Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Iniciativa que Expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

El suscrito Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo cuarto, 170 fracción IV y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, pongo a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley número ___________ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Administración Pública en México tiene una gran deuda con los ciudadanos. El modelo administrativo seguido por décadas y la excesiva concentración de poder burocrático, sumado a las debilidades del marco normativo, organizacional e institucional abrieron espacios a la corrupción.

 

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. La contextualización de estas prácticas nocivas es diversa, pero en todas ellas existe una constante; el menoscabo a las instituciones democráticas, el desacelere del desarrollo económico y su contribución para la inestabilidad política.

 

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

 

La escala del problema es enorme, de acuerdo con Transparencia Internacional, el 68% de los países alrededor del mundo tiene un serio problema de corrupción y nuestro país, no es la excepción.

 

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.

 

Estas prácticas carcomieron la vigencia del estado de Derecho y socavaron la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de la corrupción que se vive en nuestro país, ha traspasado nuestras fronteras y, como era de esperarse, ha llamado la atención de organismos internacionales.

 

A manera de ejemplo podemos señalar que la Fundación Carnegie para la Paz Internacional lanzó en 2015 el informe “Corrupción: La amenaza no reconocida para la seguridad internacional”, donde señala que en nuestro país la corrupción está tan arraigada que para los usuarios de los sistemas públicos, resulta más fácil convivir con ella que combatirla por los costos que esto implicaría.

 

De acuerdo al documento, México forma parte de una serie de países en donde la corrupción es el sistema para servir a un objetivo que tiene poco que ver con la administración pública: El enriquecimiento personal de las redes dominantes.

 

El impacto negativo de estas prácticas se ha sentido con mayor fuerza en cuatro sectores clave para el crecimiento y desarrollo económico de nuestra Nación: servicios públicos e infraestructura; industrias extractivas; salud; y educación

 

En la última década México se ha mantenido en promedio con un Índice de Percepción de Corrupción (IPC) a nivel mundial de tan solo 35 de 100 puntos, según los estudio publicados cada año por la Organización de Transparencia Internacional.

 

Este año, el IPC colocó a nuestra nación en el último puesto entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con otro organismo, pero esta vez nacional: Transparencia Mexicana. “México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos”

 

La corrupción es un lastre para nuestra nación por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona. Estas prácticas nocivas le han costado al país 341 mil millones de pesos al año, a precios actuales, según cálculos del Observatorio Económico México ¿cómo vamos?

 

De acuerdo con el grupo de expertos en economía, que presentó el Semáforo Económico Nacional 2014, los empresarios dejan de invertir en la medida que aumentan la percepción y los costos de la corrupción. Los cálculos de la agrupación están basados en un indicador del Fondo Monetario Internacional, que mide ese efecto y que establece que un aumento de 10% en la corrupción genera una pérdida de 2% en el crecimiento del PIB.

 

Viridiana Ríos, directora general del observatorio, mencionó que el nivel de corrupción representó 15% de la inversión pública de 2014, por lo que la inversión productiva el año pasado pudo haber sido mayor en 84 mil millones de pesos en ausencia de corrupción.

 

Por su parte Verónica Baz, directora del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., señaló que México decreció como uno de los países donde se reubican inversiones, ya que en 2011 recibía 70% de los flujos que salían de otros países, pero por causa de la corrupción y la inseguridad, en 2014 recibió sólo 29% de dichos flujos, según datos de la consultora Alix Partners.

 

Los estudios presentados por los organismos no gubernamentales referidos, han evidenciado una verdad que ya todos conocemos, nuestro país necesita crear un Sistema Anticorrupción de carácter nacional y no sólo federal, es decir que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes.

 

En Guerrero, la corrupción a nivel municipal quedó al descubierto con la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de dos mil catorce a manos de policías de la ciudad de Iguala, quienes los entregaron a sicarios de un cártel del narcotráfico con el cual operaban.

 

Las nocivas prácticas seguidas, han sumido a Guerrero en una crisis de inseguridad y descrédito institucional, tal como concluyó el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa (CAPPME) en el estudio denominado “Guerrero en el proceso electoral: restablecer la estabilidad y el desarrollo”.

 

Según este documento Guerrero, presenta un mal desempeño institucional en materia de gasto público, ya que las autoridades estatales gastan descontroladamente, en dos mil trece, el gasto ejercido rebasó en 22.52% el presupuesto aprobado, al cobijo de un “alto nivel de opacidad” en la legislación estatal para adquisiciones.

 

Un reflejo de esta situación es que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de dos mil quince, se reporta que 90% de los ciudadanos guerrerenses percibe una alta ocurrencia de prácticas corruptas en la administración pública de nuestra entidad, percepción superior al promedio nacional, que es de 88.3%.

 

Estos temas, gracias a las herramientas tecnológicas de hoy en día, fueron expuestos y sancionados moralmente en las redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose rápidamente en un asunto de interés común para la mayor parte de los ciudadanos y de sus gobernantes.

 

En estos días de constante interés social en el combate a la corrupción, tenemos que reconocer que la transparencia se ha convertido en la principal herramienta de los Estados democráticos para prevenir y erradicar estas prácticas nocivas. Para alcanzar estos ideales, es menester expedir una nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero, con el objetivo de que nuestro marco normativo se acorde con los estándares que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establecen nuevos conceptos y obligaciones que abonan al tan necesitado Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La iniciativa que hoy se expone pretende incluir dentro de los objetivos de la Ley Local las nuevas facultades otorgadas a los Organismos Garantes por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorporando la facultad del Instituto de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero para interponer acciones de inconstitucionalidad.

 

Asimismo, en atención a la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) se propone prever en la legislación guerrerense las bases y procedimientos a través de las cuales el organismo garante local se incorpora y participa en el SNT.

 

También, se contempla la necesidad de incluir en la legislación Local las definiciones relativas a ajustes razonables, áreas, Comisionado, Comité de Transparencia, Consejo Nacional, datos abiertos y sus características, formatos abiertos, formatos accesibles, información de interés público, Ley, Plataforma Nacional y Sistema Nacional.

 

Es oportuno que en la nomenclatura empleada en la nueva Ley Loca se armonice con la usada por la Ley General.

 

Otro aspecto a resaltar es que en esta iniciativa se refiere, de manera más amplia, los principios rectores tanto para los organismos garantes, como de Principios en materia de transparencia, como los de Transparencia, Profesionalismo, Certeza, Eficacia e Independencia.

 

Resulta oportuno además incluir expresamente a los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos, así como a los partidos políticos, dentro de los sujetos obligados, de conformidad con los Artículos 23 y 76 de la Ley General de Transparencia.

 

Por otra parte, para fortalecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, se prevé incorporar en la nueva legislación local los siguientes atributos: especialidad, imparcialidad, colegialidad, así como capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

 

En cuanto al periodo de duración del encargo de los comisionados se recomienda establecer un único periodo máximo de siete años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Transparencia.

 

De igual forma, es conveniente establecer dentro de la nueva Ley Local lo relativo al régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los Comisionados.

 

En lo que toca a los integrantes del organismo garante de la transparencia en la entidad, se sugiere pasar de la denominación de Consejero a Comisionado, se recomienda además que para la renovación de los Comisionados, esta se practique de manera sea escalonada para garantizar el principio de autonomía.

 

Adicionalmente, es conveniente el Instituto de Transparencia Local cuente con un consejo consultivo, por lo que se requiere adicionar a la legislación lo relativo a su existencia, integración y atribuciones.

 

En lo que refiere a los Comités y las Unidades de Transparencia, se sugiere adecuar sus atribuciones con base a lo dispuesto por la Ley General.

 

En esta iniciativa se propone crear el procedimiento para presentar la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, como instrumento de participación ciudadana, en aras de alcanzar una democracia vertical que rompa con las prácticas elitistas de los gobiernos verticales.

 

Asimismo, en la presente iniciativa se sugiere adecuar el procedimiento de acceso a la información ante los sujetos obligados con el acorde con lo presupuestado por la Ley General, señalando además, de manera expresa la gratuidad de los costos de reproducción de la información solicitada y su envío en los casos en los que esta no supere las veinte hojas, asimismo se establece que los costos de la reproducción de la información solicitada no podrán ser mayores a los establecidos en la Ley Federal de Derechos.

 

Del mismo modo, se considera conveniente agregar la posibilidad de que el solicitante indique el formato accesible o la lengua nacional en la que se requiera la información.

 

La presente iniciativa contempla la posibilidad de interponer el recurso de revisión tanto ante el organismo garante que corresponda como ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, armonizando su procedimiento con el previsto por la Ley General.

 

Por otra parte, la nueva Ley Local incorporar la mención de que las resoluciones del Organismo Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, en tanto que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación o ante el INAI a través del recurso de inconformidad, además de incluir un apartado relativo al cumplimiento de las resoluciones que atienda a lo previsto por los Artículos 196 a 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Asimismo, además de las medidas de apremio se prevén las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones, las sanciones para los sujetos obligados que no cuentan con la calidad de servidor público, así como los criterios a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 206 de la Ley General.

 

De igual forma, se establece el procedimiento para la imposición y ejecución del tipo de sanción a imponer, debiéndose respetar la garantía de audiencia y de legalidad, la responsabilidad que resulte de ello, será independiente al del orden civil, penal o de cualquier otro tipo.

 

Se agrega en la nueva Ley Local, que ante los incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos se dará vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que resuelvan lo conducente, para el caso de fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos en sus incumplimientos se deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos.

 

Se establece además que en estos casos, se deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa, dicha autoridad deberá informar de la conclusión del procedimiento, esto último tratándose de servidores públicos.

 

Se considera necesario agregar un capítulo relativo al Gobierno Abierto, para detallar mecanismos de colaboración entre el Instituto, los sujetos obligados y los representantes de la sociedad civil para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

 

Finalmente, se propone armonizar lo previsto para la plataforma Infomex con lo dispuesto para la Plataforma Nacional de Transparencia.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los Artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

 

DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO __________ DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Número _____ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO _________ DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Objeto de la Ley

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Guerrero.

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado o en los municipios, así como la protección de los datos personales, que generen o se encuentren en poder de los sujetos obligados señalados en esta Ley.

 

La información pública materia de este ordenamiento, es todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se recopile, procese o posean los sujetos obligados, además de ser un bien del dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento el derecho a obtener la información a que se refiere esta Ley, en los términos y con las excepciones que la misma señala.

 

El derecho de acceso a la información pública comprende la consulta de los documentos, la obtención de copias o reproducciones y la orientación sobre su existencia y contenido.

 

Artículo 2. El acceso a la información pública es gratuito.

 

Quien tenga acceso a la información pública, sólo podrá utilizarla lícitamente y será responsable de cualquier uso ilegal de la misma. El mal uso que de ésta se haga, se sancionará conforme a lo previsto en las Leyes aplicables.

 

Artículo 3. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley General.

 

Artículo 4. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

 

Artículo 5. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o municipal.

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

  1. Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos;

 

  1. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

 

III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto;

 

  1. Comité de transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 125 de la presente Ley;

 

  1. Consejo nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información;

 

  1. Clasificación de la información: El proceso de clasificar la información en pública, reservada o confidencial;

 

VII: Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

VIII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

 

  1. a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

 

  1. b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

 

  1. c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

 

  1. d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

 

  1. e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

 

  1. f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

 

  1. g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

 

  1. h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

 

  1. i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y

 

  1. j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.

 

  1. Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, tales como son, de manera enunciativa y no limitativa el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, estado civil, edad, domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología, opiniones políticas y afiliación sindical, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella digital, ADN, el número de seguridad social y análogos;

 

  1. Derecho de acceso a la información pública: La prerrogativa y garantía de cualquier persona para solicitar y obtener de los Sujetos obligados, determinada información en los términos previstos por el presente ordenamiento, siempre y cuando no se afecten los intereses estatales, los de la sociedad y los derechos de terceros;

 

  1. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que asiente el ejercicio de las facultades o actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos. Su formato podrá ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

 

XII. Encargado: El servidor público o cualquier otra persona física o moral facultada por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el Responsable para llevar a cabo el tratamiento físico o automatizado de los datos personales, en los términos que señale el reglamento, así como los lineamientos y criterios del Instituto;

 

XIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

 

  1. Información pública: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados que no tenga el carácter de confidencial;

 

  1. Información confidencial: La información relativa a datos personales y restringida de manera indefinida al acceso al público;

 

  1. Información reservada: La expresamente clasificada como tal, mediante acuerdo del titular de cada uno de los sujetos obligados o quien legalmente corresponda y restringida de manera temporal;

 

XII. Instituto: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero;

 

XIII. Interés público: Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y análisis de la información pública, a efecto de contribuir a la toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática y de una voluntad generalizada;

 

XIV. Interesado: La persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento;

 

  1. Ley: La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero;

 

XVI. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

 

XVII. Máxima publicidad: Prioridad para favorecer el conocimiento de la información, salvo la que se señale como reservada o confidencial;

 

XVIII: Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General;

 

XIX. Protección de datos personales: Obligación que tienen los sujetos obligados de resguardar el derecho relativo a la tutela de la confidencialidad de los datos personales que se encuentren en su poder o bajo su custodia.

 

  1. Responsable: El servidor público titular de la unidad administrativa designado por el titular del Sujeto Obligado, que decide sobre el tratamiento físico o automatizado de datos personales, así como el contenido y finalidad de los sistemas de datos personales, en los términos que señale el reglamento, así como los lineamientos y criterios del Instituto;

 

XXI. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado;

 

XXII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

 

XXIII. Servidores Públicos: Los señalados en el Artículo 110 de la Constitución y en las demás Leyes aplicables;

 

XXIV. Solicitud de acceso a la información: La solicitud formulada mediante escrito libre o a través de los formatos que deberán proporcionar los sujetos obligados o por el sistema electrónico;

 

XXV. Transmisión: La comunicación o cesión de datos personales a una persona distinta del interesado. No se considerará como tal la efectuada por el responsable o el encargado de los datos personales;

 

XXVI. Transparencia: El atributo de la información pública que consiste en que ésta sea clara, oportuna, veraz, con perspectiva de género y suficiente en los términos de Ley;

 

XXVII. Tratamiento de datos personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la obtención, registro, modificación, organización, conservación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;

 

XXVIII. Unidad de transparencia: Son las unidades administrativas de los sujetos obligados para el manejo de información pública de oficio, clasificación de la información y receptoras únicas de las solicitudes de acceso a la información que se formulen. Estas unidades serán el vínculo con el solicitante y se encargarán de las gestiones internas para que se resuelva y en su caso, se entregue la información o resolución que corresponda;

 

XXIX. Usuario: El servidor público facultado por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el responsable que utiliza de manera cotidiana datos personales para el ejercicio de sus atribuciones, por lo que accede a los sistemas de datos personales, sin posibilidad de agregar o modificar su contenido, en los términos que señale el reglamento, así como los lineamientos y criterios del Instituto, y

 

XXX. Versión pública: Documento elaborado por el sujeto obligado que contiene información pública en el que se elimina o tacha la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.

 

Capítulo II

De los Principios en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

 

Artículo 7. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en el presente capítulo.

 

El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.

 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

Artículo 8. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

 

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.

 

Artículo 9. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

 

Artículo 10. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley y las demás normas aplicables.

 

Artículo 11. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

 

Artículo 12. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

 

Artículo 13. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.

 

El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

 

Artículo 14. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

 

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

 

Artículo 15. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

 

Artículo 16. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

 

Artículo 17. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

 

Artículo 18. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

 

Artículo 19. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III

De los sujetos obligados

 

Artículo 20. Para los efectos de esta Ley, son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:

 

  1. I. El Poder Ejecutivo del Estado;

 

  1. El Poder Legislativo del Estado y sus órganos administrativos y técnicos;

 

III. El Poder Judicial del Estado y sus órganos y dependencias;

 

  1. IV. Los Ayuntamientos o los concejos municipales;

 

  1. V. La Administración Pública Estatal y municipal, incluyendo los órganos y organismos desconcentrados y descentralizados; las empresas de participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales y municipales;

 

  1. VI. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

 

VII. Los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior Públicas;

 

VIII. Los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas;

 

  1. IX. Las Juntas y Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo;

 

  1. X. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero;
  2. XI. Cualquier personas física, moral o sindicato que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o municipal; y

 

XII. Cualquier otro órgano u organismo, dependencia o entidad estatal o municipal público que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos.

Artículo 21. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley General, en los términos que las mismas determinen.

 

Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el párrafo anterior por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

 

Artículo 22. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública deberán: cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

 

  1. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

 

  1. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

 

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

 

  1. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

 

  1. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

 

  1. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

 

VII. Publicar y tener disponible en Internet la información pública a que se refiere el artículo 51 de esta Ley;

 

VIII. Garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley;

 

  1. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información de acuerdo a las reglas de esta Ley;

 

  1. Adoptar las medidas apropiadas para la protección de los datos personales, conforme a lo previsto en la presente Ley;

 

  1. Permitir el acceso de los particulares a sus datos personales, y en su caso, ejercer los derechos de rectificación, cancelación u oposición;

 

XII. Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en los términos de la legislación aplicable;

 

XIII. Permitir que los integrantes del Instituto puedan tener acceso a toda la información gubernamental y los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de esta Ley;

 

XIV. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

 

  1. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;

 

XVI. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional;

 

XVII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

 

XVIII. Cumplir las resoluciones del Instituto y apoyarlo en el desempeño de sus funciones, y

 

XIX. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

 

Artículo 23. Respecto de la información pública a que se refiere esta Ley, los sujetos obligados deberán observar, tanto en su aplicación como en su interpretación, el principio de máxima publicidad y disponibilidad. Para este efecto, en caso de duda razonable sobre la clasificación de información como reservada, se optará por su publicidad o bien, y siempre que sea posible, por la preparación de versiones públicas de los documentos clasificados.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LA INFORMACIÓN

 

Capítulo I

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información

 

Artículo 24. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

 

Artículo 25. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

 

  1. I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

 

  1. II. Expire el plazo de clasificación;

 

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o

 

  1. IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.

 

La información clasificada como reservada por esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.

 

Artículo 26. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema.

 

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

 

Artículo 27. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

 

Artículo 26. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

 

  1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

 

  1. II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

 

Artículo 27. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

 

Artículo 28. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

 

  1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

 

  1. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.

 

Artículo 29. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

 

Artículo 30. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.

 

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

 

Artículo 31. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

 

Artículo 32. Los Documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.

 

Artículo 33. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

 

Artículo 34. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

 

Capítulo II

De la Información Reservada

 

Artículo 35. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

 

  1. I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

 

  1. II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones con otros Estados Nacionales o Internacionales;

 

III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

 

  1. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del Estado o del municipio; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del Estado o del municipio, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público;

 

  1. V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

 

  1. VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

 

  1. IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

 

  1. X. Afecte los derechos del debido proceso;

 

  1. XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

 

Artículo 36. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

 

Artículo 37. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

 

  1. I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o

 

  1. II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

 

Capítulo III

De la Información Confidencial

 

Artículo 38. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

 

Artículo 38. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

 

Artículo 39. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

 

Artículo 40. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

 

Artículo 41. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

 

  1. I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

 

  1. II. Por ley tenga el carácter de pública;

 

III. Exista una orden judicial;

 

  1. IV. Por razones de seguridad nacional, estatal o municipal, o que salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o

 

  1. V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO TERCERO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

 

Capítulo I

De las disposiciones generales

 

Artículo 42. Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional, en los términos que establezcan los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional.

 

Artículo 43. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso.

 

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.

 

El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.

 

Artículo 44. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.

 

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

 

Artículo 45. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.

 

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

 

Artículo 46. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

 

Artículo 47. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia.

 

Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éste resulte de más fácil acceso y comprensión.

 

Artículo 48. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.

 

Artículo 49. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

 

  1. I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

 

  1. II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

 

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

 

  1. IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

 

  1. V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

 

  1. VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por esta Ley.

 

Artículo 50. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

 

Capítulo II

De las obligaciones de transparencia comunes

 

Artículo 51. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

 

  1. I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

 

  1. II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

 

III. Las facultades de cada Área;

 

  1. IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

 

  1. V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;

 

  1. VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

 

  1. IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

 

  1. X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

 

  1. XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

 

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

 

  1. XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

 

  1. a) Área;

 

  1. b) Denominación del programa;

 

  1. c) Periodo de vigencia;

 

  1. d) Diseño, objetivos y alcances;

 

  1. e) Metas físicas;

 

  1. f) Población beneficiada estimada;

 

  1. g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;

 

  1. h) Requisitos y procedimientos de acceso;

 

  1. i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

 

  1. j) Mecanismos de exigibilidad;

 

  1. k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

 

  1. l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

 

  1. m) Formas de participación social;

 

  1. n) Articulación con otros programas sociales;

 

  1. o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

 

  1. p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y

 

  1. q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;

 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

 

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

 

  1. XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable;

 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

 

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

 

  1. a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

 

  1. 1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

 

  1. 2. Los nombres de los participantes o invitados;

 

  1. 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

 

  1. 4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

 

  1. 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

 

  1. 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

 

  1. 7. El contrato y, en su caso, sus anexos;

 

  1. 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

 

  1. 9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

 

  1. 10. Origen de los recursos especificando si son estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

 

  1. 11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

 

  1. 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

 

  1. 13. El convenio de terminación, y

 

  1. 14. El finiquito;

 

  1. b) De las adjudicaciones directas:

 

  1. 1. La propuesta enviada por el participante;

 

  1. 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

 

  1. 3. La autorización del ejercicio de la opción;

 

  1. 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

 

  1. 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

 

  1. 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

 

  1. 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

 

  1. 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

 

  1. 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

 

  1. 10. El convenio de terminación, y

 

  1. 11. El finiquito;

 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;

 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

 

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;

 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

 

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;

 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

 

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;

 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

 

  1. XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;

 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

 

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

 

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

 

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

 

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y

 

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

 

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto quien verificará que se publiquen en la Plataforma Nacional los rubros que le sean aplicables a los sujetos obligados.

 

Capítulo III

De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados

 

Artículo 52. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

 

  1. En el caso del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos:

 

  1. a) El Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Municipal de Desarrollo, según el caso;

 

  1. b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

 

  1. c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

 

  1. d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

 

  1. e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

 

  1. f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y

 

  1. g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

 

  1. II. Adicionalmente, en el caso de los Ayuntamientos:

 

  1. a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los Ayuntamientos, y

 

  1. b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

 

Artículo 53. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Legislativo, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

 

  1. I. Agenda legislativa;

 

  1. II. Gaceta Parlamentaria;

 

III. Orden del Día;

 

  1. IV. El Diario de Debates;

 

  1. V. Las versiones estenográficas;

 

  1. VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;

 

VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

 

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

 

  1. IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

 

  1. X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;

 

  1. XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

 

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;

 

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; y

 

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa.

 

Artículo 54. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Judicial y los Tribunales Administrativos a que refiere el artículo 20 de este ordenamiento, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

 

  1. I. Las tesis y ejecutorias publicadas en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

 

  1. II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

 

III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

 

  1. IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, y

 

  1. V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

 

Artículo 55. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información

:

  1. I. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero:

 

  1. a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;

 

  1. b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;

 

  1. c) La geografía y cartografía electoral;

 

  1. d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;

 

  1. e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots del Instituto Electoral y de los partidos políticos;

 

  1. f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

 

  1. g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

 

  1. h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;

 

  1. i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;

 

  1. j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

 

  1. k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;

 

  1. l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales, y

 

  1. m) El monitoreo de medios;

 

  1. II. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero:

 

  1. a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;

 

  1. b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;

 

  1. c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;

 

  1. d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;

 

  1. e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

 

  1. f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

 

  1. g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones que emite;

 

  1. h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;

 

  1. i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;

 

  1. j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social en el Estado;

 

  1. k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

 

  1. l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, y

 

  1. m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo;

 

III. Del Instituto:

 

  1. a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones;

 

  1. b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

 

  1. c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;

 

  1. d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados;

 

  1. e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

 

  1. f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y

 

  1. g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.

 

Artículo 56. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

 

  1. I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;

 

  1. II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

 

III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;

 

  1. IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático;

 

  1. V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;

 

  1. VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;

 

VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;

 

VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y

I

  1. X. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

 

Artículo 57. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado, así como los de registro local y las agrupaciones políticas, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

 

  1. I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia;
  2. II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;

 

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;

I

  1. V. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;

 

  1. V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

 

  1. VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;

 

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;

 

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;

 

  1. IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;

 

  1. X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

 

  1. XI. El acta de la asamblea constitutiva;

 

XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;

 

XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

 

XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;

 

  1. XV. El directorio de sus órganos de dirección estatal y, en su caso, regionales, distritales y municipales;

 

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;

 

 

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula;

 

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y, en su caso, regionales, distritales y municipales;

XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

 

  1. XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

 

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna;

 

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

 

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

 

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatal y, en su caso, regionales, distritales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

 

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;

 

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

 

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;

 

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos;

 

XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y

 

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

 

Artículo 58. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:

 

  1. I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;

 

  1. II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

 

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban;

 

  1. IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables;

 

  1. V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público;

 

  1. VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;

 

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y

 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.

 

Artículo 59. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:

 

  1. I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:

 

  1. a) El domicilio;

 

  1. b) Número de registro;

 

  1. c) Nombre del sindicato;

 

  1. d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia;

 

  1. e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;

 

  1. f) Número de socios;

 

  1. g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y

 

  1. h) Central a la que pertenezcan, en su caso;

 

  1. II. Las tomas de nota;

 

III. El estatuto;

 

  1. IV. El padrón de socios;

 

  1. V. Las actas de asamblea;

 

  1. VI. Los reglamentos interiores de trabajo;

 

VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y

 

VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información.

 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

 

Artículo 60. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 51 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

 

  1. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

 

  1. II. El directorio del Comité Ejecutivo;

 

III. El padrón de socios, y

 

  1. IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

 

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional.

 

En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

 

Capítulo IV

De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad

 

Artículo 61. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

 

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

 

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

 

Artículo 62. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá:

 

  1. I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;

 

  1. II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y

 

III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.

 

CAPÍTULO V

De la administración de los documentos y archivos públicos

 

Artículo 63. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos en archivos administrativos organizados y conservados bajo criterios homogéneos de tal manera que permitan su localización expedita, disponibilidad e integridad, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.

 

Artículo 64. En el manejo de los documentos, los sujetos obligados deberán observar los principios de disponibilidad, eficiencia, localización, integridad y conservación, con el objeto de que éstos se conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la información contenida en los mismos.

 

Asimismo tomarán las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y estructura permitan identificarlos como documentos de archivo que aseguren la identidad e integridad de su información.

 

Artículo 65. Los sujetos obligados contarán con responsables de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico.

 

Los responsables de los archivos elaborarán los instrumentos de consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos administrativos, de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Estatal de Archivos, en coordinación con el Instituto, de conformidad con esta Ley, por lo que deberán contar al menos con los siguientes instrumentos:

 

  1. I. El cuadro general de clasificación archivística;

 

  1. II. El catálogo de disposición documental, y

 

III. Los inventarios documentales:

 

  1. a) General;

 

  1. b) De Transferencia (primaria y secundaria); y

 

  1. c) De Baja.

 

Artículo 66. Corresponderá al Consejo Estatal de Archivos elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de los archivos públicos. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

 

Los sujetos obligados realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos.

 

Los sujetos obligados adoptarán medidas y procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la documentación y la seguridad de sus soportes, tales como el contar con espacios diseñados y destinados exclusivamente a la recepción, organización y resguardo temporal o definitivo de los documentos, entre otros.

 

De igual forma, aplicarán las medidas técnicas de administración y conservación que aseguren la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos de acuerdo con las especificaciones de soportes, medios y aplicaciones de conformidad con las normas nacionales e internacionales.

 

Artículo 67. En los plazos de conservación de los expedientes se tomará en cuenta la vigencia documental así como, en su caso, el periodo de reserva correspondiente.

 

A partir de la desclasificación de los expedientes reservados, el plazo de conservación adicionará un periodo igual al de reserva o al que establezca el catálogo de disposición documental para su consulta pública, no pudiendo en ningún caso ser menor de dos años.

Capítulo VI

De la verificación de las obligaciones de transparencia

 

Artículo 68. Los sujetos obligados deberán atender los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formule el Instituto. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

 

Artículo 69. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 50 a 62 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 70. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.

 

Artículo 71. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo previsto por esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado.

 

Artículo 72. La verificación que realice el Instituto, se sujetará a lo siguiente:

 

  1. I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;

 

  1. II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;

 

III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen, y

 

  1. IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.

 

El Instituto podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.

 

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

 

En caso de que Instituto consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

 

Capítulo VII

De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia

 

Artículo 73. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.

 

El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:

 

  1. I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;

 

  1. II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;

 

III. Resolución de la denuncia, y

 

  1. IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

 

Artículo 74. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

 

  1. I. Nombre del sujeto obligado denunciado;

 

  1. II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

 

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;

 

  1. IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la ciudad sede del Instituto o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y

 

  1. V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.

 

En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

 

Artículo 75. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

 

  1. I. Por medio electrónico:

 

  1. a) A través de la Plataforma Nacional, o

 

  1. b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.

 

  1. II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto.

 

Artículo 76. El instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

 

Artículo 77. El Instituto deberá resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción, debiendo notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.

 

Artículo 78. El sujeto obligado debe enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.

 

El Instituto, en el ámbito de su competencia, puede realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.

 

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.

 

Artículo 79. El Instituto deberá resolver la denuncia dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.

 

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.

 

Artículo 80. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.

 

Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

 

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

 

Artículo 81. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.

 

El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.

 

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.

 

Artículo 82. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

 

TÍTULO CUARTO

DE LOS DATOS PERSONALES

 

Capítulo i

Disposiciones generales

 

Artículo 83. Los sujetos obligados al tratar los sistemas de datos deberán observar los principios de consentimiento, información previa, licitud, calidad de la información, confidencialidad y seguridad, así como garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición.

 

Artículo 84. Los sujetos obligados no podrán difundir los datos personales contenidos en los sistemas de datos, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

 

Artículo 85. No se requerirá el consentimiento expreso de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

 

  1. I. De la prestación de asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización;

 

  1. II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en esta Ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a que se refiera;

 

III. Cuando se transmitan entre Sujetos Obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;

 

  1. IV. Cuando exista una orden judicial, y

 

  1. V. En los demás casos que establezcan esta Leyes y las demás normas aplicables.

 

Artículo 86. La recolección y tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades a cargo de la seguridad pública, sin consentimiento de las personas afectadas, estarán limitados a aquellos supuestos que resulten necesarios para la prevención de un peligro fundado para la seguridad pública o para la prevención o persecución de delitos, debiendo ser almacenados en sistemas específicos, establecidos al efecto.

 

La obtención y tratamiento de los datos especialmente protegidos por los Cuerpos de Seguridad Pública, podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas, en su caso, por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales.

 

Los datos personales recabados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las investigaciones que motivaron su almacenamiento.

 

A estos efectos, se considerará especialmente, la edad del interesado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación, la prescripción de responsabilidad y la amnistía.

 

Artículo 87. Los datos personales que se recaben, deberán ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubiesen obtenido, permitiendo con ello el ejercicio de acceso a su titular.

 

La recopilación de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente Ley. Los datos personales no podrán ser utilizados para finalidades distintas e incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

 

Los datos en poder de los sujetos obligados deberán ser exactos y actualizarse en caso necesario.

 

Los datos totales o parcialmente inexactos o que sean incompletos, deberán ser suprimidos, substituidos o en su caso, completados por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate.

 

Los datos personales deberán ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieran sido recabados.

 

Los responsables de los sistemas que contengan los datos a que se refieren los párrafos segundo y tercero de este artículo, podrán negar el acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

 

Artículo 88. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas apropiadas para proteger la información contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como pérdida, consulta o tratamiento sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informáticos.

 

Capítulo II

De los derechos en materia de datos personales

 

Artículo 89. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, son derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.

 

Artículo 90. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las transmisiones realizadas o que se prevean hacer de los mismos.

 

Artículo 91. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, siempre y cuando no sea imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la autoridad competente en la materia.

 

Artículo 92. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservando únicamente a disposición de los sujetos obligados, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas para que una vez que se haya cumplido el mismo se proceda a su supresión, en términos de la normatividad aplicable.

 

Artículo 93. Si los datos rectificados o cancelados hubieren sido transmitidos previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se haya transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, deberá también proceder a la cancelación.

 

Artículo 94. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Si no hubiere disposiciones expresas en la normatividad aplicable el plazo será el que establezca el catálogo de disposición documental correspondiente.

 

Artículo 95. El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos que le conciernen, en el supuesto que los datos se hubieran recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el responsable del banco deberá excluir del tratamiento los datos relativos al afectado.

 

Artículo 96. Sin perjuicio de lo que dispongan otras Leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una Unidad de Transparencia, previa acreditación, que les dé acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

 

La Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación.

 

El plazo de diez días hábiles, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una sola vez, por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

 

En el caso de que el sujeto obligado considere improcedente la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada y motivada al respecto, a través de la Unidad de Transparencia.

 

En caso de que los datos personales requeridos no fueran localizados en los sistemas de datos personales del sujeto obligado, dicha circunstancia se comunicará al interesado vía resolución a través de la Unidad de Transparencia, en términos del procedimiento que se establezca en el Reglamento correspondiente.

 

Artículo 97. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud, que implique la entrega de datos, respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

 

Artículo 98. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener:

 

  1. I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;

 

  1. II. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;

 

III. Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información, y

 

  1. IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos personales, la cual podrá ser verbalmente, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.

 

Si la información proporcionada por el solicitante no basta para localizar los datos personales o son erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 96 de esta Ley.

 

Artículo 99. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado deberá indicar además de los señalados en el artículo anterior las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

 

Artículo 100. Tratándose de solicitudes de cancelación, la solicitud deberá indicar si revoca el consentimiento otorgado, en los casos en que la revocación proceda, o si, por el contrario, se trata de un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso deberá acompañar la documentación justificativa.

 

Artículo 101. El interesado al que se niegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá interponer el recurso de revisión previsto en esta Ley.

 

TÍTULO QUINTO

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

Capítulo I

Del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública

 

Sección I

Disposiciones generales

 

Artículo 102. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 103. El Instituto ejercerá su competencia sobre los sujetos obligados en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 104. El patrimonio del Instituto estará constituido por:

 

  1. I. Los ingresos que perciba conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado;

 

  1. II. Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que los gobiernos federal, estatal o municipal le aporten para la realización de su objeto;

 

III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares nacionales o internacionales;

 

  1. IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor, y

 

  1. V. Todos los demás ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por cualquier otro medio legal.

 

Artículo 105. El Instituto administrará su patrimonio conforme a la presente Ley y su Reglamento Interior, tomando en consideración que el ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos.

 

Artículo 106. El Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos otorgará al Instituto los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones.

 

Los recursos previstos para el Instituto no podrán ser inferiores a los asignados en el ejercicio fiscal anterior, excepto cuando corresponda a una reducción generalizada del gasto para todas las dependencias y entidades públicas de la entidad y cuando el Instituto no presente los informes de ejercicio presupuestal que correspondan conforme a la legislación aplicable.

 

Artículo 107. Los estados financieros del Instituto serán revisados y fiscalizados por la Auditoría General del Estado, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

 

Sección II

De su integración y organización

 

Artículo 108. El Instituto funcionará en Pleno, el que será su órgano supremo y estará integrado por tres Comisionados quienes durarán en su encargo un periodo improrrogable de siete años

 

Artículo 109. Los Comisionados designarán a su Presidente de entre sus miembros, que lo será también del Pleno, el cual durará en su encargo tres años, pudiendo ser reelecto por un periodo igual.

 

Artículo 110. Para ser Comisionado se requiere:

 

  1. I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, preferentemente guerrerense o tener una residencia de por lo menos tres años en el Estado;

 

  1. II. Tener cuando menos treinta años de edad cumplidos al momento de la designación;

 

III. Contar con grado mínimo de licenciatura con experiencia profesional y ejercicio mínimo de cinco años;

 

  1. IV. Haber desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con las materias de esta Ley;

 

  1. V. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos;

 

  1. VI. No haber sido Gobernador, Diputado, o titular de alguno de los sujetos obligados durante los tres años previos al día de su nombramiento;

 

VII. No ser ministro de algún culto religioso;

 

VIII. No haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni candidato a algún cargo de elección popular durante los tres años previos a su nombramiento;

 

  1. IX. No haber sido servidor público diverso de los indicados en la fracción VI, de este artículo, cuando menos dos años anteriores a la designación;

 

  1. X. No haber sido condenado por delito alguno, salvo los de carácter no intencional, y

 

  1. XI. Contar con probada honradez, honorabilidad y probidad.

 

Artículo 111. Cada uno de los Comisionados será designado por el Congreso del Estado mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión, de la lista propuesta por la Comisión de Gobierno.

 

Artículo 112. Para la conformación de la lista señalada en el artículo anterior, se seguirán las reglas siguientes:

 

  1. I. Se invitará a los ciudadanos mediante convocatoria abierta expedida por el Poder Legislativo, a propuesta de la Comisión de Gobierno, que se publicará por lo menos con cuarenta y cinco días anteriores a la conclusión del periodo de gestión de los Comisionados, en cuando menos dos medios de comunicación escritos de mayor circulación en el Estado;

 

  1. II. En la convocatoria se establecerán los plazos, lugares y horarios de presentación de las solicitudes, los requisitos y la forma de acreditarlos;

 

III. Los interesados en participar acudirán a presentar su solicitud y anexarán la anuencia de sujetarse a los resultados que se obtengan mediante el siguiente procedimiento:

 

  1. a) La Comisión de Gobierno realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes;

 

  1. b) La Comisión de Gobierno integrará un listado con el doble del total del número a elegir, de entre los cuales se seleccionarán a los Comisionados, acompañado de un informe en el que se asienten los motivos por los cuales fueron seleccionados;

 

  1. c) La Comisión de Gobierno presentará la lista al Pleno para su designación en términos de lo previsto en el artículo 111 de la presente Ley; y

 

d). En la conformación del Pleno del Instituto se procurará que exista equidad de género.

 

Artículo 113. Durante el tiempo que los Comisionados duren en su encargo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión.

 

Artículo 114. El Reglamento Interior señalará los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto. Las partes en un recurso podrán recusar con causa a un Comisionado. Corresponderá a la mayoría calificar la procedencia de la recusación.

 

Artículo 115. El Instituto tendrá su residencia y domicilio en la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, y ejercerá sus funciones conforme a la estructura siguiente:

 

  1. El Pleno como órgano supremo;

 

  1. II. El Presidente del Instituto, y

 

III. La estructura orgánica que acuerde el Pleno y se establezca en el reglamento interior respectivo.

 

Artículo 116. Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo del Instituto, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El Reglamento Interno establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.

 

Artículo 117. Los miembros del Pleno sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado, cuando medie causa grave de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

 

Sección III

De sus atribuciones y obligaciones

 

Artículo 118. El Instituto sesionará en Pleno dos veces por mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria las que sean necesarias, y tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

 

Artículo 119. El instituto, con independencia de las que le confieran otros ordenamientos, tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley.

 

  1. II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en la presente Ley;

 

III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;

 

  1. IV. Presentar petición fundada al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

 

  1. V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;

 

  1. VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;

 

VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;

 

VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales;

 

  1. IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva;

 

  1. X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;

 

  1. XI. Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes de la transparencia, acceso a la información pública o de protección de datos personales para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;

 

XII. Promover la igualdad sustantiva;

 

XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

 

XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;

 

  1. XV. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la legislatura local, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales;

 

XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;

 

XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;

 

XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

 

XIX. Promover la participación y colaboración con organismos nacionales o internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;

 

  1. XX. Fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica

;

XXI. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y

 

XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 119. El Comisionado Presidente del Pleno tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

 

  1. I. Representar legalmente al Instituto con facultades de mandatario para actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio, así como delegar, otorgar y sustituir poderes generales y especiales para estos actos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y previa autorización del Pleno;

 

  1. II. Vigilar el correcto desempeño de las actividades del Instituto;

 

III. Convocar a sesiones del Pleno y conducir las mismas, en los términos del reglamento respectivo;

 

  1. IV. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno;

 

  1. V. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del Instituto;

 

  1. VI. Emitir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

 

VII. Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad razonado;

 

VIII. Ejercer por sí o a través de los órganos designados en el reglamento interior, el presupuesto de egresos del Instituto, bajo la supervisión del Pleno, y

 

  1. IX. Las demás que le confiera esta Ley y el Reglamento Interior del Instituto.

 

Artículo 120. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto contará en su estructura orgánica con un Secretario Ejecutivo.

 

El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Pleno, a propuesta del Comisionado Presidente.

 

El Secretario Ejecutivo es un auxiliar del Instituto, para el trámite o ejecución de sus acuerdos o de los que dicte el Comisionado Presidente.

 

Artículo 121. Corresponde al Secretario Ejecutivo:

 

  1. I. Auxiliar al Comisionado Presidente y a los Comisionados en el ejercicio de sus funciones;

 

  1. II. Levantar las actas de las sesiones;

 

III. Proponer al Instituto las medidas técnico-administrativas que estime convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la misma;

 

  1. IV. Recibir y substanciar el Recurso de Revisión que se interponga ante el Instituto, informándole de inmediato sobre los mismos para citar a sesión para su resolución;

 

  1. V. Llevar el Libro de Registro de Turnos de los Comisionados;

 

  1. VI. Llevar el archivo del Instituto, y

 

VII. Las demás que le sean conferidas por el Pleno o su Comisionado Presidente.

 

Artículo 122. En el mes de febrero de cada año, los sujetos obligados deberán presentar, al Instituto, un informe correspondiente al año anterior, que comprenderá del primero de enero al treinta y uno de diciembre, mismo que deberá contener:

 

  1. I. El número de solicitudes de información presentadas al sujeto obligado y la información objeto de las mismas;

 

  1. II. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas;

 

III. El número de solicitudes pendientes;

 

  1. IV. Las prórrogas por circunstancias excepcionales;

 

  1. V. El tiempo de procesamiento de cada solicitud;

 

  1. VI. La cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea, y

 

VII. La cantidad de resoluciones tomadas por el sujeto obligado denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y sus fundamentos respectivos.

 

Artículo 123. El Instituto presentará, en el mes de abril de cada año, un informe de labores y de resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá:

 

  1. I. La descripción de la información remitida por los sujetos obligados comprendidos en esta Ley;

 

  1. II. El número de asuntos atendidos por el Instituto, y

 

III. Las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley y sus propuestas para superarlas.

 

El Instituto, deberá publicar y difundir con amplitud el informe anual y tendrá que circularlo entre los sujetos obligados.

 

Artículo 124. El Congreso del Estado recibirá y turnará para su análisis a la Comisión ordinaria competente, el informe anual, debiendo ésta informar al Pleno de las acciones y resultados obtenidos.

 

Capítulo II

De los Comités de Transparencia

 

Artículo 125. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

 

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

 

Artículo 126. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

 

  1. I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

 

  1. II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

 

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

 

  1. IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;

 

  1. V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

 

  1. VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

 

VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere la presente Ley, y

 

  1. IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

 

Capítulo III

De las Unidades de Transparencia

 

Artículo 127. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

 

  1. I. Recabar y difundir la información pública a que refiere esta Ley, así como la correspondiente de la Ley General y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

 

  1. II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

 

  1. IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;

 

  1. V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

 

  1. VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

 

  1. IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

 

  1. X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

 

  1. XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y

 

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

 

Artículo 128. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

 

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

 

Capítulo IV

Del Consejo Consultivo

 

Artículo 129. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que estará integrado por tres consejeros que serán honoríficos que durarán en su encargo por un plazo de siete años, debiéndose garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.

 

El funcionamiento y procedimiento transparente de designación la integración del Consejo Consultivo, será el que al efecto prevea el Reglamento respectivo.

 

Artículo 130. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:

 

  1. I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

 

  1. II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

 

III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;

 

  1. IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;

 

  1. V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;

 

  1. VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

 

VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

TÍTULO SEXTO

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

 

Capítulo I

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información

 

Artículo 131. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente.

 

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los guerrerenses, el Instituto deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

 

Artículo 132. El Instituto por si mismo o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, podrá:

 

  1. I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

 

  1. II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

 

III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

 

  1. IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

 

  1. V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

 

  1. VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

 

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;

 

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y

 

  1. IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

 

Artículo 133. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

 

  1. I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;

 

  1. II. Armonizar el acceso a la información por sectores;

 

III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y

I

  1. V. Procurar la accesibilidad de la información.

 

Capítulo II

De la Transparencia Proactiva

 

Artículo 134. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley.

 

Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

 

Artículo 135. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.

 

Artículo 136. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información.

 

La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objetivo claro, enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

 

Capítulo III

Del Gobierno Abierto

 

Artículo 137. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

TÍTULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Capítulo I

Del Procedimiento de Acceso a la Información

 

Artículo 138. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

 

Artículo 139. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

 

Artículo 140. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.

 

En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

 

Artículo 141. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:

 

  1. I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

 

  1. II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;

 

III. La descripción de la información solicitada;

 

  1. IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

 

  1. V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.

 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua nacional en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

 

La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

 

Artículo 142. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

 

Artículo 143. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.

 

Artículo 144. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

 

Artículo 145. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

 

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 149 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

 

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

 

Artículo 146. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

 

Artículo 147. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.

 

Artículo 148. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

 

Artículo 149. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

 

Artículo 150. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

 

Artículo 151. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.

 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

 

Artículo 152. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

 

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

 

Artículo 153. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

 

Artículo 154. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

 

  1. a) Confirmar la clasificación;

 

  1. b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y

 

  1. c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 149 de la presente Ley.

 

Artículo 155. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

 

  1. I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;

 

  1. II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y

 

  1. IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

 

Artículo 156. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

 

Artículo 157. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.

 

Capítulo II

De las Cuotas de Acceso

 

Artículo 158. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

 

  1. I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

 

  1. II. El costo de envío, en su caso, y

 

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados.

 

En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.

 

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

 

TÍTULO OCTAVO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Capítulo I

Del Recurso de Revisión

 

Artículo 159. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

 

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

 

Artículo 160. El recurso de revisión procederá en contra de:

 

  1. I. La clasificación de la información;

 

  1. II. La declaración de inexistencia de información;

 

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

 

  1. IV. La entrega de información incompleta;

 

  1. V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

 

  1. VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;

 

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;

 

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

 

  1. IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;

 

  1. X. La falta de trámite a una solicitud;

 

  1. XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;

 

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o

 

XIII. La orientación a un trámite específico.

 

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.

 

Artículo 161. El recurso de revisión deberá contener:

 

  1. I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
  2. II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;

 

III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

 

  1. IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;

 

  1. V. El acto que se recurre;

 

  1. VI. Las razones o motivos de inconformidad, y

 

VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

 

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

 

Artículo 162. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

 

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

 

Artículo 163. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.

 

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.

 

Artículo 164. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera.

 

El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

 

Artículo 165. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

 

Artículo 166. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

 

Para estos efectos, se entenderá por:

 

  1. I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;

 

  1. II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y

 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

 

Artículo 167. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

 

  1. I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento;

 

  1. II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;

 

III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho;

 

  1. IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;

 

  1. V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

 

  1. VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

 

VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días.

 

Artículo 168. Las resoluciones del Instituto podrán:

 

  1. I. Desechar o sobreseer el recurso;

 

  1. II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

 

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

 

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

 

Artículo 169. En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

 

Artículo 170. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

 

Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

 

Artículo 172. El recurso será desechado por improcedente cuando:

 

  1. I. Sea extemporáneo;

 

  1. II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;

 

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 de la presente Ley;

 

  1. IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;

 

  1. V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

 

  1. VI. Se trate de una consulta, o

 

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

 

Artículo 173. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

 

  1. I. El recurrente se desista;

 

  1. II. El recurrente fallezca;

 

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o

 

  1. IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.

 

Artículo 174. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

 

Artículo 175. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante el Poder Judicial de la Federación, en los términos que señala la legislación aplicable.

