Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Category: Opinión

Las mentiras de la Reforma Energética

Urge frenar y revertir los gasolinazos. La pesadilla amenaza con seguir.

Según una encuesta publicada esta semana en el periódico Reforma, el 93% de la población del país considera que el gobierno del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto ha empeorado la economía del país.

El manejo económico y financiero de la nación ha sido errático, cargado de corrupción y ha sometido a la población, a empresarios, comerciantes, trabajadores, amas de casa, profesionistas, a cargas fiscales desproporcionadas y abusivas.

Las reformas energética y fiscal consolidaron el incremento a impuestos y tarifas de servicios como La Luz, el gas y las gasolinas.

Estas reformas, que como diputado federal de la LXII Legislatura voté en contra, de absolutamente todas y cada una de las reformas estructurales, no sólo no han generado empleos ni crecimiento económico sino que han recurrido a cargar en las espaldas de la población mayores impuestos y alzas en la gasolina, el gas, la luz, el peaje y demás servicios públicos.

Trimestre tras trimestre Hacienda y organismos financieros nacionales e internacionales han ajustado los pronósticos de crecimiento económico, producto del escaso dinamismo de la economía y las desatinadas políticas económicas y fiscales. No ha habido crecimiento económico y el paraíso de las reformas estructurales se ha convertido en una tragedia nacional.

La reforma fiscal se convirtió en una reforma confiscatoria y eminentemente recaudatoria que ha incrementado los ingresos tributarios del gobierno, pero estos recursos, este aumento sin precedente en la recaudación fiscal, sólo han servido para mantener privilegios e incrementar el gasto público en forma ineficiente, corrupta y onerosa, no ha habido crecimiento económico porque la visión del gobierno no es detonar la economía sino bolsear a los ciudadanos, sumar nuevos y nuevos impuestos.

Toda la lógica del gobierno está en función de recaudar más, aunque para ello inhiba la economía y afecte las finanzas familiares y la actividad empresarial y comercial. En una época de crisis económica la peor receta es aumentar los impuestos, ello tiene efectos recesivos, desalienta el consumo y frena la inversión productiva.

El gobierno federal ha tenido ingresos tributarios como nunca a costillas de la población. Se dijo que con la reforma fiscal se taparía el hoyo derivado de la caída del precio del petróleo, pero ahora se ha incrementado en forma escandalosa el precio de las gasolinas con el aumento del IEPS.

La reforma fiscal que voté en contra incluyó incrementos a las contribuciones y nuevos impuestos, se aumentó el IVA en las fronteras, se generaron impuestos a bebidas azucaradas y comidas de alta densidad calórica (supuestamente para combatir obesidad y diabetes, pero ni si quiera se han completado los bebederos en las escuelas), se eliminó el régimen para pequeños contribuyentes (REPECOS), se eliminó la exención del IVA a las importaciones temporales, afectando gravemente a la industria maquiladora.

Se eliminaron las deducciones para profesionistas, se incrementó el terrorismo fiscal, se exhibió a contribuyentes en mora, se incluyó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas y diésel como ingreso tributario.

Como resultado de esta reforma fiscal recaudatoria y depredadora, la recaudación fiscal tuvo un crecimiento real, de manera acumulada en los años 2015 y 2016, de 38.7%, es decir de casi el 40% en dos años. Sin embargo el gobierno no llena y quiere más ingresos exprimiendo a la gente.

En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicados a las gasolinas y el diésel, la Ley de Ingresos de la Federación 2016 proyectaba  ingresos por un monto total de 209 mil 386 millones de pesos, sin embargo, según información de la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público al mes de noviembre de 2016 se habían recaudado por ese concepto 263 mil 545.6 millones de pesos, monto que faltando todavía de considerar la recaudación de diciembre ya cubría 126 por ciento de lo estimado.

Es decir la recaudación del IEPS para gasolinas y el diésel tuvo un excedente al mes de noviembre de 54 mil 159 millones de pesos, cifra que equivale a más del presupuesto de egresos de Guerrero para el ejercicio fiscal 2017.

En ese contexto se escriben los gasolinazos que han abundado por decenas en este sexenio, antes y después de la reforma energética.

Para justificar la reforma energética se mintió deliberadamente porque el presidente Peña Nieto siempre dijo en su propaganda que con esta reforma bajaría el precio de La Luz, el gas y las gasolinas y todo fue un gran engaño. Miles de millones de pesos en spots se utilizaron para justificar ese atraco al pueblo de México.

