuaron de forma violenta y arremetieron en contra de estudiantes y transeúntes, arrojando gases lacrimógenos y abriendo fuego con armas de alto poder.

• El 21 de julio, secuestran en Paracho a los jóvenes Luis Enrique Castañeda, Diego Antonio Maldonado y Ana Belén Sánchez, los tres militantes de Movimiento Ciudadano. Quienes fomentaban entre niños y jóvenes de la meseta purépecha el interés por la ciencia. Sin que hasta la fecha exista información del avance de las investigaciones sobre su desaparición.

• El 14 de septiembre de 2012, familiares de los 3 jóvenes levantados en Paracho suplican al Ejecutivo del Estado una entrevista. Hasta la fecha no los ha recibido. Los canaliza con el Procurador de Justicia del Estado quien les “sugiere”, en tono de evidente amenaza, que mejor dejen las cosas por la paz y se vayan del estado.

• El jueves 20 de septiembre de 2012 alrededor de las 13:30 horas el grupo de operaciones especiales de la entidad, comandado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Elías Álvarez Hernández, ingresó a la Facultad de Medicina y sometió a los integrantes del movimiento de aspirantes y rechazados de la UMSNH.

• El pasado 15 de octubre de 2012, cientos de policías federales y estatales toman por asalto las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, Michoacán, golpeando a jóvenes normalistas manteniéndolos bocabajo y atados de pies a manos con sus agujetas. Se reporta a 176 jóvenes estudiantes detenidos. Por la tarde de ese día, varios profesores, entre ellos el dirigente y ex dirigente magisteriales, Juan José Ortega y Jorge Cazares Torres, fueran detenidos, en las inmediaciones de la oficina sindical, por agentes federales y llevados a la cárcel preventiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente los jóvenes son los más vulnerables ante la inseguridad que priva en el país, sufren el acoso y muchos han sido ingresados a las filas del crimen organizado. La falta de oportunidades de trabajo y estudio, los hace más proclives a caer en esta actividad delictiva

Reprimir a jóvenes que exigen su derecho a estudiar, tratarlos como delincuentes, violentar con policías los recintos universitarios y casas de estudiantes y normalistas del estado de Michoacán evidencian el poco tacto, por decir lo menos, del Ejecutivo Estatal para atender la problemática que viven los jóvenes en la entidad y otorgarles alternativas de vida honesta, que es su responsabilidad como gobernador de la entidad.

La desaparición de los jóvenes promotores de la ciencia en Paracho y el silencio del Ejecutivo estatal evidencian la complicidad entre las autoridades y la delincuencia.

El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa encubre a los delincuentes y reprime a los estudiantes y profesionistas.

A pocos meses del gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán, lo único que ha sabido hacer es reprimir a los jóvenes y dejar que la violencia y la inseguridad sigan privando de la paz de sus habitantes y cancelando el desarrollo del estado.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a que frene la represión de su gobierno a los estudiantes, otorgue las garantías constitucionales a los jóvenes estudiantes y profesionistas, y dirija sus esfuerzos a cumplir con sus obligaciones constitucionales para garantizar seguridad a los habitantes del estado y poner un alto a la delincuencia.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre del 2012.

Exhorto a la Secretaría de Economía para aprobar programa en sector citrícola en Veracruz

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aprobar el programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en Veracruz, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79 ,numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estado de Veracruz cuenta con un padrón de más de 45 mil productores de cítricos agrupados en el Consejo Estatal Citrícola, AC.

En la demarcación más de 205 mil 195 hectáreas son cultivadas con diferentes variedades de cítricos, donde la naranja valencia y el limón persa ocupan los primeros lugares de cultivo con una superficie de 158,968 hectáreas y con un promedio de producción de 2 millones 787 mil 700 toneladas productivas.

El estado de Veracruz representa en términos reales el 40 por ciento de la citricultura nacional; además, es el principal exportador de cítricos en el país.

La citricultura veracruzana es pilar fundamental en la vida económica del estado; Veracruz cuenta con una posición geográfica estratégica para fortalecer la citricultura de Exportación, así como la comercialización en el mercado nacional e internacional.