 

En caso de presentarse una impugnación por escrito ante el Instituto en contra de su propia resolución, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional.

 

Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional.

 

Capítulo II

Del Cumplimiento

 

Artículo 176. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su cumplimiento.

 

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

 

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

 

Artículo 177. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.

 

El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

 

Artículo 178. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:

 

  1. I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

 

  1. II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y

 

III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

 

Capítulo III

De los criterios de interpretación

 

Artículo 179. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en cuando menos tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, aprobados por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan causado estado.

 

Artículo 180. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

 

Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identificación.

 

TÍTULO OCTAVO

MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

 

Capítulo I

De las Medidas de Apremio

 

Artículo 181. El Instituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

 

  1. I. Amonestación pública, o

I

  1. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la unidad de cuenta general vigente

.

En la imposición de la medida de apremio, el Instituto deberá tener en cuenta la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

 

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.

 

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

 

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

 

Artículo 182. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.

 

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan.

 

Artículo 183. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por el Instituto y ejecutadas por sí mismos.

 

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Finanzas del Estado, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

 

Capítulo II

De las Sanciones

 

Artículo 184. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:

 

  1. I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;

 

  1. II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

 

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

 

  1. IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

 

  1. V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

 

  1. VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

 

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

 

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

 

  1. IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;

 

  1. X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;

 

  1. XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

 

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya quedado firme;

 

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

 

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o

 

  1. XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.

 

En la imposición de sanciones, el Instituto calificará la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

 

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

 

Artículo 185. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

 

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

 

Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

 

Artículo 186. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista  al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

 

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

 

Artículo 187. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

 

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.

 

Artículo 188. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto, será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a lo previsto en esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.

 

Artículo 189. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.

 

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

 

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.

 

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.

 

Artículo 190. En lo que refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico Federal y Local.

 

Artículo 191. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:

 

  1. I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley.

 

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta unidades de cuenta generales vigentes en el Estado;

 

  1. II. Se aplicará multa adicional de doscientos cincuenta a ochocientos unidades de cuenta general vigente en el Estado, a quien persista en las infracciones citadas en la fracción anterior.

 

Artículo 192. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

 

Artículo 193. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

 

TERCERO. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes transitorios.

 

CUARTO. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación.

 

QUINTO. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los noventa días siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

 

SEXTO. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refiere la presente Ley.

 

SÉPTIMO. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obre en los sistemas electrónicos del Instituto, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

 

OCTAVO. En tanto el H. Congreso del Estado realiza la designación de los Comisionados del Instituto, los actuales Comisionado electorales continuarán en funciones y ejercerán las facultades y atribuciones que les corresponden conforme a la legislación vigente al momento de su designación, por lo que los actos jurídicos en que intervengan surtirán todos sus efectos legales.

 

NOVENO. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, los sujetos obligados aprobarán, a más tardar 120 días después de la entrada en vigor de esta Ley, un programa de reorganización administrativa que contemple la creación de las Unidades y Comités de Transparencia.

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los _______ días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA

 DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ley de Responsabilidad del Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley número ___________ de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El pasado 29 de abril de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto por el que se adicionó el artículo 194 a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero mediante el cual se incorporó al orden constitucional guerrerense el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, de carácter objetiva y directa.

 

En tal sentido, la Bancada Ciudadana nos hemos dado a la tarea de elaborar la iniciativa de ley reglamentaria a esta nueva garantía constitucional, tomando en consideración la obra del Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Doctor Álvaro Castro Estrada, publicada por Editorial Porrúa en 1997 con el título Responsabilidad patrimonial del Estado.

 

Por principio de cuentas, es de recalcar que el nuevo texto del artículo 194 de nuestra Constitución califica la responsabilidad del Estado como de carácter directo y objetivo.

 

Con esta nueva garantía, los ciudadanos pueden obtener la indemnización correspondiente por parte del Estado, cuando con motivo de la actuación de los servidores públicos se les causa una lesión patrimonial.

 

Por ello, es menester incorporar los mecanismos para la ejecución de este derecho, adoptando la doctrina ius-publicista, así como la teoría de la culpa, pues en ambas se desarrolla con mayor amplitud el concepto de daño ilícito, que dan luz para el desarrollo de la reparación del daño a causa de los servidores públicos que con su actuar ocasionen daños y perjuicios a los particulares.

 

En consecuencia, se propone la creación de un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter directa y objetiva.

 

La creación de un régimen de responsabilidad directa significa que es el Estado quien responde al reclamo de indemnización que le formulan los particulares cuando la actuación de los servidores públicos les ocasionan lesiones en ellos mismos o en sus respectivos patrimonios, en la inteligencia de que el Estado se reserva el derecho de repetir lo pagado contra los servidores públicos, que con su actuar (o no actuar, tratándose de una conducta omisiva) hayan incurrido en falta o infracción grave.

 

Por otra parte, la incorporación además de un régimen de responsabilidad objetiva significa que, independientemente de que la conducta del servidor público que ocasione la lesión haya sido lícita o ilícita, regular o irregular, legítima o ilegítima, la lesión causada debe indemnizarse en tanto que tal acción (u omisión) conculca un derecho a la integridad patrimonial que se contempla previamente como garantía, y que ahora se ha elevado a nivel constitucional.

 

Es por lo anterior que con el propósito de evitar cualquier género de contradicción o confusión entre la restricción de la responsabilidad del Estado sólo a su actividad administrativa irregular, y el carácter de responsabilidad objetiva que consigna la propia reforma constitucional, se hace preciso señalar que para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

 

Esto bajo el entendido de considerar a la actividad irregular del Estado como causante de daños al patrimonio de los particulares, y no como conducta ilícita o irregular de los servidores públicos que lo produjeron.

 

Así, puede afirmarse que la actividad administrativa es irregular en tanto que produce lesiones patrimoniales que afectan el patrimonio de los particulares, sin tener éstos la obligación jurídica de soportarlos.

 

En consecuencia, la actividad desplegada por el Estado como hecho imputable deberá tener el carácter de irregular, entendiendo por ello un funcionamiento fuera de lo normal, donde existan conductas ilegales o sujetas a imputación de culpabilidad, ya sea de funcionarios o de manera impersonal.

 

De esta manera, se hace necesario demostrar el vínculo de causalidad entre el actuar irregular de la administración y sus servidores públicos, en ejercicio de su potestad como agentes de la misma, con el resultado dañoso.

 

Con la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado propuesta por los diputados ciudadanos, se espera generar una mayor confianza en el Estado y en el derecho en Guerrero.

 

Además, la presente iniciativa busca generar una mayor seguridad jurídica para los guerrerenses, pero sobre todo, lo que con esta Ley se pretende alcanzar una función inhibitoria de la ineficiencia y la impunidad dentro de la administración pública.

 

Dada la importancia que reviste la responsabilidad patrimonial del Estado, en Movimiento Ciudadano hemos tomado la decisión de convertirnos en la fuerza política que apoye e impulse la presente iniciativa para introducir al sistema jurídico guerrerense la Ley Reglamentaria al artículo 194 de la Constitución Política del Estado, pues estamos convencidos de su alto contenido de justicia.

 

La presente iniciativa consta cincuenta y cinco artículos divididos en siete capítulos, el Primero contiene lo referente a las disposiciones generales que regirán la responsabilidad patrimonial de los entes públicos.

 

En el Capítulo Segundo se establece lo relativo a las indemnizaciones que deberán cubrir los entes públicos de resultar responsables, las cuales deberán ser suficientes para resarcir los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales.

 

Por su parte, en el Capítulo Tercero se rige el procedimiento para establecer la responsabilidad patrimonial de los sujetos obligados, el cual habrá de iniciar a petición de parte interesada, quien deberá presentar su reclamación ante el organismo, dependencia o entidad presuntamente responsable.

 

El Capítulo Cuarto se establece que en los casos donde exista concurrencia en la responsabilidad patrimonial del Estado, el pago de la indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva participación.

 

En el Capítulo Quinto se establece el Derecho de los entes públicos de ejecutar acciones de responsabilidad patrimonial contra otros servidores públicos que causen daño al patrimonio de los guerrerenses

 

El Capítulo Sexto se prevé que las notificaciones personales del inicio y resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial se harán en el domicilio señalado por el reclamante, en el lugar de ubicación de la autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de Guerrero.

 

Asimismo, se establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practiquen. Para tal efecto, se establece en ese apartado que se consideran días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente.

 

 

Finalmente, en el Capítulo Séptimo se establecen los criterios para tener a una sentencia por ejecutoriada y el mecanismo para su ejecución.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

 

DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO __________ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Número _____ de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO _________ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del 194 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus disposiciones son de orden público e interés general.

 

Tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de los Ayuntamientos.

 

La responsabilidad extracontractual a cargo de los sujetos obligados por esta Ley es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

 

Artículo 2. Son sujetos obligados por las disposiciones contenidas en esta Ley, los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica.

 

La obligación de indemnizar de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos, se entenderá exclusivamente para las funciones y actos irregulares materialmente administrativos que realicen.

 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y sus servidores públicos, no son sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones y recomendaciones que formulen, así como por los actos que realicen en ejercicio de las funciones de su competencia.

 

Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, aceptadas por los entes públicos estatales y municipales, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.

 

La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público que haya sido declarado responsable; lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación.

 

Artículo 4. Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta Ley:

 

  1. Los supuestos de caso fortuito y de fuerza mayor;

 

  1. Los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado;

 

III. Las que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento; y

 

  1. En aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.

 

Artículo 5. Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.

 

Artículo 6. Los sujetos obligados por esta Ley cubrirán las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se determinen conforme a la misma, con cargo a sus respectivos presupuestos.

 

Los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero.

 

En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la presente Ley.

 

Artículo 7. El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso Local, en la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal correspondiente, el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse para cubrir las erogaciones que se deriven de la responsabilidad patrimonial del Estado.

 

De igual forma, los Ayuntamientos al aprobar su presupuesto de egresos, deberán prever el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse para cumplir con las erogaciones que deriven de la responsabilidad patrimonial del Municipio.

 

La suma total de los recursos comprendidos en los respectivos presupuestos de egresos del Estado o de los ayuntamientos, no podrá exceder del equivalente al 0.3 al millar del respectivo gasto programable para el ejercicio fiscal correspondiente.

 

El excedente que no se haya aplicado en el ejercicio fiscal correspondiente, siempre y cuando no hubiese procedimientos pendientes o resoluciones firmes que se deban ejecutar, podrán reorientarse a obras o servicios públicos.

 

En el establecimiento de los montos correspondientes a las partidas presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.

 

Artículo 8. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, en los términos de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, deberá autorizar el traspaso de los montos presupuestales aprobados a las diferentes dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal para responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa de las mismas, sea pertinente y se justifique ante las autoridades competentes.

 

En el caso de las entidades no sujetas o sujetas parcialmente a control presupuestal, los traspasos correspondientes deberán ser aprobados por los órganos de gobierno respectivos.

 

Artículo 9. Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley.

 

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364 y los principios generales del derecho.

 

Artículo 11. Los entes públicos están en obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.

 

Capítulo II

De las Indemnizaciones

 

Artículo 12. La indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante de acuerdo a las modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes:

 

  1. Deberá pagarse en moneda nacional;

 

  1. Podrá convenirse su pago en especie;

 

III. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo;

 

  1. En todo caso deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de la indemnización;

 

  1. En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429; y

 

  1. Los sujetos obligados por esta Ley podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:

 

  1. a) Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;

 

  1. b) El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la Responsabilidad Patrimonial por la actividad administrativa irregular impuestas por autoridad competente; y

 

  1. c) Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.

 

Artículo 13. Las indemnizaciones corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral.

 

Artículo 14. El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley número 877 de Expropiación para el Estado de Guerrero, el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado.

 

Artículo 15. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma:

 

  1. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

 

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo.

 

En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

 

  1. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.

 

La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, por cada reclamante afectado.

 

III. Cuando el daño sea sobre bienes, el monto de la indemnización se sujetará a la práctica de un avalúo, que tenderá a establecer el valor comercial, los frutos que en su caso hubiere podido producir la cosa objeto del avalúo y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial. Las erogaciones del avalúo serán a cargo del sujeto obligado.

 

Artículo 16. Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los términos y condiciones dispuestos por esta Ley y a las que ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro contra la responsabilidad, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de los Ayuntamientos, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral. De ser ésta insuficiente, el ente público responsable continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de deducible corresponde al sujeto obligado y no podrá disminuirse de la indemnización.

 

Artículo 17. Las sentencias firmes deberán registrarse por el ente público responsable, quienes deberán llevar un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública.

 

Las indemnizaciones por lesiones patrimoniales serán pagadas tomando en cuenta el orden cronológico en que se emitan las resoluciones de las autoridades administrativas.

 

Capítulo III

Del Procedimiento

 

Artículo 18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará a petición de parte interesada, quien deberá presentar su reclamación ante el organismo, dependencia o entidad presuntamente responsable.

 

Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

 

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el afectado haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

 

Artículo 19. El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta Ley, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en la vía jurisdiccional.

 

Artículo 20. La demanda de reclamación de indemnización deberá presentarse por escrito, debiendo contener lo siguiente:

 

  1. La autoridad a la que se dirige;

 

  1. El nombre, denominación o razón social del reclamante y, en su caso, del representante legal, agregándose los documentos que acrediten su personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;

 

III. El domicilio para recibir notificaciones, ubicado en la sede de la autoridad del sujeto obligado;

 

  1. La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño generado;

 

  1. La descripción de los hechos y razones en los que se apoye la petición;

 

  1. La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular del sujeto obligado; y

 

VII. Las pruebas que acrediten los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exijan, así como el ofrecimiento de las demás que estime pertinentes.

 

Toda demanda de reclamación deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el solicitante no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, imprimirá su huella digital y firmará su representante en la reclamación.

 

Artículo 21. Las autoridades acordarán la acumulación de los expedientes de los procedimientos que ante ellas se sigan, de oficio o a petición de parte, cuando los interesados o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos para evitar la emisión de resoluciones contradictorias.

 

Artículo 22. Se considerará que una reclamación es improcedente cuando:

 

  1. Se presente fuera de los plazos establecidos por el artículo 34 de esta Ley;

 

  1. Contra actos que sean materia de otra reclamación de indemnización y que se encuentren pendiente de resolución, promovido por el mismo reclamante y respecto del mismo acto irregular;

 

III. No se desprenda de una actividad administrativa irregular; o

 

  1. Los daños que se le causen al afectado provengan de una resolución de juicio jurisdiccional, laboral o administrativo que haya sido declarado como cosa juzgada o la resolución sea firme y definitiva o en su caso tenga otro medio de defensa legal que pueda restituirle al estado que guardaban antes que se le causara el daño.

 

Artículo 23. Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial notoriamente improcedentes serán desechadas de plano por la autoridad ante la cual se presenten.

 

A quien promueva una reclamación de indemnización notoriamente improcedente o afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con dicha reclamación, se le impondrá una multa cuyo monto será equivalente de veinte a ciento veinte veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización.

 

Artículo 24. Será sobreseído el juicio de reclamación, cuando:

 

  1. El reclamante se desista expresamente de la demanda de indemnización; o

 

  1. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia.

 

Artículo 25. Iniciado el procedimiento, el sujeto obligado que conozca del juicio de reclamación tendrá un término de diez días hábiles para responder lo que a sus intereses convenga, así como para que ofrezca las pruebas que considere necesarias.

 

El incumplimiento de esta obligación, implicará que se tenga la presunción de ser ciertos los hechos expresados por el reclamante.

 

Artículo 26. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se abrirá un periodo probatorio por un término que no excederá de quince días hábiles para el desahogo de las pruebas oportunamente ofrecidas por las partes, pudiendo ampliarse por una sola vez por igual término.

 

Las pruebas no documentales deberán ofrecerse dentro de los cinco primeros días de la dilación probatoria.

 

En el procedimiento que regula la presente Ley, se admitirán, desahogarán, evaluarán y valorarán los medios de prueba previstos por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado resolución definitiva.

 

Artículo 27. Cuando los objetos o documentos sobre los cuales debe versar la prueba pericial, estén en poder de los sujetos obligados, se les requerirá para que los pongan a la vista del perito, a fin de que pueda rendir su dictamen.

 

Artículo 28. En caso necesario y por razones fundadas y motivadas, el sujeto obligado podrá ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre y cuando sea de las reconocidas por esta Ley y tenga relación inmediata con la reclamación tramitada.

 

Artículo 29. El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:

 

  1. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al ente público deberá probarse fehacientemente, y

 

  1. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.

 

Artículo 30. La responsabilidad del sujeto obligado por esta Ley deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al ente público señalado como responsable, corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.

 

Artículo 31. Una vez concluido el periodo probatorio, el ente público responsable deberá emitir su resolución en un término de diez días hábiles. Dicha resolución deberá ser notificada al reclamante.

 

Artículo 32. Las resoluciones que dicte el ente público responsable con motivo de las reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener como elementos mínimos los siguientes:

 

  1. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;

 

  1. Los fundamentos legales en que se apoyen para producir la resolución;

 

III. El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida;

 

  1. La valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; y

 

  1. En los casos de concurrencia previstos en esta Ley, se deberán razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.

 

Artículo 33. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión acorde con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en la vía jurisdiccional.

 

Artículo 34. El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo.

 

Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de dos años.

 

Los plazos de prescripción previstos en este artículo, se interrumpirán al iniciarse el procedimiento de reclamación, a través de los cuales se impugne la legalidad de los actos administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios.

 

Artículo 35. Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con los entes públicos federales, a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la aprobación por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o del órgano de vigilancia correspondiente del ente público responsable.

 

Capítulo IV

De la Concurrencia

 

ARTÍCULO 37. En caso de concurrencia acreditada en términos del artículo 32 de esta Ley, el pago de la indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva participación. Para los efectos de la misma distribución, las autoridades administrativas tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto:

 

  1. Deberá atribuirse a cada ente público responsable los hechos o actos dañosos que provengan de su propia organización y operación, incluyendo las de sus órganos administrativos desconcentrados;

 

  1. Los entes públicos responsables responderán únicamente de los hechos o actos dañosos que hayan ocasionado los servidores públicos que les estén adscritos;

 

III. Los entes públicos responsables que tengan atribuciones o responsabilidad respecto de la prestación del servicio público y cuya actividad haya producido los hechos o actos dañosos responderán de los mismos, sea por prestación directa o con colaboración interorgánica;

 

  1. Los entes públicos responsables que hubieran proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otras responderá de los hechos o actos dañosos causados, cuando las segundas no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, los entes públicos ejecutores responderán de los hechos o actos dañosos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias en el proyecto elaborado, y

 

  1. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad Estatal y la municipal, estas responderán del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva participación.

 

Artículo 38. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes de la lesión cuya reparación solicita, la proporción cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá del monto de la indemnización total.

 

Artículo 39. En el supuesto de que entre los causantes de la lesión patrimonial reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la producción de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes.

 

Artículo 40. En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por parte de la Administración Pública Estatal o municipal, y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el ente público responsable de otorgar la concesión responderá directamente.

 

Los concesionarios tendrán la obligación de contratar seguros u otorgar garantías a favor del concesionante, para el caso de que la lesión reclamada haya sido ocasionada por la actividad del concesionario y no se derive de una determinación del concesionante.

 

Capítulo V

Del Derecho del Estado de Repetir contra los Servidores Públicos

 

Artículo 41. Los entes públicos responsables podrán repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.

 

La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

 

  1. Los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la misma:

 

  1. La existencia o no de intencionalidad; y

 

III. La responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso.

 

Artículo 42. Los sujetos obligados por esta Ley podrán, también, instruir igual procedimiento a los servidores públicos por ellos nombrados, designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o municipal, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en sus bienes y derechos derivado de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.

 

Artículo 43. Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el ente público responsable haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.

 

Artículo 44. La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial por parte de los sujetos obligados por esta Ley, interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero determina para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados.

 

Artículo 45. Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero se adicionarán, según corresponda, al monto de los recursos previstos para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos responsables.

 

Capítulo VI

De las Notificaciones y Términos

 

Artículo 46. Las notificaciones para el reclamante serán personales:

 

  1. Cuando se trate del acuerdo recaído a la solicitud de indemnización, así como cuando se notifique la resolución definitiva;

 

  1. La primera resolución que se dicte cuando por cualquier motivo se hubiere suspendido el procedimiento o dejado de actuar durante más de dos meses;

 

III. Cuando la autoridad estime que se trata de un caso urgente o de alguna circunstancia especial que así lo haga necesario; y

 

  1. En los demás casos en que la Ley expresamente lo disponga.

 

Las notificaciones que no deban ser personales se harán en las oficinas del sujeto obligado, en lugar visible y de fácil acceso, por medio de lista fechada que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución o acuerdo.

 

En los autos, la autoridad hará constar el día y hora de la notificación por lista y formará un legajo mensual de las listas, que deberá conservar por el término de un año a disposición de los interesados.

 

Artículo 47. Las notificaciones deben contener:

 

  1. Copia del texto íntegro del acto o resolución;

 

  1. El lugar, fecha y hora en que se practiquen;

 

III. La identificación del procedimiento y el número de expediente; y

 

  1. El fundamento legal.

 

Artículo 48. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el reclamante, en el lugar de ubicación de la autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de Guerrero.

 

Cuando exista imposibilidad para hacer la notificación en la forma establecida en este párrafo, previa circunstanciación, se acordará la notificación por listas de todas las actuaciones. Las notificaciones podrán realizarse en las oficinas de las autoridades si se presentan los interesados.

 

Las notificaciones que deban hacerse a los sujetos obligados, se harán por medio de oficio que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del procedimiento por el empleado de la autoridad competente, quien recabará el recibo correspondiente y agregará al expediente, asentando la razón correspondiente.

 

Si el domicilio de los servidores públicos se encuentra fuera del lugar sede de la autoridad responsable de conocer del procedimiento, las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se practicarán por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará al expediente. También podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos o cualquier otro medio; cuando así lo hayan autorizado expresamente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de las mismas.

 

Artículo 49. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practiquen.

 

Artículo 50. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente. Tampoco son hábiles aquellos en los que, por cualquier causa materialmente no fuere posible que haya labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días.

 

Son horas hábiles las comprendidas en el horario de servicio al público señalado por la autoridad de que se trate.

 

Las autoridades competentes pueden habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa justificada que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando al interesado. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa.

 

Artículo 51. Los términos, salvo disposición expresa de la Ley, empezarán a correr desde el día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se considerará completo.

 

Artículo 52. Transcurridos los términos fijados a los interesados, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido.

 

Artículo 53. Cuando la Ley no señale término para la práctica de alguna diligencia o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado el de tres días hábiles.

 

Artículo 54. La autoridad competente podrá ordenar de oficio o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del procedimiento para el solo efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.

 

Capítulo VII

De la Sentencia Ejecutoriada y Ejecución de Sentencia

 

Artículo 55. Para considerar que una sentencia ha causado ejecutoria, así como para que pueda ser ejecutada se aplicará lo establecido para tal efecto en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215 y a falta de disposición expresa, a lo señalado por el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364.

 

Transitorios

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

El Estado y los municipios, deberán tomar las previsiones necesarias a efecto de que en sus presupuestos de egresos para el ejercicio correspondiente, se incluya una partida especial para este fin.

 

Segundo. Los juicios de responsabilidad patrimonial que sean resueltos a favor del actor sin que exista aún una partida presupuestal deberán de liquidarse en el ejercicio fiscal que si esté determinada.

 

Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

Cuarto. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los _______ días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero]

Iniciativa Ley Numero ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El sistema penitenciario en Guerrero atraviesa un momento crítico. Los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes son comunes, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos[1].

 

En ese sentido, cabe mencionar que el 18 de agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero[2], en el cual se realiza un diagnóstico sobre la situación de las personas que se encuentran en los lugares de detención e internamiento en la entidad.

 

En dicho informe, organismo para la defensa de los derechos humanos, precisa que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, son los entes responsables de garantizar el pleno derecho de las personas que se encuentran detenidas e internadas en la entidad, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato a las personas.

 

En ese mismo tenor, el 22 de septiembre de 2016, el Pleno de este Congreso del Estado, asumió el siguiente resolutivo:

 

“ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Titular de la Fiscalía General del Estado, para que den pleno cumplimiento a las propuestas específicas del Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esto con el fin de prevenir las situaciones de riesgo que pueden derivar en tortura o maltrato a las personas.”

 

Asimismo, el 7 de julio de 2017, se emitió por esta Soberanía el acuerdo parlamentario suscrito por los Diputados Ciudadanos, cuyos resolutivos mencionan lo siguiente:

 

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, para que se garanticen los servicios médicos, farmacéuticos e incluso psiquiátricos necesarios y suficientes para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del país, y en su caso, a los hijos que vivan con las madres reclusas, observando las recomendaciones y el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denominado Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

 

SEGUNDO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al General Brigadier Pedro Almazán Cervantes, Secretario de Seguridad Pública en el Estado para que en estricto sentido en el marco de las recomendaciones y el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denominado Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, se garantice el otorgamiento de medicamentos para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del Estado, en su caso, a los hijos que vivan con las madres reclusas, y en general, se continúen brindando servicios y atención médica.“

 

Todo lo anterior parece haber quedado en el olvido para las instancias encargadas de ejecutar el sistema penitenciario en el Estado de Guerrero, dando como resultado un sistema con mayor rezago y abandono, como muestra, podemos tomar de ejemplo el Centro de Reinserción Social “Las Cruces”, ubicado en Acapulco de Juárez, el cual ha sido marco de asesinatos, cateos, sobrecupo, protestas, enfrentamientos e impunidad en los últimos seis años, lapso en donde ha sido constante la violación a los derechos humanos de la población carcelaria, a saber:

 

  • El 7 de noviembre de 2011 se realizó un cateo y se aseguró dos costales de marihuana, cien gallos de pelea, 19 mujeres, armas punzocortantes y 100 aparatos electrodomésticos.

 

  • El 25 de septiembre de 2013 unos 300 familiares de reclusos se manifestaron para exigir la destitución del director del reclusorio, Juan Pablo Roldán Minero, a quien acusaron de confundir la prisión con un campo de concentración militar.

 

  • En enero de 2014, más de mil policías estatales decomisaron 380 armas punzocortantes, cinco pantallas de plasma, cuatro equipos de sonido y 10 radiograbadoras, entre otros aparatos; además hubo tres internos asesinados.

 

  • El 29 de abril de 2015, familiares de presos se enfrentaron con policías antimotines estatales a pedradas y botellazos afuera del penal. Los civiles exigían el traslado de seis internos que estaban imponiendo un ambiente de terror en la cárcel.

 

  • El 19 de junio de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que durante los primeros seis meses de ese año fueron decomisados 363 gramos de marihuana, al menos 55 armas punzocortantes y dos teléfonos celulares.

 

  • El 13 de enero de 2017, familiares de Jonathan Aragón Navarrete denunciaron que éste era golpeado y hostigado por grupos que controlan el penal, y que los internos eran extorsionados por otros presos en contubernio con los custodios.

 

  • El 6 de julio de 2017, ocurrió una masacre, en donde 28 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas[3]; sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un pronunciamiento[4].

 

Todas estas son algunas de las muestras más representativas de las múltiples violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en los centros penitenciarios[5], tal y como lo ha constado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando en noviembre de 2015, nueve visitadores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Mecanismo Nacional), en compañía de servidores públicos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, realizaron visitas a 25 lugares de detención e internamiento, entre los cuales se encuentran los Centros Regionales de Reinserción Social de Acapulco y Chilpancingo, así como los Centros de Reinserción Social de Chilapa de Álvarez y Taxco de Alarcón.

Consecuentemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dando cabal seguimiento al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 10 de julio de 2017, emitió la Recomendación M-02/2017, sobre centros de reclusión penal que dependen del gobierno del estado Guerrero, precisando lo siguiente:

 

RECOMENDACIONES

 

  1. a) Instalaciones apropiadas.

 

Realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los CERESOS para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con planchas y colchonetas suficientes para dormir; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos, informando de manera bimestral sobre el avance de las gestiones que permitan en el tiempo más breve cumplimentar este punto recomendatorio.

 

  1. b) Alimentación adecuada.

 

Realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los CERESOS reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene. Verificar el presupuesto asignado para ese rubro y, en su caso, realizar las gestiones administrativas conducentes para solicitar un aumento razonable. La información sobre las acciones y los avances alcanzados deberán informarse en un plazo máximo de un mes.

 

  1. c) Sobrepoblación y hacinamiento.

 

Girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad.

 

Realizar los trámites necesarios ante el Juez de Ejecución, a efecto de proponer los casos que reúnan los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, así como los casos de traslados voluntarios. Esta Recomendación debe ser atendida o mostrar avances en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.

 

  1. d) Instalaciones para mujeres.

 

Prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las “Reglas de Bangkok” y la Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello, se deben realizar de inmediato las gestiones pertinentes para la elaboración de un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de construcción, e informar trimestralmente sobre el estado de los avances.

 

  1. e) Autogobierno.

 

Realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza.

 

Además de tomar en cuenta los requerimientos de personal femenino para la custodia de las mujeres privadas de la libertad.

 

Con el resultado de la evaluación, gestionar ante las instancias correspondientes, la contratación del personal con el perfil adecuado, con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado “Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana”, emitido por esta Comisión Nacional en 2016. Los avances sobre el cumplimiento de esta recomendación deben ser informados en forma bimestral.

 

  1. f) Prevención y atención de la violencia

 

Implementar programas o medidas acordes al derecho internacional de los Derechos Humanos para prevenir y atender oportunamente situaciones de emergencia o eventos violentos en los CERESOS, tales como riñas, motines o fugas. Esta Recomendación debe ser atendida en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.

 

  1. g) Imposición de sanciones disciplinarias.

 

Girar instrucciones para que en los CERESOS, las sanciones disciplinarias sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General No. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015; particularmente, con respeto al derecho de audiencia y notificación formal al infractor; el aislamiento como sanción deberá tener una duración máxima de 15 días, por lo que deben prohibirse los correctivos consistentes en el aislamiento prolongado, así como la atención de las áreas técnicas.

 

La información sobre el cumplimiento de esta recomendación deberá enviarse en un plazo máximo de un mes.

 

  1. h) Servicio médico.

 

Realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico y de enfermería suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada; particularmente para que las mujeres privadas de la libertad y sus hijos que viven con ellas, así como los internos con discapacidad física y psicosocial reciban atención médica especializada; asimismo, para que tengan acceso a los servicios de una  ambulancia para realizar los traslados de los internos que requieran atención médica hospitalaria.

 

Para ello, es necesario realizar de inmediato un proyecto que permita evaluar los costos y el tiempo de contratación y suministro de medicamentos, e informar bimestralmente sobre los avances.

 

  1. i) Normatividad.

 

En virtud de que el artículo Tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, derogó todas las disposiciones normativas que la contravienen, es necesario actualizar o emitir uno o los reglamentos que se requieran para los centros de reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.

 

Los avances sobre el cumplimiento de esta recomendación también deben ser informados en forma trimestral. No se omite señalar que el artículo Quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que, a su entrada en vigor, en aquellos lugares donde se determine su inicio, se deberá contar con las disposiciones administrativas de carácter general correspondientes.”[6]

 

Esta realidad se da en el contexto de una profunda crisis de seguridad pública, que obligan a este Congreso a replantearse el sistema estatal penitenciario, para refundarlo sobre las bases definidas en los artículos 1 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

Para comprender mejor la urgencia de replantear el sistema estatal penitenciario, es menester tener en cuenta que la prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.

 

En ese sentido, cabe destacar que la magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los centros penitenciarios. Por ende, lo que ocurra en los centros de reclusión se encuentra intrínsecamente relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto.

 

Por otro lado, se ha hecho patente la dificultad de la gestión de centros de reclusión hacinadas que alberguen a reclusos muy diversos, algunos peligrosos y violentos, muchos necesitados de servicios de salud mental o de tratamiento de drogodependencias en lugar de verse aislados de la sociedad, y un gran número de reclusos vulnerables por diversas razones de tipo socioeconómico; esta situación complica aún más su gestión de manera que se facilite la reinserción.

 

Por ello, los Diputados Ciudadanos proponemos a esta Soberanía un nuevo ordenamiento legal consiste en encontrar el equilibrio entre la seguridad y la reinserción social de una población muy diversa, y al mismo tiempo busque dar respuesta responder de manera adecuada a la crisis de seguridad que azota a nuestro Estado.

 

Para el diseño de este nuevo ordenamiento, se tomaron en consideración las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, a saber:

 

“Primera parte

Reglas de aplicación general

 

Principio fundamental

 

  1. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.

 

Registro

 

  1. 1) En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada detenido: a) Su identidad; b) Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso; c) El día y la hora de su ingreso y de su salida. 2) Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro.

 

Separación de categorías

 

  1. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.

 

Locales destinados a los reclusos

 

  1. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.

 

  1. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

 

  1. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.

 

  1. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.

 

  1. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.

 

  1. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.

 

Higiene personal

 

  1. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.

 

  1. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.

 

Ropas y cama

 

  1. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.

 

  1. Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y utilizables.

 

  1. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.

 

Alimentación

 

  1. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

 

Ejercicios físicos

 

  1. 1) El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.

 

Servicios médicos

 

  1. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.

 

  1. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

 

  1. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

 

  1. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.

 

  1. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.

 

Disciplina y sanciones

 

  1. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

 

  1. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno. Estos sistemas implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados para su tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden social, educativo o deportivo.

 

  1. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará en cada caso: a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones.

 

  1. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete.

 

  1. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

 

  1. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental.

 

Medios de coerción

 

  1. Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior.

 

  1. El modelo y los métodos de empleo autorizados de los medios de coerción serán determinados por la administración penitenciaria central. Su aplicación no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.

 

Información y derecho de queja de los reclusos

 

  1. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento. 2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.

 

  1. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.

 

Contacto con el mundo exterior

 

  1. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas.

 

  1. 1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. 2) Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

 

  1. Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración.

 

Biblioteca

 

  1. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.

 

Religión

 

  1. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.

 

  1. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión.

 

Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos

 

  1. 1) Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado. 2) Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos. 3) Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas. 4) Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

 

Notificación de defunción, enfermedades y traslados

 

  1. 1) En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. 2) Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 3) Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detencion o su traslado a otro establecimiento.

 

Traslado de reclusos

 

  1. 1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad. 2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico. 3) El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos.

 

Personal penitenciario

 

  1. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público. 3) Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter penoso de sus funciones.

 

  1. 1) El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. 2) Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. 3) Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.

 

  1. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos.

 

  1. 1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.

 

  1. 1) El director del establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para su función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia. 2) Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado. 3) Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. 4) Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos estará dirigido por un funcionario residente responsable.

 

  1. 1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán hablar la lengua de la mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la mayor parte de éstos. 2) Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea necesario.

 

  1. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o varios médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su cercanía inmediata. 2) En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada vez que se presente un caso urgente.

 

  1. 1) En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. 2) Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. 3) La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres.

 

  1. 1) Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. 2) Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial que les permita dominar a los reclusos violentos. 3) Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñan un servicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo.

 

Inspección

 

  1. Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales.

 

Segunda parte

Reglas aplicables a categorías especiales

 

A.-Condenados

 

Principios rectores

 

  1. Los principios que se enumeran a continuación tienen por objeto definir el espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a la declaración hecha en la observación preliminar 1 del presente texto.

 

  1. La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las mediadas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.

 

  1. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

 

  1. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.

 

  1. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz.

 

  1. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.

 

  1. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario.

 

  1. 1) Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 2) Dichos establecimientos no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a la que sea necesaria para cada uno de los diferentes grupos. Los establecimientos abiertos en los cuales no existen medios de seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación. 3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 4) Por el contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado.

 

  1. El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda postpenitenciaria eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad.

 

Tratamiento

 

  1. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

 

  1. 1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación. 2) Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso. 3) Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.

 

Clasificación e individualización

 

  1. Los fines de la clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detencion; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

 

  1. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

 

  1. Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

 

Privilegios

 

  1. En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento.

 

Trabajo

 

  1. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

 

  1. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

 

  1. 1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

 

  1. 1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.

 

  1. 1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.

 

  1. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser puesto en libertad.

 

Instrucción y recreo

 

  1. 1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.

 

  1. Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos.

 

Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria

 

  1. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.

 

  1. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social.

 

  1. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2) Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento. 3) Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de sus actividades.

 

B.- Reclusos alienados y enfermos mentales

 

  1. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento.

 

  1. Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico.

 

C.- Personas detenidas o en prision preventiva

 

  1. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado “acusado” toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación.

 

  1. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos.

 

  1. Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima.

 

  1. Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación.

 

  1. 1) Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean decorosas. 2) Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados.

 

  1. Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.

 

  1. Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento.

 

  1. Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.

 

  1. Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detencion y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento.

 

  1. El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario.

 

D.- Sentenclados por deudas o a prision civil

 

  1. En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas u otras formas de prisión dispuestas por decisión judicial como consecuencia de un procedimiento no penal, los así sentenciados no serán sometidos a mayores restricciones ni tratados con más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento del orden. El trato que se les dé no será en ningún caso más severo que el que corresponda a los acusados a reserva, sin embargo, de la obligación eventual de trabajar.

 

E.- Reclusos, detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra

 

  1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra gozarán de la misma protección prevista en la primera parte y en la sección C de la segunda parte. Asimismo, serán aplicables las disposiciones pertinentes de la sección A de la segunda parte cuando esta aplicación pueda redundar en beneficio de este grupo especial de personas bajo custodia, siempre que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de personas no condenadas por un delito penal.”[7]

 

Asimismo, se retoman las bases establecidas en el “Manual de Buena Práctica Penitenciaria. Implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, el cual contiene una visión general de las reglas de las Naciones Unidas sobre condiciones carcelarias y el tratamiento de los presos; explicando además el valor y el significado de las políticas penales y la práctica diaria[8].

 

Aunado a lo anterior, este nuevo ordenamiento homologa el sistema estatal penitenciario a las disposiciones previstas por el nuevo sistema penal acusatorio, por ello, se prevé la creación de una nueva Ley de orden público y de interés social que tendrá por objeto:

 

  • Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las medidas cautelares decretadas y aquellas condiciones por cumplir que deriven de la celebración de la suspensión condicional del proceso en los procedimientos penales;

 

  • Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial;

 

  • La determinación de los medios de prevención y de reinserción social que, en lo conducente, resulten aplicables a la persona sujeta a las penas de prisión previstas en el Código Penal del Estado y otras leyes;

 

  • Establecer las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en la Entidad;

 

  • Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del tratamiento derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género;

 

  • Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, durante el tiempo que permanezcan en prisión; así como el contacto que deberán tener con el exterior, y

 

  • Establecer las bases mínimas de asistencia postpenitenciaria.

 

Este nuevo ordenamiento se encuentra confirmado por 211 artículos, estructurado de la siguiente manera;

 

En el TÍTULO PRIMERO se establecen las disposiciones generales de la Ley, así como la naturaleza y objeto de la misma; en el TÍTULO SEGUNDO, se señalan las facultades de las autoridades en materia de penas, medidas de seguridad y medidas judiciales; mientras que en el TÍTULO TERCERO, se abunda sobre la ejecución de medidas judiciales durante el procedimiento penal; en el TÍTULO CUARTO, se aborda de manera específica sobre la ejecución de las penas y medidas de seguridad; mientras que en el TÍTULO QUINTO, se precisan los medios de prevención y de reinserción social.

 

Mención especial requiere el TÍTULO SEXTO, de esta nueva Ley, en razón de que en este se desarrolla el nuevo sistema estatal penitenciario, detallando la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios; precisando las causales de ingreso de las personas procesadas o sentenciadas, así como su traslado a otros centros de reinserción social, del mismo modo, se desarrolla el régimen de tratamiento del sistema de reinserción social de carácter progresivo, técnico e individualizado, también, en este título, se prevé sobre la disciplina en el interior de los establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad y conseguir una convivencia ordenada, respetando en todo momento las garantías procesales de las personas recluidas, asimismo, se prevé lo relativo a la comunicación y relaciones con el exterior de los internos.

 

En el TÍTULO SÉPTIMO, se desarrollan los mecanismos de asistencia pospenitenciaria; mientras que en el TÍTULO OCTAVO, se precisa sobre la extinción de las penas y medidas de seguridad; en el TÍTULO NOVENO, se señala lo relativo al certificado de antecedentes penales.

 

En esencia, lo que se busca es crear una Ley de avanzada, acorde con el nuevo sistema penal acusatorio, pero además, que incorpore los lineamientos de los instrumentos internacionales, para contar con un sistema penitenciario capaz de responder a la crisis, no solo de seguridad, sino también en el respeto a los derechos humanos de las personas recluidas.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

DECRETO NÚMERO ____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Artículo único. Se expide la Ley número ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO ___ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE GUERRERO

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

 

Artículo 1. Disposiciones de la ley.

 

Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público y de interés social y su aplicación corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado y a las autoridades municipales.

 

Artículo 2. Objeto de la ley.

 

Este ordenamiento tiene por objeto:

 

  1. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las medidas cautelares decretadas y aquellas condiciones por cumplir que deriven de la celebración de la suspensión condicional del proceso en los procedimientos penales;

 

  1. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial;

 

III. La determinación de los medios de prevención y de reinserción social que, en lo conducente, resulten aplicables a la persona sujeta a las penas de prisión previstas en el Código Penal del Estado y otras leyes;

 

  1. Establecer las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en la Entidad;

 

  1. Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del tratamiento derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género;

 

  1. Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, durante el tiempo que permanezcan en prisión; así como el contacto que deberán tener con el exterior, y

 

VII. Establecer las bases mínimas de asistencia postpenitenciaria.

 

Artículo 3. Vigilancia.

 

Los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado vigilarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento y aplicación de esta Ley, así como la organización y funcionamiento de las instituciones destinadas a la ejecución de las penas y medidas judiciales.

 

Artículo 4. Glosario.

 

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

 

  1. Ley. La Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

 

  1. Código Penal. El Código Penal del Estado de Guerrero número 499.

 

III. Código de Procedimientos. El Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

  1. Dirección. La Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

  1. Sistema. El Sistema Estatal Penitenciario.

 

  1. Establecimientos penitenciarios. Los Centros de Reinserción Social dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por conducto de la Dirección, en los cuales se aplicarán la prisión preventiva y se ejecutarán tanto las penas privativas como las restrictivas de libertad y, en su caso, las medidas de seguridad, en el ámbito de su competencia, en espacios separados unos de los otros;

 

VII. Medidas judiciales. Las medidas cautelares, las condiciones por cumplir durante la suspensión condicional del proceso, y las medidas de seguridad, todas ellas impuestas por la autoridad judicial.

 

VIII. Consejo. El Consejo Técnico Interdisciplinario.

 

  1. Estudios de personalidad. Los estudios practicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario en las áreas médica, sicológica, siquiátrica, educativa, criminológica, social y ocupacional, y de vigilancia.

 

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS RECLUIDAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL

 

Artículo 5. Disposiciones generales.

 

El imputado, acusado o condenado podrá ejercer, durante la ejecución de las medidas judiciales o penas impuestas, los derechos y las facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y planteará personalmente, por medio de su defensor o de cualquier persona en quien él delegue, ante el tribunal que corresponda, las observaciones que estime convenientes.

 

Los derechos y beneficios que esta Ley prevé para el sentenciado le serán informados al interesado por la autoridad penitenciaria desde el momento en que se empiece a ejecutar la sentencia.

 

La persona en calidad de interno, gozará del derecho a recibir copias de la legislación estatal vigente aplicable a la ejecución de penas y medidas de seguridad.

 

Artículo 6. Del registro de las personas recluidas.

 

En los Centros de Reinserción Social en que haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada detenido:

 

  1. Su identidad;

 

  1. Los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso, y

 

III. El día y la hora de su ingreso y de su salida.

 

Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro.

 

Artículo 7. Separación de categorías.

 

Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que:

 

  1. Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos en establecimientos completamente separados;

 

  1. Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena, y

 

III. Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.

 

Artículo 8. Locales destinados a los reclusos.

 

Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual.

 

Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.

 

Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

 

En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar:

 

  1. Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial, y

 

  1. La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.

 

Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.

 

Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.

 

Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.

 

Artículo 9. Higiene personal.

 

Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.

 

Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.

 

Artículo 10. Ropas y cama,

 

Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes.

 

Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene.

 

En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención.

 

Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están limpias y utilizables.

 

Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.

 

Artículo 11. Alimentación.

 

Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

 

Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

 

Artículo 12. Ejercicios físicos.

 

El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre.

 

Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.

 

Artículo 13. Servicios médicos.

 

Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales.

 

Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.

 

Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.

 

En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.

 

Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

 

El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

 

El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.

 

El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.

 

El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a:

 

  1. La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;

 

  1. La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos;

 

III. Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento;

 

  1. La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos, y

 

  1. La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado.

 

El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.

 

Artículo 14. Disciplina y sanciones.

 

El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

 

Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria.

 

El reglamento, que se dicte con apego a esta Ley, determinará:

 

  1. La conducta que constituye una infracción disciplinaria;

 

  1. El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar, y

 

III. Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas sanciones.

 

Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción.

 

Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un examen completo del caso.

 

En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por medio de un intérprete.

 

Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

 

Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso.

 

El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental.

 

Artículo 15. Medios de coerción.

 

Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medios de coerción. Los demás medios de coerción sólo podrán ser utilizados en los siguientes casos:

 

  1. Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa;

 

  1. Por razones médicas y a indicación del médico, y

 

III. Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, e informar a la autoridad administrativa superior.

 

La aplicación de los métodos de coerción no deberá prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario.

 

Artículo 16. Información y derecho de queja de los reclusos.

 

A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento.

 

Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.

 

Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle.

 

Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes.

 

Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente.

A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.

 

Artículo 17. Contacto con el mundo exterior.

 

Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas.

 

Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. Los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación diplomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

 

Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración.

 

Artículo 18. Biblioteca.

 

Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.

 

Artículo 19. Religión.

 

Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo.

 

El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo anterior, deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión.

 

Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. A la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.

 

Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión.

 

Artículo 20. Depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos.

 

Cuando el recluso ingresa en el establecimiento, el dinero, los objetos de valor, ropas y otros efectos que le pertenezcan y que el reglamento no le autoriza a retener, serán guardados en un lugar seguro. Se establecerá un inventario de todo ello, que el recluso firmará. Se tomarán las medidas necesarias para que dichos objetos se conserven en buen estado.

 

Los objetos y el dinero pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su liberación, con excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya estimado necesaria por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituidos.

 

Los valores y objetos enviados al recluso desde el exterior del establecimiento serán sometidos a las mismas reglas.

 

Si el recluso es portador de medicinas o de estupefacientes en el momento de su ingreso, el médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

 

Artículo 21. Notificación de defunción, enfermedades y traslados.

 

En casos de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el director informará inmediatamente al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso.

 

Se informará al recluso inmediatamente del fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de enfermedad grave de dicha persona, se le deberá autorizar, cuando las circunstancias lo permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia.

 

Todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o su traslado a otro establecimiento.

 

Artículo 22. Traslado de reclusos.

 

Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad.

 

Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico.

 

El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos.

 

Artículo 23. Defensa.

 

La labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin perjuicio de que continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. Así mismo, el condenado podrá nombrar un nuevo defensor, o en su defecto, se le nombrará un defensor público.

 

El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el asesoramiento al condenado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos.

 

No será deber de la defensa vigilar el cumplimiento de la pena.

 

Artículo 24. Intervención del Ministerio Público en la ejecución.

 

El Ministerio Público intervendrá en los procesos de ejecución de la pena, velando por el respeto de los derechos fundamentales y de las disposiciones de la sentencia.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS JUDICIALES

 

CAPÍTULO I

DEL JUEZ DE CONTROL

 

Artículo 25. Competencia.

 

El Tribunal de Juicio Oral o el Juez de Control, en su caso, será competente para realizar la primera fijación de la pena o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia del Juez de Ejecución de Penas.

 

Artículo 26. Vigilancia del Juez de Control.