Con los gasolinazos, que es el mecanismo más ágil del gobierno para subir sus ingresos, el gobierno persigue sostener su gasto dispendioso y cumplir las obligaciones derivadas del incremento de la deuda externa para mantener la calificación internacional. Quizás lo quieran utilizar para pagar el muro de Trump con la intermediación de Secretario de Relaciones Exteriores Videgaray.

Al mismo tiempo con la llamada liberalización del precio de las gasolinas, que no es otra cosa que el aumento del IEPS, se busca al mismo tiempo cumplir con uno de los postulados de la reforma energética privatizadora que implica que petroleras extranjeras expendan directamente gasolina en el país, para ello el gobierno federal les está despejando el camino matando de inanición a PEMEX y aumentando el precio de las gasolinas para hacer más atractiva su inversión golpeando a la economía popular.

Se busca entregar a los privados extranjeros el negocio de las gasolinas con un precio más caro y seguir desmantelando a Pemex.

Aunado a ello en este sexenio ha habido un crecimiento desmesurado de la deuda pública que hoy representa más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto.

La deuda pública ha crecido a una tasa insostenible, 15 puntos del PIB por arriba de lo programado desde 2012. Mientras la economía ha crecido apenas un 2% en promedio el déficit público lo ha hecho al 4% razón por la que se acumula deuda rápidamente.

El saldo histórico de los requerimientos financieros de la deuda es 50.5% del PIB pero con el bajo crecimiento que se tiene y con un deficit presupuestario de 2.9% para 2017 la deuda superará el 52% con facilidad.

Al mismo tiempo la inversión pública ha caído por debajo del 3% del PIB un nivel históricamente bajo, el bajo crecimiento económico y el rápido crecimiento de la deuda van de la mano y son la causa de preocupación para las calificadoras.

Para mayor claridad del crecimiento explosivo de la deuda externa podemos señalar que entre fines de 2012 y marzo del 2016 la deuda externa ha crecido en promedio 1, 400 millones de dólares mensuales.

Los gobiernos durante los últimos 2 sexenios han puesto en riesgo la estabilidad macroeconómica con el uso irresponsable de la deuda y un manejo irresponsable de las finanzas públicas.

El PACTO de hace dos días, que reedita los pactos de solidaridad económica de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas en la peor crisis del país, es una faramalla.

En el gobierno federal no sólo hay despilfarro y corrupción sino una gran insensibilidad social. Al pasto seco de la crisis y la inconformidad social le atizan con el fuego del incremento a las gasolinas y a la luz.

Frente a la amenaza del proteccionismo de Trump, cuando el país debiera contar con unidad y el gobierno actuar con visión de estado, han castigado una vez más a la población, generado encono y una gran irritación social.

Urge frenar y revertir los gasolinazos. No conformes con este golpe de inicio de año, se gestan nuevos gasolinazos para el 4 y 11 de febrero. La pesadilla amenaza con seguir.

@RicardoMeb

@OpinionLSR

El reproche del General Cienfuegos

El Secretario de la Defensa Nacional no se anduvo con rodeos. Si de lo que se trata es que regresen los militares a los cuarteles en lugar de dedicarse a la seguridad pública, él es el primero en levantar ambas manos. Más allá de estas expresiones, el debate se centra en el carácter constitucional de la intervención militar en tareas de seguridad pública o si se trata de un régimen de excepción. De igual manera, sobre la incapacidad de las policías estatales y municipales para brindar protección a la población.

Con relación a la constitucionalidad de la participación militar en las acciones de seguridad pública, nuestra Carta Magna es muy clara en el artículo 129:

“ARTÍCULO 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…”.

Con relación a esta disposición la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tiene ya una tesis de jurisprudencia, que derivó de una sentencia de acción de inconstitucionalidad resuelta en marzo de 1996, donde interpreta precisamente este artículo 129 y que señala que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles sí es constitucional.  Lo cual nos recuerda algo obvio: en esta discusión hay que poner el ojo crítico tanto en el poder Ejecutivo y el Congreso, como en la Suprema Corte de Justicia.

Registro No. 192080

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XI, Abril de 2000

Página: 549

Tesis: P./J. 38/2000

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).