Anualmente, los productores veracruzanos generan cerca de 2 mil 348 millones de pesos de producción, 97 millones de dólares de concentrado de jugo y 136 millones de de dólares de exportación de limón persa.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los productores, el estado vive una severa crisis, resultado de la carencia de un sistema estatal de desarrollo de la citricultura, que se traduce en bajos precios de la fruta y el jugo concentrado.

Los citricultores padecen la saturación de la oferta nacional ante limitaciones fitosanitarias que restringen la exportación de sus productos.

Los productores de cítricos ven con desesperación la inequidad en los subsidios en relación con otros cultivos nacionales, así como los otorgados a los citricultores estadunidenses y brasileños, a los cuales sus gobiernos les otorgan más apoyo y protección.

Todo esto da como resultado una baja productividad de las huertas y unos altos costos de producción.

Con la finalidad de contrarrestar las adversidades y mejorar el sector citrícola, un grupo de pequeños empresarios realizaron exhaustivos estudios y crearon un programa para la consolidación de las cadenas de producción-consumo.

Los productores presentaron el proyecto a la Secretaría de Economía, donde les asignaron el folio FP2012-1110, pero sin que hasta el momento hayan recibido apoyo requerido par aponer en marcha el programa en mención.

Con la aprobación por parte de la Secretaría de Economía del programa para la consolidación de cadenas de producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, se daría un fuerte impulso a 100 micros y pequeñas empresas pertenecientes al Consejo Estatal Citrícola del Estado de Veracruz (viveristas, citricultores, centros de acopio, enceradores, empacadores, procesadores, comercializadores) para fomentar en el sector citrícola del estado de Veracruz.

Asimismo se alcanzaría la consolidación de cadenas producción-consumo eficientemente articuladas y con una oferta de productos de calidad, altamente diversificada que se traduzca en mejores oportunidades de empleo e ingresos en la mipimes beneficiadas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Hacer un exhorto a la Secretaría de Economía a aprobar el programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, ingresado a esa dependencia con el folio FP2012-1110.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.

Iniciativa para establecer la Revocación de Mandato

RicardoMejiaTribuna

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscita, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracciones 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los articulos 35, fracción VIII, 39, 41, se adicionan parrafo segundo y fracciones I y II, 73, fraccion XXIX-Q y 116, fraccion VIII, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Partiendo del precepto constitucional, que establece en su artículo 39 que “la soberanía nacional reside esencial y orginariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, es que se fundamenta el derecho que tienen los ciudadanos sobre los poderes públicos.

En esta materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado una jurisprudencia en firme para confirmar que los depositarios del poder público dimanan de la soberanía popular, por que el pueblo los eligió, y que es prerrogativa de los ciudadanos además del derecho a votar y ser votado, el determinar las normas que regirán sus actos, a través del Poder Legislativo.

Se ha hecho creer que los ciudadanos al elegir a sus representantes, ceden su soberanía y pasan a tomar el modesto lugar de gobernados. La forma de representación y mandato no implica que los gobernados entreguen la soberanía, más bien delegan facultades y designan representantes, que deben sujetar su actuación a los lineamientos constitucionales y las leyes que de ella emanan. Lo que hace explícito que el pueblo da y retira las atribuciones que considere necesarias.

Además, del artículo 40 constitucional se desprende que nos constituimos en una república representativa, y por lo tanto la representación popular no se puede entender sin garantías a la ciudadanía a través de mecanismos de participación y control.

La democracia representativa y formal exige de la participación de la ciudadanía, no sólo en la elección de los representantes a los cargos de elección, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen. Uno de esos derechos inalienables de las y los ciudadanos es exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, que va más allá de la transparencia, mas bien en que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en beneficio del pueblo.

Hasta la fecha, los ciudadanos han quedado sujetos al arbitrio y designio de los funcionarios electos y éstos desvinculados de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Todos hemos escuchado el reclamo en campañas, de que una vez electos éstos no regresan con el electorado, y que a pesar de no satisfacer las necesidades de la ciudadanía, los gobernantes continúan hasta el término del período para el cual fueron electos.