 

Durante el procedimiento penal, el Juez de Control que dicte alguna medida cautelar personal o real o que haya dictado condiciones a cumplir durante la suspensión condicional del proceso, tendrá a su cargo la vigilancia sobre la ejecución de las primeras, así como del cumplimiento de las restantes, de acuerdo con las formas de coordinación y distribución de competencias que esta Ley establece.

 

Artículo 27. Sentencia en procedimiento abreviado.

 

Cuando el Juez de Control dicte sentencia en procedimiento abreviado que resulte condenatoria para el acusado, el Juez de Ejecución de Penas correspondiente tendrá a su cargo la vigilancia de la ejecución de las penas o medidas de seguridad impuestas en la resolución.

 

Si la sentencia en procedimiento abreviado resulta absolutoria para el acusado, el propio Juez de Control remitirá su resolución a la Dirección, para que se ejecute la revocación de las medidas cautelares impuestas, en su caso.

 

CAPÍTULO II

DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS

 

Artículo 28. Jueces de Ejecución de Penas.

 

Los Jueces de Ejecución de Penas en el Estado, actuarán en el Distrito Judicial correspondiente, con la posibilidad de prorrogar su jurisdicción a otros distritos, de conformidad con las disposiciones generales que el Tribunal Superior de Justicia del Estado dicte, en los términos de las facultades otorgadas al Pleno en la Ley Orgánica respectiva.

 

Artículo 29. Atribuciones del Juez de Ejecución de Penas.

 

El Juez de Ejecución de Penas vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los condenados o a los servidores públicos del Sistema, con fines de vigilancia y control de la ejecución.

 

El Juez de Ejecución de Penas tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Controlar que la ejecución de toda pena o medida de seguridad, se realice de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso, garantizando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al condenado durante la ejecución de las mismas;

 

  1. Mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la presente Ley;

 

III, Resolver el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;

 

  1. Librar las órdenes de detención que procedan en ejecución de sentencia;

 

  1. Ordenar la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia;

 

  1. Resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios;

 

VII. Atender los reclamos que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias, previo informe de la autoridad responsable y formular a esta última, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes;

 

VIII. Los Jueces de Ejecución de Penas deberán resolver en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva;

 

  1. Practicar el cómputo de las penas, así como su acumulación en los términos previstos en el artículo 65 de esta Ley, basado en los informes que al efecto rinda la Dirección, y

 

  1. Las demás atribuciones que esta Ley y otros ordenamientos le asignen.

 

Artículo 30. Audiencia ante el Juez de Ejecución de Penas.

 

La autoridad ejecutora para llevar a cabo la audiencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 12, se sujetará a los principios que rigen la audiencia de debate de juicio oral y a las siguientes reglas:

 

  1. Notificará previamente a los intervinientes, entre ellos a la víctima u ofendido, al menos con siete días de anticipación a la celebración de la audiencia. Es imprescindible la presencia del Agente del Ministerio Público, el o los funcionarios de la Dirección que sean designados para tal efecto, el o la sentenciada y su defensor. La presencia de la víctima u ofendido no será requisito de validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier circunstancia no pudiere comparecer, o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de ello;

 

  1. Si se requiere producción de prueba con el fin de sustentar la revisión, sustitución, modificación, revocación o cese de la pena o medida de seguridad impuesta, la parte oferente deberá anunciarla con tres días de anticipación para los efectos de dar oportunidad a su contraria, para que tenga conocimiento de la misma y esté en aptitud de ofrecer prueba de su parte;

 

III. La rendición de la prueba se llevará a cabo conforme a los requisitos establecidos para su desahogo en la etapa de debate de juicio oral;

 

  1. La autoridad ejecutora tendrá las facultades de dirección de debate y de disciplina en la audiencia, previstas en los artículos 354 y 355, ambos del Código de Procedimientos;

 

  1. Las resoluciones deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el Juez podrá retirarse a deliberar su fallo en la forma establecida en el artículo 400 del Código de Procedimientos;

 

  1. El Juez de Ejecución de Penas valorará los medios de prueba rendidos en la audiencia, conforme a las reglas generales establecidas para las audiencias de debate de juicio oral, y

 

VII. De la resolución pronunciada en la audiencia a que se refieren los incisos anteriores, deberá entregarse copia certificada a la Dirección para su conocimiento.

 

Artículo 31. Apertura de la audiencia.

 

El día y hora fijados para la celebración de la audiencia, la autoridad ejecutora se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes. Verificará las condiciones para que se rinda en su caso la prueba ofrecida. La declarará iniciada y a continuación identificará a los intervinientes; dará una breve explicación de los motivos de la audiencia y una lectura resumida del auto en el que acordó la celebración de la audiencia. Acto seguido, procederá a dar el uso de la palabra a los intervinientes de la siguiente manera: En primer lugar al oferente de la petición o solicitud respectiva; si es el defensor, enseguida se dará el uso de la palabra al sentenciado; luego al Agente del Ministerio Público, y si está presente en la audiencia, a la víctima u ofendido. Al arbitrio del Juez de Ejecución de Penas quedará la concesión del derecho de réplica y dúplica, cuando el debate así lo requiera. A continuación, declarará cerrado el debate y dictará la resolución procedente.

 

Artículo 32. Resoluciones del Juez de Ejecución de Penas.

 

Para emitir sus resoluciones, los Jueces de Ejecución de Penas se ajustarán a las normas procesales siguientes:

 

  1. Tratándose de pena o medida de seguridad impuesta por sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, al recibir copia certificada de ésta, dará inicio al procedimiento de ejecución penal, realizando la notificación a la autoridad administrativa correspondiente, al sentenciado, a su defensor y al Ministerio Público, y

 

  1. Las notificaciones y los actos procesales relativos a los medios de prueba, en el procedimiento de ejecución penal, se ajustará a las directrices generales que se contienen en el Código de Procedimientos, salvo en caso de oponerse a la presente Ley.

 

Artículo 33. Recursos.

 

Las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución de penas, serán recurribles mediante el recurso de apelación, en los términos del Código de Procedimientos Penales.

 

CAPÍTULO III

DE LAS SALAS PENALES

 

Artículo 34. Recurso de Revisión.

 

Los magistrados que integran salas penales son competentes, en materia de ejecución de penas, para conocer colegiadamente del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Las resoluciones que deriven de este medio de impugnación, que tengan como consecuencia la anulación de sentencia por absolución del condenado o la disminución de la pena impuesta, serán comunicadas por la propia Sala a la autoridad administrativa correspondiente para su ejecución inmediata. Dicha resolución también se comunicará al Juez de Ejecución de Penas, al defensor del condenado y al Ministerio Público.

 

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES

 

Artículo 35. Facultades de la Dirección.

 

La Dirección, dependiente de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado de Guerrero, será el órgano del Poder Ejecutivo al que corresponderá:

 

  1. En materia de medidas judiciales dictadas durante el proceso.

 

  1. a) Ejecutar las medidas cautelares de prisión preventiva, presentación periódica, en su caso, y localización electrónica;

 

  1. b) Coordinar, vigilar y dar seguimiento a la ejecución del resto de las medidas cautelares reales y personales, y

 

  1. c) La evaluación de riesgos que, para el proceso y sus intervinientes, representen los imputados, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las condiciones establecidas a los imputados en la suspensión condicional del proceso. El Ministerio Público y la defensa deberán recibir los reportes y la demás información que la Dirección genere en el ejercicio de estas funciones.

 

  1. En materia de penas y medidas de seguridad.

 

  1. a) Ejecutar las penas de prisión, de relegación, de trabajo a favor de la comunidad, sus modalidades, así como las resoluciones del Juez de Ejecución de Penas que de ellas deriven, y

 

  1. b) Vigilar y coordinar la ejecución de las penas y medidas de seguridad dispuestas en los Capítulos V, VII, VIII y IX del Título Cuarto de la presente Ley.

 

III. Dentro del sistema.

 

  1. a) Dirigir y ordenar la prevención social de los delincuentes en el Estado, proponiendo a las autoridades competentes las medidas que juzgue necesarias;

 

  1. b) Organizar, supervisar y administrar los establecimientos penitenciarios en el Estado; implementar el sistema de identificación y registro de actividades de los internos; expedir la normatividad y demás lineamientos de orden interno por las que habrán de regirse, así como vigilar su estricto cumplimiento;

 

  1. c) Intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere privada de su libertad por orden de los Tribunales del Estado o de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a cualquier establecimiento;

 

  1. d) Proponer los reglamentos interiores de los establecimientos penitenciarios, con estricto apego al principio de no discriminación por género y vigilar su exacta aplicación;

 

  1. e) Aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus actividades culturales, sociales, deportivas y otras, garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libres de estereotipos de género;

 

  1. f) Resolver sobre las modificaciones no esenciales a las medidas impuestas, tomando en cuenta la edad, sexo, salud o constitución física de los reos;

 

  1. g) Asistir a las personas liberadas, organizando patronatos, fomentando la formación de cooperativas, fideicomisos u otros entes similares, y celebrar convenios de coordinación con instituciones de las distintas esferas de gobierno o de la sociedad civil;

 

  1. h) Coadyuvar en el mantenimiento de la estadística criminal del Estado, y

 

  1. i) Las demás que otras leyes y reglamentos establezcan.

 

Artículo 36. Aprobación de la suspensión condicional del proceso.

 

Una vez que haya sido aprobada la suspensión condicional del proceso dentro de una causa, el juez deberá notificar tal situación a la Dirección a efecto de que esta dé inicio al proceso de supervisión respectivo.

 

En caso de incumplimiento de alguna o de la totalidad de las condiciones establecidas al imputado para el mantenimiento de la suspensión, la Dirección deberá notificar lo anterior al juez que las decretó.

 

Artículo 37. Atribuciones de las Autoridades Auxiliares.

 

  1. Ejecutar las medidas judiciales en la forma y términos previstos por la ley, y de acuerdo a la naturaleza y modalidades específicas de las mismas;

 

  1. Establecer, conjuntamente bajo la dirección de la Dirección, mediante los convenios correspondientes, programas y protocolos orientados a la eficacia y cumplimiento de las medidas judiciales a su cargo;

 

III. Elaborar un dictamen técnico debidamente justificado, en el que se determine la conveniencia de mantener, revisar, sustituir, modificar o cancelar la medida vigilada, y

 

  1. Informar a la Dirección sobre el cumplimiento, incumplimiento o cualquier irregularidad detectada.

 

Artículo 38. Sanciones a los Servidores Públicos Responsables.

 

La omisión o incumplimiento a las atribuciones establecidas en el artículo anterior, sin una causa debidamente justificada, constituirá además de las sanciones administrativas que procedan conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la base para determinar los delitos de negación de servicio público o denegación o retardo de justicia, previstos por el Título Décimo Octavo del Código Penal.

 

CAPÍTULO V

AUTORIDADES AUXILIARES

 

Artículo 39. Secretaría de Finanzas y Administración.

 

Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración en el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de la medida cautelar de garantía económica, tratándose de depósitos de dinero.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme, de las penas de:

 

  1. a) Sanción pecuniaria, y

 

  1. b) Intervención en la administración de personas jurídicas privadas.

 

Artículo 40. Secretaría General de Gobierno.

 

Corresponde a la Secretaría General de Gobierno el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Garantía económica, tratándose de prendas e hipotecas;

 

  1. b) Prohibición de salir del país, y

 

  1. c) Abstención de viajar al extranjero.

 

Artículo 41. Instituciones Policiales en el Estado.

 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la Fuerza Ciudadana, así como a los demás cuerpos de seguridad pública en el Estado, el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Sometimiento al cuidado o vigilancia que determine el juez;

 

  1. b) Resguardo domiciliario con modalidades;

 

  1. c) Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de acercarse a ciertos lugares;

 

  1. d) Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas;

 

  1. e) Separación inmediata del domicilio;

 

  1. f) Residir en lugar determinado;

 

  1. g) No poseer ni portar armas;

 

  1. h) No conducir vehículos, y

 

  1. i) Prohibición de salir del Estado, ciudad, o ámbito territorial que fije el Juez.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme, de las penas de:

 

  1. a) Confinamiento;

 

  1. b) Prohibición de acudir o residir en lugar determinado;

 

  1. c) Vigilancia de la autoridad, y

 

  1. d) Suspensión del derecho para conducir vehículos de motor.

 

Artículo 42. Secretaría de Desarrollo Social.

 

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Sometimiento al cuidado o vigilancia que determine el juez, y

 

  1. b) Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme:

 

  1. a) De la pena de trabajo a favor de la comunidad;

 

Artículo 43. Secretaría de Salud.

 

Corresponde a la Secretaría de Salud, el auxilio en la ejecución:

 

  1. Durante el procedimiento, de las medidas cautelares o condiciones de:

 

  1. a) Internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico;

 

  1. b) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

 

  1. c) Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, y

 

  1. d) Someterse a tratamiento médico o psicológico.

 

  1. Durante la fase de cumplimiento de sentencia firme:

 

  1. a) De la medida de seguridad de internamiento en centros psiquiátricos, de deshabituación, desintoxicación o de educación especial.

 

Artículo 44. Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y de Trabajo y Previsión Social.

 

Corresponde a las Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y de Trabajo y Previsión Social, durante el procedimiento, el auxilio en la ejecución de las condiciones para aprender una profesión, arte u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que éstas determinen.

 

CAPÍTULO VI

DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

 

Artículo 45. Coordinación interinstitucional.

 

En el cumplimiento de las penas o medidas judiciales dictadas por la autoridad competente, remitirá sus proveídos a la Dirección, quien las ejecutará por conducto de sus órganos respectivos, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial sobre su cumplimiento.

 

TÍTULO TERCERO

EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL

 

CAPÍTULO I

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

 

SECCIÓN PRIMERA

PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA

 

Artículo 46. Depósito de dinero.

 

Cuando durante el procedimiento el Juez de Control haya impuesto la medida cautelar de garantía económica consistente en depósito de dinero, el imputado u otra persona, constituirán el depósito del monto fijado en alguna de las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Estado.

 

El certificado de depósito se presentará dentro del plazo fijado por la autoridad judicial, y quedará bajo la custodia del Administrador de Oficina correspondiente, asentándose constancia de ello. Cuando por razón de la hora o por ser día feriado no pueda verificarse el depósito directamente en la oficina mencionada, el juzgado recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar el primer día hábil siguiente.

 

Artículo 47. Garantía hipotecaria.

 

Cuando la medida cautelar de garantía económica consista en hipoteca, que podrá ser otorgada por el imputado o por tercera persona, el inmueble no deberá tener gravamen alguno y su valor comercial determinado por institución o persona autorizada, será cuando menos el de un tanto más del monto fijado. En este caso, la garantía hipotecaria se otorgará ante el propio juzgado que conoce el proceso y surtirá sus efectos una vez que se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, donde se le dará preferencia a este asiento.

 

Artículo 48. Garantía prendaria.

 

La garantía prendaria también podrá otorgarse ante el propio Juez de Control que conozca del proceso y, en lo conducente, serán aplicables las reglas a que alude el artículo anterior, salvo el caso del valor de la prenda, que será de dos tantos más, cuando menos, del monto fijado.

 

Artículo 49. Póliza de fianza personal.

 

Es admisible la póliza de fianza personal cuando el monto de la garantía económica no exceda del equivalente a cien días de la Unidad de Medida y Actualización. Salvo que se trate de empresas dedicadas a otorgar fianzas, el fiador deberá responder las preguntas que le haga el Juez de Control sobre su solvencia económica. El valor de la póliza será, al menos, de un tanto más al del monto fijado.

 

Artículo 50. Depósito de valores.

 

Cuando la garantía económica fijada como medida cautelar consista en el depósito de valores distintos al dinero, dichos bienes serán recibidos e inventariados por el Juez de Control y puestos bajo custodia del administrador de oficina.

 

El valor de los bienes deberá corresponder, cuando menos, a dos tantos más del monto fijado, y se constatará con un avalúo practicado por quienes estén autorizados para hacerla, de conformidad con la legislación respectiva.

 

Artículo 51. Regla general para la garantía económica.

 

Al formalizarse la garantía económica se hará saber a quien funja como garante que queda sujeto al procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429 y que no operan en su favor los beneficios de orden, división y excusión. También se le informará del contenido de los artículos 175 y 177, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

SECCIÓN SEGUNDA

PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS, DE LA LOCALIDAD EN LA CUAL RESIDE O DEL ÁMBITO TERRITORIAL

 

Artículo 52. Prohibición de salir del país.

 

Cuando se determine la medida cautelar de prohibición de salir del país, requerirá el Juez de Control o el Tribunal de Justicia Oral la entrega del pasaporte y demás documentos que permitan la salida del territorio nacional, remitiendo constancia de la resolución a la Secretaría General de Gobierno para que, de conformidad con sus atribuciones, dé aviso a las autoridades en materia de relaciones exteriores y a las consulares de otros países para hacer efectiva la medida.

 

El aviso a las autoridades señaladas también se realizará en caso de sustitución, modificación o cancelación de la medida.

 

Artículo 53. Prohibición de salir de la localidad o del ámbito territorial.

 

Si la medida cautelar consiste en la prohibición de salir de la localidad de residencia del imputado o de la circunscripción territorial del Estado, se comunicará el proveído a la Dirección, la cual de manera periódica ordenará se visite el domicilio proporcionado por el imputado, para corroborar que aún reside en la localidad.

 

Durante la ejecución de esta medida, el imputado deberá comunicar a la Dirección su cambio de domicilio y cualquier otra circunstancia que permita su localización.

 

En caso de incumplimiento, los cuerpos de seguridad pública darán aviso oportuno a la Dirección para los efectos procesales a que haya lugar.

 

SECCIÓN TERCERA

OBLIGACIÓN DE SOMETERSE AL CUIDADO O VIGILANCIA DE UNA PERSONA O INSTITUCIÓN DETERMINADA

 

Artículo 54. Ejecución de la medida.

 

Cuando durante el procedimiento penal se determine la medida cautelar de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada por el juez, o dicha particularidad se imponga como condición en la suspensión condicional del proceso, se señalará, a quien resulte responsable de la ejecución, las modalidades con que la medida o condición se habrá de cumplir, así como la periodicidad con la que deberá informar.

 

SECCIÓN CUARTA

PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ U OTRA AUTORIDAD

 

Artículo 55. Presentación ante el juez.

 

Al dictarse la medida cautelar de presentación periódica ante el Juez de Control, el sometido a la medida acudirá ante el administrador de oficina que corresponda, con la periodicidad que la autoridad judicial haya determinado, a efecto de informar sobre sus actividades.

 

La presentación a que se refiere el párrafo anterior se hará sin perjuicio de que el imputado pueda ser requerido en cualquier momento por el juzgador.

 

Artículo 56. Presentación ante otra autoridad.

 

Si corresponde aplicar la medida cautelar de presentación periódica ante otra autoridad, el sometido a la medida acudirá a la oficina que designe la Dirección, con la periodicidad que se haya determinado, a efecto de informar sobre sus actividades.

 

La presentación a que se refiere el párrafo anterior se hará sin perjuicio de que el imputado pueda ser requerido en cualquier momento por el juzgador.

 

Al dictarse la medida, el órgano jurisdiccional competente dará aviso inmediato a la Dirección, a efecto de estar en posibilidades de ejecutarla. Cuando la medida deba ejecutarse en algún distrito judicial donde la Dirección no tenga representación administrativa, dicha dependencia coordinará y vigilará su ejecución, por conducto de las autoridades administrativas con las que tenga celebrados convenios de colaboración, llevando un registro permanente sobre el cumplimiento de la medida en aquellas instancias.

 

En cualquier caso, la Dirección informará oportunamente al órgano jurisdiccional competente sobre el cumplimiento de la medida.

 

SECCIÓN QUINTA

LOCALIZADORES ELECTRÓNICOS

 

Artículo 57. Sistema de monitoreo electrónico.

 

Al solicitarse la medida cautelar de fijación de localizadores electrónicos al imputado, el Ministerio Público deberá basar su solicitud en un Dictamen Técnico que elaborará la Dirección en el que determine la viabilidad de su imposición.

 

Todo imputado a quien se le haya fijado la medida establecida en el párrafo anterior, deberá cumplir las condiciones, términos y requisitos que señale la Dirección.

 

SECCIÓN SEXTA

RESGUARDO DOMICILIARIO

 

Artículo 58. Resguardo.

 

El imputado, al solicitar el resguardo, informará a los Tribunales el domicilio en el que la medida habrá de cumplirse, sea en su propio domicilio o en el de otra persona.

 

Al solicitarse el resguardo, el Ministerio Público o la Defensa, deberá basar su solicitud en un Dictamen Técnico que elaborará la Dirección en el que determine la viabilidad de su imposición.

 

Cuando el Juez decrete el resguardo, determinará si es o no con vigilancia y sus modalidades que estime convenientes.

 

En todos los casos que al imputado se le conceda el resguardo, deberá cumplir con las condiciones, términos y requisitos que señale la Dirección.

 

SECCIÓN SÉPTIMA

PROHIBICIÓN DE ACUDIR A DETERMINADAS REUNIONES O DE VISITAR CIERTOS LUGARES

 

Artículo 59. Ejecución de la medida.

 

Al determinarse la prohibición de acudir a determinadas reuniones o de acercarse a ciertos lugares, se comunicará la resolución a la Dirección o a otros cuerpos de seguridad pública en el Estado, en su caso, con la finalidad de que sea ejercida la vigilancia pertinente sobre el imputado en el cumplimiento de esa determinación, en la que indicará específicamente las restricciones impuestas.

 

La autoridad ejecutora informará sobre el cumplimiento de la medida con la periodicidad determinada por la autoridad judicial.

 

SECCIÓN OCTAVA

PROHIBICIÓN DE CONVIVIR O COMUNICARSE CON PERSONAS DETERMINADAS

 

Artículo 60. Ejecución de la medida.

 

Al imponerse la medida de prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo anterior.

 

SECCIÓN NOVENA

SEPARACIÓN DEL DOMICILIO

 

Artículo 61. Ejecución de la medida.

 

Si se decreta la medida cautelar de separación del domicilio del imputado, se comunicará el proveído a la Dirección o a otros cuerpos de seguridad pública en el Estado, para su efectivo cumplimiento.

 

La separación del domicilio, como medida cautelar personal, deberá establecerse por un plazo mínimo de un mes, sin que pueda exceder de seis meses; podrá prorrogarse por períodos iguales, si así lo solicita la víctima u ofendido o el Ministerio Público y se mantienen las razones que la justificaron.

 

La medida podrá interrumpirse a solicitud de la víctima u ofendido y después de oír al Ministerio Público. Cuando se trate de ofendidos menores de edad, el cese procederá cuando así lo solicite su representante legal, después de escuchar la opinión del menor, de un especialista y del Ministerio Público.

 

Para levantar la medida cautelar personal, el imputado deberá comprometerse formalmente a no incurrir en hechos que puedan afectar a la víctima u ofendido, bajo apercibimiento de adoptar otras medidas cautelares más graves.

 

SECCIÓN DÉCIMA

SUSPENSIÓN DE DERECHOS

 

Artículo 62. Ejecución de la medida.

 

La ejecución de la medida cautelar de suspensión de derechos que dicte la autoridad judicial, será notificada a la Dirección y estará sujeta a las siguientes reglas:

 

  1. a) Si se trata de suspensión de funciones de un servidor público, se remitirá el proveído al superior jerárquico correspondiente, a efecto de que materialmente ejecute la medida;

 

  1. b) Si se trata de suspensión para el ejercicio de una profesión, se dará aviso a la Oficina Estatal de Profesiones del Gobierno del Estado, así como a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, para los efectos conducentes;

 

  1. c) Si se trata de la suspensión para la conducción de vehículos de motor, se comunicará la resolución a las autoridades en materia de vialidad y tránsito del municipio, del Estado y Federación, ello con independencia de que la autoridad que haya expedido la licencia de conducir de que se trate, retendrá la del imputado para su resguardo durante la vigencia de la medida, y

 

  1. d) En caso de imponer la suspensión de otros derechos, la ejecución de la medida quedará sujeta a las particularidades que el propio juez dicte en su resolución, de conformidad con la naturaleza de la medida impuesta.

 

En todos los casos, se remitirá junto con el proveído los datos necesarios para la efectiva ejecución de la medida y se podrá recabar del imputado o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la suspensión.

 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA

INTERNAMIENTO

 

Artículo 63. Ejecución de la medida.

 

Al pronunciarse sobre la imposición de medidas cautelares, el Juez de Control podrá decretar el internamiento del imputado en centro de salud, centro de atención a adictos u hospitales psiquiátricos, cuando su estado de salud así lo amerite. De verificarse lo anterior, se remitirá la resolución a la Secretaría de Salud, a cuyo cargo quedará la ejecución y vigilancia de la medida, en centros u hospitales públicos o privados, tomando en cuenta la elección del imputado o de sus representantes, y de acuerdo con las posibilidades económicas del mismo.

 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA

PRISIÓN PREVENTIVA

 

Artículo 64. Establecimiento penitenciario.

 

La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva será cumplida en el establecimiento penitenciario que designe el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección.

 

Artículo 65. Cumplimiento de la medida.

 

El Juez de Control remitirá su resolución a la Dirección, la que formará el expediente respectivo, para el debido y exacto cumplimiento de la medida.

 

El sitio destinado para cumplir la prisión preventiva será distinto a aquél en el que se ejecute la pena de prisión, del que deberá estar completamente separado. Las mujeres quedarán recluidas en lugares diferentes al de los hombres.

 

Artículo 66. Observación.

 

La observación de los imputados sujetos a prisión preventiva se limitará a recoger la mayor información posible sobre cada uno de ellos, a través de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación directa del comportamiento, estableciendo sobre estas bases la separación o clasificación interior en grupos y todo ello, con estricto apego al principio de presunción de inocencia.

 

Artículo 67. Trabajo del imputado.

 

Los imputados sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. La administración penitenciaria les facilitará los medios de ocupación de que disponga, permitiendo al interno procurarse a sus expensas otros, siempre que sean compatibles con las garantías procesales y la seguridad y el buen orden de aquél. Todo interno deberá contribuir al buen orden, limpieza e higiene del establecimiento penitenciario, siendo reglamentariamente determinados los trabajos organizados a dichos fines.

 

Artículo 68. Estudios de personalidad.

 

Desde que el interno quede sujeto a proceso penal, el consejo interdisciplinario deberá realizar los estudios sobre la personalidad integral en los aspectos médicos, sicológicos, sociales, pedagógicos y ocupacionales, enviando un ejemplar del estudio a la autoridad judicial que tiene a su cargo el proceso penal y al Ministerio Público.

 

Artículo 69. Disposiciones supletorias.

 

Serán aplicables para el cumplimiento de la prisión preventiva, en lo conducente, siempre que con ello no se transgredan los derechos fundamentales y garantías procesales del imputado, las disposiciones sobre la ejecución de la pena de prisión y el Sistema, de esta Ley, así como de los reglamentos que de ella deriven.

 

CAPÍTULO II

MEDIDAS CAUTELARES REALES

 

Artículo 70. Embargo precautorio.

 

Al decretarse la medida de embargo precautorio, se remitirá la resolución a la Dirección, la cual la remitirá al Registro Público de la Propiedad.

 

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN DE CONDICIONES DURANTE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

 

Artículo 71. Coordinación, ejecución y vigilancia de las condiciones.

 

La coordinación interinstitucional para la ejecución y vigilancia de las condiciones por cumplir durante la suspensión condicional del proceso, en los términos del Capítulo III, Título I, del Libro Segundo del Código de Procedimientos, se llevará a cabo de la siguiente manera:

 

  1. Residir en un lugar determinado. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de prohibición de salir del ámbito territorial que fije el juez.

 

  1. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de las medidas cautelares de prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares y de convivir o comunicarse con personas determinadas.

 

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. Quedará sujeta a la revisión por parte de la Secretaría de Salud, la que por conducto de las instituciones correspondientes, verificará periódicamente el cumplimiento de la condición, mediante la práctica de exámenes, evaluaciones u otro tipo de procedimientos de demostración, informando oportunamente de ello, para los efectos procesales conducentes.

 

  1. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones. Quedará sujeta a la revisión por parte de la Secretaría de Salud, quien incorporará al imputado para su participación en dichos programas, informando sobre su cumplimiento.

 

  1. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez. Quedará sujeta a la revisión por parte de las Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y del Trabajo y Previsión Social, quienes darán seguimiento a la incorporación del imputado a alguno de los centros que ofrezcan servicios educativos o de capacitación para el trabajo, informando sobre los avances programáticos que alcance el imputado, así como de la culminación de los estudios, en su caso.

 

  1. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. Quedará sujeta a la revisión por parte de la Dirección, la que inscribirá al imputado en un listado especial de prestadores de servicio y le indicará la institución en la que deba realizarse, el horario en el que se cumplirá, así como las labores que desempeñará. Así mismo, supervisará el trabajo del imputado periódicamente, e informará sobre su cumplimiento.

 

VII. Someterse a tratamiento médico o sicológico, de preferencia en instituciones públicas. Se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de internamiento en centro de salud u hospital siquiátrico.

 

VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en la fracción V del presente artículo. Si la condición consiste en la adquisición de trabajo, oficio o empleo, se hará por conducto de las Secretarías de Educación Guerrero, de Cultura, de la Juventud y la Niñez, de Fomento y Desarrollo Económico, y del Trabajo y Previsión Social.

 

  1. Someterse a la vigilancia que determine el juez. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez.

 

  1. No poseer ni portar armas. Al decretarse esta condición, se dará aviso a los cuerpos de seguridad pública en el Estado, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional, para llevar un registro de la condición impuesta, a efecto de que en un evento posterior en el que constate su incumplimiento, se dé aviso al Juez de Control para los efectos procesales correspondientes.

 

  1. No conducir vehículos. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

XII. Abstenerse de viajar al extranjero. Se sujetará a las disposiciones de ejecución de la medida cautelar de prohibición de salir del país.

 

XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario. En su cumplimiento, quedará sujeta al aviso que los acreedores alimentarios o sus representantes formulen al Juez de Control.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

 

Artículo 72. Irregularidades o incumplimiento de las medidas.

 

Si durante el período de cumplimiento de las medidas cautelares o condiciones, la autoridad, persona o institución ejecutora observa o da cuenta de incumplimiento o de cualquier irregularidad, dará aviso inmediato al órgano jurisdiccional competente, por conducto de la Dirección, para los efectos procesales conducentes.

 

Artículo 73. Sustitución, modificación o cancelación de las medidas cautelares o condiciones.

 

El órgano jurisdiccional competente informará a la persona o institución ejecutora sus determinaciones sobre la sustitución, modificación o cancelación de la medida cautelar, así como de la revocatoria o cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso, en su caso.

 

Artículo 74. Ente coordinador.

 

La comunicación entre el órgano jurisdiccional y las autoridades señaladas como auxiliares, se llevará a cabo por conducto de la Dirección, quien además llevará un registro general sobre las medidas cautelares y condiciones decretadas, la sustitución, modificación o cancelación de las primeras, así como de la revocatoria o cesación provisional de las segundas.

 

TÍTULO CUARTO

EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 75. Ejecución de las penas y medidas de seguridad.

 

Para la ejecución de las penas y medidas de seguridad, el Juez de Control o el Tribunal de Justicia Oral que dictó la sentencia, o el Tribunal de Alzada, según corresponda, deberá:

 

  1. Tratándose de penas privativas de la libertad.

 

  1. a) Si el imputado fuera sentenciado a prisión, ordenará inmediatamente su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda, y lo pondrá a disposición jurídica del Juez de Ejecución de Penas, remitiéndole el registro donde conste su resolución, a efecto de integrar la carpeta respectiva, dando inicio al procedimiento de ejecución penal, para el debido y exacto cumplimiento de la sanción impuesta, o

 

  1. b) Si el condenado estuviere en libertad al dictarse el fallo, ordenar cautelarmente su aprehensión inmediata y, una vez efectuada, proceder de conformidad con el inciso anterior. En este caso, se pondrá al condenado a disposición material de la Dirección, a efecto de que las penas se compurguen en los centros de reinserción social a cargo de dicha autoridad.

 

  1. Tratándose de penas alternativas a la privativa de la libertad, remitir copia de la misma a la Dirección, a efecto de que ésta se coordine, en los términos de la presente Ley, con la institución encargada de su ejecución.

 

CAPÍTULO II

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

 

SECCIÓN PRIMERA

PENA DE PRISIÓN

 

Artículo 76. Centro de Reinserción Social.

 

La pena privativa de la libertad será compurgada en los centros de reinserción social que designe el Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección.

 

Artículo 77. Cumplimiento de la pena.

 

El sitio destinado para el cumplimiento de las penas privativas de la libertad será distinto y completamente separado de aquél destinado a la prisión preventiva, y las mujeres quedarán recluidas en lugares diferentes a los de hombres.

 

Artículo 78. Inspección.

 

Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad competente, inspeccionarán regularmente los establecimientos y servicios penitenciarios. Velarán en particular porque estos establecimientos se administren conforme a las leyes y los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales.

 

Artículo 79. Instalaciones adecuadas.

 

Todos los centros de reinserción social en el Estado adoptarán las medidas necesarias a efecto de que sus establecimientos cuenten con las instalaciones adecuadas para los internos de uno y otro sexo. La Dirección vigilará que se cumpla con esta disposición.

 

Artículo 80. Estudios de personalidad.

 

Al compurgarse la pena privativa de la libertad, deberán realizarse al interno los estudios sobre la personalidad integral en los aspectos médicos, sicológicos, sociales, pedagógicos y ocupacionales, sin perjuicio de que dichos estudios se hayan verificado al decretarse la medida cautelar de prisión preventiva.

 

Artículo 83. Cómputo de la pena privativa de libertad.

 

Toda pena privativa de la libertad que sea impuesta mediante sentencia ejecutoriada, se computará desde el tiempo en que inició la detención. Cuando un sentenciado deba compurgar más de una pena privativa de libertad, proveniente de sentencias diversas, deben observarse los siguientes criterios:

 

  1. Cuando un sentenciado está compurgando una pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada y comete delito diverso, a la pena impuesta por el nuevo delito debe sumarse el resto de la pena que tenía pendiente por compurgarse, procediendo a la acumulación de penas;

 

  1. Cuando el sentenciado reporte diversas penas por delitos cometidos antes de su detención, se procederá a la acumulación de ellas, tomando en cuenta para la primera pena impuesta por sentencia ejecutoriada, la del delito cometido el día de su detención y por las restantes, de acuerdo con el orden cronológico en que vayan causando ejecutorias las sentencias que le imponen otras penas de prisión, y

 

III. Si el sentenciado estuvo sujeto de forma simultánea a dos o más procesos por la comisión de diversos delitos, fuera de los supuestos de concurso real o ideal, y en tales casos se haya dictado prisión preventiva y luego sentencia condenatoria, el tiempo que se cumplió con dicha medida cautelar se computará para la sanción privativa de libertad impuesta en el proceso en el que primero se dicte sentencia.

 

SECCIÓN SEGUNDA

MODALIDADES A LA PENA DE PRISIÓN

 

Artículo 81. Tratamiento en semilibertad.

 

El tratamiento en semilibertad comprende la alternancia de períodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad, como una modalidad de la pena de prisión con fines laborales, educativos o de salud, que establezcan los estudios sobre personalidad que emita la Dirección, que conduzcan a la reinserción social y podrá consistir en:

 

  1. Internamiento de fin de semana;

 

  1. Internamiento durante la semana;

 

III. Internamiento nocturno, u

 

  1. Otras modalidades de internamiento.

 

Para la concesión del tratamiento se deberá de acreditar fehacientemente ante el Juez de Ejecución de Penas, las causas que justifiquen el fin por el cual se solicita la misma, las que deberán de quedar debidamente documentadas en la carpeta de ejecución respectiva y avaladas por el dictamen técnico del consejo interdisciplinario, en el que además se debe determinar la viabilidad del beneficio.

 

Artículo 82. Internamiento de fin de semana.

 

El internamiento de fin de semana quedará sujeto a las siguientes reglas:

 

  1. Tendrá lugar desde las veinte horas del día viernes hasta las veinte horas del día domingo;

 

  1. Su cumplimiento se verificará en el centro de reinserción social que designe la Dirección, separadamente a los internos que compurgan la pena de prisión sin modalidades;

 

III. Si el sentenciado incurre en una ausencia no justificada, la Dirección lo comunicará al Juez de Ejecución de Penas, a efecto de que revoque el internamiento de fin de semana;

 

  1. Si durante su aplicación se incoa contra el sentenciado un nuevo proceso por la comisión de diverso delito y se impone la medida cautelar de prisión preventiva, la modalidad se revocará, y

 

  1. Durante el tiempo que permanezca en semilibertad, el sentenciado deberá dedicarse al desarrollo de una actividad lícita; a realizar estudios no concluidos o a recibir el tratamiento de salud especificado.

 

En casos de tratamientos de salud, el Juez de Ejecución de Penas, por conducto de la Dirección, ordenará a la institución correspondiente que aplique el tratamiento requerido, en su caso, y en general, que informe con la periodicidad indicada sobre sus avances.

 

Artículo 83. Internamiento durante la semana.

 

El internamiento durante la semana quedará sujeto a las siguientes reglas:

 

  1. Tendrá lugar desde las veinte horas del día domingo hasta las veinte horas del día viernes.

 

  1. En su cumplimiento quedará sujeto a las disposiciones previstas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 61.

 

Artículo 84. Internamiento nocturno.

 

El internamiento nocturno quedará sujeto a las siguientes reglas:

 

  1. Tendrá lugar desde las veinte horas, hasta las ocho horas del día siguiente, y

 

  1. En su cumplimiento quedará sujeto a las disposiciones previstas en las fracciones II, III, IV y V del artículo anterior.

 

Artículo 85. Otras modalidades de internamiento.

 

Fuera de las hipótesis previstas, y sólo en los casos en los que por la edad o estado de salud del sentenciado se ponga en grave riesgo su integridad física, el Juez de Ejecución de Penas podrá imponer otras modalidades para cumplir la pena de prisión en semilibertad, tomando en cuenta el tratamiento de salud que deba recibirse.

 

SECCIÓN TERCERA

PENA DE RELEGACIÓN

 

Artículo 86. Pena de Relegación.

 

Previos los estudios especializados, el Juez de Ejecución de Penas podrá ordenar el cumplimiento de la pena de prisión en colonias penales, en los términos de los convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo del Estado con las autoridades federales respectivas.

 

CAPÍTULO III

DE LA LIBERTAD ANTICIPADA

 

Artículo 87. Disposiciones Generales.

 

Los beneficios de libertad anticipada, son aquellos otorgados por la autoridad ejecutora, cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos legalmente a cada modalidad.

 

Dichos beneficios son:

 

  1. Tratamiento preliberacional.

 

  1. Libertad preparatoria.

 

III. Remisión parcial de la pena.

 

  1. Ingreso al programa de monitoreo electrónico.

 

Artículo 88. Solicitud.

 

El sentenciado que crea tener derecho a un beneficio, elevará su solicitud al Juez de Ejecución de Penas, por conducto de la Dirección, dando inicio el procedimiento respectivo.

 

SECCIÓN PRIMERA

DEL TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL

 

Artículo 89. Tratamiento preliberacional.

 

El tratamiento preliberacional es el beneficio que se otorga al sentenciado, después de cumplir una parte de la sanción que le fue impuesta, quedando sometido a las formas y condiciones de tratamiento y vigilancia del Juez de Ejecución de Penas. Pero una vez lograda la obtención de alguno de los beneficios establecidos en este Capítulo y que conduzcan fuera de prisión al sentenciado, este deberá cumplir el resto de la pena que queda por compurgar, sin posibilidad de que pueda promover de nueva cuenta la solicitud de cualquier otro sobre el ya concedido. Con excepción de los casos en donde el sentenciado solicite a la Dirección la aplicación de otro beneficio y ésta lo autorice.

 

Artículo 90. Requisitos para su otorgamiento.

 

El otorgamiento del tratamiento preliberacional se concederá al sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos:

 

  1. Cuando haya compurgado el cincuenta por ciento de la pena privativa de libertad impuesta;

 

  1. Que acredite haber trabajado en las actividades y programas establecidos por la autoridad penitenciaria;

 

III. Que haya observado buena conducta durante su internamiento;

 

  1. Haber participado en las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas organizadas por la institución penitenciaria;

 

  1. Si existió condena a la reparación del daño, que haya sido cubierta;

 

  1. No estar sujeto a otro proceso penal en el que se haya decretado medida cautelar de prisión preventiva, y

 

VII. Ser primodelicuente.

 

El sentenciado deberá mantener un modo honesto de vida durante el plazo que señale el Juez de Ejecución de Penas en la resolución respectiva, de lo contrario el beneficio le será revocado.

 

Los requisitos enumerados en las fracciones II, III y IV, se acreditarán con el informe que para los efectos emita la Dirección.

 

Artículo 91. Contenido del tratamiento.

 

La Dirección preparará el tratamiento preliberacional por el tiempo que ésta determine y comprenderá:

 

  1. La preparación del sentenciado y su familia en forma grupal o individual, acerca de los efectos del beneficio;

 

  1. La preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social;

 

III. Realizado lo anterior, la Dirección determinará el tratamiento correspondiente y canalizará al sentenciado a la institución abierta, en donde se continuará con el mismo, concediéndole en caso de cumplimiento permisos de:

 

  1. a) Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los sábados y domingos para convivir con su familia, y

 

  1. b) Reclusión los sábados y domingos para tratamiento técnico.

 

Artículo 92. Requisitos de Permanencia.

 

El sentenciado deberá mantener un modo honesto de vida durante el plazo que señale el Juez de Ejecución de Penas en la resolución respectiva, y presentarse ante la Dirección con la periodicidad que ésta determine, de lo contrario el beneficio le será revocado.

 

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA LIBERTAD PREPARATORIA

 

Artículo 93. Libertad preparatoria.

 

La libertad preparatoria se podrá otorgar a los internos que por sentencia ejecutoriada a privación de la libertad por más de tres años, satisfagan los siguientes requisitos:

 

  1. Que haya cumplido la mitad de la pena de prisión impuesta en los delitos dolosos y la tercera parte en tratándose de delitos culposos;

 

  1. Haber acreditado plenamente durante su estancia en prisión, los estudios de personalidad que le sean practicados por el Consejo.

 

Para el otorgamiento de la libertad preparatoria, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora, y

 

III. Que haya reparado el daño causado.

 

Artículo 94. Improcedencia del beneficio.

 

La libertad preparatoria no se concederá al sentenciado por los siguientes delitos, previstos en las Leyes Generales, así como los previstos en el Código Penal, tanto si quedaran consumados como en grado de tentativa en aquellos casos que la permitan:

 

  1. Tortura;

 

  1. Enriquecimiento ilícito;

 

III. Trata de personas;

 

  1. Tráfico de influencias;

 

  1. Homicidio;

 

  1. Pornografía;

 

VII. Tráfico de menores;

 

VIII. Violación;

 

  1. Abuso Sexual;

 

  1. Pederastia;

 

  1. XI. Desaparición Forzada de Personas;

 

XII. Sabotaje;

 

XIII. Ataques a la Paz Pública, o

 

XIV. Extorsión.

 

Artículo 95. Solicitud.

 

El sentenciado que crea tener derecho a la libertad preparatoria, elevará su solicitud al Juez de Ejecución de Penas, por conducto de la Dirección, dando inicio el procedimiento respectivo.

 

Artículo 96. Resolución.

 

La resolución que conceda la libertad preparatoria tomará en consideración todos los informes y conclusiones que sean recabados. Contendrá las observaciones y antecedentes relacionados con la conducta del sentenciado durante su internamiento, así como el dictamen elaborado por el consejo interdisciplinario con los datos que demuestren que se encuentra en condiciones de ser reintegrado a la vida social. Dentro de las obligaciones del liberado, se contendrá la de informar el lugar de residencia y de trabajo, así como la de presentarse cada treinta días ante la Dirección o las autoridades municipales del lugar de residencia.

 

Artículo 97. Revocación del beneficio.

 

La libertad preparatoria se revocará por el Juez de Ejecución de Penas, cuando el liberado:

 

  1. Es procesado por la comisión de otro delito, y se le impone medida cautelar de prisión preventiva:

 

  1. Fuere condenado por diverso delito doloso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso, será de oficio la revocación.

 

Tratándose de delito culposo, de acuerdo con la gravedad del hecho se podrá revocar o mantener la libertad preparatoria;

 

III. Moleste reiteradamente y de modo considerable a la víctima u ofendido del delito por el que se le condenó.

 

Para este efecto, el interesado en revocar el beneficio deberá acreditar los actos de molestia ante el Juez de Ejecución de Penas;

 

  1. No reside o deja de residir en el lugar que se haya determinado, del cual no podrá ausentarse sin el permiso del Juez de Ejecución de Penas;

 

  1. Deje de presentarse injustificadamente por una ocasión, o

 

  1. No cuente con un medio honesto de vida.

 

Para tal efecto, la Dirección proporcionará la información necesaria para acreditar estas circunstancias ante el Juez de Ejecución de Penas.

 

El sentenciado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, cumplirá el resto de la pena impuesta. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere este artículo, interrumpen los plazos para extinguir la sanción.

 

Artículo 98. Diversos procesos.

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo anterior, la autoridad judicial que conozca o haya conocido del proceso, deberá comunicar su resolución a la Dirección.

 

Artículo 99. Vigilancia.

 

Los individuos que disfruten de la libertad preparatoria estarán sujetos a la vigilancia de la Dirección, por el tiempo que les falte para extinguir su sanción.

 

SECCIÓN TERCERA

DE LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA

 

Artículo 100. Remisión parcial de la pena.

 

La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por la autoridad judicial ejecutora, y consistirá en que por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

 

  1. Que el interno haya observado durante su estancia en prisión buena conducta;

 

  1. Que participe regularmente en las actividades educativas, deportivas o de otra índole que se organicen en el establecimiento;

 

III. Que con base en los estudios de personalidad que practique el Consejo, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social, y

 

  1. Que haya sido cubierta la Reparación del Daño.

 

Lo anterior se acreditará con los informes que rinda la Dirección.

 

Con estos elementos el Juez de Ejecución de Penas dictaminará sobre la procedencia del beneficio.

 

Los días laborados que se computen para este beneficio no podrán ser acumulados para el porcentaje que se exige en los demás beneficios.

 

Artículo 101. Solicitud del beneficio.

 

Presentada la solicitud del interesado para la remisión parcial de la pena, se abrirá con ella el procedimiento respectivo.

 

SECCIÓN CUARTA

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LIBERTAD ANTICIPADA

 

Artículo 102. Seguimiento, control y vigilancia.

 

Los jueces de ejecución de penas serán las autoridades responsables de dar seguimiento, llevar el control y ejercer vigilancia para que el procedimiento establecido en esta sección se cumpla.

 

Artículo 103. Cómputo de los términos.

 

El cómputo de los términos para el otorgamiento del beneficio de remisión parcial de la pena se realizará tomando en cuenta la sanción privativa de libertad impuesta, sin perjuicio de que se haya dictado una nueva sentencia condenatoria.

 

Artículo 104. Procedimiento.

 

El procedimiento para la concesión de beneficios se iniciará de oficio o a petición de parte.

 

Cuando la solicitud se presente ante Dirección, o ésta inicie el procedimiento, remitirá la solicitud al Juez de Ejecución de Penas, dentro de los tres días hábiles siguientes.

 

Admitida la solicitud, el Juez de Ejecución de Penas solicitará a la Dirección, que por conducto del Consejo, se remitan los estudios de personalidad del sentenciado dentro de los sesenta días siguientes a la admisión.

 

Cuando la solicitud se presente ante el Juez de Ejecución de Penas, o éste inicie el procedimiento, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

Recibidos los estudios, el Juez de Ejecución de Penas emitirá resolución en un plazo que no excederá de cinco días, concediendo o negando el beneficio.

 

La resolución a que se refiere el artículo anterior, será notificada el día de su emisión a la Dirección, para que la cumpla en sus términos.

 

Realizado lo anterior en cuanto al trámite, se estará a lo dispuesto para la audiencia a que se refiere el presente ordenamiento.

 

Artículo 105. Improcedencia.

 

Las peticiones que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente improcedentes serán resueltas de inmediato y notificadas al interesado y a la Dirección.

