Treinta y dos días después de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Iguala y Cocula, Guerrero, en contra de estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, decidió recibir a las familias de las víctimas en Los Pinos.

No se trasladó de inmediato a Iguala ni dio declaraciones relevantes, intentó en un inicio responsabilizar solamente al gobierno local y municipal y fue hasta que la indignación nacional e internacional se desbordó cuando aceptó, a regañadientes, asumir la responsabilidad federal.

Hoy, sin duda alguna, podemos afirmar que la responsabilidad respecto a esos hechos es del Estado en su conjunto.

Esta misma actitud negligente y de rechazo a la gravedad de los hechos se vio reflejada en la Procuraduría General de la República (PGR) que, tal como lo ha dicho Amnistía Internacional “ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.

Si bien es cierto que existen personas que han sido detenidas por encontrarse relacionadas con los hechos, ninguna de ellas está siendo procesada por desaparición forzada, a pesar de que las investigaciones han revelado la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, ni se ha esclarecido la participación del Ejército, pues no se le ha investigado exhaustivamente.

A pesar de ello, la PGR a través de su titular, Jesús Murillo Karam, ha insistido en reafirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, arrojados y quemados en el basurero de Cocula, para ser finalmente arrojados al río San Juan en dicho municipio, sin contar con las pruebas científicas suficientes para confirmar los hechos, intentando dar carpetazo al expediente, siendo que aún existen elementos para continuar la investigación. Por si esto fuera poco, los estudiantes normalistas, las madres y padres de familia, así como las personas defensoras de derechos humanos que acompañan el caso son víctimas constantes de campañas de difamación e intimidación.

En este caso, así como en lo sucedido en Tlatlaya, Estado de México, y en cada una de las desapariciones forzadas, asesinatos, feminicidios o secuestros que se cometen día a día en nuestro país, el Estado deja pocas o nulas alternativas para las familias, que ante la indolencia de las autoridades, deben convertirse en investigadoras que en muchas ocasiones recaban pruebas que las mismas autoridades no obtienen jamás, aún a pesar de los riesgos que conlleva la investigación, a pesar de que en muchos casos las personas son amenazadas o asesinadas por los responsables.

En este espacio es preciso expresar mi solidaridad con las familias de las personas asesinadas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como con las familias de los estudiantes desaparecidos de manera forzada y con sus compañeros en pie de lucha por la búsqueda de justicia.

Cerrar el caso Ayotzinapa sin otorgar certeza científica y jurídica a las familias sobre el paradero de sus hijos, y sin sancionar tanto a los autores intelectuales como a los materiales significa que una vez más, los intereses de la clase política corrupta, las malas prácticas del Ejército y los vínculos que existen entre éstos y los grupos delincuenciales prevalecerán por encima del derecho de las víctimas a la verdad, a recibir justicia y a que se garantice la no repetición de los hechos.

Exijamos entonces, desde todos los espacios posibles, en México y en el resto del mundo, que el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que ha contraído a nivel internacional y que investigue, hasta las últimas consecuencias, la desaparición forzada de estudiantes normalistas, para sentar por primera vez en la historia de México, un precedente de justicia ante crímenes del pasado.