El sistema representativo tradicional se ha venido agotando al ser insuficientes para el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; muchos sectores o minorías han quedado fuera de la representación o existen déficits de representación, como en el caso de la representación política de las mujeres; asimismo hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía; el poder público se ejerce sin un control ciudadano y la democracia se ha estancado, para ser un mero ejercicio del voto, y no una forma de vida de la ciudadanía, tal como se concibe en el artículo 3º Constitucional.

Los mecanismos de control con que se cuentan en la actualidad, como el juicio político y el amparo, han demostrado su ineficacia para remover representantes populares que no cumplen con sus obligaciones o protegerse de los abusos del poder.

Mientras que en la constitución de 1857 se autorizaba el desafuero no sólo por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino también por violación expresa de la Constitución y ataques a la libertad electoral. Ahora, conforme al artículo 108 Constitucional, el Presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero el uno y los otros se identifican para el efecto de ser tratados mediante el juicio político, que en México no tiene precedentes. Sin duda, esa “reforma” en aquel entonces tuvo objetivos políticos acordes a la situación del país, hoy en día no es aceptable para seguir avanzando en nuestra vida democrática.

A diferencia de otros procedimientos de destitución, como el juicio político, la revocación del mandato se decide en las urnas y no supone acción judicial, mientras en el primero es el congreso. Una de las discusiones que se ha dado en torno a estos mecanismos, estriba justamente en el debido proceso que considera en el juicio político, pero se han generado consensos en torno a que los electores les corresponde elegir la legalidad, racionalidad y suficiencia de los motivos, los cuales no son objeto de revisión judicial.

Hacia finales de la anterior legislatura se avanzó en una “reforma política” que quedo truncada por la partidocracia, en la que se establecieron algunos mecanismos de participación como el plebiscito y el referéndum, pero se negaron a avanzar en uno de los mecanismos de control ciudadano más importantes: la revocación del mandato.

Había materia suficiente para que este Congreso avanzara en esa demanda fundamental de la ciudadanía, pues en las últimas tres legislaturas se han propuesto veinte iniciativas sobre la figura de revocación de mandato, presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, e incluso se había avanzado en la presentación de un proyecto de dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, en octubre del 2011. Pero la partidocracia – que hemos instituido – no se decidió a ponerse a prueba frente a la ciudadanía a la que se debe.

Recojo los nombres de los legisladores que nos antecedieron en impulsar esta reforma:

En la LIX Legislatura, los diputados Pedro Vázquez González y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, y César Amín González Orantes, del Revolucionario Institucional.

En la LX Legislatura, los diputados José Manuel del Río Virgen, Alejandro Chanona, y Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, Marina Arvizu de Alternativa, Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, Raymundo Cárdenas Hernández y Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución democrática, y Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

En la LXI Legislatura fueron los diputados Jaime Cárdenas García y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, Araceli Vázquez Camacho, Juventino Castro y Castro y José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel García Granados, María del Carmen Izaguirre Francos, Omar Fayad Meneses, Arturo Zamora Jiménez y Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, y Pedro Jiménez León, de Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano).

Ahora bien, haciendo una revisión de los antecedentes cercanos y citando el proyecto de dictamen sobre revocación de mandato, realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, tenemos que “el único referente para la revocación de mandato en nuestra Carta Magna se localiza en el artículo 115 que imprimió la revocación de mandato como facultad de los Congresos locales, al señalar en su fracción I, párrafo tercero, lo siguiente:

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causales graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.”

Con lo que queda evidente, que solo a nivel municipal se pueden remover funcionarios. En ese mismo proyecto se encuentra que la figura de revocación de mandato está regulada en 27 entidades federativas para revocar el mandato a presidentes municipales o funcionarios de los ayuntamientos, y que sólo en Chihuahua existe un procedimiento para revocar el mandato al titular del ejecutivo, diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Un primer ejercicio de esta naturaleza en el país se realizó a través de la consulta ciudadana de ratificación de mandato en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 25 de septiembre de 2011. Fue impulsada por el presidente municipal, en ese entonces, Enrique Alfaro Ramírez, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Jalisco, durante los comicios de 2012.