 

Artículo 106. Localizadores electrónicos.

 

Para ejercer una mayor vigilancia, la Dirección solicitará al Juez de Ejecución de Penas, implementar un sistema de monitoreo electrónico a distancia sobre los sentenciados que gocen de algún beneficio de libertad anticipada a que se refiere el presente Capítulo, o de la condena condicional.

 

Una vez concedido el ingreso al programa, el sentenciado deberá sujetarse a las obligaciones y medidas de vigilancia que fije la Dirección de acuerdo al reglamento respectivo.

 

CAPÍTULO IV

DE LA LIBERTAD DEFINITIVA

 

SECCIÓN PRIMERA

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

 

Artículo 107. Libertad por sentencia cumplida.

 

La libertad definitiva se otorgará cuando el condenado a pena privativa de libertad haya cumplido con la sentencia.

 

Ningún funcionario puede, sin causa justificada, aplazar, demorar u omitir el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de hacerlo, incurrirá en responsabilidad.

 

Artículo 108. Asistencia pospenitenciaria.

 

La libertad definitiva que se otorgue conforme a este título, será comunicada de inmediato al Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, para los fines de asistencia pospenitenciaria a que se refiere la presente Ley.

 

Artículo 109. Constancia de salida.

 

Al quedar en libertad definitiva una persona, el Juez de Ejecución de Penas le entregará una constancia de la legalidad de su salida, de la conducta observada durante su reclusión y de su aptitud para el trabajo, en relación con la información proporcionada por la Dirección.

 

SECCIÓN SEGUNDA

INDULTO

 

Artículo 110. Concesión.

 

Corresponde al Ejecutivo del Estado la facultad de conceder el indulto, en los términos de la Constitución Política del Estado de Guerrero. Sólo se concederá respecto de las sanciones impuestas en sentencia ejecutoriada.

 

Artículo 111. Procedencia.

 

Podrá concederse el indulto en los delitos del orden común, cuando el interno haya prestado importantes servicios a la Nación o al Estado. También, cuando por razones humanitarias o sociales, a los internos que por la conducta observada en prisión y por su constante dedicación al trabajo, sean ejemplares en el desarrollo armónico del establecimiento penitenciario.

 

Es requisito ineludible para realizar la solicitud de indulto, la demostración de que se ha cubierto la reparación del daño.

 

No procederá el indulto en el delito de violación, así como en los imprescriptibles.

 

Artículo 112. Solicitud.

 

El interesado ocurrirá con su petición de indulto ante el Titular del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Dirección, solicitando que se expidan las constancias respectivas. Previa la investigación que realice el Consejo para la verificación de la procedencia del indulto, el Gobernador del Estado emitirá su resolución fundada y motivada.

 

Artículo 113. Publicación.

 

Todas las resoluciones que concedan un indulto se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se comunicarán a la autoridad judicial que pronunció la sentencia para que haga la anotación correspondiente en el proceso.

 

SECCIÓN TERCERA

LIBERTAD O DISMINUCIÓN DE LA PENA POR RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA DEL SENTENCIADO O ANULACIÓN DE SENTENCIA

 

Artículo 114. Procedencia.

 

La libertad definitiva o disminución de la pena procederá como consecuencia de la resolución que las determine en el Reconocimiento de inocencia del sentenciado o en la Anulación de la sentencia, en los términos del Título XIII, del Libro Segundo del Código de Procedimientos.

 

Artículo 115. Libertad por Reconocimiento de inocencia del sentenciado o por la anulación de la sentencia.

 

Cuando por Reconocimiento de inocencia del sentenciado o por Anulación de la sentencia se resuelva la absolución del condenado, el Tribunal de alzada que haya conocido del recurso remitirá la constancia de su resolución a la Dirección y al Juez de Ejecución de Penas para que sin demora la ejecuten; así mismo, a la Dirección General del Estado, para su conocimiento.

 

Artículo 116. Disminución de penas.

 

Cuando la consecuencia del Reconocimiento de inocencia del sentenciado o la Anulación de la sentencia sea la disminución de las penas impuestas al condenado, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo anterior.

 

SECCIÓN CUARTA

REHABILITACIÓN

 

Artículo 117. Rehabilitación de derechos.

 

Obtenida la libertad definitiva, el liberado podrá exigir que sean rehabilitados sus derechos políticos, civiles o de familia, suspendidos con motivo del procedimiento penal y la sanción impuesta.

 

Artículo 118. Solicitud de rehabilitación.

 

Una vez presentada la solicitud de rehabilitación, el Juez de Ejecución de Penas verificará que el condenado haya extinguido la sanción privativa de libertad impuesta; que resultó absuelto por Reconocimiento de inocencia del sentenciado, por la Anulación de la sentencia, o que le fue concedido el indulto, según sea el caso.

 

Artículo 119. Inhabilitación mayor a la pena privativa de libertad.

 

Si la pena impuesta hubiere sido la inhabilitación o suspensión de derechos, por un periodo mayor al impuesto para la pena privativa de libertad, no procederá la rehabilitación por libertad definitiva hasta que la diversa sanción quede cumplida.

 

Artículo 120. Comunicación de la rehabilitación.

 

La rehabilitación de los derechos será ordenada por el Juez de Ejecución de Penas y dicha resolución la comunicará la Dirección a las autoridades correspondientes.

 

CAPÍTULO V

CONDENA CONDICIONAL

 

Artículo 121. Naturaleza y requisitos.

 

La condena condicional es una facultad por la cual el juzgador, al emitir sentencia, podrá suspender la ejecución de la pena de prisión. Tiene por objeto fundamental permitir al sentenciado incorporarse a la sociedad, cumpliendo así la sanción que se le impuso, siendo procedente cuando se cumpla la totalidad de las siguientes condiciones:

 

  1. La pena de prisión impuesta no exceda de tres años, ni se trate de alguno de los delitos por los que resulta improcedente la concesión de libertad preparatoria;

 

  1. El beneficiado no haya cometido delito doloso en los seis años anteriores a los hechos por los cuales se le juzga, y

 

III. El sentenciado haya observado buena conducta durante la tramitación del proceso, incluyendo la observancia de las medidas cautelares Si el sentenciado estuvo sujeto a prisión preventiva, esta condición se acreditará con los informes que debe rendir la Dirección.

 

Artículo 122. Requisitos de Permanencia.

 

Para gozar del beneficio a que se refiere el artículo anterior, el sentenciado deberá:

 

  1. Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se fijen para asegurar su comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta;

 

  1. Residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia;

 

III. Desempeñar una ocupación lícita;

 

  1. Abstenerse de causar molestias al ofendido, a sus familiares o a cualquier interviniente en el juicio, y

 

  1. Acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, pudiendo la autoridad judicial fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado.

 

Artículo 123. Reparación del daño.

 

La suspensión de la ejecución de la prisión surtirá efectos, siempre que el sentenciado haya cubierto la reparación del daño, dentro del plazo que le fije la autoridad judicial para tal efecto, el que no podrá exceder de tres meses, mismo que se establecerá de acuerdo al monto que deba pagarse, a las posibilidades económicas del obligado y al tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

 

Artículo 124. Resolución oficiosa.

 

En toda sentencia deberá resolverse sobre la procedencia de la condena condicional, cuando se esté en el supuesto de la fracción I del artículo 105 de esta Ley.

 

Artículo 125. Vigilancia de la autoridad.

 

Los sentenciados que obtengan la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad, en los términos de esta Ley.

 

En todos los casos en que se requieran estudios de la Dirección, el juez deberá tomar en cuenta las recomendaciones y determinará las condiciones para el tratamiento.

 

Artículo 126. Extinción de la sanción.

 

Se considerará extinguida la sanción si el reo no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, si durante un lapso igual al término de la prisión impuesta, contado a partir del día siguiente hábil al que cause ejecutoria la sentencia que concedió la condena condicional, y haya reparado el daño a que fue condenado.

 

Artículo 127. Incumplimiento.

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas en la sentencia, el Juez de Ejecución de Penas podrá resolver que se haga efectiva la prisión suspendida, ordenando el internamiento del sentenciado para que cumpla el resto de la pena impuesta.

 

CAPÍTULO VI

REGLAS GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN DE SANCIONES Y CONDENA CONDICIONAL

 

Artículo 128. Facultad de promover la suspensión.

 

El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena, reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá promover el incidente respectivo ante el Juez de Ejecución de Penas.

 

Artículo 129. Sustitución de la prisión.

 

El Juez de Control o el Tribunal de Justicia Oral, considerando los resultados de los estudios de personalidad que emita la Dirección, podrá sustituir la pena de prisión, en los términos siguientes:

 

  1. Por multa o trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años, y

 

  1. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años.

 

La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día multa por un día de prisión, de acuerdo con las posibilidades económicas del sentenciado.

 

Será obligación del Ministerio Público presentar en la audiencia respectiva, ante la autoridad judicial, los estudios a los que se refiere el párrafo primero.

 

Artículo 130. Sustitución de la multa.

 

La multa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad.

 

Artículo 131. Condiciones para la sustitución.

 

La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubra la reparación del daño a la víctima u ofendido y sea negociada con la persona moral de derecho público, pudiendo la autoridad judicial fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado.

 

La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso durante los últimos seis años, así como cuando se trate de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública.

 

El beneficiado quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad, en los términos de esta Ley.

 

Artículo 132. Revocación de la sustitución.

 

La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta:

 

  1. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas por la autoridad, o

 

  1. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso; si el nuevo delito carece de trascendencia social o es imprudencial, la autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la pena sustituida.

 

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido la pena sustitutiva.

 

CAPÍTULO VII

RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

 

Artículo 133. Restricciones a los beneficios.

 

El reo que haya sido sentenciado, aun en grado de tentativa por el delito de robo en los supuestos contemplados en las fracciones I o II del artículo 229 del Código Penal; tortura, extorsión, violación u homicidio doloso, salvo que se trate en riña; así como por homicidio o lesiones imprudenciales contempladas en el Código Penal, no le será aplicable ninguno de los siguientes beneficios:

 

  1. Modalidad de la pena de prisión, tales como:

 

  1. a) Internamiento de fin de semana;

 

  1. b) Internamiento durante la semana;

 

  1. c) Internamiento nocturno, u

 

  1. d) Otras modalidades de internamiento análogas.

 

  1. Libertad anticipada.

 

  1. a) Tratamiento preliberacional;

 

  1. b) Libertad preparatoria, o

 

  1. c) Remisión parcial de la pena.

 

III. Indulto;

 

  1. Condena condicional, o

 

  1. Sustitución de sanciones.

 

CAPÍTULO VIII

PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD

 

SECCIÓN PRIMERA

CONFINAMIENTO

 

Artículo 134. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de confinamiento quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de arraigo domiciliario.

 

SECCIÓN SEGUNDA

TRATAMIENTO EN LIBERTAD

 

Artículo 135. Naturaleza.

 

El tratamiento en libertad de imputables, consiste en la aplicación, según el caso, de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole autorizadas por la ley, orientadas a la reinserción social del sentenciado y bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.

 

Esta pena podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva de la prisión, sin que su duración pueda exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.

 

El tratamiento en libertad de imputables podrá imponerse conjuntamente con las medidas de seguridad tendientes a la deshabituación o desintoxicación del sentenciado, cuando así se requiera.

 

En todo caso, pena y medida deberán garantizar la dignidad y la libertad de conciencia del sentenciado.

 

Artículo 136. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de tratamiento en libertad quedará sujeta en lo conducente, a las reglas dispuestas en el Título Tercero de esta Ley.

 

SECCIÓN TERCERA

PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR A UN LUGAR DETERMINADO

 

Artículo 137. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de prohibición de residir o acudir a un lugar determinado quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de prohibición de acudir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.

 

CAPÍTULO IX

PENAS PECUNIARIAS

 

SECCIÓN PRIMERA

REPARACIÓN DEL DAÑO

 

Artículo 138. Ejecución.

 

Al haberse indicado la forma de dar cumplimiento al pago de la reparación del daño, en los términos del artículo 409, párrafo segundo del Código de Procedimientos, se enviará constancia de la sentencia firme al Juez de Ejecución de Penas, para llevar a cabo el seguimiento correspondiente:

 

  1. Si no se pagó la reparación del daño en los términos fijados en la sentencia, el Juez de Ejecución de Penas dará inicio al procedimiento administrativo de ejecución en los términos del Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429;

 

  1. Si se encontrara garantizada la reparación del daño, el Juez de Ejecución de Penas notificará al fiador, en caso de que exista, que la garantía otorgada será destinada al pago de la reparación del daño; lo mismo sucederá con las otras formas de garantía;

 

III. Dentro de los tres días siguientes a la notificación, se enviarán los documentos relativos a la ejecución de la garantía a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas para que, en un plazo de tres días, mediante resolución fundada y motivada, haga efectiva esa garantía a favor del ofendido o de su representante, y

 

  1. En tratándose del delito de Despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a favor del ofendido, el Juez de Ejecución de Penas, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días, haga entrega voluntaria del inmueble al ofendido.

 

En caso de negativa a devolverlo, el Juez de Ejecución de Penas ordenará se ponga en posesión material al ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de la sentencia.

 

SECCIÓN SEGUNDA

MULTA

 

Artículo 139. Ejecución.

 

Al imponerse multa al sentenciado, el Juez de Ejecución de Penas procederá de acuerdo con las siguientes reglas:

 

  1. Notificará inmediatamente al sentenciado que cuenta con un plazo no mayor de veinte días para cubrir la multa impuesta. Para este efecto, se considerará la solvencia económica del condenado, y

 

  1. Si dentro del plazo concedido, el sentenciado demuestra que carece de recursos para cubrirla o que sólo puede pagar una parte, el Juez de Ejecución de Penas podrá sustituir la multa, total o parcialmente, por prestación de trabajo a favor de la comunidad. Por cada jornada de trabajo saldará uno de multa.

 

CAPÍTULO IX

PENAS RESTRICTIVAS DE OTROS DERECHOS

 

SECCIÓN PRIMERA

SUSPENSIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS

 

Artículo 140. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de suspensión, destitución e inhabilitación para el desempeño de cargos, comisiones o empleos quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

SECCIÓN SEGUNDA

INHABILITACIÓN, DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN DE CARGOS O EMPLEOS PÚBLICOS

 

Artículo 141. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de inhabilitación, destitución o suspensión de cargos o empleos públicos quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

SECCIÓN TERCERA

TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

 

Artículo 142. Instituciones.

 

El trabajo a favor de la comunidad será facilitado por el Poder Ejecutivo; se prestará en instituciones públicas en general, así como en las de carácter educativo o de asistencia social, públicas o privadas, sobre la base de los convenios que celebre la Dirección con dichas instituciones.

 

Artículo 143. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de esta pena se desarrollará bajo el control y vigilancia de la Dirección. Esta dependencia pedirá, conforme al convenio celebrado con la entidad pública o privada, los informes necesarios donde se detalle la prestación del trabajo en beneficio de la comunidad que realice el sentenciado y enviará la comunicación respectiva al Juez de Ejecución de Penas.

 

Una vez cumplida la pena de trabajo a favor de la comunidad, la institución comunicará dicha situación a la Dirección, quien a su vez, remitirá la constancia respectiva al Juez de Ejecución de Penas.

 

Artículo 144. Incumplimiento de la pena.

 

Ante el incumplimiento de esta sanción, el Juez de Ejecución de Penas procederá a ordenar se haga efectiva la pena privativa de libertad impuesta, computando en su caso, las jornadas de trabajo laboradas en beneficio de la comunidad. En este caso, cada jornada de trabajo será equivalente a un día de prisión.

 

Artículo 145. Dignidad del sentenciado.

 

Bajo ningún motivo el trabajo a favor de la comunidad atentará contra la dignidad del sentenciado.

 

SECCIÓN CUARTA

TRABAJO OBLIGATORIO PARA REPARACIÓN DEL DAÑO

 

Artículo 146. Ejecución y supuestos.

 

Si se impone el trabajo obligatorio como pena para la reparación del daño, recibida la copia de la sentencia firme, el Juez de Ejecución de Penas procederá de la siguiente forma:

 

  1. Girará oficio al lugar en que labore el condenado, ordenando la realización de descuentos a su salario, suficientes para cubrir la reparación del daño;

 

  1. Si la vía de descuentos resulta inviable, ordenará al condenado realizar los pagos en alguna de las siguientes modalidades:

 

  1. a) En efectivo;

 

  1. b) Mediante depósitos en institución bancaria, o

 

  1. c) Mediante certificado de depósito ante la autoridad recaudadora.

 

En este caso, el juez ordenará la inmediata comparecencia de la víctima, ofendido o su representante, para hacerle entrega del certificado de ingresos, dejando constancia de ello en el expediente:

 

III. El Juez de Ejecución de Penas determinará el tiempo y forma en que deban cubrirse los pagos parciales.

 

En todos los casos, la entrega se constituirá a favor del beneficiario:

 

  1. Las cantidades que no sean reclamadas en el plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se depositaron, se integrarán directamente al Fondo de Auxilio a Víctimas u Ofendidos del Delito, y

 

  1. Una vez cubierta en su totalidad la reparación del daño, concluirá el procedimiento de ejecución.

 

Artículo 147. Incumplimiento de la pena.

 

El incumplimiento injustificado tendrá como efecto la ejecución de la pena de prisión.

 

SECCIÓN QUINTA

SUSPENSIÓN DEL DERECHO PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE MOTOR

 

Artículo 148. Ejecución de la pena.

 

La ejecución de la pena de suspensión del derecho para conducir vehículos de motor quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para la medida cautelar de suspensión de derechos.

 

SECCIÓN SEXTA

CONSECUENCIAS PARA PERSONAS JURÍDICAS

 

Artículo 149. Ejecución de la suspensión, disolución, prohibición, remoción e intervención.

 

  1. Disolución. La autoridad judicial designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación.

 

La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total;

 

  1. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante la autoridad judicial, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece el Código Penal del Estado por desobediencia a un mandato de autoridad;

 

III. Remoción de administradores. Para hacer la designación, la autoridad judicial podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito;

 

Cuando concluya el período previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos;

 

  1. Intervención. Se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor,

 

Al imponer las consecuencias jurídicas, la autoridad judicial tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.

 

Estos derechos quedan a salvo, aun cuando la autoridad judicial no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.

 

CAPÍTULO X

MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

SECCIÓN PRIMERA

VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD

 

Artículo 150. Ejecución de la pena.

 

La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por la Dirección, con el apoyo, en su caso, de las autoridades auxiliares, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad.

 

La autoridad judicial deberá disponer esta supervisión cuando en la sentencia imponga una sanción que restrinja la libertad o derechos, sustituya la privación de libertad por otra sanción o conceda la condena condicional y en los demás casos en los que la ley disponga. Su duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta.

 

SECCIÓN SEGUNDA

TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES

 

Artículo 151. Tratamiento de inimputables.

 

En caso de inimputabilidad permanente, el juez de ejecución dispondrá la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad, previo el procedimiento penal respectivo.

 

La ejecución del tratamiento de inimputables en internamiento o en libertad, quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para las medidas cautelares de internamiento y la de obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada respectivamente.

 

La ejecución del tratamiento de inimputables disminuidos, quedará, en lo conducente, sujeta a las reglas dispuestas para las medidas cautelares de internamiento y la de obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada respectivamente.

 

Artículo 152. Modificación o conclusión de la medida.

 

El juez de ejecución, podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida, considerando las necesidades del tratamiento, que se acreditarán mediante los informes rendidos por la institución encargada de éste, según las características del caso.

 

SECCIÓN TERCERA

TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN

 

Artículo 153. Ejecución de la medida.

 

El juez de ejecución ordenará el internamiento del sentenciado en centro de salud u hospital siquiátrico señalado en el fallo, de acuerdo a lo siguiente:

 

La Dirección remitirá la resolución a la Secretaría de Salud, a cuyo cargo quedará la ejecución y vigilancia de la medida, en los centros u hospitales públicos o privados.

 

Durante la ejecución de la medida, se informará periódicamente al Juez de Ejecución de Penas.

 

TÍTULO QUINTO

DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y DE REINSERCIÓN SOCIAL

 

CAPÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN

 

Artículo 154. Tratamiento.

 

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

 

Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación.

 

Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso.

 

Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.

 

Artículo 155. Bases del proceso de reinserción.

 

La Dirección organizará los establecimientos penitenciarios e instituciones del Sistema, vigilando que el proceso de reinserción de los internos esté basado en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

 

A todo imputado o sentenciado que ingrese a un establecimiento penitenciario del Sistema, se le respetarán sus derechos fundamentales, de conformidad con las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales e instrumentos similares celebrados por el Estado Mexicano, y las disposiciones legales que de ellos deriven.

 

Artículo 156. Aplicación.

 

El contenido del presente Título se aplicará a los sentenciados ejecutoriados y, en lo conducente, a los imputados de delito, entre quienes se promoverá su participación en los programas de trabajo, capacitación y educación.

 

CAPÍTULO II

DE LA REINSERCIÓN SOCIAL

 

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 157. Régimen progresivo y técnico.

 

Para la ejecución de las penas privativas de la libertad se establecerá un régimen progresivo y técnico tendiente a alcanzar la reinserción social del sentenciado. Constará por lo menos de dos periodos: El primero, de estudio y diagnóstico; y el segundo, de tratamiento.

 

En el primer período, se realizarán los estudios de personalidad del interno en los aspectos médico, sicológico, siquiátrico, educativo, criminológico, social y ocupacional y de vigilancia. Dicho estudio se realizará desde que el interno queda vinculado a proceso, enviando un ejemplar del estudio al órgano jurisdiccional que lo procesa.

 

El tratamiento se fundará en las sanciones penales impuestas y en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al sentenciado, los que deberán ser actualizados semestralmente.

 

Artículo 158. Reinserción social.

 

Los medios de reinserción social tienen por objeto facilitar la reincorporación del sentenciado a la vida social, como una persona útil a la misma.

 

Se consideran medios orientados a la reinserción social del sentenciado, el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Tales medios serán requisitos indispensables para quienes deseen acogerse a los beneficios señalados en esta ley.

 

SECCIÓN SEGUNDA

DEL TRABAJO

 

Artículo 159. Actividades laborales.

 

En los establecimientos penitenciarios del Sistema se buscará que el procesado o sentenciado adquiera el hábito del trabajo y que éste sea una fuente de autosuficiencia personal y familiar, tomando en consideración su interés, vocación, aptitudes y capacidad laboral.

 

En las actividades laborales se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Federal, en lo referente a la jornada de trabajo, días de descanso, higiene, seguridad y a la protección de la maternidad.

 

El trabajo se organizará previo estudio del mercado a fin de favorecer la correspondencia entre la demanda de éste y la producción penitenciaria con vista a la autosuficiencia económica de cada institución.

 

Artículo 160. Trabajo no obligatorio.

 

No será obligatorio el trabajo para:

 

  1. Quienes presenten alguna incapacidad, por el tiempo que subsista, siempre y cuando lo acrediten ante la Dirección;

 

  1. Las mujeres, durante cuarenta y cinco días antes y después del parto, o

 

III. Los imputados sujetos a prisión preventiva, salvo que compurgue el trabajo obligatorio con motivo de la comisión de otro delito.

 

Artículo 161. Personas con discapacidad.

 

Quienes sufran alguna discapacidad tendrán una ocupación adecuada a su situación, de acuerdo con las recomendaciones técnicas del caso.

 

Artículo 162. Modalidades en el trabajo.

 

El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, estará comprendido en alguna de las siguientes modalidades:

 

  1. Estudio y formación académica, a las que la administración penitenciaria dará carácter preferente;

 

  1. Producción de bienes y servicios, mediante cooperativas o similares, de acuerdo con la legislación vigente;

 

III. Ocupaciones que formen parte de un tratamiento;

 

  1. Prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento, y

 

  1. Artesanales, intelectuales, artísticas y similares.

 

Artículo 163. Producto del trabajo.

 

El producto del trabajo será destinado a cubrir las necesidades de quien lo desempeña y de sus dependientes económicos; la reparación del daño, en su caso, y la formación de un fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad.

 

SECCIÓN TERCERA

DE LA CAPACITACIÓN

 

Artículo 164. Capacitación para el trabajo.

 

La capacitación para el trabajo deberá orientarse a desarrollar armónicamente las facultades del interno.

 

La capacitación que se imparta será actualizada, de tal forma que pueda incorporar al interno a una actividad económica, social y culturalmente productiva.

 

SECCIÓN CUARTA

DE LA EDUCACIÓN

 

Artículo 165. Programas educativos.

 

La educación que se imparta en los establecimientos penitenciarios del Sistema se ajustará a los programas oficiales que el Estado Mexicano establezca en materia educativa.

 

En los establecimientos penitenciarios se promoverá la instrucción para las mujeres que carezcan de estudios, así como para aquellas que se hubieren encontrado realizando sus estudios antes de su reclusión o que tengan estudios inconclusos, así como propiciar la educación sexual y reproductiva a través de programas de información destinados a ello.

 

Artículo 166. Documentación oficial.

 

La documentación de cualquier tipo que expidan los centros escolares de los establecimientos penitenciarios, no contendrá referencia o alusión alguna a estos últimos. Para tal efecto, las autoridades educativas expedirán los documentos en los términos que se convengan con la Dirección.

 

Artículo 167. Programas inductivos a la reinserción.

 

El personal técnico de cada uno de los establecimientos penitenciarios implementará programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas y culturales.

 

TÍTULO SEXTO

DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

 

CAPÍTULO I

REGLAS APLICABLES A CATEGORÍAS ESPECIALES

 

SECCIÓN PRIMERA

CONDENADOS

 

Artículo 168. Tratamiento

 

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

 

Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación.

 

Respecto de cada recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo relativo a los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Acompañará a este informe el de un médico, a ser posible especializado en psiquiatría, sobre el estado físico y mental del recluso.

 

Los informes y demás documentos pertinentes formarán un expediente individual. Estos expedientes se tendrán al día y se clasificarán de manera que el responsable pueda consultarlos siempre que sea necesario.

 

Artículo 169. Clasificación e individualización.

 

Los fines de la clasificación deberán ser:

 

  1. Separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención, y

 

  1. Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

 

Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

 

Tan pronto como ingrese en un establecimiento un condenado a una pena o medida de cierta duración, y después de un estudio de su personalidad, se establecerá un programa de tratamiento individual, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones.

 

Artículo 170. Privilegios.

 

En cada establecimiento se instituirá un sistema de privilegios adaptado a los diferentes grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés y la cooperación de los reclusos en lo que atañe su tratamiento.

 

Artículo 171. Trabajo.

 

El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo.

 

Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico.

 

Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.

 

En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación.

 

Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes.

 

Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.

 

La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

 

Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados.

 

Los reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

 

En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres.

 

Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.

 

El reglamento fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabajadores libres. Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.

 

El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera equitativa.

 

Artículo 172. Instrucción y recreo.

 

La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención.

 

La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su preparación.

 

Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos.

 

Artículo 173. Relaciones sociales, ayuda postpenitenciaria.

 

Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.

 

Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social.

 

Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación.

 

Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos y podrán visitar a los reclusos. Se les consultará en materia de proyectos de readaptación para cada recluso desde el momento en que éste haya ingresado en el establecimiento.

 

Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible la actividad de dichos organismos, a fin de asegurar la mejor utilización de sus actividades.

 

SECCIÓN SEGUNDA

RECLUSOS ALIENADOS Y ENFERMOS MENTALES

 

Artículo 174. Establecimientos para enfermos mentales.

 

Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales.

 

Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos.

 

Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico.

 

El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento.

 

Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico después de la liberación y se asegure una asistencia social postpenitenciaria de carácter psiquiátrico.

 

SECCIÓN TERCERA

PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA

 

Artículo 175. Disposiciones generales.

 

A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado “acusado” toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada.

 

El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia.

 

Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación.

 

Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados.

Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos.

 

Los acusados deberán dormir en celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima.

 

Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso contrario, la administración suministrará la alimentación.

 

Se autorizará al acusado a que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y sean decorosas. Si lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados.

 

Al acusado deberá siempre ofrecérsele la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le deberá remunerar.

 

Se autorizará a todo acusado para que se procure, a sus expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento.

 

Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.

 

Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento.

 

El acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar y dar a éste instrucciones confidenciales. Para ello, se le proporcionará, si lo desea, recado de escribir. Durante las entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún funcionario de la policía o del establecimiento penitenciario.

 

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

 

Artículo 176. Clasificación de los establecimientos.

 

Los establecimientos penitenciarios que integran el Sistema, se dividirán en las siguientes áreas:

 

  1. Varoniles y femeniles;

 

  1. Preventiva y de ejecución de penas; y

 

III- De alta, media y mínima seguridad.

 

Artículo 177. Establecimientos de alta y media seguridad.

 

Los establecimientos penitenciarios considerados como de alta y media seguridad se ubicarán en la periferia de la ciudad, preferentemente fuera de la zona habitada. Quedarán ubicados en los centros de alta seguridad quienes:

 

  1. Estén privados de su libertad por delitos de alto impacto social;

 

  1. Pertenezcan a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir;

 

III. Presenten conductas graves o reiteradas de daños, amenazas, actos de molestia, o delitos en perjuicio de otros reclusos, sus familiares, visitantes o personal de las instituciones de seguridad, o

 

  1. Hayan favorecido la evasión de presos.

 

Artículo 178. Prohibición de reclusión.

 

No podrán ser recluidos en los establecimientos penitenciarios a que se refiere el Artículo anterior, los inimputables, los enfermos siquiátricos, quienes muestren una discapacidad grave, los enfermos terminales o cualquier otra persona que no se encuentre dentro de los criterios establecidos en el artículo anterior.

 

Artículo 179. Áreas penitenciarias.

 

En las áreas penitenciarias preventivas sólo se recluirá a los procesados. En tanto, en las destinadas a la ejecución de penas sólo se recluirá a los sentenciados ejecutoriados.

 

Artículo 180. Instituciones y servicios de rehabilitación.

 

En las instituciones de rehabilitación psicosocial sólo se recluirá a los inimputables y enfermos psiquiátricos, de acuerdo con la asignación que determine el Consejo. Los servicios de rehabilitación estarán siempre a disposición del farmacodependiente en todos los establecimientos penitenciarios.

 

Artículo 181. Cumplimiento de pena privativa de libertad.

 

Las sanciones privativas de libertad se cumplirán en los establecimientos penitenciarios, salvo los casos de excepción expresamente señalados en esta Ley.

 

Artículo 182. Personal de administración.

 

La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.

 

La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público.

 

El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente. Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.

 

Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos.

 

En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos.

 

Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.

 

Artículo 183. Dirección del Centro de Reinserción Social.

 

Cada uno de los Centros de Reinserción Social estará dirigido por un funcionario residente responsable, denominado Director.

 

El director del establecimiento deberá hallarse debidamente certificado para su función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación adecuada y por su experiencia en la materia.

 

Deberá consagrar todo su tiempo a su función oficial que no podrá ser desempeñada como algo circunscrito a un horario determinado.

 

Deberá residir en el establecimiento o en la cercanía inmediata. Cuando dos o más establecimientos estén bajo la autoridad de un director único, éste los visitará con frecuencia.

 

Artículo 184. Personal femenino.

 

En los establecimientos o secciones penitenciarios destinados a las mujeres, la vigilancia estará a cargo, necesariamente, de personal femenino.

 

Artículo 185, Vigilancia y administración.

 

Para los fines de vigilancia y administración, los directivos se ajustarán a la aplicación del Reglamento respectivo y cumplirán las normas de ejecución penal que establece esta Ley.

 

Artículo 186. Centros de Reinserción Social.

 

Los establecimientos penitenciarios se denominan Centros de Reinserción Social, dependen de la Dirección, y para su funcionamiento dispondrán, en la medida que lo permita su presupuesto, de las siguientes secciones: Vigilancia, médica, sicológica, de seguridad y custodia; pedagógica, trabajo social y administrativa.

 

Artículo 187. Adolescentes infractores.

 

Por ningún motivo se dará entrada a establecimientos penitenciarios para adultos, a adolescentes infractores, los que deberán ser internados, en su caso, en las instituciones especiales que prevé la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores.

 

CAPÍTULO III

DEL INGRESO

 

Artículo 188. Ingresos de personas.

 

El ingreso de un procesado o sentenciado en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará mediante el mandamiento u orden de la autoridad competente. Cada interno desde su ingreso se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria de que tendrá derecho a ser informado.

 

Artículo 189. Ingresos de personas.

 

Al ingresar al establecimiento penitenciario, los procesados o sentenciados serán alojados en el área de ingreso e invariablemente examinados por el médico del lugar, a fin de conocer el estado de salud que guardan.

 

Artículo 190. Presupuestos para el ingreso.

 

El ingreso de alguna persona a cualquiera de los establecimientos penitenciarios se hará únicamente:

 

  1. Por resolución judicial, o

 

  1. En ejecución de los convenios celebrados por el Ejecutivo Estatal.

 

Artículo 191. Expediente de control interno.

 

Para efectos de control interno, las autoridades del establecimiento integrarán un expediente que contendrá los siguientes datos:

 

  1. Datos generales del procesado o sentenciado;

 

  1. Número de proceso penal, nombre de la víctima u ofendido, así como de la autoridad que lo puso a disposición del establecimiento;

 

III. Fecha y hora del ingreso y egreso, si lo hubiere, así como los datos que originaron su estado privativo de libertad;

 

  1. Identificación dactiloscópica y antropométrica, e

 

  1. Identificación fotográfica.

 

La información contenida en el expediente quedará sujeta a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

CAPÍTULO IV

DE LOS TRASLADOS

 

Artículo 192. Traslado de procesados.

 

Para el traslado de procesados será necesaria la autorización expresa de la autoridad a cuya disposición se encuentre, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del establecimiento, debiendo notificar a dicha autoridad el siguiente día hábil.

 

Artículo 193. Traslado de sentenciados.

 

La facultad de trasladar a los internos sentenciados ejecutoriadamente a otros establecimientos penitenciarios corresponde a la Dirección, con las modalidades siguientes:

 

  1. Si el traslado del sentenciado es voluntario, se tomarán en cuenta los motivos que el interno invoque, así como las condiciones generales del establecimiento al que se pretenda trasladar, y

 

  1. Si el traslado del sentenciado es necesario o urgente, la Dirección lo ejecutará, aún sin el consentimiento del interno, debiendo mediar una razón concreta o grave que lo justifique.

 

En ambos casos, la Dirección dará aviso inmediato al Juez de Ejecución de Penas para los efectos a que haya lugar.

 

CAPÍTULO V

DEL RÉGIMEN DE TRATAMIENTO

 

Artículo 194. Sistema de reinserción social.

 

El sistema de reinserción social tendrá carácter progresivo, técnico e individualizado. Constará, por los menos, en lo que respecta a su desarrollo, de los períodos siguientes:

 

  1. Estudio y diagnóstico;

 

  1. Tratamiento, y

 

III. Reinserción.

 

En el primero de los periodos previstos, se estudiará la personalidad integral del interno en los aspectos médicos, sicológicos, sociales, criminológicos, educativos, siquiátricos, ocupacionales y de vigilancia. Dicho estudio se realizará desde que el interno quede vinculado a proceso, enviando un ejemplar del estudio al órgano jurisdiccional que lo procesa.

 

Artículo 195. Concepto de tratamiento penitenciario.

 

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reeducación y reinserción social de los internos. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando las leyes, así como de subvenir a sus necesidades.

 

Para tal fin, se procurará desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social respecto a su familia y a la sociedad en general.

 

Artículo 196. Planificación y ejecución del tratamiento.

 

Se fomentará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento, para que en el futuro sea capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos. La satisfacción de los intereses personales será tomada en cuenta, siempre que ello sea compatible con el tratamiento.

 

Artículo 198. Bases del tratamiento.

 

El tratamiento se inspirará en las siguientes bases:

 

  1. El estudio científico de la constitución, temperamento, carácter, aptitudes y actitudes del sujeto a tratar, así como su sistema dinámico motivacional y el aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a una evaluación global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno;

 

  1. El resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sea individuales, familiar o social del interno;

 

III. La individualización, partiendo de métodos médico-biológicos, criminológicos, siquiátricos, educativos y sociales, con relación a la personalidad del interno, y

 

  1. La continuidad y dinamismo, dependientes de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno, durante el proceso o el cumplimiento de la condena.

 

Artículo 199. Individualización del tratamiento.

 

La individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada interno, se realizará mediante su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta la personalidad; el historial del interno; la duración de la pena o medidas judiciales, en su caso; el medio al que probablemente retornará, así como los recursos, facilidades y dificultades existentes.

 

Artículo 200. Tratamiento durante la prisión preventiva.

 

La observación de los sujetos a prisión preventiva se limitará a recoger la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación directa del comportamiento, estableciendo sobre estas bases la separación o clasificación interior en grupos, todo ello en cuanto sea compatible con el principio de presunción de inocencia.

 

Una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado, formulado sobre la base de dichos estudios e informaciones una determinación del tipo criminológico y de adaptabilidad social; la propuesta razonada de grado de tratamiento, y el destino al tipo de establecimiento penitenciario que corresponda.

 

Artículo 201. Reclasificación del tratamiento.

 

La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de diferente régimen. La reclasificación estará sujeta a las siguientes reglas:

 

  1. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la conducta global del interno, y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad;

 

  1. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno un aspecto negativo con relación al tratamiento;

 

III. Sin perjuicio de que se realice en cualquier momento, cada seis meses los internos deberán ser evaluados individualmente para reconsiderar su clasificación, misma que será notificada al interesado, y

 

  1. Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación la haga un equipo distinto del primero, designado por el Juez de Ejecución de Penas, si se considera procedente.

 

Artículo 203. Informe pronóstico final.

 

Concluido el tratamiento y próxima la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad que, en su caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad anticipada.

 

Artículo 204. Instituciones o asociaciones coadyuvantes.

 

Para el fin de reinserción social de los internos en regímenes ordinario y abierto, se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas.

 

CAPÍTULO VI

DE LA DISCIPLINA EN El INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

 

Artículo 205. Convivencia ordenada.

 

El régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada. Ningún interno desempeñará servicio alguno que implique el ejercicio de facultades disciplinarias.

 

Artículo 206. Corrección disciplinaria.

 

Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos y con las sanciones establecidas en el Reglamento, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

 

Artículo 207. Garantías procesales del interno.

 

Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita.

 

CAPÍTULO VII

COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR

 

Artículo 208. Comunicación de los internos.

 

Los internos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, de forma oral o escrita, con sus familiares, amigos y representantes acreditados, así como con los funcionarios o empleados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria.

 

Las comunicaciones de los internos quedarán sujetas a las disposiciones del Código de Procedimientos.

 

Se procurará que la situación de la persona interna no destruya o debilite los lazos con su familia y se tratará de ayudar a resolver los problemas de la misma, para ello se practicarán visitas periódicas a la familia y se organizarán actividades de orientación familiar.

 

Artículo 209. Comunicación Inmediata.

 

Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente su detención a su familia o a su defensor, así como a comunicar su traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar al mismo.

 

Artículo 210. Visitas personales.

 

Los establecimientos penitenciarios dispondrán de áreas especialmente adecuadas para las visitas personales, las que se concederán en los términos del Reglamento.

 

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA ASISTENCIA POSPENITENCIARIA

 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A LIBERADOS

 

Artículo 211. Asistencia y atención a liberados y externados.

 

Para la asistencia y atención a liberados y externados, la Dirección se coordinará con instituciones, públicas o privadas, que presten estos servicios, las que procurarán fortalecer la reinserción social, auxiliándolos para canalizarlos y ubicarlos en fuentes de trabajo donde puedan desarrollar sus aptitudes y orientando su tiempo libre a determinadas actividades de esparcimiento familiar, social, deportivo, entre otros.

 

Artículo 212. Patronato de Ayuda para la Reinserción Social.

 

El Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, dependiente de la Dirección, tiene por objeto prestar asistencia jurídica, moral, económica, médica, social, laboral, y recomendar el beneficio de reserva de la información en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales, a las personas que gocen de cualquiera de los beneficios previstos en esta Ley, o que hayan sido puestas en libertad definitiva.

 

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPÍTULO ÚNICO

CAUSAS DE EXTINCIÓN

 

Artículo 213. Extinción de penas y medidas de seguridad.

 

Las penas y medidas de seguridad se extinguen por las siguientes causas:

 

  1. Cumplimiento;

 

  1. Muerte del sentenciado;

 

III. Resolución judicial;

 

  1. Perdón del ofendido, cuando proceda;

 

  1. Prescripción, y

 

  1. Las demás que señale el Código Penal.

 

TÍTULO NOVENO

DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

 

CAPÍTULO I

DE LA SOLICITUD Y LOS EFECTOS DEL BENEFICIO

 

Artículo 214. Solicitud de reserva.

 

Al otorgarse cualquiera de los beneficios previstos en esta Ley o determinarse la libertad definitiva, de oficio o a petición de parte, el Consejo emitirá un informe al Patronato de Reinserción Social, conteniendo un estudio para demostrar que la persona puesta en libertad se encuentra en posibilidades de ser reinsertado a la vida en sociedad; en base a este estudio, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social podrá conceder el beneficio al liberado, solicitando a la Dirección se reserve la información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales.

 

Artículo 215. Efecto del beneficio.

 

La recomendación de reserva de información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales, solo operará para efectos empresariales.

 

CAPÍTULO II

DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL PATRONATO

 

Artículo 216. Continuidad del beneficio.

 

Salvo causa justificada, el beneficiario habrá de presentarse en la periodicidad, forma y condiciones estipuladas por el Patronato, a efecto de que este valore, en base al seguimiento pospenitenciario, la continuidad de la reserva de la información en el certificado de antecedentes penales.

 

Dicha presentación, habrá de ser al menos una vez al año y durante el tiempo que el Patronato lo considere, sin exceder de diez años.

 

Artículo 217. Incumplimiento al Plan de Presentación.

 

En caso de que el beneficiario injustificadamente incumpla con el plan de presentación ante el Patronato, este dará aviso inmediatamente a la Dirección para incluir en el certificado de antecedentes penales la información relativa a estos.

 

Una vez satisfecho el incumplimiento a criterio del Patronato, podrá aplicarse nuevamente el beneficio.

 

CAPÍTULO III

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

 

Artículo 218. Sujeción de su actuación.

 

El Patronato de Ayuda para la Reinserción Social deberá sujetar su actuación a las facultades que le estén conferidas por la Ley, los reglamentos y los acuerdos dictados por el Fiscal General del Estado.

 

Artículo 219. Recurso de revisión.

 

El acto que dicte el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, puede impugnarse mediante el recurso de revisión ante la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.

 

Artículo 220. Efectos de la negativa del beneficio.

 

Cuando el Patronato niegue la recomendación de reserva en el certificado de antecedentes penales, el liberado podrá solicitarlo nuevamente después de transcurridos sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la negativa, u optar por la tramitación del recurso correspondiente.

 

La solicitud será realizada ante el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, quien determinará la procedencia o no del beneficio.

 

Si fuesen acumuladas cinco desaprobaciones, no podrá solicitarse nuevamente la reserva en el certificado.

 

Artículo 221. Tramitación del recurso.

 

La tramitación del recurso, se sujeta al procedimiento siguiente:

 

  1. Se interpondrá personalmente, por escrito expresando: El nombre del recurrente; domicilio para ser notificado en la cabecera del distrito judicial donde fue liberado; señalamiento del acto impugnado; los agravios que el mismo le causa y el ofrecimiento de las pruebas que pretenda rendir. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución o acto recurrido el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, solo serán admisibles las que hubiere ofrecido y no se hubieran desahogado por causas no imputables a él y las supervenientes;

 

  1. El escrito deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto que se impugna. No será admisible la interposición de recursos por medio del correo;

 

III. Interpuesto el recurso, la autoridad recabará de oficio los informes y constancias necesarias para determinar la existencia del acto impugnado, las razones que lo justifiquen y la fecha de su notificación; en vista de lo anterior, acordará si es de admitirse o desecharse el recurso;

 

  1. El Director en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, proveerá desde luego a la recepción de las pruebas ofrecidas, señalando para ello un término de quince días hábiles. Serán admisibles todos los medios de prueba admitidos por el derecho común con excepción de la confesional de las autoridades;

 

  1. Recibidas las pruebas y los informes o transcurrido el periodo probatorio, se abrirá un período de alegatos de tres días hábiles;

 

  1. Formulados los alegatos o transcurrido el término que para el efecto se concedió, el Director en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales elaborará el acuerdo correspondiente dentro del término de cinco días hábiles, y

 

VII. El acuerdo del Director en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales será notificado personalmente en el domicilio señalado.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia el primero de enero del dos mil dieciocho, con las modalidades siguientes:

 

  1. a) Las disposiciones relativas a la libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y la condena condicional, respecto de los procedimientos penales, anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, se regirán conforme a las disposiciones de la misma, y

 

  1. b) Las disposiciones relativas a la ejecución de las medidas cautelares y las condiciones impuestas en la suspensión del proceso a prueba, iniciarán su vigencia el primero de enero de dos mil dieciocho, con las modalidades territoriales que se precisan en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

SEGUNDO. Al entrar en vigencia esta ley, quedará abrogada la Ley número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero y sus reglamentos; asimismo, quedarán derogados los preceptos de la legislación de la Entidad que se opongan a las disposiciones de este Ordenamiento.

 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado, dentro del término de sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, expedirá los reglamentos necesarios para los establecimientos penitenciarios, su régimen interior y demás a que se refiere la presente Ley.

 

CUARTO. Los centros de reclusión pertenecientes a los municipios en los que se ejecutan penas privativas de libertad, atenderán las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, en la medida en que aquella entre en vigor en su ubicación.

 

La administración de los centros de reclusión y la custodia de procesados o sentenciados que actualmente se encuentra a cargo de las administraciones municipales, se ejercerá hasta que el Estado asuma dicha responsabilidad, en la medida que la capacidad presupuestal lo permita.

 

QUINTO. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de la Dirección General de Ejecución dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades de Gobierno del Estado de Guerrero, o con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, de acuerdo a las facultades que mediante la presente Ley se le otorguen.

 

SEXTO. Los procedimientos, recursos e incidentes de ejecución de penas y medidas de seguridad iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguirán rigiendo con la ley que les dio origen hasta su conclusión.

 

SÉPTIMO. Los poderes públicos del estado deberán adoptar las medidas necesarias en materia presupuestaria para la debida aplicación de esta ley a partir de su vigencia.

 

OCTAVO. El Patronato de Ayuda para la Reinserción Social deberá instalarse dentro de los noventa días siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley.

 

NOVENO. El Consejo Técnico Interdisciplinario deberá instalarse a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley.

 

DÉCIMO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 19 días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Guerrero]

[1] Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. 2011. Consultable en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/189/45/PDF/G1318945.pdf?OpenElement.

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Informe 5/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e internamiento que depende del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 2016, [en línea], México, [citado 09-07-2017], formato pdf, Disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2016.pdf.

[3] BBC News. Mexico violence: 28 dead in prison fight in Acapulco. 6 de julio de 2017. Consultable en: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40527512

[4] Eduardo Yaner Santos. Quadratín. Condena CIDH la muerte de 28 internos del Cereso d Acapulco. 12 de julio de 2017. Consultable en: https://guerrero.quadratin.com.mx/condena-cidh-la-muerte-28-internos-del-cereso-acapulco/

[5] 4 En 2009 el Subcomité para la Prevención de la Tortura, a partir de su visita a México, refrió la necesidad de establecer un “estándar más respecto de la gobernabilidad de los centros para asegurar que las autoridades legítimas tengan el control y la responsabilidad sobre lo que ocurre en su interior, evitando situaciones de autogobierno y el riesgo de que se cometan torturas y tratos crueles e inhumanos”. Véase: Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/MEX/1, de fecha 31 de mayo de 2010.

[6] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Recomendación M-02/2017, sobre centros de reclusión penal que dependen del gobierno del estado Guerrero. 10 de julio de 2017.

