Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Category: Opinión

No a la Ley Saldaña: nuestras razones

La política no puede ser puro pragmatismo o intercambios. Hay límites donde la barrera son los principios. En la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guerrero no podemos respaldar lo que no tiene justificación y constituye un exceso inadmisible. Así lo hicimos en la elección del Fiscal General del Estado y el tiempo nos está dando la razón.

En el caso de la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (la Ley Saldaña), votamos en contra porque es una ley con dedicatoria y hecha a modo para que el actual rector Javier Saldaña se reelija en forma inmediata y para que siga manejando los cuantiosos recursos de la institución como si fueran de su propiedad, con total falta de transparencia y sin ningún freno para enriquecerse y para su personalísimo proyecto político.

Del año 2013 que asumió el cargo de rector al presente año suman más de 8 mil 600 millones de pesos los recursos que maneja provenientes solamente de los recursos contemplados en los presupuestos de egresos aprobados por el Congreso Local.

La Uagro, bajo la gestión de Saldaña, está reprobada en transparencia, según informes y monitoreos de la Auditoría General del Estado y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales del Estado (Itaigro).

Hasta el día de la aprobación de la Ley Saldaña, consultando la página web de la Universidad prácticamente faltaban los datos más relevantes de la gestión presupuestal. Es decir, se opera con una gran opacidad y de manera totalmente discrecional.

Subrayamos que no estamos en contra de la reelección, sino de la reelección inmediata.

Cuando se reformó la Constitución federal para permitir la reelección de legisladores federales y locales y ayuntamientos se cuidó en todo momento que la reelección no se aplicará en forma automática y que los legisladores o alcaldes en funciones, al momento de la reforma no se beneficiarán en forma inmediata de la reelección.

Muy distinto a lo que se hizo ahora en el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero con esta ley que prácticamente es un cheque en blanco para la reelección del actual rector.

No caemos en el garlito de que no es automática la reelección porque supuestamente habría competencia, si es claro que tienen todo arreglado y ejercen en forma discrecional el presupuesto de la Universidad para comprar voluntades.

Es una ley con dedicatoria, conservadora y reeleccionista, un traje a la medida para que se mantenga en el cargo el actual rector. Es una ley para la nomenclatura que tiene el control de la Universidad, porque incluso los directores de las unidades académicas se reelegirían manteniendo el orden establecido, el estatus quo. Por esa razón votamos en contra de la Ley Saldaña.

Hay quienes argumentan la autonomía universitaria para justificar esta atrocidad. Pero no olvidemos que la autonomía no es sinónimo de libertinaje ni un salvoconducto para cometer excesos.

Por esa razón el constituyente permanente estableció que esta ley pase por el tamiz del Poder Legislativo. Sólo el Congreso está facultado constitucionalmente para aprobar las leyes. Esa es su facultad soberana, y en este caso que se presenta un exceso debiese ejercerse. Desafortunadamente la mayoría integrada por el PRI y PRD y sus aliados no hizo uso de las facultades y avaló la Ley Saldaña. Por nuestra parte seguiremos actuando del lado de la ciudadanía atendiendo los temas que le afectan, procurando construir un mejor estado, no obstante los intereses que frenan su desarrollo.

Autor: Ricardo Mejía Berdeja
Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Guerrero.

Fuente: Quadratín

Comisiones por la justicia y en contra de la impunidad

Es necesario plantear e investigar nuevas líneas de búsqueda.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cinco especialistas y encargado de revisar la investigación del gobierno Federal sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre pasado, ha informado que el gobierno federal no le ha permitido conocer 47% de la información solicitada.

Desde abril del 2015 dicho Grupo ha solicitado entrevistas con miembros del 27 Batallón del Ejército, a pesar de ello, tanto la Secretaría de Gobernación como la propia Sedena se encuentran “analizando” si permitirá que los expertos entrevisten a los militares que, según los sobrevivientes, presenciaron parte de lo ocurrido en Iguala, bajo el pretexto de proteger los derechos humanos de los soldados.

Por otra parte, dentro de los primeros resultados del GIEI se tuvo conocimiento de que 40 presuntos responsables denunciaron haber sido torturados durante la detención, el traslado y en la estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El GIEI confirmó que Julio César Mondragón, el estudiante cuyo cuerpo apareció desollado horas después del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, fue torturado antes de fallecer.

Es necesario unificar los procesos penales y en la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa por parte de la Procuraduría General de la República para las causas abiertas que corresponden a los procesos en que se encuentran diferentes entidades, a fin de que las investigaciones y procesos seanrealizados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.

Tras el informe del GIEI, que ha sido confirmado por el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense, es necesario plantear e investigar nuevas líneas de búsqueda. La Policía Federal realizó en presencia de miembros del GIEI una nueva toma de testimonios de los familiares para completar la información existente. A partir de dichas entrevistas, la Policía Federal se ha comprometido a presentar a los familiares las nuevas hipótesis de búsqueda. Este hecho no ha sido cumplido, pues se sigue insistiendo en la versión del basurero de Cocula sin enfocarse decisivamente a nuevas líneas de investigación.

Este recuento es procedente a la luz de la reunión histórica que ocurriera entre las comisiones especiales que, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso Local de Guerrero, dan seguimiento a las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre, en donde 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos de manera forzada, y 6 personas fueran asesinadas, entre las que se encontraba un jugador del equipo “Los Avispones” y el chofer que conducía su camión.

Es justamente con este grupo que ambas comisiones sostuvimos una reunión en la que pudimos comprobar, que al igual que en el resto de los casos, el acceso a la justicia y la reparación del daño no han sido plenos ni garantizados a quienes sobreviven.

Aunque las comisiones especiales no tienen la representación social de un ministerio público, sí está en nuestras manos luchar y trabajar por la verdad y la justicia.

Es necesario que se visibilice que el 26 y 27 de septiembre de 2014 no solamente nos desaparecieron forzadamente a 43 personas, asesinaron a 6 personas más, de cuyos casos se sabe poco, cuyas imágenes y nombres necesitamos recordar como parte de la más grande violación grave a derechos humanos en tiempos recientes.

La comisión de diputados federales fue en cabezada por la Diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez quien fijo el compromiso de la comisión en la Cámara de Diputados de coadyuvar en el caso de Avispones.

Es por ello que como comisiones especiales hemos de trabajar permanentemente como comisiones unidas de aquí en adelante para las diligencias y trabajos del caso, para lo que intercambiamos toda la información sobre las reuniones que hemos sostenido, y acordamos seguir sesionando de manera conjunta hasta que todas las víctimas reciban justicia y cada punto de las recomendaciones del GIEI sea cumplido.