La revocación de mandato procede de una solicitud por parte de la ciudadanía para someter a consulta pública la continuidad de un gobernante cuando se presente alguna causa grave que amerite su destitución. En el caso del ejercicio de consulta ciudadana de ratificación de mandato en el municipio de Tlajomulco, fue una acción voluntaria, promovida por el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, ya que había sido un compromiso de campaña, con lo que se demostró que cuando hay compromiso, congruencia y voluntad, se pueden realizar las cosas y se pueden poner a prueba.

Los sistemas democráticos contemporáneos han creado una serie de veredas para expresar la disidencia. En ese marco, la revocación del mandato es además una válvula que evita que los conflictos políticos encuentren una vía de solución regulada, pacífica y constitucional.

La revocación del mandato se hizo posible gracias a una conquista democrática de hace ya casi un siglo en los Estados Unidos. De entonces a la fecha han sido pocas las naciones que la han incorporado a sus diseños constitucionales.

Haciendo un estudio comparado, hay 17 países en América Latina que tienen en su constitución la figura de la revocación del mandato o su equivalente, y son conocidos procesos revocatorios en California, Venezuela y recientemente en Ecuador, además de que en Estados Unidos la hay a nivel estatal.

Por otro lado, visto desde el tema de la rendición de cuentas, hoy en día el único mecanismo del que disponen los ciudadanos para premiar o castigar a los funcionarios electos, es vertical y se da exclusivamente en las elecciones para elegir funcionarios, pero no para revocar o ratificar.

Como toda institución, la revocación del mandato se ubica dentro de un complejo aparato democrático representativo, es un dispositivo adicional, que bien regulado puede contribuir a fortalecer el sistema representativo y la rendición de cuentas.

Se hace necesario entonces que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adecue a la realidad actual y defina líneas que normen y orienten dicho procedimiento. La revocación del mandato es una figura que como nunca antes, después de varios gobiernos fallidos, se hace necesaria y su regulación en la Constitución es impostergable.

ARGUMENTACIÓN

En este orden de ideas, la figura de revocación de mandato se hace necesaria también para fortalecer el vínculo entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios electos a rendir cuentas respecto de la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus cargos, de manera transparente.

Es imprescindible que el proceso democrático cumpla con ciertas restricciones éticas, poniendo límites al ejercicio en los cargos públicos, y que las instituciones públicas estén obligadas a ver al ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser.

Con la revocación del mandato se da respuesta a la sentida demanda orientada a inhibir o sancionar la inobservancia de la ley, que durante muchos años ha venido favoreciendo a la impunidad imperante en México.

Conforme al análisis de la ministra Olga Sánchez Cordero, en la revisión de la acción de inconstitucionalidad 8/2010, hace una definición de la figura de revocación de mandato con la que coincidimos plenamente:

La revocación del mandato se erige como una institución democrática fundamental y no sólo como un mecanismo procedimental para separar, reemplazar a un servidor público de su encargo, ya que a través de ella se legitima la decisión popular de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirar confianza a quienes los eligieron estatuyéndose como un control permanente de los votantes sobre los funcionarios públicos, haciendo real y efectiva la ejecución del derecho de reemplazarlos en cualquier momento como lo señala el artículo 39 constitucional, edificándose entonces como un mecanismo democrático, activado por los ciudadanos en donde además opera como correctivo de deficiencias de funcionamiento de las instituciones democráticas de representación.

Luego entonces, la revocación del mandato tiene como características que

• Es un derecho o facultad que asiste a las y los ciudadanos.

• Los destinatarios son los funcionarios electos.

• No se prevé al principio del ejercicio del mandato, tiene un período de gracia para permitir que los funcionarios desplieguen su función gubernamental y demuestren su competencia.

• Es un procedimiento democrático que pasa por las urnas donde deciden los electores.

• Puede promoverse por diversas causas, ya sea como una calificación previa o ante el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios y autoridades electas.