[7] ONU. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977

[8] Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Manual de Buena Práctica Penitenciaria. Implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas. Traducido del original en inglés publicado por Penal Reform International. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998. Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf

Iniciativa de Ley que Fija las Bases para Reglamentos de Policía

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de Ley que fija las bases normativas para la expedición de los reglamentos en materia de seguridad pública para los municipios del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que el mismo ordenamiento señala.

 

Este mismo precepto normativo dispone que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

 

Asimismo, refiere que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

 

  1. a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;

 

  1. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

 

  1. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;

 

  1. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública, y

 

  1. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

 

Bajo esta tónica, el artículo 115 de la Carta Magna, refiere que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,

 

Conforme a lo anterior, refiere que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Los Municipios tendrán a su cargo la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

 

Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero precisa que son deberes fundamentales del Estado promover el progreso social y económico, individual o colectivo, el desarrollo sustentable, la seguridad y la paz social, y el acceso de todos los guerrerenses en los asuntos políticos y en la cultura, atendiendo en todo momento al principio de equidad.

 

Así, el numeral 3, del artículo 172, de la Constitución Local señala que la seguridad pública estará a cargo de una policía preventiva bajo el mando del Presidente Municipal en los términos de la ley estatal correspondiente, con excepción de los convenios celebrados en la materia con los gobiernos Federal y Estatal. La policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

 

De esta manera, en el ámbito municipal, los Reglamentos en Materia de Seguridad Pública se convierten en el instrumento normativo por el que se desarrollan las bases generales de coordinación entre el municipio, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Federación y la sociedad, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Publica, con objeto de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

Por consiguiente, dichos ordenamientos además, de fijar las bases para la integración, organización, actuación, funcionamiento y profesionalización de los cuerpos policiales municipales, deben encontrar armonía entre ellos; por tal motivo y, tomando en consideración la pluriculturalidad del Estado de Guerrero, los Diputados Ciudadanos, proponemos a esta Soberanía establecer las bases para la emisión de los reglamentos municipales en materia de seguridad pública, acorde con los previsto por el artículo 178, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mismo que en la parte que interesa señala

 

Artículo 178. Los Ayuntamientos son competentes para:

 

  1. Aprobar, de conformidad con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general para la administración pública municipal que aseguren, además, la participación ciudadana y vecinal;”

 

Como puede advertirse de los hasta ahora expuesto, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la particular del Estado Libre y Soberano de Guerrero, señalan que una de las funciones de gobierno que mayor importancia tiene en el municipio es la de seguridad pública, cuyo ejercicio es una obligación del Ayuntamiento.

 

Por mandato constitucional, el Ayuntamiento de be organizar, prever de medios y equipamiento a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.

 

Sin embargo, la seguridad pública en Guerrero continúa siendo un tema pendiente; sobre el particular es importante señalar que si bien es cierto, los problemas de inseguridad que azotan la entidad parten en buena medida de una amalgama de factores, estos se ven aderezados por las corporaciones policiacas permisivas, que, en muchos casos, se encuentran infiltradas por grupos delincuenciales.

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero es la Entidad con las peores policías municipales, conforme a los exámenes de control y confianza realizados durante el primer semestre de 2015, de los 180 policías evaluados 89 no aprobaron, es decir, 49.4% de elementos reprobados .

 

Los mandos policiacos no son la excepción, durante ese mismo periodo, de los 35 jefes policiacos evaluados 18 reprobaron, es decir, que 51.4% de los mandos no aprobaron los exámenes de control y confianza.

 

No obstante la importancia intrínseca de las instancias policiales, la certificación de estas sigue siendo una tarea pendiente para el Estado Mexicano, situación que ha agudizado la grave crisis de seguridad que se vive en el país.

 

De acuerdo con el Índice Internacional de Seguridad Interna y Policía, elaborado por la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y el Instituto para la Economía y la Paz[1], publicado en mayo de 2016, colocó a México como uno de los lugares más inseguros, con una policía de poco rendimiento y una prestación de servicios reprobable, ubicándole en el lugar 118 de 127; superando únicamente a los cuerpos policiacos de Venezuela, Camerún, Bangladesh, Mozambique, Pakistán, Uganda, Kenia, Congo y Nigeria.

 

Este estudio terminó por confirmar una realidad que muchos conocemos, en México tenemos una de las peores policías muncipales del mundo; esta situación, complementada con la Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables 2015[2], llevada a cabo por el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma México, en la que se precisa que las autoridades más señaladas como las que con mayor frecuencia violan los derechos humanos fueron las policías municipales, con 33.8%, termina por reafirmar la grave crisis de los cuerpos policiacos.

 

Los vicios y las deficiencias de las policías mexicanas son más notorios en las municipales, tal y como quedó demostrado con los terribles hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, donde las corporaciones policiacas se encontraban al servicio del crimen organizado.

 

Los frecuentes abusos, errores ostensibles y conductas delictivas de algunos miembros de los cuerpos policiales, han contribuido a que nuestro Estado, el que alguna vez fuera el destino turístico por excelencia, Acapulco hoy sea la ciudad más violenta de México y una de las más inseguras del mundo.

 

Es pertinente señalar que la corrupción que se ha infiltrado en los cuerpos policiacos es solo uno de los muchos factores que inciden y se relacionan directamente con la existencia de un mayor índice de delincuencia, de tal forma que, la carencia de conocimientos y las capacidades elementales para ejercer adecuadamente sus funciones, también han incidido en la pérdida de credibilidad de las policías. Además de las serias carencias para el desempeño de sus funciones, se suman sus salarios notoriamente insuficientes y sus condiciones laborales precarias, todo esto no solamente las hace ineptas para cumplir su delicada función, sino que en las condiciones actuales del país las hace vulnerables a la infiltración por parte del crimen organizado.

 

No conozco a un mexicano que difiera de esta opinión y, sin embargo, nada se ha hecho, más allá de los discursos, por la transformación a fondo de nuestras policías.

 

Es por ello, que la Bancada de los Ciudadanos proponemos ante esta Soberanía la creación de una nueva: Policía Municipal.

 

Esta nueva Policía Municipal, está diseñada como Órgano Administrativo Desconcentrado del ayuntamiento y sus objetivos serán los siguientes:

 

  • Brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía y salvaguardar su vida, integridad, seguridad y el libre ejercicio de los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, como garantes de la seguridad ciudadana;

 

  • Aplicar y operar la política pública en materia de seguridad para abatir y disminuir la incidencia de las conductas contrarias a la ley así como la atención de víctimas y ofendidos de las diversas infracciones a la ley, así como evitar los tratos inhumanos, degradantes y humillantes con la finalidad de evitar la revictimización;

 

  • Prevenir los delitos y la investigación para hacerla efectiva;

 

  • Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en términos de las disposiciones aplicables, y

 

  • Colaborar, como partícipe en los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica, con las diversas Instituciones de Seguridad Pública del ámbito federal y municipal para el cumplimiento de los objetivos anteriores.

 

Los parámetros para las nuevas Policías Municipales están diseñados bajo las políticas y directrices de las Naciones Unidas, precisando al efecto su origen y destino en la ciudadanía, a la que protegerá, servirá y con quienes se articulará en acciones recíprocas.

 

Es importante señalar que para mantener la vigencia del Estado de Derecho y salvaguardar el orden y paz públicos, la Policía Municipal custodiará todo el territorio de sus municipios, estableciendo zonas de vigilancia para la atención de los llamados de auxilio de la ciudadanía, ejerciendo acciones de intervención, control, reacción, y custodia, frente a hechos reiterados contarios a la ley de alto impacto social o reincidencia.

 

Aunado a lo anterior, acorde con los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, la Policía Municipal, podrá colaborar con las autoridades federales y las estatales, estableciendo la vinculación y coordinación en el despliegue de estrategias e información en el ámbito territorial del municipio; además de participar en operativos conjuntos con otros cuerpos de seguridad.

 

Sin dejar de lado la profesionalización y capacitación de los miembros de la Policía Municipal, por ello, se establece la Carrera Policial con carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de Planeación, Ingreso, Profesionalización, Permanencia y Promoción, así como el procedimiento de Separación y Terminación de la Carrera Policial de los Integrantes de la Policía Municipal.

 

Asimismo, se contempla un mecanismo para el reconocimiento de los actos sobresalientes de los miembros de la Policía Municipal, en el que se recompense aquella actuación policial de carácter extraordinaria que ponga de manifiesto la lealtad, honestidad, entrega, valor, heroísmo, profesionalismo, espíritu humano, solidaridad social, así como aquellas que hagan destacada una actuación en beneficio de la comunidad.

 

Finalmente, se establece un régimen disciplinario a cargo de la Inspección General y Asuntos Internos, en el que se comprenden los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación, con estricto apego a los principios constitucionales, de legalidad, debido proceso, objetividad, imparcialidad, expedites y respeto a las garantías individuales y derechos humanos, así como a los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

LEY NÚMERO QUE FIJA LAS BASES NORMATIVAS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS REGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO

 

TITULO PRIMERO

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria de los artículos 172, numeral 3 y 178, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases normativas a que deben sujetarse los ayuntamientos del Estado, para la emisión de sus reglamentos en materia de seguridad pública dentro de sus respectivas jurisdicciones.

 

Artículo 3. Conforme a las bases establecidas por el Congreso del Estado, los ayuntamientos aprobaran y expedirán los reglamentos en materia de seguridad pública en cuya jurisdicción regirán, mismos que se difundirán ampliamente con el objeto de que toda la población tenga conocimiento de ellos. Su contenido y aplicación se apegara a las bases previstas por el presente ordenamiento.

 

CAPITULO II

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

 

Artículo 4. A toda persona favorecerá la presunción de inocencia de la falta o infracción que se le impute, en tanto no se demuestre su culpabilidad.

 

Artículo 5. Serán competentes para la aplicación de sanciones por las faltas administrativas las autoridades expresamente señaladas en esta Ley.

 

Artículo 6. Se considera falta administrativa, toda conducta antisocial, que no constituyendo delito afecte a la moral pública, las buenas costumbres, la salud y tranquilidad de las personas.

 

Artículo 7. Las faltas susceptibles de ser sancionadas por los Bandos de Policía y Buen Gobierno, podrán ser:

 

  1. Contra la seguridad publica general;

 

  1. Contra la urbanidad;

 

III. Contra la propiedad pública;

 

  1. Contra la salud;

 

  1. Contra el ornato público;

 

  1. Contra el bienestar colectivo;

 

VII. Contra la tranquilidad y propiedad particular, y

 

VIII. Contra la ecología y medio ambiente, en los términos de la ley de la materia.

 

Artículo 8. Para la imposición de sanciones por faltas administrativas, se deberán observar los siguientes principios:

 

  1. Respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en la constitución política del estado de Guerrero y en las leyes reglamentarias de ambos ordenamientos;

 

  1. Abstenerse de conocer sobre hechos que tipifiquen delitos en la legislación penal;

 

III. El fortalecimiento de la solidaridad social;

 

  1. El desarrollo de la educación cívica, y

 

  1. En el ejercicio responsable de la autoridad.

 

CAPITULO III

LAS SANCIONES Y SU APLICACIÓN

 

Artículo 9. El conocimiento de las faltas administrativas, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, será competencia de los juzgados calificadores, mismas que serán instituidas por el ayuntamiento como órgano de jurisdicción administrativa municipal.

 

Artículo 10. Los Bandos de Policía y Buen Gobierno, prevendrán las sanciones aplicables a las faltas o infracciones consignadas en los mismos, según su naturaleza y gravedad, y consistirán en:

 

  1. Apercibimiento;

 

  1. Multa, y

 

III. Arresto.

 

Artículo 11. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

 

  1. Apercibimiento. Es el requerimiento hecho por el juez, para ejecutar lo que manda o tiene mandado. Para que proceda como debe conminándole con multa o castigo si no lo hiciere.

 

  1. Multa. Es el pago de una cantidad de dinero, si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

 

III. Arresto. Es la privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, con excepción a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la presente ley, mismas que se computaran desde el momento de la detención. Para efectos de cumplir con esta sanción, los detenidos serán trasladados a lugares públicos, diferentes a los que correspondan a los indicados en un procedimiento del orden penal o a la reclusión de procesados y sentenciados.

 

Artículo 12. El arresto administrativo será decretado y ejecutado por el juez calificador, por lo que ningún policía podrá detener ni privar de su libertad a ninguna persona, salvo que sea sorprendido en la comisión de la falta, en este caso y bajo su estricta responsabilidad pondrá de inmediato al detenido a disposición de la autoridad competente.

 

Artículo 13. Tratándose de menores de edad, de personas mayores de sesenta años, de discapacitados, dementes y de mujeres en notorio estado de embarazo no procederá la privación de la libertad.

 

Artículo 14. Las sanciones se aplicaran según la circunstancia del caso, sin orden progresivo, procurando que haya orden y equilibrio entre la naturaleza de la falta o infracción y los atenuantes, excluyentes y demás elementos de juicio que permitan al órgano sancionador, preservar el orden, la paz y la tranquilidad social.

 

Cuando con una o varias conductas el infractor transgreda diversos preceptos, el juez calificador podrá acumular las sanciones, sin exceder los límites máximos previstos por esta Ley.

 

Cuando una falta o infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas, a cada una de ellas se le aplicara la sanción correspondiente tomando en cuenta su grado de participación.

 

Artículo 15. Al resolver sobre cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, el juez calificador conminara al infractor para que no reincida, apercibiéndolo de las consecuencias legales en caso de hacerlo.

 

Artículo 16. El juez calificador tomara en cuenta, para el ejercicio de su arbitrio, la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta o infracción, las condiciones en que esta se hubiese cometido, las circunstancias personales y los antecedentes del infractor.

 

Artículo 17. Si el infractor fuere menor de edad el juez calificador exhortara a los padres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad para que adopten las medidas necesarias con objeto de evitar nuevas faltas o infracciones y les hará cubrir el importe de la multa si esta procede, sin contravención a lo que establezcan otras disposiciones legales.

 

Artículo 18. Si el infractor fuere mujer se le recluirá en lugar separado de los hombres.

 

Artículo 19. Si el infractor fuere obrero o jornalero, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de un trabajador no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso diario.

 

Las personas desempleadas y sin ingresos, serán multadas con el equivalente de un día de salario mínimo general vigente en el municipio respectivo.

 

Artículo 20. En el caso de que el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o solo cubriese parte de esta, el juez calificador la conmutara por arresto que nunca podrá exceder de treinta y seis horas.

 

En el caso de que un obrero o jornalero no pague la multa que se le imponga, el arresto no podrá exceder de doce horas.

 

Artículo 21. Cuando el juez calificador determine multar al infractor, este siempre podrá elegir entre cubrir la multa, o cumplir el arresto.

 

También podrá optar porque la multa se le haga efectiva a través de la tesorería municipal en un plazo que fijara el propio juez y que no excederá de quince días, si el infractor de momento no tuviere recursos pecuniarios suficientes para cubrirlas.

 

Este beneficio solo se otorgara a los residentes del municipio correspondiente.

 

Artículo 22. Se excluirá de responsabilidad al infractor, cuando:

 

  1. Exista una causa de justificación, o

 

  1. La acción u omisión sean involuntarias.

 

Artículo 23. La facultad del ayuntamiento para la aplicación o ejecución de las sanciones por faltas cometidas en contravención a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, prescribirá en un término de noventa días, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Dicha prescripción se interrumpirá por las diligencias que sobre el asunto ordene o practique el juez calificador.

 

TITULO SEGUNDO

 

CAPITULO I

DE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

 

Artículo 24. En cada municipio cuando menos se instalara un juzgado calificador mismo que estará a cargo del personal siguiente:

 

  1. Un juez calificador;

 

  1. Un secretario;

 

III. Un médico, y

 

  1. Un policía municipal.

 

En los casos de notoria incapacidad administrativa, calificada por el Congreso dentro del procedimiento de aprobación de los presupuestos anuales, el personal de los juzgados calificadores podrá ser aumentado o disminuidos.

 

Artículo 25. De conformidad con las restricciones a que alude el artículo anterior, habrán juzgados calificadores en las cabeceras municipales y podrán establecerse en zonas o colonias de las ciudades, así como en los centros poblados del medio rural que el ayuntamiento considere conveniente.

 

Artículo 26. Los juzgados calificadores instrumentaran constancia escrita de todas sus actuaciones, y podrán expedir las copias certificadas que se le soliciten por personas con interés bastante en el asunto de que se trate, previo pago de los derechos fiscales correspondientes.

 

Artículo 27. Los ayuntamientos proveerán la instalación de locales con los requerimientos mínimos de comodidad e higiene, para el desempeño de las funciones de los juzgados calificadores, separados de aquellos sitios donde haya de ejecutarse las sanciones de arresto o medida cautelar diversa que esta ley autoriza y disponga.

 

Artículo 28. Cuando en un municipio no estuviere debidamente integrado el juzgado calificador, sus funciones serán asumidas transitoriamente por un periodo que no exceda de un mes, por el síndico del ayuntamiento encargado del ramo, quien nunca podrá delegar dichas atribuciones.

 

Artículo 29. En caso de que en un municipio no se hubiere expedido el reglamento en materia de seguridad pública conforme a lo establecido en esta Ley, el ayuntamiento en cuestión aplicara supletoriamente cualquiera de los expedidos por los otros municipios, previa asignación del juez calificador.

 

Artículo 30. Los ayuntamientos en sesión ordinaria, designaran a las personas que deban integrar a los juzgados calificadores.

 

Los jueces, secretarios y médicos del juzgado, podrán ser ratificados por un periodo más; la conducta de estos se regirán por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

 

Artículo 31. Para ser juez calificador, se requiere:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener cuando menos veinticinco años de edad, el día de su designación.

 

  1. Contar con una residencia mínima de un año en la municipalidad.

 

III. Contar a juicio de los ayuntamientos con los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo. Se preferirá en igualdad de circunstancias a quienes acrediten estudios profesionales de licenciatura en derecho, y

 

  1. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito doloso.

 

Artículo 32. A los jueces calificadores corresponderá:

 

  1. Conocer de las faltas administrativas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno dentro de la circunscripción territorial que comprende el juzgado a su cargo;

 

  1. Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los probables infractores ante ellos presentados;

 

III. Aplicar las sanciones establecidas en los Bandos de Policía y Buen Gobierno;

 

  1. Ejercitar de oficio las funciones conciliatorias cuando de la falta o infracción cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil y, en su caso, obtener la reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido;

 

  1. Expedir constancias sobre hechos asentados en los documentos de registros del juzgado;

 

  1. Dirigir administrativamente las labores del juzgado calificador; por tanto, el personal que integra dicho juzgado, incluyendo a los agentes de la policía municipal adscritos al mismo, estará bajo sus órdenes, y

 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones aplicables.

 

Artículo 33. Será competente para conocer de las faltas administrativas, el juez calificador del lugar donde se haya cometido la falta; si esta se hubiere cometido en los límites territoriales de una circunscripción territorial y otra, será competente el juez que prevenga.

 

Artículo 34. El personal titular de los juzgados calificadores será relevado por el personal sustituto que determine el presidente municipal, a fin de que el primero disfrute de un día de descanso semanal y descanse los días festivos.

 

Artículo 35. En caso de ausencias temporales u ocasionales del juez calificador, el secretario ejercerá las funciones asignadas al primero.

 

Artículo 36. El juez calificador tomara las medidas necesarias para que la impartición de justicia administrativa sea expedita y solamente dejara pendientes de resolución aquellos que por causas ajenas al juzgado no pueda concluir, lo cual se hará constar en los documentos respectivos.

 

Artículo 37. Los casos serán atendidos según el orden en que se presenten en el juzgado, asignándoseles un número e integrándolos en los expedientes.

 

Artículo 38. Los jueces calificadores podrán solicitar a los servidores públicos los datos e informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer en los casos de su conocimiento, salvo las limitaciones establecidas en las leyes.

 

Artículo 39. El juez calificador, dentro del ámbito de su competencia, cuidara estrictamente que se respeten la dignidad humana y las garantías constitucionales y por tanto impedirá todo maltrato o abuso de palabras o de obra, cualquier tipo de incomunicación o coacción moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan al juzgado o impondrá el orden dentro de las oficinas del juzgado.

 

Artículo 40. Los jueces calificadores, a fin de hacer cumplir sus órdenes o determinaciones y para imponer el orden en los juzgados, podrán aplicar cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 10 del presente ordenamiento.

 

Artículo 41. Para ser secretario del juzgado calificador en su caso se requiere los requisitos expresados conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de este ordenamiento.

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 42 fracción I, el juez calificador podrá solicitar el auxilio del secretario municipal a efecto de instruir los expedientes de los asuntos que así lo amerite.

 

Artículo 42. Al secretario del juzgado calificador corresponderá:

 

  1. Autorizar con su firma las actuaciones en que intervenga el juez, en el ejercicio de sus funciones, y en caso de que este actué supliendo al juez, las actuaciones se autorizaran con la asistencia de dos testigos;

 

  1. Autorizar las copias certificadas de constancias que expida el juzgado;

 

III. Guardar y devolver, cuando así proceda, todos los objetos y valores que depositen los probables infractores, previo recibo que expida;

 

  1. Llevar el control de la documentación existente en los archivos y registros del juzgado calificador;

 

  1. Proporcionar a los agentes de la policía, los talonarios de boletas autorizadas y foliadas progresivamente para los efectos de citar a los probables infractores que sean sorprendidos en flagrancia, y se considere que no es necesaria su participación ante el juez calificador, y

 

  1. suplir las ausencias temporales u ocasionales del juez calificador.

 

Artículo 43. El médico del juzgado calificador en su caso, tendrá a su cargo emitir los dictámenes de su especialidad, prestar la atención médica de emergencia y, en general realizara las tareas que, acordes con su profesión, requiere el juez calificador.

 

Artículo 44. Para ser médico del juzgado calificador, se requiere:

 

  1. Ser médico general, con título registrado ante la autoridad correspondiente;

 

  1. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, y

 

III. Contar con dos años de experiencia el día de su designación.

 

Artículo 45. El ayuntamiento supervisara las funciones de los juzgados calificadores y dictara los lineamientos de carácter técnico y jurídico a que deban sujetar su actuación.

 

Artículo 46. Los juzgados calificadores deberán llevar un registro pormenorizado, archivo y estadísticas de las actuaciones que se realicen en los casos en que sean sometidos a su conocimiento, observando los lineamientos que para tal efecto señalen los reglamentos de policía.

 

Los jueces calificadores estarán obligados a rendir al ayuntamiento un informe de labores y le entregaran la estadística de las faltas administrativas ocurridas en sus respectivos municipios.

 

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS CALIFICADORES

 

Artículo 47. El procedimiento ante el juzgado calificador se iniciara con la recepción del informe que rinda la policía sobre los hechos constitutivos de la probable infracción con la presentación del detenido, o bien con la denuncia de la parte interesada.

 

Artículo 48. La detención se justificara cuando el probable infractor sea sorprendido en el momento de la ejecución de la falta o infracción, quien realice la detención deberá presentar inmediatamente al supuesto infractor ante el juzgado calificador.

 

Artículo 49. Cuando no se justifique la detención o no pueda ejecutarse, se hará la denuncia al juez calificador, quien, si la estima fundada, librara citatorio, en estos casos, el director de seguridad pública municipal cumplimentara de inmediato el citatorio de referencia.

 

Todo citatorio ante el juzgado calificador se deberá notificar, con veinticuatro horas de anticipación como mínimo a la hora fijada para tal efecto.

 

Artículo 50. Tan pronto como los detenidos o los requeridos por citatorio comparezcan ante la autoridad policiaca o ante el propio juzgado, se le hará saber la conducta antisocial que se le imputa así como el derecho que tienen para defenderse por sí mismo o por conducto de otra persona.

 

En todo caso se les otorgara facilidades para comunicarse con su familia, con su abogado o con la persona que le asista o lo auxilie.

 

Artículo 51. El procedimiento ante los juzgados calificadores será oral y público, levantando constancia por escrito de todo lo actuado. Solo por acuerdo expreso del juzgado, la audiencia se desarrollara en privado.

 

Artículo 52. El procedimiento en materia de faltas o infracciones al reglamento de policía, se sustanciara en una sola audiencia. Estarán presentes el juez calificador, el secretario, el probable infractor y su defensor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria.

 

Artículo 53. La audiencia se desarrollara de la siguiente forma:

 

  1. El secretario presentara ante el juez calificador al probable infractor, informando sucintamente sobre los cargos que se le formulan;

 

  1. El probable infractor alegara lo que a su derecho convenga por sí mismo o por medio de la persona que haya designado;

 

III. El juez calificador recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso;

 

  1. El juez calificador valorara las pruebas ofrecidas y dictara la resolución que corresponda, y

 

  1. El juez calificador le hará saber al infractor de las diferentes alternativas con que cuenta para el cumplimiento de la sanción impuesta.

 

Contra la resolución que dicte el juez calificador, procederá el recurso de revocación previsto en el titulo cuarto, capitulo i del presente ordenamiento.

 

CAPITULO III

DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

Artículo 54. El recurso de apelación, deberá interponerse ante el ayuntamiento correspondiente, en el término de tres días hábiles, siguientes a la fecha de ser notificada la resolución emitida por el juez calificador, y bajo las siguientes reglas o bases:

 

  1. El recurso de apelación, se admitirá o se desechara de plano cuando no se apegue estrictamente a los hechos controvertidos de la resolución emitida por el juez calificador;

 

  1. Este recurso se sustanciara con un solo escrito que interponga el recurrente, y deberá resolverse de la siguiente manera:

 

  1. a) En un término de diez días hábiles, cuando el recurrente no presente pruebas que ameriten desahogo, y

 

  1. b) Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la admisión de las pruebas o del desahogo de las mismas.

 

III. Si el ayuntamiento correspondiente no resolviere el recurso dentro del término señalado, se tendrá por revocada la resolución del juez calificador;

 

  1. La resolución que emita el ayuntamiento sobre el recurso, tendrá como efecto confirmar, modificar o revocar la resolución dictada por el juez calificador;

 

  1. Cuando se revoque o modifique una resolución, de inmediato se restituirá en sus derechos al recurrente;

 

  1. En caso de revocación se devolverá la multa que hubiere pagado;

 

VII. Si la resolución se modifica, la restitución se hará en forma proporcional a la parte modificada;

 

VIII. La resolución recaída en el recurso se notificara personalmente, y

 

  1. El fallo que dicte el ayuntamiento será definitivo y no se admitirá ninguna otra instancia.

 

TITULO TERCERO

DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son principios rectores de las Policías Municipales los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Guerrero, son principios de actuación de la Policía Municipal, los de efectividad, colaboración, objetividad y actuación científica.

 

Artículo 56. Las Policías Municipales constituyen el Órgano Administrativo Desconcentrado del Ayuntamiento, y sus objetivos serán los siguientes:

 

  1. Brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía y salvaguardar su vida, integridad, seguridad y el libre ejercicio de los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, como garantes de la seguridad ciudadana;

 

  1. Aplicar y operar la política pública en materia de seguridad para abatir y disminuir la incidencia de las conductas contrarias a la ley así como la atención de víctimas y ofendidos de las diversas infracciones a la ley, así como evitar los tratos inhumanos, degradantes y humillantes con la finalidad de evitar la revictimización;

 

III. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas; así como la investigación para hacerla efectiva;

 

  1. Coadyuvar en la investigación de la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en términos de las disposiciones aplicables, y

 

  1. Colaborar, como partícipe en los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica, con las diversas Instituciones de Seguridad Pública del ámbito federal y municipal para el cumplimiento de los objetivos anteriores.

 

Artículo 57. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

 

  1. Policía Municipal: Institución Policial Estatal denominada Policía Municipal;

 

  1. Integrante: Al personal de la Policía Municipal;

 

III. Ministerio Público: Ministerio Público del Estado de Guerrero;

 

  1. Dirección de Seguridad Pública: La Dirección de Seguridad Pública Municipal o su equivalente, y

 

  1. Director de Seguridad Pública Municipal: La persona Titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal o su equivalente.

 

Artículo 58. La Policía Municipal tiene su origen y destino en la ciudadanía, a la que protegerá, servirá y con quienes se articulará en acciones recíprocas.

 

En todo momento, Policía Municipal deberá observar los principios y objetivos establecidos en la presente Ley. Para el cumplimiento de sus objetivos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

  1. Usar legítimamente la fuerza a efecto de hacer cumplir las leyes, mantener la vigencia del Estado de Derecho y salvaguardar el orden y paz públicos;

 

  1. Observar los principios de necesidad, racionalidad, oportunidad y proporcionalidad, al momento de hacer uso de la fuerza; pudiendo emplear, sólo como medida extrema las armas letales;

 

III. Cuidar de la vida, la integridad, la seguridad, el patrimonio y los derechos de las personas, así como preservar las libertades y tranquilidad públicas;

 

  1. Accionar bajo el principio de suficiencia, al disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para efectuar un despliegue territorial oportuno, ante cualquier amenaza al orden y tranquilidad sociales en cualquier municipio del Estado en coordinación con las autoridades correspondientes. En este sentido, su estado de fuerza y capacidad de fuego se establecerá conforme a los parámetros internacionales;

 

  1. Custodiar los sitios públicos y en general todo el territorio del Estado, estableciendo zonas de vigilancia para la atención de los llamados de auxilio de la ciudadanía;

 

  1. Evitar y prevenir las infracciones administrativas por la comisión de hechos contrarios a la tranquilidad de las personas o que violen las disposiciones de policía y buen gobierno;

 

VII. Ejercer acciones de intervención, control, reacción, y custodia, frente a hechos reiterados contarios a la ley de alto impacto social o reincidencia;

 

VIII. Procurar el justo equilibrio entre el eficaz cumplimiento de los fines últimos de la seguridad pública y la eficiencia en el manejo de los recursos que se apliquen a la consecución de los mismos;

 

  1. Promover la colaboración con las autoridades federales y las municipales, estableciendo la vinculación y coordinación en el despliegue de estrategias e información en el ámbito territorial del Estado;

 

  1. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa a los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública;

 

  1. Favorecer en la formación de sus elementos policiales, el desarrollo de capacidades y actitudes colaborativas, de trabajo en equipo y de resolución de conflictos, desarrollando protocolos de intervención conjunta;

 

XII. Colaborar con los servicios de protección civil en casos de alto riesgo o desastres naturales;

 

XIII. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las disposiciones jurídicas aplicables;

 

XIV. Efectuar las acciones de investigación, así como las técnicas especiales de investigación para la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley;

 

  1. Solicitar a las autoridades correspondientes, informes y documentos que coadyuven en las acciones de investigación en materia de prevención en los términos de las leyes aplicables;

 

XVI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se encuentren bajo su custodia, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

XVII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

 

XVIII. Auxiliar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en las investigaciones de los delitos cometidos, así como brindar apoyo en las actuaciones que éste le solicite conforme a las normas aplicables;

 

XIX. Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

  1. Inscribir de inmediato la detención que realice en los registros correspondientes, así como remitir la información ante la instancia según corresponda al hecho;

 

XXI. Elaborar el Informe Policial Homologado, partes policiales y demás documentos con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;

 

XXII. Incorporar a las bases de datos de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos así como para su prevención;

 

XXIII. Coordinarse en los términos que señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información contenida en documentos, bases de datos o sistemas de información que sean útiles para el desempeño de sus funciones;

 

XXIV. Preservar el lugar de los hechos, la integridad de los indicios, huellas, vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito, debiendo dar aviso inmediato al Ministerio Público. Si éste lo instruye, llevar a cabo los procesos de fijación, señalamiento, levantamiento y embalaje, conforme al procedimiento previamente establecido, y hacer entrega de los mismos al Ministerio Público o la policía investigadora bajo su mando;

 

XXV. Verificar la información que se reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, dar aviso al Ministerio Público o la policía investigadora bajo su mando;

 

XXVI. Atender los mandatos de las autoridades judiciales, con motivo de sus funciones;

 

XXVII. Participar en la implementación y seguimiento de las medidas cautelares solicitadas por las autoridades judiciales competentes;

 

XXVIII. Proporcionar atención y auxilio inmediato a víctimas u ofendidos del delito, adoptando las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica y considerar los elementos de prueba que puedan aportar en el momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al Ministerio Público;

 

XXIX. Coadyuvar con las autoridades ambientales en la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en caso de alguna contingencia o peligro inminente que comprometa los recursos naturales dentro del territorio estatal, y

 

XXX. Las demás que le confieran esta y otras leyes.

 

Artículo 59. Por necesidades del servicio se entiende, el conjunto de circunstancias o condiciones por las cuales, para cumplir con un deber legal y satisfacer el interés público se justifica disponer, en cualquier momento, de los recursos humanos, materiales y financieros, con la finalidad de hacer frente de manera oportuna, contundente, eficaz y eficiente a los objetivos de las Policías Municipales.

 

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL

 

Artículo 60. El Mando Superior de la Institución corresponde al Presidente Municipal, de conformidad con el artículo 172, párrafo 3, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

El Mando Directo de la Institución corresponde al Director de la Policía Municipal quien nombrará a los Titulares de los Mandos Operativos y Administrativos de la Institución y en lo general formalizará los nombramientos de los cargos operativos emitidos por los titulares de las unidades superiores jerárquicas.

 

Artículo 61. Para el ejercicio de las atribuciones y funciones operativas y administrativas competencia de la Policía Municipal, ésta contará como mínimo con la siguiente organización:

 

I- Ayudantía General. Que comprenderá las áreas de Relaciones Institucionales; de Sistemas de Calidad y Mejora Continua, y de Oficialía de Partes y Archivo;

 

  1. Carrera Policial. De la que dependerán las Mesas de Profesionalización y de Carrera Policial;

 

III. Inteligencia Que comprenderá las áreas de Análisis Táctico, Operativo, de Actores y Fuerzas, y de Análisis Especial:

 

  1. Investigación. Que comprenderá las áreas de Investigación de Campo, de Salud Mental, de Policía Cibernética, de Vinculación y de Apoyo a Fiscalía;

 

  1. Contrainteligencia. Que comprenderá las áreas de Planeación y Organización de Operaciones, de Soporte a la Operación, de Comunicaciones;

 

  1. Logística y Abastecimientos. Que comprenderá las áreas de Infraestructura y Mantenimiento, Materiales y Servicios Financieros, de Servicios Generales;

 

VII. Unidades Operativas. Organizadas cada una de ellas en forma terciaria y jerarquizada de acuerdo a la siguiente disposición de subordinación sucesiva:

 

  1. a) Agrupamientos;
  2. b) Grupos;
  3. c) Compañías;
  4. d) Secciones;
  5. e) Pelotones, y
  6. f)

 

De conformidad con lo establecido en la Ley, podrán conformarse dentro de las Unidades Operativas, Grupos de Servicio y Grupos de Asignaciones Especiales. El Director podrá determinar, previo acuerdo con el Ayuntamiento, la asignación especial de grupos, compañías, secciones o pelotones de la organización operativa para la atención de problemas específicos en materia de seguridad o situaciones que requieren de intervención policial especializada.

 

VII. Inspección General y Asuntos Internos. Que comprenderá las áreas de Gestión y Enlace, de Inspección de Servicios Policiales, de Inspección de Bienes Institucionales, y de Responsabilidades, Quejas y Denuncias.

 

Los ayuntamientos de manera fundada y, acorde con su capacidad financiera, podrán ampliar o disminuir la estructura de la institución policial a que se refiere este artículo.

 

Artículo 62. Para ser Director de Seguridad Pública Municipal deberán cumplirse los requisitos siguientes:

 

  1. Ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

 

  1. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

 

III. Contar con título de estudios superiores debidamente registrado;

 

  1. Tener reconocida capacidad y probidad, no haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público, ni estar sujeto a proceso penal;

 

  1. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública;

 

  1. Acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública, y

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

 

Artículo 63. Son atribuciones y obligaciones del Director de Seguridad Pública Municipal las siguientes:

 

  1. Ejercer el mando directo y la disciplina en su carácter de superior jerárquico inmediato sobre el el personal adscrito a la corporación policial. El ejercicio de esta disciplina no se exceptúa del procedimiento que en materia disciplinaria ejerce la Inspección General y Asuntos Internos de la Institución.

 

  1. Proponer al ayuntamiento las políticas y planes en materia policial, en el ámbito de su competencia;

 

III. Diseñar, organizar y supervisar, con aprobación del ayuntamiento, el funcionamiento de la Policía Municipal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

  1. Diseñar, supervisar, evaluar e informar al ayuntamiento sobre la implementación del programa operativo anual de actividades relacionadas con la conservación del orden público, en el ámbito de su competencia;

 

  1. Proponer al ayuntamiento la creación de unidades administrativas que sean necesarias funcionalmente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y conforme a las disposiciones legales aplicables;

 

  1. Proponer al ayuntamiento la creación y modificación de grupos de asignaciones especiales en función de la incidencia delictiva, por zonas geográficas, por la complejidad de los delitos, así como por el impacto de estos en la comunidad;

 

VII. Supervisar el debido control, resguardo, uso y conservación del equipo, vehículos y armamento que están asignados a la Policía Municipal, apoyándose para tal efecto con los titulares de las Unidades de su adscripción;

 

VIII. Dirigir los programas y procedimientos necesarios que motiven la generación de inteligencia y estándares de medición que favorezcan la efectividad de la acción policial;

 

  1. Planear, ordenar y supervisar el diseño y ejecución de los operativos policiales y en su caso, coordinarse con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno para la implementación de los mismos;

 

  1. Solicitar al ayuntamiento la autorización para la ejecución de las técnicas especiales de investigación para la prevención del fenómeno delictivo y faltas administrativas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia del Estado de Guerrero y demás ordenamientos legales aplicables;

 

  1. Proponer al ayuntamiento la expedición de manuales, protocolos, directivas y demás instrumentos operativos para el funcionamiento de la Institución;

 

XII. Informar al ayuntamiento sobre el desempeño de las atribuciones de las Unidades a su cargo y de los resultados alcanzados;

 

XIII. Supervisar que las áreas de mando a su cargo implementen, en coordinación con las autoridades competentes, acciones de inspección, vigilancia, prevención y vialidad de caminos y carreteras estatales, así como de las áreas naturales protegidas, parques estatales, zonas lacustres y cuerpos de agua en el Estado;

 

XIV. Supervisar la operación en la intervención y reacción inmediata de los grupos de asignación especial que integran la Policía Municipal;

 

  1. Coordinarse con el C-5, a fin de cumplir con los objetivos y disposiciones emanados del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

XVI. Auxiliar en las tareas de coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y análogas en el extranjero, en el intercambio de información en materia de seguridad pública, de conformidad con la normatividad aplicable;

 

XVII. Coordinarse con las autoridades policiales municipales aledañas, para el diseño de estrategias de prevención y reacción de acuerdo a las necesidades de cada municipio, para que se tomen las medidas pertinentes;

 

XVIII. Supervisar que los Integrantes a su cargo, ante la comisión de un hecho delictivo realicen la protección del lugar de los hechos o del hallazgo, así como el resguardo y custodia de los indicios, y dar aviso inmediato al Ministerio Público;

 

XIX. Supervisar la elaboración del Informe Policial Homologado, partes policiales y demás documentos con los requisitos de fondo y forma que deban formular el personal bajo su mando;

 

  1. Supervisar que el personal ponga a disposición inmediata de la autoridad competente a las personas detenidas y llevar a cabo el registro correspondiente;

 

XXI. Aplicar las medidas disciplinarias al personal a su mando, remitiendo a la Inspección General y Asuntos Internos, el correctivo disciplinario para que este sea calificado de conformidad con lo establecido en esta Ley y reglamentos aplicables;

 

XXII. Asegurar que los integrantes de la Institución cumplan en tiempo y forma con los lineamientos y procesos establecidos por la Comisión de Carrera Policial;

 

XXIII. Proporcionar la información estadística de la operación de la carrera policial al ayuntamiento, con el fin de integrar un sistema de indicadores que permita medir su desempeño y evaluar los resultados de su gestión;

 

XXIV. Suscribir la documentación necesaria para el debido ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable;

 

XXV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y

 

XXVI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento e instrumentos normativos aplicables.

 

Artículo 64. El Titular de la Inspección General y Asuntos Internos será nombrado y removido libremente por el ayuntamiento, a propuesta del Director de Seguridad Pública Municipal. Dependerá directamente del Presidente Municipal en su carácter de Mando Superior de la Institución.

 

La Inspección General y Asuntos Internos es un órgano autónomo en sus funciones y se ubica en el primer nivel de la estructura orgánica tanto operativa como administrativa de la Institución.

 

La Inspección General y Asuntos Internos será el órgano responsable del ejercicio disciplinario de la Institución.

 

Artículo 65. La Inspección General y Asuntos Internos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

  1. Establecer y conducir la política en la materia de orden y disciplina de todas las áreas de la Policía Municipal;

 

  1. Establecer, instrumentar y aplicar las medidas de auditoría, control, inspección, evaluación y supervisión de las actividades de las unidades operativas y administrativas en cumplimiento de los planes anuales de inspección y verificación;

 

III. Ejercer el control, investigación y fiscalización de todas las unidades operativas y administrativas, en cumplimiento de los planes de inspecciones y verificaciones;

 

  1. Informar periódicamente al ayuntamiento, sobre los resultados de las inspecciones, auditorias, verificaciones e investigaciones efectuadas y establecer conjuntamente con éste el fortalecimiento y difusión de la disciplina como principio básico de la Institución;

 

  1. Conocer, ratificar o revocar, en su caso, las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y cambios de adscripción impuestas por los superiores jerárquicos, de las que conozca por inconformidad del personal de la Institución. Para ello, desahogará las investigaciones pertinentes y cuidará de las formalidades del debido proceso;

 

  1. Aplicar la normatividad disciplinaria y conocer de manera directa los asuntos que ameriten las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y cambios de adscripción en contra de los Integrantes de la Institución que no hayan sido sancionados por los superiores jerárquicos. Para ello, desahogará las investigaciones pertinentes, cuidará de las formalidades del debido proceso e indagará la omisión de los superiores jerárquicos;

 

VII. Turnar a la autoridad competente los asuntos que ameriten como sanción la suspensión temporal, inhabilitación, destitución del cargo y suspensión cautelar en contra de los integrantes de la Institución, respecto de los cuales, se presuma o se acredite que hayan incurrido en las conductas prohibidas establecidas en la Ley;

 

VIII. Registrar en el expediente del integrante, cualquier tipo de sanción impuesta por los superiores jerárquicos, por la Inspección General y Asuntos Internos o autoridad competente cuando sean dictadas en resolución firme. Además informará a las autoridades correspondientes para efectos del Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública;

 

  1. Desahogar las quejas o denuncias que formule el personal de la propia Institución contrarias a la normatividad disciplinaria y presentar las recomendaciones que estime pertinentes al Director de Seguridad Pública Municipal tendientes al fortalecimiento de la disciplina en la Institución;

 

  1. Investigar de oficio aquellas conductas atribuidas a Integrantes de la Institución contrarias a la Ley y demás disposiciones que sean referidas mediante queja ciudadana o por cualquier otro medio, incluidos los de comunicación masiva. Cuando la queja ciudadana se reciba de manera verbal, deberá, quién la conozca, documentarla en acta administrativa;

 

  1. Investigar de oficio, por denuncia o por requerimiento de autoridad competente la posible responsabilidad administrativa de los Integrantes de la Institución, y si resultare algún indicio de responsabilidad penal, serán remitidos al Ministerio Público y a la autoridad disciplinaria competente;

 

XII. Coordinarse con las autoridades competentes, a fin de que los Integrantes de la Institución cumplan en tiempo y forma con las disposiciones y requerimientos de la Comisión de la Carrera Policial;

 

XIII. Velar por el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las obligaciones policiales dentro y fuera de la Institución;

 

XIV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y

 

  1. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento e instrumentos normativos aplicables.

 

Artículo 66. La base de las operaciones e intervenciones policiales que despliega la Policía Municipal se realiza por conducto de las Unidades Operativas, las cuales se organizan en forma terciaria, jerarquizada y en subordinación sucesiva.

 

Las Unidades Operativas constituyen el estado de fuerza de la Institución y ejercen las atribuciones en materia policial, de conformidad con la normatividad aplicable.

 

Artículo 67. Las funciones de las Unidades Operativas son la prevención, reacción e investigación de los delitos y faltas administrativas en los términos que señalan las leyes y reglamentos.

 

Artículo 68. Para satisfacer de manera inmediata las necesidades de las Unidades Operativas, se constituirán Grupos de Servicio.

 

Los Grupos de Servicio apoyan a las Unidades Operativas en el cumplimiento de sus funciones y misiones que le sean encomendadas, a través de apoyo administrativo y logístico.

 

Artículo 69. La organización de la operación de la Policía Municipal, se clasificará en grandes y pequeños Grupos:

 

  1. Los pequeños Grupos son: Escuadra, Pelotón, Sección y Compañía, y

 

  1. Los grandes Grupos son: Grupo, Agrupamiento y Unidad; además, se componen por las unidades de servicios que se requieran.

 

Artículo 70. La organización operativa de la Policía Municipal es la siguiente:

 

  1. Unidad: compuesta por tres agrupamientos;

 

  1. Agrupamiento: son organismos de carácter circunstancial, atienden funciones específicas o de carácter contingente. Se integran eventualmente por dos o tres grupos;

 

III. Grupo: es el eje principal de la organización de las Unidades Operativas y se constituye como el punto axial en el despliegue del estado de fuerza de la Institución. Se integran por tres compañías;

 

  1. Compañía: es la unidad operativa que ejecuta, distribuye y controla los servicios y operaciones policiales con carácter general. Se integran por tres secciones;

 

  1. Sección: es la unidad operativa que permite materializar determinada función policial. Se integra por tres pelotones;

 

  1. Pelotón: es la unidad operativa que con carácter intermedio que (sic) ejecuta las operaciones policiales de forma específica. Se integra por tres escuadras, y

 

VII. Escuadra: es la unidad operativa de atención directa y primera en las operaciones policiales. Se integra por cuatro elementos y su mando.

 

CAPÍTULO III

DEL NOMBRAMIENTO Y EJERCICIO DEL MANDO

 

Artículo 71. Los grados o jerarquías, a los que pueden aspirar los integrantes, se clasifican conforme a lo establecido por la Ley, así como de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Los integrantes de la Institución podrán acceder al grado correspondiente dentro de la escala jerárquica, una vez que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión de Carrera Policial y el debido cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

 

Artículo 72. Se entenderá por mando a la autoridad ejercida por un superior jerárquico de la Institución en servicio activo, sobre sus inferiores o iguales en jerarquía, cuando éstos se encuentren subordinados a él en razón de su categoría, de su cargo o de su comisión.

 

Artículo 73. El mando podrá ser ejercido en las formas siguientes:

 

  1. El Mando Supremo de la Institución corresponde al Presidente Municipal de conformidad con la Ley. La policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

 

  1. El Mando Directo de la Institución corresponde al Director de Seguridad Pública Municipal.

 

Artículo 74. El Director de Seguridad Pública Municipal podrá determinar, previo acuerdo con el ayuntamiento, la asignación especial de grupos, compañías, secciones o pelotones de la organización operativa para la atención de problemas específicos en materia de seguridad o situaciones que requieren de intervención policial especializada.

 

CAPÍTULO IV

DE LA CARRERA POLICIAL Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

SECCIÓN I

DE LA CARRERA POLICIAL

 

Artículo 75. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

 

  1. Los ayuntamientos deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las Policías Municipales;

 

  1. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

 

III. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;

 

  1. Sólo ingresarán y permanecerán en las Policías Municipales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;

 

  1. La permanencia de los integrantes en las Policías Municipales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine los Reglamentos en materia de seguridad pública;

 

  1. Los méritos de los integrantes de las Policías Municipales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las Leyes respectivas;

 

VII. Para la promoción de los integrantes de las Policías Municipales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Policías Municipales;

 

  1. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;

 

  1. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, solo podrá ser autorizado por el Director de Seguridad Pública Municipal; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando sus grados policiales y derechos inherentes a la Carrera Policial;

 

  1. Los ayuntamientos establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial, y

 

XII. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las instituciones de la Policía Municipal. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección;

 

Artículo 76. La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Policías Municipales.

 

Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la Ley sobre los aspirantes aceptados.