La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. (Fuente: El Juego de la Suprema Corte/ ¿Es constitucional que las Fuerzas Armadas auxilien a las autoridades civiles eljuegodelacorte.nexos.com.mx)

El Artículo 89 de la Constitución, en su fracción VI, establece como facultades y obligaciones del Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

De todo lo anterior se desprende que hay una contradicción entre los artículos constitucionales 89, fracción VI y 129, que la SCJN pretendió resolver con esa tesis jurisprudencial, y al mismo tiempo existe un vacío jurídico porque la propia fracción VI del artículo 89 habla de una ley reglamentaria que a la fecha no existe, y que genera falta de certeza jurídica en la actuación del ejército.

El dilema es cómo dar certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como lo demanda la milicia, sin que ello implique pérdida de libertades, excesos en el uso de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos. Esta disyuntiva polariza porque hay preocupación en grupos defensores de los derechos humanos que la legislación entrañe un exceso de facultades a las Fuerzas Armadas generando la militarización de la República y, por otra parte, el Ejército presiona para que le generen reglas claras para su actuación en tareas de protección a la ciudadanía.

Esta contradicción se puede resolver con un marco jurídico adecuado que delimite con precisión las tareas, ámbito territorial, carácter excepcional y temporalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas relacionadas con la seguridad pública, además de la regulación estricta en materia de prevención del abuso en el uso de la fuerza pública. Ese es el reto, construir un marco jurídico que regule la intervención militar en el contexto de un estado democrático de derecho, para que no desborde esa participación militar.

No se puede soslayar que debido a excesos históricos como Tlatelolco en 1968 o recientes como Tlataya, sin dejar de considerar los hechos de Iguala en septiembre de 2014, hay una natural predisposición en diferentes sectores a desconfiar y oponerse a la creciente participación militar en tareas de seguridad pública. Es claro que no se puede juzgar a una institución por las acciones indebidas de algunos de sus miembros, pero también lo es que lo mejor, por lo mismo, es que se delimite con precisión su actuación.

En ese sentido, el reproche del General Secretario Salvador Cienfuegos dirigido fundamentalmente al Congreso de la Unión, también lo es para con Gobernadores y Alcaldes que no han integrado policías eficaces, limpias y profesionales que atiendan el problema creciente de la inseguridad. Es un hecho que la certificación de las policías no se ha terminado, no obstante que el plazo para hacerlo se ha vencido en exceso, porque ha faltado decisión y voluntad política y, en muchos casos, por las complicidades entre autoridades y delincuentes que se traduce en mantener una policía reprobada en control y confianza y al servicio de los criminales.

Un caso paradigmático de lo anterior es lo que ocurre en el puerto de Acapulco, en donde el Alcalde perredista se opone, en los hechos, a la certificación, pretextando la falta de recursos para liquidar a los elementos reprobados que son 720 de un cuerpo de aproximadamente 1690 efectivos policiacos, donde otra cantidad no han refrendado esta certificación. Esta situación se ha traducido no sólo en una policía municipal inoperante sino en una amenaza a la seguridad acapulqueña, toda vez que hay una fuerte infiltración de la delincuencia en este cuerpo policial.

Por todas esas razones es urgente regular la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública, sin demerito del respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad democrática; intervención que debe ser la estrictamente necesaria, en tanto se cuenta con corporaciones policiacas certificadas, profesionales, limpias, con elementos con vocación y espíritu de servicio que verdaderamente respondan a las necesidades de una población que el día de hoy se encuentra aterrorizada por la creciente inseguridad prevaleciente en el país.

@RicardoMeb

@OpinionLSR

Guerrero: Amapola y violencia

En los últimos días la violencia criminal ha escalado en el país, y en especial en estados como Guerrero que ha sufrido los estragos de la disputa por el trasiego y el control de la amapola en diferentes regiones, por parte de los grupos delincuenciales.

Guerrero es el principal productor del cultivo ilícito de la amapola (según estimaciones el 60 por ciento de la producción nacional se cultiva en la entidad sureña y es el principal cultivador en América). Esta planta que bien pudiera ser una oportunidad para procesar los opiáceos que de ella derivan, y utilizarlos con fines medicinales para enfrentar la crisis de medicamentos contra el dolor para enfermos terminales, de cáncer, VIH/SIDA o enfermedades crónico degenerativas, convirtiendo este cultivo en una alternativa productiva lícita para miles de campesinos y sus comunidades, por el contrario se ha convertido en el eje de la violencia en la guerra fallida contra las drogas.

La política de prohibicionismo extremo en materia de drogas en el país sólo ha servido para incrementar los homicidios dolosos, el contubernio de autoridades y policías con la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, las violaciones graves a los derechos humanos y no ha disminuido la producción de enervantes. El caso más sanguinario de violación de derechos humanos, la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no puede entenderse sin la ruta de la heroína y el acuerdo criminal entre delincuentes y autoridades de diferentes órdenes de gobierno.

Bien lo dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, el 21 de abril 2016, durante la presentación pública de “Vías para la Reforma de la Política de Drogas 2016 más allá de la UNGASS sobre drogas“: “Las drogas son peligrosas, pero las políticas actuales de narcóticos son una amenaza aún mayor porque el castigo recibe una mayor prioridad que la salud y los derechos humanos. Es hora de que las regulaciones pongan vidas y seguridad en primer lugar”.

El 18 de marzo de 2016, en la entrevista que sostuvo el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo con el periodista Carlos Puig (para En 15 de MILENIO Televisión), se puso sobre la mesa la posibilidad de legalizar el uso de la amapola con fines médicos y científicos; esta misma postura fue ratificada por el Titular del Ejecutivo en la primera semana del mes de mayo en entrevista para Carlos Loret de Mola (para Noticieros Televisa) y con Joaquín Fuentes (de MILENIO Televisión).

Luego de la agudización en estos días de la violencia en Guerrero que dejó un saldo de decenas de homicidios y que fue atribuida a las disputa de bandas criminales por el trasiego de la amapola, el mandatario Estatal volvió a señalar la urgencia de, cito textualmente, “reforzar acciones e ir más a fondo con algunas figuras”.

 

Por nuestra parte desde el Congreso de Guerrero, los diputados de Movimiento Ciudadano, hemos insistido en la necesidad de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales y científicos, incluso presentamos una iniciativa al respecto, para que el Congreso Local ejercite su facultad constitucional (Art. 71, fracción III) y envíe esta iniciativa al Congreso de la Unión. Sin embargo, violando procedimientos parlamentarios la propia mayoría priísta (partido del Gobernador Astudillo que en medios se ha pronunciado a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales) con el apoyo del PRD se negó a dictaminar la iniciativa conforme a la ley y la sustituyó por un punto de acuerdo para que el Congreso federal legisle al respecto, cuando la iniciativa que presentamos activaría directamente el proceso legislativo federal.

La iniciativa propuesta por los Diputados Ciudadanos se acompañó de los informes “El Impacto Negativo del Control de Drogas en la Salud Pública–la Crisis Global de Dolor Evitable” y “Asumiendo el Control: Caminos hacia Políticas de Drogas Eficaces”, ambos documentos elaborados por la Global Commission on Drug Policy (Comisión Global de Políticas de Drogas), organismo orientado a elevar a nivel internacional una discusión informada y basada en evidencia sobre formas más humanas y efectivas de reducir el daño provocado por las drogas a la gente y a las sociedades.

El impacto negativo que ha dejado la política de prohibicionismo extremo asumida en torno al opio, ha mermado en el bienestar de los pacientes que requieren cuidados paliativos, cobrando además una alta cuota de sangre, causando más muertes en México a causa de su tráfico ilegal que las que se han registrado por su consumo.

Lo anterior se sostiene a la luz de lo establecido en el Informe Mundial sobre las Drogas, en donde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se precisa que el número de personas que murieron en el mundo en 2013 debido al consumo de drogas se mantuvo estable y ascendió a unas 187.100[1] (por regiones, América del Norte 43.300, América Latina y el Caribe 6.000); cifra que según la ONU, es prácticamente la misma que en años anteriores; mientras que en nuestro país, la asociación civil italiana Líbera conformada por más de mil agrupaciones de activistas europeos y americanos defensores de los derechos humanos, en un reporte de 2013, informó “que la guerra invisible y absurda que se inventó el ex presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado ha provocado, desde 2006 hasta el último minuto de su gobierno, la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra al narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común”.

En Guerrero hemos sido los más afectados por el prohibicionismo extremo, no hay ninguna razón para que el Congreso local no ejerza sus facultades constitucionales y mande una iniciativa de reformas legales al Congreso de la Unión y tome acciones para impulsar políticas vanguardistas para la regulación de los opiáceos, en las que la vidas y la seguridad de quienes habitamos en el Estado se ponga por encima de los intereses creados. Por lo pronto en los siguientes días volveremos a presentar una iniciativa en la materia. No quitaremos el dedo del renglón porque mientras México y Guerrero se desangran, los delincuentes y los narcopolíticos ganan con la prohibición que tanto dolor causa.

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 Wholesale Jerseys Free Shipping