Las causas que en esta iniciativa de reforma constitucional se prevén para iniciar el proceso para la revocación del mandato de funcionarios y autoridades electas es por omisión evidente, corrupción, negligencia o ejercicio indebido de las facultades que conforme a las leyes le corresponden y violación de derechos humanos y con ello causen daños o prejuicios a la institución, y afecte los intereses de la nación.

La solicitud para el inicio del procedimiento y los requisitos que se deben contemplar, quedarán establecidos en la reglamentación secundaria que deberá de hacerse, una vez aprobada la figura de revocación de mandato.

La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad, por el contrario tiene como fin contribuir a la consolidación de nuestra vida democrática, que sea horizontal, incluyendo a todas y todos, y limite las formas verticales de poder.

La revocación del mandato es un instrumento que es importante tener, para tener a la vista, tanto de los representantes como de los representados como un recordatorio de que la soberanía reside en el pueblo y el gobierno se instituye para su beneficio.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone que los gobernados puedan remover a los malos gobernantes o representantes populares por causas graves con la revocación de mandato. Así mismo la iniciativa modifica y adiciona los artículos 35, 39, 41, 73 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los ejes rectores de la iniciativa se respaldan en el artículo 35 que a la letra dice: “Son prerrogativas del ciudadano I. V otar en las elecciones populares…”, por tanto se propone adicionar al artículo 35 la fracción Vl, a fin de que los ciudadanos tengan como derecho remover a los gobernantes que no cumplan con el mandato , respecto al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”, por lo cual se propone adicionar dentro del mismo párrafo el derecho que el pueblo tiene de alterar o modificar la forma de su gobierno y de revocar el mandato cuando sus gobernantes, que incurran en el ejercicio indebido de las facultades y obligaciones adquiridas ante la Constitución y ley, no cumplan con las acciones que les compete, durante su gestión.

El artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal …”, se propone que el pueblo ejerza su soberanía, mediante la revocación de mandato, remover a los titulares de los órganos del Poder Ejecutivo, en el caso del ejecutivo federal al cumplir tres años de gestión, mediante consulta ciudadana.

Revocar el mandato al encargo de gobernador, jefe de gobierno, jefes delegacional es del Distrito Federal, y presidentes municipales para su procedencia deberá haber transcurrido como mínimo la mitad del periodo respectivo.

El artículo 73 a la letra dice: “ El Congreso tiene la facultad para admitir nuevos estados a la Unión Federal para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: …”; se propone adicionar en la fracción XXXIX-Q, legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares y revocación de mandato.

Por último el artículo 116 a la letra dice: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo …”, se propone adicionar en la fracción VIII, que el congreso de cada estado de la federación fije los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, mediante la figura de revocación del mandato en los términos que los mismos establezcan.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 35, fracción VIII, 39, 41; se adicionan segundo parrafo y fracciones I y II, 73, fracción XXlX-Q y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 35 fracción Vl, 39, 41 se adicionan segundo párrafo y fracciones I y II, 73, fracción XXIX-Q, y 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 35. Son derechos del ciudadano

I. Votar en las elecciones populares;

II. a VII. …

VIII. Revocar por medio del sufragio el mandato popular a los cargos públicos representativos conferidos en elecciones libres y auténticas, en los términos que establezca esta Constitución y la ley respectiva.

IX. …

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; de igual forma, tiene derecho a elegir y revocar el mandato popular en los términos que establezca esta Constitución y la ley.

Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, tiene derecho a la revocación de mandato para remover a los titulares de los cargos públicos representativos, de conformidad con las bases siguientes:

I. Revocar el mandato popular al titular del Poder Ejecutivo federal, previa consulta que se realice después de haber transcurrido la mitad de su mandato en los términos que establezca la ley.

II. Revocar el mandato popular al encargo de gobernador, jefe de gobierno y jefes delegacionales del Distrito Federal y presidentes municipales previa consulta que se realice después de haber transcurrido la mitad de su mandato en los términos que establezca la ley.

La ley establecerá los requisitos, términos y condiciones en que se realizara la consulta de revocación del mandato.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I,II, III, …

Artículo 73. El congreso tiene la facultad

I. a XXIX-P. …

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares y revocación de mandato.

XXX. …

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a VII. …

VIII. Las legislaturas de los estados, conforme a las bases previstas en esta Constitución, regularán la revocación del mandato como un derecho humano del ciudadano de su entidad federativa.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.

Diputados: RICARDO MEJÍA BERDEJA  (rúbrica), NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ.

Creación de un Grupo Plural para transparentar manejos de PEMEX de 1933 a la fecha

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo en la Comisión de Energía para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos de 1993 a la fecha, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución , al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de la historia de la administración pública de nuestro país hemos escuchado hasta el cansancio noticas sobre fraudes, corrupción y malos manejos por parte de Pemex.

Los numerosos registros de los dispendios y malos manejos en la paraestatal, dan cuenta de monumentales actos de corrupción que van desde el pemexgate, hasta el escándalo de 400 mil millones de pesos de mayo pasado, donde se resaltó que Pemex Corporativo registró un quebranto –detectado en la Cuenta Pública de 2010– como un incremento de inversiones a organismos subsidiarios, pero sin que existiera una aportación especifica, fundamento técnico, ni la autorización del consejo de administración de la paraestatal.

Hoy de nuevo nos encontramos ante un caso indignante.

El hecho de que Pemex haya decidido retomar las relaciones por diez años más con Mexicana de Lubricantes (perteneciente a Impulsora Jalisciense, SA de CV, empresa que realizo un fraude que asciende a 40 mil millones de pesos, no puede tener otra descripción más que la de otro caso paradigmático de encubrimiento e impunidad.

Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares ha declarado tener pérdidas netas cada año.

Mexlub desde su inicio fue poco transparente. La composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación. Aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba obligada a reportarlos abiertamente a Pemex cuando esta lo deseara.

Ante estas anomalías, se entablaron 60 juicios en contra de Mexlub, en los que se exigía la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta la entrega de éstos tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.

No obstante la interposición de estas demandas y denuncias, el 21 de agosto del presente año se ha decidido reanudar las relaciones con esta empresa. Pemex Refinación recibirá 399 millones de pesos obtenidos de la reducción de capital social de Mexlub, además de un monto mínimo de 100 millones de pesos en un plazo no mayor a 3 meses. Como ganancias se le entregarán 6.4 millones de pesos por dividendos de 1998 al 2000, es decir por tres años se le entregarán ganancias menores al escandaloso sueldo del director Martínez Garza y su secretaria de casi 10 millones de pesos.

¿A qué intereses responde esta renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un “borrón y cuenta nueva” cuando los nuevos términos de negociación, implican la remisión del incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo? Las utilidades que la empresa debe reportar a la paraestatal, apenas cubrirían los gastos y costas de los juicios entablados en su contra. Pemex mismo ha admitido que la actitud de Mexlub fue irresponsable, y resulta cínico e incomprensible que aún así, se decida restablecer las relaciones comerciales con Mexlub.

Por otro lado, parece totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del partido, y muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que le ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal.

Como era de esperarse, el “nuevo” PRI, se estrena con viejas prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.

Iniciativa que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y 83,84 Y 354 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en su carácter de diputados al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La desigualdad e inequidad que prevalece en los procesos electorales celebrados en nuestro país, preocupa a la sociedad y a los partidos políticos democráticos, el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través de dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, se ha convertido en una realidad.

Desde el inicio del periodo de la campaña política presidencial, el candidato de la coalición compromiso por México dio muestras del dispendio que se escondía tras el rubro de gastos de campaña. Por ello, el Movimiento progresista, por conducto de sus representantes, en reiteradas ocasiones presento las quejas correspondientes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sin embargo la autoridad electoral fue totalmente omisa al respecto del cauce y resolución de todas y cada una de ellas, puesto hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte de los representantes de dicho instituto.

Como se ha dicho uno de los principales estigmas de la pasada contienda electoral es el que se relaciona con la enorme disparidad de los candidatos, por lo que se ve a presencia, cobertura y menciones positivas en los diferentes medios masivos de comunicación. Pues en efecto el principio de equidad se vulnera cuando los partidos políticos o terceros, contraten o utilicen espacios de radio y televisión fuera de los tiempos pautados por el Estado para difundir propaganda electoral y política debido a que con ello se transgrede a lo previsto en el artículo 41, Base III, apartado A, penúltimo párrafo de la constitución Política de los estados Unidos mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafo 3; 342, párrafo 1, incisos a) e i), y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales.

Es así, que en el caso se presenta una vulneración directa a la Constitución Federal, así como a los principios de equidad y certeza.

En ese orden, el principio de equidad en la contienda se configura como uno de los valores superiores del ámbito electoral, debido a que se materializa en diversos rubros como el financiamiento, la propaganda electoral y política, así como la asignación de tiempos en radio y televisión, entre otros.

En el caso se irroga afectación al principio de equidad, en razón de que existieron transmisiones en forma de notas informativas y comentarios tanto en radio como televisión que favorecieron al candidato de la coalición “Compromiso por México” frente a los electores que siguieron las campañas a través e la radio y televisión en sus espacios de noticias.

Además de la adquisición encubierta de tiempo de radio y televisión, se presentaron algunas otras conductas igualmente graves y que atentaron en contra de los principios rectores de los procesos electorales, como son:rebasar los topes de gastos de campaña, el acceso al financiamiento indebido de manos de particulares o extranjeros, la presión y coacción sobre los electores en diversas modalidades. Con lo cual se vulnero lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, bases l ll párrafo tercero, de la constitución Política federal. Dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función electoral, afectando la libertad y autenticidad que debe haber en los procesos electorales.

Los principios de elecciones y votos libres, así como la equidad en la contienda toman una posición relevante. La compra del voto y el rebase de topes de campaña , entre otras violaciones presentes en el proceso electoral del 2012, son dos formas en el que estos principios se violentaron de manera grave.

Todos los sistemas democráticos el mexicano no es la excepción están preocupados por cuidar el flujo de dinero que se involucra en las campañas. Para ello se crearon dos sistemas de control: el primero de ellos la obligación que existe en la legislación electoral de un sinnúmero de países de que dichas aportaciones sean públicas, incluso desde el momento de la campaña, el otro sistema es, precisamente, la determinación de topes de campaña.

¿Por qué se crean estos mecanismos? Existen dos razones fundamentales que tiene que ver con el origen del capital y las consecuencias políticas de dicha inversión: 1) un exceso de dinero privado inclusive ilícito; puede secuestrar la capacidad de decisión de un gobierno. Los compromisos creados en virtud del financiamiento, crean incentivos que todas las democracias modernas reconocen como peligrosos. Si la información es pública, los electores pueden saber si están de acuerdo con votar por un candidato que ha contraído intereses con grupos empresariales por todos conocidos. 2) El dinero de origen ilícito tiene implicaciones aun más graves: se utiliza para comprar impunidad y vuelve inviables los esfuerzos para combatir eficazmente la delincuencia, la legitimidad del sistema nacional electoral y político sucumbe ante esta realidad.

En la iniciativa ya se ha hablado antes de la lógica que existe detrás de los topes de campaña. Sin embargo, existe otra razón fundamental que inspira este tipo de regulaciones: lo legisladores consideran que esa cantidad es la óptima para que el ciudadano sea debidamente informado y no bombardeado, que sea convencido y no comprado.

Rebasado el tope de campaña, y asumiendo que la legislación tiene un sentido que transciende a la norma, cada peso adicional gastado debe considerarse una fuente peligrosísima de ilegitimidad y debe legislarse para considerarla un motivo de nulidad de la elección. En primer lugar porque, cualquier donativo que se realiza rebasándolo, no puede ser debidamente informado a las autoridades electorales. Hacerlo, de hecho, llevaría a la confesión de los hechos ilícitos. Por lo tanto, al acreditar que los topes de campaña rebasaron, aun por la vía indiciaria con estas cifras, además, tan alarmantes se asume que la coalición del PRI-PVEM incumplirá además con la obligación de reportar veraz y legalmente sus gastos de campañas, violando transversal y sistemáticamente la legislación electoral.

Las empresas y los partidos políticos gastan grandes cantidades de dinero en publicidad. Se considera, pues, la estrategia de venta por excelencia. Los partidos políticos juegan con los topes de campaña a su antojo. Rebasarlos es una inversión que sale muy a cuenta: al no considerarse siquiera la invalidez como una opción, convierten a la ley electoral en una pantomima y a la declaratoria del tribunal electoral en un trámite. Los costos de violentar la ley son calculados por quienes saben que solo podrán ser sancionados económicamente. No deja de ser irónico que los castiguen en el ámbito de las multas cuando ya han demostrado que eso, es su proyecto político, nunca va escasear.

Permitir que se rebasen los topes de campaña se traduce en la creación de incentivos para que actores perversos públicos o privados inviertan capital económico para incidir en los resultados electorales. No castigarlo ejemplarmente significa aceptar un riesgo altísimo, que pone en entredicho la legitimidad de nuestro sistema democrático y electoral. Así como de la estabilidad institucional de México

ARGUMENTACIÓN

Si bien los partidos políticos gozan del derecho de recibir financiamiento tanto público como privado, tanto el uno como el otro deben de respetar los términos y las condiciones por virtud de los cuales les fue otorgado. Pero en ningún momento están autorizados para rebasar los topes de gasto dentro de sus campañas electorales; esta tajantemente prohibido que lo hagan, y si lo hicieren, serán acreedores a distintas sanciones.

Por lo tanto una vez fijado el financiamiento para las campañas políticas específicamente para los partidos políticos nacionales con sus respectivos candidatos, cuando cualquiera de ellos realice gastos de campaña que rebasen el total permitido por la propia ley, se estaría rompiendo el principio de constitucional del artículo 41 de la Carta Magna y por lo tanto se estaría viciando la campaña electoral, al poner a algunos contendientes en una situación de desventaja de manera completa y totalmente ilegal.

Desafortunadamente nos encontramos en una profunda iniquidad en la distribución de los tiempos en los medios, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas locales, debido a que se sigue privilegiando la presencia de los partidos tradicionales en detrimento de las fuerzas políticas emergentes, generando así un circulo vicioso donde se cancela la oportunidad de que la ciudadanía conozca nuevas propuestas, ya que en los hechos se opta por mantener a los privilegiados y la anulación de la pluralidad en el ámbito político.

En Movimiento Ciudadano proponemos una reforma electoral trascendente que establezca, entre otras cuestiones, como causa especifica de nulidad de la elección presidencial el rebase de los topes de gastos de campaña. Para tal efecto, se propone modificar de igual manera los plazos establecidos en los artículos 83 y 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la presentación y revisión de los informes de campaña con el propósito de que se puedan tener con oportunidad los elementos para determinar si se violaron estos topes de gastos de campaña, antes de la declaración de validez de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, para que los juzgadores no puedan eludir, basados en criterios letrísticos, la posibilidad de anular la elección cuando se rebasen los topes de gastos de campaña.

Así como también manifestamos el compromiso con la sociedad mexicana de sumar nuestra voluntad política, para definir y conducir las acciones que recuperen el poder ciudadano sobre su futuro.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Artículo 77 Bis. Son causas de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional, y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b. Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

c. Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible; o

d. Cuando el candidato ganador rebase los topes de gastos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. Se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(…)

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de junio del mismo año;

III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al de la jornada electoral; y

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

Artículo 84

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales; con treinta días para revisar los informes de precampaña, y con veinticinco días para revisar los informes de campaña; revisión y dictamen que en el caso de la elección presidencial, deberán estar concluidos de manera previa a la calificación de la misma y a la declaración de validez prevista en el articulo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo cual podrá contratar despachos de auditores externos. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

(…)

Articulo 354. Las fracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

Respecto de los partidos políticos.

I. Con amonestación pública.

II. Con multa

III, IV, V, VI

Respecto de las agrupaciones políticas nacionales:

I. Con amonestación pública;

II, III.

Respecto de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II, III

IV. En caso de que el candidato rebase el tope de campaña se declarara la inelegibilidad del candidato infractor.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

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