 

Artículo 77. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a las Policías Municipales y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial, el período de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

 

Artículo 78. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Policías Municipales.

 

SECCIÓN II

DE LA CERTIFICACIÓN

 

Artículo 79. La certificación es el proceso mediante el cual los elementos de las Policías Municipales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

 

Las Instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

 

Artículo 80. La certificación tiene por objeto:

 

  1. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por los Consejos Nacional y Estatal, y

 

  1. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones policiales:

 

  1. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

 

  1. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

 

  1. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;

 

  1. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

 

  1. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

 

Artículo 81. Los ayuntamientos incorporarán única y exclusivamente al servicio de las Policías Municipales a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes:

 

  1. De Ingreso:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

 

  1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

 

III. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

 

  1. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

 

  1. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, se requerirá enseñanza superior o equivalente;

 

  1. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, se requerirá enseñanza media superior o equivalente;

 

  1. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, se requerirán los estudios correspondientes a la enseñanza media básica, y

 

  1. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

 

  1. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

 

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

 

  1. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

 

  1. De Permanencia:

 

  1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

 

  1. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

 

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

 

  1. Acreditar que está cursando satisfactoriamente los estudios correspondientes al grado de escolaridad siguiente al comprobado para el ingreso;

 

  1. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

 

  1. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

 

VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

 

VIII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;

 

  1. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

 

  1. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días consecutivos dentro de un término de treinta días, y

 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 

SECCIÓN III

DEL RÉGIMEN DE ESTÍMULOS

 

Artículo 82. Los ayuntamientos fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Policías Municipales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

 

Artículo 83. El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual los ayuntamientos otorgan el reconocimiento público a los integrantes de las Policías Municipales por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

 

Todo estímulo otorgado por los ayuntamientos será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

 

Artículo 84. La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las instituciones policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

 

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

 

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

 

Para ocupar un grado dentro de las instituciones policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

 

Artículo 85. Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Policías Municipales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

 

Artículo 86. La antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Policías Municipales, de la siguiente forma:

 

  1. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las instituciones de seguridad pública, y

 

  1. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

 

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

 

Artículo 87. Da lugar a la conclusión del servicio del elemento de la Policía Municipal la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

 

  1. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:

 

  1. Si hubiere sido convocado a dos procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

 

  1. Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y

 

  1. Que del expediente del elemento no se acrediten méritos suficientes a juicio de la Inspección General y Asuntos Internos.

 

  1. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o

 

III. Baja, por:

 

  1. a) Renuncia;

 

  1. b) Muerte o incapacidad permanente, o

 

  1. c) Jubilación o Retiro.

 

Al concluir el servicio el elemento de la Policía Municipal deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

 

Artículo 88. Los elementos de las Policías Municipales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

 

SECCIÓN IV

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES

 

Artículo 89. La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones policiales.

 

Los planes de estudio para la profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe el Consejo Estatal, a propuesta del Secretariado Ejecutivo.

 

Artículo 90. El personal encargado de formar, capacitar, evaluar y certificar a los elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares será considerado trabajador de confianza y le serán aplicadas las mismas reglas de ingreso y egreso previstas en esta Ley; los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

 

SECCIÓN IV

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

Artículo 91. La actuación de los integrantes de las Policías Municipales se regirá por los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Los ayuntamientos establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en la presente sección.

 

Artículo 92. La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las Leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

 

Artículo 93. La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Policías Municipales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las Leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

 

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

 

Artículo 94. Los ayuntamientos exigirán de los integrantes de las Policías Municipales el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

Artículo 95. El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

 

Los integrantes de las Policías Municipales, observarán las obligaciones previstas en esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

 

Artículo 96. La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

 

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Policías Municipales de conformidad con la legislación aplicable.

 

CAPÍTULO V

DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

 

Artículo 97. La investigación para la prevención de los delitos, en términos de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado, es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos con apego a los principios constitucionales señalados en esta Ley.

 

Las labores de investigación para la prevención, invariablemente, deberán ajustarse a lo establecido por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 98. La investigación preventiva se rige invariablemente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a las garantías individuales y derechos humanos.

 

Son principios que rigen la implementación de acciones de investigación preventiva, los siguientes:

 

  1. Principio de legalidad, según el cual la investigación preventiva se desarrollará en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones legales aplicables;

 

  1. Principio de necesidad, que ordena la práctica de la acción o intervención cuando exista la probabilidad de que, utilizando un sistema ordinario de investigación, no se logrará la obtención de la información buscada;

 

III. Principio de reserva, que dispone la obligatoriedad relativa a que las acciones o intervenciones de investigación preventiva sólo sean del conocimiento de los funcionarios autorizados;

 

  1. Principio de proporcionalidad, la acción o intervención autorizada y adoptada por la Institución debe guardar una estricta proporción con la finalidad que se persigue;

 

  1. Principio de la individualización de las acciones o intervenciones, el cual excluye la posibilidad de extender acciones o intervenciones de investigación preventiva a sujetos que no tengan relación con el hecho a investigar, y

 

  1. Principio de intervención mínima, las acciones o intervenciones de investigación preventiva deben tener el carácter de última ratio para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves.

 

El Director de Seguridad Pública Municipal es en todo caso el responsable de garantizar el cumplimiento de estos principios.

 

Artículo 99. De las técnicas especiales para la investigación preventiva

 

Las técnicas especiales para la investigación preventiva son acciones encaminadas al acceso, búsqueda, observación, obtención y generación de información para la integración de inteligencia policial que permiten prevenir la comisión de conductas contrarias a la ley y comprenden las siguientes:

 

  1. Desarrollo, mantenimiento y supervisión de fuentes de información. Es el aprovechamiento de datos proveniente de personas, entidades o vestigios materiales, que conjunta o separadamente permiten acceder, observar, obtener y generar información para la investigación preventiva, y

 

  1. Los métodos y procedimientos de las técnicas especiales de investigación serán desarrollados en los manuales y protocolos correspondientes.

 

Artículo 100. Si la técnica especial de investigación preventiva revela posibles hechos constitutivos de delito o requieran de control judicial, se turnará al Ministerio Público o a la autoridad investigadora que corresponda informando de ello al ayuntamiento.

 

Artículo 101. Las autoridades, así como lo integrantes que intervengan en las técnicas especiales, acordarán previamente a la realización de las acciones, la guarda de secreto y confidencialidad de la información que conozcan en o con motivo de su función, salvo que dicha información sea solicitada formalmente por autoridad competente.

 

Artículo 102. Todos los Integrantes que participen en la implementación de técnicas de investigación preventiva, están obligados a someterse a los exámenes de control de confianza al término de la misma.

 

CAPÍTULO VI

DEL USO DE LA FUERZA

 

Artículo 103. Los integrantes de la Policía Municipal, se regirán en lo concerniente al uso de la fuerza, a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Seguridad Pública para el Estado, la Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero, los protocolos de actuación policial y demás normatividad aplicable.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO. Los ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de Guerrero, en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor, armonizarán sus Reglamentos en Materia de Seguridad Público a lo previsto por ésta Ley.

 

CUARTO. Los títulos de cada Artículo de ésta Ley son de carácter indicativo por lo que no definen, interpretan o limitan el contenido de los artículos.

 

QUINTO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

 

AT E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

[1] Consultable en: http://wispindex.org/

[2] http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436

Iniciativa de Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública para Guerrero

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231; y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Dentro de la rama del Derecho Público que tiene por objeto regular la actividad de la administración pública, y que se encarga de satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad (denominado Derecho Administrativo), existe una función ejercida por medio de un poder conferido para su ejercicio principalmente a los policías, -aunque la autoridad que emite el acto es quien tiene formalmente el uso de la misma-, y se le denomina fuerza pública, la cual, se puede conceptualizar como la potestad del estado para exigir el cumplimiento de sus determinaciones fundadas en una ley aun en contra de la voluntad del gobernado, mismas que van encaminadas a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de manera unilateral.

 

Luego entonces, podemos señalar que el poder político, o sea el poder del Estado, es el único que tiene el monopolio de la coacción física legítima para hacerse obedecer. Lo cual significa que solamente él está en aptitud de acudir a la amenaza o al uso de la fuerza a fin de dar eficacia a sus disposiciones, siempre cuidando el debido respeto a las garantías del ciudadano y a los derechos humanos en los términos precisados y establecidos en el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Esta es una de las diferencias básicas entre el poder del Estado, como sociedad total, y el poder de las sociedades menores insertas en su territorio al amparo de sus leyes, la cuales dentro de una sana convivencia enmarcada por el estado de derecho deben respetar precisamente para el logro de la paz y el orden, los derechos de terceros y a las propias instituciones públicas que constituyen el engranaje de los servicios en beneficio de los gobernados como un logro social a través de la historia del Estado de Guerrero..

 

El instrumento final una vez agotados los protocolos que conminen a quienes cometen un abuso de su propio derecho y en contra de los derechos de terceros, y más importante para lograr este objetivo lo es precisamente el uso de la fuerza pública, a través de un cuerpo de policías capacitados en su actuar  integrada por  hombres armados, conocedores de los derechos ciudadanos,  a quienes la sociedad entrega la misión de respaldar los mandatos de la ley y las órdenes de la autoridad y salvaguardar con ello el orden público.

 

Sin embargo, la realidad que hemos vivido en México y en especial en Guerrero, dista mucho de la conceptualización original de la fuerza pública. Un ejemplo claro fueron las declaraciones de Christof Heyns, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

 

El relator de la ONU, ha señalado que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son insuficientes e ineficaces[1].

 

Por lo anterior, Heyns, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, urgió a las autoridades mexicanas aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses[2].

 

La lastimosa veracidad de lo manifestado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, tiene como punto de partida las llagas que han socavado el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones de seguridad pública.

 

Ayotzinapa. Tlatlaya. San Fernando, Nochixtlan, son lugares conocidos por las atrocidades que allí ocurrieron, y sus casos probablemente considerados como las heridas más emblemáticas del país. Sin embargo, hay muchas otras localidades en el país como Ojinaga, Allende, Apatzingán, por ejemplo, que no han quedado exentas del dolor.

 

Open Society Justice Initiative, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh) eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), presentaron este año el informe “ATROCIDADES INNEGABLES. CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO”, en el que se precisa que existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México.

 

El informe sugiere que el aumento de la violencia, si bien es cierto se ha debido a la perpetrada por el crimen organizado, la fallida estrategia de seguridad del Estado, en que se suele recurrir excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, ha contribuido en buena medida a la ola de violencia que se ha apoderado de las calles de nuestro país.

 

De lo hasta ahora expuesto podemos concluir que acorde con el ius todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo, sin embargo, el Estado mexicano, lo ha hecho mediante el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes.

 

Como consecuencia de esta política, las fuerzas policiacas han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar.

 

Hace más de dos años, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, el mundo fue testigo de que los excesos y abusos en el uso de la fuerza pública en Guerrero, no era la excepción, sino la regla en sí.

 

Los diputados ciudadanos creemos que recurrir a acciones criminales en la lucha contra el crimen no deja de ser una contradicción, una que carcome trágicamente el Estado de Derecho.

 

Por ello, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero, en la que se retoman los instrumentos internacionales aportados por las Naciones Unidas, a saber: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a diferencia de la Ley Bala, establece la obligación de los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad pública de cumplir en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

 

Se establece además que los cuerpos de seguridad, en el desempeño de sus tareas, respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.

 

Estableciendo además, con la fortaleza de que le da una Ley, los principios básicos para prevenir el abuso en el uso de la fuerza pública, recalcando en todo momento que los cuerpos de seguridad pública, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

 

En el nuevo texto normativo se hace hincapié en que los cuerpos de seguridad solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que razonablemente sea necesaria, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, recalcando en que no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites, reiterado además que las disposiciones contenidas en este nuevo ordenamiento, en ningún caso deberán interpretarse en el sentido de autorizar el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

 

La ley que se expone, precisa además que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Por lo tanto, no podrán emplearse armas de fuego como señal de advertencia; tampoco podrán usarse para controlar o dispersar manifestaciones, como lastimosamente ocurriera el pasado 12 de diciembre de 2011, en donde el uso desmedido de la fuerza, cobro la vida de dos estudiantes de la Escuela normal rural Raul Isidro Burgos  de Ayotzinapa al desalojar un bloqueo carretero a la altura del tramo  conocido como Parador del Marques sobre la autopista del sol.

 

Por otra parte, la legislación que se propone establece principios para el uso de la fuerza del estado que se extiende a las personas que se encuentran recluidas en los centros de reinserción social, señalando al efecto que ningún miembro de los cuerpos de seguridad podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

 

Se establece además que los cuerpos de seguridad deberán asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Se entiende que los cuerpos de seguridad proporcionarán también atención médica a las víctimas de un delito o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la Ley.

 

Asimismo se prevé que los cuerpos de seguridad no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.

 

Finalmente, se establece que el Estado, tendrán la obligación de responder de los daños causados por los miembros de los cuerpos de seguridad con motivo del uso ilícito de la fuerza, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente o por un organismo público de defensa de los derechos humanos, quien resulte víctima del uso indebido de la fuerza, tendrá derecho a que se le pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan el Reglamento y las leyes de la materia con base en los principios y estándares internacionales en materia de reparación del daño por violaciones a derechos humanos.

 

Imponiendo para tal efecto la obligación a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de Justicia del estado a que contraten un seguro de gastos médicos que cubra los daños ocasionados por los miembros de los cuerpos policiacos a las personas; o en su caso, a sus bienes, cuando las autoridades competentes o un organismo público de defensa de los derechos humanos determinen el uso ilícito de la fuerza. Dicho seguro contemplará necesariamente la cobertura de gastos médicos, psicológicos y de rehabilitación en que haya incurrido o pueda incurrir la víctima.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ PARA PREVENIR LOS ABUSOS EN EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO.

 

Capítulo I

De las disposiciones generales

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado Libre y Soberano de Guerrero; su finalidad es prevenir los abusos en el uso de la fuerza pública, estableciendo los principios generales que deberán observar los cuerpos de seguridad a que se refiere la Ley número 281 de Seguridad Pública para el Estado de Guerrero.

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

 

  1. Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de los cuerpos de seguridad, podrán ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones;

 

  1. Regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las autoridades y cuerpos de seguridad;

 

III. Consignar las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de los cuerpos de seguridad;

 

  1. Normar los esquemas de coordinación operativa para los cuerpos de seguridad y elementos policiales en el uso de la fuerza y del armamento oficial;

 

  1. Prever los mecanismos de la reparación del daño; y

 

  1. El establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de la Ley.

 

Artículo 3. Los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad pública cumplirán en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, a todos los miembros de los cuerpos de seguridad, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.

 

Asimismo, en el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.

 

Artículo 4. En el desempeño de sus tareas, los cuerpos de seguridad respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.

 

Se entiende por Derechos Humanos, los determinados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

 

  1. Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;
  2. Armas no letales o intermedias: Las que son utilizadas para controlar a un individuo, pero que solo disminuyen las funciones motoras de una persona sin ocasionar daños considerables o que pongan en peligro la vida de las personas.

 

III. Armas letales: Las que por su diseño y mecanismo ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte;

 

  1. Cuerpos de seguridad: A la policía estatal, policía auxiliar del Estado, policía ministerial, las policías de los municipios del Estado de Guerrero, así como los auxiliares de la seguridad pública, cuando actúen en apoyo de las instituciones policiales;

 

  1. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero;

 

  1. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero;

 

VII. Detención: La restricción de la libertad de una persona por alguno de los cuerpos de policía con el fin de ponerla a disposición de los cuerpos de seguridad competente;

 

VIII. Uso de la fuerza: A la actuación e intervención de los elementos policiales en que se utiliza la fuerza pública a partir de técnicas y tácticas de control para restablecer el orden público y enfrentar a los probables responsables de los delitos, a través del uso de comandos verbales, del control físico y el uso o no de armas, bajo los principios de absoluta necesidad, racionabilidad, oportunidad y proporcionalidad;

 

  1. Control: La contención que el elemento policial ejerce sobre los movimientos de una persona con el fin de detenerla;

 

  1. Absoluta necesidad: Empleo inevitable del uso de la fuerza y de armas para el restablecimiento de la seguridad, cuando otras estrategias de control y detención resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro de los resultados deseados;

 

  1. Elementos policiales: Servidores públicos que se desempeñan como personal los Cuerpos de Policía en quienes recaen las responsabilidades de ejecución de los procedimientos y operaciones policiales;

 

XII. Fuerza pública: Facultad del Estado que ejerce a través de las instituciones policiales para hacer prevalecer el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos;

 

XIII. Función policial: Función administrativa del Estado que tiene por objeto mantener el orden público, brindar seguridad y protección a las personas, en la prevención, investigación y persecución de los delitos.

 

XIV. Intervenciones policiales: Procedimientos y operaciones que se despliegan para proteger la seguridad de personas, agraviados y víctimas de delitos, bienes materiales, instituciones, espacios de dominio público y demás bienes culturales y sociales implicados en su ámbito de competencia, ante eventos y situaciones de riesgo por actividades delictivas o que generen afectación de los derechos humanos y garantías individuales;

 

  1. Procedimientos policiales: Conjunto de actividades de tipo administrativo, técnico y operativo, organizado de forma programada y ordenada, de conformidad con un sistema o método, para la consecución de una misión o propósito policial determinado;

 

XVI. Legalidad: La actuación de los cuerpos de seguridad deberá ser realizada en base a la legislación vigente y al respeto de los derechos humanos.

 

XVII. Oportunidad: El momento inmediato posterior, idóneo para contrarrestar, Controlar o repeler una acción de resistencia o agresión;

 

XVIII. Proporcionalidad: La fuerza que aplican los cuerpos de seguridad de una forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza o acto hostil que se enfrentan o intentan repeler, y

 

XIX. Racionalidad: El mecanismo mediante el cual los cuerpos de seguridad ejercen un pensamiento lógico, justificado y valorado que les permite hacer un juicio de valor para tomar la mejor decisión en su actuar, considerando entre otros elementos, la capacidad del individuo, la resistencia presentada, la magnitud, el riesgo y nivel de intensidad de la amenaza o del acto hostil que cometió. El empleo de la fuerza mortal deberá ser el último recurso y hasta que se agoten todos los medios de disuasión, persuasión y niveles de fuerza disponibles de empleo racionalmente idóneo.

 

Capítulo II

De los principios para prevenir el abuso en el uso de la fuerza pública

 

Artículo 6. El uso de la fuerza y armamento oficial de las instituciones policiales, se regirá por los principios siguientes:

 

  1. Legalidad: La actuación de los cuerpos de seguridad deberá ser realizada en base a la legislación vigente y al respeto de los derechos humanos;

 

  1. Oportunidad: El momento inmediato posterior, idóneo para contrarrestar, Controlar o repeler una acción de resistencia o agresión;

 

III. Proporcionalidad: La fuerza que aplica los cuerpos de seguridad de una forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza o acto hostil que se enfrentan o intentan repeler.

 

  1. Racionalidad: El mecanismo mediante el cual los cuerpos de seguridad ejercen un pensamiento lógico, justificado y valorado que le permite hacer un juicio de valor para tomar la mejor decisión en su actuar, considerando entre otros elementos, la capacidad del individuo, la resistencia presentada, la magnitud, el riesgo y nivel de intensidad de la amenaza o del acto hostil que cometió.

 

  1. Estricta Necesidad: El empleo de la fuerza mortal deberá ser el último recurso y hasta que se agoten todos los medios de disuasión, persuasión y niveles de fuerza disponibles de empleo racionalmente idóneo.

 

Artículo 7. Los cuerpos de seguridad pública, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

 

Artículo 8. Los cuerpos de seguridad podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que razonablemente sea necesaria, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

 

En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

 

Artículo 9. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. No podrán emplearse armas de fuego como señal de advertencia. Tampoco pueden usarse para controlar o dispersar manifestaciones.

 

En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas.

 

Artículo 10. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimientos los cuerpos de seguridad se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Toda revelación de tal información con otros fines será sancionada en los términos que establezca el Reglamento.

 

Artículo 11. Ningún miembro de los cuerpos de seguridad podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

La interpretación a este precepto deberá extenderse a la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.

 

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

 

Artículo 13. Los cuerpos de seguridad deberán asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.

 

La atención médica, que se refiere el párrafo anterior se extiende a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico y el personal paramédico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la Ley.

 

Se entiende que los cuerpos de seguridad proporcionarán también atención médica a las víctimas de un delito o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la Ley.

 

Artículo 14. Los cuerpos de seguridad no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.

 

Artículo 15. Cualquier acto de corrupción, lo mismo que en cualquier otro abuso de autoridad será sancionado en los términos que establezca el Reglamento.

 

Artículo 16. Para los efectos de esta Ley la definición de corrupción deberá entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto.

 

Debe entenderse que la expresión acto de corrupción, prevista en el párrafo anterior abarca la tentativa de corrupción.

 

Capítulo III

De las reglas generales para el uso de la fuerza

 

Artículo 17. La decisión de hacer uso de la fuerza y del armamento de las instituciones policiales, además de la observancia ineludible de los principios reguladores previstos en la Ley, deberá sujetarse a los parámetros de regulación siguiente:

 

  1. La inevitable necesidad de su uso;

 

  1. La gravedad de la falta o delito;

 

III. El interés superior de salvaguardar la seguridad pública;

 

  1. El respeto a los derechos de terceros;

 

  1. La protección y defensa legítima del o los integrantes; y

 

  1. El cumplimiento de un deber.

 

Artículo 18. El uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, se sujetará a estándares de aplicación modulados con base en los siguientes niveles de aplicación:

 

  1. Presencia de Autoridad: Consiste en el hecho de que el integrante haga acto de presencia frente a las personas informando del objetivo de su intervención o haciendo notar su investidura de autoridad;

 

  1. Utilización de Comandos de Voz: Se refiere al acto en el que el integrante ejerciendo su potestad de autoridad, libra instrucciones a la persona o personas para que desistan de su conducta y evite oponer resistencia a las órdenes dictadas, advirtiendo la posibilidad de hacer uso de acciones disuasivas, de control y aseguramiento.

 

La disuasión o persuasión verbal realizada por el policía en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación dolosa;

 

III. Técnicas de Control: Se refiere al empleo de procedimientos tácticos de coacción defensiva o proactiva, reducción física de movimientos y utilización de armas no letales; y

 

  1. Uso de armas letales: Consiste en el nivel extremo del uso de la fuerza y del armamento, orientado a defender la vida propia del integrante, de sus compañeros o de terceros, frente a una agresión violenta agravada del o los sujetos a controlar, que represente un escenario de violencia mortal.

 

Sección Primera

De las reglas para la detención

 

Artículo 19. Las detenciones en flagrancia deben realizarse de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones federales y locales aplicables.

 

Artículo 20. Los elementos policiales para realizar la detención de una persona, deberán observar en lo posible las siguientes reglas:

 

  1. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará;

 

  1. Comunicar de inmediato a la persona o personas las razones por las cuales serán detenidas;

 

III. Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a disposición y solicitar que la acompañen, y

 

  1. Poner a disposición de forma inmediata ante la autoridad competente, a la persona detenida.

 

Artículo 21. Cuando en la detención de una persona necesariamente se ejercite el uso de la fuerza, deberá atenderse lo siguiente:

 

  1. Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad física y emocional;

 

  1. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:

 

  1. a) Disuasión o persuasión verbal;

 

  1. b) Reducción física de movimientos;

 

  1. c) Utilización de armas intermedias o no letales; y

 

  1. d) Utilización de armas letales.

 

III. No exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.

 

Artículo 22. El elemento policial para lograr la detención de una persona, observará los siguientes criterios:

 

  1. Utilizará la reducción física de movimientos cuando la disuasión o persuasión verbal no haya causado los efectos necesarios para el ejercicio de sus funciones;

 

  1. Usará la técnica que produzca el menor daño posible a la persona y a terceros; e

 

III. Inmediatamente al control de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún peligro para sí misma, para sus compañeros o para terceros.

 

Artículo 23. Los policías utilizarán las esposas u otro dispositivo de restricción de movimiento, para impedir que la persona que se intenta controlar, se produzca un daño mayor a sí misma, a terceros y con ello poder trasladarla ante la autoridad correspondiente.

 

Artículo 24. En el uso de las esposas o su equivalente, el elemento policial deberá:

 

  1. Manipularlas exclusivamente para controlar a una persona, en caso de que se oponga o resista a la detención;

 

  1. Utilizarlas en su caso, para el aseguramiento de una persona;

 

III. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido asignadas;

 

  1. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el uso de dicho dispositivo;

 

  1. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;

 

  1. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona inmovilizada; y

 

  1. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario, retirándolas inmediatamente en la puesta a disposición ante la autoridad competente.

 

Artículo 25. En caso de que la persona que se intenta controlar oponga resistencia utilizando un arma, el elemento policial seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan:

 

  1. Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza para:

 

  1. a) Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona; y

 

  1. b) Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma.

 

  1. Controlar y detener a la persona;

 

III. Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona controlada, para evitar daños o lesiones a sí misma, a sus compañeros o a terceros; y

 

  1. Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente.

 

Sección segunda

De las reglas para la vigilancia de personas sujetas a custodia, detenidas o privadas de su libertad

 

Artículo 26. Las instituciones policiales que tengan a su cargo centros de control de detención, separos o cualquier otra instalación destinada a la prisión preventiva o imposición de penas privativas de libertad, deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza, en el desarrollo de las relaciones de trato con las personas bajo su custodia, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden y la seguridad o se ponga en riesgo la integridad de las personas.

 

Artículo 27. Los policías no podrán hacer uso de las armas de fuego salvo que se utilicen en legítima defensa o de terceros y se presente un peligro real, actual e inminente de perder la vida, provocación de lesiones graves, o bien, cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de la persona o personas detenidas o sujetas a custodia y que represente un peligro en términos del artículo anterior.

 

Capítulo IV

Del equipamiento y normas de utilización

 

Artículo 28. Las instituciones policiales estarán obligadas a proveer a sus integrantes de armamento y equipo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 29. La asignación del equipo y del armamento se proveerá de acuerdo al servicio y operaciones que realizarán en cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que sirvan para lograr los objetivos.

 

Artículo 30. Los cuerpos de seguridad dispondrán de las medidas necesarias para mantener el nivel de efectividad del equipo, dotado a través del mantenimiento especializado necesario.

 

Artículo 31. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, en los términos que fije el Reglamento, podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas:

 

  1. Armas no letales.

 

  1. a) Bastón policial en sus diferentes tipos;

 

  1. b) Dispositivos eléctricos de control;

 

  1. c) Armas o pistolas noqueadoras;

 

  1. d) Agentes químicos permitidos propios para la labor policial;

 

  1. e) Dispositivos de presión de agua; y

 

  1. f) Las demás que autorice la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

  1. Armas letales:

 

  1. a) Armas de fuego en sus distintos tipos;

 

Artículo 32. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, en los términos que fije el Reglamento, podrán tener a su cargo el equipo autoprotector siguiente:

 

  1. a) Escudos;

 

  1. b) Cascos;

 

  1. c) Coderas;

 

  1. d) Rodilleras;

 

  1. e) Chalecos antipuntas o antitrauma;

 

  1. f) Chalecos balísticos;

 

  1. g) Caretas protectoras;

 

  1. h) Mascarillas antigás;

 

  1. i) Vallas de contención; y

 

  1. j) Vehículos oficiales policiales con o sin blindaje.

 

Artículo 33. Los cuerpos de seguridad deberán contar con una base de datos actualizada que contenga el registro detallado de cada arma y equipo asignado a su cargo.

 

Artículo 34. Los integrantes de las instituciones policiales tendrán la obligación de establecer procedimientos para la asignación, resguardo, relevo, traslado, ubicación y destino final del equipamiento que les fue otorgado para el cumplimiento de sus funciones.

 

Capítulo V

De la capacitación, adiestramiento y especialización

 

Artículo 35. En el diseño de los programas de profesionalización, capacitación y actualización que lleven a cabo los cuerpos de seguridad, deberán incluirse aspectos y temas especializados sobre el uso de la fuerza y armamento a su cargo.

 

Artículo 36. Los cuerpos de seguridad establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso legítimo de la fuerza y el armamento a su cargo.

 

Artículo 37. Los miembros de los cuerpos de seguridad deberán ser capacitados en el uso adecuado de la fuerza y la utilización del armamento y equipo, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, y el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen.

 

Artículo 38. En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los cursos básicos, de actualización y de especialización, existirá un módulo destinado exclusivamente al uso legítimo de la fuerza de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones reglamentarias.

 

Artículo 39. Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que se apliquen los principios y reglas establecidos en la Ley y demás disposiciones reglamentarias.

 

Los cursos educativos, de formación, actualización y especialización deberán contener las técnicas y tácticas actualizadas, necesarias para que el ejercicio de la función policial en el uso de la fuerza cause el menor daño posible a las personas.

 

Artículo 40. Las instituciones policiales emitirán, conforme a las reglas que se determinen en el Reglamento, un manual teórico práctico de técnicas y tácticas para el uso legítimo de la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte de los policías.

 

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que los integrantes deberán cumplir para estar capacitados en el uso legítimo de la fuerza, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.

 

Artículo 41. El adiestramiento y la actualización, entre otras, comprenderán técnicas de solución alternativa de conflictos, tales como la negociación y la mediación, así como de comportamiento de multitudes manejo de multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza en sus niveles de utilización de armas no letales y de armas de fuego.

 

Capítulo VI

De las normas comunes para los integrantes de los cuerpos policiales

 

Artículo 42. Los integrantes de los cuerpos policiales, estarán sujetos a un régimen normativo común de derechos, obligaciones y prohibiciones, en materia de uso de la fuerza y el armamento oficial que se les asigne para el cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 43. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, contarán con las facultades siguientes:

 

  1. Ejercer su investidura de autoridad frente a las personas;

 

  1. Solicitar el apoyo de otras autoridades y de auxiliares de la seguridad pública;

 

III. Cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes;

 

  1. Emplear técnicas y tácticas de control para la disuasión, persuasión o control de personas que infrinjan la Ley;

 

  1. Utilizar el equipamiento asignado;

 

  1. Efectuar detenciones, arrestos y aseguramientos ya sea en flagrancia o mediante mandamiento escrito de autoridad competente;

 

VII. Poner a disposición de forma inmediata ante las autoridades competentes a las personas detenidas por la comisión de faltas o delitos;

 

VIII. Utilizar en medida de lo posible, medios no violentos antes de emplear el uso de la fuerza, y

 

  1. Las demás que contemplen en otras disposiciones legales.

 

Artículo 44. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, tendrán los derechos siguientes:

 

  1. Ser respetado como autoridad en el desempeño de sus funciones;

 

  1. A la protección de su vida e integridad física;

 

III. Al respeto de su dignidad como ser humano;

 

  1. Recibir de manera gratuita uniformes, equipo y armamento para el cumplimiento de sus responsabilidades;

 

  1. Recibir capacitación, adiestramiento y especialización en materia de uso de la fuerza y el armamento asignado;

 

  1. Recibir de su institución atención médica, apoyo psicológico, victimológico y jurídico, inmediatamente después de haberse involucrado en un hecho donde se haya ejercido la facultad del uso de la fuerza y el armamento;

 

VII. A que se le proporcionen los manuales, directivas, circulares, reglamentos y leyes necesarias que regulen sus funciones como integrante;

 

VIII. A defenderse ante una agresión, real, actual e inminente que ponga en riesgo su integridad, la de sus compañeros o de terceros;

 

  1. A defender la integridad, imagen y respeto de la institución que representa;

 

  1. Cuando resulte procedente, recibir apoyo económico para el pago de la caución para la obtención de su libertad;

 

  1. A ser asistido y defendido por abogado oficial o externo, cuando se vea involucrado en un procedimiento disciplinario, de responsabilidad administrativa, civil o penal;

 

XII. A la presunción de su inocencia, y

 

XIV. Los demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas.

 

Artículo 45. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, deberán cumplir estrictamente las obligaciones siguientes:

 

  1. Ejercer la facultad del uso de la fuerza con sujeción estricta a las disposiciones de la Ley;

 

  1. Prestar auxilio a las personas que hayan resultado lesionadas con motivo de una intervención policial, así como, a las víctimas de los eventos en que se haya empleado la fuerza;

 

III. Rendir informe pormenorizado de las intervenciones policiales en las que se haya ejercitado la facultad del uso de la fuerza;

 

  1. Participar en los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización y especialización en materia de uso de la fuerza y armamento oficial;

 

  1. Denunciar ante el superior jerárquico, las órdenes que reciban y que entrañen un abuso, una notoria inconstitucionalidad, ilegalidad o que pudiera constituir un delito;

 

  1. Denunciar cualquier acto u omisión que vulnere las disposiciones de la Ley;

 

VII. Velar por la vida e integridad física de la persona o personas que se someta a una detención;

 

VIII. Conservar en buen estado el armamento y equipo asignado para el cumplimiento de sus funciones;

 

  1. Respetar y defender la dignidad humana como principio básico de su actuación;

 

  1. Respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas;

 

  1. Limitar al mínimo necesario el empleo del uso de la fuerza, procurando causar el menor daño posible, y

 

XII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

 

Artículo 46. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, tendrán las prohibiciones siguientes:

 

  1. Apartarse de la observancia de las disposiciones de esta Ley;

 

  1. Hacer uso arbitrario, desproporcionado e innecesario de la facultad del uso de la fuerza;

 

III. Omitir observar los procedimientos modulados del uso de la fuerza;

 

  1. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes en agravio de las personas;

 

  1. Hacer uso de la fuerza y del armamento sujetándose a criterios discriminatorios;

 

  1. Efectuar detenciones sin sujetarse a los parámetros establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

VII. Falsear información en torno a la investigación de casos relacionados con el uso de la fuerza;

 

VIII. Abstenerse de rendir informe oficial inmediato cuando se haga uso de la facultad de uso de la fuerza y el armento asignado;

 

  1. Incurrir en imputación de hechos falsos para justificar el uso de la fuerza;

 

  1. Utilizar las armas de fuego en la realización de algún operativo que se esté efectuando en carretera o en cualquier otra vía de transporte y el sujeto obligado no detuviera su marcha por cualquier circunstancia;

 

  1. Utilizar de manera inadecuada o fuera de su servicio el equipo y el armamento asignado;

 

XII. Omitir u obstaculizar el goce de los derechos que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los imputados, víctimas u ofendidos; y

 

XIII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

 

Capítulo VII

De la coordinación operativa

 

Artículo 47. Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas con otros niveles de gobierno, o bien de la concurrencia de dos o más instituciones policiales, los mandos se sujetarán a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables, y previamente a los operativos de coordinación, se determinará:

 

  1. Las instituciones participantes;

 

  1. El servidor público que coordinará las acciones de cada una de las instituciones policiales que participan;

 

III. Los servidores públicos responsables de cada uno de los cuerpos de seguridad pública que participan;

 

  1. Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van a cumplir;

 

  1. Los antecedentes de los asuntos que se van a conocer; y

 

  1. El servidor público que coordinará la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente.

 

Podrán determinarse perímetros de acción en los que se generarán responsables por cada uno de ellos.

 

Artículo 48. La coordinación de las instituciones policiales con otras corporaciones se formalizará mediante convenios suscritos por las autoridades que tengan la representación legal de las mismas, o bien, en casos de urgencia o emergencia, mediante el establecimiento de los planes u órdenes de operaciones emergentes, que considerarán al menos lo previsto en el artículo anterior.

 

Podrán suscribirse convenios marco para incluir diversas líneas de colaboración en el momento en que se requiera, de tal forma que se logre la mayor agilidad en la determinación.

 

Artículo 49. Los convenios que se suscriban tendrán la naturaleza de un acuerdo de voluntades para colaborar en forma coordinada en diversos fines vinculados a la seguridad pública, según los requerimientos de la cooperación entre las corporaciones que concurran a la celebración de dicho instrumento.

 

Artículo 50. Las operaciones conjuntas no implicarán la afectación de los marcos reglamentarios en materia de seguridad pública, de las instituciones policiales que se coordinen.

 

Artículo 51. La realización de acciones coordinadas incluye la formulación de planes, programas y la definición de estrategias, tácticas y líneas de operación en el territorio del Estado, así como la jurisdicción de todas las instancias coordinadas, sin menoscabo de sus atribuciones y competencias.

 

La coordinación consistirá principalmente en aportar respaldo técnico, fortalecer las capacidades de fuerza de tarea e intercambiar información para la consecución de la misión a realizar.

 

Artículo 52. En el caso de la designación de un mando único, éste no limitará la autoridad operativa de los mandos de las instituciones policiales participantes, en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

Artículo 53. El mando único ejercerá un carácter de comandante superior de operaciones coordinadas, sin que pueda tener injerencia en la organización interior o en la propia dirección orgánica de las instituciones policiales participantes, de tal suerte que su función, será únicamente dirigir el plan estratégico.

 

Artículo 54. Las órdenes del mando único se transmitirán a través de los mandos de las instituciones policiales que concurran.

 

Capítulo VIII

De la elaboración de informes

 

Artículo 55. Los informes policiales correspondientes deberán contener, en su caso, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la fuerza, armas y municiones empleadas.

 

Artículo 56. Siempre que el policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberá realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. Una copia de éste se integrará al expediente del integrante.

 

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los integrantes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza y/o los instrumentos y armas de fuego a su cargo, y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.

 

Artículo 57. El reporte pormenorizado contendrá:

 

  1. Nombre, adscripción y datos de identificación del policía;

 

  1. Nivel de fuerza utilizado;

 

III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y

 

  1. En caso de haber utilizado armas letales:

 

  1. a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego;

 

  1. b) Identificar el número de disparos; y

 

  1. c) Especificar las bajas de personal civil u oficial, las personas lesionadas y los daños materiales causados.

 

Capítulo IX

De la investigación de hechos sobre el uso de la fuerza

 

Artículo 58. Los cuerpos de seguridad a través de los órganos de asuntos internos, establecerán procedimientos eficaces para la investigación de los hechos en los que se haya ejercido la facultad del uso de la fuerza y del armamento.

 

Artículo 59. Los procedimientos de investigación que realicen las unidades de asuntos internos estarán encaminados a determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad del integrante respecto de las disposiciones internas, así como de la inobservancia de la Ley, para que en su caso se proceda a su vinculación a procedimiento disciplinario.

 

Artículo 60. Los procedimientos de investigación podrán iniciarse de oficio, a petición de parte, por denuncia ciudadana o por reporte oficial de los mandos policiales o cualquier integrante.

 

Artículo 61. El resultado de las investigaciones que realicen las unidades de asuntos internos, deberá de hacerse del conocimiento público, a través del formato que en versión pública se prepare, el cual deberá difundirse en el portal oficial de la corporación policiaca. Lo anterior con sujeción estricta a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero.

 

Capítulo X

De la reparación del daño

 

Artículo 62. El Estado, tendrán la obligación de responder de los daños causados por los miembros de los cuerpos de seguridad con motivo del uso ilícito de la fuerza, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente o por un organismo público de defensa de los derechos humanos, quien resulte víctima del uso indebido de la fuerza, tendrá derecho a que se le pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan el Reglamento y las leyes de la materia con base en los principios y estándares internacionales en materia de reparación del daño por violaciones a derechos humanos.

 

Artículo 63. La Secretaría y la Fiscalía tienen la obligación de celebrar un contrato de seguro de gastos médicos que cubra los daños ocasionados por la o el policía a las personas o en su caso de seguro a los bienes cuando las autoridades competentes o un organismo público de defensa de los derechos humanos determinen el uso ilícito de la fuerza. Dicho seguro contemplará necesariamente la cobertura de gastos médicos, psicológicos y de rehabilitación en que haya incurrido o pueda incurrir la víctima.

 

Capítulo XI

De la inobservancia de la Ley

 

Artículo 64. Las violaciones cometidas a las disposiciones de esta Ley darán lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y penales en los términos de las disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 65. El uso excesivo, arbitrario e ilegal de la fuerza y las armas de fuego, constituirá una falta grave al régimen disciplinario de las instituciones policiales, consecuentemente podrá dar lugar a la remoción del cargo.

 

Capítulo XII

De los Derechos de los miembros de los cuerpos de seguridad

 

Artículo 66. Toda persona está obligada a respetar a los integrantes de las autoridades y cuerpos de seguridad, quienes también gozan de los derechos que tiene toda persona para la protección de su vida e integridad física, el respeto a su dignidad como ser humano y como autoridad.

 

Artículo 67. Los cuerpos de seguridad y elementos policiales tienen derecho al respeto por parte de sus superiores jerárquicos.

 

Asimismo, tendrán derecho a que se les proporcione atención médica, psicológica, y jurídica que, en su caso, requieran con motivo del uso lícito de la fuerza pública, derivado del cumplimiento de su deber, la cual deberá de ser otorgada por la institución de seguridad pública a la que pertenezcan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero deberá expedir el reglamento de esta Ley, en un plazo que no exceda de noventa días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia.

 

TERCERO. Los Ayuntamientos de la Entidad cuentan con un plazo de noventa días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia, para que emitan los manuales correspondientes a sus policías preventivas.

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

QUINTO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero]

[1] José Antonio Román. Persistente, el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad. Periódico La Jornada. Martes 21 de junio de 2016.

[2] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/06/21/onu-pide-mexico-crear-ley-de-uso-de-la-fuerza

Iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su instrumento denominado La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)[1] define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.

 

Al amparo de esta definición, podemos decir que se entiende por discapacidad la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[2], alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad, lo que los convierte en la mayor minoría del mundo. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de la población, los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento

 

Por ejemplo, la OMS, ha señalado que en los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años o el 11.5% de la vida de un individuo transcurre con incapacidades. Cabe decir además que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80 % de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo.

 

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales. El promedio es de 19%, en comparación con 11% entre los que tienen más educación.

 

En la mayoría de los países de la OCDE, se informa de que las mujeres tienen una incidencia más alta de discapacidades que los hombres. Esta misma organización reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad.

 

La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia que brinda el Estado.

 

Por otra parte, cabe subrayar que dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, comorbilidad, enfermedades relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos para la salud y muerte prematura.

 

Esta problemática se acentúa a raíz de los obstáculos físicos que les presuponen un acceso desigual a los edificios de servicios públicos (sobre todo hospitales y centros de salud), la mala señalización, las puertas estrechas, las escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas de estacionamiento inaccesibles, generando obstáculos para usar los establecimientos del estado para la prestación de servicios.

 

Sobre el particular cabe destacar que el Estado Mexicano, el 2 de mayo de 2008, se sumó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; asimismo, el 30 de mayo de 2011, tuvo a bien expedir la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual sufrió su última actualización el 17 de diciembre de 2015.

 

Por su parte, la legislatura del Estado Libre y Soberano de Guerrero ha emitido diversos ordenamientos para abordar este tema, siendo el primero de ellos la Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Guerrero, número 281; misma que fue abrogada por la Ley número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.

 

Pese a los esfuerzos del Congreso del Estado por establecer normas encaminadas a la protección de las personas con discapacidad, los problemas a los que se enfrentan no han sido erradicados; de todas las dificultades la discriminación es la más lacerante de todas.

 

Sobre el particular cabe señalar que los estudiosos del tema señalan que la discriminación es la distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

 

La discriminación que sufren las personas con discapacidad, acarrea consigo otros males que se traducen en pobreza y la falta de trabajo, acusando un mayor sufrimiento de las personas con discapacidad. En conjunto estas dos causas fueron señaladas por casi el 60.3% de las personas con discapacidad, 33.5% en el primer caso y 26.8% en el segundo[3]. Esta información, deja clara la necesidad de implementar acciones que favorezcan a este grupo vulnerable.

 

Es decir, no obstantes de los trabajos de la legislatura del Estado, las personas con discapacidad aún hoy en día se ven excluidas de la vida social y económica, por lo que suelen quedar al margen de las medidas destinadas combatir la pobreza.

 

Esta exclusión no sólo las afecta a ellas, sino también a sus familias y comunidades.

 

La discapacidad y la pobreza forman un círculo vicioso, ya que a menudo la pobreza lleva a la discapacidad, la cual atrapa luego a las personas en la pobreza, generando un bucle infinito de sufrimiento.

 

Las personas con discapacidad, sufren marginación y discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces de su familia lo que las orilla a tener además de un problema físico, una baja autoestima.

 

No obstante de ser un sector muy vulnerable, pocos son los programas de apoyo que se ofertan para este segmento de la población, por ello, los Diputados Ciudadanos consideramos apremiante coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de este sector de la población, mediante políticas públicas y creación de programas específicos para las personas con discapacidad así como facilitarles la inclusión de los ya establecidos.

 

Para la Bancada de los Ciudadanos es imperioso crear un nuevo instrumento normativo en el que se normen las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Estado de Guerrero.

 

Por lo que proponemos la creación de la nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, en la que se privilegia la participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

 

Todo ello con miras a lograr que en el Estado de Guerrero todas las personas con discapacidad cuenten con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna.

 

En resumen, los Diputados Ciudadanos buscamos que con esta nueva ley se favorezcan las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

 

LEY NÚMERO ___ PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

Disposiciones generales

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Guerrero y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Estado de Guerrero, por lo que corresponde a la Administración Pública del Estado de Guerrero velar en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley.

 

Artículo 2. En el Estado de Guerrero todas las personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. Además tendrán los derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás legislación aplicable.

 

Artículo 3. La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de la Administración Pública del Estado de Guerrero, todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos que les corresponden.

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

 

  1. Accesibilidad Universal. Combinación de elementos construidos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones;

 

  1. Administración Pública del Estado de Guerrero. El conjunto de Dependencias, Entidades y Órganos que integran la Administración Centralizada, Desconcentrada, Descentralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

III. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia humana o animal, que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales (auditiva y visual) o intelectuales de las personas con discapacidad;

 

  1. Barreras Físicas. Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso y disfrute de los servicios comunitarios;

 

  1. Barreras Sociales y Culturales. Las actitudes de rechazo, indiferencia o discriminación hacia las personas con discapacidad, debido a los prejuicios, por parte de los integrantes de la sociedad, que impiden su inclusión y participación en la comunidad, desconociendo sus derechos y libertades fundamentales;

 

  1. Condiciones Necesarias. Todas las medidas, acciones y programas encaminados o dirigidos a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales, del entorno social en el que desempeñan sus actividades las personas con discapacidad;

 

VII. Deporte Adaptado. Todas aquellas disciplinas deportivas que han sido adecuadas y reglamentadas para que puedan ser practicadas por las personas con algún tipo de discapacidad;

 

VIII. DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;

 

  1. Equiparación de Oportunidades para la Integración Social. Todos los procesos y acciones mediante las cuales se crean o se generan condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos y libertades fundamentales bajo un marco de igualdad con el resto de la población;

 

  1. Integración al Desarrollo. La participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

 

  1. Instituto. Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero;

 

XII. Logotipo Internacional de la Discapacidad. Figura estilizada de una persona en color blanco, en la que se señale el tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial, cuyo fondo será azul (pantone número 294);

 

XIII. Organizaciones de y para Personas con Discapacidad. Todas aquellas figuras asociativas, constituidas legalmente, para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, que buscan facilitar su participación en las decisiones relacionadas con la elaboración aplicación y evaluación de programas y políticas públicas, para el desarrollo e integración social de las personas con discapacidad;

 

XIV. Persona con Discapacidad. Todo ser humano que presenta, temporal o permanentemente, alguna deficiencia parcial o total en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria, y que puede ser agravada por el entorno económico o social;

 

  1. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que en una persona se produzcan afecciones parciales o totales, temporales o permanentes, en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales;

 

XVI. Rehabilitación. El proceso de duración limitada, de tipo médico, educativo y social, con la finalidad de permitir que una persona con discapacidad mantenga, mejore o adquiera, un nivel físico, mental, intelectual y sensorial óptimo, que permita restablecer o compensar la pérdida o la falta de una función debido a su discapacidad, proporcionándole una integración plena y efectiva a la sociedad;

 

XVII. Sensibilización. Es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general, para fomentar actitudes receptivas (o incluyentes) y percepciones positivas de las personas con discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades fundamentales;

 

XVIII. Trabajo Integral. Todo programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad, garantizando igualmente su permanencia, fomentando su desarrollo laboral en igualdad de condiciones que las demás personas trabajadoras, y

 

XIX. Trabajo protegido. Todo aquel programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad que no pueden ser incorporadas al trabajo común, por no alcanzar a cubrir los requerimientos de productividad y que se caracteriza por la subvención que hace el gobierno o los particulares a las “fuentes de trabajo.

 

Artículo 5. Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, las siguientes:

 

  1. Los programas de salud y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de vida;

 

  1. El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la propia normatividad del Estado de Guerrero;

 

III. El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, facilitando su contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en entidades públicas como privadas;

 

  1. Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones, y

 

  1. Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las actividades culturales, recreativas y deportivas.

 

Artículo 6. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero tiene las siguientes obligaciones:

 

  1. Integrar al Plan General de Desarrollo del Estado de Guerrero, en el cual se incluirá su propuesta respecto de las acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las personas con discapacidad;

 

  1. Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, así como supervisar su debido cumplimiento, y

 

III. Considerar en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, los fondos necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública del Estado de Guerrero programe y prevea realizar cada año en su beneficio.

 

Artículo 7. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero tiene las siguientes facultades:

 

  1. Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero, y que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales;

 

  1. Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

III. Nombrar a los titulares de los órganos especializados en materia de discapacidad;

 

  1. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento, en el Estado de Guerrero a los programas nacionales y locales en materia de personas con discapacidad;

 

  1. Definir las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, e

 

  1. Impulsar el desarrollo de cursos de sensibilización y capacitación a todos los trabajadores de la Administración Pública del Estado de Guerrero en el conocimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y el tratamiento de estas cuando soliciten algún servicio de los Organismos y/o Dependencias que la conforman.

 

Artículo 8. Todas las Autoridades de la Administración Pública del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a programar y ejecutar acciones específicas a favor de las personas con discapacidad, previendo en todo momento el costo de tales acciones, el cual deberá ser previsto e integrado en sus respectivos presupuestos de egresos de cada año.

 

Capítulo II

De los derechos fundamentales de las personas con discapacidad

 

Artículo 9. Los derechos de las personas con discapacidad son los que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Sin embargo y debido a la complejidad de la problemática de la discapacidad, para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos específicos de las personas con discapacidad los siguientes:

 

  1. El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de la leyenda “USO PREFERENTE”.

 

  1. El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.

 

III. El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.

 

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades competentes.

 

  1. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: Para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio público.

 

Artículo 10. Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los derechos específicos que se mencionan en las fracciones I, II y III del artículo que antecede, sin embargo, por ningún motivo podrán ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera exclusiva a las personas con discapacidad permanente.

 

Artículo 11. Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

 

La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones correspondientes a las personas responsables. Las denuncias de tales violaciones podrán realizarse directamente por el interesado o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación.

 

Artículo 12. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, así como los órganos de procuración de justicia, deberán elaborar, publicar y difundir manuales y material informativo en el que se dé a conocer a las personas con discapacidad sobre las autoridades a las cuales deben acudir en el caso de la violación de sus derechos fundamentales, así como de los procedimientos que se deben iniciar.

 

Artículo 13. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deberá atender de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas con discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, como probable responsable o imputado le correspondan, durante todo el procedimiento penal.

 

Las agencias del Ministerio Público que atiendan los delitos cometidos contra o por personas con discapacidad, deberá contar con las instalaciones adecuadas que garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así como con todo el personal y material especializado que permita la atención adecuada y el ejercicio de sus derechos que como ofendido, probable responsable o como imputado le correspondan.

 

Artículo 14. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y el DIF, deberán actualizar y capacitar a un cuerpo de defensores de oficio, para la debida atención y defensa de los derechos y libertades de las personas con discapacidad de escasos recursos, debiendo contar igualmente con el personal y material especializado, que garanticen una defensa adecuada, en igualdad de condiciones con las demás personas.

 

Artículo 15. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, deberá elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

 

Capítulo III

Derecho a la salud

 

Artículo 16. A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero las siguientes atribuciones:

 

  1. Elaborar programas de prevención, para su ejecución en los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de Guerrero;

 

  1. Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;

 

III. Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas;

 

  1. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus consultas o tratamientos;

 

  1. Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de Guerrero, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, revisión y consulta de las personas con discapacidad;

 

  1. Promover a través de convenios con universidades y centros de investigación, la investigación científica y tecnológica, dirigida a mejorar la atención de las personas con discapacidad;

 

VII. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica que garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, a los centros de salud, clínicas y hospitales y en general a todas las instalaciones de salud a su cargo o administración, y

 

VIII. Elaborar la clasificación oficial de las discapacidades permanentes y temporales, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, aprobada por la Organización Mundial de la Salud; estableciendo los niveles de cada discapacidad y determinando el nivel a partir del que será considerada como sujeta de los beneficios de los programas de gobierno.

 

Artículo 17. Corresponde a los directores o titulares de los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de Guerrero, lo siguiente:

 

  1. Supervisar y garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad;

 

  1. Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;

 

III. Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas, y

 

  1. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus consultas o tratamientos.

 

Artículo 18. Corresponde a la persona titular del DIF lo siguiente:

 

  1. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización sobre las diversas discapacidades;

 

  1. Crear y operar Unidades Básicas de Rehabilitación para personas con discapacidad de escasos recursos;

 

III. Crear y operar bancos de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos, y

 

  1. Celebrar convenios con instituciones privadas, sociales y organizaciones de y para personas con discapacidad, que tengan como finalidad impulsar la investigación, desarrollo y producción de ayudas técnicas a costos accesibles para personas con discapacidad.

 

Artículo 19. Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector Salud del Estado de Guerrero, garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad.

 

Capítulo IV

Derecho a la educación

 

Artículo 20. Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero:

 

  1. Garantizar el acceso a la educación regular a las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

  1. Proporcionar a las personas con discapacidad que así lo requieran educación especial, de acuerdo a sus necesidades específicas, tendiendo en todo momento a potenciar y desarrollar sus habilidades residuales y su capacidad cognoscitiva;

 

III. Crear y operar centros educativos en los que se instruya la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, a las personas que lo requieran;

 

  1. Integrar a los libros de texto gratuitos, información sobre las personas con discapacidad que permita sensibilizar e informar a los estudiantes, sobre dichas personas e infundirles valores positivos con relación a la importancia de su integración social en su comunidad;

 

  1. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con discapacidad en todos los planteles educativos del Estado de Guerrero;

 

  1. Propiciar en todo momento la integración de todos los estudiantes con discapacidad, a la educación regular;

 

VII. Supervisar y garantizar un trato adecuado a los estudiantes y docentes con discapacidad;

 

VIII. Programar y ejecutar permanentemente cursos de capacitación, actualización y sensibilización dirigidos al personal docente y administrativo de sus centros educativos;

 

  1. Proponer y ejecutar cursos de verano específicos para personas con discapacidad;

 

  1. Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones educativas, a fin de garantizar el libre acceso y tránsito de los estudiantes y docentes con discapacidad, y

 

  1. Garantizar la existencia del mobiliario y material didáctico que requieran los estudiantes y docentes con discapacidad.

 

Capítulo V

Derecho al trabajo y a la capacitación

 

Artículo 21. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero formulará el Programa de Empleo y Capacitación, que contendrá las siguientes acciones:

 

  1. Incorporar a personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en su caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad;

 

  1. Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de discapacidad;

 

III. Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la administración pública del Estado de Guerrero;

 

  1. Mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de y para personas con discapacidad, y

 

  1. Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean discriminatorias.

 

Artículo 22. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo.

 

Artículo 23. Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero lo siguiente:

 

  1. Promover a través del Programa de Empleo y Capacitación, la contratación de personas con discapacidad, en los diferentes sectores productivos y de servicios, creando para ello, programas para la capacitación y el adiestramiento laboral de personas con discapacidad, la creación de agencias laborales, ferias de empleo, y de centros de trabajo protegido;

 

  1. Crear un sistema de colocación laboral que permita ofertar empleo al mayor número de personas con discapacidad, promoviendo su permanecía y desarrollo en el mismo;

 

III. Difundir entre las empresas, industrias y giros comerciales, los estímulos fiscales y demás beneficios que se deriven de la contratación de personas con discapacidad;

 

  1. Diseñar y operar programas de trabajo protegido para personas con discapacidad intelectual, y personas con discapacidad motriz severa, y

 

  1. Creará un registro de las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad, a efecto de que sean objeto de visitas de inspección para verificar la existencia fehaciente de la relación laboral. En este caso, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Estado de Guerrero dará vista a la autoridad correspondiente a fin de que, en su caso, se inicien los procesos administrativos y legales correspondientes por el incumplimiento de esta disposición, con base en la presente Ley y demás normas aplicables.

 

Artículo 24. Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública del Estado de Guerrero, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.

 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero propondrá a las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento.

 

Artículo 25. Tanto los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad deberán de:

 

  1. Acondicionar físicamente los lugares de trabajo a fin de garantizar el libre tránsito y seguridad de los trabajadores con discapacidad;

 

  1. Adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas que requieran los trabajadores con discapacidad para la realización de sus actividades;

 

III. Ofrecer periódicamente, programas de capacitación a personas con discapacidad, y

 

  1. Ofrecer programas de sensibilización a las personas trabajadoras, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como del respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

 

Por ningún motivo se podrá pagar menos sueldo a un trabajador con discapacidad que el destinado a una persona sin discapacidad, por la realización del mismo trabajo.

 

 

Capítulo VI

De la accesibilidad

 

Artículo 26. Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público.

 

Dichas normas deberán contener las medidas, las texturas, los materiales, las características y toda aquella información que permita realizar eficientemente las adecuaciones o modificaciones que establezca dicho Manual.

 

El Manual igualmente contendrá las Normas Técnicas de Accesibilidad que deberán aplicarse tanto a la remodelación de viviendas como a las de nueva construcción.

 

Artículo 27. Todos los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad.

 

Los programas deberán contar y prever las medidas de seguridad y libre tránsito en los espacios con acceso al público.

 

Artículo 28. Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo a su presupuesto de egresos correspondiente.

 

Artículo 29. Todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso al público deberá contar con las medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas las personas con discapacidad.

 

Artículo 30. Las autoridades competentes deberán proponer el establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, temporal o permanente, gocen de las siguientes facilidades:

 

  1. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local, y

 

  1. Ser atendidos con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún servicio público, de tal manera que tengan acceso rápido a los mismos, particularmente en los establecimientos mercantiles.

 

Lo previsto por este artículo será con el objeto de que permanezcan el menor tiempo posible en una situación o circunstancia que contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de salud.

 

Artículo 31. Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso al público, será sujeto de estímulos fiscales o reconocimientos por la autoridad competente.

 

Artículo 32. Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para personas con discapacidad.

 

La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado desde la suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de la obra. En el caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las medidas mencionadas en el presente artículo.

 

Artículo 33. Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía, tendrán derecho al libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio al público o establecimientos con servicios comerciales.

 

Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, acceso y permanencia, que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad.

 

Capítulo VII

Del transporte público

 

Artículo 34. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero realizar lo siguiente:

 

  1. Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público;

 

  1. Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad;

 

III. Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y equipo con el que deben contar las unidades de transporte público;

 

  1. Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las medidas necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el acceso a las personas con discapacidad;

 

  1. Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o reconocimientos que se puedan otorgar a los propietarios de las unidades de transporte público, que cumplan con las disposiciones del programa sobre accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico;

 

  1. Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las adecuaciones de accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, para ofrecer el servicio a las personas con discapacidad;

 

VII. Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en la red de transporte público, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto, y

 

VIII. Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría.

 

Artículo 35. Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público en el Estado de Guerrero, están obligadas a:

 

  1. Adquirir sus nuevas unidades con las condiciones necesarias y características de accesibilidad que les permita brindar el servicio a las personas con discapacidad;

 

  1. Hacer accesibles las unidades de transporte fabricadas con anterioridad a la emisión de la presente Ley, y

 

III. Diseñar y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a todos los operadores de sus unidades, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

 

Capítulo VIII

Participación en la vida cultural, actividades recreativas y el deporte

 

Artículo 36. La Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, el Instituto del Deporte del Estado de Guerrero y los Ayuntamientos de los municipios que integran el Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán llevar a cabo lo siguiente:

 

  1. Elaborar y ejecutar un programa de accesibilidad que garantice el libre acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad en los lugares donde se impartan o realicen actividades, turísticas, culturales, deportivas o recreativas, y

 

  1. Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, bajo las cuales se realicen las actividades turísticas, culturales, deportivas o recreativas, las cuales deberán ser accesibles para las personas con discapacidad.

 

Artículo 37. Conforme a la Ley número 697 de Cultura Física y Deporte para el Estado y los Municipios de Guerrero, corresponde a las Administraciones Públicas Estatal y Municipales llevar a cabo lo siguiente:

 

  1. Destinar horarios adecuados en las instalaciones deportivas a su cargo, para que puedan hacer uso de ellas los deportistas con discapacidad que lo soliciten;

 

  1. Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte adaptado;

 

III. Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en las instalaciones;

 

  1. Prever y adquirir el equipo deportivo que se requiere para la práctica del deporte adaptado, y

 

  1. Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de las instalaciones deportivas, las necesidades de equipamiento y accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad.

 

Por ningún motivo se cobrará el acceso o el uso de las instalaciones deportivas a las personas con discapacidad.

 

Capítulo IX

De la participación en la vida política y pública

 

Artículo 38. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, deberá realizar las acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política del Estado de Guerrero, principalmente deberá garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votados.

 

Artículo 39. Los Partidos Políticos con registro en el Estado de Guerrero deberán garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular.

 

Artículo 40. Los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán promover en todo momento la participación activa de las personas con discapacidad o sus representantes en los órganos o mecanismos de consulta, sobre todo en aquellos en los que se tomen decisiones relativas a las personas con discapacidad.

 

Capítulo X

Del apoyo económico a personas con discapacidad

 

Artículo 41. Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en el Estado de Guerrero, tienen derecho a recibir un apoyo económico diario equivalente a medio Salario Mínimo General Vigente.

 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por el DIF.

 

El DIF determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico a los derechohabientes.

 

El derecho no estará condicionado a la carencia de recursos económicos por parte de los posibles derechohabientes.

 

Artículo 42. EL DIF está obligado a elaborar y mantener actualizado el padrón de derechohabientes, mismo que deberá publicar a más tardar el 31 de enero de cada año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, así como remitirlo antes del 30 de noviembre de cada año al Congreso del Estado de Guerrero.

 

Artículo 43. Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los siguientes:

 

  1. Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución pública de salud del Estado de Guerrero, avalado y ratificado por el DIF.

 

  1. Contar con la calidad de guerrerense o vecino del Estado de Guerrero en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Se dará prioridad a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del máximo de los recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar la adecuada asignación del apoyo.

 

III. Tener menos de sesenta y ocho años de edad.

 

El trámite para la obtención del derecho lo podrá efectuar la persona con discapacidad permanente por sí o por interpósita persona que lo represente.

 

Artículo 44. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, la asignación que garantice la universalización del derecho de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en el Estado de Guerrero a recibir apoyo económico, sin perjuicio de otras asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad.

 

Artículo 45. El Congreso del Estado de Guerrero deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en el Estado de Guerrero a recibir apoyo económico.

 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en el Estado de Guerrero; tal asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior.

 

Artículo 46. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

 

Los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del derecho, ni podrán emplearlo para hacer cualquier tipo de proselitismo.

 

Capítulo XI

Del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero

 

Artículo 47. Se crea el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con los Ayuntamientos Municipales, a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad.

 

El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Guerrero con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes correspondientes.

 

En la contratación del personal que labore en el Instituto, se deberá privilegiar la profesionalización, especialización y capacitación permanente de sus servidores públicos, en materia de derechos humanos, combate a la discriminación, promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

 

En la tarea de integración al desarrollo de las personas con discapacidad, el Instituto deberá promover el empleo de las nuevas tecnologías disponibles, a fin de cumplir con su objeto.

 

Artículo 48. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, tendrá las atribuciones siguientes:

 

  1. Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero;

 

  1. Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas en materia de discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

III. Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública del Estado de Guerrero los programas específicos que en materia de discapacidad deban elaborar y ejecutar cada año;

 

  1. Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública del Estado de Guerrero las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor desempeño en sus funciones específicas;

 

  1. Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban realizar en el Estado de Guerrero;

 

  1. Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las personas con discapacidad se desarrollen en el Estado de Guerrero;

 

VII. Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

VIII. Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma integral a la legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y beneficio de las personas con discapacidad;

 

Las propuestas legislativas que elabore el Instituto deberán en todo momento procurar la armonización con los ordenamientos internacionales;

 

  1. Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero;

 

  1. Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada año;

 

  1. Promover y difundir en la sociedad una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad, resaltando sus valores y habilidades residuales;

 

XII. Luchar contra los estereotipos y prejuicios respecto de las personas con discapacidad;

 

XIII. Realizar campañas periódicas de difusión y respeto por los derechos de las personas con discapacidad;

 

XIV. Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en los niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos;

 

  1. Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en la difusión de los diferentes programas y acciones a favor de las personas con discapacidad; y

 

XVI. Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil a fin de canalizar sus propuestas y sugerencias a los diferentes órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero.

 

Artículo 49. El Instituto estará integrado por:

 

  1. La Junta Directiva;

 

  1. El Director General;

 

III. La Dirección de Investigaciones Jurídicas y Asuntos Legislativos;

 

  1. La Dirección del Registro de Personas con Discapacidad;

 

  1. La Dirección de Programas Prioritarios;

 

  1. La Dirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales, y

 

VII. Las demás áreas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, las cuales estarán contempladas en el Reglamento Interior del Instituto.

 

Artículo 50. La Junta Directiva estará conformada por:

 

  1. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social quien fungirá como presidente de la junta;

 

  1. El titular de la Secretaría General de Gobierno;

 

III. El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;

 

  1. El titular de la Secretaría de Salud;

 

  1. El titular de la Secretaría de Educación Guerrero;

 

  1. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

 

VII. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

 

VIII. El titular de la Secretaría de Protección Civil;

 

  1. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, y

 

  1. El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta.

 

Artículo 51. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

 

  1. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, así como sus modificaciones y actualizaciones;

 

  1. Aprobar los programas específicos del Instituto;

 

III. Aprobar el presupuesto de egresos del Instituto; y

 

  1. Aprobar el informe anual del Instituto.

 

Artículo 52. El Director General del Instituto será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y durará en su cargo 4 años, pudiendo ser ratificado para un periodo adicional.

 

Artículo 53. Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto, los siguientes:

 

  1. Ser mexicano por nacimiento;

 

  1. Tener por lo menos 30 años de edad al momento de asumir el cargo;

 

III. Tener algún tipo de discapacidad permanente, con una antelación no menor a 5 años;

 

  1. Tener título profesional; y

 

  1. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de la discapacidad.

 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, deberá verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional.

 

Artículo 54. El Director General tendrá las siguientes facultades:

 

  1. Representar al Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como ante los Organismos Internacionales especializados en la atención de las personas con discapacidad;

 

  1. Elaborar el presupuesto de egresos del Instituto y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación;

 

III. Administrar los bienes, recursos y el presupuesto del Instituto, debiendo rendir cuentas a la Junta Directiva;

 

  1. Nombrar y remover libremente a los funcionarios del Instituto que mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, del artículo 49 de la presente Ley, así como al Director a que se refiere la fracción III quien deberá contar por lo menos, con título profesional de Licenciado en Derecho y una experiencia mínima de 5 años en su profesión; y

 

  1. Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.

 

Artículo 55. Son obligaciones del Director General del Instituto, las siguientes:

 

  1. Velar en todo momento por el fiel y leal desempeño de las funciones del Instituto con pleno apego a la presente Ley y demás ordenamientos aplicables;

 

  1. Rendir el informe de actividades de cada año, el cual será presentado ante la Junta Directiva para su aprobación;

 

III. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva; y

 

  1. Velar en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley, así como de los demás ordenamientos aplicables.

 

Artículo 56. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que estará conformado por miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, especialistas, académicos, empresarios y personas de notable trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

 

El Consejo será un órgano de consulta y asesoría para diseñar políticas públicas y establecer acciones específicas que el Instituto pueda concertar con las autoridades competentes.

 

Artículo 57. Las normas relativas a la integración, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo, estarán previstas en el Reglamento de la presente Ley.

 

Capítulo XII

De la vigilancia

 

Artículo 58. Todos los órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el debido cumplimiento de la presente ley y en su caso, proceder a aplicar las sanciones que procedan a los responsables del incumplimiento o violación del citado ordenamiento.

 

Artículo 59. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, velará en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley y en casos de violación u omisión dará vista a la autoridad competente a fin de que se avoque a la investigación y en su caso a la sanción de dichas violaciones.

 

Artículo 60. Todo individuo que sea testigo o conozca de la comisión de acciones contrarias a esta Ley tiene el deber de denunciarlo a las autoridades competentes, quienes tendrán la obligación de investigar inmediatamente las denuncias y en su caso proceder a sancionar a los infractores.

 

Capítulo XIII

De las infracciones, sanciones y recurso de inconformidad

 

Artículo 61. El incumplimiento de la presente ley será sancionado conforme a los criterios siguientes:

 

  1. Los Ayuntamientos que gobiernan los municipios en que se divide el Estado de Guerrero, sancionarán a quienes contravengan lo establecido por el artículo 9, fracciones I, II y III de la presente Ley, con 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;

 

  1. En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor público. La Secretaría de Educación Guerrero sancionará a las escuelas privadas que contravengan al artículo 20 con una multa de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y en caso de reincidencia la clausura;

 

III. Los Ayuntamientos que gobiernan los municipios en que se divide el Estado de Guerrero sancionaran a quienes violen lo establecido por el artículo 29 de la presente Ley, con 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;

 

  1. Los Ayuntamientos que gobiernan los municipios en que se divide el Estado de Guerrero o la autoridad administrativa correspondiente, sancionará a los infractores al párrafo segundo del artículo 32 de la presente Ley con la clausura de la obra o, en caso de obra terminada, no se le permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las normas respectivas;

 

  1. La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, sancionará a los infractores del artículo 35 de la presente Ley, con multa de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. En caso de reincidencia serán retiradas inmediatamente las concesiones y no se permitirá el uso de las unidades de transporte, y

 

VII. Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sujetos al procedimiento administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su culpabilidad o responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

 

Artículo 62. Contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de inconformidad con base en lo dispuesto por la Ley de la materia.

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero y se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley, a partir del inicio de la vigencia de ésta.

 

TERCERO. Los requisitos señalados en las fracciones I, II y III del artículo 43 de esta Ley, serán exigibles a las nuevas solicitudes de apoyo económico, dejando a salvo los derechos de las personas que ya han obtenido dicho beneficio por algún programa social del Gobierno del Estado de Guerrero. En todo caso estos beneficiarios serán incorporados al nuevo padrón de beneficiarios del apoyo económico.

 

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Capítulo XI de la presente Ley, para nombrar al Director General del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

 

QUINTO. El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, conjuntamente con el Congreso del Estado de Guerrero, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención a Grupos Vulnerables, determinarán la fecha de la entrada en vigor de los artículos 41 y correlativos, así como del Capítulo Décimo Primero de la Ley, mismo que dependerá del mejoramiento de las finanzas públicas del Estado de Guerrero.

 

SEXTO. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero deberá dar cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

 

SÉPTIMO. La Secretaría General de Gobierno deberá dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, en materia de tránsito y vialidad en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

 

OCTAVO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero publicará el Reglamento de la presente Ley a más tardar 60 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

NOVENO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

 

 

 

 

 

AT E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO]

[1] Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. 2001. El objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud.

[2] Consultable en: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html

[3] Consejo Nacional para Prevenir la Descremación. Encuesta Nacional sobre Descremación en México. Enadis 2010. Resultados sobre personas con discapacidad.

Iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su instrumento denominado La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)[1] define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.

 

Al amparo de esta definición, podemos decir que se entiende por discapacidad la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)[2], alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad, lo que los convierte en la mayor minoría del mundo. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de la población, los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento

 

Por ejemplo, la OMS, ha señalado que en los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años o el 11.5% de la vida de un individuo transcurre con incapacidades. Cabe decir además que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80 % de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo.

 

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales. El promedio es de 19%, en comparación con 11% entre los que tienen más educación.

 

En la mayoría de los países de la OCDE, se informa de que las mujeres tienen una incidencia más alta de discapacidades que los hombres. Esta misma organización reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad.

 

La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia que brinda el Estado.

 

Por otra parte, cabe subrayar que dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, comorbilidad, enfermedades relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos para la salud y muerte prematura.

 

Esta problemática se acentúa a raíz de los obstáculos físicos que les presuponen un acceso desigual a los edificios de servicios públicos (sobre todo hospitales y centros de salud), la mala señalización, las puertas estrechas, las escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas de estacionamiento inaccesibles, generando obstáculos para usar los establecimientos del estado para la prestación de servicios.

 

Sobre el particular cabe destacar que el Estado Mexicano, el 2 de mayo de 2008, se sumó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; asimismo, el 30 de mayo de 2011, tuvo a bien expedir la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual sufrió su última actualización el 17 de diciembre de 2015.

 

Por su parte, la legislatura del Estado Libre y Soberano de Guerrero ha emitido diversos ordenamientos para abordar este tema, siendo el primero de ellos la Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Guerrero, número 281; misma que fue abrogada por la Ley número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.

 

Pese a los esfuerzos del Congreso del Estado por establecer normas encaminadas a la protección de las personas con discapacidad, los problemas a los que se enfrentan no han sido erradicados; de todas las dificultades la discriminación es la más lacerante de todas.

 

Sobre el particular cabe señalar que los estudiosos del tema señalan que la discriminación es la distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

 

La discriminación que sufren las personas con discapacidad, acarrea consigo otros males que se traducen en pobreza y la falta de trabajo, acusando un mayor sufrimiento de las personas con discapacidad. En conjunto estas dos causas fueron señaladas por casi el 60.3% de las personas con discapacidad, 33.5% en el primer caso y 26.8% en el segundo[3]. Esta información, deja clara la necesidad de implementar acciones que favorezcan a este grupo vulnerable.

 

Es decir, no obstantes de los trabajos de la legislatura del Estado, las personas con discapacidad aún hoy en día se ven excluidas de la vida social y económica, por lo que suelen quedar al margen de las medidas destinadas combatir la pobreza.

 

Esta exclusión no sólo las afecta a ellas, sino también a sus familias y comunidades.

 

La discapacidad y la pobreza forman un círculo vicioso, ya que a menudo la pobreza lleva a la discapacidad, la cual atrapa luego a las personas en la pobreza, generando un bucle infinito de sufrimiento.

 

Las personas con discapacidad, sufren marginación y discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces de su familia lo que las orilla a tener además de un problema físico, una baja autoestima.

 

No obstante de ser un sector muy vulnerable, pocos son los programas de apoyo que se ofertan para este segmento de la población, por ello, los Diputados Ciudadanos consideramos apremiante coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de este sector de la población, mediante políticas públicas y creación de programas específicos para las personas con discapacidad así como facilitarles la inclusión de los ya establecidos.

 

Para la Bancada de los Ciudadanos es imperioso crear un nuevo instrumento normativo en el que se normen las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Estado de Guerrero.

 

Por lo que proponemos la creación de la nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, en la que se privilegia la participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

 

Todo ello con miras a lograr que en el Estado de Guerrero todas las personas con discapacidad cuenten con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna.

 

En resumen, los Diputados Ciudadanos buscamos que con esta nueva ley se favorezcan las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

 

LEY NÚMERO ___ PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

Disposiciones generales

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Guerrero y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Estado de Guerrero, por lo que corresponde a la Administración Pública del Estado de Guerrero velar en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley.

 

Artículo 2. En el Estado de Guerrero todas las personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. Además tendrán los derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás legislación aplicable.

 

Artículo 3. La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de la Administración Pública del Estado de Guerrero, todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos que les corresponden.

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

 

  1. Accesibilidad Universal. Combinación de elementos construidos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones;

 

  1. Administración Pública del Estado de Guerrero. El conjunto de Dependencias, Entidades y Órganos que integran la Administración Centralizada, Desconcentrada, Descentralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

III. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia humana o animal, que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales (auditiva y visual) o intelectuales de las personas con discapacidad;

 

  1. Barreras Físicas. Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso y disfrute de los servicios comunitarios;

 

  1. Barreras Sociales y Culturales. Las actitudes de rechazo, indiferencia o discriminación hacia las personas con discapacidad, debido a los prejuicios, por parte de los integrantes de la sociedad, que impiden su inclusión y participación en la comunidad, desconociendo sus derechos y libertades fundamentales;

 

  1. Condiciones Necesarias. Todas las medidas, acciones y programas encaminados o dirigidos a eliminar las barreras físicas, sociales y culturales, del entorno social en el que desempeñan sus actividades las personas con discapacidad;

 

VII. Deporte Adaptado. Todas aquellas disciplinas deportivas que han sido adecuadas y reglamentadas para que puedan ser practicadas por las personas con algún tipo de discapacidad;

 

VIII. DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;

 

  1. Equiparación de Oportunidades para la Integración Social. Todos los procesos y acciones mediante las cuales se crean o se generan condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos y libertades fundamentales bajo un marco de igualdad con el resto de la población;

 

  1. Integración al Desarrollo. La participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

 

  1. Instituto. Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero;

 

XII. Logotipo Internacional de la Discapacidad. Figura estilizada de una persona en color blanco, en la que se señale el tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial, cuyo fondo será azul (pantone número 294);

 

XIII. Organizaciones de y para Personas con Discapacidad. Todas aquellas figuras asociativas, constituidas legalmente, para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, que buscan facilitar su participación en las decisiones relacionadas con la elaboración aplicación y evaluación de programas y políticas públicas, para el desarrollo e integración social de las personas con discapacidad;

 

XIV. Persona con Discapacidad. Todo ser humano que presenta, temporal o permanentemente, alguna deficiencia parcial o total en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limitan la capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria, y que puede ser agravada por el entorno económico o social;

 

  1. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que en una persona se produzcan afecciones parciales o totales, temporales o permanentes, en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales;

 

XVI. Rehabilitación. El proceso de duración limitada, de tipo médico, educativo y social, con la finalidad de permitir que una persona con discapacidad mantenga, mejore o adquiera, un nivel físico, mental, intelectual y sensorial óptimo, que permita restablecer o compensar la pérdida o la falta de una función debido a su discapacidad, proporcionándole una integración plena y efectiva a la sociedad;

 

XVII. Sensibilización. Es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general, para fomentar actitudes receptivas (o incluyentes) y percepciones positivas de las personas con discapacidad y del respeto a sus derechos y libertades fundamentales;

 

XVIII. Trabajo Integral. Todo programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad, garantizando igualmente su permanencia, fomentando su desarrollo laboral en igualdad de condiciones que las demás personas trabajadoras, y

 

XIX. Trabajo protegido. Todo aquel programa o proyecto encaminado a dar empleo a las personas con discapacidad que no pueden ser incorporadas al trabajo común, por no alcanzar a cubrir los requerimientos de productividad y que se caracteriza por la subvención que hace el gobierno o los particulares a las “fuentes de trabajo.

 

Artículo 5. Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, las siguientes:

 

  1. Los programas de salud y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de vida;

 

  1. El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la propia normatividad del Estado de Guerrero;

 

III. El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, facilitando su contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en entidades públicas como privadas;

 

  1. Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones, y

 

  1. Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las actividades culturales, recreativas y deportivas.

 

Artículo 6. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero tiene las siguientes obligaciones:

 

  1. Integrar al Plan General de Desarrollo del Estado de Guerrero, en el cual se incluirá su propuesta respecto de las acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las personas con discapacidad;

 

  1. Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, así como supervisar su debido cumplimiento, y

 

III. Considerar en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, los fondos necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública del Estado de Guerrero programe y prevea realizar cada año en su beneficio.

 

Artículo 7. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero tiene las siguientes facultades:

 

  1. Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero, y que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales;

 

  1. Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

III. Nombrar a los titulares de los órganos especializados en materia de discapacidad;

 

  1. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento, en el Estado de Guerrero a los programas nacionales y locales en materia de personas con discapacidad;

 

  1. Definir las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, e

 

  1. Impulsar el desarrollo de cursos de sensibilización y capacitación a todos los trabajadores de la Administración Pública del Estado de Guerrero en el conocimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y el tratamiento de estas cuando soliciten algún servicio de los Organismos y/o Dependencias que la conforman.

 

Artículo 8. Todas las Autoridades de la Administración Pública del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a programar y ejecutar acciones específicas a favor de las personas con discapacidad, previendo en todo momento el costo de tales acciones, el cual deberá ser previsto e integrado en sus respectivos presupuestos de egresos de cada año.

 

Capítulo II

De los derechos fundamentales de las personas con discapacidad

 

Artículo 9. Los derechos de las personas con discapacidad son los que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Sin embargo y debido a la complejidad de la problemática de la discapacidad, para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos específicos de las personas con discapacidad los siguientes:

 

  1. El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de la leyenda “USO PREFERENTE”.

 

  1. El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.

 

III. El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.

 

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades competentes.

 

  1. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: Para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio público.

 

Artículo 10. Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los derechos específicos que se mencionan en las fracciones I, II y III del artículo que antecede, sin embargo, por ningún motivo podrán ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera exclusiva a las personas con discapacidad permanente.

 

Artículo 11. Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

 

La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones correspondientes a las personas responsables. Las denuncias de tales violaciones podrán realizarse directamente por el interesado o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación.

 

Artículo 12. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, así como los órganos de procuración de justicia, deberán elaborar, publicar y difundir manuales y material informativo en el que se dé a conocer a las personas con discapacidad sobre las autoridades a las cuales deben acudir en el caso de la violación de sus derechos fundamentales, así como de los procedimientos que se deben iniciar.

 

Artículo 13. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deberá atender de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas con discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, como probable responsable o imputado le correspondan, durante todo el procedimiento penal.

 

Las agencias del Ministerio Público que atiendan los delitos cometidos contra o por personas con discapacidad, deberá contar con las instalaciones adecuadas que garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así como con todo el personal y material especializado que permita la atención adecuada y el ejercicio de sus derechos que como ofendido, probable responsable o como imputado le correspondan.

 

Artículo 14. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y el DIF, deberán actualizar y capacitar a un cuerpo de defensores de oficio, para la debida atención y defensa de los derechos y libertades de las personas con discapacidad de escasos recursos, debiendo contar igualmente con el personal y material especializado, que garanticen una defensa adecuada, en igualdad de condiciones con las demás personas.

 

Artículo 15. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, deberá elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

 

Capítulo III

Derecho a la salud

 

Artículo 16. A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero las siguientes atribuciones:

 

  1. Elaborar programas de prevención, para su ejecución en los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de Guerrero;

 

  1. Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;

 

III. Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas;

 

  1. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus consultas o tratamientos;

 

  1. Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de Guerrero, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, revisión y consulta de las personas con discapacidad;

 

  1. Promover a través de convenios con universidades y centros de investigación, la investigación científica y tecnológica, dirigida a mejorar la atención de las personas con discapacidad;

 

VII. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica que garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, a los centros de salud, clínicas y hospitales y en general a todas las instalaciones de salud a su cargo o administración, y

 

VIII. Elaborar la clasificación oficial de las discapacidades permanentes y temporales, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, aprobada por la Organización Mundial de la Salud; estableciendo los niveles de cada discapacidad y determinando el nivel a partir del que será considerada como sujeta de los beneficios de los programas de gobierno.

 

Artículo 17. Corresponde a los directores o titulares de los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del Estado de Guerrero, lo siguiente:

 

  1. Supervisar y garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad;

 

  1. Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad;

 

III. Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que utilicen silla de ruedas, y

 

  1. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo “traductor intérprete”, que auxilie a las personas en sus consultas o tratamientos.

 

Artículo 18. Corresponde a la persona titular del DIF lo siguiente:

 

  1. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización sobre las diversas discapacidades;

 

  1. Crear y operar Unidades Básicas de Rehabilitación para personas con discapacidad de escasos recursos;

 

III. Crear y operar bancos de prótesis, órtesis y ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos, y

 

  1. Celebrar convenios con instituciones privadas, sociales y organizaciones de y para personas con discapacidad, que tengan como finalidad impulsar la investigación, desarrollo y producción de ayudas técnicas a costos accesibles para personas con discapacidad.

 

Artículo 19. Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector Salud del Estado de Guerrero, garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad.

 

Capítulo IV

Derecho a la educación

 

Artículo 20. Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero:

 

  1. Garantizar el acceso a la educación regular a las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

  1. Proporcionar a las personas con discapacidad que así lo requieran educación especial, de acuerdo a sus necesidades específicas, tendiendo en todo momento a potenciar y desarrollar sus habilidades residuales y su capacidad cognoscitiva;

 

III. Crear y operar centros educativos en los que se instruya la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, a las personas que lo requieran;

 

  1. Integrar a los libros de texto gratuitos, información sobre las personas con discapacidad que permita sensibilizar e informar a los estudiantes, sobre dichas personas e infundirles valores positivos con relación a la importancia de su integración social en su comunidad;

 

  1. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con discapacidad en todos los planteles educativos del Estado de Guerrero;

 

  1. Propiciar en todo momento la integración de todos los estudiantes con discapacidad, a la educación regular;

 

VII. Supervisar y garantizar un trato adecuado a los estudiantes y docentes con discapacidad;

 

VIII. Programar y ejecutar permanentemente cursos de capacitación, actualización y sensibilización dirigidos al personal docente y administrativo de sus centros educativos;

 

  1. Proponer y ejecutar cursos de verano específicos para personas con discapacidad;

 

  1. Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones educativas, a fin de garantizar el libre acceso y tránsito de los estudiantes y docentes con discapacidad, y

 

  1. Garantizar la existencia del mobiliario y material didáctico que requieran los estudiantes y docentes con discapacidad.

 

Capítulo V

Derecho al trabajo y a la capacitación

 

Artículo 21. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero formulará el Programa de Empleo y Capacitación, que contendrá las siguientes acciones:

 

  1. Incorporar a personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en su caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad;

 

  1. Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de discapacidad;

 

III. Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la administración pública del Estado de Guerrero;

 

  1. Mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de y para personas con discapacidad, y

 

  1. Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean discriminatorias.

 

Artículo 22. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo.

 

Artículo 23. Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero lo siguiente:

 

  1. Promover a través del Programa de Empleo y Capacitación, la contratación de personas con discapacidad, en los diferentes sectores productivos y de servicios, creando para ello, programas para la capacitación y el adiestramiento laboral de personas con discapacidad, la creación de agencias laborales, ferias de empleo, y de centros de trabajo protegido;

 

  1. Crear un sistema de colocación laboral que permita ofertar empleo al mayor número de personas con discapacidad, promoviendo su permanecía y desarrollo en el mismo;

 

III. Difundir entre las empresas, industrias y giros comerciales, los estímulos fiscales y demás beneficios que se deriven de la contratación de personas con discapacidad;

 

  1. Diseñar y operar programas de trabajo protegido para personas con discapacidad intelectual, y personas con discapacidad motriz severa, y

 

  1. Creará un registro de las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad, a efecto de que sean objeto de visitas de inspección para verificar la existencia fehaciente de la relación laboral. En este caso, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Estado de Guerrero dará vista a la autoridad correspondiente a fin de que, en su caso, se inicien los procesos administrativos y legales correspondientes por el incumplimiento de esta disposición, con base en la presente Ley y demás normas aplicables.

 

Artículo 24. Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública del Estado de Guerrero, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.

 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero propondrá a las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento.

 

Artículo 25. Tanto los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad deberán de:

 

  1. Acondicionar físicamente los lugares de trabajo a fin de garantizar el libre tránsito y seguridad de los trabajadores con discapacidad;

 

  1. Adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas que requieran los trabajadores con discapacidad para la realización de sus actividades;

 

III. Ofrecer periódicamente, programas de capacitación a personas con discapacidad, y

 

  1. Ofrecer programas de sensibilización a las personas trabajadoras, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como del respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

 

Por ningún motivo se podrá pagar menos sueldo a un trabajador con discapacidad que el destinado a una persona sin discapacidad, por la realización del mismo trabajo.

 

 

Capítulo VI

De la accesibilidad

 

Artículo 26. Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público.

 

Dichas normas deberán contener las medidas, las texturas, los materiales, las características y toda aquella información que permita realizar eficientemente las adecuaciones o modificaciones que establezca dicho Manual.

 

El Manual igualmente contendrá las Normas Técnicas de Accesibilidad que deberán aplicarse tanto a la remodelación de viviendas como a las de nueva construcción.

 

Artículo 27. Todos los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad.

 

Los programas deberán contar y prever las medidas de seguridad y libre tránsito en los espacios con acceso al público.

 

Artículo 28. Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo a su presupuesto de egresos correspondiente.

 

Artículo 29. Todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso al público deberá contar con las medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas las personas con discapacidad.

 

Artículo 30. Las autoridades competentes deberán proponer el establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, temporal o permanente, gocen de las siguientes facilidades:

 

  1. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local, y

 

  1. Ser atendidos con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún servicio público, de tal manera que tengan acceso rápido a los mismos, particularmente en los establecimientos mercantiles.

 

Lo previsto por este artículo será con el objeto de que permanezcan el menor tiempo posible en una situación o circunstancia que contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de salud.

 

Artículo 31. Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso al público, será sujeto de estímulos fiscales o reconocimientos por la autoridad competente.

 

Artículo 32. Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para personas con discapacidad.

 

La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado desde la suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de la obra. En el caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las medidas mencionadas en el presente artículo.

 

Artículo 33. Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía, tendrán derecho al libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio al público o establecimientos con servicios comerciales.

 

Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, acceso y permanencia, que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad.

 

Capítulo VII

Del transporte público

 

Artículo 34. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero realizar lo siguiente:

 

  1. Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público;

 

  1. Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad;

 

III. Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y equipo con el que deben contar las unidades de transporte público;

 

  1. Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las medidas necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el acceso a las personas con discapacidad;

 

  1. Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o reconocimientos que se puedan otorgar a los propietarios de las unidades de transporte público, que cumplan con las disposiciones del programa sobre accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico;

 

  1. Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las adecuaciones de accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, para ofrecer el servicio a las personas con discapacidad;

 

VII. Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en la red de transporte público, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto, y

 

VIII. Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría.

 

Artículo 35. Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público en el Estado de Guerrero, están obligadas a:

 

  1. Adquirir sus nuevas unidades con las condiciones necesarias y características de accesibilidad que les permita brindar el servicio a las personas con discapacidad;

 

  1. Hacer accesibles las unidades de transporte fabricadas con anterioridad a la emisión de la presente Ley, y

 

III. Diseñar y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a todos los operadores de sus unidades, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto.

 

Capítulo VIII

Participación en la vida cultural, actividades recreativas y el deporte

 

Artículo 36. La Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, el Instituto del Deporte del Estado de Guerrero y los Ayuntamientos de los municipios que integran el Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán llevar a cabo lo siguiente:

 

  1. Elaborar y ejecutar un programa de accesibilidad que garantice el libre acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad en los lugares donde se impartan o realicen actividades, turísticas, culturales, deportivas o recreativas, y

 

  1. Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal, bajo las cuales se realicen las actividades turísticas, culturales, deportivas o recreativas, las cuales deberán ser accesibles para las personas con discapacidad.

 

Artículo 37. Conforme a la Ley número 697 de Cultura Física y Deporte para el Estado y los Municipios de Guerrero, corresponde a las Administraciones Públicas Estatal y Municipales llevar a cabo lo siguiente:

 

  1. Destinar horarios adecuados en las instalaciones deportivas a su cargo, para que puedan hacer uso de ellas los deportistas con discapacidad que lo soliciten;

 

  1. Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte adaptado;

 

III. Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en las instalaciones;

 

  1. Prever y adquirir el equipo deportivo que se requiere para la práctica del deporte adaptado, y

 

  1. Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de las instalaciones deportivas, las necesidades de equipamiento y accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad.

 

Por ningún motivo se cobrará el acceso o el uso de las instalaciones deportivas a las personas con discapacidad.

 

Capítulo IX

De la participación en la vida política y pública

 

Artículo 38. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, deberá realizar las acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política del Estado de Guerrero, principalmente deberá garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votados.

 

Artículo 39. Los Partidos Políticos con registro en el Estado de Guerrero deberán garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular.

 

Artículo 40. Los Órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán promover en todo momento la participación activa de las personas con discapacidad o sus representantes en los órganos o mecanismos de consulta, sobre todo en aquellos en los que se tomen decisiones relativas a las personas con discapacidad.

 

Capítulo X

Del apoyo económico a personas con discapacidad

 

Artículo 41. Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en el Estado de Guerrero, tienen derecho a recibir un apoyo económico diario equivalente a medio Salario Mínimo General Vigente.

 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por el DIF.

 

El DIF determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico a los derechohabientes.

 

El derecho no estará condicionado a la carencia de recursos económicos por parte de los posibles derechohabientes.

 

Artículo 42. EL DIF está obligado a elaborar y mantener actualizado el padrón de derechohabientes, mismo que deberá publicar a más tardar el 31 de enero de cada año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, así como remitirlo antes del 30 de noviembre de cada año al Congreso del Estado de Guerrero.

 

Artículo 43. Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los siguientes:

 

  1. Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución pública de salud del Estado de Guerrero, avalado y ratificado por el DIF.

 

  1. Contar con la calidad de guerrerense o vecino del Estado de Guerrero en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Se dará prioridad a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del máximo de los recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar la adecuada asignación del apoyo.

 

III. Tener menos de sesenta y ocho años de edad.

 

El trámite para la obtención del derecho lo podrá efectuar la persona con discapacidad permanente por sí o por interpósita persona que lo represente.

 

Artículo 44. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, la asignación que garantice la universalización del derecho de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en el Estado de Guerrero a recibir apoyo económico, sin perjuicio de otras asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad.

 

Artículo 45. El Congreso del Estado de Guerrero deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en el Estado de Guerrero a recibir apoyo económico.

 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en el Estado de Guerrero; tal asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior.

 

Artículo 46. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

 

Los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del derecho, ni podrán emplearlo para hacer cualquier tipo de proselitismo.

 

Capítulo XI

Del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero

 

Artículo 47. Se crea el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con los Ayuntamientos Municipales, a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad.

 

El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Guerrero con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes correspondientes.

 

En la contratación del personal que labore en el Instituto, se deberá privilegiar la profesionalización, especialización y capacitación permanente de sus servidores públicos, en materia de derechos humanos, combate a la discriminación, promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

 

En la tarea de integración al desarrollo de las personas con discapacidad, el Instituto deberá promover el empleo de las nuevas tecnologías disponibles, a fin de cumplir con su objeto.

 

Artículo 48. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, tendrá las atribuciones siguientes:

 

  1. Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero;

 

  1. Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas en materia de discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

III. Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública del Estado de Guerrero los programas específicos que en materia de discapacidad deban elaborar y ejecutar cada año;

 

  1. Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública del Estado de Guerrero las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor desempeño en sus funciones específicas;

 

  1. Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban realizar en el Estado de Guerrero;

 

  1. Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las personas con discapacidad se desarrollen en el Estado de Guerrero;

 

VII. Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero;

 

VIII. Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma integral a la legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y beneficio de las personas con discapacidad;

 

Las propuestas legislativas que elabore el Instituto deberán en todo momento procurar la armonización con los ordenamientos internacionales;

 

  1. Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero;

 

  1. Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero de cada año;

 

  1. Promover y difundir en la sociedad una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad, resaltando sus valores y habilidades residuales;

 

XII. Luchar contra los estereotipos y prejuicios respecto de las personas con discapacidad;

 

XIII. Realizar campañas periódicas de difusión y respeto por los derechos de las personas con discapacidad;

 

XIV. Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en los niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos;

 

  1. Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en la difusión de los diferentes programas y acciones a favor de las personas con discapacidad; y

 

XVI. Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil a fin de canalizar sus propuestas y sugerencias a los diferentes órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero.

 

Artículo 49. El Instituto estará integrado por:

 

  1. La Junta Directiva;

 

  1. El Director General;

 

III. La Dirección de Investigaciones Jurídicas y Asuntos Legislativos;

 

  1. La Dirección del Registro de Personas con Discapacidad;

 

  1. La Dirección de Programas Prioritarios;

 

  1. La Dirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales, y

 

VII. Las demás áreas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, las cuales estarán contempladas en el Reglamento Interior del Instituto.

 

Artículo 50. La Junta Directiva estará conformada por:

 

  1. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social quien fungirá como presidente de la junta;

 

  1. El titular de la Secretaría General de Gobierno;

 

III. El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;

 

  1. El titular de la Secretaría de Salud;

 

  1. El titular de la Secretaría de Educación Guerrero;

 

  1. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

 

VII. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

 

VIII. El titular de la Secretaría de Protección Civil;

 

  1. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, y

 

  1. El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta.

 

Artículo 51. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

 

  1. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, así como sus modificaciones y actualizaciones;

 

  1. Aprobar los programas específicos del Instituto;

 

III. Aprobar el presupuesto de egresos del Instituto; y

 

  1. Aprobar el informe anual del Instituto.

 

Artículo 52. El Director General del Instituto será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y durará en su cargo 4 años, pudiendo ser ratificado para un periodo adicional.

 

Artículo 53. Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto, los siguientes:

 

  1. Ser mexicano por nacimiento;

 

  1. Tener por lo menos 30 años de edad al momento de asumir el cargo;

 

III. Tener algún tipo de discapacidad permanente, con una antelación no menor a 5 años;

 

  1. Tener título profesional; y

 

  1. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de la discapacidad.

 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, deberá verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional.

 

Artículo 54. El Director General tendrá las siguientes facultades:

 

  1. Representar al Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como ante los Organismos Internacionales especializados en la atención de las personas con discapacidad;

 

  1. Elaborar el presupuesto de egresos del Instituto y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación;

 

III. Administrar los bienes, recursos y el presupuesto del Instituto, debiendo rendir cuentas a la Junta Directiva;

 

  1. Nombrar y remover libremente a los funcionarios del Instituto que mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, del artículo 49 de la presente Ley, así como al Director a que se refiere la fracción III quien deberá contar por lo menos, con título profesional de Licenciado en Derecho y una experiencia mínima de 5 años en su profesión; y

 

  1. Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.

 

Artículo 55. Son obligaciones del Director General del Instituto, las siguientes:

 

  1. Velar en todo momento por el fiel y leal desempeño de las funciones del Instituto con pleno apego a la presente Ley y demás ordenamientos aplicables;

 

  1. Rendir el informe de actividades de cada año, el cual será presentado ante la Junta Directiva para su aprobación;

 

III. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva; y

 

  1. Velar en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley, así como de los demás ordenamientos aplicables.

 

Artículo 56. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que estará conformado por miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, especialistas, académicos, empresarios y personas de notable trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

 

El Consejo será un órgano de consulta y asesoría para diseñar políticas públicas y establecer acciones específicas que el Instituto pueda concertar con las autoridades competentes.

 

Artículo 57. Las normas relativas a la integración, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo, estarán previstas en el Reglamento de la presente Ley.

 

Capítulo XII

De la vigilancia

 

Artículo 58. Todos los órganos de la Administración Pública del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el debido cumplimiento de la presente ley y en su caso, proceder a aplicar las sanciones que procedan a los responsables del incumplimiento o violación del citado ordenamiento.

 

Artículo 59. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, velará en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley y en casos de violación u omisión dará vista a la autoridad competente a fin de que se avoque a la investigación y en su caso a la sanción de dichas violaciones.

 

Artículo 60. Todo individuo que sea testigo o conozca de la comisión de acciones contrarias a esta Ley tiene el deber de denunciarlo a las autoridades competentes, quienes tendrán la obligación de investigar inmediatamente las denuncias y en su caso proceder a sancionar a los infractores.

 

Capítulo XIII

De las infracciones, sanciones y recurso de inconformidad

 

Artículo 61. El incumplimiento de la presente ley será sancionado conforme a los criterios siguientes:

 

  1. Los Ayuntamientos que gobiernan los municipios en que se divide el Estado de Guerrero, sancionarán a quienes contravengan lo establecido por el artículo 9, fracciones I, II y III de la presente Ley, con 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;

 

  1. En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor público. La Secretaría de Educación Guerrero sancionará a las escuelas privadas que contravengan al artículo 20 con una multa de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y en caso de reincidencia la clausura;

 

III. Los Ayuntamientos que gobiernan los municipios en que se divide el Estado de Guerrero sancionaran a quienes violen lo establecido por el artículo 29 de la presente Ley, con 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;

 

  1. Los Ayuntamientos que gobiernan los municipios en que se divide el Estado de Guerrero o la autoridad administrativa correspondiente, sancionará a los infractores al párrafo segundo del artículo 32 de la presente Ley con la clausura de la obra o, en caso de obra terminada, no se le permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las normas respectivas;

 

  1. La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, sancionará a los infractores del artículo 35 de la presente Ley, con multa de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. En caso de reincidencia serán retiradas inmediatamente las concesiones y no se permitirá el uso de las unidades de transporte, y

 

VII. Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sujetos al procedimiento administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su culpabilidad o responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

 

Artículo 62. Contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de inconformidad con base en lo dispuesto por la Ley de la materia.

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero y se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley, a partir del inicio de la vigencia de ésta.

 

TERCERO. Los requisitos señalados en las fracciones I, II y III del artículo 43 de esta Ley, serán exigibles a las nuevas solicitudes de apoyo económico, dejando a salvo los derechos de las personas que ya han obtenido dicho beneficio por algún programa social del Gobierno del Estado de Guerrero. En todo caso estos beneficiarios serán incorporados al nuevo padrón de beneficiarios del apoyo económico.

 

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Capítulo XI de la presente Ley, para nombrar al Director General del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

 

QUINTO. El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, conjuntamente con el Congreso del Estado de Guerrero, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención a Grupos Vulnerables, determinarán la fecha de la entrada en vigor de los artículos 41 y correlativos, así como del Capítulo Décimo Primero de la Ley, mismo que dependerá del mejoramiento de las finanzas públicas del Estado de Guerrero.

 

SEXTO. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero deberá dar cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

 

SÉPTIMO. La Secretaría General de Gobierno deberá dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, en materia de tránsito y vialidad en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

 

OCTAVO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero publicará el Reglamento de la presente Ley a más tardar 60 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

NOVENO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

 

 

 

 

 

AT E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO]

[1] Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. 2001. El objetivo principal de esta clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud.

[2] Consultable en: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html

[3] Consejo Nacional para Prevenir la Descremación. Encuesta Nacional sobre Descremación en México. Enadis 2010. Resultados sobre personas con discapacidad.

Iniciativa de Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible.

 

En el panorama internacional, se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas.

 

Muestra de ello es la iniciativa “La educación ante todo”, presentada por las Naciones Unidas (ONU) el 26 de septiembre de 2012, en ella se reconoce la capacidad de la educación para transformar vidas y construir sociedades más sostenibles, pacíficas y prósperas.

 

El día de la presentación de la iniciativa, el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, dijo: “cuando damos prioridad a la educación, podemos reducir el hambre y la pobreza, poner fin al despilfarro de capacidades y aspirar a conseguir sociedades más sólidas y mejores para todos”.

 

Por ello, atendiendo a las directrices vanguardistas del Oficial Administrativo Jefe de la ONU, contenidas en su mensaje, se hace imperativo introducir al andamiaje jurídico del estado guerrerense que la educación no es simplemente un imperativo moral; sino que además, es la mejor inversión que se puede hacer con miras a construir una sociedad próspera, sana y equitativa.

 

Es importante señalar que, si bien es cierto, de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la tabla Datos clave para México en Panorama de la Educación 2015, se reconoce los logros educativos, en competencias y participación en el mercado laboral, que se ha alcanzado nuestro país, las tasas de matriculación en educación media superior y el porcentaje de población que ha alcanzado dicho nivel educativo ha aumentado, pero los niveles aún son bajos comparados con otros países de la OCDE y países asociados.

 

En este instrumento, se detalla, que de 2005 a 2012 la población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. No obstante, este porcentaje es mucho menor que el promedio de la OCDE de 83%. Es decir, en nuestro país, sólo uno de tres adultos de 25 a 64 años de edad terminó ese nivel de educación.

 

Por otra parte, se destaca que México está aumentando el nivel de adolescentes de 15 a 19 años que están en educación: del 48% al 54% entre 2005 y 2013. A pesar de este aumento, en 2013 México fue uno de sólo dos países de la OCDE y asociados donde menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban inscritos en el sistema educativo.

 

Los resultados que ha obtenido nuestro país sobre estos tópicos, nos obligan a reflexionar sobre el financiamiento que se destinan a la educación.

 

Al respecto, cabe decir que México gasta un porcentaje de su PIB en educación similar al de otros países de la OCDE, pero el gasto por estudiante es aún bajo en términos absolutos.

 

El gasto de México en educación primaria a terciaria como porcentaje del PIB se elevó de 4.4% en 2000 a 5.2% en 2012, porcentajes similares al promedio de la OCDE.

 

En 2012, México gastó 3.9% de su PIB en instituciones de educación primaria y secundaria (un poco por encima del promedio de la OCDE de 3.7% que incluye también las instituciones de educación postsecundaria no terciaria) y 1.3% del PIB en instituciones de educación terciaria (un poco por encima del promedio de la OCDE de 1.5%).

 

Entre 2005 y 2012, el gasto anual en México por instituciones de educación primaria y secundaria aumentó 19%, en tanto que el número de estudiantes se incrementó 7%. Como resultado, el gasto por estudiante se elevó 11% (el promedio de la OCDE, que incluye educación postsecundaria no terciaria, fue de 21%).

 

Durante este periodo, casi todos los países con un gasto por estudiante por debajo del promedio de la OCDE mostraron aumentos sustanciales en el gasto por estudiante, un claro ejemplo lo dio el principal competidor económico de nuestra nación en Latinoamérica: Brasil, con un aumento del 110% en Brasil.

 

Acorde con lo hasta ahora expuesto, podemos concluir que si bien es cierto, el estado mexicano ha realizado esfuerzos importantes para invertir en la educación de los mexicanos, está claro que estos no han sido suficientes para alcanzar los estándares internacionales.

 

Por consiguiente, los Diputados Ciudadanos convencidos de que todo el apoyo que se le puede brindar a la persona que desea estudiar resulta indispensable para que una sociedad sea exitosa, consideramos urgente la creación de la Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero.

 

Lo que se busca con esta iniciativa no es generar una carga mayor para el estado, sino de hacer eficiente el gasto ordinario que se ejerce a través de los programas sociales preexistentes en la entidad, como las becas establecidas en los programas de la Secretaria de Desarrollo Social, las operadas por la Secretaria de Educación Guerrero, las manejadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en general todos aquellos recursos asignados para acciones o programas sociales educativos; para integrarse a un Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero dirigido a que los estudiantes de instituciones públicas ubicadas en la entidad de tipo inicial, básico y medio superior, así como las modalidades de educación especial, indígena, educación para adultos y extraescolares, cuenten con mayores posibilidades tendentes a mejorar su rendimiento escolar, incrementar sus oportunidades de acceso al siguiente tipo del sistema educativo, contribuir a su permanencia escolar y a concluir sus estudios.

 

En resumen, la siguiente iniciativa busca que los guerrerenses encuentren bajo el respaldo de una Ley, los siguientes programas sociales educativos:

 

  1. Programa de Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social. Cuyo objetivo general será contribuir con el derecho a la educación para promover y fortalecer su permanencia en el sistema escolarizado, evitando la deserción y revirtiendo el circulo de exclusión social a mediano y largo plazo; proporcionando una “beca escolar” a las niñas, niños y adolescentes entre 6 y 14 años de edad, que por diversas circunstancias viven en situación de vulnerabilidad social y económica en el Estado de Guerrero, durante la educación primaria y secundaria, que cubran con el estudio socioeconómico y los requisitos pertinentes.

 

  1. Programa de Becas de Educación Media Superior. Cuyo objetivo es incentivar el desempeño académico de las y los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Guerrero, para que estén en posibilidad de concluir satisfactoriamente el ciclo escolar en tres años, contribuyendo a incrementar la permanencia escolar y el número de estudiantes regulares de acuerdo a la normatividad vigente, mediante el otorgamiento de un apoyo económico mensual; que consiste en una beca equivalente a medio salario mínimo general vigente en el Estado, que beneficiará a las y los estudiantes de educación media superior que hayan cumplido con el proceso de reinscripción en las asignaturas del segundo y hasta el sexto semestre, del plan de estudios del bachillerato.

 

III. Programa Educación Garantizada. Cuyo objetivo general será contribuir con la disminución de la deserción escolar de las y los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, de 3 hasta 18 años, que se encuentren inscritas o inscritos en escuelas públicas y residan permanentemente en el Estado de Guerrero, promoviendo y fortaleciendo la continuidad de sus estudios hasta que concluyan el nivel medio superior, o bien cumplan los 18 años de edad, lo anterior en el caso exclusivo de que la contribuidora o el contribuidor de recursos monetarios de la familia (madre, padre o tutor/a) haya fallecido o haya caído en estado de incapacidad total y permanente.

 

  1. Programa de Niñas y Niños Talento. Cuyo objetivo general busca coadyuvar al enriquecimiento extracurricular de niñas, niños y jóvenes de 6 a 15 años de edad que destacan en su aprovechamiento escolar, que estudien en primarias y secundarias públicas ubicadas en el Estado de Guerrero, a través de la impartición de clases extraescolares que promuevan el desarrollo de sus habilidades culturales, científicas y deportivas, así como de un apoyo económico que les estimule a acudir a dichas actividades, generando procesos de participación infantil.

 

  1. Programa Seguro contra Accidentes Personales de Escolares. Cuyo objetivo es que las alumnas y los alumnos del nivel básico hasta el medio superior reciban la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social y la información necesaria para su auto-cuidado, así como recibir atención médica de urgencia en caso de requerirlo. Para ello, se brinda el aseguramiento para cubrir el riesgo de accidentes personales a alumnas y alumnos de nivel pre-escolar, de educación básica, primaria, secundaria, hasta nivel medio superior, que se ubiquen en el Estado de Guerrero.

 

Mismos que podrán ser ampliados por el Consejo Rector del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero, pues como ya dijo, lo que se busca es que los apoyos educativos preexistentes en la entidad, tengan la fuerza de una Ley y así, se maximice el aprovechamiento escolar de quienes estudien en instituciones públicas de la entidad de tipo inicial, básico y medio superior.

 

Lo anterior, debido a la importancia y trascendencia en el desarrollo social que ha sido reconocida tanto por la Organización Internacional del Trabajo, como por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo para este tipo de programas.

 

De ahí que la Bancada de los Ciudadanos, tomando como referencia las experiencias de becas escolares, especialmente en Brasil, en donde se han mostrado importantes resultados como parte de los esfuerzos para combatir la pobreza, universalizar el acceso a la educación y poner fin al trabajo infantil, propongamos la creación del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero, que se regirá, además de los principios de la política social, por los de:

 

  1. Calidad. Los bienes y servicios otorgados a las y los estudiantes deben tener las propiedades y características adecuadas para apoyar la satisfacción de necesidades implícitas o explícitas de la población objetivo;

 

  1. Efectividad. Las acciones y programas sociales educativos deberán lograr el resultado e impacto proyectado;

 

III. Igualdad de acceso. El total de las y los estudiantes que cumplan las mismas condiciones o requisitos de acceso y permanencia a los programas sociales educativos deben recibir los mismos beneficios;

 

  1. Integralidad del Sistema. Todos los programas sociales educativos se deberán dirigir de manera coordinada para la consecución de objetivos específicos;

 

  1. No discriminación. El acceso a los programas sociales educativos no debe estar condicionado por razón de sexo, edad, grupo étnico, preferencias sexuales, religiosas, políticas o cualquier otra que vulnere los derechos humanos;

 

  1. Oportunidad. Los estímulos, ayudas y apoyos, económicos o en especie, que se otorgan a través de los programas sociales educativos deberán de entregarse dentro de los plazos establecidos en sus reglas de operación;

 

VII. Participación activa. Los programas sociales educativos que integran el sistema deberán establecer actividades para las y los beneficiarios, aprovechando la oferta institucional, para fomentar la integración y concientización de las y los estudiantes con su entorno social, ambiental, cultural, deportivo, científico y tecnológico;

 

VIII. Suficiencia. Los estímulos, ayudas y apoyos deben ser otorgados en cantidad suficiente para que se logren los objetivos de sus respectivos programas, y

 

  1. Transparencia. La información generada por el Sistema Integral será pública, accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad a las leyes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

 

LEY NÚMERO ___ DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Y APOYO A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE GUERRERO

 

TÍTULO ÚNICO

 

Capítulo I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto crear el Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero, regular su integración, organización y funcionamiento.

 

Artículo 2º. La observancia de esta Ley es obligatoria para  la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero que tengan a su cargo la formulación e implementación de los programas de apoyo a las y los estudiantes de escuelas públicas en la entidad que se refieren en el presente ordenamiento.

 

Artículo 3º. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

 

  1. Acciones: Las que se establecen como objeto de las metas del Programa Operativo Anual;

 

  1. Administración Pública: La Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

III. Consejo: El Consejo Rector del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero;

 

  1. Ley: Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero;

 

  1. Programas Sociales Educativos: Programas Educativos a que se refiere el presente ordenamiento;

 

  1. Reglamento: Reglamento del Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero;

 

VII. Sistema de Información: El que determine el Consejo Rector, y

 

VIII. Sistema Integral: Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 4º. Además de los principios de la política social, el Sistema Integral se regirá por los siguientes principios:

 

  1. Calidad. Los bienes y servicios otorgados a las y los estudiantes deben tener las propiedades y características adecuadas para apoyar la satisfacción de necesidades implícitas o explícitas de la población objetivo;

 

  1. Efectividad. Las acciones y programas sociales educativos deberán lograr el resultado e impacto proyectado;

 

III. Igualdad de acceso. El total de las y los estudiantes que cumplan las mismas condiciones o requisitos de acceso y permanencia a los programas sociales educativos deben recibir los mismos beneficios;

 

  1. Integralidad del Sistema. Todos los programas sociales educativos se deberán dirigir de manera coordinada para la consecución de objetivos específicos;

 

  1. No discriminación. El acceso a los programas sociales educativos no debe estar condicionado por razón de sexo, edad, grupo étnico, preferencias sexuales, religiosas, políticas o cualquier otra que vulnere los derechos humanos;

 

  1. Oportunidad. Los estímulos, ayudas y apoyos, económicos o en especie, que se otorgan a través de los programas sociales educativos deberán de entregarse dentro de los plazos establecidos en sus reglas de operación;

 

VII. Participación activa. Los programas sociales educativos que integran el sistema deberán establecer actividades para las y los beneficiarios, aprovechando la oferta institucional, para fomentar la integración y concientización de las y los estudiantes con su entorno social, ambiental, cultural, deportivo, científico y tecnológico;

 

VIII. Suficiencia. Los estímulos, ayudas y apoyos deben ser otorgados en cantidad suficiente para que se logren los objetivos de sus respectivos programas, y

 

  1. Transparencia. La información generada por el Sistema Integral será pública, accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad a las leyes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

 

Capítulo II

Del Sistema Integral

 

Artículo 5º. El Sistema Integral se conformará por las acciones y programas dirigidos a los estudiantes que residen en el Estado de Guerrero y que estudian en instituciones públicas ubicadas en la entidad de tipo inicial, básico y medio superior, así como las modalidades de educación especial, indígena, educación para adultos y extraescolares, tendentes a mejorar su rendimiento escolar, incrementar sus posibilidades de acceso al siguiente tipo del sistema educativo, contribuir a su permanencia escolar, a concluir sus estudios y cualquier otra relacionada con el otorgamiento de estímulos, ayudas y apoyos económicos, en especie o de servicios a las y los estudiantes.

 

Artículo 6º. Conforman el Sistema Integral de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes programas sociales educativos:

 

  1. Programa de Becas Escolares para Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social. Cuyo objetivo general será contribuir con el derecho a la educación para promover y fortalecer su permanencia en el sistema escolarizado, evitando la deserción y revirtiendo el circulo de exclusión social a mediano y largo plazo; proporcionando una “beca escolar” a las niñas, niños y adolescentes entre 6 y 14 años de edad, que por diversas circunstancias viven en situación de vulnerabilidad social y económica en el Estado de Guerrero, durante la educación primaria y secundaria, que cubran con el estudio socioeconómico y los requisitos pertinentes.

 

  1. Programa de Becas de Educación Media Superior. Cuyo objetivo es incentivar el desempeño académico de las y los estudiantes de nivel medio superior del Estado de Guerrero, para que estén en posibilidad de concluir satisfactoriamente el ciclo escolar en tres años, contribuyendo a incrementar la permanencia escolar y el número de estudiantes regulares de acuerdo a la normatividad vigente, mediante el otorgamiento de un apoyo económico mensual; que consiste en una beca equivalente a medio salario mínimo general vigente en el Estado, que beneficiará a las y los estudiantes de educación media superior que hayan cumplido con el proceso de reinscripción en las asignaturas del segundo y hasta el sexto semestre, del plan de estudios del bachillerato.

 

III. Programa Educación Garantizada. Cuyo objetivo general será contribuir con la disminución de la deserción escolar de las y los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, de 3 hasta 18 años, que se encuentren inscritas o inscritos en escuelas públicas y residan permanentemente en el Estado de Guerrero, promoviendo y fortaleciendo la continuidad de sus estudios hasta que concluyan el nivel medio superior, o bien cumplan los 18 años de edad, lo anterior en el caso exclusivo de que la contribuidora o el contribuidor de recursos monetarios de la familia (madre, padre o tutor/a) haya fallecido o haya caído en estado de incapacidad total y permanente.

 

  1. Programa de Niñas y Niños Talento. Cuyo objetivo general busca coadyuvar al enriquecimiento extracurricular de niñas, niños y jóvenes de 6 a 15 años de edad que destacan en su aprovechamiento escolar, que estudien en primarias y secundarias públicas ubicadas en el Estado de Guerrero, a través de la impartición de clases extraescolares que promuevan el desarrollo de sus habilidades culturales, científicas y deportivas, así como de un apoyo económico que les estimule a acudir a dichas actividades, generando procesos de participación infantil.

 

  1. Programa Seguro contra Accidentes Personales de Escolares. Cuyo objetivo es que las alumnas y los alumnos del nivel básico hasta el medio superior reciban la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social y la información necesaria para su auto-cuidado, así como recibir atención médica de urgencia en caso de requerirlo. Para ello, se brinda el aseguramiento para cubrir el riesgo de accidentes personales a alumnas y alumnos de nivel pre-escolar, de educación básica, primaria, secundaria, hasta nivel medio superior, que se ubiquen en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 7º. Los Entes Públicos de la Administración Pública que tengan dentro de su Presupuesto de Egresos recursos asignados para acciones o programas sociales educativos, anualmente deberán presentarlos al Consejo Rector, para valorar su integración al Sistema Integral.

 

Capítulo III

Del Consejo Rector

 

Artículo 8º. El Sistema Integral tendrá un Consejo que se integrará por las personas titulares de los Entes Públicos siguientes:

 

  1. El o la titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, quien lo presidirá;

 

  1. El o la titular de la Secretaría de Educación Guerrero;

 

III. El o la titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

 

  1. La titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y

 

  1. El o la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;

 

  1. El o la titular de la Secretaría de Cultura;

 

VII. El o la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas;

 

VIII. El o la titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez; y

 

  1. El o la titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

El Consejo contará con la presencia de la persona que presida la Comisión de Educación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El Consejo podrá invitar a las personas titulares de los Entes Públicos que conforman la Administración Pública del Estado de Guerrero que en su presupuesto tengan programadas erogaciones por concepto de acciones o programas sociales educativos.

 

Quienes integren el Consejo así como las invitadas e invitados podrán nombrar una persona que les represente en caso de ausencia.

 

La ausencia de la persona que presida el Consejo Rector, será suplida por la Titular de la Secretaría de Educación Guerrero.

 

Artículo 9º. La totalidad de quienes integran el Consejo tienen derecho a voz y voto. Las decisiones se tomaran por mayoría de votos y en caso de empate la persona que preside contará con voto de calidad.

 

Los invitados e invitadas tendrán derecho a voz pero no a voto.

 

Artículo 10. El Consejo deberá sesionar con la presencia de la mitad de sus integrantes más uno, se reunirá por lo menos cada cuatro meses en sesiones ordinarias y las que sean necesarias de manera extraordinaria, en ambos casos se convocará a petición de la persona que presida el Consejo Rector, en la convocatoria se propondrán los asuntos a tratar.

 

Las personas integrantes del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos para el mejor funcionamiento del Sistema Integral.

 

Artículo 11. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Proponer la creación de nuevos Programas Sociales Educativos que integren al Sistema Integral de conformidad a la presente Ley;

 

  1. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero la implementación de políticas públicas, dirigidas al cumplimiento de los objetivos de los programas sociales educativos del Sistema Integral;

 

III. Promover la emisión de lineamientos generales para la formulación de programas sociales educativos y reglas de operación, en términos de la normatividad aplicable;

 

  1. Establecer las Bases para la efectiva coordinación de las instancias responsables de implementar los programas sociales educativos que integran el Sistema Integral de Atención y Apoyo a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero;

 

  1. Emitir recomendaciones a los Entes Públicos que integran la Administración Pública que tengan a su cargo acciones y programas sociales educativos, con base en los resultados de las evaluaciones que de éstos se practiquen de conformidad a la norma aplicable;

 

  1. Formular propuestas para mejorar las acciones y programas sociales educativos que conforman el Sistema Integral;

 

VII. Pronunciarse sobre la viabilidad de los objetivos y metas de las acciones y programas que integran el Sistema Integral;

 

VIII. Promover la implementación de políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información generada por los Entes Públicos que integran la Administración Pública, que lleven a cabo acciones y programas sociales educativos;

 

  1. Promover medidas de vinculación o instrumentos de colaboración, con instancias federales, locales o la sociedad civil organizada;

 

  1. Proponer la implementación o fortalecimiento de mecanismos para que la sociedad participe en la evaluación de las acciones y programas sociales educativos;

 

  1. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones;

 

XII. Elaborar un informe anual de actividades que será presentado a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

XIII. Emitir lineamientos para la creación del Sistema de Información en términos del Reglamento de la presente Ley, y

 

XIV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema Integral.

 

Artículo 12. La persona que presida el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas;

 

  1. Presidir las reuniones del Consejo;

 

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones del Consejo;

 

  1. Proponer la lista de invitados e invitadas a las sesiones del Consejo;

 

  1. Nombrar a una persona encargada de la Secretaría Técnica;

 

  1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias;

 

VII. Aprobar el orden del día de las sesiones, y

 

VIII. Las demás contenidas en las normas aplicables.

 

Artículo 13. La Secretaría Técnica contará con las siguientes atribuciones:

 

  1. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente cumplimiento de las funciones del Consejo;

 

  1. Proponer medidas tendentes al mejor funcionamiento del Consejo;

 

III. Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo;

 

  1. Presentar para su firma el acta de la sesión anterior en las sesiones del Consejo;

 

  1. Elaborar y someter a la aprobación de la persona que presida el Consejo el orden del día en las sesiones;

 

  1. Realizar el seguimiento de los acuerdos del Consejo;

 

VII. Coordinar la formulación del informe anual de actividades del Consejo Rector,

 

VIII. Difundir los acuerdos y trabajos del Consejo, así como solicitar la información a sus integrantes.

 

  1. Gestionar la publicación de los instrumentos que emita en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, y

 

  1. Las demás que el Consejo determine.

 

Artículo 14. El Reglamento de la presente ley establecerá procedimientos y mecanismos de incorporación de los programas al Sistema, así como las atribuciones y facultades de las dependencias, y entidades señaladas en la presente ley.

 

ARTICULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley.

 

TERCERO. El Reglamento correspondiente al presente Decreto se deberá emitir en un plazo de ciento veinte días naturales posteriores a la fecha en que éste entre en vigor.

 

CUARTO. El Consejo deberá instalarse en un plazo no mayor a los sesenta días naturales posteriores a la fecha en que se emita el Reglamento.

 

QUINTO. La universalidad de los programas a que se refiere el presente Decreto estará sujeta a la suficiencia presupuestal que al efecto se determine en el presupuesto de egresos correspondiente a cada uno de los ejercicios fiscales aprobados por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

SEXTO. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los 06 días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema Integral de Atención y Apoyo a los Estudiantes de Escuelas Públicas en el Estado de Guerrero]

Iniciativa de Ley de Trata de Personas en Guerrrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo: miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.

 

Ya sea la perpetrada en el ámbito familiar como la que tiene como fin último la servidumbre doméstica o aquella, producto de complejas operaciones de corporaciones transnacionales del crimen, este delito transgrede los derechos y libertades fundamentales del ser humano.

 

Hoy día, este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las naciones Unidas.[1]

 

La trata de personas ocurre desde tiempos ancestrales pero es en la última década que la comunidad internacional se ha preocupado por entender el alcance del fenómeno y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva forma de esclavitud.

 

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional.

 

El instrumento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por el Estado mexicano el trece de diciembre de dos mil, define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

El Congressional Research Center, calcula que de 2 a 4 millones de personas son captadas cada año con fines de trata en el mundo, de las cuales entre 800,000 y 900,000 son trasladadas a través de las fronteras[2]  para ser sometidas a algún tipo de explotación laboral o sexual (trata transnacional).

 

Según datos de la Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el periodo que va de 2003 a 2006 las mujeres víctimas de trata se ubicaron entre 66 y 74 %; de niñas, entre 10 y 16 %; de niños, entre 12 y 16 %, y de varones, entre 3 y 9 %. De esta manera, el mayor número de víctimas correspondió a personas del sexo femenino, con un porcentaje que fluctuó entre 80 y 84 puntos para los años 2004 y 2006.

 

Para el periodo de 2007 a 2010 esa misma oficina detectó una reducción en el porcentaje de mujeres adultas identificadas como víctimas, el cual osciló entre 55 y 60 %; paralelamente, registró un incremento en el número de niñas víctimas de este delito, que se ubicó entre 15 y 20 %, de manera que el porcentaje de víctimas del sexo femenino fluctuó entre 70 y 80, y se ubicó entre 8 y 10 el de niños víctimas de este delito.

 

Por otra parte, un número muy significativo de niños, niñas y adolescentes son también víctimas de este delito; para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los niños, niñas y adolescentes representan 21 % de las víctimas de explotación sexual y 27 % de explotación laboral.[3]

 

Según la UNODC, México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas[4].

 

El incumplimiento del Protocolo internacional en la materia y cambios constantes en las estructuras delictivas, han favorecido a que las redes de tratantes continúen operando con relativa facilidad.

 

De acuerdo con el reporte de la UNODC Guerrero, se encuentra como uno de los Estados con mayor incidencia de ese delito.

 

A manera de ejemplo, podemos señalar que en el marco del Foro Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en Guerrero, Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género del Congreso de la Unión, disertó una conferencia magistral en donde señaló que para el caso de Guerrero los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc aún sigue prevaleciendo la trata de personas[5].

 

Explicó que de las diversas formas de trata de personas, se encuentra la venta de mujeres para matrimonios obligados, en la que, sobre todo los padres de familia, bajo el argumento de los usos y costumbres de sus comunidades literalmente venden a sus hijas por un cartón de cerveza o un guajolote.

 

Por su parte, el organismo no gubernamental de Tlachinollan, reconocido mundialmente por su férrea defensa de los derechos humanos, ha denunciado públicamente que en la montaña de Guerrero, la marginación y pobreza extrema orilla a algunos indígenas nahuatlecos, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, por usos y costumbres, cuando las hijas cumplen 12 años, sus padres las entregan en matrimonio a cambio de una “dote” que se traduce en especie o en dinero en efectivo.

 

Tlachinollan documentó denuncias por la entrega de las hijas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero, según la práctica de usos y costumbres.

 

En algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una “dote” de 100 mil pesos, lo que la organización no gubernamental calificó de “un comercio” que propicia la violencia familiar debido a que los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad.

 

La venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapan el Grande, Metlatónoc, Atixtlac y Acatepec, considerados entre los más pobres del país.

 

Por su parte, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Subdirección del Programa de Trata de Personas, durante la conferencia para prevenir la trata de personas, Libertad sin engaños ni promesas falsas, Meixueiro, celebrada en abril de dos mil dieciséis, señaló que las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Chica, son las que registran más casos de trata de personas en la entidad.

 

Explicó además que en la entidad, las personas que son captadas para la explotación laboral y sexual provienen de municipios como Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo, Cruz Grande, Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán y Xalpatláhuac.

 

Pese a los esfuerzos del Gobierno guerrerense para combatir y erradicar la trata de personas en el Estado, estos se han visto limitados, como han dejado en claro los organismos referidos, por ello y como una medida para contrarrestar y erradicar definitivamente los delitos de trata de personas, se propone la creación de una nueva Ley que sea homologa para con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en la que se incorporen los principios establecidos por el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de persona, del que México es parte desde 2003.

 

Con la nueva Ley que se propone, se pretende alcanzar una homologación del concepto de trata de personas; así como de los tipos penales de los delitos relacionados con la misma, además, se busca dotar de conocimiento y sensibilidad a los servidores públicos en torno a este fenómeno delictivo.

 

Otra modalidad de la trata de personas, que se tipifica en esta nueva Ley, es la relacionada con el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y la posibilidad de otros perfiles con base en la incidencia de nuevas herramientas que pueden ser usadas por los tratantes, como el Internet.

 

En la nueva legislación, se hace un especial énfasis en la capacitación especializada para servidores públicos, en la detección e identificación de víctimas, así como en estrategias para evitar su criminalización y la violación a derechos humanos por parte de las instituciones de persecución del delito.

 

No está demás señalar que la presente iniciativa, además de incorporar los principios del Tratado de Palermo, retoma los postulados de la Ley número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el veintiséis de agosto de dos mil once.

 

La nueva Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero, está compuesta por 111 artículos, dividida en cuatro Títulos.

 

El Título Primero, denominado de lo sustantivo, prevé las disposiciones generales para la aplicación de la Ley, así como el objeto de la misma que a continuación se citan:

 

  1. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución, sanción de los delitos en materia de trata de personas que, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deberán observar las autoridades del Estado de Guerrero que integran la Administración Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia, las Instituciones y la sociedad civil organizada y no organizada.

 

  1. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

 

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

 

  1. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

 

  1. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, así como el Programa del Estado de Guerrero para la Prevención de los delitos previstos en esta Ley y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Estos Delitos.

 

  1. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los procesos de prevención y de atención a víctimas.

 

VII. Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en esta Ley, y

 

VIII. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde participe la sociedad civil organizada y no organizada.

 

Es este Título, se contempla además que para la adecuada ejecución de las disposiciones contenidas en esta Ley, en lo no previsto por la misma, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; la Ley General; el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero; la Ley número 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y todas aquellas en que en la materia sean aplicables.

 

Se señala además que en la interpretación y aplicación de eta Ley se deberá de atender a los principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, igualdad, justicia, confidencialidad y secrecía en la investigación.

 

Por su parte, el Título Segundo denominado del Delito de Trata de Personas y de la Reparación del Daño, prevé los principios a que deberán sujetarse para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones por la comisión de delitos en materia de trata de personas.

 

Entre estos principios, resaltan que la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia; además de que los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso.

 

Asimismo, se señala que el Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas y que, en todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberán contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, en términos de Ley.

 

Por otra parte, en cuanto toca a la tipicidad de los delitos de trata de personas, se establece que toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado de Guerrero, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley.

 

La Ley tipifica además los casos por explotación de una persona, dentro de los que se encuentran la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

 

Es importante señalar que en el caso de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, se tipifican como delitos las conductas siguientes:

 

I: La de aquel se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante: el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave o la amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.

 

Sobre el particular, cabe decir que la Ley señala que tratándose de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que se ha hecho referencia.

 

  1. La de aquel que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.

 

III. La de aquel que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio.

 

Cabe decir al respecto, que no se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.

 

  1. La de aquel que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.

 

También se castigara a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.

 

  1. La de aquel que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello.

 

También será sancionado aquel que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

Se contempla además en la nueva ley, que la tentativa para los delitos relacionados con la trata de personas tendrá el carácter de punible, y deberá sancionarse hasta con las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar.

 

En este Título, se prevé además el resarcimiento y reparación del daño, por ello, cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión de los delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá condenarla al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.

 

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá por lo menos:

 

  1. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado;

 

  1. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral.

 

Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima.

 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias;

 

  1. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como y el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo, al tiempo del dictado de la sentencia;

 

  1. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales;

 

  1. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

 

VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite;

 

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de autoridad.

 

Por su parte, el Título Tercero denominado de la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, establece que para su protección y asistencia, el Estado, además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá:

 

  1. Garantizar a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

 

  1. Garantizar a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

 

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el normal desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

 

Se  contempla además, que la Fiscalía General del Justicia del Estado elabore un programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos relacionados con la trata de personas, cuya integridad pueda estar amenazada.

 

Finalmente, en el Título Cuarto denominado de la Política de Estado, se establecen las bases para la intervención y coordinación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las personas servidoras públicas que integran la Administración Pública Estatal o Municipal para garantizar en todo momento los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos.

 

 

Asimismo, se señala retomar la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de trata de Personas del Estado de Guerrero, con el objeto de:

 

  1. Definir y coordinar la implementación de una política pública en materia de trata de personas;

 

  1. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar los delitos establecidos en esta Ley, y

 

III. Diseñar los mecanismos de evaluación del programa y de las acciones que se generen con motivo de la implementación del presente ordenamiento.

 

En este caso, la Comisión será presidida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero y estará conformada por el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, quien sustituirá al Gobernador del Estado en sus ausencias, la Fiscalía General de Justicia quien tendrá a su cargo de la coordinación ejecutiva, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Mujer y la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

 

Además, serán invitados permanentes en la Comisión Interinstitucional con derecho a voz pero sin voto la persona titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; la persona que presida la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y dos representantes de la sociedad civil organizada o expertos con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de trata de personas.

 

Con lo que se busca con esta nueva Ley, es eficiente los esfuerzos del Gobierno en el diseño e implementación de la política pública general del Estado de Guerrero en materia de trata de personas, así como la focalizada en la prevención, atención y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ PARA PREVENIR, COMBATIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Título Primero

De lo Sustantivo

 

Capítulo I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general dentro del territorio del Estado de Guerrero y tendrá por objeto:

 

  1. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución, sanción de los delitos en materia de trata de personas que, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deberán observar las autoridades del Estado de Guerrero que integran la Administración Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia, las Instituciones y la sociedad civil organizada y no organizada.

 

  1. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

 

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

 

  1. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

 

  1. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, así como el Programa del Estado de Guerrero para la Prevención de los delitos previstos en esta Ley y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Estos Delitos.

 

  1. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los procesos de prevención y de atención a víctimas.

 

VII. Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en esta Ley, y

 

VIII. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde participe la sociedad civil organizada y no organizada.

 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:

 

  1. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

  1. Ley: Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero.

 

III. Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

 

  1. Administración Pública: Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

  1. Comisión Interinstitucional: Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de trata de Personas del Estado de Guerrero;

 

  1. Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Guerrero;

 

VII. Secretaría de Desarrollo Social: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero;

 

VIII. Secretaría de Educación: Secretaria de Educación Guerrero;

 

  1. Secretaría de Gobierno: Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero;

 

  1. Secretaría de la Mujer: Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero;

 

  1. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud del Estado de Guerrero;

 

XII. Secretaría de Seguridad Pública: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero;

 

XIII. Secretaría del Trabajo: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero;

XIV. Secretaría de Turismo: Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero;

 

  1. DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;

 

XVI. Testigos: Toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal;

 

XVII. Tribunal Superior de Justicia: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y

 

XVIII. Fondo: Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas;

 

XIX. Programa: Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Guerrero;

 

  1. Ofendido: Cualquiera de los sujetos señalados en la Ley General;

 

XXI. Víctima: La persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión por los delitos previstos en esta Ley.

 

XXII. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.

 

XXIII. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o seguir sometida a la conducta de explotación, y que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento de la víctima.

 

XIV. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de su identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para ella y su familia.

 

  1. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.

 

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas.

 

XXVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:

 

  1. a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;

 

  1. b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados;

 

  1. c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;

 

  1. d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;

 

  1. e) Ser una persona mayor de sesenta años;

 

  1. f) Cualquier tipo de adicción;

 

  1. g) Una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad, o

 

  1. h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito.

 

Artículo 3. En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; la Ley General; el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero; la Ley número 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y todas aquellas en que en la materia sean aplicables.

 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde a las Dependencias que integran la Administración Pública del Estado y a los Municipios en el ámbito de su competencia.

 

Artículo 5. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de actuar con diligencia para prevenir la trata de personas, realizar las investigaciones y acciones necesarias con la finalidad de que los responsables de la trata de personas sean sancionados, y brindar atención y protección a las víctimas de este delito; asimismo, deberán colaborar en la realización de programas permanentes para evitar que se vulneren los derechos humanos por razón de la trata de personas.

 

Artículo 6. El delito de trata de personas, se investigará y perseguirá de oficio por las autoridades de procuración y administración de justicia estatal, cuando se inicien, preparen o cometan en otra Entidad Federativa, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestra Entidad.

 

Capítulo II

De los Principios Rectores

 

Artículo 7. Las disposiciones previstas en la presente Ley se interpretarán y aplicarán atendiendo a los principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, igualdad, justicia, confidencialidad, secrecía en la investigación y, con independencia de los previstos por otras normas en materia de trata de personas, los siguientes principios:

 

  1. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

 

  1. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.

 

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación: En los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

  1. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico.

 

Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en desarrollo.

 

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

  1. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

 

  1. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos previstos en esta Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta condición.

 

En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les podrá poner en fronteras o territorios donde el peligro se dé por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cualquier otra razón que permita creer que su seguridad e integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál sea su estatus jurídico como extranjero en cuanto a duración y legalidad.

 

La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, será siempre voluntaria y conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para garantizar un retorno digno y seguro.

 

VII. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.

 

VIII. Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.

 

  1. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de conciencia, asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión, sin ninguna imposición en los programas o acciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y asistencia; y

 

  1. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.

 

Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

 

Artículo 8. De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las víctimas, los ofendidos o testigos de los delitos de trata de personas tendrán los derechos siguientes:

 

  1. Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;

 

  1. Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;

 

III. Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, incluyendo la representación jurídica en las materias civil y familiar;

 

  1. Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

 

  1. Recibir protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley;

 

  1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

 

VII. Ser informadas del estado, de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

 

VIII. Ser oídas en todas las etapas del proceso;

 

  1. Recibir la protección de su identidad, datos personales e intimidad;

 

  1. Permanecer en el país de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;

 

  1. Recibir facilidades para el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio; y

 

XII. Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

 

Artículo 9. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, con independencia de la relación que mantuvieran con el sujeto activo o sí éste ha sido identificado, localizado, aprehendido, juzgado o sentenciado.

 

Título Segundo

Del Delito de Trata de Personas y de la Reparación del Daño

 

Capítulo I

De los Principios para la Investigación, Procesamiento e Imposición de las Sanciones

 

Artículo 10. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

 

  1. La Fiscalía, El Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.

 

  1. Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso, excepto las previstas en los artículos 38, 39 y 40 de esta Ley.

 

III. El Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.

 

  1. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberán contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, en términos de Ley.

 

  1. Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas, ofendidos y testigos, entre otros la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

 

Artículo 11. Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran tomar medidas especiales.

 

Artículo 12. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499; del Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero; la Ley número 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y todas aquellas en que en la materia sean aplicables.

 

Capítulo II

De los Delitos en Materia de Trata de Personas

 

Artículo 13. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

 

Se entenderá por explotación de una persona a:

 

  1. La esclavitud, de conformidad con el artículo 14 de la presente Ley;

 

  1. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley;

 

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 16 a 23 de la presente Ley;

 

  1. La explotación laboral, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

 

  1. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

 

  1. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 27 de la presente Ley;

 

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 28 de la presente Ley;

 

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 29 y 30 de la presente Ley;

 

  1. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 31 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 32;

 

  1. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 33 de la presente Ley; y

 

  1. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 34 de la presente Ley.

 

Artículo 14. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.

 

Artículo 15. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Tiene condición de siervo:

 

  1. Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

 

  1. Por gleba: Es siervo por gleba aquel que:

 

  1. a) Se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona;

 

  1. b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona;

 

  1. c) Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos sobre personas que no puedan abandonar dicho predio.

 

Artículo 16. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

 

  1. El engaño;

 

  1. La violencia física o moral;

 

III. El abuso de poder;

 

  1. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

 

  1. Daño grave o amenaza de daño grave; o

 

  1. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.

 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo.

 

Artículo 17. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.

 

Artículo 18. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio.

 

No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.

 

Artículo 19. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.

 

Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.

 

Artículo 20. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución.

 

Artículo 21. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello.

 

Artículo 22. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

  1. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o

 

  1. La naturaleza, frecuencia y condiciones especificas; o

 

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o

 

  1. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la realización de esas prácticas; o

 

  1. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o

 

  1. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el acuerdo: el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada.

 

Artículo 23. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II al VI del artículo anterior.

 

Artículo 24. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, quien explote laboralmente a una o más personas.

 

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:

 

  1. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;

 

  1. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o

 

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

 

Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.

 

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:

 

  1. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;

 

  1. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad;

 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

 

Artículo 26. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:

 

  1. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;

 

  1. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, el Estado de Guerrero o sus municipios;

 

III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

 

  1. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada.

 

Artículo 27. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.

 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.

 

Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Artículo 28. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 

Artículo 29. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley.

 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.

 

Artículo 30. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años.

 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.

 

No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con todas sus consecuencias.

 

Artículo 31. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que:

 

  1. Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella;

 

  1. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares;

 

III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.

 

Artículo 32. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio.

 

Artículo 33. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud.

 

Artículo 34. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia.

 

Artículo 35. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

 

Artículo 36. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma.

 

Artículo 37. Al que dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en el presente capítulo, será sancionado con pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Artículo 38. Se sancionará con pena de 2 a 40 años de prisión y de un mil a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas en otros ordenamientos legales aplicables, al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley.

 

Artículo 39. Se aplicará pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con la protección de víctimas, ofendidos o testigos.

 

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, o del poder judicial la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Artículo 40. No se procederá en contra de la víctima de los delitos previstos en esta Ley por delitos que hubiesen cometido mientras estuvieran sujetas al control o amenaza de sus victimarios, cuando no les sea exigible otra conducta.

 

Artículo 41. Las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de personas, no serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros ordenamientos legales, por su situación migratoria irregular o por la adquisición o posesión de documentos de identificación apócrifos. Tampoco serán mantenidas en centros de detención o prisión en ningún momento antes, durante o después de todos los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

 

Capítulo III

Reglas comunes para los delitos previstos en esta Ley

 

Artículo 42. La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de punible, y deberá sancionarse hasta con las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar.

 

En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas en este artículo, la autoridad judicial tomará en consideración, además de lo previsto en el artículo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico.

 

Artículo 43. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal.

 

Artículo 44. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán también a quien los prepare, promueva, incite, facilite o colabore.

 

Artículo 45. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando:

 

  1. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite en el mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de hecho con la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la pérdida de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia;

 

  1. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 16;

 

III. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia;

 

  1. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima;

 

  1. El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA;

 

  1. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no tengan capacidad de valerse por sí misma;

 

VII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;

 

VIII. El delito comprenda más de una víctima;

 

  1. Cuando el autor del delito:

 

  1. a) Sea miembro de la delincuencia organizada;

 

  1. b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley General de Salud;

 

  1. c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de la víctima;

 

  1. d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la víctima menor de 18 años de edad;

 

  1. e) Sea funcionario público, o

 

  1. f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas.