Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Iniciativa de Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Ley Número ___ de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Conceptualmente las políticas públicas se expresan en las decisiones u omisiones de las autoridades gubernamentales de cualquier nivel, sea que aporten o no a dar soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos dentro de sus competencias.

 

Estas decisiones u omisiones que tienen el carácter de política pública, pueden desarrollar contenidos desde una perspectiva restrictiva, ausente, incompleta o integral de derechos; todo dependerá de las concepciones ideológicas y políticas de la autoridad y su entorno, pero sobre todo, de la capacidad de incidencia y diálogo político de los actores interesados en el orden público; mucho más, cuando es producto de las demandas de los sectores directamente involucrados y movilizados socialmente.

 

Por lo general, las políticas públicas se concretan en normas jurídicas de diversa jerarquía, pueden ser constitucionales, legales, reglamentarias, decretos ejecutivos, resoluciones judiciales, entre otras; también se expresan a través de planes, programas, proyectos y acciones promovidos por diversos niveles de gobierno, generalmente de la función ejecutiva; así como en el establecimiento del presupuesto e inversiones fiscales que deben ser ejecutadas por la administración pública.

 

La gestión de las políticas públicas, idealmente debe cumplir con un ciclo lógico para su elaboración, un primer momento constituye la formulación de la política y que puede significar la creación, la reformulación o la derogación de la misma; un segundo momento de decisión, que significa la resolución del órgano competente; un tercero momento, la presupuestación, para establecer las fuentes de financiamiento y la asignación de recursos financieros necesarios para su ejecución; un cuarto, la ejecución misma de la política, que no solo es facultad en estos tiempos de las instituciones públicas, sino de una participación corresponsable de actores sociales, públicos y privados; y finalmente, el control de la política, lo que demanda el seguimiento y evaluación de los resultados, dirigido a valorar la pertinencia o no de ésta; todos estos momentos deberían fluir de manera flexible y garantizar la participación y movilización social.

 

En conclusión, para el diseño de las políticas públicas es imprescindible contar con un marco jurídico legítimo, que garantice la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos, y mucho más si es de carácter constitucional.

 

Bajo este contexto, el artículo 2°, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la base constitucional para la implementación de políticas sociales para proteger a todo individuo que se movilice a través de las fronteras.

 

La doctrina nos ha enseñado que, es gracias a la movilidad humana que se puede leer y entender la propia conformación de los Estados en relación a la presencia de ‘otro extranjero’.

 

Estos postulados son retomado por nuestra Carta Magna al reconocer una Nación pluricultural, en la que las identidades se construyen a través de la noción de ciudadanía, en relación a las personas de otras nacionalidades que habitan en su territorio.

 

Bajo esta tónica, es imperioso que en el Estado de Guerrero se implementen medidas normativas que se encuentren a la par de las prioridades en las políticas globales en la materia.

 

Debemos asumir acciones para hacer efectivos los derechos de las personas en situación de movilidad humana y, con ello, modificar las condiciones que impiden el ejercicio de derechos o que directamente los vulneran.

 

La implementación del sistema normativo de la movilidad humana en nuestra entidad, acorde con los lineamientos internaciones debe basarse por varios fundamentos éticos, políticos y teóricos, que delimiten el proceso de diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de la transversalización de la política pública sobre movilidad humana, estableciendo al menos:

 

  1. Las bases para la progresiva eliminación de las desigualdades estructurales que excluyen a las personas en situación de movilidad humana;

 

  1. Erradicar las prácticas que criminalizan a las personas por su condición migratoria;

 

III. Reconocer el papel fundamental de los migrantes en el desarrollo social y económico y cultural de los lugares donde residen actualmente y su aporte sustancial a la economía guerrerense. En correlación, hemos de reconocer el aporte que las personas de otras nacionalidades hacen en este mismo sentido con su presencia en Guerrero;

 

  1. Las directrices para el diseño de políticas públicas sobre movilidad humana a partir de un enfoque basado en derechos, poniendo en el centro del proceso de planificación a los seres humanos, permitiendo identificar inequidades de origen nacional y condición migratoria;

 

  1. El proceso de planificación, en todas sus fases, debe contemplar la universalidad, la inalienabilidad y la interdependencia de los derechos, la igualdad y no discriminación, la participación e inclusión y la rendición de cuentas; y

 

  1. El diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas sobre movilidad humana deben construirse sobre la base de los principios de corresponsabilidad y de complementariedad entre las Instituciones del Estado, las organizaciones sociales y los actores de la movilidad humana.

 

Sobre estos pilares, se erige el proyecto de Ley de Hospitalidad Migratoria en un camino marcado por nuestra Constitución y guiado por los Ciudadanos.

 

Con ella, los Diputados Ciudadanos buscamos cumplir con nuestra obligación atender las necesidades de la ciudadanía y en especial de nuestros migrantes, pensando en sus derechos y en su seguridad humana.

 

La propuesta de una nueva legislación en materia de Hospitalidad Migratoria, constituye un importante paso en esta nueva forma de construcción del buen vivir para todos las y los guerrerenses en el mundo y para aquellos que viven en nuestra entidad.

 

Este proyecto permitirá regular a las distintas modalidades migratorias, desde el enfoque constitucional de la libre movilidad.

 

Pero sobre todo, saldar la deuda social con nuestros migrantes que desde un enfoque de derechos permita el acceso a los distintos programas de desarrollo en salud, educación e inserción laboral

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracciones II y III, 126, fracción II, 127, párrafo tercero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ DE HOSPITALIDAD MIGRATORIA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Guerrero y tiene por objeto regular la hospitalidad y propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana.

 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entiende por:

 

  1. Administración Pública. La Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

  1. Comisión. La Comisión de Hospitalidad Migratoria;

 

III. Comunidades de distinto origen nacional. Los grupos de población cuyos ascendentes provengan de otras nacionalidades o minorías nacionales en otros Estados, o bien los originarios del Estado de Guerrero que desciendan de los mismos y se reconozcan como pertenecientes a estos colectivos;

 

  1. Criterios. Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el presente ordenamiento;

 

  1. Familiares. Cónyuge, concubina o concubino; o conviviente del migrante, así como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo grado y las personas sobre las que el migrante ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas como familiares por las Leyes del Estado de Guerrero y por los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos;

 

  1. Huésped. Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que arriba al Estado de Guerrero con la finalidad de transitar en esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por la Administración Pública. Esta definición incluye a migrantes internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la entidad;

 

VII. Ley. La Ley de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero;

 

VIII. Migrante. Persona originaria o residente del Estado de Guerrero que salga de la entidad con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero;

 

  1. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero; y

 

  1. Secretaria. La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero;

 

Artículo 3. Son sujetos de la presente Ley:

 

  1. Personas de comunidades de distinto origen nacional;

 

  1. Huéspedes;

 

III. Migrantes; y

 

  1. Familiares del migrante.

 

Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 4. La presente Ley es aplicable a las y los sujetos de la Ley sin distinción alguna por motivos de sexo, preferencia y condición sexual, raza, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

La atención, beneficios, ayudas, becas y apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se definirán mediante programas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de esta Ley establezca aplicables a personas de distinto origen nacional, huéspedes, y migrantes y sus familiares.

 

Capítulo II

De la Movilidad Humana

 

Artículo 5. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

 

Artículo 6. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su condición migratoria, a:

 

  1. Las personas que salen del Estado de Guerrero con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;

 

  1. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan al Estado de Guerrero para:

 

  1. a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;

 

  1. b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; y

 

  1. c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección.

 

Artículo 7. En el Estado de Guerrero ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria. La Administración Pública garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos.

 

Artículo 8. El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el goce y disfrute de los programas y servicios de la Administración Pública independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes.

Capítulo III

De la Hospitalidad

 

Artículo 9. El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la o el huésped que se encuentre en el territorio del Estado de Guerrero y posibilitar en el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por la Administración Pública.

 

Artículo 10. Las y los huéspedes tienen derecho a acceder a los programas sociales que esta Ley establece, así como a los servicios aplicables de la Administración Pública. No obstante, para aquellas personas que tengan una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la Secretaría adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos.

 

Artículo 11. La Secretaría creará un padrón de huéspedes del Estado de Guerrero como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento, con el objeto de promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos de regularización.

 

La inscripción en el padrón de huéspedes, no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente Ley.

 

Artículo 12. La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención social a huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en la entidad. El reglamento de la Ley establecerá las formas y criterios para el acceso a estos programas.

 

Capítulo IV

De los Derechos

 

Artículo 13. En el Estado de Guerrero las personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus familiares, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a:

 

  1. Gozar de las garantías y libertades fundamentales, con plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y hombres;

 

  1. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

 

III. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de vida adecuada que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable;

 

  1. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual;

 

  1. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas;

 

  1. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;

 

VII. Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;

 

VIII. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y demás en mayor grado social de exposición;

 

  1. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana;

 

  1. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;
  2. Proteger sus valores culturales propios;

 

XII. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones arbitrarias;

 

XIII. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;

 

XIV. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques morales;

 

  1. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al español en procesos y trámites legales; y

 

XVI. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

Capítulo V

De la Interculturalidad

 

Artículo 14. El Estado de Guerrero es intercultural, expresado en la diversidad sociocultural de sus habitantes, sustentado en los pueblos indígenas originarios y sus integrantes, así como en las personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.

Las autoridades del Estado de Guerrero tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la discriminación, así como asegurar la igualdad de oportunidades para todos mediante la adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos.

 

Artículo 15. La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes.

 

La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y servicios públicos.

 

Artículo 16. Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y las dependencias y entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios:

 

  1. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e identidad pluralista;

 

  1. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa;

 

III. Propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen nacional;

 

  1. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto;

 

  1. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;

 

  1. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades;

 

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada;

 

VIII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a la integración intercultural; y

 

  1. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano.

 

Artículo 17. La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como herramienta a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la entidad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.

 

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública, así como con aportes de expertos, investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su cumplimiento por la Administración Pública.

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la instrumentación de este Índice.

 

Artículo 18. La Secretaría promoverá la participación del Estado de Guerrero en las diversas iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración en materia de interculturalidad que propicien metodologías internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de herramientas analíticas y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de la entidad y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a participar de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la diversidad como una ventaja competitiva.

 

Artículo 19. La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los sujetos relacionados con la interculturalidad que establezcan las Leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos de la Secretaría y demás dependencias y entidades de la administración pública.

 

Artículo 20. La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto.

 

Artículo 21. La Secretaría fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el Estado de Guerrero, cuyos integrantes estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos.

 

Artículo 22. La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en el Estado de Guerrero de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y económico a la entidad.

 

Artículo 23. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, elaborarán materiales didácticos para la comunidad estudiantil en el Estado de Guerrero que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

 

Capítulo VI

De la Competencia y Coordinación

 

Artículo 24. Las atribuciones establecidas en la presente Ley serán ejercidas por la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, salvo las que directamente correspondan al Titular del Poder Ejecutivo por disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el ámbito de competencia a la Administración Pública.

 

Artículo 25. Son facultades de la Secretaría:

 

  1. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública;

 

  1. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a garantizar los derechos de los sujetos de la Ley;

 

III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias;

 

  1. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidas en los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la Administración Pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;

 

  1. Vincular las políticas, programas y servicios con guerrerenses en el exterior;

 

  1. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de interculturalidad, hospitalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familiares, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las materias de esta Ley, con órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales, internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;

 

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la Administración Pública, incluidos los municipios;

 

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación de la política y programas de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana, atención a migrantes y sus familiares y para comunidades de distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas;

 

  1. Coordinar los programas de la Administración Pública para la promoción, salvaguardia, tutela y defensa de los derechos de los migrantes guerrerenses residentes en el extranjero y de los huéspedes en la entidad, y coordinarse con la autoridad competente en su administración;

 

  1. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos humanos;

 

  1. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la Ley;

 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e internacional;

 

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones de atención a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional;

 

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de entidades hospitalarias e interculturales; y

 

  1. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 26. La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familiares en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 27. Los municipios ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y demás dependencias y entidades de la Administración Pública en las materias que regula esta Ley.

 

Artículo 28. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, incluidos los municipios, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad, hospitalidad, atención a migrantes y movilidad humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive.

 

CAPÍTULO VII

De la Comisión de Hospitalidad Migratoria

 

Artículo 29. La Comisión de Hospitalidad Migratoria es un órgano de coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas, transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:

 

  1. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá;

 

  1. Las y los titulares de las siguientes Dependencias y entidades de la Administración Pública:

 

  1. a) Secretaría General de Gobierno;

 

  1. b) Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial;

 

  1. c) Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico;

 

  1. d) Secretaría de Desarrollo Social;

 

  1. e) Secretaría de Salud;

 

  1. f) Secretaría de Turismo;

 

  1. g) Secretaría de Cultura;

 

  1. h) Secretaría de Educación Guerrero;

 

  1. i) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

 

  1. j) Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas;

 

  1. k) Secretaría de la Mujer;

 

  1. l) Secretaría de la Juventud y la Niñez; y

 

  1. m) Fiscalía General del Estado de Guerrero.

 

III. La o el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

 

Las y los titulares de las Dependencias y entidades podrán designar a un representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo.

 

Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión o asesoría de servidores públicos, especialistas, académicos, intelectuales u organizaciones de migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones de forma temporal o permanente, quienes tendrán derecho de voz.

 

El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la o el Secretario Técnico de la Comisión en los términos que señale el Reglamento.

 

Artículo 30. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad humana;
  2. Proponer a las Dependencias y entidades de la Administración Pública, la inclusión en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad humana;

 

III. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los derechos de los sujetos de la Ley;

 

  1. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

 

  1. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones;

 

  1. Aprobar su ordenamiento interior; y

 

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.

 

El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 31. La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria, intercultural y de movilidad humana mediante la convocatoria a las organizaciones sociales y civiles, obreras, empresariales, pueblos y comunidades indígenas y originarias, de comunidades de distinto origen nacional, de campesinos y productores agropecuarios; comunidades agrarias, instituciones educativas, y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas

 

La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de dependencias y entidades de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará al reglamento que para el efecto expida la Secretaría.

 

CAPÍTULO VIII

De la política de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana

 

Artículo 32. Para la formulación y conducción de las políticas de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes, y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública, el ejercicio de los instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios:

 

  1. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 13 de la presente Ley;

 

  1. Proteger y apoyar a los sujetos de la Ley a fin de garantizar su desarrollo social y humano con dignidad;

 

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas en beneficio de los sujetos de la Ley;

 

  1. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;

 

  1. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, así como el apoyo en el traslado de restos funerarios de migrantes;

 

  1. Crear condiciones para el retorno voluntario de migrantes del Estado de Guerrero y propiciar la reintegración familiar;

 

VII. Promocionar la inversión de migrantes mexicanos en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura en sus comunidades de origen en el Estado de Guerrero;

 

VIII. Apoyar la integración de huéspedes a la colectividad social del Estado de Guerrero, observando la legislación federal aplicable; y

 

  1. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la Ley, y sus comunidades de origen, así como entre aquélla y los habitantes del Estado de Guerrero, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción intercultural.

 

Artículo 33. En la planificación del desarrollo del Estado de Guerrero se deberá incorporar la política de hospitalidad, intercultural, atención a migrantes y de movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública serán responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las políticas, programas y acciones que sean de su competencia, particularmente las de desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social, procuración de justicia y derechos humanos.

 

Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas dependencias y autoridades, con el fin de que todo servidor público tenga conocimiento de los derechos a favor de huéspedes y migrantes, y de su forma de ejercicio.

 

Artículo 34. La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que corresponda en su caso, el Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el Estado de Guerrero, el cual deberá contener:

 

  1. Los subprogramas, líneas, programas y acciones con enfoque de integración territorializada;

 

  1. Los apoyos y estímulos;

 

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

 

  1. Los mecanismos de evaluación, actuación y corrección de programas;

 

  1. Los instrumentos de comunicación y difusión; y

 

  1. Los medios de defensa.

 

Artículo 35. La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación con migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter social.

 

Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación.

 

Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas especiales para atender el retorno de migrantes en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 36. La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública y con los insumos aportados por los sectores social y privado que trabajan por la integración y los derechos de los sujetos de la Ley.

 

Artículo 37. El Gobierno del Estado de Guerrero incluirá anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que envíe al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la propuesta de recursos necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley se refiere. En ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior.

 

La Secretaría de Finanzas y Administración, en coordinación con la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el acceso a las ayudas, apoyos y subsidios aplicables para las personas migrantes internacionales en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

Artículo 38. La Secretaría publicará anualmente el Informe sobre la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana.

 

Artículo 39. Las infracciones a lo previsto en esta Ley, serán sancionadas en términos de lo establecido por la legislación aplicable en materia de responsabilidad de servidores públicos del Estado de Guerrero, sin perjuicio de aquellas contenidas en otras disposiciones legales aplicables.

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

SEGUNDO. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Secretaría de Finanzas y Administración, en sus respectivos ámbitos de competencia, determinarán los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los objetivos de los programas a que este Decreto se refiere.

 

TERCERO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes a sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

 

CUARTO. La Secretaría establecerá el Reglamento de Ley en un período no mayor a los 180 días hábiles a la publicación de este Decreto.

 

QUINTO. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los 25 días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley Número ___ de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero]

Iniciativa de Ley de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Ley Número ___ de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Conceptualmente las políticas públicas se expresan en las decisiones u omisiones de las autoridades gubernamentales de cualquier nivel, sea que aporten o no a dar soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos dentro de sus competencias.

 

Estas decisiones u omisiones que tienen el carácter de política pública, pueden desarrollar contenidos desde una perspectiva restrictiva, ausente, incompleta o integral de derechos; todo dependerá de las concepciones ideológicas y políticas de la autoridad y su entorno, pero sobre todo, de la capacidad de incidencia y diálogo político de los actores interesados en el orden público; mucho más, cuando es producto de las demandas de los sectores directamente involucrados y movilizados socialmente.

 

Por lo general, las políticas públicas se concretan en normas jurídicas de diversa jerarquía, pueden ser constitucionales, legales, reglamentarias, decretos ejecutivos, resoluciones judiciales, entre otras; también se expresan a través de planes, programas, proyectos y acciones promovidos por diversos niveles de gobierno, generalmente de la función ejecutiva; así como en el establecimiento del presupuesto e inversiones fiscales que deben ser ejecutadas por la administración pública.

 

La gestión de las políticas públicas, idealmente debe cumplir con un ciclo lógico para su elaboración, un primer momento constituye la formulación de la política y que puede significar la creación, la reformulación o la derogación de la misma; un segundo momento de decisión, que significa la resolución del órgano competente; un tercero momento, la presupuestación, para establecer las fuentes de financiamiento y la asignación de recursos financieros necesarios para su ejecución; un cuarto, la ejecución misma de la política, que no solo es facultad en estos tiempos de las instituciones públicas, sino de una participación corresponsable de actores sociales, públicos y privados; y finalmente, el control de la política, lo que demanda el seguimiento y evaluación de los resultados, dirigido a valorar la pertinencia o no de ésta; todos estos momentos deberían fluir de manera flexible y garantizar la participación y movilización social.

 

En conclusión, para el diseño de las políticas públicas es imprescindible contar con un marco jurídico legítimo, que garantice la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos, y mucho más si es de carácter constitucional.

 

Bajo este contexto, el artículo 2°, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la base constitucional para la implementación de políticas sociales para proteger a todo individuo que se movilice a través de las fronteras.

 

La doctrina nos ha enseñado que, es gracias a la movilidad humana que se puede leer y entender la propia conformación de los Estados en relación a la presencia de ‘otro extranjero’.

 

Estos postulados son retomado por nuestra Carta Magna al reconocer una Nación pluricultural, en la que las identidades se construyen a través de la noción de ciudadanía, en relación a las personas de otras nacionalidades que habitan en su territorio.

 

Bajo esta tónica, es imperioso que en el Estado de Guerrero se implementen medidas normativas que se encuentren a la par de las prioridades en las políticas globales en la materia.

 

Debemos asumir acciones para hacer efectivos los derechos de las personas en situación de movilidad humana y, con ello, modificar las condiciones que impiden el ejercicio de derechos o que directamente los vulneran.

 

La implementación del sistema normativo de la movilidad humana en nuestra entidad, acorde con los lineamientos internaciones debe basarse por varios fundamentos éticos, políticos y teóricos, que delimiten el proceso de diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de la transversalización de la política pública sobre movilidad humana, estableciendo al menos:

 

  1. Las bases para la progresiva eliminación de las desigualdades estructurales que excluyen a las personas en situación de movilidad humana;

 

  1. Erradicar las prácticas que criminalizan a las personas por su condición migratoria;

 

III. Reconocer el papel fundamental de los migrantes en el desarrollo social y económico y cultural de los lugares donde residen actualmente y su aporte sustancial a la economía guerrerense. En correlación, hemos de reconocer el aporte que las personas de otras nacionalidades hacen en este mismo sentido con su presencia en Guerrero;

 

  1. Las directrices para el diseño de políticas públicas sobre movilidad humana a partir de un enfoque basado en derechos, poniendo en el centro del proceso de planificación a los seres humanos, permitiendo identificar inequidades de origen nacional y condición migratoria;

 

  1. El proceso de planificación, en todas sus fases, debe contemplar la universalidad, la inalienabilidad y la interdependencia de los derechos, la igualdad y no discriminación, la participación e inclusión y la rendición de cuentas; y

 

  1. El diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas sobre movilidad humana deben construirse sobre la base de los principios de corresponsabilidad y de complementariedad entre las Instituciones del Estado, las organizaciones sociales y los actores de la movilidad humana.

 

Sobre estos pilares, se erige el proyecto de Ley de Hospitalidad Migratoria en un camino marcado por nuestra Constitución y guiado por los Ciudadanos.

 

Con ella, los Diputados Ciudadanos buscamos cumplir con nuestra obligación atender las necesidades de la ciudadanía y en especial de nuestros migrantes, pensando en sus derechos y en su seguridad humana.

 

La propuesta de una nueva legislación en materia de Hospitalidad Migratoria, constituye un importante paso en esta nueva forma de construcción del buen vivir para todos las y los guerrerenses en el mundo y para aquellos que viven en nuestra entidad.

 

Este proyecto permitirá regular a las distintas modalidades migratorias, desde el enfoque constitucional de la libre movilidad.

 

Pero sobre todo, saldar la deuda social con nuestros migrantes que desde un enfoque de derechos permita el acceso a los distintos programas de desarrollo en salud, educación e inserción laboral

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracciones II y III, 126, fracción II, 127, párrafo tercero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ DE HOSPITALIDAD MIGRATORIA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

De las Disposiciones Generales

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Guerrero y tiene por objeto regular la hospitalidad y propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana.

 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entiende por:

 

  1. Administración Pública. La Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

  1. Comisión. La Comisión de Hospitalidad Migratoria;

 

III. Comunidades de distinto origen nacional. Los grupos de población cuyos ascendentes provengan de otras nacionalidades o minorías nacionales en otros Estados, o bien los originarios del Estado de Guerrero que desciendan de los mismos y se reconozcan como pertenecientes a estos colectivos;

 

  1. Criterios. Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el presente ordenamiento;

 

  1. Familiares. Cónyuge, concubina o concubino; o conviviente del migrante, así como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo grado y las personas sobre las que el migrante ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas como familiares por las Leyes del Estado de Guerrero y por los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos;

 

  1. Huésped. Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que arriba al Estado de Guerrero con la finalidad de transitar en esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por la Administración Pública. Esta definición incluye a migrantes internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la entidad;

 

VII. Ley. La Ley de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero;

 

VIII. Migrante. Persona originaria o residente del Estado de Guerrero que salga de la entidad con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero;

 

  1. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero; y

 

  1. Secretaria. La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero;

 

Artículo 3. Son sujetos de la presente Ley:

 

  1. Personas de comunidades de distinto origen nacional;

 

  1. Huéspedes;

 

III. Migrantes; y

 

  1. Familiares del migrante.

 

Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 4. La presente Ley es aplicable a las y los sujetos de la Ley sin distinción alguna por motivos de sexo, preferencia y condición sexual, raza, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

La atención, beneficios, ayudas, becas y apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se definirán mediante programas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de esta Ley establezca aplicables a personas de distinto origen nacional, huéspedes, y migrantes y sus familiares.

 

Capítulo II

De la Movilidad Humana

 

Artículo 5. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

 

Artículo 6. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su condición migratoria, a:

 

  1. Las personas que salen del Estado de Guerrero con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de su territorio;

 

  1. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan al Estado de Guerrero para:

 

  1. a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;

 

  1. b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; y

 

  1. c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección.

 

Artículo 7. En el Estado de Guerrero ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria. La Administración Pública garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos.

 

Artículo 8. El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el goce y disfrute de los programas y servicios de la Administración Pública independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes.

Capítulo III

De la Hospitalidad

 

Artículo 9. El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la o el huésped que se encuentre en el territorio del Estado de Guerrero y posibilitar en el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por la Administración Pública.

 

Artículo 10. Las y los huéspedes tienen derecho a acceder a los programas sociales que esta Ley establece, así como a los servicios aplicables de la Administración Pública. No obstante, para aquellas personas que tengan una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la Secretaría adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos.

 

Artículo 11. La Secretaría creará un padrón de huéspedes del Estado de Guerrero como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento, con el objeto de promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos de regularización.

 

La inscripción en el padrón de huéspedes, no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente Ley.

 

Artículo 12. La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención social a huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en la entidad. El reglamento de la Ley establecerá las formas y criterios para el acceso a estos programas.

 

Capítulo IV

De los Derechos

 

Artículo 13. En el Estado de Guerrero las personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus familiares, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a:

 

  1. Gozar de las garantías y libertades fundamentales, con plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y hombres;

 

  1. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

 

III. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de vida adecuada que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable;

 

  1. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual;

 

  1. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas;

 

  1. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;

 

VII. Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;

 

VIII. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y demás en mayor grado social de exposición;

 

  1. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana;

 

  1. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;
  2. Proteger sus valores culturales propios;

 

XII. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones arbitrarias;

 

XIII. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;

 

XIV. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques morales;

 

  1. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al español en procesos y trámites legales; y

 

XVI. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

Capítulo V

De la Interculturalidad

 

Artículo 14. El Estado de Guerrero es intercultural, expresado en la diversidad sociocultural de sus habitantes, sustentado en los pueblos indígenas originarios y sus integrantes, así como en las personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.

Las autoridades del Estado de Guerrero tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la discriminación, así como asegurar la igualdad de oportunidades para todos mediante la adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos.

 

Artículo 15. La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes.

 

La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y servicios públicos.

 

Artículo 16. Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y las dependencias y entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios:

 

  1. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e identidad pluralista;

 

  1. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa;

 

III. Propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen nacional;

 

  1. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto;

 

  1. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;

 

  1. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades;

 

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada;

 

VIII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a la integración intercultural; y

 

  1. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano.

 

Artículo 17. La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como herramienta a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la entidad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.

 

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública, así como con aportes de expertos, investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su cumplimiento por la Administración Pública.

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la instrumentación de este Índice.

 

Artículo 18. La Secretaría promoverá la participación del Estado de Guerrero en las diversas iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración en materia de interculturalidad que propicien metodologías internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de herramientas analíticas y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de la entidad y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a participar de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la diversidad como una ventaja competitiva.

 

Artículo 19. La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los sujetos relacionados con la interculturalidad que establezcan las Leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos de la Secretaría y demás dependencias y entidades de la administración pública.

 

Artículo 20. La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto.

 

Artículo 21. La Secretaría fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el Estado de Guerrero, cuyos integrantes estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos.

 

Artículo 22. La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en el Estado de Guerrero de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y económico a la entidad.

 

Artículo 23. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, elaborarán materiales didácticos para la comunidad estudiantil en el Estado de Guerrero que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

 

Capítulo VI

De la Competencia y Coordinación

 

Artículo 24. Las atribuciones establecidas en la presente Ley serán ejercidas por la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, salvo las que directamente correspondan al Titular del Poder Ejecutivo por disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el ámbito de competencia a la Administración Pública.

 

Artículo 25. Son facultades de la Secretaría:

 

  1. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública;

 

  1. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a garantizar los derechos de los sujetos de la Ley;

 

III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias;

 

  1. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidas en los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la Administración Pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;

 

  1. Vincular las políticas, programas y servicios con guerrerenses en el exterior;

 

  1. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de interculturalidad, hospitalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familiares, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las materias de esta Ley, con órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales, internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;

 

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la Administración Pública, incluidos los municipios;

 

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación de la política y programas de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana, atención a migrantes y sus familiares y para comunidades de distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas;

 

  1. Coordinar los programas de la Administración Pública para la promoción, salvaguardia, tutela y defensa de los derechos de los migrantes guerrerenses residentes en el extranjero y de los huéspedes en la entidad, y coordinarse con la autoridad competente en su administración;

 

  1. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos humanos;

 

  1. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la Ley;

 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e internacional;

 

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones de atención a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional;

 

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de entidades hospitalarias e interculturales; y

 

  1. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 26. La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familiares en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 27. Los municipios ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y demás dependencias y entidades de la Administración Pública en las materias que regula esta Ley.

 

Artículo 28. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, incluidos los municipios, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad, hospitalidad, atención a migrantes y movilidad humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive.

 

CAPÍTULO VII

De la Comisión de Hospitalidad Migratoria

 

Artículo 29. La Comisión de Hospitalidad Migratoria es un órgano de coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas, transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:

 

  1. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá;

 

  1. Las y los titulares de las siguientes Dependencias y entidades de la Administración Pública:

 

  1. a) Secretaría General de Gobierno;

 

  1. b) Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial;

 

  1. c) Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico;

 

  1. d) Secretaría de Desarrollo Social;

 

  1. e) Secretaría de Salud;

 

  1. f) Secretaría de Turismo;

 

  1. g) Secretaría de Cultura;

 

  1. h) Secretaría de Educación Guerrero;

 

  1. i) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

 

  1. j) Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas;

 

  1. k) Secretaría de la Mujer;

 

  1. l) Secretaría de la Juventud y la Niñez; y

 

  1. m) Fiscalía General del Estado de Guerrero.

 

III. La o el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

 

Las y los titulares de las Dependencias y entidades podrán designar a un representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo.

 

Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión o asesoría de servidores públicos, especialistas, académicos, intelectuales u organizaciones de migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones de forma temporal o permanente, quienes tendrán derecho de voz.

 

El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la o el Secretario Técnico de la Comisión en los términos que señale el Reglamento.

 

Artículo 30. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad humana;
  2. Proponer a las Dependencias y entidades de la Administración Pública, la inclusión en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad humana;

 

III. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los derechos de los sujetos de la Ley;

 

  1. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

 

  1. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones;

 

  1. Aprobar su ordenamiento interior; y

 

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.

 

El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 31. La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria, intercultural y de movilidad humana mediante la convocatoria a las organizaciones sociales y civiles, obreras, empresariales, pueblos y comunidades indígenas y originarias, de comunidades de distinto origen nacional, de campesinos y productores agropecuarios; comunidades agrarias, instituciones educativas, y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas

 

La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de dependencias y entidades de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará al reglamento que para el efecto expida la Secretaría.

 

CAPÍTULO VIII

De la política de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana

 

Artículo 32. Para la formulación y conducción de las políticas de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes, y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública, el ejercicio de los instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios:

 

  1. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 13 de la presente Ley;

 

  1. Proteger y apoyar a los sujetos de la Ley a fin de garantizar su desarrollo social y humano con dignidad;

 

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas en beneficio de los sujetos de la Ley;

 

  1. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;

 

  1. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, así como el apoyo en el traslado de restos funerarios de migrantes;

 

  1. Crear condiciones para el retorno voluntario de migrantes del Estado de Guerrero y propiciar la reintegración familiar;

 

VII. Promocionar la inversión de migrantes mexicanos en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura en sus comunidades de origen en el Estado de Guerrero;

 

VIII. Apoyar la integración de huéspedes a la colectividad social del Estado de Guerrero, observando la legislación federal aplicable; y

 

  1. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la Ley, y sus comunidades de origen, así como entre aquélla y los habitantes del Estado de Guerrero, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción intercultural.

 

Artículo 33. En la planificación del desarrollo del Estado de Guerrero se deberá incorporar la política de hospitalidad, intercultural, atención a migrantes y de movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública serán responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las políticas, programas y acciones que sean de su competencia, particularmente las de desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social, procuración de justicia y derechos humanos.

 

Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas dependencias y autoridades, con el fin de que todo servidor público tenga conocimiento de los derechos a favor de huéspedes y migrantes, y de su forma de ejercicio.

 

Artículo 34. La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que corresponda en su caso, el Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el Estado de Guerrero, el cual deberá contener:

 

  1. Los subprogramas, líneas, programas y acciones con enfoque de integración territorializada;

 

  1. Los apoyos y estímulos;

 

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

 

  1. Los mecanismos de evaluación, actuación y corrección de programas;

 

  1. Los instrumentos de comunicación y difusión; y

 

  1. Los medios de defensa.

 

Artículo 35. La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación con migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter social.

 

Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación.

 

Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas especiales para atender el retorno de migrantes en el Estado de Guerrero.

 

Artículo 36. La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública y con los insumos aportados por los sectores social y privado que trabajan por la integración y los derechos de los sujetos de la Ley.

 

Artículo 37. El Gobierno del Estado de Guerrero incluirá anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que envíe al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la propuesta de recursos necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley se refiere. En ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior.

 

La Secretaría de Finanzas y Administración, en coordinación con la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el acceso a las ayudas, apoyos y subsidios aplicables para las personas migrantes internacionales en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

Artículo 38. La Secretaría publicará anualmente el Informe sobre la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana.

 

Artículo 39. Las infracciones a lo previsto en esta Ley, serán sancionadas en términos de lo establecido por la legislación aplicable en materia de responsabilidad de servidores públicos del Estado de Guerrero, sin perjuicio de aquellas contenidas en otras disposiciones legales aplicables.

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

SEGUNDO. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Secretaría de Finanzas y Administración, en sus respectivos ámbitos de competencia, determinarán los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los objetivos de los programas a que este Decreto se refiere.

 

TERCERO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Guerrero, deberán realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes a sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

 

CUARTO. La Secretaría establecerá el Reglamento de Ley en un período no mayor a los 180 días hábiles a la publicación de este Decreto.

 

QUINTO. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los 25 días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley Número ___ de Hospitalidad Migratoria del Estado de Guerrero]

Iniciativa de Ley de Declaratoria de Ausencia por Desaparición en Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley número ___ para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La desaparición involuntaria de personas se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

 

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

 

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

 

Es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad que puedan ser sustraídos de padres afectados por este crimen.

 

El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales[1] y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la Ley.

 

Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados.

 

El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX a raíz de la multiplicación de los casos de desparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales que surgieron primero en estos países y luego en muchos otros del mundo, especializándose en su denuncia y concienciación.

 

La resolución de 1983 de la Organización de Estados Americanos (OEA), resultaron en 1989 en la formulación de la primera sentencia de condena a un Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando las bases para la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya firma fue celebrada en París el 6 de febrero de 2007, estableciendo una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios.

 

En este contexto la situación de México es preocupante. En 2009 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas remitió al país 10 casos, detrás de cada uno de los cuales hay una historia. Ahí está la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos desaparecidos en la región de la costa chica de Guerrero el 13 de febrero de 2009 y cuyos cuerpos fueron encontrados días después con signos de tortura.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha denunciado la grave crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país. En un informe, basado en su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, la CIDH denunció las cifras alarmantes de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado), así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.

 

Según el informe, en México hay 26,798 casos de personas no localizadas y en muchos de esos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del Estado.

 

El caso de Luis Echeverría Álvarez es indicativo, pues mientras él presentaba ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, en México habían ocurrido los asesinatos de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, de los cuales él fue señalado como uno de los responsables.

 

Lo anterior provocó que la lucha de las personas y de los organismos de derechos humanos fuese de lo más difícil e incomprendida. Cuando apareció el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y

Exiliados Políticos, impulsado por Rosario Ibarra de Piedra, pocos creían en la legitimidad de sus demandas y planteamientos. Lo mismo ocurrió después con el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

 

Acudir a un foro internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad que cometía (y sigue cometiendo) el Estado mexicano, era exponerse a “atentas solicitudes” de guardar silencio. Como ejemplo, el régimen emanado de la revolución sandinista de Nicaragua nunca se ocupó de temas relacionados con la Guerra Sucia que practicó el pri-gobierno en el país.

 

En México, como en Argentina, fueron las madres quienes iniciaron la lucha por la presentación de sus hijos. Ellas sufrieron el calvario de recorrer comisarías, agencias del Ministerio Público, cárceles y juzgados obteniendo resultados exiguos. Sólo su amor de madre hizo que obviaran el inmenso peligro de sufrir la misma suerte de las personas desaparecidas.

 

Para combatir a los grupos de oposición el Estado mexicano decidió crear organismos irregulares como la Brigada Blanca, que estuvo al mando de Miguel Nazar Haro, a quien debería investigarse por los múltiples ilícitos cometidos cuando lideró la represión contra la lucha social. Varios desaparecidos que el FNCR logró rescatar lo señalaron indudablemente como el autor personal del suplicio de los detenidos durante la Guerra Sucia, no obstante lo cual evadió la acción de la justicia.

 

Otro responsable identificado por las víctimas es el ex general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro quien, tras ser investigado por vínculos con el narcotráfico, fue excarcelado en 2007. Sin embargo, también fue absuelto de su responsabilidad en al menos 22 casos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Sucia.

 

La guerra sucia en México dejó un saldo estimado de 600 personas desaparecidas en contra de su voluntad, cifra similar a la que se ha registrado en Guerrero que a hoy día suman aproximadamente 500 víctimas de desaparición forzada.

 

Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión a México (18 al 31 de marzo de 2011), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 26/2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas en la “Guerra Sucia” y señaló la responsabilidad del Estado.

 

En ese mismo informe, se señala que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) investigó, en ese mismo periodo, un total de 797 casos de desapariciones forzadas; mientras que organizaciones de la sociedad civil informaron que, de acuerdo a sus estimaciones, se habrían cometido alrededor de 1.350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez.

 

La desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Paquistán, esto de acuerdo con datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (de la Organización de las Naciones Unidas.

 

El caso más reconocido sobre desaparición forzada, se registró en la ciudad de Iguala, donde se suscitaron una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala, obedeciendo órdenes de la delincuencia organizada, persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos

 

Las atrocidades de la desaparición forzada se extiende más allá de las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, hasta alcanzar a los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen.

 

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

 

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar.

 

La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación.

 

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.

 

Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.

 

Bajo esta tesitura, cobra mayor relevancia las consecuencias legales respecto a la condición del desaparecido, que han sido sintetizadas por el Grupo de Trabajo de la ONU para las desapariciones forzadas, en un estado total indefensión del ausente, al estar sustraído de la protección de la Ley; y la incertidumbre legal en la que se encuentran los familiares.

 

Ante esta situación, los Diputados Ciudadanos, reconocemos que la desaparición forzada o involuntaria de personas tiene efectos particulares y diferenciados en las personas y en las familias, distintos de aquellos producto de casos de una ausencia voluntaria de la persona o de una persona extraviada. Puesto que en las primeras, se presume o se tienen indicios de que la desaparición es producto de un hecho violento, ilícito, ya sea delictivo y/o violatorio de los derechos humanos de la persona desaparecida y no sólo responde al extravío de la persona o su falta de localización por decisión propia.

 

Por lo tanto, la respuesta del Estado debe reconocer esos daños y afectaciones diferenciadas y adoptando un acercamiento diferente e integral en los procedimientos que regulen la declaratoria de ausencia por desaparición.

 

De ahí que la Bancada de los Ciudadanos impulse, como parte de su agenda, la creación de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, por medio de la cual se incorpora al andamiaje jurídico guerrerense un procedimiento nuevo, sensible a los daños producto de la desaparición de la persona y a las necesidades de las víctimas, diferente a los procedimientos de declaratoria de ausencia y presunción de muerte regulado actualmente por el Código Civil.

 

En este nuevo instrumento normativo establece además la presunción legal de vida de la persona desaparecida, por lo que debe excluirse la presunción de muerte o considerarse como una consecuencia de este procedimiento. Precisando también que cuando la persona desaparecida sea beneficiaria de un sistema de seguridad social, la presunción de vida debe permitirle continuar bajo el régimen y mantener a los beneficiarios dentro del sistema.

 

Se prevé además que los procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición deben responder a las necesidades de las familias y sus efectos ser conocidos por las familias, por lo que la consulta con potenciales beneficiarios debe ser promovida y así lograr adaptarse a la realidad que pretende atender. Particularmente realidades del ámbito urbano o rural, o de la realidad local en la que la persona se presume fue desaparecida.

 

Del mismo modo, se pretende que quien obtenga una resolución de Declaratoria de Ausencia por Desaparición pueda hacer valer los efectos legales de la declaratoria para que le permitan la representación y ejercicio de los derechos de las personas desaparecidas.

 

Cabe enfatizar que en el proyecto de Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, se señala de manera expresa que la obtención de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición no debe eximir a las autoridades Estatales de su obligación de búsqueda (incluida la determinación de la suerte o paradero de la persona desaparecida o la ubicación e identificación cierta de sus restos), la investigación y sanción a los responsables en casos de delitos y violaciones a derechos humanos, ni la reparación del daño.

 

Sobre el particular, es importante distinguir que las legislaciones estatales para regula el procedimiento de emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición, han sido reconocidos por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

 

En resumen, la presente iniciativa tiene el propósito de dar certeza jurídica a la situación de la persona desaparecida y con ello ayudar a identificar cuando se trata de una desaparición forzada o involuntaria, a modo tal de que pueda coexistir con la Ley General en materia de Desaparición Forzada que habrá de expedir el Congreso de la Unión.

 

Finalmente, es importante señalar que esta nueva ley, atiende obligaciones previstas en tratados internacionales de los que México es parte, así como recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, la última de ellas por parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que en febrero de 2015 recomendó al Estado mexicano adoptar ‘las medidas necesarias para asegurar que la legislación en todo el Estado parte establezca un procedimiento para obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y la de sus allegados”.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

DECRETO NÚMERO ____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Artículo único. Se expide la Ley número ___ para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO ___ PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. Objeto de la Ley.

 

  1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona.

 

Artículo 2. Interpretación y supletoriedad de la Ley.

 

  1. La presente Ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la legislación secundaria en la materia, siempre y cuando prevalezca la interpretación pro persona.

 

  1. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada las disposiciones del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, en particular las reglas del procedimiento ordinario para la Declaración de Ausencia, en todo aquello que no se contraponga a las disposiciones de la presente Ley.

 

Artículo 3. Definición de Desaparición.

 

  1. Para los efectos de esta Ley, se considerará desaparición el supuesto previsto para tal efecto por la Ley General de la material.

 

  1. Hasta en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición, se entenderá por ésta aquella situación jurídica en la que se encuentre una persona sobre la que existe indicio de que en contra de su voluntad y con motivo de un hecho ilícito, no se tenga noticia sobre su paradero, ni se haya confirmado su muerte.

 

Capítulo II

Del Procedimiento

 

Artículo 4. Procedimiento.

 

  1. Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por desaparición, deberá abocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

 

  1. Transcurrido el término de treinta días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el

Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición ante el Juez en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

 

  1. El agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá las indagatorias con el objeto de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar, en su caso, la acción penal correspondiente. En caso de que, como resultado de la búsqueda e investigación, se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición quedará sin efecto.

 

Artículo 5. Otros solicitantes.

 

  1. Si al concluir el plazo a que previsto por el artículo 4, párrafo 2, de esta Ley, el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, podrá hacerlo cualquiera de las personas relacionadas con aquella cuyo paradero se desconoce, de conformidad con el siguiente orden de prelación:

 

  1. El o la cónyuge, concubina o concubinario;

 

  1. Los descendientes; en caso de ser menores, a través de un representante;

 

III. Los ascendientes en línea recta en primero y segundo grado;

 

  1. Los parientes colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o

 

  1. Quien tenga interés jurídico para litigar o defender los derechos de dicha persona.

 

  1. En caso de que varias personas con el mismo derecho promuevan esta acción, entre ellos deberán elegir a un representante común. De no ponerse de acuerdo y en caso de tener el mismo grado de preferencia de acuerdo con este artículo, el Juez lo nombrará de entre ellos.

 

  1. Mientras continúe el representante común en su encargo, los emplazamientos, notificaciones y citaciones de toda clase que se les haga, tendrán la misma fuerza que si se hicieren a los representados.

 

Artículo 6. Competencia jurisdiccional.

 

  1. Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición, el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Estado de Guerrero que corresponda, de acuerdo con lo siguiente:

 

  1. El último domicilio de la persona cuyo paradero se desconoce;

 

  1. El domicilio de la persona quien promueve la acción;

 

III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición, o

 

  1. El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

 

Artículo 7. Contenido de la solicitud.

 

  1. La solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición incluirá la siguiente información:

 

  1. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

 

  1. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición. Preferentemente, se anexará la copia de la denuncia de hechos realizada ante el Ministerio Público y, en su caso, se incluirá adicionalmente la queja hecha ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;

 

  1. La fecha y el lugar de los hechos;

 

  1. El nombre y la edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana;

 

  1. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

 

  1. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

 

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida, y

 

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

 

  1. Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

 

Artículo 8. Admisión, desechamiento o requerimientos.

 

  1. Recibida la solicitud, el Juez podrá admitirla, desecharla o requerir al solicitante para que en el plazo de tres días aclare, corrija o complete la misma, a fin de que se ajuste a lo dispuesto en el artículo anterior; de no hacerlo el solicitante, el Juez desestimará de oficio la solicitud.

 

  1. Igualmente, de no haberse acompañado a la solicitud, el Juez requerirá inmediatamente al Ministerio Público copia certificada de la denuncia correspondiente, salvo que este hubiere promovido la solicitud. También podrá requerir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que en el plazo de tres días hábiles remitan la información correspondiente contenida en sus archivos, a fin de que obre en el expediente para su análisis y resolución.

 

Artículo 9. Publicaciones.

 

  1. Una vez admitida la solicitud, el Juez competente publicará un edicto que contendrá un extracto de la misma en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el portal de internet del Gobierno del Estado. Ese edicto se publicará durante tres meses, en intervalos de quince días naturales. El extracto de la solicitud no tendrá ningún costo para los solicitantes.

 

Artículo 10. Resolución.

 

  1. Pasados treinta días naturales desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias de la persona desaparecida, ni oposición de algún interesado, el Juez resolverá en definitiva sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición.

 

  1. El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición, aquel día en el que se le haya visto por última vez a la persona desaparecida, salvo prueba fehaciente en contrario.

 

  1. Si hubiere alguna noticia u oposición, el Juez no declarará la ausencia sin escuchar a las partes interesadas y hacer la averiguación por los medios que se propongan y por los que el mismo Juez considere oportunos.

 

Artículo 11. Impugnación.

 

  1. La resolución que se pronuncie en el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición podrá ser impugnada mediante la interposición del recurso de apelación ante Sala Civil, el que, en su caso, será admitido en ambos efectos.

 

  1. En caso de desechar la solicitud, el Juez deberá fundar y motivar su decisión, pudiendo también el solicitante recurrir la decisión mediante apelación.

 

Capítulo III

De los Efectos de la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas

 

Artículo 12. Efectos.

 

  1. La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos generales:

 

  1. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

 

  1. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;

 

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

 

  1. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

 

  1. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

 

  1. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo, y

 

VII. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y familiar del Estado y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente Ley.

 

Artículo 13. Disolución de la sociedad conyugal.

 

  1. La Declaración de Ausencia por Desaparición dará lugar a la disolución de la sociedad conyugal, por lo que el Juez procederá a citar a los herederos presuntivos del ausente para realizar el inventario de bienes y a la separación de los que deben corresponder al cónyuge ausente. El o la cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le corresponden, de los que podrá disponer libremente.

 

Artículo 14. Administrador.

 

  1. El Juez determinará el nombramiento de un representante legal con facultades para ejercer actos de administración sobre los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.

 

  1. Al efecto, el Juez dispondrá que el o la cónyuge presente, concubina o concubinario, los ascendientes, descendientes y demás a que se refiere esta Ley con la calidad de solicitantes, nombren de común acuerdo a dicho representante legal; en su defecto, el Juez elegirá de entre ellos al que considere más apto para ejercer el cargo.

 

  1. El cargo de representante legal terminará con el regreso de la persona cuyo paradero se desconoce, con la confirmación de su muerte o, en su caso, con la declaración de presunción de muerte, en cuya hipótesis se procederá a la sucesión.

 

Artículo 15. Tutor.

 

  1. Si la persona declarada como ausente tiene hijos que estén sujetos a su patria potestad y no hay ascendiente que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario ni legítimo, el Juez les nombrará tutor, en los términos de la legislación aplicable.

 

Artículo 16. Continuidad del deber de investigar.

 

  1. La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

 

  1. Si tales autoridades incumplen lo anterior, se le dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción y/o delito respectivo.

 

Artículo 17. Régimen de seguridad social.

 

  1. Los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los municipios o sus entidades paraestatales, continuarán gozando de sus beneficios.

 

Artículo 18. Otros beneficios, salarios y prestaciones.

 

  1. Los beneficiarios del trabajador cuya ausencia por desaparición ha sido declarada, continuarán gozando de los beneficios, salarios y prestaciones a los que aquel tenía derecho, hasta en tanto no se le localice, ya sea que regrese, se confirme su muerte o se declare la presunción de muerte.

 

Artículo 19. Inscripción.

 

  1. El Juez ordenará la inscripción de la persona declarada desaparecida en el Registro contemplado en la Ley General de Víctimas. De igual forma, dará el aviso correspondiente a la Dirección del Registro Civil.

 

Artículo 20. Obligaciones a cargo del ausente.

 

  1. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

 

Artículo 21. Efectos a largo plazo.

 

  1. Transcurrido un año contado desde el momento en que se tuvo por ausente a la persona desaparecida, el representante legal podrá solicitar al Juez la venta judicial de los bienes de aquella, observando las disposiciones del Código Civil del Estado para las ventas judiciales. El importe obtenido será repartido entre quienes tuvieren derecho a herencia, de conformidad con las disposiciones en materia de sucesiones establecidas en el Código Civil.

 

Capítulo III

De la Aparición del Ausente

 

Artículo 22. Aparición del ausente.

 

  1. En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la Declaración de Ausencia por Desaparición, pero persistirá la liquidación de la sociedad conyugal y recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen, sin poder reclamar frutos ni rentas de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

 

TERCERO. El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores públicos del Estado de Guerrero, deberán capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición, para garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo.

 

CUARTO. En todos aquellos casos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ministerio Público tendrá un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición, contados a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento.

 

QUINTO. En el caso de declaratorias por presunción de muerte, conforme a la legislación aplicable, o bien, pendientes de inscripción, a solicitud de quien acredite interés legítimo, podrán ser reconvertidas a Declaratoria de Ausencia por Desaparición, en los términos de la presente Ley.

SEXTO. Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos constitucionales correspondientes.

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los ___ días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente al DECRETO NÚMERO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO]

[1] El artículo 7, párrafo 2, inciso i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, señala que por desaparición forzada de personas “…se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

Iniciativa de Ley que crea La Comisión Política de Drogas del Estado

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231; y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto de Ley por la que se crea la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El 21 de abril 2016, durante la presentación pública de “Vías para la Reforma de la Política de Drogas 2016 más allá de la UNGASS sobre drogas“, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan[1], dijo lo siguiente:

 

Las drogas son peligrosas, pero las políticas actuales de narcóticos son una amenaza aún mayor porque el castigo recibe una mayor prioridad que la salud y los derechos humanos. Es hora de que las regulaciones pongan vidas y seguridad en primer lugar

 

Fernando Henrique Cardoso[2], Presidente de la Comisión Global de Políticas de Droga, en el preámbulo del informe “ASUMIENDO EL CONTROL: CAMINOS HACIA POLÍTICAS DE DROGAS EFICACES”[3], señaló que “El sistema internacional de fiscalización de drogas está fracturado.” Además, en dicho documento se invita a los líderes globales a unirse a un debate abierto sobre la reforma de las políticas de drogas.

 

En el ámbito local, el 18 de marzo de 2016, el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, hizo pública su disposición de apertura al debate sobre políticas de droga, al señalar en la entrevista que sostuvo con el periodista Calos Puig (para el programa “En 15 de MILENIO Televisión”), la posibilidad de legalizar el uso de la amapola con fines médicos y científicos; esta misma postura fue ratificada por el Titular del Ejecutivo en la primera semana del mes de mayo en entrevista para Carlos Loret de Mola (para Noticieros Televisa) y con Joaquín Fuentes (de MILENIO Televisión).

 

Recientemente, esta misma Legislatura aprobó una proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se exhorto al Congreso de la Unión para que en el análisis del informe de la ONU, sobre el monitoreo del cultivo de la amapola 2014-2015, se legisle en los términos que proceda, en el que se consideró lo siguiente:

 

“Según el último informe del monitoreo del cultivo de amapola en México, la superficie sembrada con cultivos de amapola en su punto medio en todo el país es de 24 mil 800 hectáreas, concentrándose principalmente en nueve estados (Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas), de los cuales Guerrero, ocupa uno de los primeros.

 

Que resultado de dicho informe, así como de los resultados emitidos por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Senado de la República con fecha 5 de abril de 2016, emitió su informe y Proyecto de Posicionamiento sobre el problema mundial de las drogas, derivadas de la evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en la “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas” 2009, los representantes de los estados miembros reconocieron que el problema mundial de las drogas socava el desarrollo sostenible, la estabilidad política y las instituciones democráticas, incluidos los esfuerzos por erradicar la pobreza, y constituye una amenaza para la seguridad nacional y el estado de derecho, suponiendo una grave amenaza para la salud, la dignidad y la esperanza de millones de personas y sus familias.

 

Informe y Proyecto de posicionamiento a manera de Declaración de las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Salud, Justicia, Derechos, Humanos y Seguridad Pública del Senado de la Republica, en relación con las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas.

 

Que asimismo es de señalarse que con fecha 17 de octubre de 2015, a propuesta de la delegación mexicana se adoptó una resolución intitulada “La contribución de los parlamentarios a las discusiones internacionales sobre el Problema Mundial de las Drogas”, donde se reconoce que los parlamentarios puedan realizar aportaciones al debate relativo a la adopción y revisión de estrategias para hacer frente al problema mundial de las drogas y se hace un llamado a los parlamentarios a adoptar medidas legislativas necesarias y favorecer un amplio debate para fortalecer la cooperación regional e internacional en la Materia.

 

Ahora bien, en marzo del presente año, se presentó ante el Pleno de esta Soberanía Popular por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de iniciativa al Congreso de la Unión, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de legalización del cultivo de amapola, misma que fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Salud mediante oficio LXI/!EROM/DPL/01159/2016, de fecha 17 de marzo del presente año.

 

En el análisis de la presente propuesta los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y de Salud, atendiendo a los compromisos internacionales contraídos por México, como parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas, consideramos procedente, que sea por su competencia el Congreso de la Unión, quien en el marco del último informe presentado por la ONU del monitoreo de Cultivos de Amapola y los resolutivos emitidos por la Asamblea General de la ONU, con motivo de la Evaluación “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas” 2009, sea quien lleve a cabo en el ámbito de su competencia el análisis y en su caso legisle en la materia que nos ocupa.

 

Se señala lo anterior, derivado de que si bien es cierto que este Poder Legislativo del Estado de Guerrero, como estado parte de la Federación, cuenta con facultades para iniciar reformas a leyes del ámbito federal, también lo es que no se cuenta con los recursos, infraestructura, y los medios necesarios, para llevar a cabo los estudios científicos, técnicos, socioeconómicos, culturales, de campo y aquellas que resulten necesarios para contar con los elementos básicos necesarios y emitir un posicionamiento fundado en la razón y con elementos convincentes en la materia.

 

Es necesario, reafirmar que no obstante de que de los derivados de la amapola, se obtienen substancias que pueden ser utilizadas en el campo medicinal (poco explorado y utilizado en México, sin demanda), el producto que se obtiene de mayor utilidad y ganancia son aquellos que derivan en sustancias ilícitas, adicionalmente su cultivo se llevó a cabo en campos de difícil acceso y en condiciones de pobreza.”

 

Como puede advertirse, esta misma Soberanía preciso las deficiencias que existen en el estado para “para llevar a cabo los estudios científicos, técnicos, socioeconómicos, culturales, de campo y aquellas que resulten necesarios para contar con los elementos básicos necesarios y emitir un posicionamiento fundado en la razón y con elementos convincentes en la materia”.

 

Sobre el particular hemos de señalar que no obstante que existen diversos estudios sobre el control de políticas de drogas y sus impactos a nivel internacional y nacional, los Diputados Ciudadanos proponemos ahondar más en el tema, sobre todo en el ámbito regional a través de la creación de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, la cual, será una instancia interinstitucional de carácter público, integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las dependencias de seguridad del orden federal y castrense con presencia en la Entidad, además, en su integración se plantea la participación de asociaciones civiles e investigadores especializados en estos temas.

 

Cabe destacar que el fin que persigue esta Comisión, consiste en realizar una evaluación retrospectiva de las diferentes dimensiones de la política de drogas en el país y generar una serie de recomendaciones que le permitan al Estado Mexicano diseñar una política de drogas que resulte más efectiva, eficiente y menos costosa, basada en los análisis sobre los acontecimientos que tengan impacto en la región.

 

Es decir, la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero tendrá por objeto investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la implementación de políticas de que disminuyan el daño provocado por las drogas a la gente y a las sociedades.

 

Resulta oportuno señalar que, acorde con la iniciativa impulsada por la Bancada de los Ciudadanos,  las investigaciones, estudios y análisis de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, se enfocarán preferentemente en:

 

  • Evaluar la política de drogas y la normatividad correspondiente;

 

  • Identificar las estrategias efectivas y de poco impacto de la política actual en materia de drogas ilícitas;

 

  • Analizar las iniciativas académicas que se formulen en torno a la política de drogas ilícitas;

 

  • Elaborar documentos de referencia para proponer, ante las autoridades competentes, la integración de la normatividad de manera congruente, racional y coherente;

 

  • Realizar consultas con entidades estatales, instituciones académicas y personas u organismos que la Comisión considere pertinentes, para realizar la evaluación de la política implementada en materia de drogas ilícitas durante los últimos años y formular las recomendaciones correspondientes, y

 

  • Presentar ante las autoridades competentes la evaluación de la política implementada en materia de drogas ilícitas durante los últimos años y las recomendaciones correspondientes.

 

Cabe hacer una precisión más al respecto, en el sentido de que, dentro del derecho comparado podemos encontrar otras figuras similares a la que se plantean en esta iniciativa, como lo es la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, creada mediante la Resolución 0223 de 2013[4].

 

Esta Comisión, creada en enero de 2013, es el ente público del Estado Colombiano encargado de evaluar las estrategias que se han aplicado en Colombia frente a la problemática de las drogas; dentro de sus documentos publicados en el primer semestre de 2015, podemos encontrar recomendaciones encaminadas a contribuir a la formulación de una política nacional de drogas acorde con las realidades y necesidades actuales.

 

Muestra de ello lo podemos hallar en los “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia”[5], dentro de los cuales se contienen las  recomendaciones principales de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, las cuales precisan que:

 

  • La política nacional de drogas debe ser diseñada con un enfoque de salud pública y debe ser respetuosa de los derechos humanos. Adicionalmente, esta debe contener programas y estrategias integrales, con enfoques diferenciados por territorio, grupos poblacionales y necesidades de intervención. En especial, esa política debe tomar en cuenta sus posibles impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los grupos étnicos o las personas en situaciones de pobreza.

 

  • La política nacional de drogas debe estar basada en la evidencia y sustentada en evaluaciones y en la mejor información disponible sobre la efectividad de las estrategias y programas implementados para confrontar las diferentes dimensiones asociadas a la producción, tráfico y distribución de drogas. En particular, los programas e intervenciones para enfrentar la demanda y oferta de drogas deberán ser sometidos a evaluaciones sistemáticas y de largo alcance, y los resultados deberán ser de conocimiento público. Para esto, el Estado colombiano debe jugar un papel activo en mejorar las estadísticas disponibles sobre los diferentes eslabones del mercado de drogas y dejar que estas cifras sean públicas.

 

  • Los esquemas normativos muestran que no es necesario dejarse atrapar entre los extremos de penalización del usuario y la prohibición estricta tipo guerra a las drogas, o de total liberalización del consumo y del mercado de las SPA. Ese es un dilema falso, pues son posibles, tanto a nivel teórico como práctico, opciones intermedias de estrategias de reducción del daño y regulación estricta del mercado de las sustancias psicoactivas, que han mostrado mejores resultados en términos de salud pública y del respeto de los derechos humanos. Y es que una buena política frente a las drogas debe tomar en consideración no sólo los problemas primarios (efectos directos del consumo y abuso de sustancias) sino también los secundarios (efectos directos y colaterales de las políticas para enfrentar el problema de las drogas). Su finalidad debe ser reducir los problemas primarios, pero sin generar problemas secundarios sobre la salud y los derechos humanos de los consumidores, y reduciendo los demás efectos problemáticos que puedan tener las políticas de control.

 

  • El Estado colombiano debe formular una política nacional de drogas que identifique objetivos estratégicos de la misma, las responsabilidades de cada entidad y mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación. Para esto, el país debe contar con una entidad coordinadora de la política de drogas con rango de agencia presidencial y de carácter permanente, no transitorio, con autonomía financiera y administrativa, y capacidad de concentración y asignación de recursos a las entidades ejecutoras de la política de drogas, que se enfoque en la formulación y seguimiento de las políticas, sin asumir responsabilidades operativas específicas, tales como la administración de bienes o la expedición de certificados. Para estos fines, la agencia debe contar con dos áreas misionales principales: de reducción del consumo y de reducción de la producción/tráfico de drogas; que serían apoyadas por una tercera área de seguimiento y evaluación como parte del Observatorio de Drogas de Colombia.

 

  • La política de drogas debe hacer una diferenciación explícita y operativa de las herramientas que se utilizan para enfrentar los temas de consumo por un lado y las actividades de producción y tráfico por el otro, especialmente cuando estas últimas tienen una vinculación directa con fuentes de financiación de organizaciones criminales. El consumo de drogas en sí mismo no constituye un delito, y por lo tanto las herramientas de política criminal como las detenciones y el encarcelamiento no deben ser usadas para confrontarlo. Por el contrario, la financiación de grupos criminales proveniente del narcotráfico sí constituye un delito penal y debe seguir siendo prioridad de las autoridades enfrentarla con herramientas de política criminal.

 

  • Las políticas en reducción de la demanda deben ser políticas de Estado, no de gobierno. Esto significa que deben existir normas que hagan obligatoria la atención continuada y sistemática a los diferentes elementos que componen el problema y que permitan, a nivel nacional y municipal, la asignación de recursos para lograr esos objetivos. Los grandes lineamientos deben ser estables, con miradas a largo plazo (por lo menos 10 años), flexibles, sostenibles y de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, incluyendo la asignación de recursos para su implementación.

 

  • La política frente al consumo de drogas debe propender por la atención integral de los consumidores enmarcados en los enfoques de salud pública, derechos humanos, inclusión social y desarrollo humano, a través de la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación. Esto implica que las políticas frente a las sustancias psicoactivas deben respetar las obligaciones del Estado en derechos humanos. Estas obligaciones son prevalentes frente a las convenciones internacionales de drogas.

 

  • El Estado colombiano debe evitar a toda costa que el consumo de drogas como fenómeno multicausal sea criminalizado. Esto requiere de un enfoque diferencial que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, y encontrar alternativas a la pena para quienes cometan delitos que estén asociados a su problema de dependencia.

 

  • El uso de la marihuana medicinal debe ser regulado y avanzar en el marco de la regulación de las sustancias psicoactivas, priorizando la prevención del consumo en menores de edad.

 

  • En cuanto a los temas de producción y tráfico de drogas, las políticas para confrontar los cultivos de uso ilícito requieren de estrategias que reconozcan los derechos humanos, lo que implica un enfoque territorial basado en la intervención integral del Estado en las zonas afectadas por la presencia de estos cultivos, coordinando en forma estricta la seguridad territorial, la provisión de servicios de justicia y seguridad ciudadana, y la provisión de bienes y servicios para el progreso económico y el bienestar de la población.

 

  • El gobierno colombiano debe revaluar, con base en un conjunto de evidencia amplio, la conveniencia de continuar implementando campañas de aspersión con glifosato como mecanismo para disminuir los cultivos ilícitos. Los estudios empíricos muestran que el uso de la aspersión de herbicidas como mecanismo para reducir los cultivos ilícitos es muy poco eficiente y genera costos directos y colaterales muy graves sobre la salud y el medio ambiente. Al igual que sucede con las políticas frente al consumo de drogas, los programas de reducción de oferta deben respetar los derechos humanos, el derecho a la salud y no generar daños colaterales sobre el medio ambiente.

 

  • Los cultivadores no deben continuar siendo objeto de persecución penal sino de programas de desarrollo alternativo eficaces, conforme a las recomendaciones señaladas al respecto. Una política de desarrollo alternativo, para ser coherente, debería complementarse con los cambios normativos necesarios para dejar de sancionar penalmente al pequeño cultivador. Para efectuar este cambio de enfoque no es necesario legalizar la actividad de cultivo pues se puede promover el uso de figuras penales tales como el principio de oportunidad o las causales de justificación para impedir que estas personas sean condenadas a cumplir largas penas en prisión. Estos subrogados penales permitirían incentivar a los cultivadores a colaborar con el Estado y preferir otras alternativas económicas ajenas a las drogas ilícitas.

 

  • Dentro de las estrategias para enfrentar la criminalidad asociada al narcotráfico debe prevalecer el interés por reducir la violencia, incluso por encima de reducir los flujos de drogas ilícitas. El Estado debe concentrarse en desmantelar las estructuras criminales mediante la afectación de las condiciones locales, regionales, institucionales y organizacionales que permiten que estos grupos se reproduzcan. Esto que implica un enfoque multidimensional dejando atrás el enfoque estrictamente operacional medido por capturas, neutralizaciones, decomisos e incautaciones.

 

  • Se debe expedir una ley marco que cree un régimen unificado, sistemático y general de prevención de lavado de activos, aplicable a todos los sectores de a la economía. Ello con el propósito de acabar con la dispersión normativa y las contradicciones o incoherencias existentes entre los regímenes especiales aplicables a ciertos sectores en particular. El Gobierno debe dar al lavado de activos la importancia que merece en la agenda nacional, asignando los recursos necesarios para la ejecución de las políticas contenidas en el documento CONPES.

 

  • Deberá también ser prioridad la creación de una jurisdicción propia de extinción de dominio e implementación de un sistema unificado de información que permita la gestión de toda la información relativa a los procesos de extinción de dominio, para caracterizar de la forma más completa posible ciertos fenómenos criminales mediante el análisis de contextos de macro-criminalidad, diseñar estrategias para atacarlo y aumentar la eficacia y eficiencia de la desarticulación del aparato financiero de las organizaciones criminales. Este sistema es vital para que las autoridades en cargadas del diseño y ejecución de la política criminal puedan acceder a la información necesaria, en orden a orientar y coordinar la acción de las entidades involucradas en la persecución de los activos ilícitos provenientes del narcotráfico.

 

  • Las estrategias frente al narcomenudeo, el microtráfico y el tráfico transnacional de drogas ilícitas, deben enfocarse prioritariamente en aquellos eslabones que más violencia y daños colaterales generan. Esto se debe hacer con el fin de desincentivar el uso de la violencia como estrategia para operar en mercados ilegales.

 

  • La extradición como forma jurídica de lucha contra la criminalidad internacional merece un replanteamiento frente a nuevas situaciones del cambio de mirada legal frente al tráfico de estupefacientes. La extradición no tiene actualmente las dimensiones que les son propias en el sentido político criminal del término, lo que implica una visión de estrategias a futuro que pasan por la consideración de una lucha contra el tráfico de estupefacientes en el marco del fortalecimiento de las estrategias de salud pública y no de la represión penal.

 

  • El Gobierno debe actualizar el Estatuto Nacional de Estupefacientes partiendo de los objetivos definidos en la política nacional de drogas. El nuevo Estatuto deberá ser trabajado de manera conjunta con las instituciones que están directa e indirectamente involucradas en la formulación de políticas de drogas para hacer frente a la demanda y a la oferta de drogas, y definir de manera muy clara responsabilidades de cada institución, crear instancias de coordinación y promover la descentralización.

 

  • La política exterior en materia de drogas deberá definirse una vez el Estado colombiano establezca su política pública interna frente a la problemática de las drogas. Sin embargo, su experiencia y autoridad en esta materia ofrecen la posibilidad de asumir el liderazgo en los diferentes escenarios internacionales en temas estratégicos. De manera coherente con los planteamientos sobre los cuales existen importantes consensos, como el enfoque de salud pública y de derechos humanos en la aplicación de justicia, la necesidad de fortalecer las capacidades en materia de prevención y tratamiento y la obligación de no bajar la guardia en la lucha contra la criminalidad y la violencia, Colombia podría proponer que avance hacia una clara diferenciación entre las disposiciones internacionales referidas a la salud pública y aquéllas relacionadas con el crimen transnacional. En términos de arquitectura, la Agencia de Naciones Unidas contra el Delito asumiría aquéllas tareas que tocan con la lucha contra el crimen, y las funciones de prevención, tratamiento e inclusión derivadas del enfoque de salud pública serían asumidas por la OMS.

 

  • El Estado colombiano debe tomar en cuenta el régimen internacional de fiscalización de ciertas drogas, desarrollado por las convenciones de Naciones Unidas, pues es deber de un Estado cumplir de buena fe sus compromisos internacionales. Dadas las limitaciones y los problemas secundarios graves ocasionados por ese régimen internacional prohibicionista, no hay razón alguna para que Colombia deba adaptarse pasivamente a dichas convenciones y menos aún para que acepte acríticamente la interpretación extremadamente prohibicionista de las mismas que a veces se proponen. Colombia debería políticamente proponer la flexibilización y modificación de ese régimen internacional; y en todo caso, debería adoptar una interpretación en clave de derechos humanos de ese régimen internacional, que le otorgue mayor flexibilidad, dado que las obligaciones en derechos humanos son prevalentes.

 

Como pude advertirse de la experiencia internacional, este tipo de organismos como que el hoy se pretende crear por la Bancada de los Ciudadanos han servido para romper con los paradigmas y ver más allá de los prejuicios que envuelven a las drogas ilícitas.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DROGAS DEL ESTADO DE GUERRERO

 

CAPÍTULO I

DE LA NATURALEZA, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

 

Artículo 1. La Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero será la instancia interinstitucional de carácter público, con el fin de hacer una evaluación retrospectiva de las diferentes dimensiones de la política de drogas en el país y generar una serie de recomendaciones que le permitan al Estado Mexicano diseñar una política de drogas que resulte más efectiva, eficiente y menos costosa, basada en los análisis sobre los acontecimientos que tengan impacto en la región.

 

Artículo 2. La Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero tiene por objeto investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la implementación de políticas de que disminuyan el daño provocado por las drogas a la gente y a las sociedades.

 

Artículo 3. Las investigaciones, estudios y análisis de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, se enfocarán preferentemente en:

 

  1. Evaluar la política de drogas y la normatividad correspondiente;

 

  1. Identificar las estrategias efectivas y de poco impacto de la política actual en materia de drogas ilícitas;

 

III. Analizar las iniciativas académicas que se formulen en torno a la política de drogas ilícitas;

 

  1. Elaborar documentos de referencia para proponer, ante las autoridades competentes, la integración de la normatividad de manera congruente, racional y coherente;

 

  1. Realizar consultas con entidades estatales, instituciones académicas y personas u organismos que la Comisión considere pertinentes, para realizar la evaluación de la política implementada en materia de drogas ilícitas durante los últimos años y formular las recomendaciones correspondientes;

 

  1. Presentar ante las autoridades competentes la evaluación de la política implementada en materia de drogas ilícitas durante los últimos años y las recomendaciones correspondientes;

 

VII. Producir informes técnicos sobre recomendaciones políticas basadas en evidencia en el ramo de la salud del uso medicinal del papaver somniferum o adromidra, así como de otras drogas.

 

VIII. Las demás funciones inherentes a la naturaleza y objetivo de la Comisión.

 

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓN

 

Artículo 4. La Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero estará integrado por:

 

  1. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, quien la presidirá;

 

  1. La persona titular de la Secretaría General de Gobierno, quien, en caso de ausencia del Presidente de la Comisión, le suplirá en sus funciones;

 

III La persona titular de la Secretaría de Salud, quien asumirá la Secretaría Técnica de la Comisión;

 

  1. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

 

  1. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

 

  1. La persona titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez;

 

VII. La persona que Presida el Tribunal Superior de Justicia, como representante del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

VIII. El Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado;

 

  1. El Diputado Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado;

 

  1. El Diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado;

 

  1. El Diputado Presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado;

 

  1. La persona que Presida la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y

 

  1. Hasta diez representantes de las Asociaciones Civiles que fungirán como comisionados ciudadanos de los sectores productivos y sociales debidamente organizados, con amplia representación estatal o regional, así como los que a título personal representen algún sector de la población y que cumplan con los requisitos para ser comisionados.

 

La designación de los Comisionados a que se refiere la fracción XI de este artículo, se deberá hacer a través del mecanismo que al efecto señale el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 5. La función de Comisionado será honorifica. Todos los Comisionados tendrán derecho a voz y voto, respecto de todos los asuntos que sean tratados en el seno del Consejo.

 

Artículo 6. Cada uno de los Comisionados miembro, con excepción del Comisionado Presidente, nombrará un representante suplente.

 

Artículo 7. El Comisionado Presidente asumirá la representación legal de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, y ejecutara los acuerdos adoptados por la misma.

 

Artículo 8. Corresponden al Comisionado Presidente todas aquellas funciones que no estén expresamente reservadas a la Comisión, pero en especial las siguientes:

 

  1. Convocar y levantar las sesiones que celebren la Comisión, dirigir sus deliberaciones y decidir un voto de calidad en caso de empate de votaciones;

 

  1. Proponer el plan de actividades de la Comisión, impulsando y dirigiendo sus tareas, y

 

III. Resolver las cuestiones que pueden seguir con carácter urgente, dando conocimiento de ello a la Comisión en la subsecuente sesión que se celebre.

 

Artículo 9. El Presidente de la Comisión podrá invitar a especialistas en la materia, quienes no serán considerados como miembros del Consejo y únicamente tendrán derecho a voz.

 

Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría Técnica es el organismo operativo y coordinador de la Comisión, responsable de poner en marcha sus decisiones y ejecutar sus programas.

Artículo 11. Para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo anterior y a efecto de evitar impactar al erario público, la Secretaría Técnica contará con el personal profesional y administrativo adscrito a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, asimismo, podrá solicitar el apoyo que requiera de profesionales adscritos a otras áreas de la Administración Pública Estatal; sin que esto implique de ningún modo la creación de nuevas relaciones laborales.

 

Artículo 11. Con independencia de lo señalado en otros ordenamientos, corresponde a la Secretaría Técnica desempeñar las siguientes funciones:

 

  1. Promover por instrucciones del Comisionado Presidente la asistencia de los Comisionados miembro a las reuniones de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero;

 

  1. Elaborar el Proyecto de las actas de las sesiones, de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, para la confirmación o modificación por la mayoría de sus miembros;

 

III. Certificar las actas y acuerdos de la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, cuando así se requiera; y

 

  1. Todas aquellas tareas que determine la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero.

 

CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES

 

Artículo 13. La Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, con apego a lo establecido por esta Ley, reglamentará la mecánica para tener una participación ordenada, incluyente y eficiente durante sus sesiones.

Artículo 14. La presencia de la mayoría de los Comisionados miembros de la Comisión constituye quórum, para sesionar válidamente.

 

Artículo 15. Cada Comisionado miembro de la Comisión tiene derecho a un voto, las decisiones que esta determine serán por consenso de los Comisionados miembros presentes.

 

Artículo 16. La sede de la Comisión será la ciudad capital del Estado de Guerrero.

 

Artículo 17. La Comisión decidirá lo relativo a las invitaciones para reunirse fuera de la ciudad sede.

 

Artículo 18. La Comisión celebrará anualmente dos períodos ordinarios de sesiones, uno de carácter general y otro para tratar las cuestiones técnicas específicas que la Comisión determine u otros asuntos que requieran su especial atención. Las sesiones de este último período podrán tomar la forma que la Comisión decida.

 

Artículo 19. La Comisión también celebrará períodos extraordinarios de sesiones cuando así lo decida o a solicitud de la mayoría de sus Comisionados miembros.

 

El procedimiento para la convocatoria a sesiones extraordinarias se realizará de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

 

CAPÍTULO IV

DE LAS FUNCIONES

 

Artículo 16. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

 

  1. Crear un punto de encuentro entre las personas físicas y jurídicas que tengan interés o trabajen en el ámbito de las Políticas de drogas con el fin de facilitar el intercambio de experiencias e información, que permitan examinar las distintas políticas en materia de drogas de los distintos países y desarrollar modelos teóricos, jurídicos y prácticos para que sean sometidos a la consideración de las autoridades competentes, centrándose especialmente en las denominadas políticas de reducción de riesgos;

 

  1. Crear una red de colaboración e intercambio entre los organismos públicos y la sociedad en general, con el fin de consensuar e impulsar políticas de drogas justas y eficaces que no se centren en la criminalización del consumo y de las personas consumidoras sino en el respeto de los derechos fundamentales de los que son titulares y en la reducción de riesgos y daños de todo tipo, no sólo en materia de salud sino también de tipo social;

 

III. Proponer ante las autoridades competentes las Iniciativas Legislativas por las que se impulsen instrumentos normativos que respeten los derechos fundamentales de las personas;

 

  1. Impulsar políticas de droga racional y equilibrada;

 

  1. Promover políticas de prevención de los riesgos asociados con el consumo sustancias procedentes de mercado ilegal de las drogas, y

 

  1. Participar en foros de opinión y fomentar acciones a favor de un cambio para unas políticas en materia de droga justa y eficaz;

 

VII. Colaborar con Universidades, Centros de Investigación, comunidad científica y médica, jurídica, periodística, antropológica y política, y

 

VIII. Las demás que al efecto señale esta Ley y su Reglamento.

 

CAPÍTULO VI

DEL REGLAMENTO

 

Artículo 17. La Comisión aprobará y modificará su Reglamento de conformidad con lo establecido por esta Ley.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO. La Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, deberá instalarse a más tardar treinta días después a la entrada en vigor de esta Ley.

 

CUARTO. La Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero, aprobará el Reglamento a que se refiere el artículo 17 de esta Ley a más tardar 90 días después de su instalación.

 

QUINTO. La Administración Publica del Estado de Guerrero, de acuerdo a su presupuesto de egresos aprobado, sufragará los gastos de la Comisión.

 

Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas y Administración en términos de lo señalado en el artículo transitorio segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2017, destinará los recursos suficientes para costear los gastos de la Comisión en los períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones.

 

SEXTO Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete.


AT E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley por la que se crea la Comisión de Políticas de Drogas del Estado de Guerrero]

[1] Kofi Atta Annan (Kumasi, Ghana, 8 de abril de 1938) fue el séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 2006, y fue galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001.

[2] Fernando Henrique Cardoso (Río de Janeiro, 18 de junio de 1931) es un sociólogo, político, cientista político, filósofo y profesor universitario brasileño. Profesor emérito de la Universidad de São Paulo, también dio clases en la Universidad de París. Fue funcionario de la CEPAL, senador de la república de Brasil (1983-1992), ministro de relaciones exteriores (1992) y ministro de hacienda (1993-1994). Presidente de la república de Brasil en dos períodos constitucionales, siendo el primer mandatario brasileño en conseguirlo. Además pertenece a Global Elders (grupo de eminentes líderes globales convocado por Nelson Mandela y Graça Machel).

[3] Comisión Global de Políticas de Drogas. ASUMIENDO EL CONTROL: CAMINOS HACIA POLÍTICAS DE DROGAS EFICACES. Septiembre de 2014. Documento que se anexa bajo el número 5 a la presente iniciativa para su consulta.

[4] Véase más en: http://www.odc.gov.co/comision-asesora-politica-drogas-colombia

[5] Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia. Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia. Mayo de 2015.

Proyecto de Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el estado de Guerrero

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con proyecto de Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El derecho a los alimentos no es un concepto nuevo, se reconoció inicialmente en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas. En 1996, la adopción formal del Derecho a una alimentación adecuada marcó un hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, marcando la ruta hacia la posibilidad de un enfoque de la seguridad alimentaria basado en los derechos.

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha reconocido que, a través de los años, el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado en los últimos 30 años, reflejando esencialmente los cambios del pensamiento normativo oficial[1].

 

Cabe hacer mención que el concepto de Seguridad Alimentaria se creó a mediados de los años 70, cuando la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1974) definió la seguridad alimentaria desde el punto de vista del suministro de alimentos, señalando al efecto “…que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos… para mantener una expansión constante del consumo… y contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios”

 

En 1983, la FAO revisó esta definición para que el análisis de la seguridad alimentaria incluyera a las personas y los hogares, además de las regiones y los países. Años más tarde, en 1986, el Informe del Banco Mundial sobre la pobreza y el hambre, se concentró en la dinámica temporal de la inseguridad alimentaria.

 

En dicho informe, se distingue entre la inseguridad alimentaria crónica, asociada a problemas de pobreza continua o estructural y a bajos ingresos, y la inseguridad alimentaria transitoria, que supone períodos de presión intensificada debido a desastres naturales, crisis económica o conflicto[2].

 

Estos postulados fueron retomados para dar paso a la definición generalmente aceptada para la seguridad alimentaria dada a conocer en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), en la que se da una mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye el acceso a los alimentos, la disponibilidad de alimentos, el uso de los alimentos y la estabilidad del suministro[3].

 

Con los avances en la conceptualización de la seguridad alimentaria, se han expuesto a su vez las repercusiones sobre la producción de alimentos y los daños catastróficos para millones de personas que se ven expulsadas de sus hogares, que no pueden trabajar sus tierras ni tienen acceso a los mercados para sus productos, además de no poder obtener suministros comerciales como semillas, fertilizantes y crédito.

 

Sobre el particular cabe decir que la crisis de los precios de los alimentos que se empezó a manifestar a finales de 2007, situó el tema de la seguridad alimentaria en la agenda política internacional y nacional, rebasando las fronteras de los organismos y foros especializados. A su vez, la crisis económica y financiera de 2009 profundizó los impactos negativos de los precios en los consumidores de bajos ingresos y en las economías deficitarias en alimentos.

 

Bajo este contexto, el tema de los precios puso de relieve una serie de cambios de largo alcance que se han venido produciendo en los sistemas alimentarios y que, al combinarse, limitaron en un momento dado la capacidad de respuesta de la oferta a la demanda de alimentos. La persistencia del alza, con precios estimados para la próxima década de entre 10% y 30% por arriba de los de la década anterior, apunta a un giro en la situación alimentaria mundial.

 

Por el lado de la oferta, grandes empresas trasnacionales, productoras y comercializadoras han sido un factor clave en la reorganización, concentración de la producción, la distribución independientemente de su origen y localización geográfica, incorporando innovaciones tecnológicas para producción en gran escala.

 

La forma en que ha aumentado la producción ha contribuido al deterioro de la calidad de los recursos naturales, las emisiones con efecto de gas invernadero de las actividades agropecuarias y resultado del cambio en el uso del suelo y deforestación, han contribuido al proceso del cambio climático, lo que afecta la estabilidad de la producción.

 

México no ha quedado al margen de esa crisis de precios, que tuvo como resultado el aumento del número de hogares y personas que presentan carencia por acceso a la alimentación.

 

En respuesta a esta crisis, el Estado Mexicano, en el año 2006, como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Guerrero, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles), pusieron en marcha la fase piloto del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria- Guerrero Sin Hambre (PESA-GSH), dirigido a combatir las causas de la pobreza y marginación en los hogares rurales del estado de Guerrero.

 

El objetivo general del PESA-GSH se centró en apoyar a las familias de menores ingresos que habitan en el medio rural para superar sus condiciones de inseguridad alimentaria, pobreza y marginación, mediante el incremento y uso eficiente de sus recursos, capacidades y activos, de manera que puedan insertarse en un proceso de desarrollo sostenido y sustentable.

 

Los objetivos particulares del proyecto incluyen:

 

  • Atender la situación alimentaria de los campesinos más pobres mediante el mejoramiento de sus sistemas productivos de milpa, traspatio y hogar saludable;

 

  • Fortalecer las capacidades técnicas, productivas y organizativas de las unidades familiares;

 

  • Establecer un sistema de microfinanzas rurales;

 

  • Consolidar esquemas de acopio y comercialización de excedentes de alimentos, y

 

  • Restaurar y conservar suelos, agua y biodiversidad.

EL PESA-GHS inició teniendo 530 beneficiarios en 17 municipios del estado y para 2010 su cobertura fue de 31,000 beneficiarios, pero su mayor éxito llego en 2014, cuando Guerrero fue el Estado mejor evaluado a nivel nacional en cuanto a los resultados del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), ya que fue la única Entidad que registró un crecimiento sustancial en su cobertura, llegando a 45 mil 633 núcleos familiares, en 1,341 comunidades de 77 de los 81 municipios que tiene el Estado.

 

Los resultados del PESA dejan en claro la necesidad de contar en el Estado de un Programa permanente para la Seguridad Alimentaria, por este motivo, los Diputados Ciudadanos proponemos la creación de una nueva Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que garantice el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes del Estado de Guerrero.

 

Con este nuevo ordenamiento, los Diputados Ciudadanos refrendamos nuestro compromiso con los guerrerenses de impulsar, desde nuestro quehacer legislativo, la creación de instrumentos normativos que impulsen políticas públicas con la participación de la sociedad civil organizada, para lograr así mantener la seguridad alimentaria y nutricional del Estado de Guerrero, que garantice el derecho humano a la alimentación y la adecuada nutrición de todos sus habitantes de manera sustentable.

 

Para alcanzar estos fines, se establece la creación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guerrero, en el que se prevé la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, diseño, toma de decisiones, programación, ejecución de acciones, evaluación y actualización, de las políticas y acciones que garanticen seguridad alimentaria y nutricional de la población.

 

En resumen, con esta nueva Ley, la Bancada de los Ciudadanos buscamos impulsar las condiciones para el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida, que permitan a la población revertir el actual deterioro de los recursos de desnutrición de las y los guerrerenses; eliminando la desnutrición de la población, priorizando la atención de los grupos vulnerables y marginados, a través del Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional; además de recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, a través de una red para el abasto alimentario, de productos que provengan preferentemente de la producción local y luego nacional y de organizaciones de pequeños y medianos productores locales y regionales.

 

Con base en estos postulados, los Diputados Ciudadanos tenemos a bien proponer a esta Soberanía, para que en su momento se analice, discuta y se apruebe en su caso, la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL ESTADO DE GUERRERO

 

TÍTULO PRIMERO

 

Capítulo Único

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés general y de observancia obligatoria para el Estado de Guerrero. Tiene por objeto establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad alimentaria y nutricional, así como de garantizar el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes del Estado de Guerrero.

 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto:

 

  1. Una política del Gobierno del Estado de Guerrero con la participación de la sociedad civil organizada, para lograr y mantener la seguridad alimentaria y nutricional del Estado de Guerrero, que garantice el derecho humano a la alimentación y la adecuada nutrición de todos sus habitantes de manera sustentable;

 

  1. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guerrero, incluye la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, diseño, toma de decisiones, programación, ejecución de acciones, evaluación y actualización, de las políticas y acciones que garanticen seguridad alimentaria y nutricional de la población;

 

III. Los criterios, principios básicos, objetivos, atributos, normas y responsables de la política alimentaria y nutricional del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guerrero y sus instrumentos, así como los criterios que debe cumplir el proyecto de presupuesto del Estado de Guerrero que anualmente debe presentar el Gobernador del Estado de Guerrero al Congreso del Estado de Guerrero, en materia de seguridad alimentaria y nutricional;

 

  1. Las responsabilidades del Ejecutivo del Estado de Guerrero en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las acciones requeridas para asegurar la protección alimentaria y nutricional; en coordinación con los Ayuntamientos Municipales para lograr los objetivos de esta Ley, y

 

  1. Una red de seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la alimentación y haga efectivo el acceso de todos los habitantes a alimentos inocuos y de calidad nutricional.

 

Artículo 3. El Gobernador del Estado de Guerrero, a través de las dependencias y entidades correspondientes, en el marco de sus atribuciones, será responsable del cumplimiento de la presente Ley.

 

Artículo 4. Las actividades que emanen de la presente Ley se planearán y conducirán en apego y concordancia a los objetivos, estrategias y prioridades del Programa General de Desarrollo del Estado, buscando en todo momento la participación de los Ayuntamientos Municipales y grupos sociales en su ámbito de competencia.

 

Artículo 5. Para efectos de esta Ley, se entiende por:

 

  1. Alimentación correcta. La dieta que de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia, cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades;

 

  1. Canasta básica alimentaria recomendada. La que defina la Secretaría de Desarrollo Social y que contenga frutas, verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, así como los requerimientos necesarios para su cocción e ingesta;

 

III. Secretaría. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero;

 

  1. Desnutrición. El estado patológico en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que manifiesta un cuadro clínico característico, clasificado en tres niveles o grados: leve, medio y grave;

 

  1. Dieta correcta. La que defina la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero;

 

  1. Dieta completa. La que contenga todos los nutrimentos, para ello se recomienda incluir en cada comida alimentos de las frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal y cereales;

 

VII. Dieta equilibrada. Aquella en que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí;

 

VIII. Dieta inocua. La que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque esté exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación;

 

  1. Dieta suficiente. La que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y, en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta;

 

  1. Dieta variada. La que de una comida a la siguiente se utilicen, de cada grupo, alimentos distintos a los usados anteriormente;

 

  1. Dieta adecuada. La que esté acorde con las características biológicas, psicológicas y sociales de cada individuo, con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características;

 

XII. Disponibilidad de alimentos. La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones;

 

XIII. Hábitos alimentarios. Al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan, principalmente, con las características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres;

 

XIV. Instrumentos de Planeación. Los instrumentos de planeación del Sistema del Estado de Guerrero son: el Programa Integral para la Seguridad Alimentaria, los Subprogramas Municipales para la Seguridad Alimentaria y los demás mecanismos que se creen para el cumplimiento de la Ley;

 

  1. Ley. Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de Guerrero;

 

XVI. Orientación Alimentaria. Conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales.

 

XVII. Padrón de Beneficiarios de Programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Lista con el nombre de todos los beneficiarios de cualquier programa emanado de la presente Ley, su edad, domicilio, municipio, colonia a la que pertenece su domicilio, numero de familiares que se benefician del programa, e ingreso mensual promedio;

 

XVIII. Pobreza alimentaria. Toda la población que conforme a la medición que realice la Secretaría de Desarrollo Social carezca de los medios para adquirir la canasta alimentaria básica recomendada;

 

XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El instrumento de planeación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guerrero que define responsables y, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación que realiza elabora estimaciones de recursos presupuestales para las actividades, acciones y metas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, y

 

  1. Sistema del Estado de Guerrero para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es el conjunto de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, métodos, instancias, y criterios, que operan bajo un entorno y que buscan el logro de metas, objetivos y fines de seguridad alimentaria y nutricional.

 

Artículo 6. La política del Gobierno en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales:

 

  1. Cumplir en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Estado de Guerrero plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de su derecho social universal a la alimentación;

 

  1. Asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional del Estado de Guerrero para lograr el acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, inocua, sana, suficiente y variada, para las y los habitantes;

 

III. Integrar las políticas y programas contra la pobreza alimentaria en el marco de las políticas contra la desigualdad social;

 

  1. Impulsar la política de seguridad alimentaria, con la participación de personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo de lo público;

 

  1. Establecer los mecanismos para que el Gobierno del Estado de Guerrero cumpla de manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional;

 

  1. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la Administración Pública del Estado de Guerrero que se vinculen al tema de la seguridad alimentaria y nutricional;

 

VII. Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y su contribución a las innovaciones en este campo, a fin de fortalecer la sustentabilidad de las acciones que se emprendan;

 

VIII. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad del derechos a la alimentación en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Estado de Guerrero, y

 

  1. Los demás que se deriven de otras Leyes u ordenamientos legales y que estén vinculados con los principios de la política de seguridad alimentaria y nutricional.

 

Artículo 7. La política del Gobierno en materia de planeación para la seguridad alimentaria y nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos específicos:

 

  1. Establecer condiciones para el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida, que permitan a la población revertir el actual deterioro de los recursos de desnutrición de la cuidad;

 

  1. Eliminar la desnutrición de la población, priorizando la atención de los grupos vulnerables y marginados;

 

III. Establecer el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 

  1. Reducir significativamente las enfermedades relacionadas con la mala nutrición;

 

  1. Adecuar la seguridad alimentaria y nutricional, con base en la canasta básica alimentaria recomendada y las metas de consumo deseable basadas en una dieta correcta;

 

  1. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, de carácter anual, que incorporen las dimensiones técnicas y económicas a nivel Estatal;

 

VII. Fomentar una red del Estado de Guerrero para el abasto alimentario, con la participación de los sectores público, privado y social, y

 

VIII. Los demás que determine la presente Ley y su reglamento.

 

TÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

 

Capítulo I

De las facultades

 

Artículo 8. Con independencia de lo estipulado por otras normas, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

 

  1. Conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo sea modificar la realidad actual del Estado de Guerrero, para lograr y mantener la Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 

  1. Promover la planeación para la seguridad alimentaria y nutricional estableciendo acciones en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y los habitantes del Estado de Guerrero;

 

III. Establecer de manera concertada las políticas de seguridad alimentaria y nutricional que deberán aplicarse en el ámbito central y delegacional del Gobierno del Estado de Guerrero;

 

  1. Concertar acuerdos entre los distintos sectores en torno a la seguridad alimentaria y nutricional;

 

  1. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, los recursos necesarios .para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa para la Seguridad Alimentaria, y

 

  1. Publicar anualmente el Padrón de Beneficiarios de Programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 

Artículo 9. Con independencia de lo establecido en otras normas, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero:

 

  1. Formular el Programa para la Seguridad Alimentaria, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración relacionadas con la materia;

 

  1. Promover la celebración de convenios para la solución a los problemas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional;

 

III. Elaborar los Criterios de Ejecución del Programa;

 

  1. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional;

 

  1. Organizar campañas de orientación e información nutricional;

 

  1. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados que brinden orientación alimentaria a la población en general;

 

VII. Mantener informada a la sociedad del Estado de Guerrero sobre los problemas y las medidas tomadas entorno a la seguridad alimentaria y nutricional;

 

VIII. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y el pronóstico de los problemas relativos a la seguridad alimentaria y nutricional así como sus indicadores;

 

  1. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás dependencias de la Administración y con los habitantes del Estado de Guerrero;

 

  1. Realizar una evaluación anual de impacto del Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 

  1. Coordinar con las Delegaciones los proyectos y acciones en materia de Seguridad Alimentaria comunes a todo el Estado de Guerrero, y

 

XII. Elaborar los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en conformidad con lo establecido en la presente Ley.

 

Artículo 10. Con independencia de lo establecido por otros ordenamientos, corresponde a los Ayuntamientos Municipales:

 

  1. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los Subprogramas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 

  1. Elaborar el Subprograma para la Seguridad Alimentaria del Municipio;

 

III. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional;

 

  1. Formular la prospectiva de los problemas de seguridad alimentaria;

 

  1. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de los ciudadanos y organizaciones civiles sobre problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en el Programa para la Seguridad Alimentaria;

 

  1. Remitir a la Administración Estatal las propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia en materia de seguridad alimentaria y nutricional;

 

VII. Promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la búsqueda de soluciones a los problemas de la seguridad alimentaria y nutricional;

 

VIII. Mantener informada a la población y a la Secretaría de Desarrollo Social, acerca de los logros, avances y alternativas, así como de los problemas y soluciones del desarrollo de la seguridad alimentaria;

 

  1. Realizar el control y la evaluación de los programas y proyectos para la seguridad alimentaria y nutricional;

 

  1. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social la realización de acciones y proyectos que se relacionen con otros Municipios;

 

  1. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría dentro del ámbito de su competencia, y

 

XII. Elaborar los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en conformidad con lo establecido en la presente Ley.

 

Artículo 11. Con independencia de lo establecido por otras normas, corresponde Congreso del Estado de Guerrero:

 

  1. Aprobar el presupuesto necesario para la ejecución de los programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 

  1. Recibir y analizar los informes que le envié el Gobernador del Estado de Guerrero, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, estos informes deberán ser recibidos dentro de los cuarenta y cinco días siguiente a la fecha de corte del periodo respectivo;

 

III. La Comisión de Desarrollo Social será la encargada de evaluar el seguimiento de los programas a los que se refiere la presente Ley, y

 

  1. Las demás que le sean atribuidas por su Ley Orgánica y demás disposiciones normativas aplicables.

 

Capítulo II

De la Planeación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

 

Artículo 12. La planeación es el proceso a través del cual se fijan las prioridades, los objetivos, las previsiones básicas, junto con los resultados que se pretenden alcanzar por el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. La planeación permite vincular la operación e instrumentación de los programas específicos con los objetivos generales establecidos en el Programa.

 

Artículo 13. El proceso de planeación observará los siguientes criterios generales:

 

  1. Democracia;

 

  1. Participación y corresponsabilidad de los sectores público, privado y social;

 

III. De enfoque estratégico que promueva los objetivos del interés general del Estado de Guerrero;

 

  1. Temporalidad de corto, mediano y largo plazo;

 

  1. Sistematicidad y continuidad;

 

  1. Transparencia;

 

VII. Pluralidad;

 

VIII. Concertación, y

 

  1. De actualización permanente con base en la evaluación.

 

Artículo 14. El Gobernador del Estado de Guerrero, establecerá una red de información alimentaria y nutricional que proporcionará información sistemática, actualizada, transparente y oportuna a sus participantes, para analizar y evaluar los procesos y resultados alcanzados, en relación a los objetivos y metas, plasmados en los instrumentos de la planeación, incluyendo de manera particular los resultados de cada una de las instancias ejecutoras.

 

Artículo 15. Para facilitar el acceso y uso de la red de información alimentaria y nutricional por parte de los sectores público, privado y social, el Gobernador contemplara las previsiones presupuestales correspondientes.

 

Artículo 16. La planeación se concretará en el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y los Subprogramas Municipales para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que en su conjunto constituyen el instrumento rector de la planeación en esta materia.

 

Artículo 17. La Planeación deberá contener el diagnóstico de la situación de la Estado en materia de seguridad alimentaria y nutricional, señalando las causas; el pronóstico y el conjunto de escenarios derivados de esta situación considerando el contexto nacional.

 

Capítulo III

De los Programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

 

Artículo 18. Se establece el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de Guerrero que tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación, mediante una ingesta correcta y una orientación alimentaria permanente.

 

Este programa es de carácter permanente y cobertura para todo el Estado de Guerrero y será operado por el Gobernador del Estado de Guerrero, a través de las dependencias y entidades que correspondan de acuerdo a las atribuciones previstas.

 

Artículo 19. El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en:

 

  1. Medidas Concretas para la Erradicación de la Desnutrición;

 

  1. Campañas informativas de desnutrición a la población de Estado de Guerrero;

 

III. Áreas geográficas prioritarias del Estado de Guerrero;

 

  1. Orientación Alimentaria;

 

  1. Apoyo Alimentario y de Sanidad Doméstica;

 

  1. Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia;

 

VII. Los demás que contribuyan al logro de los objetivos del Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 

Artículo 20. Los lineamientos para el funcionamiento de los Programas y Subprogramas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional contendrán:

 

  1. Población Objetivo;

 

  1. Objetivos Concretos para la erradicación de la desnutrición;

 

III. Monto presupuestario necesario para la erradicación de la pobreza alimentaria;

 

  1. Lineamientos para las Reglas de Operación de los Programas y Subprogramas, y

 

  1. Acciones de coordinación de las Reglas de Operación de los Subprogramas Municipales, para su correcta homogenización.

 

Artículo 21. El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá contener:

 

  1. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en el Estado de Guerrero y que estén vinculados con la materia;

 

  1. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Estado de Guerrero, así como la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por grupos de población;

 

III. Los objetivos generales y específicos del programa;

 

  1. Las estrategias del programa, incluyendo la promoción de una dieta correcta y balanceada que combata el sobrepeso y la obesidad, con un programa especial dirigido a los niños y niñas del Estado de Guerrero;

 

  1. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad organizada;

 

  1. Las políticas sectoriales y por grupos de población;

 

VII. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes, y

 

VIII. Los indicadores para la evaluación de los resultados.

 

Artículo 22. Se establecen los Subprogramas Municipales para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estos subprogramas serán complementarios entre sí y articulados con el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 

Artículo 23. Los Subprogramas Municipales para la Seguridad Alimentaria y Nutricional contendrán:

 

  1. Antecedentes, diagnóstico, pronóstico de la problemática; la situación del Municipio en el contexto del Estado de Guerrero, y los razonamientos que justifiquen su elaboración y su modificación, en su caso;

 

  1. La estrategia, que deberá especificar las metas generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio, en aquellos aspectos contenidos en el programa; y las formas de corresponsabilidad con la sociedad organizada;

 

III. La definición de sectores sociales y zonas de atención prioritaria; y

 

  1. Las estrategias de colaboración intermunicipal.

 

Artículo 24. Los alimentos que se abastezcan o distribuyan a través del Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional provendrán preferentemente de la producción local y luego nacional y de organizaciones de pequeños y medianos productores locales y regionales.

 

Para tal efecto el gobierno del Estado de Guerrero, a través de las dependencias y entidades responsables, revisará y modificará la normatividad aplicable al abastecimiento de productos alimentarios, procurando un contenido mínimo local del 70 por ciento de sus compras totales.

 

Capítulo IV

De las Previsiones Presupuestales del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

 

Artículo 25. El Gobernador del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, incluirá anualmente, en el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos, los montos presupuestales suficientes para cumplir con los objetivos de instrumentos de planeación dispuestos en esta Ley, de acuerdo con las propuestas que le presenten las Secretarías que tengan a su cargo su operación.

 

El Congreso del Estado de Guerrero en el marco de sus atribuciones, revisará y aprobará los recursos necesarios para la operación de estos Programas y Subprogramas en el Decreto de Presupuesto.

 

Artículo 26. Para el caso de los Programas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Gobernador del Estado de Guerrero, anexará al Proyecto de Presupuesto, las memorias de cálculo para la determinación de los recursos solicitados para estos programas, incluyendo los objetivos y metas a alcanzar, así como los supuestos macroeconómicos empleados.

 

TÍTULO TERCERO

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

 

Capítulo Único

 

Artículo 27. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su reglamento, y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Administración Pública del Estado de Guerrero.

 

Artículo 28. Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

TERCERO. El Gobernador del Estado de Guerrero tendrá un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para elaborar y publicar el Reglamento de esta Ley.

 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley.

 

QUINTO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Estado de Guerrero]

[1] Clay, E. 2002. Food Security: Concepts and Measurement, Paper for FAO Expert Consultation on Trade and Food Security: Conceptualising the Linkages Rome, 11-12 July 2002. Published as Chapter 2 of Trade Reforms and Food Security: conceptualising the linkages. Rome: FAO, 2003.

[2] World Bank. 1986. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries. Washington DC.

[3] World Food Summit 1996, Rome Declaration on World Food Security

Proyecto de Ley para la Revocación del Mandato para el Estado y Municipios de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto de Ley para la Revocación del Mandato para el Estado y Municipios de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La soberanía, según la clásica definición de Jean Bondi[1], es el poder absoluto y perpetuo de una República; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.

 

Hobbes[2] suprimió esta dependencia y constituyó al soberano en única forma de poder. De este modo, a través de una figura metafórica que trata de captar alegóricamente la naturaleza del Estado, justificó filosóficamente la existencia de su autoritarismo.

 

En 1762, Jean-Jacques Rousseau[3] retomó la idea de soberanía pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y ésta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto mediante su propia voluntad dio origen a ésta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad, en cuanto se obliga a obedecerla.

 

Esta concepción rossiniana que en parte dio origen a la revolución francesa e influyó en la aparición de la democracia moderna, señalaba que todas las personas serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo sino que la voluntad general tiene el poder soberano, es aquella que señala lo correcto y verdadero y las minorías deberían acatarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva.

 

Frente a estas ideas, Sieyes[4] postuló que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo, explicando que la autoridad debe obrar tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, así como el legado histórico y cultural de esa nación y los valores y principios bajo los cuales se había fundado.

 

De esta forma la doctrina contribuyó a conceptualizar el término de “soberanía nacional, que fue plasmado por el legislador constituyente en el artículo 39 de la Constitución Federal, en el que se indica que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, este precepto constitucional constituye el pilar del derecho de decisión que tienen los ciudadanos sobre los poderes públicos dentro de un sistema representativo.

 

El espíritu de “soberanía” conceptualizado en la Carta Magna, ha sido retomado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que en su artículo 1º párrafo tercero, reconoce que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes.

 

Ambos preceptos, permiten concluir que el Estado de Guerrero se basa en una democracia representativa, en la que la ciudadanía está legitimada para ejercer mecanismos de participación y control sobre sus representantes electos.

Sin embargo, a través de los años, aquellos a quienes el pueblo les delegó facultades de representación, lejos de sujetar su actuación a los lineamientos constitucionales y las leyes que de ella emanan, se han encargado de hacer creer a los ciudadanos que al elegirles como sus representantes, ceden su soberanía y pasan a tomar el modesto lugar de gobernados.

 

Todos han escuchado el reclamo en campañas, de que una vez que son electos los representantes populares, estos se desvinculan de los intereses y necesidades de la ciudadanía que los eligió; empero, a pesar de no responder a las exigencias de los poseedores originarios de la soberanía, los gobernantes continúan hasta el término del período para el cual fueron electos.

 

Nos hemos olvidado que la democracia representativa y formal exige de la participación de la ciudadanía, no sólo en la elección de los representantes a los cargos de elección, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen. Estas prácticas dañinas, han minado la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

 

El modelo representativo adoptado por el Estado Mexicano para el ejercicio del poder se ha venido agotando al ser insuficientes para el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; muchos sectores o minorías han quedado fuera de la representación o existen déficits de representación, como en el caso de la representación política de las mujeres; asimismo hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía; el poder público se ejerce sin un control ciudadano y la democracia se ha estancado, para ser un mero ejercicio del voto.

 

La historia ha demostrado que los mecanismos de control con que se cuentan en la actualidad, como el juicio político y el amparo, han demostrado su ineficacia para remover representantes populares que no cumplen con sus obligaciones o protegerse de los abusos del poder.

 

Para contrarrestar lo anterior, en los estados contemporáneos, democráticos y de derecho, distintos procesos se dan en la búsqueda por hacer coincidir la democracia representativa con una democracia cada vez más participativa en la que todos los integrantes de un Estado se involucren en los asuntos públicos y gubernamentales, sin distinción de clase, género, estatus social, religión o ideologías. 

 

De esta manera, la evolución de la democracia representativa moderna se ha visto acompañada de la creciente incorporación de figuras de democracia directa para atenuar los llamados “efectos elitistas” de esta forma de gobierno. Así, algunos países han introducido, entre otras, las figuras de plebiscito y referéndum en su Constitución, o en la legislación secundaria.

 

Estas circunstancias nos obligan a legislar con miras a una democracia más participativa, estableciendo dentro de nuestro sistema normativo mecanismos que permitan a la ciudadanía someter al escrutinio público el desempeño de sus gobernantes, para determinar la continuidad o no de estos en el ejercicio de su función pública.

Dentro de las democracias modernas, existen diversas figuras para atenuar los llamados “efectos elitistas”; una de ellas, gracias a una conquista democrática de hace ya casi un siglo en los Estados Unidos de Norteamérica, se destaca sobre del resto: La revocación del mandato.

 

La revocación, etimológicamente tiene su origen en el latín “revocare” y hace referencia al acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica.

 

Su significado según el Diccionario de la Real Academia Española es: “dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”. Por mandato entiende el propio diccionario el “encargo o representación que por la elección se confiere a los diputados, concejales, etc.”[5]

 

En el ámbito constitucional, el mandato se configura como un instrumento institucionalizado cuya finalidad se orienta a la participación indirecta de los ciudadanos en los asuntos públicos.

 

Por su parte, la revocación constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo público con anterioridad a la expiración del período para el que fue elegido.

 

Sobre el tema, la ministra Olga Sánchez Cordero, en la revisión de la acción de inconstitucionalidad 8/2010, define a la figura de revocación del mandato como aquella que se erige como una institución democrática fundamental y no sólo como un mecanismo procedimental para separar, reemplazar a un servidor público de su encargo, ya que a través de ella se legitima la decisión popular de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirar confianza a quienes los eligieron estatuyéndose como un control permanente de los votantes sobre los funcionarios públicos, haciendo real y efectiva la ejecución del derecho de reemplazarlos en cualquier momento como lo señala el artículo 39 constitucional, edificándose entonces como un mecanismo democrático, activado por los ciudadanos en donde además opera como correctivo de deficiencias de funcionamiento de las instituciones democráticas de representación.

 

Esta mecanismo de participación de las democracias participativas ha adquirido cierto auge en algunas constituciones latinoamericanas, quienes han instrumentado la revocación como una medida de control de los representantes populares, disuadiendo del abuso de poder a los que ocupan un cargo, especialmente en los ámbitos regional y local”.

 

Haciendo un estudio comparado, hay 17 países en América Latina que tienen en su constitución la figura de la revocación del mandato o su equivalente, y son conocidos procesos revocatorios en Colombia, Venezuela y recientemente en Ecuador, por citar algunos.

 

Dentro de los sistemas jurídicos de los países que regulan este instrumento de control en la mayoría de los casos tiene como características que:

 

  • Es un derecho o facultad que asiste a las y los ciudadanos;

 

  • Los destinatarios son los funcionarios electos;

 

  • No se prevé al principio del ejercicio del mandato, tiene un período de gracia para permitir que los funcionarios desplieguen su función gubernamental y demuestren su competencia;

 

  • Es un procedimiento democrático que pasa por las urnas donde deciden los electores; y

 

  • Puede promoverse por diversas causas, ya sea como una calificación previa o ante el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios y autoridades electas.

 

Por estas características, la revocación del mandato es una figura que como nunca antes, después de varios gobiernos fallidos, se hace necesaria y su regulación en el sistema jurídico guerrerense es impostergable.

 

Con la revocación del mandato se da respuesta a la sentida demanda orientada a inhibir o sancionar la inobservancia de la ley, que durante muchos años ha venido favoreciendo a la impunidad imperante en México.

 

En este orden de ideas, la revocación del mandato se hace necesaria también para fortalecer el vínculo entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios electos a rendir cuentas respecto de la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus cargos, de manera transparente.

 

La iniciativa que se somete a su consideración, pretende incorporar dentro del sistema jurídico guerrerense la figura de revocación del mandato para que los ciudadanos, en uso de la facultad soberana que les confiere los artículos 39, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 23, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, puedan dar por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador, a un Diputado Local, a un Presidente Municipal o a cualquier otro miembro de los Ayuntamientos, que haya sido electo mediante votación popular directa; imponiendo de esta forma límites al ejercicio en los cargos públicos, obligando a las instituciones públicas a ver al ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser.

 

La propuesta que hoy se expone, no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad, por el contrario tiene como fin contribuir a la consolidación de nuestra vida democrática, que sea horizontal, incluyendo a todas y todos, y limite las formas verticales de poder, instaurando buenos gobiernos que sirvan a los guerrerenses.

 

Así también en la Constitución Local en su artículo 19, numeral 1, fracción IV, y el numeral 3, fracción IV, el primero dice: “Artículo 19. Son ciudadanos del Estado, los guerrerenses que hayan cumplido dieciocho años: 1. Son derechos de los ciudadanos… IV. Participar en los procesos de referéndum, revocación de mandato, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana”, el segundo “numeral 3. Son obligaciones de los ciudadanos guerrerenses:… IV. Participar en los procesos de referéndum, revocación de mandato, plebiscito y demás instrumentos de participación ciudadana”.

 

De ahí que sea un imperativo democrático inaplazable el establecer procedimientos efectivos para hacer posible la suspensión o revocación del mandato tanto de los integrantes de los poderes públicos como de los Ayuntamientos y los órganos autónomos del estado.

 

La revocación del mandato, deviene así en un elemento fundamental para fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el actuar del gobierno y es una figura que se hace necesaria e impostergable y serviría para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios públicos a rendir cuentas de manera transparente sobre la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus cargos[6].

 

Uno de los derechos inalienables de los ciudadanos es poder suspender o revocar el mandato de servidores públicos electos mediante votación directa o indirecta cuando estos incumplan con las obligaciones constitucionales y legales para los que fueron electos, así como exigir una efectiva y veraz rendición de cuentas a sus gobernantes, lo que va más allá de la transparencia, y que más bien es una exigencia de que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en beneficio del pueblo.

 

Para ello, promovemos que se legisle y promulgue la ley en materia de revocación de mandato, derecho que se fundamenta en el principio de Soberanía Popular consagrado en la Constitución General de la República y que está plenamente reconocido por la Constitución Política del Estado, por medio del cual, los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador, a un diputado local, a un presidente municipal o a cualquier otro miembro de los ayuntamientos, que hayan sido electos mediante votación popular directa.

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

 

 

 

 

LEY NÚMERO ________ PARA LA REVOCACIÓN DEL MANDATO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUERRERO

 

CAPITULO I

Disposiciones generales

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Guerrero. Tiene por objeto, sin perjuicio de lo dispuesto para el juicio político, establecer las disposiciones aplicables en materia de revocación de los servidores públicos que hayan sido electo mediante votación popular directa.

 

La regulación de la revocación del mandato no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del Estado ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta Ley

 

Artículo 2. La revocación del mandato es un derecho político emanado de la soberanía del pueblo, reconocida por los artículos 19 y 23 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato del Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Presidentes Municipales, los Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos.

 

La revocatoria del mandato procederá siempre y cuando haya transcurrido no menos de nueve meses, contado a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario.

 

El ejercicio de este derecho no está permitido si por su intermedio se pone en riesgo el sistema representativo o en virtud del mismo se impida o se elimine el ejercicio de la oposición política o de representación de las minorías.

 

Durante el año en que se celebre la elección para la renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de los Ayuntamientos, no se podrá realizar ningún procedimiento de revocación de mandato para los mandatarios que habrán de renovarse.

 

Artículo 3. Para el desempeño de sus funciones, las autoridades y órganos electorales establecidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano y esta Ley, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales.

 

Artículo 4. La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponderá, según el caso, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y al Instituto Nacional Electoral, para la revocación del mandato de Diputados, Gobernador y Ayuntamientos democráticamente electos.

 

La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.

 

En la aplicación de las normas de revocatoria de mandato, se tomarán en cuenta de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Federal y 9° de la Constitución local, los usos, costumbres y formas especiales de organización social y política de los pueblos indígenas y afromexicanos del Estado.

 

En los casos no previstos en el presente ordenamiento se aplicará de manera supletoria lo establecido por la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; así como lo señalado en la Ley número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero y los principios generales de derecho.

 

CAPITULO II

De la solicitud de revocación del mandato

 

Artículo 5. La solicitud de revocación del mandato de servidores públicos democráticamente electos, se tramitara ante el Congreso del Estado, con apego a lo dispuesto en la presente Ley.

 

Artículo 6. Para solicitar la revocación del mandato de Diputados, Gobernador o Ayuntamientos democráticamente electos, se requiere ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, contar con la calidad de vecinos u originarios del Estado, distrito o municipio, en que se solicite la revocación del mandatario y contar con el respaldo de cuando menos el 0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente.

 

Para consignar su apoyo en una solicitud de revocación del mandato, el ciudadano deberá escribir en una lista, de su puño y letra, la fecha en que firma, su nombre, su clave de elector, el lugar y la dirección de su residencia, todo esto en forma completa y legible, y su firma. Si la persona no supiere escribir imprimirá su huella dactilar a continuación del que firme a su ruego. Una vez que la lista sea recibida por el Congreso del Estado, este a través de la Comisión de Examen Previo, la remitirá al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, para que valide si los apoyos consignados en los términos señalados en la presente Ley. Cuando la fecha, nombre o clave de elector de quienes respaldan la petición sean ilegibles o no identificables, se tendrá por inexistente el respaldo.

 

Las organizaciones civiles, sindicales, gremiales; indígenas o comunales Estatales o municipales, según el caso, podrán promover la revocación del mandato, debiendo cumplir con los requisitos exigidos en el párrafo anterior para las personas físicas, debiendo además aprobar la solicitud de remoción del mandato en asamblea, congreso o convención, por la mayoría de los asistentes con derecho a voto.

 

Artículo 7. La solicitud de revocación del mandato, deberán presentarse por escrito y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

 

  1. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del solicitante;
  2. Señalar domicilio dentro de la ciudad sede del Congreso del Estado para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

 

  • Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del solicitante;

 

  1. La exposición de motivos de la solicitud de revocación del mandato, la cual, deberá contener las razones que la fundamentan, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno; y

 

  1. La lista en la que conste que al menos el 0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal correspondiente respaldan la solicitud de revocación del mandato. En el caso de las organizaciones, deberán acompañar además, copia del acta de la asamblea, congreso o convención en que fue adoptada la decisión.

 

Artículo 8. Una vez que el Congreso del Estado reciba una solicitud de revocación del mandato de un servidor público democráticamente electo, lo turnará sin dilación alguna a la Comisión de Examen Previo, quien le asignará un número consecutivo de identificación, con el cual indicará el orden en que éstas han sido inscritas y la fecha de su inscripción.

 

La Comisión de Examen Previo del Congreso del Estado, llevará un registro de todas las solicitudes de revocación del mandato presentadas, e informará inmediatamente del hecho a la persona involucrada. El mandatario contará con un plazo de cinco días naturales contados a partir de la notificación respectiva, para alegar lo que a su derecho convenga.

 

Serán desechadas por la Comisión de Examen Previo las solicitudes de revocación del mandato que no cumplan los requisitos exigidos por la presente Ley.

 

Artículo 9. El solicitante podrá desistir de la solicitud de revocación del mandato hasta antes de la emisión del dictamen de la Comisión Examen Previo.

 

Artículo 10. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, verificará la autenticidad de los respaldos que se acompañen a la solicitud de revocación del mandato.

 

En el término de un mes, contado a partir de la fecha de la entrega de la lista en que consten los respaldos, el Instituto verificará, a través de los medios técnicos que determine, la veracidad de los mismos, asimismo validará que los ciudadanos signatarios estén inscritos en la lista nominal de la circunscripción correspondiente a la demarcación territorial que eligió al mandatario que se pretende revocar, finalmente, certificará el número total de respaldos consignados, el número de respaldos válidos y nulos y, el porcentaje que representan estos respecto del listado nominal de electores de la demarcación que corresponda.

 

Una vez que Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero haya expedido el certificado a que se refiere el párrafo anterior, conservará las listas en las que consten los apoyos procurando la máxima protección de datos personales.

 

CAPITULO III

De la convocatoria a participar en la revocación del mandato

 

Artículo 11. Una vez expedida la certificación a que se refiere el artículo anterior, la Comisión de Examen Previo dictaminará la procedencia o improcedencia de las solicitudes de revocación del mandato. El dictamen correspondiente será sometido a la consideración del Pleno del Congreso del Estado.

 

Aprobado el dictamen que contenga la solicitud de revocación del mandato por el Congreso del Estado, este dentro de un término no mayor a noventa días naturales convocará a los ciudadanos de la respectiva demarcación territorial a la votación para la revocatoria.

 

Artículo 12. Corresponderá al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, ejercer las atribuciones que le confiere l fracción IX, del artículo 128, de la Constitución Política del Estado, para coordinar la divulgación, promoción y realización de la convocatoria para la votación de la revocación del mandato.

 

CAPITULO IV

De las campañas

 

Artículo 13. La convocatoria a la votación para la revocación del mandato, fijará un plazo para que los promotores de la revocación del mandato, así como para que el servidor público que se solicita remover, hagan del conocimiento de la ciudadanía su posición en favor o en contra de la revocación.

 

La duración de las campañas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá durar más de las dos terceras partes de los plazos establecidos en la Lay de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para las campañas constitucionales, debiendo concluir a más tardar tres días antes de la votación de la revocación del mandato.

 

Durante la campaña, queda prohibida la utilización de programas públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo.

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, al menos treinta días naturales antes del inicio de las campañas, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse los promotores de la revocación del mandato así como el mandatario en la realizción del proselitismo a favor o en contra de la revocatoria.

 

CAPITULO V

De los actos previos a la votación de la revocación del mandato

 

Artículo 14. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, diseñará la tarjeta electoral que será usada en la votación de revocación del mandato, la cual deberá, por lo menos, contener:

 

  1. La pregunta sobre si el ciudadano ratifica o revoca el mandato del servidor público; y

 

  1. Recuadros para el sí, para el no y para el voto en blanco.

 

Artículo 15. La recepción de la votación de los ciudadanos será a cargo de las mesas directivas de casillas, las cuales se integran en iguales condiciones y por los mismos funcionarios electorales que participaron en la última elección celebrada en la demarcación territorial donde habrá de aplicarse la revocación del mandato.

 

Los Consejos Electorales que correspondan del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se integrarán en iguales condiciones y por los mismos funcionarios electorales que participaron en la última elección, para auxiliar en los trabajos del Instituto.

 

CAPITULO VI

De la votación de la revocación del mandato

 

Artículo 16. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada, que contendrá los datos comunes a la elección; así como los de escrutinio y cómputo.

 

El día de la votación, a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios en la elección constitucional anterior, deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de los observadores que se acrediten ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.

 

Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

 

El acta de la votación constará de los siguientes apartados:

 

  1. El de instalación;

 

  1. El de cierre de votación; y

 

  • El de escrutinio y cómputo.

 

En ningún caso se podrán recibir votos antes de las 8:00 horas.

 

Los miembros de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.

 

Los funcionarios que actuaron en la Casilla deberán, sin excepción, firmar las actas.

 

Artículo 17. De no instalarse la Casilla en los términos previsto en el artículo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero

 

Artículo 18. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el Presidente de la Mesa anunciará el inicio de la votación.

 

Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor.

 

Artículo 19. Los ciudadanos votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos, y mostrar el dedo pulgar derecho para constatar que no ha emitido su voto.

 

Los Presidentes de Casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos que aparezcan en la lista nominal utilizada en la última elección constitucional, y que haya exhibido su credencial para votar, el Presidente de la mesa directiva de casilla le entregará la tarjeta electoral para que libremente y en secreto marque ejerza su derecho de voto.

 

Aquellos ciudadanos que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar su tarjeta electoral, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

 

Acto seguido, el ciudadano doblará su tarjeta electoral y se dirigirá a depositarla en la urna correspondiente.

 

El Secretario de la Casilla, auxiliado en todo tiempo por uno de los escrutadores, deberá marcar en la lista nominal correspondiente a la persona que hay sufragado y procederá a:

 

  1. Marcar la credencial para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto;

 

  1. Impregnar con liquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y

 

  • Devolver al elector su credencial para votar.

 

Artículo 20. La votación se cerrará a las 18:00 horas.

 

Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

 

Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella Casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar. En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.

 

Artículo 21. El Presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los extremos previstos en el artículo anterior.

 

Acto seguido, el Secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios.

 

Artículo 22. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la Mesa Directiva, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la Casilla en los términos precisados para tal efecto en la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, asentando los resultados en el apartado correspondiente al escrutinio y cómputo, el cual deberá ser firmado por los funcionarios.

 

Artículo 23. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, las operaciones relacionadas con el escrutinio y cómputo, el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y los representantes, que harán entrega del paquete que contengan los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla.

 

Artículo 24. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes o en su caso el secretario de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda, los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos que al efecto señala la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

 

CAPITULO VI

De los actos posteriores a la votación de la revocación del mandato

 

Artículo 25. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de Casilla será la misma que se señala en la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

 

Artículo 26. El cómputo de la votación es la suma que realizan los organismos electorales de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas o actas de cómputo distrital, dentro de su competencia y jurisdicción, el cual se sujetara a las reglas previstas por la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para el computo de las elecciones.

 

Artículo 27. Se considerará revocado el mandato de servidores públicos democráticamente electos, al ser ésta aprobada en la votación respectiva por un número de votos favorables mayor al 50% más uno de los ciudadanos que participen en la respectiva votación.

 

Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del servidor público, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su período.

 

Artículo 28. Habiéndose realizado la votación y previo informe del resultado de los cómputos correspondientes, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero le comunicará al Congreso del Estado para que proceda, según el caso, a la remoción o ratificación del cargo del respectivo.

 

De resultar procedente la revocación del mandato, su ejecución será de manera inmediata.

 

Revocado el mandatario, el Congreso del Estado convocará a elecciones extraordinarias para escoger al sucesor. Durante el período que transcurra entre la fecha de la revocatoria y la posesión del nuevo mandatario, será designado por el mismo Congreso la personas que deberá que habrá de sustituir al mandatario revocado.

 

El funcionario reemplazante dará cumplimiento, en lo que fuere pertinente, al programa inscrito para la gestión gubernamental en el respectivo período.

 

TRANSITORIO

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.

Tercero. El procedimiento de revocación de mandato regirá para el Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Presidentes Municipales, los Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, electos con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

 

Cuarto. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley y deberá expedir los reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir de su entrada en vigor.

 

Las disposiciones generales emitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y la presente Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto no emita aquéllas que deban sustituirlas.

 

Quinto. El personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero que con motivo del presente Decreto deba ser objeto de cambios en su adscripción de trabajo, conservará sus derechos laborales.

 

Sexto. Cuando con motivo del presente Decreto, cualquier órgano, central o desconcentrado del Instituto cambie de adscripción, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, las asignaciones presupuestales autorizadas, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes que haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los _______ días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley para la Revocación del Mandato para el Estado y Municipios de Guerrero]

[1] Jean Bondi. Les Six Livres de la Republique. 3ª edición. Editorial Tecnos S.A. de C.V. 1997.

[2] Tomas Hobbes Argenis. Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Texto en castellano. Edición de Sergio Sevilla- Universitat de València. 1990.

[3] Jean-Jacques Rousseau. Du Contrat social; ou, principes du droit politique. Éditions Gallimard. 1995.

[4] Emmanuel Joseph Sieyes. ¿Qué es el Tercer Estado? precedido de ensayo sobre los privilegios. Alianza Editorial. 2003.

[5] Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigesimotercera edición. 2014.

[6] Véase Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, presentada públicamente el día 29 de septiembre de 2015 en la Sala Bajos Valverde del Congreso del Estado de Guerrero, p. 4 y ss.

Proyecto de Ley Orgánica del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Ley Orgánica del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El estado de Guerrero carece de una política pública orientada al desarrollo, la preservación, al uso, a la visibilidad y a la promoción del conocimiento, reconocimiento y valorización de las lenguas indígenas en los distintos órganos del gobierno y de la sociedad en general.

Con la reforma al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2001; se reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, asimismo, se garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

 

Los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, se encuentran especificados  de manera sustancial en los convenios y declaraciones internacionales que tratan sobre los derechos de los pueblos originarios , entre los que se encuentran, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, con carácter vinculante, ratificado por el estado Mexicano en el año de 1990,  así como otros instrumentos no vinculantes que establecen los derechos mínimos para la protección de los derechos humanos de las personas y las comunidades indígenas tales como la Declaración de las Naciones Unidas de 2007, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996.

El Convenio 169 de la OIT, se reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas para asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, en este sentido, el Gobierno deberá asumir su responsabilidad coordinada para proteger los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando el respeto, preservación, desarrollo y practica de las lenguas indígenas  en todos los ámbitos de la administración pública.

 

Las lenguas indígenas son la manifestación de una cultura en específico, una forma de decir y describir una realidad constituida colectivamente; son instrumentos de identificación de los pueblos y comunidades indígenas; por tanto, estas deben gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo, para lo cual habrá que instrumentar políticas lingüísticas para su ejercicio en todos los ámbitos de la vida pública.

 

La Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, reconoce la pluriculturalidad de la entidad, la inclusión plena de los pueblos originarios Náhuatl, Ñuu Savi (Mixteco),  Me’phaa (Tlapaneco), Ñomndaa (Amuzgo) y los pueblos afromexicanos, garantizando el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos. La entidad, los municipios y las autoridades indígenas protegerán y promoverán el desarrollo y uso de las lenguas indígenas por conducto de la Secretaría de Educación Guerrero, la de Asuntos Indígenas y los organismos afines dentro de cada municipio, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. De forma concurrente y coordinada, se harán efectivos los preceptos que al respecto establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en México.

 

La entidad, con la participación que corresponda a los municipios con población indígena, tomará las providencias para fortalecer al Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero.

 

En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo del año 2003, dispone en sus artículos 4º y 7º que las lenguas indígenas son reconocidas como lenguas nacionales, otorgándoles la misma validez para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. De igual forma, reconoce el derecho de todo mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas o cualesquiera otras; y a su vez faculta al gobierno mexicano en sus distintos órdenes para la creación de instituciones que atiendan y resuelvan los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.

 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 3,162,213 habitantes en la entidad, de las cuales 456,774 son personas de cinco años y más que  hablan alguna lengua indígena, de esta cantidad 164,065 son Nauatlajtoli (Náhuatl) equivalente al 35.9 %; 131,132 Tu’un Savi (Mixteco), que suman al 28.7 %; 112, 281 Me’phaa (Tlapaneco) que equivale al 24.6 %; 43, 554 Ñomndaa (Amuzgo) corresponde al 9.5 %; y 5,742 de otras lenguas indígenas que es el 1.3  %;  quienes tienen su asentamiento original fundamentalmente en las regiones Centro, Norte, Montaña y Costa Chica del estado, en los municipios de Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Huamuxtitlán, Igualapa, José Joaquín de Herrera, Iliatenco, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala, todos con población indígena superior al 40 por ciento de la población total.

 

También cuentan con una presencia indígena importante los municipios de Acapulco de Juárez, Alpoyeca, Azoyú, Chilpancingo de los Bravo, Cuajinicuilapa, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla de Guerrero, sin menoscabo de que hay población indígena en calidad de migrantes asentados en distintos municipios del estado, del país y en el extranjero.

 

De conformidad con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, las lenguas que se hablan en el Estado de Guerrero son Ñomndaa (amuzgo), Naua (náhuatl o mexicano de Guerrero), Tu’un Savi (mixteco) y Me’phaa (tlapaneco), cada una con variantes lingüísticas; además de otras lenguas indígenas de personas que han migrado a la entidad.

 

No obstante el reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística, sustentado en el marco legal que garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, existe incumplimiento y desconocimiento de los derechos lingüísticos por parte de las instituciones públicas, la sociedad y de los mismos pueblos y comunidades indígenas, lo que conlleva a la ineficacia de su aplicación.

 

Parte de la problemática actual de las lenguas indígenas, es el desconocimiento e incumplimiento de los derechos humanos indígenas y lingüísticos por parte de la sociedad y las autoridades; las concepciones hegemónicas, el racismo y discriminación.

 

México es una nación pluricultural y multilingüe, y esta diversidad forma parte del patrimonio nacional, por consecuencia el Estado debe formular y aplicar políticas lingüísticas para revitalizar, fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas nacionales.

 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas al tener el carácter de general, faculta a los congresos locales para legislar sobre derechos lingüísticos y para la vigilancia en su aplicación y sancionar incumplimientos, así como para la creación de sus institutos locales.

A pesar de los avances en el reconocimiento y ejercicio de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, es imperiosa la necesidad de fortalecer la intervención pública a fin de evitar las violaciones e incumplimientos, implementando políticas que se fundamenten en el multilingüismo y la interculturalidad.

 

Por lo anterior, se desprende que es necesario crear el Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero, como órgano técnico adscrito al Poder Ejecutivo, con la finalidad de que sea éste el encargado de proponer el diseño de estrategias, políticas e instrumentos para el desarrollo, fortalecimiento y preservación de las lenguas indígenas en Guerrero, promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas de la entidad y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas y promover su difusión.

 

Actuará como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los municipios y de instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y 170 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE LENGUAS INDÍGENAS ORIGINARIAS DE GUERRERO, NÚMERO___

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1º. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia obligatoria en materia de las lenguas indígenas en el estado que realiza el Poder Ejecutivo a través del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero por sus siglas ILIOG, como Órgano con Autonomía Técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio legal en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, pudiendo establecer oficinas de coordinación en cualquier otra parte de la entidad.

 

Artículo 2º. A falta de disposición expresa de esta ley se aplicarán en forma supletoria y conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por México en materia de lenguas indígenas, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, el Código Civil y Procesal Civil en el estado, y las disposiciones respectivas.

 

Artículo 3º. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

 

  1. Ley: La Ley Orgánica del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero;

 

  1. Director: El Director General del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero;

 

  • Estado: El Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

  1. Gobernador: El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, e

 

  1. Instituto: El Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero.

 

CAPITULO II

DEL OBJETO, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL INSTITUTO

 

Artículo 4º. El Instituto, tiene por objeto, promover el conocimiento, reconocimiento y revalorización de las lenguas indígenas que se hablan en el estado de Guerrero, así como su fortalecimiento, documentación, descripción, preservación, estudio, enseñanza, uso, investigación y desarrollo de éstas; la formación de especialistas en dichas lenguas; a la par con el disfrute de su riqueza cultural y actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública, de las instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los municipios y de instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.

 

Artículo 5º. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

 

  1. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas en el estado, en coordinación con los Honorables ayuntamientos en los cuales se encuentren pueblos y comunidades indígenas;

 

  1. Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas en el estado;

 

  • Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas en el estado y promover el acceso a su conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normativa en la materia;

 

  1. Establecer la normativa, promover la formación y elaboración de programas de certificación y acreditación de técnicos, intérpretes, traductores, profesionales bilingües y de los especialistas en la materia de lenguas indígenas, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas a cursos de especialización, actualización y capacitación;

 

  1. Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo;

 

  1. Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas;
  • Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas y promover su difusión;

 

  • Normar la organización y garantizar que las academias de las lenguas indígenas, que forman parte de este Instituto cumplan con requisitos establecidos con el objeto de contar con el consenso de la comunidad de hablantes en materia de normalización del sistema de escritura, de la investigación y otros temas relacionados que de estas deriven para el desarrollo de la lengua respectiva.

 

  1. Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas y apoyar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar la metodología para la realización del censo sociolingüístico para conocer el número y distribución de los hablantes de lenguas indígenas en la entidad;

 

  1. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los municipios, de las instituciones, organizaciones sociales y privadas en la materia, e
  2. Informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por México en materia de lenguas indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, sobre la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, en materia de lenguas indígenas y expedir las recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo.

 

CAPÍTULO III

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO

 

Artículo 6º. El Instituto elaborará su proyecto de presupuesto con los recursos necesarios para cumplir, adecuadamente con su función, objeto y atribuciones.

 

El proyecto será remitido al Gobernador, para su inclusión al proyecto de presupuesto de egresos al estado.

 

Artículo 7º. El Congreso del estado, establecerá la partida específica en el presupuesto de egresos para el cumplimiento del objeto del Instituto, debiendo aumentarse en cada año, pero no reducir dicho presupuesto en relación al año anterior.

 

Artículo 8º.  El patrimonio del Instituto, se integrará por:

 

  1. Los recursos presupuestales que en su favor se establezcan, donaciones, aportaciones, participaciones, de subsidios y apoyos que realicen las instancias federales, estatales, municipales, así como de otras instituciones públicas o privadas, y

 

  1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal, para el cumplimiento de su objeto.

 

El patrimonio del Instituto es inalienable, inembargable e imprescriptible, por lo que en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos.

 

 

CAPÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO

 

Artículo 9º. El Instituto para su organización y funcionamiento se integrará por:

 

  1. El Director General;

 

  1. Directores de Área;

 

  • Academias de las lenguas indígenas originarias de Guerrero;

 

  1. Las Unidades Administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a la disponibilidad presupuestal.

 

CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL

 

Artículo 10º. El Director será designado por el Congreso del estado mediante terna enviada por el Gobernador, debiendo recaer el nombramiento en la persona que reúna además de los requisitos señalados en la Constitución, los establecidos en la presente ley que son los siguientes:

 

  1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

 

  1. Ser hablante de una lengua indígena de Guerrero;

 

  • Haber nacido en el estado o tener residencia efectiva en él, no menor a cinco años anteriores a su nombramiento;

 

  1. Contar con publicaciones de autoría o coautoría sobre su propia lengua o de otra lengua de la entidad;

 

  1. Leer su lengua indígena materna;

 

  1. Escribir su lengua indígena de acuerdo con la norma de escritura vigente y consensuada;

 

  • Contar con la experiencia relacionada con alguna de las actividades sustantivas del Instituto;

 

  • Poseer experiencia profesional en alguna de la lenguas habladas en la entidad;

 

  1. Contar como mínimo con el grado de licenciatura y preferentemente de maestría, y

 

El Director General durará en su cargo cuatro años con posibilidad de una sola ratificación.

 

Artículo 11. El Director General, tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

  1. Presentar el plan de trabajo y de financiamientos y el presupuesto del Instituto;

 

  1. Presentar el programa de organización, el informe de actividades y los estados financieros del Instituto;

 

  • Llevar las relaciones laborales del Instituto con sus servidores; de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley laboral respectiva;

 

  1. Actuar como representante legal del Instituto con las limitaciones, procurando el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del órgano;

 

  1. Proporcionar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental las facilidades necesarias y proporcionar el apoyo técnico y administrativo que requiera, para el desempeño de sus actividades de fiscalización;

 

  1. Ejecutar y tomar las medidas correspondientes de manera articulada, congruente y eficaz en beneficio del Instituto;

 

  • Establecer relación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para coordinar los programas en materia de lenguas indígenas entre el Gobierno Federal y el Gobierno del estado, y

 

  • Las demás que prevea la presente ley y el Reglamento Interior.

 

 

CAPÍTULO VI

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE ÁREA

 

Artículo 12. Además del Director General, el Instituto, contará con seis Directores de Áreas que serán titulares de las siguientes Direcciones:

 

  1. Dirección de Academias e investigación;
  2. Dirección de Acreditación, Certificación y Capacitación;
  • Dirección de Políticas Lingüísticas;
  1. Dirección de Información, Comunicación Social y Enlace;
  2. Dirección de Administración y Finanzas, y
  3. Dirección de Asuntos Jurídicos

 

El Instituto contará además con las subdirecciones, y demás cargos y personal que determine el Reglamento Interior conforme a la disponibilidad presupuestal.

 

Artículo 13. Corresponden a las Direcciones de Área las obligaciones siguientes:

 

  1. Auxiliar a la Dirección General en el ejercicio de sus atribuciones;

 

  1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a su cargo;

 

  • Colaborar con las autoridades y organismos competentes en el desarrollo de las actividades y programas para el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas;

 

  1. Acordar con la Dirección General a la resolución de los asuntos de su competencia;

 

  1. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Director General;

 

  1. Formular los proyectos de programas y de presupuesto de su competencia;

 

  • Realizar los actos, emitir sus resoluciones y demás documentos que correspondan conforme a su ámbito de competencia y en los términos de lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos aplicables;

 

  • Notificar a quien corresponda los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de la Dirección General y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones que les correspondan;

 

  1. Proporcionar la información, datos y asesoría que les sea requerida por el Director General;

 

  1. Mantener informado al Director General acerca de sus funciones, e informar en tiempo y forma, del avance de los proyectos que operan;

 

  1. Mantener comunicación y coordinación con las demás direcciones del Instituto para el desarrollo de sus funciones;

 

  • Representar al Instituto en foros, comités, organismos y entidades públicas en materia de su competencia, por instrucciones del Director General;

 

  • Formular actas administrativas para la imposición de sanciones de carácter laboral a las que se haga acreedor el personal adscrito a su Dirección; las cuales deberán ser presentadas ante la Dirección de Asuntos Jurídicos para su dictaminación, y

 

  • Las demás que les confieran las disposiciones legales, administrativas, el Manual de Organización y los Manuales de Procedimientos, así como las que les encomiende la Dirección General.

 

Artículo 14. Son atribuciones de la Dirección de Academias e Investigación:

 

  1. Realizar investigación lingüística básica y aplicada, e impulsar, fomentar, promover y apoyar su realización;

 

  1. Organizar la integración del acervo bibliográfico, fonográfico y audiovisual del Instituto para ser incorporado al centro de documentación;

 

  • Establecer relación directa, a través de las Academias. entre el instituto y la comunidad de hablantes para la óptima operación de los programas orientados a las lenguas indígenas originarias de Guerrero;

 

  1. Promover en coordinación con las comunidades de hablantes, los estudiosos de la lengua, y las instituciones de educación, la normalización de las lenguas indígenas nacionales;

 

  1. Expedir criterios generales para la documentación de las lenguas indígenas originarias de Guerrero;

 

  1. Coordinarse con las direcciones respectivas para asesorar en torno a proyectos de investigación sobre las lenguas indígenas originarias;

 

  • Establecer relaciones académicas con la comunidad científica nacional y extranjera que desarrolla investigaciones afines a los propósitos del Instituto;

 

  • Organizar y desarrollar conferencias, congresos y todo tipo de eventos académicos sobre lenguas indígenas originarias de Guerrero, así como sobre las investigaciones realizadas o promovidas por el Instituto;
  1. Proponer la adquisición de herramientas tecnológicas aplicadas tanto a la investigación lingüística como a la promoción, difusión, enseñanza, educación formal y uso social de las lenguas indígenas de Guerrero;

 

  1. Asesorar a la Dirección de Información, Comunicación Social y Enlace, para el desarrollo de campañas que fomenten y difundan la diversidad lingüística nacional, en medios de comunicación masiva; y

 

  1. Satisfacer las necesidades de información de las direcciones respectivas en torno a las lenguas indígenas originarias de Guerrero.

 

Artículo 15. Son atribuciones de la Dirección de Acreditación, Certificación y Capacitación:

 

  1. Definir y proponer los lineamientos que sirvan para regular la acreditación y certificación competencias comunicativas oral y escritas en las lenguas indígenas de Guerrero de personas como traductores, intérpretes, profesionales bilingües o capacitadores profesionales de lengua indígena; sus actualizaciones y difundir los aprobados;

 

  1. Apoyar y acompañar los procesos de creación de nuevas instituciones de educación media superior y superior, con base en los principios de interculturalidad y de la diversidad lingüística y étnica;

 

  • Coordinarse con las autoridades educativas locales y equipos técnicos para la elaboración de propuestas específicas tendientes al fortalecimiento de las lenguas indígenas;

 

  1. Instrumentar, en colaboración con las instancias competentes aquellos procesos que fortalezcan la educación en zonas indígenas, la formación y capacitación docente, desarrollo curricular y los contenidos de materiales de apoyo didáctico en lenguas indígenas;

 

  1. Realizar diagnósticos sobre las necesidades de capacitación en materia de lenguas indígenas que sean necesarios;

 

  1. Impulsar la capacitación en materia de lenguas indígenas, para atender las demandas de las instituciones de los distintos niveles de gobierno, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y de la población en general;
  • Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes, programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la realización de los cursos de capacitación relativos a lenguas indígenas;

 

  • Establecer mecanismos de coordinación con las instancias educativas de los tres órdenes de gobierno, para fomentar el multilingüismo y la interculturalidad en programas de capacitación y en los servicios públicos;

 

  1. Proponer y operar mecanismos de coordinación con las áreas competentes de las distintas Secretarías de del Gobierno del estado de Guerrero; para la elaboración de programas y contenidos de cursos de capacitación en materia de lenguas indígenas originarias;

 

  1. Diseñar, integrar, operar, evaluar y actualizar el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para satisfacer la demanda institucional y social de los servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas que, en materia de servicios públicos en general, requiere el estado;

 

  1. Proponer políticas y lineamientos para la elaboración, adecuación y actualización permanente de programas y materiales educativos para cursos de capacitación de la competencia del Instituto;

 

  • Instrumentar en los cursos de capacitación que se imparten en materia de lenguas indígenas, mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen la aplicación de la normatividad pedagógica y de los materiales y apoyos didácticos, en coordinación con las autoridades competentes, y

 

  • Certificar y acreditar a técnicos y profesionales bilingües.

 

Artículo 16. Son atribuciones de la Dirección de Políticas Lingüísticas:

 

  1. Proponer e impulsar políticas y acciones para garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de la población indígena en el estado;

 

  1. Diseñar e impulsar mecanismos de vinculación con las instituciones públicas, asociaciones y academias de lenguas indígenas a fin de generar estrategias conjuntas para la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas en la entidad;

 

  • Proponer políticas diferenciadas para estimular y fortalecer el uso de las lenguas indígenas en el ámbito comunitario y regional, y promover su funcionalidad en contextos cada vez más amplios;

 

  1. Diseñar e impulsar políticas lingüísticas que promuevan el aprecio, valoración y respeto a la diversidad lingüística y propicien el conocimiento de las lenguas y culturas indígenas en la sociedad en general;

 

  1. Impulsar, apoyar y colaborar en los procesos de planificación lingüística de los pueblos y comunidades indígenas;

 

  1. Diseñar e impulsar mecanismos de vinculación con las asociaciones y academias de lenguas indígenas a fin de generar estrategias conjuntas para la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales;

 

  • Diseñar mecanismos institucionales para la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de políticas o estudios en materia de lenguas indígenas;

 

  • Asesorar a los órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en materia de lenguas indígenas;

 

  1. Apoyar a los órdenes de gobierno en el diseño de políticas institucionales que contemplen el uso de las lenguas indígenas en los trámites y procedimientos oficiales, para proporcionar servicios y para difundir sus programas;

 

  1. Diseñar e impulsar estrategias para que los servidores públicos, de acuerdo con sus áreas de especialización, cuenten con las competencias comunicativas necesarias para brindar atención en lenguas indígenas nacionales a la población hablante de lenguas indígenas;

 

  1. Promover y apoyar la creación de institutos regionales y municipales de lenguas indígenas; así como diseñar e impulsar mecanismos institucionales de coordinación con los mismos;

 

  • Diseñar y promover, en coordinación con las instituciones correspondientes, los contenidos y estrategias que den cuenta de la riqueza lingüística del país en los diferentes niveles educativos, que generen y fomenten el aprecio, valoración y respeto a la diversidad lingüística nacional;

 

  • Proponer políticas que refuercen el papel de la educación y la escuela como elementos fundamentales para la revaloración, uso y aprecio de las lenguas indígenas en todas sus manifestaciones;

 

  • Diseñar e impulsar mecanismos de vinculación con las instituciones educativas correspondientes a fin de generar estrategias conjuntas para garantizar el uso de las lenguas indígenas como materia y/o medio de instrucción en los niveles educativos básico, medio y superior;

 

  1. Promover políticas que favorezcan que la sociedad en su conjunto tenga acceso al estudio y aprendizaje de las lenguas indígenas desde un enfoque multilingüe;

 

  • Proponer y promover, con las instancias correspondientes, la realización de investigación necesaria para el diseño y evaluación de políticas lingüísticas;

 

  • Elaborar y promover políticas que permitan a la población indígena el uso de sus lenguas en los medios de comunicación y demás espacios públicos;

 

  • Diseñar e instrumentar estrategias, vías y acciones para promover la difusión y el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación, según la región y contexto en que se hablen;

 

  • Diseñar los lineamientos de política lingüística que permitan la planeación coordinada del quehacer institucional;

 

  1. Proporcionar información y asesoría sociolingüística a los municipios interesados en la creación de Institutos municipales de lenguas indígenas;

 

  • Brindar asesoría e información a las autoridades interesadas en la promoción de municipios bilingües que fomenten el uso oral y escrito de las lenguas indígenas;

 

  • Proponer los lineamientos generales para la recepción y apoyo de proyectos que presentan las autoridades y representantes indígenas relativos al fortalecimiento de las lenguas indígenas;

 

  • Promover y apoyar el desarrollo de proyectos para el uso, transmisión y fortalecimiento de las lenguas indígenas en los diferentes ámbitos socioculturales;

 

  • Promover acuerdos de coordinación, colaboración, coedición y edición, con diversas instituciones, organizaciones indígenas, asociaciones y personas físicas para la realización de proyectos en materia de lenguas indígenas.

 

Artículo 17. Son atribuciones de la Dirección Información, de Comunicación Social y Enlace:

 

  1. Identificar los requerimientos de infraestructura y servicios de tecnologías de la información de las diferentes direcciones del Instituto, y atenderlos en función de su factibilidad técnica, operativa y financiera;

 

  1. Establecer las estrategias de diseño, producción, desarrollo, utilización, mantenimiento e innovación de los bienes y servicios de tecnologías de la información usados por el Instituto;

 

  • Proponer a la Dirección General la adquisición y/o desarrollo de los bienes y servicios de tecnologías de la información que, para el desarrollo de sus funciones, requieran las diferentes direcciones del Instituto, y colaborar con la Dirección de Administración y Finanzas en los procesos de adquisición de dichos bienes y servicios;

 

  1. Establecer, en coordinación con las direcciones competentes, y previa autorización del Director General, las políticas, normas y programas en materia de utilización de tecnologías de la información del Instituto;

 

  1. Supervisar la implantación y administración de la infraestructura y servicios de tecnologías de la información del Instituto;

 

  1. Contribuir a la sistematización y optimización de procesos en las diferentes direcciones del Instituto, mediante la utilización de tecnologías de la información;

 

  • Supervisar y proporcionar el apoyo técnico y la capacitación que se otorgue a los miembros del Instituto para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información;

 

  • Coordinar acciones con las diferentes direcciones del Instituto para difundir las actividades de éste a través de medios electrónicos;

 

  1. Supervisar el desarrollo de sistemas de información geoestadística que describan la distribución de las lenguas indígenas originarias de Guerrero y sus hablantes;

 

  1. Colaborar con las direcciones del Instituto en el diseño de la metodología para el levantamiento y procesamiento del censo sociolingüístico, que debe realizar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

 

  1. Coordinar, concertar, dar seguimiento e impulsar acciones de información, tales como entrevistas, conferencias de medios de comunicación y coberturas informativas entre otros, tendientes a difundir los logros, acciones, programas y proyectos de las diferentes direcciones que integran el Instituto;

 

  • Analizar y evaluar la información enviada por otras direcciones del Instituto para su difusión a través de medios de comunicación impresos, electrónicos y complementarios;

 

  • Monitorear, analizar, procesar y sistematizar, la información relevante para el quehacer institucional que aparezca en medios de comunicación impresos y electrónicos y difundirla a través de la Síntesis Informativa;

 

  • Mantener relación permanente con los medios de comunicación municipales, estatales y nacionales para difundir a través de ellos los programas y acciones que lleve a cabo el Instituto;

 

  1. Determinar y proponer las necesidades presupuestales para llevar a cabo los objetivos y metas en materia de difusión, y supervisar su ejecución;

 

  • Establecer las normas y lineamientos en materia de imagen institucional que deben observar las direcciones del Instituto;

 

  • Elaborar, coordinar y supervisar el diseño y producción de materiales informativos y de difusión que contribuyan al fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas;

 

  • Coordinar la gestión de espacios informativos y de difusión a través de cualquier medio de comunicación que tengan como objetivo informar a la opinión pública sobre los programas, acciones y logros institucionales;

 

  • Elaborar, coordinar y supervisar los medios de comunicación interna permanente, que promueva la comunicación y valores organizacionales del Instituto;

 

  1. Elaborar, ejecutar y evaluar el programa anual de comunicación social del Instituto, con previa opinión de las Direcciones de Área y del Director General;

 

  • Presentar a las direcciones Academias e Investigación y de Políticas lingüísticas las propuestas de comunicación con la finalidad de obtener su opinión.

 

  • Coordinar los enlaces institucionales y las asesorías a los órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en materia de lenguas indígenas nacionales, que contemplen el uso de las mismas, a efecto de llevar a cabo trámites o procedimientos oficiales e institucionales según la región; así como la emisión o transmisión de la información gubernamental e institucional en las lenguas correspondientes;

 

  • Establecer el enlace institucional con dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal;

 

  • Coordinar el enlace legislativo con el Congreso del estado para promover proyectos legislativos que beneficien a los hablantes de lenguas indígenas y difundir los ordenamientos jurídicos en lenguas indígenas;

 

  • Proponer y coordinar estrategias de enlace con los organismos e instituciones de los sectores privado y social sobre las materias de competencia del Instituto, y

 

  • Atender las solicitudes de información que en materia de lenguas indígenas se dirijan al Instituto.

 

 

Artículo 18. Son atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas:

 

  1. Planear, organizar y coordinar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la prestación de los servicios generales del Instituto, conforme a las normas, lineamientos y procedimientos vigentes;

 

  1. Establecer, con la aprobación del Director General, la normatividad, criterios y procedimientos para la óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, y emitir los lineamientos para los procesos internos de programación y presupuesto;

 

  • Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio y la comprobación del presupuesto del Instituto;

 

  1. Suscribir, previo acuerdo del Director General, aquellos documentos que impliquen actos de administración y representar al Instituto en los convenios y contratos de su competencia;

 

  1. Coordinar y supervisar las funciones y actividades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; así como en materia de obra pública, enajenación de bienes y administración de los bienes inmuebles que ocupa el Instituto;

 

  1. Establecer y coordinar el programa de protección civil para el Instituto;

 

  • Supervisar el apoyo logístico y abastecimiento de materiales para el desarrollo de las diferentes actividades que realiza el Instituto.

 

  • Colaborar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la realización e implementación de los convenios y contratos que se suscriban con proveedores;

 

  1. Someter a la aprobación del Director General las modificaciones a los manuales de organización y de procedimientos elaborados en coordinación con las direcciones del Instituto;

 

  1. Proponer y coordinar los estudios orgánico-funcionales del Instituto, de los sistemas de operación y los servicios al público y formular las propuestas de mejora que se requieran;

 

  1. Proponer al Director General las medidas administrativas para la mejor organización y funcionamiento del Instituto;

 

  • Coordinar la formulación y entrega en tiempo y forma de los informes requeridos por la coordinadora sectorial y demás dependencias competentes en la materia;

 

  • Atender el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social que afecten al Instituto;

 

  • Proponer al Director General los planes y programas a corto, mediano y largo plazo del Instituto, con base en la normatividad establecida en la materia;

 

  1. Supervisar que la ejecución del gasto permita el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del Instituto;

 

  • Establecer, en coordinación con las demás direcciones del Instituto, los lineamientos y criterios para la evaluación de los programas y proyectos que se le encomienden y proponer, en su caso, la reformulación o adecuación de los mismos;

 

  • Desarrollar los sistemas de estímulos y recompensas, y vigilar su aplicación; aplicar las sanciones de carácter laboral a que se haga acreedor el personal del Instituto;

 

  • Desarrollar en coordinación con las demás direcciones del Instituto las actividades de planeación y evaluación de sus programas, y

 

  • Coordinar la formulación del Programa Operativo Anual y la programación y elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto y gestionar su autorización y modificaciones, así como regular el ejercicio del presupuesto autorizado de acuerdo con las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos.

 

  1. Emitir las políticas y lineamientos necesarios para el diseño, operación, control y evaluación de un sistema integral de información correspondiente al personal del Instituto; así como planear, supervisar y vigilar las necesidades que en materia de recursos humanos, tengan las diversas áreas del instituto;

 

  • Supervisar las políticas y procedimientos para la recepción, fiscalización y control de las solicitudes de registro presupuestal y pago, que presenten las diversas áreas del Instituto para trámite; así como vigilar la emisión oportuna de los estados financieros y presupuestales del Instituto, a efecto de proporcionar información oportuna para la toma de decisiones, y

 

  • Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con las áreas del Instituto para unificar criterios y aplicar políticas y líneas de acción referentes al suministro de recursos materiales y servicios generales; así como vigilar la adecuada operación y actualización de los sistemas de almacenamiento, de control y registro de bienes muebles.

 

Artículo 19. Son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos:

 

  1. Proponer el programa de actividades del Instituto en materia de asuntos jurídicos, así como las políticas, lineamientos y criterios jurídicos que deban aplicarse en la materia;

 

  1. Asesorar y apoyar a las direcciones del Instituto que requieran realizar trámites jurídicos ante las instancias de la Administración Pública Estatal y Municipal, para el debido funcionamiento de éstas;

 

  • Atender las consultas jurídicas que le presenten las direcciones del Instituto y emitir las opiniones jurídicas respectivas;

 

  1. Dictaminar el aspecto legal de las propuestas de normatividad interna, lineamientos, criterios, circulares y actas administrativas, entre otras que pretendan aplicar las direcciones del Instituto.

 

  1. Difundir entre las direcciones del Instituto los ordenamientos jurídicos aplicables y los criterios de interpretación para su aplicación;

 

  1. Asesorar a la Dirección de Administración y Finanzas en los procedimientos para la adquisición de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública;

 

  • Formular los proyectos de convenios, contratos y en general cualquier instrumento jurídico que celebre el Instituto, con los sectores público estatales, privado y social, estatales y nacionales; validarlos y llevar el registro de los actos aludidos una vez formalizados;
  • Asesorar a las direcciones del Instituto en materia laboral por el incumplimiento y sanciones a que se haga acreedor el personal de éste y dictaminar las actas administrativas que éstas elaboren;

 

  1. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Instituto;

 

  1. Brindar asesoría jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, respecto de sus derechos lingüísticos, o por algún hecho que atente contra el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas;

 

  1. Formular opiniones públicas y medidas pertinentes para garantizar la preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, a los órdenes de gobierno para el respeto de los derechos lingüísticos;

 

  • Dar seguimiento al proceso legislativo en el ámbito estatal en materia de derechos lingüísticos y emitir las opiniones jurídicas cuando sean procedentes;

 

  • Atender y dar seguimiento a las solicitudes de las autoridades competentes en materia judicial, administrativa, legislativa, o cualquier otra que incidan en el ámbito estatal;
  • Representar legalmente al Instituto y al Director General por medio de poderes generales para pleitos y cobranzas, en los términos de la legislación aplicable vigente, en todos aquellos litigios y procedimientos administrativos, judiciales, laborales, penales o cualquier otro, en los que sean parte y con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

 

  1. Ejercer las acciones judiciales y contenciosas que correspondan para la solución de conflictos de carácter administrativo, judicial, laboral o cualquier otro en los que el Instituto sea parte;

 

  • Denunciar o formular querellas ante el Ministerio Público de los hechos que puedan ser constitutivos de delito y, ante las autoridades competentes, respecto de los actos que constituyan violaciones administrativas y que afecten los intereses del Instituto;

 

  • Coordinar y realizar estudios e investigaciones jurídicas que requiera el Instituto para elaborar propuestas en materia de derechos lingüísticos;

 

  • Proponer lineamientos jurídicos con base en las tesis y criterios judiciales y administrativos emitidos por las autoridades competentes;

 

  • Elaborar los lineamientos y criterios jurídicos para la creación de unidades en lenguas indígenas en las regiones y municipios con población hablante de lenguas indígenas, y

 

  1. Brindar asesoría jurídica en materia de derechos de autor para el registro de obras producidas por los hablantes de los pueblos indígenas originarios de Guerrero.

 

CAPÍTULO VII

DE LAS ACADEMIAS DE LENGUAS INDÍGENAS

ORIGINARIAS DE GUERRERO

 

Artículo 20. Se reconoce una academia por cada una de las lenguas indígenas originarias de Guerrero, las cuales serán coordinadas por un comité integrado por un presidente, un secretario, dos vocales y las comisiones que sean necesarias, electos democráticamente entre la comunidad de hablantes de la lengua respectiva considerando los requisitos establecidos en este artículo.

 

Las academias de las lenguas indígenas originarias del estado tienen por objeto la defensa, la promoción de su uso oral y escrito, y el desarrollo de las lenguas Tu’un Savi, Ñomndaa, Nahuatl y Me’phaa; realización de estudios, investigación, el fomento de su literatura establecidos en esta ley; y Fungir como enlace directo entre el instituto y la comunidad de hablantes en la planeación, ejecución y seguimiento de los programas enfocados hacia sus lenguas respectivas.

 

Los miembros de las Academias deben cubrir los siguientes requisitos:

 

  1. Ser hablante nativo de la lengua indígena que representa;

 

  1. Ser originario del estado de Guerrero;

 

  1. Contar con un grado académico comprobable (mínimo Licenciatura) cuya actividad esté relacionada con la tarea sustantiva del Instituto;

 

  1. Contar con publicaciones de autoría o coautoría en y/o sobre su propia la lengua y de otras;

 

  1. Leer su propia lengua indígena, y

 

  1. Escribir su lengua de acuerdo con el sistema de escritura consensuada o normalizada.

 

CAPÍTULO VIII

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO

 

Artículo 21. El Instituto, formulará la información financiera mensual, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al cierre, así como también formulará el informe presupuestal de gasto corriente e inversión por partida y objeto del gasto por programa.

 

  1. La información financiera mensual contendrá lo siguiente:

 

  1. Balance general;

 

  1. Estado de resultados;

 

  1. Estado de variaciones en el patrimonio;

 

  1. Estado de cambios en la situación financiera;

 

  1. Las notas a los estados financieros, en el que se señale las bases de la formulación de información financiera;

 

  1. Análisis de los saldos de las cuentas de balance y de resultados al cierre de cada mes, y

 

  1. Conciliaciones bancarias del mes correspondiente.

 

  1. Informe presupuestal:

 

  1. Informe presupuestal de gasto corriente, por partida y objeto del gasto, e

 

  1. Informe presupuestal de inversión por programas.

 

  • Informe de la situación fiscal, de las obligaciones a su cargo y en carácter de retenedor del ejercicio.

 

La información financiera, presupuestal y fiscal, enunciada en este artículo, se deberá formular mensual y anualmente al cierre del ejercicio fiscal.

 

Artículo 22. El Instituto llevará su propia contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad gubernamental, las normas de información financiera (NIF) mexicanas y la normatividad gubernamental aplicable para los programas de inversión y gasto corriente del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, para el registro de las operaciones, en las cuentas de balance relativas a los activos, pasivos, capital y/o patrimonio y de las cuentas de resultados, relativas a los ingresos y aportaciones, costos de programas, gastos de operación y financieros que les correspondan, de acuerdo a sus objetivos y actividades propias, para registrar las operaciones de los programas y partidas, que les correspondan a su propio presupuesto.

 

CAPÍTULO IX

DEL RÉGIMEN LABORAL DEL INSTITUTO

 

Artículo 23. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por el apartado A) del artículo 123 de la Constitución General.

 

Todo el personal del Instituto, preferentemente deberá ser hablante nativo, que lea y escriba una lengua indígena originaria de Guerrero; con experiencia relacionada con alguna de las actividades sustantivas del Instituto.

 

Artículo 24. Todo miembro del personal del Instituto gozará de la Seguridad Social prevista en el artículo 123, Apartado A, fracción XXIX de la Constitución Federal, así como la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y demás ordenamientos legales aplicables.

 

Artículo 25. Las relaciones laborales del personal del Instituto se regirán por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Artículo 26. El personal del Instituto tendrá las funciones que se determinen en el Reglamento Interior, los Manuales de Organización y de Procedimientos, así como las demás disposiciones normativas aplicables.

 

 

TRANSITORIOS

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase esta ley al Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para los efectos legales conducentes.

 

ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor de la presente ley, el Gobernador en un término de 15 días naturales enviara la terna constituida por tres propuestas para ocupar el cargo de Director General del Instituto al Congreso del estado. Así mismo enviará el presupuesto asignado al Instituto.

 

ARTÍCULO CUARTO. Una vez aprobado por el Congreso del estado la propuesta del Director General del Instituto; en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá instalarse el Instituto y cumplir con su objeto de creación.

 

ARTÍCULO QUINTO. El Reglamento Interior del Instituto, deberá expedirse y publicarse en un periodo no mayor de sesenta días naturales, posterior a la instalación del Instituto.

 

ARTÍCULO SEXTO. Publíquese para su conocimiento general en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el portal web del Congreso del Estado y divúlguese en los medios de comunicación.

 

 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 01 diciembre de 2015

 

 

 

 

 

 

 A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley Orgánica del Instituto de Lenguas Indígenas Originarias de Guerrero]

Proyecto de Ley Numero ___ de Anticorrupción para el Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto de Ley Número ___ de Anticorrupción para el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La palabra corrupción, etimológicamente hablando proviene del latín corruptio y de acuerdo con la definición establecida por la Real Academia Española, en las organizaciones, especialmente en las públicas, se entiende como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores[1].

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha abordado este complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo.

 

La corrupción alrededor del mundo, se ha convertido en una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, erosionando el estado de derecho.

 

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

 

Las noticias que vemos en la prensa mostrando el involucramiento de empresarios, políticos y funcionarios públicos en casos de corrupción, desvío de recursos y uso indebido del dinero público provocan en los ciudadanos sentimientos de indignación.

 

Estos episodios que han hecho públicos los actos de corrupción de los tres niveles de Gobierno del Estado mexicano, exponiendo a la luz una “casa blanca” producto de un posible conflicto de intereses; la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a manos de gobiernos municipales coludidos con el crimen organizado; o la red de corrupción que involucra a exservidores públicos del Gobierno del Estado de Guerrero a los que la Procuraduría General de la Republica investiga por el desvió de cuando menos 287 millones 12 mil 594 pesos del erario público.

 

Estas prácticas de corrupción han minado la confianza de los ciudadanos en la justicia y en las instituciones del país, el 88% de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años[2].

 

Lamentablemente, en el Estado de Guerrero el 90% de sus habitantes perciben una concurrencia de prácticas corruptas en la administración pública de nuestra entidad, percepción superior al promedio nacional, que es de 88.3%[3].

 

La corrupción es un fenómeno inherente a cualquier sociedad moderna y, acorde con la percepción de los guerrerenses, está presente en todas partes, tornándose en una situación crítica que afecta los servicios de salud, educación, infraestructura, entre otros desafíos para la construcción de una sociedad igualitaria, transparente y democrática.

 

Los recursos públicos desviados por prácticas de corrupción, son fundamentales para el desarrollo adecuado de las diversas áreas gubernamentales del Estado.

 

El Banco Mundial estima que en países donde los índices de corrupción son más altos, entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto es desperdiciado en consecuencia de este problema. En los países donde la corrupción está bajo control, esos valores no ultrapasan los 3%. Allí reside la gran diferencia.

 

Por su parte, el Semáforo Económico Nacional de 2014, mencionó que el nivel de corrupción representó 15% de la inversión pública de 2014, por lo que la inversión productiva el año pasado pudo haber sido mayor en 84 mil millones de pesos en ausencia de corrupción.

 

Como en cualquier otra práctica nociva, si la corrupción puede ocurrir en cualquier lugar, no se puede negar que algunos países han sido más eficaces en su control que otros.

 

La impunidad y corrupción que vienen desde arriba influencian el conjunto más amplio de la sociedad. Si personalidades públicas demuestran conductas corruptas, muchas personas comunes acaban practicando la corrupción influenciadas por ese ejemplo, hasta convertirse en un lastimoso dicho popular “el que no tranza, no avanza”. Es necesario combatir mediante acciones de represión y de prevención a la corrupción.

 

El combate a la corrupción, debe contemplar medidas que frenen estas prácticas no solamente en el ámbito político o del medio empresarial, sino también para el día a día de los ciudadanos, conminándoles a actuar de manera correcta inclusive en situaciones que parezcan menos relevantes.

 

La corrupción es un fenómeno social que envuelve desde actos casi invisibles, como el pago de propina a un policía de tránsito, hasta crímenes de gran impacto en la vida de miles de personas, como, por ejemplo, el desvío de recursos públicos destinados a la compra de medicamentos.

 

Reconociendo la necesidad de frenar estas prácticas nocivas para el Estado de Derecho, la Asamblea General de la ONU aprobó, el veintinueve de septiembre de dos mil tres, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

Este es el primer instrumento jurídico anticorrupción con normas vinculantes a los países signatarios que ofrece un camino para la creación de una respuesta global a un problema también global.

 

El Estado mexicano, como parte de la Convención instauró el veintisiete de mayo de dos mil quince instauro dentro de su marco normativo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

 

Estas modificaciones permearon en el ánimo de la sociedad a grado tal que hoy se discute en el Senado de la Republica la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, elaborada por los expertos Agustín Acosta (abogado penalista), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Leticia Bonifaz (Suprema Corte de Justicia), Jesús Cantú (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey), María Amparo Casar (CIDE y Mexicanos contra la Corrupción), Marco Fernández (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa), Sergio Huacuja (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México), Sergio López Ayllón (CIDE), José Octavio López Presa (Causa en Común), Mauricio Merino (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Alfonso Oñate (Academia Mexicana de Protección de Datos Personales), Juan E. Pardinas (IMCO), Rodrigo Roque (Abogado penalista), Pedro Salazar (IIJ-UNAM), Mercurio Cadena, Ricardo Corona, Fernanda Diez, Pedro Gerson, Eileen Matus, Paula Vázquez, Ana María Zorrilla, bajo la coordinación de Enrique Cárdenas (CEEY)

 

La iniciativa ciudadana, mayormente conocida como Ley 3de3, busca canalizar la indignación social en un esfuerzo constructivo para forjar buenos gobiernos, honestos e íntegros y reducir así los riesgos y costos de la corrupción.

 

Los postulados de la iniciativa ciudadana, son retomados para incorporarse al marco normativo del Estado de Guerrero con la expedición de una Ley Anticorrupción, en la que se prevé imponer los sujetos obligados la carga de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

 

Incorporando además, medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.

 

La Ley Anticorrupción que se propone cuenta tiene 48 artículos, divididos en tres Títulos que tratan de los siguientes temas: prevención, penalización y recuperación de activos.

 

Prevención a la corrupción

 

La Ley que se propone prevé implementar políticas efectivas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y demuestren los principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros.

 

Contempla además medidas de prevención a la corrupción no sólo en el poder público, sino también en el sector privado, desarrollando estándares de auditoría de contabilidad para las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten recursos públicos a efecto de prevenir el conflicto de intereses y desestimular la exención o reducción de impuestos a gastos considerados como soborno u otras conductas similares.

 

Penalización y aplicación de la ley

 

En el apartado sobre penalización y aplicación de la ley, la Ley Anticorrupción introduce al sistema jurídico guerrerense tipificaciones de responsabilidades complementarias a las previstas por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero en materia de corrupción.

 

En esta nueva Ley se prevé además la penalización de actos que contribuyan para la corrupción, tales como la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias a través de los mecanismos preexistentes en el sistema punitivo guerrerense para la detención, juicio, punición y reparación al Estado.

 

La Ley pretende combatir las prácticas de corrupción pasiva generadas a través del soborno, para ello, se tipifica como infracción la promesa, oferta o entrega de un bien, directa o indirectamente, a un servidor público u otra persona o entidad, para lograr una ventaja indebida, a fin de actuar o no en el ejercicio de sus funciones oficiales. Del mismo modo, se tipifica como soborno a quienes solicitan o aceptan esos mismos bienes para conceder ventajas indebidas.

 

También cuenta con un apartado que aborda las infracciones de obstrucción a la justicia y de tráfico de influencias con las que se pretende inhibir las prácticas de los servidores públicos por medio de las cuales se interfiere  en el ejercicio de la función pública o de la justicia.

 

Recuperación de activos

 

La recuperación de activos es un principio fundamental de la Ley Anticorrupción, por medio del cual se hacen valer los intereses de las víctimas y dueños legítimos de los recursos públicos: el pueblo guerrerense. Bajo este principio, el Estado debe alienar los bienes confiscados, derivados de actos de corrupción devolviéndolos a su Hacienda Pública.

 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa:

 

DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO ____ DE ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO.

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley número ___ de Anticorrupción para el Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO ___ DE ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO.

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

Capítulo I

Objeto de la Ley

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general, es complementaria a la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 en materia de corrupción.

 

Tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir los sujetos obligados, con el fin de garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con base en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad, así como las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones.

 

Artículo 2. La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponderá, según el caso, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a la Auditoría General del Estado y a la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

 

La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.

 

En los casos no previstos en el presente ordenamiento se aplicará de manera supletoria lo establecido por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 y los principios generales de derecho.

 

Capítulo II

De los sujetos obligados

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, son sujetos obligados:

 

  1. I. El Poder Ejecutivo del Estado;

 

  1. El Poder Legislativo del Estado y sus órganos administrativos y técnicos;

 

III. El Poder Judicial del Estado y sus órganos y dependencias;

 

  1. IV. Los Ayuntamientos o los concejos municipales;

 

  1. V. La Administración Pública Estatal y municipal, incluyendo los órganos y organismos desconcentrados y descentralizados; las empresas de participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales y municipales;

 

  1. VI. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

 

VII. Los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior Públicas;

 

VIII. Los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas;

 

  1. IX. Las Juntas y Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo;

 

  1. X. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero;
  2. XI. Cualquier personas física, moral o sindicato que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o municipal; y

 

XII. Cualquier otro órgano u organismo, dependencia o entidad estatal o municipal público que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos.

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los servidores públicos señalados en el presente artículo aun cuando se encuentren en periodo de licencia o permiso según corresponda a la naturaleza de su empleo, cargo, o comisión.

 

Capítulo III

Principios para Prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público

 

Artículo 4. En la administración de los bienes y recursos públicos, los sujetos obligados se regirán por los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad.

 

Artículo 5. Los sujetos obligados deben administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de la manera prevista en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y por esta Ley, y se alcancen las finalidades establecidas en las mismas con la mayor eficacia y eficiencia.

 

Artículo 6. Toda la información sobre la administración del patrimonio público que se encuentre en posesión de los sujetos obligados tendrá el carácter de pública en los términos previstos por la legislación del Estado en materia de transparencia y acceso a la información.

 

Artículo 7. Los sujetos obligados están al servicio del Estado. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos o a intereses económicos particulares.

 

Artículo 8. Los sujetos obligados deberán administrar los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines públicos.

 

Artículo 9. Los sujetos obligados deberán utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos por el marco jurídico del Estado. Cuando una disposición legal o reglamentaria deje a su juicio o discrecionalidad una decisión, medida o providencia, ésta deberá ser suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.

 

Artículo 10. Los funcionarios públicos a que se refiere el apartado 1, del artículo 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero deberán rendir cuentas de los bienes y recursos públicos que administren de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 y en las previstas por esta Ley.

 

Las declaraciones correspondientes serán públicas y a ellas tendrá acceso cualquier persona.

 

Artículo 11. Los sujetos obligados responderán civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

 

Artículo 12. Los funcionarios y empleados públicos ceñirán sus actuaciones a las disposiciones previstas por esta Ley, sin perjuicio de las demás normativas aplicables.

 

Capítulo IV

De las declaraciones de los sujetos obligados

 

Artículo 13. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56, para el registros de declaración de situación patrimonial y de obsequios o donaciones a servidores públicos, los sujetos obligados deberán presentar declaración bajo protesta de decir verdad de intereses dentro de los sesenta días siguientes a que adquieran este carácter y dentro de los sesenta días posteriores a la fecha en la cual cese el mismo.

 

Artículo 14. Los sujetos obligados a que refiere la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56, deberán bajo protesta de decir verdad rendir la declaración de intereses ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o ante la Auditoria General del Estado, según corresponda. El órgano de control correspondiente incorporará las declaraciones de intereses de los sujetos obligados al Registro Estatal de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado y de los Municipios.

 

Artículo 15. La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un sujeto obligado a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto con un servidor público.

 

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del sujeto obligado puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión del servidor público.

 

Artículo 16. Los responsables del área de recursos humanos de los servidores públicos a los que se refiere el apartado 1, del artículo 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, están en la obligación de requerir a los funcionarios o empleados públicos, copia del comprobante en el que conste la presentación de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial por ante el funcionario competente para recibirla. Dicha copia se incorporará al expediente del declarante en la dirección de recursos humanos o en la dependencia con competencia en esa materia.

 

Artículo 17. Los sujetos obligados prestarán las facilidades necesarias para verificar la veracidad de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial. A tal efecto, permitirán a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o a la Auditoria General del Estado, según corresponda, la inspección de libros, cuentas bancarias, documentos, facturas, conocimientos y otros elementos que tiendan a comprobar el contenido de las declaraciones.

 

Idéntica obligación estará a cargo de los funcionarios o empleados públicos y de los particulares o personas jurídicas que tengan dichos documentos en su poder.

 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria General del Estado, según corresponda, podrá ordenar a cualquier organismo o entidad del sector público, la práctica de actuaciones específicas, con la finalidad de verificar el contenido de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial.

 

Artículo 18. El Ministerio Público y los tribunales de la jurisdicción penal podrán exigir la presentación de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial a los sujetos obligados, cuando de las investigaciones que estén conociendo, surjan indicios de la comisión de los delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Guerrero, relacionados con esta Ley.

 

La declaración solicitada deberá ser presentada dentro del plazo que el Ministerio Público o el tribunal correspondiente determine, el cual no podrá ser menor de quince días hábiles contados desde la fecha de la respectiva notificación, y una vez recibida será enviada copia certificada de la misma a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o a la Auditoria General del Estado, según corresponda.

 

Artículo 19. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria General del Estado, según corresponda, con independencia de lo señalado en la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56, una vez reciba la declaración de situación patrimonial de los sujetos obligados, procederá a verificar la veracidad de la misma y a cotejarla, de ser el caso, con la declaración anterior.

 

El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Auditor General del Estado, según corresponda, a efecto de contar con mayores elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificación de las declaraciones de situación patrimonial, podrá solicitar directamente al funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la presentación de una nueva declaración patrimonial, aun cuando no esté activo en la función pública.

 

Los informes de auditorías patrimoniales, así como las pruebas obtenidas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o por la Auditoria General del Estado, según corresponda, para verificar y cotejar las declaraciones de situación patrimonial, tendrán fuerza probatoria plena.

 

Artículo 20. Cuando la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda, observe que las declaraciones de intereses o de situación patrimonial no se ajustan a las exigencias previstas por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 y por esta Ley; o surjan dudas acerca de la exactitud de los datos que ellas contengan, ordenará al declarante que presente los elementos probatorios del caso, dentro de los lapsos de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido notificado.

 

Artículo 21. El declarante podrá solicitar de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o de la Auditoria General del Estado, según corresponda, después de su notificación, la concesión de un plazo adicional no mayor de veinte días naturales, para comprobar ante ella la veracidad de su declaración de intereses o de situación patrimonial. El organismo de control correspondiente podrá acordar la prórroga por resolución que notificará al solicitante en un plazo no mayor a cinco días naturales.

 

Artículo 22. De las actuaciones realizadas con motivo del procedimiento de verificación de las declaraciones de intereses o de situación patrimonial previsto en esta Ley, se formará expediente y se dejará constancia de sus resultados en un informe, con base en el cual, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda, resolverá si admite o no dicha declaración, procediendo al efecto de la manera siguiente:

 

  1. I. Si del análisis realizado se concluye que los datos contenidos en las declaraciones de intereses o de situación patrimonial son veraces, será admitida y se ordenará el archivo del expediente; y

 

  1. II. Si por el contrario se determina que la declaración de intereses o de situación patrimonial no es veraz, por existir disparidad entre lo declarado y el resultado de la verificación practicada por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda, está remitirá las actuaciones a la autoridad competente para que sea ejercida la acción pertinente, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del declarante.

 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria General del Estado, según corresponda, podrán llevar a cabo investigaciones para verificar la veracidad de las declaraciones y la evolución del patrimonio de los sujetos obligados por la Ley y darán cuenta al Ministerio Público cuando el sujeto a la verificación de evolución patrimonial no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial en el patrimonio verificado.

 

Artículo 23. La  Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria General del Estado, emitirán anualmente un diagnóstico de responsabilidades administrativas que permita evaluar e implementar acciones  tendientes al cabal cumplimiento de los principios, directrices y obligaciones del servicio público a los que se refiere esta Ley. El diagnóstico será de carácter público.

 

Capítulo V

De las atribuciones y deberes de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de la Auditoria General del Estado y del Ministerio Público en materia de corrupción

 

Artículo 24. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria General del Estado, tendrán los siguientes deberes y atribuciones en materia de corrupción:

 

  1. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar y archivar las declaraciones de intereses y de situación patrimonial que le fueren presentadas;

 

  1. Exigir la formulación y presentación de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial a las personas que deban hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de conformidad con esta Ley y su Reglamento;

 

III. Enviar al Ministerio Público o a los tribunales competentes todos los documentos o elementos que ellos exijan, así como los resultados de las investigaciones que realice, sobre toda acción u omisión que produjere un perjuicio al patrimonio público o pudiere comprometer la responsabilidad civil o penal de los sujetos obligados por esta Ley; e

 

  1. Investigar a las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten recursos públicos, únicamente en lo que refiere al destino de los mismos.

 

Artículo 25. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda, podrán aclarar las dudas que puedan presentarse en la interpretación de la obligación de hacer declaraciones de intereses o de situación patrimonial, en las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas, y en la sustanciación de aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad penal o civil.

 

Artículo 26. Cuando la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda, determinen la responsabilidad administrativa de un sujeto obligado de conformidad con esta Ley, remitirá al Ministerio Público el resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones correspondientes.

 

Artículo 27. Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad que rige sus funciones, en materia de corrupción el Ministerio Público tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

 

  1. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal en que hubieren incurrido los sujetos obligados.

 

  1. Coadyuvar con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y con la Auditoria General del Estado, a realizar actuaciones complementarias que permitan recabar los elementos probatorios conducentes a determinar la procedencia del ejercicio de las acciones a que haya lugar, contra las personas sometidas a investigación por el órgano contralor.

 

III. Informar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según el caso, el resultado de las acciones que hubiere intentado con fundamento en el resultado obtenido en el procedimiento de verificación de las declaraciones de intereses o de situación patrimonial. En los casos en que desestime el ejercicio de las acciones de su competencia, deberá participar al órgano de control que haya realizado la verificación a través de un informe, los motivos que asistieron la desestimatoria;

 

  1. Recabar, conservar y estructurar cualesquiera elementos probatorios que considere necesarios y útiles para el procesamiento de los sujetos obligados;

 

  1. V. Velar por la aplicación de las sanciones que sean procedentes; y

 

  1. VI. Las demás que le señale la ley.

 

Capítulo VI

De las obligaciones del servidor público

 

Artículo 28. Todo servidor público a que se refiere el apartado 1, del artículo 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, sin perjuicio de lo establecido en la normatividad que rige sus funciones, tendrá las siguientes obligaciones:

 

  1. I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio;

 

  1. II. Utilizar los recursos públicos de que disponga exclusivamente para los fines a que están afectos y sin comprometerlos para beneficio privado;

 

III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y proporcionar  la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

 

  1. IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de sus funciones tenga bajo su alcance o responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

 

  1. V. Abstenerse de ejercer un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado, inhabilitado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

 

  1. VI. Abstenerse de disponer de los recursos humanos a su cargo para realizar actividades ajenas a su función;

 

VII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

 

VIII. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios;

 

  1. IX. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas cercanas a él entre las cuales deberá considerarse su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

 

  1. X. Abstenerse de aceptar regalos, compensaciones o dádivas que tengan como propósito ganar su favor o voluntad, o afectar la objetividad e imparcialidad con las que deben ejercer sus funciones;

 

  1. XI. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las obligaciones de este artículo;

 

XII. Denunciar por cualquier medio previsto en esta ley ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión que pueda configurar alguna de las conductas sancionadas en esta ley;

 

XIII. Colaborar en los procedimientos judiciales o administrativos de los que sea parte;

 

XIV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las  leyes. Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. La obligación de presentar las declaraciones de intereses y fiscal también aplicará a las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten recursos públicos;

 

  1. XV. Abstenerse de realizar actuaciones que en ejercicio de sus funciones entren en conflicto con los intereses previstos en las leyes o declarados por el servidor público, tratándose de contratación, obra, servicio, o cualquiera de naturaleza análoga;

 

XVI. Responder veraz y oportunamente a las solicitudes de información que realicen los órganos que investiguen responsabilidades administrativas o los tribunales de justicia administrativa, así como atender y responder a las recomendaciones y solicitudes de información que formulen los órganos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción;

 

XVII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de las autoridades encargadas de investigar o sancionar conductas administrativas;

 

XVIII. Abstenerse de desempeñar un empleo, cargo o comisión público o privado respecto del cual exista incompatibilidad o inelegibilidad.

 

Artículo 29. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, las obligaciones establecidas en las fracciones VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 26 de esta Ley. Asimismo:

 

  1. I. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba; y

 

  1. II. No usará, en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público;

 

Serán sancionados por falta administrativa grave con la separación del cargo que ostentan, y la inhabilitación que en su caso corresponda, aquellos servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de dirección o como consejeros en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que no se abstengan de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

 

Para la investigación y substanciación de las conductas a las que se refiere este precepto, se seguirán los procedimientos a que se refiere esta ley.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

 

Capítulo I

Del soborno

 

Artículo 30. Incurre en soborno el servidor público que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales a cambio de hacer, o dejar de hacer, aquello que son sus funciones, o que quien otorga el beneficio extra legal, cree que son sus funciones.

 

Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de un servidor público un beneficio adicional a las contraprestaciones legales de éste para hacer o dejar de hacer algo que forma parte de sus funciones.

 

También será soborno cuando se pueda probar que quien otorga el beneficio indebido es engañado respecto de las funciones del servidor público o de las características del trámite, proceso o servicio.

 

Artículo 31. Incurre en soborno el candidato, miembro del equipo de campaña o dirigente partidario que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir donativos en numerario o en especie, para él o para su campaña, a cambio de otorgar una ventaja indebida en el futuro a quien entrega u ofrece el soborno, o para la empresa, institución o grupo a la que este último pertenece.

 

Artículo 32. Incurrirán también en soborno los sujetos que en alguna transacción comercial internacional, por sí o a través de un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o del resultado obtenido.

 

Capítulo II

Del tráfico de influencias

 

Artículo 33. Incurre en tráfico de influencias quien solicita o acepta, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido que redunde en su provecho, con el fin de abusar de su influencia real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido para un tercero.

 

Artículo 34. Incurre en tráfico de influencias quien promete, ofrece o concede a un servidor público, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido, con el fin de que ese servidor público abuse de su influencia real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona.

 

Capítulo III

Del abuso de funciones

 

Artículo 35. Incurre en abuso de funciones quien realiza u omite un acto en exceso o defecto de sus funciones legales, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o de afectar a otra persona, grupo o institución.

 

Capítulo IV

Del enriquecimiento oculto

 

Artículo 36. Comete enriquecimiento oculto el servidor que en su declaración patrimonial o en su declaración de intereses, omite señalar:

 

  1. I. Bienes o recursos de los que es poseedor o propietario legal;

 

  1. II. Bienes o recursos que utiliza para beneficio propio;

 

III. Frutos derivados de bienes o recursos propios o de terceros; o

 

  1. IV. Bienes que posee directamente o a través de terceros, sin convertirse en propietario legal.

 

También comete enriquecimiento oculto el servidor público que posee un patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados.

 

Capítulo V

De la obstrucción de la justicia administrativa

 

Artículo 37. Incurre en obstrucción de justicia quien:

 

  1. Hace uso de fuerza física, amenazas o intimidación; o de una promesa, un ofrecimiento o una concesión de un beneficio indebido, para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de actos de corrupción;

 

  1. II. Hace uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley, en relación con la comisión de actos de corrupción;

 

III. Conoce directamente de un posible acto de corrupción y omite denunciarlo a las autoridades correspondientes;

 

  1. IV. Selecciona, emplea, contrata, o comisiona a una persona física o moral, o servidor público, que se encuentre inhabilitado según el sistema de registros correspondiente;

 

  1. V. De cualquier forma evite que se desarrolle el procedimiento sancionador establecido en esta ley; o evite, retrase u obstaculice de cualquier forma el cumplimiento de las sanciones que se determinen;

 

  1. Presente una denuncia a sabiendas de que los hechos que relata o las pruebas con las que pretende sustentarlos, son falsos; o

 

VII. Revele la identidad de un denunciante anónimo o de un testigo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley.

 

Capítulo VI

De la colusión

 

Artículo 38. Incurre en colusión quien acuerde o celebre contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea afectar la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos del Estado.

 

Capítulo VII

De la utilización de información o documentación falsa o confidencial

 

Artículo 39. Incurre en utilización de información o documentación falsa quien la presenta en un trámite o procedimiento, a sabiendas de su inexactitud o falta de veracidad y con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

 

Artículo 40. Incurre en utilización de información o documentación confidencial quien la utiliza para beneficio privado.

 

Capítulo VIII

Del nepotismo

 

Artículo 41. Incurre en nepotismo el servidor público que ofrece, otorga o promete ventajas indebidas a su cónyuge, concubino o concubina, asociado en convivencia y figuras análogas, así como a miembros de su familia hasta el cuarto grado, al utilizar sus facultades o el poder fáctico que el empleo, cargo o comisión le otorgan

.

Capítulo IX

De la conspiración para realizar un acto de corrupción

 

Artículo 42. Incurre en conspiración para realizar un acto de corrupción quienes utilizan su cargo público, su poder real o supuesto, los recursos públicos o sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí o para terceros, con independencia de que éste se obtenga.

 

Capítulo X

De la integridad de las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten recursos públicos

 

Artículo 43. Las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten recursos públicos morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves constitutivas de corrupción sean realizados por personas físicas que actúen por si mismas o nombre y representación de la persona jurídica y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para sí o para dicha persona moral.

 

Capítulo XI

De las sanciones

 

Artículo 44. Las sanciones por faltas administrativas establecidas en esta Ley consistirán en:

 

  1. I. Amonestación pública;

 

  1. II. Multa que en ningún caso podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos, ni superior en un treinta por ciento del referido beneficio o lucro económico.

 

III. Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos Estatal o municipales;

 

  1. IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año;

 

  1. V. Suspensión de actividades, disolución o intervención de sociedades;

 

  1. VI. Destitución del puesto;

 

VII. Inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; e

 

VIII. Inhabilitación de uno a cinco años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos, u otros beneficios que establezcan las leyes.

 

Artículo 45. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de diez años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

 

Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador.

.

Artículo 46. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

 

  1. I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;

 

  1. II. El grado y forma de participación en los hechos;

 

III. El tipo de funciones del servidor público y el impacto del acto en la sociedad;

 

  1. IV. El nivel jerárquico del servidor público o la posición de influencia de la persona a la que se le atribuye la conducta;

 

  1. V. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público o de la persona;

 

  1. VI. Los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

 

VII. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

 

VIII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;

 

  1. IX. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del acto que se sanciona.

 

Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable de algún acto de corrupción, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras.

 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

 

 

TÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN

 

Capítulo Único

Disposiciones generales

 

Artículo 47. Determinar la responsabilidad penal o administrativa de los sujetos obligados es de interés público.

 

Las autoridades encargadas de desarrollar los procedimientos y etapas los que se  refiere este Título se regirán por los principios de debido proceso, objetividad, oportunidad, exhaustividad, integralidad, profesionalismo, eficacia y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

 

Artículo 48. Para la determinación de las responsabilidades penales o administrativas se seguirán los procedimientos previstos para tales efectos por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357. Lo mismo se observará para la ejecución de las sanciones correspondientes.

 

TRANSITORIOS

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley.

 

Tercero. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen.

 

Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las sanciones correspondientes.

 

Cuarto. Conforme a la presente Ley, las entidades responsables de investigar la posible comisión de faltas administrativas en materia de corrupción deberán establecer las unidades especializadas se requieran para la adecuada consecución de sus obligaciones.

 

Quinto. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y con la Auditoria General del Estado expedirán los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los noventa días siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

 

Sexto. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los _______ días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley Número ____ de Anticorrupción para el Estado de Guerrero]

[1] Diccionario de la Lengua Española. 23ª Edición. Asociación de Academias de la Lengua Española. Octubre de 2014.

[2] De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de 2013.

[3] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2015

Proyecto de Ley de Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Guerrero

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Guerrero enfrenta hoy en día un problema sumamente importante en torno a la inseguridad pública, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año de 2015, se registraron 2,016 homicidios violentos, lo que representa un incremento en comparación con el año anterior, ya que en 2014 se registraron 1,514 homicidios violentos.

 

Lamentablemente las estadísticas siguen empeorando ya que de enero al mes julio del presente año, se han registrado 1,251 homicidios, lo anterior fue señalado por el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, al comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobierno, Justicia y Seguridad Pública de la LXI Legislatura del H. Congreso Local. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de enero al mes de agosto del año 2016, en Guerrero se han registrado un total de 1,962 homicidios.

 

Desafortunadamente de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para 2015, el mayor número de homicidios violentos perpetrados en los 81 municipios que conforman el Estado de Guerrero, se concentraron en Acapulco, ya que de los 1,325 homicidios, 505, se contabilizaron en este puerto del pacifico. Asimismo, estas instituciones de seguridad han señalado que en las 590 colonias de Acapulco se concentra el mayor número de los delitos perpetrados en el Estado. Esto ha llevado a que en ese mismo año (2015), Acapulco haya sido calificada, por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, como la más violenta del país y la cuarta más peligrosa del mundo.

 

Cabe destacar que durante el primer bimestre de 2016, el puerto de Acapulco se mantiene como el municipio más peligroso y violento de todo el país, acumulando en ese lapso 139 homicidios dolosos, representando el 42 por ciento de los asesinatos reportados en las 81 alcaldías de Guerrero, en donde, para ese mismo periodo, se contabilizaron 326 ejecuciones, ubicándole como el segundo estado con mayor incidencia de ese ilícito.

 

Pero no sólo son los homicidios violentos los que generan un enorme temor en la ciudadanía, existen conductas delictivas como el secuestro y la extorsión que han ido en aumento, nuestra Entidad se encuentra al borde de los límites de lo intolerable en materia de inseguridad, es de suma importancia que los integrantes de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública de las y los guerrerenses comiencen el proceso de transformación institucional en aras de fortalecer un sistema de seguridad pública que se encuentra resquebrajado e infiltrado en algunas policías por la delincuencia.

 

Sin lugar a dudas en Guerrero se vive una crisis de seguridad pública auspiciada por una enorme corrupción de los integrantes de los cuerpos policiales y de los encargados de la procuración y administración de justicia, por ello, contar con una Ley de Seguridad Pública novedosa que refuerce el sistema de prevención del delito, que fortalezca a las instituciones y sobre todo que prevea una real y efectiva participación ciudadana que permita reducir o desterrar los índices delictivos sería el parteaguas para transitar hacia un Guerrero con tranquilidad social.

 

Es importante señalar que la presente iniciativa está diseñada bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que entró en vigencia de manera obligatoria para todo el país a partir del día 18 de junio del año en curso.

 

Debemos de reconocer que esta Soberanía ha realizado trabajo de constante actualización del marco jurídico local, por ello, esta legislatura debe de implementar los cambios necesarios e indispensables para contar con una norma jurídica en materia de seguridad pública que vaya acorde a las nuevas reformas constitucionales; un ejemplo claro y sencillo de esos cambios es la denominación que la actual Ley 281 de Seguridad Pública del Estado Guerrero hace referente a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando dicha denominación ya cambió para sólo ser Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, misma que fue aprobada por la presente Legislatura.

 

Un tema que no podemos soslayar y que esta iniciativa contempla es la organización de las policías comunitarias, lo cual resulta sumamente importante para no vulnerar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales son reconocidos en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo que medularmente interesa se cita textualmente a continuación:

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

 

  1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

 

  1. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La Ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

 

VII

 

Las constituciones y Leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.”

 

Por su parte con la reformas a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reafirman los derechos citados con antelación, señalándose en el artículo 11° lo siguiente:

 

Artículo 11. Se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:

 

  1. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural;

 

  1. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional y legal;”

 

En este mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una tesis aislada en torno a libre determinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas la cual señala textualmente lo siguiente:

 

DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL. El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio precepto, en su quinto párrafo, lo acota al señalar que éste se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Además, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía nacional y menos aún, la creación de un Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe ser acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y con la iniciativa de reformas al artículo 2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Esto es, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no implica su independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional.”

 

Cabe destacar que los grupos organizados de ciudadanos que se erigen en policía comunitaria es como consecuencia de los altos índices de delincuencia, y sin lugar a dudas su actuar en muchos de los casos ha logrado disminuir considerablemente los delitos en las regiones en donde han aparecido, pero también debemos de reconocer como acertadamente lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su resolución número 9/2016 dictada a las quejas presentadas por policías comunitarias del Municipio de Olinala, que estos cuerpos de seguridad pública han realizado prácticas violatorias de garantías individuales y derechos humanos; uno de los tres propósitos de la recomendación número 9/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la siguiente

 

“c) Analizar y determinar la pertinencia de adoptar las medidas administrativas y modificaciones legislativas necesarias para evitar que hechos como los que dieron origen al presente caso no vuelvan a ocurrir, así como que se investigue y sancione a las autoridades responsables y que se repare el daño por las violaciones a derechos humanos.”

 

Es evidente que esta Soberanía debe de ser respetuosa de las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de cualquier ombudsman local o internacional, para ello, debemos de respetar en todo momento los derechos humanos y garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, reconociendo en todo momento la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

 

La presente iniciativa prevé una profesionalización total de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, además contempla los exámenes de control y confianza necesarios para tener elementos de seguridad pública responsables en el ejercicio de su deber.

 

Asimismo, se prevé una seguridad pública descentralizada, con el propósito de hacer un mayor frente a la delincuencia, se plantean que sea estatal, regional, municipal y comunitaria.

 

Además, con este nuevo instrumento normativo se plantea además un modelo de cuerpos de seguridad más cercanos a la ciudadanía, profesionalizados, conformando en su conjunto instituciones fuertes, donde los elementos encuentren seguridad social y económica que les permita cumplir con eficiencia en su deber de proteger y servir a su comunidad.

 

Se procura en el cuerpo normativo de la presente iniciativa el respeto irrestricto a los derechos humanos, además de una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública para hacer frente con la observación de protocolos internacionales en materia de disolución de manifestaciones públicas que afecten derechos de terceros, en donde deberá de agotarse primeramente el diálogo como alternativa para la solución de conflictos sociales.

 

La transparencia y rendición de cuentas también es un asunto de seguridad pública, por ello, se proponen esquemas en donde los ciudadanos conozcan cómo se ejerce el presupuesto de la materia, en este sentido creemos que el Estado de Guerrero no está para despilfarrar el presupuesto en materia de seguridad pública ni de cualquier materia.

 

Por ser una iniciativa con un numeroso articulado, de acuerdo a la técnica legislativa se ha decidido ordenarlo en títulos, libros, secciones y capítulos.

 

Esta iniciativa debe de ser el partegauas para que exista un trabajo coordinado entre los poderes públicos de la entidad a efecto de lograr obtener una norma novedosa y exacta, acorde a las exigencias sociales actuales, que sea el instrumento rector para lograr tener una entidad en donde las libertades se ejerzan sin restricción alguna, pero sobre todo una norma que sea la base de un modelo de seguridad pública que realmente sea efectiva en la prevención del delito.

 

Es importante señalar que los Diputados Ciudadanos presentamos una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero Número 281 para establecer un cuerpo de seguridad pública denominado policía de proximidad social, cuya argumentación fue la siguiente:

 

“Actualmente en México, el tema de la seguridad pública es fundamental, y lo es, de manera particular, en el esquema de desarrollo económico, político y social de nuestro Estado. Es una función primordial, estipulada en nuestra Constitución Federal en su artículo 115 fracción III inciso h), por lo que de manera responsable y desde la tribuna, es menester, sumar propuestas funcionales y posibles de llevarse a cabo por la actual policía preventiva municipal; esto sin dejar de observar que en el artículo 21 de nuestro citado ordenamiento federal, en sus párrafos noveno y décimo, se hace mención en el primero de éstos, que “la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, para luego en el segundo de los párrafos en cita, manifiesta que: “las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

 

Aunado a lo anterior y conservando el orden armónico con la Constitución de nuestro Estado, en el tercer párrafo del artículo 172, se reafirma, que “La seguridad pública estará a cargo de una policía preventiva bajo el mando del Presidente Municipal […] “, por ello consideramos que la política para hacer eficaz y eficiente la labor de dicha policía, debe atender a una serie de reformas de tiro al blanco como bien lo plantean Franz Vanderschueren y otros, en el documento denominado “guía para la prevención local, hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana” (2009), en el que se fluctúa “en un conflicto de opinión de entre la policía comunitaria, y de modelos de policía orientada a la resolución de problemas, y fórmulas más tradicionales” (Frühling, 2007.

 

Se menciona que “este debate se complica en no pocos países por la escasa transparencia de algunas fuerzas policiales, los problemas de corrupción y de brutalidad o violencia en los procedimientos policiales. Una de las características transversales y recurrentes es la poca eficacia de las actuaciones policiales, que se suma a la falta de confianza en las instituciones de seguridad y justicia”.

 

Lo anterior implica que la labor preventiva de la policía debe verse fortalecida desde lo local, con medidas propositivas que generen confiabilidad de ésta hacia las comunidades y se respeten los derechos humanos cabalmente, con el propósito inmediato de mejorar el grado de aceptación de las instituciones policiales y de sus prácticas, por parte de nuestra población guerrerense.

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que “se aplica en 32 ciudades del país que comprenden las capitales de 25 estados, 6 ciudades seleccionadas de 100, 000 habitantes y más de los seis estados restantes (Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Tampico, Tamaulipas y Veracruz, Veracruz) y la Ciudad de México.”(INEGI, abril 2015. Veamos que se incluye a Guerrero, y en donde dicha encuesta solo aplica en las ciudades que tienen Policía Preventiva Municipal, por lo que “en marzo de 2015, 61.9% de la población de 18 años y más que reside en las ciudades objeto de estudio”, las policías Preventiva Municipal y Estatal resulta ser mayor la proporción de población que percibe su desempeño como “poco o nada efectivo”.[1]

 

Pensando en mejorar la seguridad dentro de nuestro Estado, es preciso establecer una policía preventiva con carácter comunitario, cercana a los guerrerenses, que en un franco dinamismo preventivo, responda a las necesidades reales de nuestra sociedad; llevando a cabo un trabajo policial basado en el contacto directo con las personas, porque un Estado como el nuestro merece tener una policía preventiva, civil, disciplinado y profesional, pero sobre todo confiable. (Cfr. Cynthia, 2011, p. 50)

 

Tengamos pues una policía libre de corrupción y bien disciplinada como lo menciona Hugo Frühling (2003, p. 12. Es por ello que en razón de la reforma del dieciocho de junio de 2008 en materia de justicia penal y de seguridad pública, nos compromete a que nuestra policía preventiva municipal sea comunitaria, porque así atenderá de manera directa los problemas que los ciudadanos del sector y área manifiesten, considerando la división territorial en términos del artículo 11 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

 

El nuevo esquema policial requerirá en la práctica de visitas a centros escolares, así como plazas, lugares donde se desarrollen actividades económicas, deportivas y de esparcimiento, bajo un esquema de acciones planificadas y vinculadas a mantener el orden y seguridad, tránsito, vigilancia, así como de patrullaje, sin descuidar lo relativo a la investigación del delito.

 

El enfoque que postulado en el caso de la policía preventiva de corte comunitario, debe sumarse al hecho de que la comunidad también es responsable de su seguridad, por lo cual las acciones a tomar deben fortalecer los mecanismos de control informal, colocando a la comunidad en un empoderamiento real, con la posibilidad de conseguir soluciones eficaces a los problemas de seguridad que se gesten en su entorno, sumándose a esto la “creación de comités de vigilancia, así como el involucramiento de la comunidad en proyectos de corto alcance enfocados a la prevención social o situacional, son algunos ejemplos de este tipo de prevención” (Tocornal, X., 2008.

 

Es preciso actuar bajo esquemas que rescaten la confiablidad de la policía hacia la ciudadanía; con una tarea basada en el respeto a los derechos humanos, a través de acciones como las comentadas, para que los cambios que se han tenido en países como Chile, y próximamente en Honduras, se reflejen en nuestro entidad.

 

No dejemos que la criminalidad avance como hasta ahora lo ha hecho en nuestra tierra suriana, ni sigamos alimentando la desconfianza ciudadana con una política policial equivocada; consideremos que una policía preparada y cercana a las personas es más confiable, de tal manera que valores institucionales se pueden poner en marcha y de la mano con las personas que integran cada una de nuestras comunidades de Guerrero, para no solo mejorar la percepción ciudadana frente a la inseguridad, sino generar de nueva cuenta la confiabilidad de este bello Estado; hacia nuestra policía preventiva municipal, la cual a través de esta iniciativa se propone sea de carácter comunitario.”

 

Estos mismos ideales sirven de base para este nuevo ordenamiento, en consecuencia, los Diputados Ciudadanos tenemos a bien proponer a esta Soberanía, para que en su momento se analice, discuta y se apruebe en su caso, la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecer las competencias y bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, y entre éstos con la Federación, los Estados de la República y la Ciudad de México.

 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio estatal, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 14, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios; tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

Comprende la prevención especial y general de los delitos; la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de delitos y conductas antisociales tipificadas como tales; la reinserción social del individuo y la reintegración social y familiar del adolescente, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y las demás Leyes aplicables a la materia.

 

Artículo 3. El Gobernador Constitucional del Estado, como Jefe de la Fuerza Pública Estatal, ejerce las atribuciones legales en materia de Seguridad Pública, por conducto del Secretario de Seguridad Pública; los elementos de Seguridad Pública Estatal, así como en los Órganos Desconcentrados creados por Decreto legislativo o gubernativo, estarán bajo el mando directo del Secretario de Seguridad Pública.

 

Artículo 4. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de Ley.

 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

 

  1. Auxiliares de la Seguridad Pública, a los prestadores de Servicios de Seguridad Privada, Policías Comunitarias y todas aquellas personas que realicen funciones y servicios relacionados con la Seguridad Pública;

 

  1. Centro Estatal, al Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública;

 

III. Colegio, al Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. También se entenderá como tal a la institución de formación, capacitación y profesionalización policial a que hace referencia el artículo 5, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

  1. Consejo Estatal, al Consejo Estatal de Seguridad Pública;

 

  1. Consejo Municipal, al Consejo Municipal de Seguridad Pública;

 

  1. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Pública;

 

VII. Constitución General, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

VIII. Constitución Local, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

  1. Estado, al Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

  1. Gobernador, al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública;

 

  1. Instancias Regionales, a las Instancias Regionales de coordinación, estatales o municipales, en materia de seguridad pública;

 

XII. Institución de Procuración de Justicia, a la Dependencia del Estado que integra al Ministerio Público, los servicios periciales, y demás auxiliares de aquél;

 

XIII. Instituciones de Seguridad Pública, a las instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y de las Dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal, así como a los encargados de su capacitación, formación y profesionalización durante el desarrollo del servicio de carrera;

 

XIV. Instituciones Policiales, a los elementos de Policía Preventiva Estatal con sus grupos de investigación, y municipal, de Policía Ministerial, a los elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, así como a los encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y la vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolescentes como de adultos, bomberos y de rescate, y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel Estatal y Municipal;

 

  1. Ley de Responsabilidades, a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

 

XVI. Ley General, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

XVII. Ley, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero;

 

XVIII. Fiscalía, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero;

 

XIX. Programa Estatal, al Programa Estatal de Seguridad Pública;

 

  1. Secretaría, a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado;

 

XXIII. Secretariado Ejecutivo, a al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

 

XXIV. Secretario Ejecutivo Municipal, al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública;

 

XXV. Secretario Ejecutivo, a la persona titular del Secretariado Ejecutivo;

 

XXVI. Secretario, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, en la que se integran las fuerzas públicas estatales;

 

XXVII. Servicio Profesional de Carrera, al Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial;

 

XXVIII. Sistema Estatal, al Sistema Estatal de Seguridad Pública;

 

XXIX. Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

 

XXX. Tribunal, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

 

Artículo 6. Las instituciones de seguridad pública, de conformidad con el artículo primero de esta Ley se coordinarán para:

 

  1. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

 

  1. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta Ley;

 

III. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales;

 

  1. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

 

  1. Realizar acciones y operativos conjuntos;

 

  1. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

 

Artículo 7. Las acciones que desarrollen las autoridades competentes de la Seguridad Pública en el Estado y los Municipios se coordinarán a través de un Sistema Estatal, mismo que se integrará con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en esta Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública, de conformidad con lo que establece el artículo 21, de la Constitución General, la Ley General y la presente Ley.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 8. El Sistema Estatal de Seguridad Pública se integrará por:

 

  1. El Consejo Estatal;

 

  1. Las Autoridades Municipales del Estado en materia de seguridad pública;

 

III. Los Consejos Municipales e Instancias Regionales, y

 

  1. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

 

El Poder Judicial del Estado coadyuvará con las instancias que integran el sistema estatal, en la generación de estadísticas, formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

 

El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Estatal.

 

Artículo 9. Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente Ley; por lo que se sujetarán para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.

 

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 10. El Consejo Estatal es el órgano colegiado que constituye la instancia superior de coordinación y consulta del Sistema Estatal y estará integrado por:

 

  1. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

 

  1. El Secretario General de Gobierno;

 

III. El Secretario de Seguridad Pública;

 

  1. El Secretario Ejecutivo;

 

  1. El Fiscal General del Estado de Guerrero;

 

  1. El Secretario de Finanzas y Administración;

 

VII. El Secretario de Educación Guerrero;

 

 

VIII. El Secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas;

 

  1. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural;

 

  1. El Secretario de Salud;

 

  1. El Secretario de Turismo;

 

XII. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como representante del Poder Judicial y coadyuvante en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;

 

XIII. El Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado;

 

XIV. El Diputado Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado;

 

  1. El Diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado;

 

XVI. Seis Presidentes Municipales representantes de los Municipios del Estado;

 

XVII. El General de División de la Novena Región Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional;

 

XVIII. El Almirante de la Octava Región Naval de la Marina Armada de México;

 

XIX. El Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado;

 

  1. El Coordinador Regional en Guerrero del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

XXI. El Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado;

 

XXII. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y

 

XXIII. Hasta ocho representantes que fungirán como consejeros ciudadanos de los sectores productivos y sociales debidamente organizados, con amplia representación estatal o regional, así como los que a título personal representen algún sector de la población y que cumplan con los requisitos para ser consejero.

 

Todos los consejeros tendrán derecho a voz y voto, respecto de todos los asuntos que sean tratados en el seno del Consejo.

 

La designación de los consejeros a que se refiere la fracción XVI de este artículo, se deberá hacer a través del Secretariado Ejecutivo, buscando preferentemente la representación de las siete regiones del Estado; estos Consejeros durarán seis meses en el cargo, propiciando que, en su rotación, tengan acceso en la integración del Consejo todos los Presidentes Municipales del Estado.

 

El Presidente del Consejo y el Secretario Ejecutivo podrán invitar a especialistas en la materia, quienes no serán considerados como miembros del Consejo y únicamente tendrán derecho a voz.

 

La función de consejero será honorífica.

 

La mecánica para tener una participación ordenada, incluyente y eficiente en las sesiones del Consejo Estatal, será definida en las disposiciones que determine el Secretario Ejecutivo.

 

Artículo 11. Para ser consejero ciudadano en términos de la fracción XXIII del artículo anterior se requiere:

 

  1. Tener representatividad estatal el organismo u organización proponente;

 

  1. Presentar solicitud por escrito al Secretario Ejecutivo, en el que se expresen los motivos por los que se desea ser integrante, y el aval del grupo que representa, mismo que deberá estar constituido legalmente con una antigüedad mínima de dos años, y

 

III. Obtener la aprobación del Consejo, misma que se hará con base en la valoración de su representatividad, honorabilidad y compromiso con la seguridad pública.

 

La resolución que emita el Consejo, ya sea de aprobación o rechazo a la solicitud, será inapelable.

 

Artículo 12. Los miembros del Consejo a que se refiere la fracción XXIII del artículo 10 de este ordenamiento, permanecerán en su cargo por un período de un año dentro del Consejo Estatal, como representantes de la organización que originalmente los propuso, pudiendo ser designados para un período más a propuesta de la misma organización. Estos miembros están obligados a participar, opinar y proponer soluciones en los términos de la presente Ley, así como en las comisiones que al efecto sean creadas en el Consejo Estatal y sea requerida su participación.

 

A petición de alguno de los miembros del Consejo, se someterá al pleno del mismo, la permanencia de algún consejero ciudadano que haya incurrido en faltas de probidad, honestidad, lealtad, eficiencia y/o que utilice el cargo para alguna actividad partidista o con fines de lucro. La suma de la mitad más uno de los miembros del Consejo Estatal determinará la permanencia del consejero dentro del mismo.

 

Artículo 13. El Consejo Estatal sesionará trimestralmente en forma ordinaria y en casos de urgencia se celebrarán las sesiones extraordinarias que su Presidente estime necesarias, para lo cual convocará a los integrantes del Consejo Estatal con la debida anticipación y por los conductos idóneos.

 

Al inicio de cada sesión, se pasará lista de asistencia, se verificará el quórum y se desarrollará la sesión conforme al orden del día.

 

El Presidente del Consejo Estatal será sustituido en sus ausencias por el Secretario de Gobierno. El resto de los integrantes del Consejo deberá asistir personalmente.

 

Para la integración del quórum se contará con los miembros considerados en las fracciones de la I a la XIII del artículo 10 de la presente Ley, una vez instalado sus acuerdos serán tomados por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Su cumplimiento deberá ser reconocido o sancionado por el Consejo Estatal.

 

Artículo 14. En el Consejo Estatal se podrán instalar comisiones y mesas de análisis permanente de acciones, sobre los temas relacionados con las áreas de información, certificación y acreditación, participación ciudadana y prevención del delito, procuración y administración de justicia, reinserción social y cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo, a quien deberán rendir sus informes para el seguimiento oportuno de los mismos.

 

En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

 

Artículo 15. El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Participar en la elaboración de las políticas estatales y municipales de seguridad pública;

 

  1. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidas por el Consejo Nacional;

 

III. Dictar las resoluciones, acuerdos y dictámenes necesarios para el cumplimiento de sus fines y que no estén reservados a otra autoridad de seguridad pública;

 

  1. Opinar sobre los convenios de coordinación de actividades entre autoridades de seguridad pública federal, estatales y municipales;

 

  1. Proponer normas y procedimientos homogéneos de programación, organización, supervisión y control, evaluación, servicio civil de seguridad pública e imagen;

 

  1. Proyectar normas y procedimientos para establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados los registros estatales de información;

 

VII. Participar en la formación de las bases y reglas para la realización de operativos, en coordinación con las entidades federativas colindantes;

 

VIII. Opinar sobre el Programa Estatal;

 

  1. Elaborar propuestas de reformas a las Leyes y reglamentos en materia de seguridad pública;

 

  1. Promover la consulta y participación ciudadana en los procesos de evaluación de los programas y políticas en materia de seguridad pública así como de las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para propiciar la participación de la sociedad en acciones de seguridad pública, conforme a la problemática específica que demanda cada sector social o económico;

 

XII. Proponer los lineamientos y mecanismos de evaluación de las acciones y los servidores de la seguridad pública en el Estado;

 

XIII. Solicitar y conocer informes de los integrantes del Sistema Estatal;

 

XIV. Conocer los informes del Sistema Nacional y acordar propuestas a presentar al mismo;

 

  1. Recomendar medidas para la superación técnica, moral y económica del personal que labora en las instituciones de seguridad pública;

 

XVI. Apoyar técnicamente a las Instancias Regionales y a los Consejos Municipales;

 

XVII. Proponer reconocimientos y estímulos a los integrantes de las instituciones de seguridad pública;

 

XVIII. Publicar y divulgar los acuerdos y resoluciones del propio Consejo;

 

XIX. Sancionar el incumplimiento o reconocer el cumplimiento de sus acuerdos;

 

  1. Conocer de las cancelaciones de las ministraciones de las aportaciones a los municipios, y en su caso realizar las recomendaciones pertinentes;

 

XXI. Conocer los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública y otros relacionados;

 

XXII. Proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de coordinación;

 

XXIII. Informar de aquellos actos que conozca en los que se afecte la seguridad pública de un sector social o de los ciudadanos en general para que en forma integral se adopten las medidas preventivas o en su caso correctivas que correspondan, y

 

XXIV. Las demás que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.

 

Artículo 16. El Presidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Coordinar las actividades respecto de las propuestas que afecten las políticas en materia de Seguridad Pública;

 

  1. Promover y coordinar los programas y las acciones del Consejo con los distintos sectores de la población;

 

III. Mantener las relaciones con el Consejo Nacional, así como coordinar los programas y acciones pertinentes a esa instancia;

 

  1. Convocar a través del Secretario Ejecutivo las sesiones del Consejo, así como conducir las mismas;

 

  1. Instruir al Secretario Ejecutivo para promover, vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional y del propio Consejo Estatal;

 

  1. Proponer al Consejo Estatal la instalación de comisiones especiales para estudiar y evaluar políticas y acciones en materia de seguridad pública, y

 

VII. Solicitar a través del Secretario Ejecutivo, cualquier tipo de información que sea necesaria para los fines de la seguridad pública.

 

Artículo 17. En cada Sesión Ordinaria del Consejo Estatal, las Instituciones de Seguridad Pública entregarán con cinco días de anticipación, un informe actualizado que deberá contener datos precisos que permitan medir su desempeño, sobre lo siguiente:

 

  1. Secretaria de Seguridad Pública:

 

  1. a) Estadística general del índice delictivo registrado derivado de sus funciones;

 

  1. b) Estadística de los operativos implementados en el Estado, así como los resultados obtenidos;

 

  1. c) Estadística de las puestas a disposición realizadas ante las autoridades competentes;

 

  1. d) Estadística de los asuntos en los que ha participado en la investigación de delitos o conductas antisociales bajo la dirección del Ministerio Público y los resultados obtenidos de la misma;

 

  1. e) Estadística de las audiencias en las que se ha rendido testimonio sobre las actuaciones e investigaciones policiales;

 

  1. f) Estadística del nivel promedio de educación de elementos policiales, mandos medios y superiores;

 

  1. g) Acciones implementadas en materia de Prevención del Delito y cumplimiento de programas y metas;

 

  1. h) En su caso, aquellas medidas que en lo general se hayan adoptado para el mejor desempeño de la Institución y en beneficio de la ciudadanía, y

 

  1. i) Cualquier otra información que para sus fines requiera el Consejo Estatal y el Secretariado Ejecutivo;

 

  1. Fiscalía General del Estado de Guerrero:

 

  1. a) Estado que guarda el rezago de las averiguaciones previas;

 

  1. b) Estadística de los delitos denunciados;

 

  1. c) Informe de las carpetas de investigación iniciadas en el último periodo enviadas por la unidad de atención temprana, iniciadas por el ministerio público o a través de denuncia anónima;

 

  1. d) Disposiciones implementadas para una mejor calidad en la integración de las carpetas de investigación;

 

  1. e) Estadística de los métodos alternos con inicio de carpetas de investigación y sin inicio de carpetas de investigación;

 

  1. f) Estadísticas de los dictámenes periciales desahogados en audiencia ante autoridad judicial y resultado del valor probatorio otorgado a los mismos mediante resolución respectiva;

 

  1. g) Disposiciones y medidas adoptadas para mejorar el área de servicios periciales;

 

  1. h) Tiempo promedio de atención a la ciudadanía en la presentación de denuncias y querellas;

 

  1. i) Estadística de delitos denunciados y no judicializados, así como las causas y el cauce que se le dio a las denuncias;

 

  1. j) Estadística del avance de la profesionalización de la policía ministerial, ministerios públicos y peritos de conformidad con el servicio de carrera;

 

  1. k) En su caso, de todas aquellas medidas que en lo general se hayan adoptado para el cumplimiento de sus atribuciones, el mejor desempeño de la institución y en beneficio de la ciudadanía, y

 

  1. l) Cualquier otra información que para sus fines requiera el Consejo Estatal y el Secretariado Ejecutivo.

 

III. Secretariado Ejecutivo:

 

  1. a) Condición que guardan los Consejos de Honor y Justicia y las Unidades de Asuntos Internos en el Estado;

 

  1. b) Índice de cumplimiento de metas de los Convenios de Coordinación signados con la federación en materia de seguridad pública, y

 

  1. c) Indicadores de las medidas que en lo general se hayan adoptado para el mejor desempeño de la institución y en beneficio de la ciudadanía;

 

  1. El Poder Judicial del Estado, coadyuvará con el Sistema Estatal en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública. Para tal efecto, deberá rendir en los mismos términos del presente artículo la siguiente información:

 

  1. a) Estadística de juicios penales en el estado, considerando el tipo de delito o de conducta antisocial;

 

  1. b) Estadística de delitos o conductas antisociales consideradas como graves y no graves;

 

  1. c) Estadística por delito y conducta antisocial, de las detenciones consignadas ante los jueces de control, así como el número de las que se declaren legales o ilegales y las causas de la resolución;

 

  1. d) Estadística de averiguaciones previas y carpetas de investigación consignadas y radicadas por los jueces de control, en las que se ordene o se niegue la orden de aprehensión o de presentación, y en su caso la imposición o negación y tipo de medida cautelar;

 

  1. e) Estadística por delito y conducta antisocial de los juicios concluidos en definitiva con sentencia absolutoria y condenatoria, y

 

  1. f) Estadística de juicios resueltos a través de medios alternativos de solución de controversias. Cualquier otra información que en términos de este artículo coadyuve en el cumplimiento de los fines de Sistema y requiera el Consejo Estatal a través del Secretariado Ejecutivo.

 

CAPÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 18. Las autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, y en estricto apego a los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, actuarán en forma coordinada y conformarán el Sistema Estatal.

 

Artículo 19. La coordinación tendrá como fin:

 

  1. Determinar las políticas generales de seguridad pública, así como su ejecución, seguimiento y evaluación;

 

  1. Realizar actividades de prevención primaria de conductas antisociales, delitos e infracciones;

 

III. Eficientar la comunicación entre instituciones y servidores de la seguridad pública;

 

  1. Realizar acciones policiales conjuntas para prevenir o perseguir conductas antisociales, delitos e infracciones;

 

  1. Desarrollar lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus integrantes;

 

  1. Establecer reglas e instrumentos de control, supervisión y régimen disciplinario, así como de estímulos y recompensas;

 

VII. Revisar y evaluar procedimientos e instrumentos de selección; formación, ingreso, permanencia, promoción y remoción de los elementos de las corporaciones e instituciones de seguridad pública, y sus auxiliares;

 

VIII. Recolectar, registrar, procesar, almacenar, intercambiar y consultar información;

 

  1. Organizar y modernizar tecnológicamente las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Solicitar y administrar recursos públicos;

 

  1. Regular y controlar a los auxiliares de seguridad pública;

 

XII. Promover la participación ciudadana;

 

XIII. Implementar el Servicio Nacional de Carrera Policial, y

 

XIV. Las demás que sean necesarias para la seguridad pública.

 

Artículo 20. Para el cumplimiento de esta Ley, las instituciones de seguridad pública suscribirán los convenios de coordinación y colaboración necesarios con cualquier instancia de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en sus respectivos ámbitos de competencia, dentro del marco de los Sistemas Nacional y Estatal.

 

Artículo 21. El Estado y los Municipios se integrarán al Sistema Nacional, mediante instancias de coordinación, en términos de la Ley General, de los Acuerdos y Convenios emanados de los Consejos Nacional, Estatal, Regionales, y Municipales.

 

CAPÍTULO IV

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 22. El Secretariado Ejecutivo, es el Órgano Desconcentrado de la Secretaría, operativo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que gozará de autonomía técnica, de gestión presupuestal, y se integrará por las Unidades Administrativas y operativas, el personal técnico, administrativo, de asesoría y apoyo que se requiera para el cumplimiento de su función y dada su naturaleza, de conformidad con el presupuesto autorizado.

 

El órgano desconcentrado estará a cargo del Secretario Ejecutivo; durante sus ausencias temporales o indefinidas, la función será asumida, de manera integral, por el Secretario Estatal de Seguridad Pública. Su organización y procedimientos específicos se establecerán en el Reglamento Interno que para tal efecto se expida.

 

Artículo 23. El Secretario Ejecutivo será nombrado y removido libremente por el Secretario y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad y este en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

 

  1. Tener más de treinta años de edad;

 

III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;

 

  1. Tener reconocida capacidad y probidad;

 

  1. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, y

 

  1. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.

 

Artículo 24. Son funciones del Secretario Ejecutivo las siguientes:

 

  1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de los Consejos Estatal y Nacional con aplicación en el Estado;

 

  1. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema Estatal;

 

III. Colaborar en el proceso de consulta para la elaboración del Programa Estatal, así como difundirlo y en su caso coordinarse para el mismo fin con las autoridades que conforman el Sistema Estatal;

 

  1. Convocar a sesiones, levantar las actas y llevar el registro de los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Estatal, y en su caso expedir constancia de los mismos;

 

  1. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de los Consejos Municipales y de las Instancias Regionales;

 

  1. Vigilar el estricto ejercicio de los recursos financieros asignados a la Seguridad Pública, así como los Fondos de Ayuda Federal que reciba el Estado, aquéllos que sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que por convenio sean destinados al Estado y a los Municipios;

 

VII. Preparar, con el auxilio de los integrantes del Consejo Estatal que tengan competencia para tal efecto, los informes que se presenten en las sesiones; así como recabar las propuestas para punto de acuerdo que sean remitidas por los mismos, para ser sometidas a su consideración;

 

VIII. Proponer al Consejo Estatal la realización de estudios especializados en materia de seguridad pública, y en su caso, coordinar las acciones conjuntas de las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Coadyuvar en el ejercicio de las atribuciones del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

  1. Coadyuvar para que la información que requiere el Sistema Nacional para mantener sus registros y bases de datos actualizados, sea enviada por las Instituciones de Seguridad Pública y sus auxiliares;

 

  1. Asesorar a las instituciones de seguridad pública en la integración, operación y desarrollo de sus respectivos consejos de honor y justicia y unidades de asuntos internos, en aquéllos que resulte aplicable;

 

XII. Hacer del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cumplimiento a la Ley General, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables en la materia, así como del uso ilícito o indebido de los recursos señalados en la fracción cuarta del presente artículo, cuando tenga conocimiento de ello, y en su caso presentar quejas y denuncias ante las autoridades competentes e informar al Consejo Estatal;

 

XIII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del sistema;

 

XIV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Estatal;

 

  1. Promover la celebración de convenios de coordinación y colaboración con las Instancias Federales, estatales o municipales competentes, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que reciban el Estado y los Municipios, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento;

 

XVI. Dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en las unidades de asuntos internos estatales y municipales, hasta su conclusión definitiva;

 

XVII. Dar seguimiento y evaluar la atención brindada a las denuncias anónimas recibidas a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncia Anónima 089 en el Estado de Guerrero;

 

XVIII. Informar periódicamente al Consejo Estatal de sus actividades;

 

XIX. Coadyuvar y en su caso proponer las medidas pertinentes y necesarias para eficientar la seguridad del Ejecutivo;

 

  1. Coadyuvar en la instrumentación, preparación, ejecución y evaluación del Mando Único Policial en el Estado, atendiendo las indicaciones que le transmita el Gobernador del Estado o el Secretario, y

 

XXI. Las demás que le confieren las normas jurídicas aplicables, que le asignen el Consejo Estatal o aquellas que le sean instruidas y las que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 25. Para la fiscalización de los recursos financieros que le sean asignados el Secretariado Ejecutivo contará con un Comisario Público designado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, que quedará a cargo de la Unidad de Control del órgano desconcentrado, teniendo las atribuciones y funciones que se señalen en el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; el Comisario Público contará con el auxilio de personal especializado en la materia.

 

La vigilancia de los recursos procedentes de fondos federales o locales, destinados al Estado o a los Municipios, a que se refiere la fracción VI del artículo precedente, será atendida por la unidad administrativa que en la reglamentación se determine.

 

Artículo 26. En el ejercicio de sus funciones el Secretario Ejecutivo promoverá en todo caso la participación ciudadana, a través de foros de consulta y reuniones de trabajo con especialistas en las diversas materias relacionadas con la seguridad pública, centros de investigación e instituciones de educación superior.

 

Tanto el Secretariado Ejecutivo como las instituciones de seguridad pública, promoverán en todo momento la denuncia ciudadana; para tal efecto éstas últimas se coordinarán con el Secretario Ejecutivo, a efecto de establecer buzones para que los ciudadanos puedan presentar quejas o denuncias cuando consideren que se cometió agravio en su persona, bienes o derechos o de un tercero, por elementos de las instituciones de seguridad pública. Estos buzones serán instalados en lugares estratégicos, visibles y de fácil acceso a la ciudadanía. El Secretariado Ejecutivo será el encargado de revisar periódicamente su contenido, debiendo levantar constancia en presencia de un representante que designe la institución o autoridad respectiva, y en su caso, deberá remitirlas con posterioridad a la autoridad competente. El Secretariado Ejecutivo llevará el control, registro y seguimiento hasta su conclusión definitiva.

 

Estos buzones independientemente de instalarse en las instituciones de seguridad pública, se podrán instalar además, donde así lo consideren pertinente las autoridades en su respectivo ámbito de competencia. En el caso de los Ayuntamientos también deberán instalarse en la cabecera Municipal.

 

CAPÍTULO V

DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE COORDINACIÓN

 

Artículo 27. Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública, será necesaria la participación de dos o más entidades federativas o municipios, en términos de lo previsto por el artículo 36, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrán establecerse consejos regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente en los que participarán las instituciones de seguridad pública correspondientes.

 

Del mismo modo, en el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar consejos regionales con la participación de los municipios respectivos.

 

Los consejos regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Estatal y se integrarán con los servidores públicos y personas que se determinen en el o los convenios Regionales que les den origen, tendrán las funciones relativas para ser posible la coordinación y los fines de la seguridad pública, en sus ámbitos de competencia.

 

Los consejos regionales estatales y municipales podrán proponer en el ámbito de sus competencias, al Sistema Estatal, para que éste a su vez lo haga al Nacional, acuerdos, programas específicos y convenios sobre la materia de la coordinación.

 

Los consejos regionales intermunicipales deberán proporcionar cualquier información requerida y notificar de los acuerdos generados al Secretario Ejecutivo, quien será el encargado de coordinar a éstos últimos.

 

Artículo 28. Los Consejos Regionales tendrán las siguientes atribuciones:

 

  1. Formular lineamientos para el establecimiento de políticas regionales en materia de seguridad pública, dentro de las que se debe incluir la implementación de operativos conjuntos;

 

  1. Elaborar propuestas de reformas a Leyes estatales y reglamentos municipales en materia de seguridad pública;

 

III. Formular propuestas para el Sistema de Seguridad Pública del Estado a través del Consejo Estatal;

 

  1. Conocer y en su caso, aprobar proyectos y estudios que se sometan a consideración del Consejo Estatal, y

 

  1. Elaborar convenios de colaboración regional.

 

CAPÍTULO VI

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

 

Artículo 29. Los Consejos Municipales son las instancias que tienen por objeto proponer acciones tendientes a prevenir y combatir la delincuencia en su ámbito territorial, con la participación coordinada de las autoridades municipales y la sociedad civil, en el marco de los Sistemas Estatal y Nacional.

 

Así mismo el Consejo Municipal realizará evaluaciones de seguimiento, cumplimiento de programas y metas, desempeño de las instituciones de seguridad pública municipal, unidades de adscripción o cualquier área que afecte directa o indirectamente con la seguridad pública del Municipio. Para tal efecto se apoyara en todo por un Secretario Ejecutivo Municipal.

 

El Secretario Ejecutivo Municipal, es el órgano de ejecución del consejo municipal, gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal y se integrará por el personal técnico, administrativo, de asesoría y apoyo que se requiera para el cumplimiento y buen desempeño de sus funciones, de conformidad con el presupuesto que para tal efecto le asigne el Municipio.

 

Artículo 30. El Consejo Municipal se integrará por:

 

  1. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública;

 

  1. El Titular de Seguridad Pública;

 

III. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública;

 

  1. El Síndico Municipal;

 

  1. El Regidor de Seguridad Pública;

 

  1. Un representante del Secretariado Ejecutivo;

 

VII. Un representante del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana;

 

VIII. Un representante de la Secretaría;

 

  1. Un representante de la Fiscalía;

 

  1. El Diputado del Congreso del Estado correspondiente al Distrito Electoral a que pertenezca el municipio o la persona que ésta designe como su representante. Para el caso de que un municipio abarque dos o más Distritos Electorales, los Diputados que representen estos distritos podrán asistir al consejo o designar a sus representantes;

 

  1. Hasta 3 vocales representantes de organismos de participación ciudadana con que cuente el municipio, o en su caso, representantes de los sectores productivos y sociales debidamente organizados con amplia representación en el municipio, así como los que a título personal representen algún sector de la población, estos serán propuestos al seno del consejo municipal y deberán ser aprobados por el mismo;

 

XII. Un representante o representantes de los comisariados ejidales o de bienes comunales, de la pequeña propiedad y de organizaciones ganaderas de la comunidad.

 

Además, el Consejo Municipal podrá invitar a cualquier funcionario federal, estatal o municipal, autoridades auxiliares, organización civil o persona física que aporte elementos útiles para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.

 

Para el cumplimiento, ejecución y seguimiento de sus determinaciones, el Consejo Municipal, se auxiliará de un Secretario Ejecutivo, que será designado por el Presidente del Consejo Municipal; quien ocupe este cargo no podrá tener otro cargo gubernamental y deberá contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura debidamente registrados.

 

Artículo 31. El Presidente del Consejo Municipal, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

  1. Establecer las políticas en materia de seguridad pública municipal, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, los acuerdos tomados en el Consejo Estatal, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y el Consejo Nacional;

 

  1. Conocer los programas y acciones de Seguridad Pública;

 

III. Promover y coordinar los programas y las acciones del Consejo con los distintos sectores de la población;

 

  1. Mantener las relaciones con el Consejo Estatal, así como coordinar los programas y acciones pertinentes a esa instancia;

 

  1. Convocar a través del Secretario Ejecutivo Municipal y conducir las sesiones del Consejo;

 

  1. Instruir al Secretario Ejecutivo Municipal la promoción y vigilancia del cumplimiento de los acuerdos del Consejo;

 

VII. Proponer al Consejo Municipal la instalación de comisiones especiales para estudiar y evaluar políticas y acciones en materia de seguridad pública;

 

VIII. Participar en el Consejo Regional, cuando éste haya sido instalado, y

 

  1. Proponer indicadores que permitan realizar una mejor evaluación y seguimiento de las actividades relacionadas con la seguridad pública.

 

Artículo 32. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

  1. Coadyuvar en la elaboración de la convocatoria que expida el Presidente del Consejo para la celebración de las sesiones y publicarla;

 

  1. Contribuir con el Presidente Municipal en la operatividad, funcionamiento y seguimiento de la sesión y acuerdos del Consejo Municipal;

 

III. Levantar las minutas de trabajo que se desprendan de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Municipal;

 

  1. Participar, a petición del Presidente del Consejo, en el cumplimiento y ejecución de los acuerdos asumidos en sesión del Consejo Municipal;

 

  1. Hacer entrega de la minuta de trabajo levantada en cada sesión al Consejo Municipal, al Secretario Ejecutivo y al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana;

 

  1. Llevar el control, registro y seguimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal, remitiendo los avances y reportes respectivos al Secretario Ejecutivo;

 

VII. Informar a la población el estado que guarda la seguridad así como de las medidas y acciones que en esta materia se lleven a cabo en el municipio;

 

VIII. Mantener de manera permanente vinculación e intercambio de información con el Secretario Ejecutivo, y

 

  1. Solicitar la información que sea necesaria a las áreas del Ayuntamiento que correspondan, para ponerla a consideración del Consejo Municipal para evaluar el seguimiento y cumplimiento de programas y metas, desempeño de las instituciones de seguridad pública municipal, unidades de adscripción o cualquier área que afecte directa o indirectamente la seguridad pública del Municipio.

 

Artículo 33. El Consejo sesionará bimestralmente a convocatoria del Presidente Municipal; en casos de urgencia, tendrá las sesiones extraordinarias que el Presidente estime necesarias, para lo cual convocará a todos los integrantes del Consejo Municipal con tres días de anticipación y por los conductos idóneos.

 

Al inicio de cada sesión, se pasará lista de asistencia, se verificará el quórum y se desarrollará la sesión conforme al orden del día. Todos los Consejeros tendrán derecho a voz y voto.

 

Para la integración del quórum se considerara la mitad más uno de los integrantes del Consejo Municipal, y una vez instalado, sus acuerdos serán tomados por mayoría de los consejeros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

 

Para los casos en que sea evaluado el desempeño de alguna de las instituciones de seguridad pública municipal o alguna área específica perteneciente a ella, unidad de adscripción o cualquier área que tenga relación directa o indirectamente con la seguridad pública del Municipio, sus titulares tendrán derecho a voz para que manifiesten lo que su derecho convenga.

 

Artículo 34. En cada sesión ordinaria del Consejo Municipal el Secretario Ejecutivo Municipal en coordinación con las demás autoridades del Municipio, presentaran un informe que deberá contener datos precisos que permitan medir su desempeño, sobre lo siguiente:

 

  1. Estadística general del índice delictivo registrado en el Municipio derivado de sus funciones;

 

  1. Estadística de los operativos implementados en el Municipio, así como los resultados obtenidos;

 

III. Estadística de las puestas a disposición realizadas ante las autoridades competentes;

 

  1. Estadística de los asuntos en los que ha participado en la investigación de delitos o conductas antisociales bajo la dirección del ministerio público y los resultados obtenidos de la misma;

 

  1. Estadística de las audiencias en las que se ha rendido testimonio sobre las actuaciones e investigaciones policiales y valor probatorio otorgado mediante resolución recaída con posterioridad a la comparecencia;

 

  1. Estadística de infracciones cometidas en materia de tránsito;

 

VII. Reporte de ingresos obtenidos en materia de tránsito;

 

VIII. Estadística de personas puestas a disposición por faltas administrativas.

 

  1. Reporte de ingresos obtenidos por las faltas administrativas;

 

  1. Estadística de puestas a disposición por delitos del fuero común y federal;

 

  1. Estadística que contenga los procedimientos iniciados y resueltos en contra de los elementos de Seguridad Pública Municipal radicados en las Unidades de Asuntos Internos;

 

XII. Estadística del nivel promedio de educación de elementos policiales, mandos medios y superiores;

 

XIII. Acciones implementadas en materia de Prevención del Delito y cumplimiento de programas y metas;

 

XIV. En su caso, aquellas medidas que en lo general se hayan adoptado para el mejor desempeño de la Institución y todo aquello que mejore la seguridad pública de la ciudadanía, y

 

  1. Cualquier otra que para sus fines requiera el Consejo Municipal.

 

CAPÍTULO VII

DE LOS COMITÉS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

Artículo 35. Las autoridades a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, promoverán la participación de la sociedad en la planeación, supervisión y evaluación de la seguridad pública, con excepción de las relativas al ejercicio de la acción penal y estrictamente jurisdiccional.

 

En materia de seguridad pública la participación ciudadana es prioritaria, por lo que toda autoridad estatal o municipal estará obligada a proveer lo necesario para incluir la participación ciudadana en todas sus actividades. Con excepción de las acciones reservadas al sector público, la ciudadanía podrá participar organizadamente para una eficaz y oportuna prevención de delitos y conductas antisociales, para mejorar la procuración y administración de justicia y para lograr que la reinserción social de los sentenciados y la reintegración social y familiar de los adolescentes sea plena y sin restricciones, de conformidad con los programas aprobados en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, estableciendo al efecto los programas que éste considere pertinentes, entre ellos la promoción de la denuncia anónima y ciudadana.

 

Artículo 36. El Secretario Ejecutivo Municipal y la Secretaría, a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, se coordinarán para establecer en los Municipios comités y programas de apoyo y cooperación voluntaria de la ciudadanía tendientes a la prevención de delitos y conductas antisociales en los ámbitos escolar, patrimonial, familiar, domiciliario y personal.

 

Artículo 37. La ciudadanía podrá participar en la elaboración de medidas para la vigilancia y seguridad de la población que auxilien a los cuerpos de seguridad pública a través de los comités de participación ciudadana que se describen en el siguiente artículo, así como aquellas comisiones que sean aprobadas por los Consejos Estatal, Regional y Municipal.

 

Artículo 38. La Secretaría, a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, apoyará al Secretario Ejecutivo Municipal en la promoción e integración de Comités de Consulta y Participación Ciudadana, que estarán vinculados con los Consejos Estatal y Municipal, siendo estos los siguientes:

 

  1. Comité Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública: Son agrupaciones de personas físicas y representantes de personas morales integrantes de la sociedad, representativas del municipio y coordinadas por el Secretario Ejecutivo Municipal;

 

  1. Comités de Vigilancia Vecinal: Están constituidos por personas físicas que participan y coadyuvan con las instancias municipales respectivas en acciones de seguridad pública para su calle o colonia;

 

III. Comités de Participación Ciudadana Especializada: Están integrados por instituciones de educación superior, barras o asociaciones de abogados, especialistas y profesionistas en general, y

 

  1. Subcomités de Seguridad Pública: Son agrupaciones de personas físicas y representantes de personas morales pertenecientes a las colonias, calles, planteles educativos y grupos organizados de la sociedad que participen en acciones de seguridad pública.

 

Para estos fines serán convocados los sectores que integran la sociedad civil, así como las instituciones que fomenten la educación, el desarrollo económico, agropecuario y social, la cultura, el deporte y cualquier otra que tenga como finalidad coadyuvar en la seguridad pública.

 

Artículo 39. Los Comités de Consulta y Participación Ciudadana, elegirán de entre sus miembros una mesa directiva integrada por un presidente, un secretario relator y cuando menos cuatro vocales que serán nombrados por el Consejo Municipal.

 

Estos comités sesionarán de manera mensual y sus acuerdos deberán ser remitidos al Secretario Ejecutivo Municipal, quien llevara el registro e informara al Consejo Municipal para que se tomen las determinaciones conducentes.

 

Artículo 40. Los Comités de Consulta y Participación Ciudadana, promoverán la participación de la comunidad en actividades tales como:

 

  1. Conocer y opinar sobre políticas de seguridad pública;

 

  1. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función;

 

III. Proponer al Consejo de Honor y Justicia, reconocimientos por méritos o estímulos para los miembros de las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Realizar quejas sobre irregularidades o denuncias por la comisión de delitos o conductas antisociales;

 

  1. Informar sobre las zonas que en su concepto tengan mayor índice de delincuencia dentro de la circunscripción territorial de cada municipio;

 

  1. Verificar y evaluar que el patrullaje se realice en los términos que determinen la Secretaría o los Presidentes Municipales, mediante los mecanismos que al efecto acuerden las autoridades, a fin de vincular al policía con la comunidad;

 

VII. Proponer normas y procedimientos que permitan mejorar la atención de las quejas que formule la ciudadanía contra abusos, deficiencia o negligencia de los integrantes de las corporaciones e instituciones de seguridad pública y denunciar ante la Unidad de Asuntos Internos respectiva;

 

VIII. Proponer a la Secretaría o a los Presidentes Municipales acciones específicas a emprender para prevenir la comisión de delitos o conductas antisociales y su impunidad, así como el abatimiento de las causas generadoras de inseguridad pública, y

 

  1. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño de la función de seguridad pública.

 

El Comité podrá designar un vocal para coordinar cada una o varias de dichas actividades.

 

Artículo 41. Los Comités de Participación Ciudadana Especializada promoverán adicionalmente a las acciones previstas en el artículo anterior las siguientes:

 

  1. Proponer y gestionar la realización de estudios especializados en seguridad pública;

 

  1. Remitir Propuestas de acuerdos a los Consejos Municipales y Estatal de Seguridad Pública;

 

III. Proponer indicadores que permitan realizar una mejor evaluación y seguimiento de las actividades relacionadas con la seguridad pública.

 

Artículo 42. Los mandos policiales inmediatos superiores de los elementos que estén en contacto directo con la ciudadanía, deberán celebrar reuniones mensuales con los Comités Municipales de Seguridad Pública y de Participación Ciudadana Especializada los habitantes de sus respectivas áreas de tarea, a fin de:

 

  1. Informar sobre las actividades, planes y resultados de la actuación de la policía;

 

  1. Responder a preguntas, dudas e inquietudes;

 

III. Conocer quejas, denuncias, críticas y sugerencias, y

 

  1. Acordar formas de colaboración entre comunidad y policía.

 

TÍTULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 43. Son Autoridades en materia de Seguridad Pública:

 

  1. Estatales:

 

  1. a) El Gobernador;

 

  1. b) El Secretario de Seguridad Pública;

 

  1. c) El Fiscal General del Estado de Guerrero, y

 

  1. d) El Secretario Ejecutivo del Sistema;

 

  1. Municipales:

 

  1. a) El Presidente Municipal;

 

  1. b) El Consejo Municipal, y

 

  1. c) El Titular de la corporación de seguridad pública municipal.

 

Artículo 44. Son Instituciones en materia de Seguridad Pública:

 

  1. Estatales:

 

  1. a) La Secretaría Estatal de Seguridad Pública;

 

  1. b) La Fiscalía General del Estado de Guerrero, y

 

  1. c) El Secretariado Ejecutivo;

 

  1. Municipales:

 

  1. a) El área responsable de la seguridad pública en los Municipios.

 

Artículo 45. El Secretario Estatal de Seguridad Pública deberá satisfacer los siguientes requisitos:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad así como encontrarse en pleno goce de sus derechos;

 

  1. Tener treinta y cinco años de edad, cumplidos a la fecha de su designación;

 

III. Contar con título y cédula profesional, legalmente expedidos;

 

  1. Ser de reconocida honorabilidad y honradez;

 

  1. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. De tratarse de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la penalidad impuesta;

 

  1. Acreditar fehacientemente haber servido en alguna corporación de seguridad pública del país, durante al menos cinco años;

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, y

 

VIII. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o comisiones públicos.

 

El Secretario de Seguridad Pública no desempeñará, simultáneamente, otro cargo, empleo o comisión en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, aunque sea sin goce de sueldo, excepto empleos y comisiones de educación, beneficencia pública y seguridad pública.

 

El Secretario, tampoco podrá poseer por sí o por interpósita persona acciones o cualquier tipo de derecho en empresas o servicios auxiliares de seguridad pública.

 

Artículo 46. En los municipios, será facultad del presidente municipal designar y remover a los titulares de las instituciones de seguridad pública municipal, de conformidad con la presente Ley y demás legislación aplicable.

 

El titular de seguridad pública en cada municipio, deberá reunir los siguientes requisitos:

 

  1. Ser ciudadano mexicano y contar con una residencia mínima de 3 años en el Municipio en que ejerza el cargo;

 

  1. Ser mayor de treinta y cinco años;

 

III. Poseer grado de instrucción media superior o equivalente, así como conocimiento y experiencia debidamente acreditada en materia de seguridad pública;

 

  1. No usar ni consumir substancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y no ser adictos a las bebidas alcohólicas;

 

  1. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser Ministro de algún culto religioso;

 

  1. No haber sido destituido o inhabilitado de alguna corporación e institución de seguridad pública, contraloría o autoridad competente, federal, estatal o municipal para ocupar un cargo de ésta naturaleza;

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, y

 

VIII. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso castigado con pena privativa de libertad superior a un año, en cualquier Estado de la República.

 

El Titular no desempeñará, simultáneamente, otra encomienda en el ámbito federal, estatal o municipal, aunque sea sin goce de sueldo, excepto empleos y comisiones de educación y beneficencia pública.

 

Cualquier otro cargo que tenga en el ámbito de la seguridad pública será exclusivamente honorario.

 

El Titular tampoco podrá poseer por sí o por interpósita persona acciones o cualquier tipo de derecho en empresas o servicios auxiliares de seguridad pública.

 

Artículo 47. Las instituciones policiales en materia de Seguridad Pública son las siguientes:

 

  1. Estatales:

 

  1. a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevean sus reglamentos respectivos;

 

  1. b) La Policía de Transito;

 

  1. c) La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar;

 

  1. d) Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social y el de la autoridad encargada de dar seguimiento en las medidas cautelares y medidas impuestas a los adolescentes;

 

  1. e) La Policía Ministerial, y

 

  1. f) La Policía Especializada en Procesamiento de la Escena del Probable Hecho Delictivo;

 

  1. Municipales:

 

  1. a) La Policía Preventiva y de Tránsito, con todas las unidades y agrupamientos que prevean sus reglamentos respectivos.

 

Artículo 48. Las atribuciones de la Policía Preventiva Estatal, Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, Policía Especializada en Procesamiento de la Escena del Probable Hecho Delictivo y Personal de Seguridad y Custodia de los Centros de Reinserción Social, estarán contenidas en los ordenamientos respectivos, los cuales invariablemente deberán contener las facultades específicas que en materia de prevención, investigación científica, de reacción y custodia sean atribuibles a cada una de ellas.

 

Artículo 49. A la Policía Ministerial le competen las facultades que determinen la presente Ley, la legislación procesal aplicable, y los demás reglamentos respectivos.

 

Artículo 50. El mando supremo de las Instituciones de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, corresponde al Gobernador, quien delega el ejercicio de esta función en el ámbito de sus competencias al Secretario de Seguridad Pública, para los efectos de llevar a cabo lo dispuesto en el presente ordenamiento y las demás Leyes aplicables.

 

El mando directo e inmediato de la policía municipal corresponde a los Presidentes Municipales, de conformidad con lo establecido en esta Ley y los reglamentos que de ella deriven, en los cuales se establecerán entre otros rubros los siguientes:

 

  1. a) La definición específica de funciones y responsabilidades de las instituciones policiales municipales y estatales en la prevención, atención de emergencias e investigación y combate a la delincuencia;

 

  1. b) Los protocolos de comunicación interinstitucional bajo una estrategia homologada con el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

 

  1. c) Los mecanismos homologados de evaluación y tableros de indicadores de desempeño;

 

  1. d) Los mecanismos de coordinación para la atención eficiente de contingencias entre el Estado y los Municipios;

 

El Gobernador en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público podrá dictar órdenes a las policías municipales, las que serán acatadas en términos de lo previsto por el artículo 115, fracción VII, de la Constitución General y el artículo 172, numeral 3, de la Constitución Local.

 

Artículo 51. Los Ayuntamientos, podrán celebrar convenios con el Estado, previa aprobación de sus cuerpos edilicios para que de manera directa se haga cargo en forma temporal de la prestación del servicio público a través de la policía preventiva estatal, o bien se preste coordinadamente entre ambos ámbitos de gobierno.

 

Artículo 52. Los ayuntamientos acordes con los lineamientos y políticas estatales, tienen competencia para:

 

  1. Formular, conducir y evaluar las políticas de Seguridad Pública Municipal;

 

  1. Regular a través de sus ordenamientos jurídicos respectivos, las acciones relativas a la seguridad pública y aquellas que no siendo tipificadas como delitos alteren el orden público o atenten las disposiciones de los bandos de policía y gobierno municipales;

 

III. Fomentar la aplicación de las tecnologías avanzadas, equipos y procesos que hagan eficiente la actividad de sus corporaciones, la integridad de sus elementos, las comunicaciones, y la atención a la ciudadanía, acorde a sus capacidades presupuestales, con pleno respeto a los derechos humanos, y

 

  1. Facultar al Presidente Municipal en la firma de convenios que sean el resultado de acuerdos emanados de los Consejos Estatal y Nacional.

 

Artículo 53. A las Policías Preventivas y Tránsitos Municipales, les competen las facultades que determinen la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y sus respectivos reglamentos, en todo lo que no contravenga a la presente Ley y la normatividad aplicable.

 

TÍTULO CUARTO

DE LOS AUXILIARES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 54. Las personas físicas o morales, prestadoras de los servicios de seguridad privada, las policías comunitarias y todos aquellos que realicen funciones y servicios relacionados con la seguridad pública, son auxiliares de la seguridad pública y se constituyen en dos categorías generales:

 

  1. Los auxiliares de instituciones públicas, y

 

  1. Los prestadores del servicio de seguridad privada.

 

Los cuales deberán regir su actuación en estricto apego a la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones respectivas.

 

CAPÍTULO II

AUXILIARES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

 

Artículo 55. Los auxiliares de instituciones públicas son:

 

  1. Las policías comunitarias, y

 

  1. Grupos de vigilancia vecinal.

 

Los cuales regirán su actuar de acuerdo con esta Ley y las demás Leyes y reglamentos que les competen en lo que no se opongan a la misma.

 

Artículo 56. Los ayuntamientos podrán autorizar con la opinión de la Secretaria de Seguridad Pública que en las colonias, poblados y demás comunidades de sus respectivos municipios, se establezcan policías comunitarias o grupos de vigilancia a cargo de los propios vecinos de la colonia o comunidad, sin contravenir al marco jurídico vigente y a la presente Ley, considerando los usos y costumbres en las localidades en donde apliquen. Las policías comunitarias solo podrán desempeñar sus funciones en la comunidad en que fueron conformadas.

 

Artículo 57. Los integrantes de las policías comunitarias o grupos de vigilancia señalados en el artículo anterior, no formarán parte de las corporaciones, ni de las instituciones de seguridad pública, no podrán desempeñar funciones reservadas a la Policía del Estado o del municipio, ni existirá vínculo profesional o de naturaleza similar con las corporaciones e instituciones de seguridad pública del Estado o los municipios y no podrán portar armas de fuego, ni objetos o artefactos destinados al uso exclusivo de las instituciones policiales. Quienes integren las policías comunitarias o los grupos de vigilancia, para la portación de armas de fuego, deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

 

Deberán estar inscritos en un padrón, que para el efecto deberán implementar los Ayuntamientos a través de los titulares de seguridad pública municipal, debiendo comunicarlo a la Secretaria de Seguridad Pública para los efectos correspondientes. Se abstendrán de utilizar vehículos, vestimenta o Leyendas, que provoquen confusión con los uniformes y distintivos propios de las instituciones de seguridad pública.

 

CAPÍTULO III

PRESTADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

 

Artículo 58. Por prestadores del servicio de seguridad privada se entenderá a las personas físicas o morales legalmente constituidas cuyo objeto social sea la prestación de servicios de seguridad, ya sea para la guarda o custodia de locales, establecimientos, negociaciones, estacionamientos, industrias o para la transportación de valores; quedan también asimiladas a este grupo las personas físicas que presten el servicio de seguridad por conducto de terceros empleados a su cargo.

 

Artículo 59. Las personas físicas o morales interesadas en prestar el servicio de seguridad privada, deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Guerrero.

 

Artículo 60. Ningún elemento operativo o personal administrativo de las instituciones de seguridad pública que se encuentre en activo, podrá ser socio, propietario o empleado por sí o por interpósita persona de una empresa que preste servicios de seguridad privada, siendo este supuesto, causal para negar o cancelar la autorización respectiva.

 

Artículo 61. Las empresas de seguridad privada serán directamente responsables de la relación laboral que exista con los trabajadores que contraten, de conformidad con las disposiciones legales en materia laboral. Por ningún motivo se considerará que tengan una relación laboral o administrativa con alguna institución de seguridad pública.

 

Artículo 62. El Secretario, proporcionará al Secretariado Ejecutivo, cuando así resulte necesario, la información relativa al registro del personal, equipo, información estadística y demás datos relativos a la seguridad privada, a través de los medios tecnológicos previstos por el Sistema Nacional, para efecto de mantener actualizado el padrón y lograr una mejor coordinación en materia de seguridad pública.

 

Artículo 63. Los elementos prestadores del servicio de seguridad privada contemplados en esta Ley, dando cumplimiento tanto de los requisitos de ingreso previstos en Ley de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Guerrero como la aprobación de los exámenes de control de confianza establecidos en la Ley, debiendo ser capacitados y certificados por el Colegio.

 

TÍTULO QUINTO

DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

 

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 64. El servicio de carrera en la Institución de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo a los agentes del ministerio público y sus auxiliares, y a los peritos profesional y técnico.

 

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes de ministerio público o peritos, no formarán parte del servicio de carrera por ese hecho; serán considerados personal de seguridad pública; serán nombrados y removidos por los ordenamientos de conformidad con lo establecido en la presente Ley, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

 

Los requisitos de ingreso, permanencia y terminación del servicio de carrera, estarán establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y su reglamento.

 

La policía ministerial para la investigación y persecución de los delitos, se someterá al régimen establecido en el Título Sexto de la presente Ley que será aplicado, operado y supervisado por la Institución de Procuración de Justicia.

 

TÍTULO SEXTO

DEL DESARROLLO POLICIAL

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 65. El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales.

 

Artículo 66. Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

 

Los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del Estado y de los municipios, serán separados de sus cargos de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza serán removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

 

Artículo 67. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica y sus auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las Leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgada por un importe de tres meses de salario otorgada por la resolución jurisdiccional correspondiente.

 

Artículo 68. Las Instituciones de Seguridad Pública, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

 

  1. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;

 

  1. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y

 

III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

 

En el caso de las instituciones de seguridad pública municipales, la función de investigación a que se refiere la fracción I, invariablemente se desarrollará bajo la dirección expresa y supervisión del agente del ministerio público que conozca del asunto de conformidad con la legislación procesal aplicable, para lo cual permanecerán en estricta coordinación.

 

Artículo 69. Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de la Institución de Procuración de Justicia, o bien en las instituciones policiales, o en ambas, mediante acuerdo o decreto expreso del Ejecutivo, y para el desempeño de sus funciones se coordinarán en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 70. El Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, establecerá las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

 

  1. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, e informar inmediatamente al Ministerio Público por cualquier medio, así como hacerle de conocimiento las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;

 

  1. Recibir denuncias anónimas y, de forma inmediata, dar conocimiento al Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación;

 

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;

 

  1. Efectuar las detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga;

 

  1. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;

 

  1. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;

 

VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

 

VIII. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;

 

  1. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

 

  1. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

 

  1. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

 

  1. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

 

  1. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

 

  1. Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

 

  1. Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

 

  1. Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

 

XII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que le sean instruidos;

 

XIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía Especializada en Procesamiento de la Escena del Hecho Delictivo y al Ministerio Público conforme a las disposiciones legales respectivas y a las Leyes penales aplicables al caso específico;

 

XIV. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior;

 

  1. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente, y

 

XVI. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

 

CAPÍTULO II

DE LA CARRERA POLICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN

 

Artículo 71. La carrera policial es el instrumento básico para la formación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente para cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de selección, ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, actualización, evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los siguientes fines:

 

  1. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;

 

  1. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;

 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;

 

  1. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y;

 

  1. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la presente Ley.

 

Artículo 72. Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, considerando al menos las categorías siguientes:

 

  1. Comisarios;

 

  1. Inspectores;

 

III. Oficiales, y

 

  1. Escala Básica.

 

En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

 

Artículo 73. Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

 

  1. Comisarios:

 

  1. a) Comisario General;

 

  1. b) Comisario Jefe, y

 

  1. c)

 

  1. Inspectores:

 

  1. a) Inspector General;

 

  1. b) Inspector Jefe;

 

  1. c)

 

III. Oficiales:

 

  1. a) Subinspector;

 

  1. b) Oficial, y

 

  1. c)

 

  1. Escala Básica:

 

  1. a) Policía Primero;

 

  1. b) Policía Segundo;

 

  1. c) Policía Tercero, y

 

  1. d) Policía.

 

Artículo 74. Las instituciones policiales, se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

 

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía. Las instituciones policiales, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

 

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

 

Artículo 75. El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de las instituciones policiales con relación a las áreas operativas y de servicios será:

 

  1. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y

 

  1. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

 

Artículo 76. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

 

  1. Las Instituciones policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;

 

  1. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

 

III. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;

 

  1. Sólo ingresarán y permanecerán en las instituciones policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;

 

  1. La permanencia de los integrantes en las instituciones policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;

 

  1. Los méritos de los integrantes de las instituciones policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las Leyes respectivas;

 

VII. Para la promoción de los integrantes de las instituciones policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las instituciones policiales;

 

  1. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;

 

  1. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, solo podrá ser autorizado por la instancia que señale la Ley de la materia, y

 

  1. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial;

 

XII. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las instituciones de seguridad pública. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección;

 

XIII. En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando sus grados policiales y derechos inherentes a la Carrera Policial.

 

Artículo 77. La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones policiales.

 

Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la Ley sobre los aspirantes aceptados.

 

Artículo 78. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en el Colegio, el período de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

 

Artículo 79. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales.

 

Artículo 80. Las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y los auxiliares de instituciones públicas, incorporarán única y exclusivamente al servicio a quienes cuenten con las certificaciones que emita el Colegio, sometiéndose a un proceso de evaluación y cumpliendo con los requisitos siguientes y por cuanto hace a los prestadores del servicio de seguridad privada se someterán al reglamento de la materia:

 

  1. De Ingreso:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

 

  1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

 

III. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

 

  1. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

 

  1. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, se requerirá enseñanza superior o equivalente;

 

  1. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, se requerirá enseñanza media superior o equivalente;

 

  1. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, se requerirán los estudios correspondientes a la enseñanza media básica, y

 

  1. En el caso de los auxiliares de seguridad pública, se requerirá la acreditación de los estudios por lo menos correspondientes a la enseñanza básica;

 

  1. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

 

  1. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

 

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

 

  1. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

 

  1. De Permanencia:

 

  1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

 

  1. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

 

III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

 

  1. Acreditar que está cursando satisfactoriamente los estudios correspondientes al grado de escolaridad siguiente al comprobado para el ingreso, hasta concluir con el requisito previsto por la Ley General;

 

  1. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

 

  1. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

 

VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

 

VIII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;

 

  1. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

 

  1. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días consecutivos dentro de un término de treinta días, y

 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 81. Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las instituciones policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

 

Artículo 82. El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las instituciones policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

 

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

 

Artículo 83. La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las instituciones policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

 

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

 

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

 

Para ocupar un grado dentro de las instituciones policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

 

Artículo 84. Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las instituciones policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

 

Artículo 85. La antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de la siguiente forma:

 

  1. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las instituciones de seguridad pública, y

 

  1. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

 

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

 

Artículo 86. Da lugar a la conclusión del servicio del elemento la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

 

  1. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:

 

  1. Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

 

  1. Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y

 

  1. Que del expediente del elemento no se acrediten méritos suficientes a juicio de los Consejos de Honor y Justicia, para conservar su permanencia.

 

  1. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o

 

  1. Baja, por:

 

  1. a) Renuncia;

 

  1. b) Muerte o incapacidad permanente, o

 

  1. c) Jubilación o Retiro.

 

Al concluir el servicio el elemento deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

 

Artículo 87. Los elementos de las instituciones policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

 

Artículo 88. La certificación es el proceso mediante el cual los elementos de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

 

Las Instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

 

Artículo 89. La certificación tiene por objeto:

 

  1. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por los Consejos Nacional y Estatal, y

 

  1. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las instituciones policiales:

 

  1. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

 

  1. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

 

  1. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

 

  1. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;

 

  1. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

 

  1. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

 

Artículo 90. La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones policiales.

 

Los planes de estudio para la profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe el Consejo Estatal, a propuesta del Secretariado Ejecutivo.

 

Artículo 91. El personal encargado de formar, capacitar, evaluar y certificar a los elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares será considerado trabajador de confianza y le serán aplicadas las mismas reglas de ingreso y egreso previstas en esta Ley; los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

 

CAPÍTULO III

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

Artículo 92. La actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución General y 4 de esta Ley.

 

Las instituciones policiales establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

 

Artículo 93. La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las Leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

 

Artículo 94. La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las instituciones de seguridad pública, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las Leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

 

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

 

Artículo 95. Las instituciones policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

Artículo 96. El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

 

Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

 

Artículo 97. La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

 

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

 

Artículo 98. La institución de procuración de justicia aplicará, operará y supervisará su régimen disciplinario a través de la instancia que para tal efecto determine, sobre las bases de la presente Ley en concordancia con su normatividad interna.

 

Artículo 99. En lo que se refiere a la prevención del abuso en el uso de la fuerza pública, se estará a lo dispuesto a la Ley de la materia.

 

TÍTULO SÉPTIMO

DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 100. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

 

  1. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;

 

  1. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;

 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

 

  1. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;

 

  1. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;

 

  1. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;

 

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;

 

  1. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;

 

  1. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;

 

  1. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, así como los lineamientos o protocolos de actuación que para el uso de la fuerza pública se emitan en base a las prevenciones generales a que refiere esta Ley;

 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

 

XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables conductas antisociales, hechos delictivos, o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;

 

  1. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;

 

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;

 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;

 

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

 

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;

 

  1. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;

 

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;

 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;

 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;

 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;

 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y

 

XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 101. Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

 

  1. Registrar en el informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice, debiendo en el caso del empleo de la fuerza pública detallar de manera pormenorizada las condiciones o circunstancias que motivaron el uso de la misma;

 

  1. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública, en los términos de las Leyes correspondientes;

 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de conductas antisociales o delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

 

  1. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;

 

  1. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

 

  1. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;

 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;

 

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

 

  1. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, cuando sean la primera autoridad policial en conocer del hecho probable delictivo, conforme a los lineamientos, protocolos, manuales y cualquier otro dispositivo legal previstos en las Leyes penales;

 

  1. Recabar los datos e información mediante entrevistas a los testigos, debiendo dar aviso a la Policía Especializada en Procesamiento de la Escena del Hecho Delictivo y al Ministerio Público correspondiente;

 

  1. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;

 

XII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y

 

XIII. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional, congruente, oportuna, cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

 

Artículo 102. El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

 

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la Ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.

 

Artículo 103. Los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

 

  1. El área que lo emite;

 

  1. El usuario capturista;

 

III. Los Datos Generales de registro;

 

  1. Motivo, que se clasifica en;

 

  1. Tipo de evento, y

 

  1. Subtipo de evento;

 

 

  1. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;

 

  1. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.

 

VII. Entrevistas realizadas, y

 

VIII. En caso de detenciones:

 

  1. a. Señalar los motivos de la detención;

 

  1. Descripción de la persona;

 

  1. El nombre del detenido y apodo, en su caso;

 

  1. Descripción de estado físico aparente;

 

  1. Objetos que le fueron encontrados;

 

  1. Autoridad a la que fue puesto a disposición, y

 

  1. Lugar en el que fue puesto a disposición.

 

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

 

Artículo 104. Las instituciones de seguridad pública impondrán las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y en el reglamento de la materia. Los órganos competentes que conocerán de éstos serán los previstos en su propia legislación y reglamentos.

 

Las sanciones y procedimientos de aplicación se especificarán en el reglamento de la presente Ley y serán, al menos, las siguientes:

 

  1. Correctivos Disciplinarios:

 

  1. Amonestación, o

 

  1. Arresto el cual no excederá de 36 horas.

 

  1. Sanciones:

 

  1. Cambio de Adscripción;

 

  1. Suspensión temporal de funciones, o

 

  1. Destitución o remoción.

 

CAPÍTULO II

DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECONOCIMIENTOS

 

Artículo 105. Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Guerrero y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.

 

Las controversias que se generen con motivo de las prestaciones de seguridad social serán competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 

Artículo 106. La autoridad competente emitirá una Ley de observancia general para el Estado y los Municipios, en la cual se instrumenten los sistemas complementarios de seguridad social a que se refiere el artículo anterior, con la finalidad de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del ministerio público, de las instituciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes.

 

Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en la Ley que para tal efecto se expida, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

 

CAPÍTULO III

DEL COLEGIO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 107. La Secretaría, establecerá y operará Academias o Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

 

  1. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;

 

  1. Capacitar a los servidores públicos en materia de investigación científica y técnica, recolección y resguardo de objetos relacionados con la investigación de delitos; así como en el rubro de preservación y procesamiento de lugares o de hallazgos probablemente delictivos;

 

III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

 

  1. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;

 

  1. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;

 

  1. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;

 

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;

 

VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;

 

  1. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;

 

  1. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;

 

  1. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;

 

XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;

 

XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;

 

XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;

 

  1. Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;

 

XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y

 

XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 108. En materia de planes y programas de profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaria de Seguridad Pública, tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta Ley lo siguiente:

 

  1. Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;

 

  1. Los aspectos que contendrá el Programa Rector;

 

III. Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;

 

  1. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;

 

  1. Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;

 

  1. Los programas de investigación académica en materia policial;

 

VII. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;

 

VIII. La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y

 

  1. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

 

TÍTULO OCTAVO

DE LA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO

 

Artículo 109. Las instituciones de seguridad pública estatales o municipales tienen como misión primordial la prevención del delito; de manera primaria, mediante intervenciones frente a los factores que provocan las conductas antisociales, así como fortaleciendo las causas que generan seguridad pública y de manera secundaria mediante las tareas de producción de información criminal, vigilancia, reacción inmediata y detenciones en flagrancia.

 

El Gobernador y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias o de manera conjunta a través de la celebración de convenios, podrán implementar los programas que consideren pertinentes para prevenir conductas delictivas en el Estado, entre otros, aquellos que deriven de la conducción de automotores en estado de ebriedad en términos de la normativa aplicable y conforme a los elementos objetivos con que cuente, en la forma, temporalidad y zonas que estime más apropiados, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

Artículo 110. Por prevención se entiende el conjunto de acciones, programas, estrategias y políticas públicas, que desarrollen y ejecuten las instituciones de seguridad pública, con participación de la sociedad, para actuar sobre los factores que generan o favorecen las conductas antisociales, a fin de impedir su ocurrencia, pudiendo imponer las sanciones administrativas correspondientes, conforme a la normativa aplicable.

 

Las instituciones señaladas deberán promover la participación de la sociedad, especialmente de centros de investigación, instituciones de educación superior, barras y asociaciones de profesionistas y en general de todas aquellas personas físicas y morales que siendo científicos o especialistas puedan aportar soluciones para el fortalecimiento de la seguridad pública en el Estado.

 

Artículo 111. El Poder Ejecutivo desarrollará, de manera enunciativa, como acciones fundamentales de prevención, las siguientes:

 

  1. La promoción de valores sociales y cívicos que induzcan a los individuos al conocimiento y al respeto de la legalidad y los derechos humanos;

 

  1. El tratamiento de las adicciones;

 

III. El tratamiento y disminución de la violencia familiar y el fortalecimiento de la integración familiar;

 

  1. El fomento de las intervenciones multidisciplinarias, entre otras las de índole cultural, de educación, deportivas, médicas y laborales, ante los grupos de mayor riesgo o propensión hacia las conductas antisociales;

 

  1. El apoyo a los esfuerzos colectivos e individuales de autoprotección en su integridad física y patrimonial;

 

  1. El abatimiento de la marginación económica y social de las poblaciones más vulnerables, mediante la coordinación con instituciones de desarrollo social, económico y agropecuario, de manera estratégica en aquellas zonas cuya prosperidad impacte en el descenso de los índices delictivos, y

 

VII. El impulso de habilidades de comunicación, producción, creatividad y en general de la inteligencia social que permita la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, y

 

VIII. La implementación de campañas, programas y estrategias específicas durante las temporadas del año en que se requiera ya sea por la afluencia turística en el Estado o por existir elementos objetivos que así lo hagan necesario.

 

Artículo 112. Las actividades de prevención a desarrollar requerirán de la participación multidisciplinaria de autoridades de diferentes ámbitos de gobierno, organizaciones civiles, instituciones educativas y especialistas, bajo la coordinación de la Secretaría.

 

Artículo 113. Las instituciones de seguridad pública deberán rendir informes públicos periódicos sobre el avance de los programas de prevención, debiendo evaluarse en los Consejos Estatal y Municipales, en la forma que determine el reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 114. El Poder Ejecutivo combatirá las causas que generan las faltas administrativas, conductas antisociales y la comisión de delitos, a través de las siguientes acciones:

 

  1. La aplicación imparcial de las Leyes;

 

  1. La inmediatez en la actuación de las autoridades en la prevención, en la investigación preventiva y para la persecución del delito, en la propia persecución del delito, en la administración de justicia y en la reinserción social;

 

III. La profesionalización y capacitación de los miembros de las instituciones de seguridad pública en todos sus niveles jerárquicos y de gobierno;

 

  1. El fortalecimiento económico, cultural y educativo de los guerrerenses;

 

  1. El fortalecimiento de la participación ciudadana para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública;

 

  1. Implementar, expedir y ejecutar programas y operativos que permitan prevenir los delitos y faltas administrativas, con la participación de las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable y a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y

 

VII. La aplicación de los conocimientos y descubrimientos científicos para el logro de lo expuesto en las fracciones anteriores del presente artículo.

 

Artículo 115. El Gobernador adoptará de inmediato las providencias necesarias que permitan salvaguardar la vida y la integridad personal de los afectados que, como consecuencia de las acciones realizadas, dentro de la Entidad, por los Cuerpos de Seguridad Pública o de las fuerzas armadas federales, cuya finalidad haya sido preservar la seguridad pública y que por las cuales se haya causado daño o perjuicio a las personas o sus bienes, ordenando, resarcir el daño causado.

 

Lo anterior independientemente y sin perjuicio de las pretensiones o acciones que correspondan a los afectados, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 113 Segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

CAPÍTULO II

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

 

Artículo 116. La Secretaría establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

 

Dicha participación se realizará en coordinación y corresponsabilidad con las instituciones de seguridad pública y las dependencias necesarias de la administración pública, a través de:

 

  1. La comunidad, tenga o no estructura organizada, y

 

  1. La sociedad civil organizada.

 

Artículo 117. Las instituciones de seguridad pública realizarán las acciones necesarias para establecer un servicio para la localización de personas y bienes.

 

Promoverán el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

 

El servicio tendrá comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Pública, la cual inmediatamente canalizará a las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas que corresponda, para su efectiva atención.

 

Artículo 118. Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, los integrantes del Sistema Estatal que prevé esta Ley, promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

 

  1. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

 

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

 

  1. Realizar labores de seguimiento;

 

  1. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

 

  1. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

 

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

 

Artículo 119. Las instituciones de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con entidades de consulta y participación de la comunidad denominadas:

 

  1. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana;

 

  1. Observatorio Ciudadano Urbano de Seguridad Pública, y

 

III. Consejo de Seguridad Pública.

 

Dichas entidades deberán estar permanentemente coordinadas a efecto de analizar las demandas ciudadanas, el resultado de las acciones previstas en el Artículo anterior, y generar las políticas públicas de seguridad necesarias derivadas de las mismas.

 

El Secretario Ejecutivo, concentrará las propuestas y dará cuenta de ellos al Consejo Estatal, sometiendo a su consideración las propuestas de política de seguridad a implementar en el Estado.

 

Artículo 120. La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

 

  1. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito;

 

  1. El desempeño de sus integrantes;

 

III. El servicio prestado, y

 

  1. Los resultados de los estudios se darán a conocer al Consejo Estatal, que servirán, en su caso, para la reformulación de políticas públicas en la materia.

 

El Centro Estatal de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

 

CAPÍTULO III

DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN

 

Artículo 121. Para los casos de emergencia, la población podrá disponer del servicio telefónico de atención de emergencias denominado “Número Único de Emergencia 911”.

 

Los llamados de emergencia serán trasmitidos en forma inmediata a las unidades operativas respectivas, de manera imparcial, eficiente y se les dará puntual seguimiento. Las llamadas que no se refieran a conductas antisociales, delitos o infracciones en proceso o recién consumados, se canalizarán a la dependencia que corresponda.

 

Las instituciones de seguridad pública, informarán a los denunciantes o quejosos sobre los resultados de sus llamados de emergencia.

 

Artículo 122. Para los casos de quejas y denuncias en contra de elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública, así como de funcionarios de la administración pública en general, el Estado pondrá a disposición de la población, el servicio telefónico de atención de denuncias denominado “Sistema Nacional de Atención de Denuncia Anónima 089”.

 

La institución responsable de registrar y operar el Sistema Nacional de Atención de Denuncia Anónima 089 en el Estado de Guerrero, será la Secretaría, la cual canalizará al área correspondiente, la denuncia recibida y dará seguimiento hasta su conclusión.

 

El Secretariado Ejecutivo será el responsable de evaluar el oportuno seguimiento, dado a las denuncias correspondientes.

 

Artículo 123. En el caso de que el responsable de dar cumplimiento al llamado de emergencia o seguimiento a la denuncia anónima, no lo haga, o lo haga de manera ineficiente, incurrirá en responsabilidad administrativa o penal según sea el caso.

 

Artículo 124. El reglamento de la presente Ley establecerá y regulará los procedimientos a que deberá sujetarse la operación de los sistemas referidos en este capítulo.

 

CAPÍTULO IV

DE LA INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

 

Artículo 125. La policía preventiva estatal y municipal, a través de sus áreas correspondientes, desarrollará labores de recolección, procesamiento, análisis, interpretación y difusión de información que permitan la planeación de la vigilancia y de los operativos para inhibir o detener en flagrancia a personas que hayan cometido conductas antisociales o delitos, y hacerlo del conocimiento del Ministerio Público.

 

Artículo 126. En las actividades de prevención del delito y para la obtención de información, la policía preventiva podrá valerse de la recepción de denuncias anónimas, disponiendo acciones para su publicidad y promoción. Toda denuncia anónima deberá ser registrada y dársele el seguimiento oportuno, del que se dará cuenta de manera al pleno del Consejo Estatal.

 

Artículo 127. Para los fines anteriores, las instituciones de seguridad pública podrán instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales debidamente identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión con propósitos de vigilancia y control de tránsito.

 

CAPÍTULO V

DE LA VIGILANCIA Y EL PATRULLAJE

 

Artículo 128. Se entiende por vigilancia toda actividad de atención y cuidado para brindar protección a las personas para salvaguardar su integridad y patrimonio y preservar el orden y la paz públicos; la vigilancia fija se realizará en zonas determinadas que por su índice delictivo lo requieran, a fin de evitar la comisión de delitos o realizar detenciones en casos de comisión flagrante de los mismos; la vigilancia móvil consistirá en acciones de vigilancia permanente de caminos, avenidas, calles, plazas, parques, jardines, caminos rurales y demás espacios públicos.

 

En todo momento los integrantes de las instituciones respetarán los derechos humanos y ajustarán su comportamiento a lo dispuesto por la Constitución General, la Constitución Local, los Tratados Internacionales, las Leyes, reglamentos y manuales de procedimientos y demás ordenamientos aplicables.

 

Artículo 129. En las labores diarias de vigilancia y patrullaje se buscará una distribución racional de la fuerza policial y que los elementos asignados puedan cubrir áreas en forma adecuada y eficiente, que enfoquen las necesidades específicas que cada área asignada plantea, que desarrollen una capacidad de reacción expedita y mantengan una relación cercana con los habitantes de modo que les inspiren confianza y puedan reconocer las preocupaciones de los mismos, además de propiciar su colaboración.

 

Artículo 130. Las policías preventivas estatales y municipales podrán desarrollar operativos de vigilancia y patrullaje para detener en flagrancia, mediante el uso de los medios idóneos para tal fin, a quien cometa conductas antisociales o delitos.

 

CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS

 

Artículo 131. Con el objeto de establecer el Sistema de Prevención, Combate, Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas, garantizándoles a éstas el respeto a su derecho a la libertad y la dignidad o de quienes podrían convertirse en víctimas, trátese de residentes o trasladadas al territorio del estado de Guerrero, las autoridades que constituyen al Consejo Estatal de Seguridad Pública en términos del artículo 10 de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones tienen la obligación de coordinarse para perseguir el delito de trata de personas, realizando las investigaciones y acciones necesarias para sancionar a los responsables, brindar atención y protección a los sujetos pasivos y, fundamentalmente, para prevenir la comisión del delito mediante el desarrollo de programas y acciones permanentes.

 

Artículo 132. El Consejo Estatal de Seguridad Pública, conformará en los términos del artículo 14 de la presente Ley, una comisión permanente cuyo propósito será promover, proponer y concertar acciones en la Entidad que prevengan, combatan y procuren la sanción de la trata de personas y de todos los medios que le asisten a su perpetración.

 

Artículo 133. En la conformación de esta Comisión, el Consejo Estatal deberá garantizar que la misma contará con los representantes de las dependencias de la administración pública estatal, del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia y de los especialistas, académicos y representes de la sociedad, suficientes para cumplir con los; cometidos siguientes:

 

  1. Elaborar los estudios para conformar un diagnóstico anual acerca de la situación de la trata de personas en el Estado;

 

  1. Proponer al Consejo Estatal el diseño de programas para contrarrestar la trata de personas en Guerrero;

 

III. Diseñar y proponer campañas para la prevención de la trata de personas;

 

  1. Recomendar la expedición o adecuación de normas en materia de trata de personas, a las autoridades estatales y municipales;

 

  1. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas destinados a combatir y contrarrestar la trata de personas;

 

  1. Sugerirle al Consejo Estatal acciones de coordinación interinstitucional para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas;

 

VII. Concertar la cooperación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la prevención y erradicación de la trata de personas, vinculándolas a través del Secretario Ejecutivo con el Consejo Estatal;

 

VIII. Promover con la intervención del Secretario Ejecutivo y del Consejo Estatal, la celebración de convenios de colaboración interinstitucional y de coordinación con otras entidades federativas, así como con los municipios, en relación con la seguridad, internación, transito o destino de las víctimas del delito de trata de personas, con el propósito de proteger sus derechos, orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistirlas en el regreso a su lugar de residencia, así como para prevenir este delito y sancionar a quienes intervengan o participen en él;

 

  1. Promover con apoyo del Secretario Ejecutivo y el Consejo Estatal, la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la prevención, protección y atención a las víctimas de la trata de personas;

 

  1. Recopilar, con la ayuda de instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones y para la elaboración de los programas en la materia. Dicha información deberá contener:

 

  1. El número de detenciones, procesos judiciales y sentencias condenatorias en el que estén involucrados tratantes de personas; y

 

  1. El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad, modalidad de victimización, y en su caso, calidad migratoria.

 

  1. Elaborar esquemas que someta a la consideración del Consejo Estatal, de cómo propiciar una adecuada comunicación y colaboración con otros órganos colegiados de la Federación, las Entidades Federativas y la Ciudad de México, con facultades para combatir y erradicar la trata de personas;

 

XII. Fungir como órgano asesor de los tres poderes públicos del Estado de en materia de trata de personas, y

 

XIII. Las demás que el Consejo Estatal le atribuya para cumplir cabalmente con su propósito.

 

Artículo 134. El Consejo Estatal en materia de trata de personas, además de las atribuciones que tiene enunciadas en el artículo 15 de la presente Ley, tendrá en materia de política de prevención y protección a las víctimas de la trata de personas, las siguientes:

 

  1. Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente al delito de trata de personas y los derechos de las víctimas;

 

  1. Proponer medidas educativas, sociales, culturales y de cualquier otra índole para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación relacionada con la trata de personas, señalando las repercusiones que el delito conlleva;

 

III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las víctimas;

 

  1. Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de personas;

 

  1. Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir los factores de vulnerabilidad de las personas;

 

  1. Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la lucha contra el crimen organizado, la impunidad y la aceptación social del delito, y

 

VII. Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de trata de personas.

 

Artículo 135. Las autoridades y dependencias que integran al Consejo Estatal de Seguridad Publica, con el objeto de procurarles a las víctimas del delito de trata de personas la restitución de sus derechos y dignidad, dentro de la esfera de competencia de cada una, garantizaran a los sujetos pasivos de este delito lo siguiente:

 

  1. Proporcionarles información, asesoramiento en su idioma 0 lengua materna sobre sus derechos y el proceso de los trámites judiciales y administrativos, de manera gratuita y expedita, acorde a su edad y madurez;

 

  1. Otorgarles pronta atención médica y psicológica;

 

III. Brindarles un trato respetuoso acorde a su integridad y garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos, tomando en cuenta su edad, especialmente cuando se trate de menores de dieciocho años;

 

  1. Ordenar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas;

 

  1. Proteger y tutelar su identidad y la de su familia;

 

  1. Permitirles su estancia en el país de conformidad con la legislación aplicable;

 

VII. Facilitarles el retorno al lugar en el que tuvieran su domicilio, y

 

VIII. Las demás que se precisen necesarias para restituirles el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos.

 

TÍTULO NOVENO

DE LA PLANEACIÓN

 

CAPÍTULO I

DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 136. El Programa Estatal es un instrumento que tiene como propósitos:

 

  1. Formalizar ante la sociedad los compromisos de mejora constante de la seguridad pública y en particular la prevención del delito;

 

  1. Establecer los mecanismos para combatir las causas generadoras de inseguridad pública;

 

III. Desarrollar las operaciones de una manera organizada, racional y eficiente, y

 

  1. Facilitar la rendición de cuentas y la evaluación del sistema estatal.

 

Artículo 137. El Programa Estatal contendrá:

 

  1. Un diagnóstico de la situación de la seguridad pública en el Estado, que deberá incluir:

 

  1. Los objetivos a alcanzar, entendidos como los cambios cualitativos que deberán producirse en el período correspondiente, y

 

  1. Las metas sustantivas a lograr, entendidas como los cambios cuantitativos y mensurables que deberán producirse en el período, particularmente en materia de reducción del delito y abatimiento de la impunidad;

 

  1. Las estrategias y líneas de acción para el logro de los objetivos y metas, que deberá incluir:

 

  1. Los subprogramas específicos, incluidos los municipales, así como aquellos que sean objeto de coordinación con dependencias y organismos de la administración pública federal o con los gobiernos de otras entidades federativas y de los que requieran de concertación con grupos sociales, y

 

  1. Los subprogramas anuales de prevención del delito violento contra las mujeres para auxiliar a disminuir el impacto de éste en ellas, y de capacitación y entrenamiento para la atención a mujeres víctimas de delitos violentos;

 

III. Las metas operativas correspondientes a dichos subprogramas;

 

  1. El cronograma que prevea los tiempos para el cumplimiento parcial o total de los objetivos y metas;

 

  1. Las unidades administrativas responsables de la ejecución, seguimiento, evaluación y control de las acciones del programa, y

 

  1. El proyecto presupuestal estimado para el periodo.

 

Artículo 138. El Programa Estatal incluirá objetivos y metas de prevención y reducción de conductas antisociales o delitos aun cuando estos no sean denunciados. Para medir el cumplimiento de tales objetivos y metas se considerarán los resultados del sistema de encuestas periódicas de victimización que establezca el Consejo Estatal.

 

Artículo 139. El Programa Estatal deberá elaborarse conforme a lo establecido por la Ley Estatal de Planeación y mediante un amplio proceso de consulta a la población, tanto a particulares como a asociaciones y agrupaciones civiles, que incluya: foros, recepción de propuestas por escrito, invitación a expertos y las opiniones y acuerdos de los Consejos en materia de Seguridad Pública.

 

Corresponde a la Secretaría conducir el proceso de consulta y elaboración del Programa.

 

El Programa Estatal deberá elaborarse y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la fecha en que tome posesión el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y se revisará anualmente.

 

El Consejo Estatal a través del Secretariado Ejecutivo, la Secretaría y los Presidentes Municipales darán amplia difusión al programa, enfatizando la forma en que la población puede participar en el cumplimiento del mismo.

 

Artículo 140. Con base en el Programa Estatal, las instituciones de seguridad pública elaborarán y aplicarán Programas Operativos Anuales, con características similares a las del primero.

 

Artículo 141. Una vez publicado el Programa Estatal, los titulares de las instituciones de seguridad pública harán del conocimiento de sus subalternos cuáles son los objetivos y metas específicas que les corresponden alcanzar.

 

Los elementos de la instancia jerárquica inferior darán acuse de recibo sobre los objetivos y metas que les han sido notificadas y de ese modo asumirán el solemne compromiso de su cumplimiento.

 

Artículo 142. El incumplimiento reiterado de las metas programáticas parciales o finales, será causal de responsabilidad para los integrantes de las instituciones de seguridad pública en todos sus niveles jerárquicos, conforme corresponda a la Ley de Responsabilidades.

 

CAPÍTULO II

DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES

 

Artículo 143. Los Presidentes Municipales deberán elaborar el Programa Municipal, para lo cual seguirán los lineamientos establecidos en los artículos anteriores.

 

Dichos programas deberán ser congruentes con las políticas, planes y programas del Gobierno del Estado en materia de desarrollo y seguridad pública.

 

TÍTULO DÉCIMO

DE LA INFORMACIÓN ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I

DEL CENTRO ESTATAL DE ANÁLISIS DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 144. Las instituciones de seguridad pública integrarán instrumentos, políticas y actividades de inteligencia, planeación, recolección, registro, procesamiento, e intercambio de información sobre seguridad pública, mediante instrumentos tecnológicos modernos que permitan el acceso a los usuarios autorizados de modo fácil y al mismo tiempo seguro, de conformidad con los acuerdos que al efecto establezca el Consejo Nacional.

 

Toda institución de seguridad pública, está obligada a suministrar la información necesaria a las bases de datos del Sistema Nacional, en los términos de la Ley General y acuerdos de los Consejos Nacional y Estatal.

 

Artículo 145. Para los efectos del artículo anterior, el Análisis de la Información, estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la Unidad Administrativa denominada Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública, la que será la encargada de concentrar la información con el fin de contar con estadísticas, índices delictivos, estrategias, programas y estudios especializados, que permitan cumplir con los objetivos y metas propuestas, en materia de seguridad pública.

 

La información se enlazará con el sistema de información sobre seguridad pública, con lo que tendrá acceso a las bases de datos de todo el país y contará de esta manera, con la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

 

El Coordinador del Centro Estatal, deberá contar con licenciatura y cédula profesional debidamente registrada y experiencia en el análisis de la información y con experiencia acreditada en la materia.

 

El Secretario dispondrá la evaluación periódica del funcionamiento del Centro Estatal y ordenará las acciones procedentes.

 

Artículo 146. Las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, estarán obligadas a remitir la información que le sea solicitada por el Centro Estatal, para los fines previstos en el artículo anterior.

 

El incumplimiento de proveer la información para integrar el Centro Estatal será causal de responsabilidad por parte de la autoridad de seguridad pública emisora, de conformidad con lo previsto por la Ley de Responsabilidades.

 

Artículo 147. El Reglamento determinará las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso a la información, la que tendrá siempre un responsable de inscripción. En los casos necesarios se asignará una clave confidencial a los responsables de inscribir y a las personas autorizadas para obtener la información de los sistemas, a fin de que exista la debida constancia de cualquier movimiento o consulta.

 

Artículo 148. La utilización de los registros se hará bajo los más estrictos principios de confidencialidad y de reserva. La consulta a los registros se realizará única y exclusivamente por las autoridades señaladas en el artículo 7 de este ordenamiento y el Secretario Ejecutivo.

 

En caso de que un Presidente Municipal requiera información sobre seguridad pública, relacionada con su municipio, deberá solicitarla por escrito al Secretario.

 

El Consejo de Información Clasificada de la Secretaría, determinará la información que deba ser clasificada como pública, reservada o confidencial.

 

CAPÍTULO II

DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL CENTRO ESTATAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 149. Los insumos que se recopilarán para alimentar al Centro Estatal y las unidades de información y estadística de cada una de las instituciones de seguridad pública, serán:

 

  1. Los partes diarios, bitácoras e informes de las policías municipales y estatal;

 

  1. Los registros estadísticos de conductas antisociales y delitos de las averiguaciones previas y carpetas de investigación;

 

III. Los resultados de las encuestas de victimización y demás estudios para reconocer las conductas antisociales y delitos no denunciados, así como las infracciones no registradas oficialmente;

 

  1. Los reportes del sistema de emergencias, denuncias y quejas;

 

  1. Los informes provenientes de los órganos de programación, evaluación, carrera policial, supervisión, asuntos internos y honor y justicia;

 

  1. Los informes de las instituciones y unidades administrativas de prevención primaria y centros de reinserción social;

 

VII. La información sobre el número de consignaciones y/o vinculaciones por parte del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales, las resoluciones en los respectivos autos de término, sentencias y otras resoluciones relativas a medidas cautelares;

 

VIII. Informes solicitados a distintas dependencias públicas relativas a la seguridad pública;

 

  1. Las bases de datos del Sistema Nacional;

 

  1. Información de medios de comunicación, instituciones académicas y civiles, y

 

  1. En general los datos provenientes de cualquier fuente que tenga relación con la seguridad pública.

 

Artículo 150. El Centro Estatal, establecerá un programa permanente de estudios para el reconocimiento de los delitos no denunciados y las infracciones no registradas oficialmente, mediante encuestas, investigaciones y otros métodos idóneos.

 

Se realizará una encuesta anual, la cual deberá llevar a cabo los mismos lineamientos que para el Programa Estatal, Al menos realizará una encuesta general anual, la cual seguirá la metodología científica universalmente aceptada.

 

Los resultados se darán a conocer dentro de los 90 primeros días al año siguientes al estudiado por la encuesta.

 

Así mismo, la información recopilada, clasificada y procesada a su vez servirá como insumo para la programación de acciones que fortalezcan el servicio de la seguridad pública, a saber:

 

  1. Evaluación operativa de las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Estadística criminal para la difusión al público en general;

 

III. Estadística criminal para la planeación de estrategias operativas de las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Mapas de incidencia;

 

  1. Producción de inteligencia para el combate al crimen, y

 

  1. Estudios sobre la fenomenología y etiología del fenómeno criminal.

 

El Reglamento establecerá las características y periodicidad de los productos.

 

Artículo 151. El Centro Estatal y las unidades de información y estadística de cada una de las instituciones de seguridad pública, resguardarán, clasificarán y procesarán la información recabada mediante archivos, bibliotecas y bases de datos disponibles para la consulta.

 

El Reglamento establecerá las normas, requisitos y niveles de acceso y restricción a estas bases y archivos, para los servidores públicos y el público en general.

 

Para el acceso del público en general el principio que prevalecerá es que todos los datos deben estar disponibles, salvo la información reservada por Ley, aquella que pueda comprometer la confidencialidad de operaciones en curso, la seguridad de los elementos, la vida privada o la honorabilidad de personas no sujetas a proceso penal.

 

El Estado administrara la información de las bases de datos estatal y municipal.

 

Artículo 152. El Secretario Ejecutivo, con la información que le proporcione la Secretaía de Seguridad Pública, deberá presentar al Consejo Estatal en forma trimestral, un informe estadístico delincuencial con los siguientes aspectos:

 

  1. Incidencias delictivas en faltas administrativas;

 

  1. Incidencia de delitos denunciados del fuero común en general;

 

III. Incidencia por cada tipo de delito del fuero común;

 

  1. Incidencia de delitos denunciados del fuero común en general por municipio;

 

  1. Incidencia por cada tipo de delito del fuero común por municipio;

 

  1. Número de averiguaciones previas consignadas con detenido y sin detenido por cada tipo de delito, así como carpetas de investigación vinculadas a proceso sin detenido y por cada tipo de delito;

 

VII. Número de averiguaciones previas y carpetas de investigación remitidas a la reserva;

 

VIII. Número de órdenes de aprehensión solicitadas, obsequiadas, ejecutadas, canceladas y pendientes de ejecución;

 

  1. Adolescentes presentados ante el Ministerio Público; libertadas (sic), sujetos a proceso o medidas cautelares;

 

  1. Adolescentes sujetos a medidas cautelares;

 

  1. Antecedentes y series históricas de los conceptos antes expuestos;

 

XII. Número de Denuncias Anónimas denunciadas al 089, y

 

XIII. Reporte del seguimiento de Denuncias Anónimas captadas por el 089, de emergencias 911 y por cualquier otro medio que se hagan presenten estas.

 

Dicha información podrá ser utilizada para generar indicadores de medición del desempeño de las instituciones de seguridad pública.

 

Artículo 153. Por lo que respecta al Tribunal Superior de Justicia están obligados a proporcionar al Centro Estatal, datos sobre imputados presentados, incidentes de libertad y autos de formal prisión e información sobre las sentencias absolutorias y condenatorias, así como las confirmadas y revocadas que hubiesen sido recurridas en juicio de amparo.

 

CAPÍTULO III

DE LOS REGISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 154. Las Instituciones de Seguridad Pública, cumplirán y mantendrán actualizados los registros previstos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

En el Estado el responsable de la operación y seguimiento de los Registros Nacionales de Seguridad Pública será la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, siguiendo las políticas del Sistema Nacional y dando cumplimiento a los acuerdos nacionales.

 

La Secretaría de Seguridad Pública, entregará un informe de los avances y nivel de actualización de los registros de las Instituciones de Seguridad Pública al Secretariado Ejecutivo para hacerlo del conocimiento del Consejo Estatal.

 

CAPÍTULO IV

DEL REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 155. El Centro Estatal tendrá a su cargo la inscripción y actualización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley General.

 

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, o auxiliares de la seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo notificará inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del Secretariado Ejecutivo.

 

Artículo 156. Los titulares de las instituciones de seguridad pública, deberán llevar a cabo una consulta previa a las bases de datos Nacional y Estatal, del personal aspirante a ingresar a alguna institución de seguridad pública, con la finalidad de mantener el orden y el control de personas aspirantes que no reúnan los perfiles para formar parte de las instituciones de seguridad pública.

 

CAPÍTULO V

DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO

 

Artículo 157. Las instituciones de seguridad pública y, en su caso, sus auxiliares, deberán dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General, en lo que se refiere al Registro Nacional de Armamento y Equipo.

 

Artículo 158. Las instituciones de seguridad pública declararán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

 

  1. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y

 

  1. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

 

Artículo 159. Los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública y los prestadores del servicio de seguridad privada, sólo podrán portar las armas de cargo que les hayan sido autorizadas individualmente o aquéllas que se les hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la institución de seguridad pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

 

A través de la Secretaría de Seguridad Pública, mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a sus integrantes. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

 

Artículo 160. En el caso de que los integrantes de las instituciones de seguridad pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

 

Artículo 161. La revista del armamento se pasará cuantas veces lo considere necesario la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría.

 

Artículo 162. En caso de que algún titular de las instituciones de seguridad pública, obstaculice la ejecución de la revista, será sujeto a procedimiento administrativo como lo establece la presente Ley.

 

Artículo 163. El incumplimiento de las disposiciones de este capítulo, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA REMOCIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA POLICIAL

 

CAPÍTULO I

DE LA REMOCION POLICIAL

 

Artículo 164. Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares:

 

  1. Cometer falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable, para las instituciones de seguridad pública;

 

  1. Infligir, tolerar y permitir actos de tortura, sanciones crueles, inhumanas y degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra;

 

III. Faltar a sus labores por tres o más días, en un período de treinta días naturales, sin permiso del Titular de la Dependencia Estatal o Municipal o sin causa justificada;

 

  1. Abandonar injustificadamente el servicio asignado;

 

  1. Resolución de autoridad competente que le impida continuar con el desempeño material de su servicio;

 

  1. No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

 

VII. Incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio, o cometer actos inmorales;

 

VIII. No observar buena conducta, ni respetar la persona y órdenes de sus superiores jerárquicos;

 

  1. Portar el arma a su cargo fuera del servicio o dentro del mismo, para un fin distinto a la seguridad pública;

 

  1. Poner en peligro a los particulares o a otros elementos de las instituciones de seguridad pública a causa de imprudencia, descuido o negligencia;

 

  1. Asistir a sus labores bajo el influjo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo

 

XII. Consumir cualquier tipo de droga, psicotrópico, enervante, estupefaciente fuera o dentro del servicio;

 

XIII. No obedecer sistemática e injustificadamente las órdenes que reciba de sus superiores con motivo del servicio que presta;

 

XIV. No custodiar y conservar la documentación e información que por razón del cargo o comisión esté a su cuidado o a la cual tenga acceso;

 

  1. Revelar asuntos secretos o reservados de los que tengan conocimiento, sin el consentimiento de su superior jerárquico;

 

XVI. Presentar por sí o interpósita persona, documentación alterada o falsificada;

 

XVII. Incumplir en forma reiterada con los objetivos y metas programáticas específicas que le correspondan;

 

XVIII. Aplicar a sus subalternos, en forma dolosa o reiterada, correctivos disciplinarios notoriamente injustificados;

 

XIX. Obligar por cualquier motivo a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de dádivas;

 

  1. Incumplir la prohibición de no ser socio, propietario o empleado por sí o por interpósita persona de empresas de seguridad;

 

XXI. Negar la información oficial que le sea solicitada por autoridades y órganos públicos autorizados;

 

XXII. Solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, en el ejercicio de sus funciones, dinero u objetos, mediante enajenación a su favor, o en precio notoriamente inferior a aquél al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para terceras personas;

 

XXIII. No acreditar las evaluaciones y exámenes de control de confianza;

 

XXIV. No atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de otras autoridades o de sus titulares;

 

XXV. No denunciar por escrito ante la autoridad correspondiente, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público, que pueda constituir responsabilidad administrativa o de cualquier otra naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables;

 

XXVI. Aprovechar la posición que su cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

 

XXVII. Ser condenado a pena de prisión resultado de una sentencia ejecutoriada;

 

XXVIII. Incurrir en alguna de las prohibiciones, establecidas en la presente Ley;

 

XXIX. Causar intencionalmente daño o destrucción de material, herramientas, vestuario, equipo, vehículos y en general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la misma;

 

XXX. Ser declarado responsable en cualquiera de los procesos instaurados en su contra, relativos a las causales contenidas en el presente artículo, y

 

XXXI. Las demás que señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 165. La gravedad de las sanciones será determinada por los Consejos de Honor y Justicia o la instancia correspondiente, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley, cuyos integrantes, deberán tomar en cuenta:

 

  1. La supresión de conductas que afecten a la ciudadanía o lesionen la imagen de la corporación e institución de Seguridad Pública;

 

  1. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial;

 

III. Los antecedentes, el nivel jerárquico y las condiciones del sujeto a procedimiento;

 

  1. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

 

  1. La antigüedad en el servicio policial, y

 

  1. La reincidencia en que haya incurrido el sujeto a procedimiento, la cual haya sido concluida con una sanción.

 

Artículo 166. Las sanciones que determine el Consejo de Honor y Justicia o la instancia correspondiente, serán independientes de las responsabilidades en las materias penal, civil o administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades, en que incurran los elementos de las instituciones de seguridad pública estatal o municipal.

 

CAPÍTULO II

DE LA VISITADURÍA Y LAS UNIDADES DE ASUNTOS INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

Artículo 165. En la Fiscalía, existirá una unidad administrativa que fungirá como órgano de control interno, investigación, vigilancia, supervisión y evaluación técnica-jurídica, denominada Visitaduría General, la cual, previa la investigación de los hechos denunciados, y en su caso, el desahogo del procedimiento administrativo correspondiente, someterá al Consejo de Honor y Justicia que para tal efecto se constituya, la propuesta de sanción derivada del procedimiento previsto en su propia Ley Orgánica en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley.

 

Artículo 166. En la Secretaría de Seguridad Pública, en la Coordinación Estatal de Reinserción Social y en las demás áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipales existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará bajo el mando inmediato de sus Titulares.

 

Serán observadores y conocerán de aquellas actuaciones que ameriten algún reconocimiento o sanción para los elementos de las instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando.

 

Artículo 167. Las Unidades de Asuntos Internos tendrán facultades para iniciar los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos:

 

  1. Cuando se reciban quejas y denuncias por cualquier medio, interpuestas contra los elementos de las instituciones policiales;

 

  1. Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento infringió los principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la presente Ley u otros ordenamientos legales;

 

III. Aquellos que instruya el Secretario, el Coordinador Estatal de Reinserción Social o el titular de Seguridad Pública Municipal en su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio titular, y

 

  1. Por acuerdos emitidos de los Consejos Municipales y Estatal de Seguridad Pública.

 

Los procedimientos se desahogarán sin perjuicio de aquéllos que se instauren en contra de los servidores públicos que incumplan con lo anterior, ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en el ámbito de las atribuciones establecidas por la Ley de Responsabilidades.

 

Artículo 168. Los elementos de las instituciones policiales, que sean sujetos a investigación ó procedimiento administrativo interno, como medida preventiva podrán ser asignados a las áreas donde no tengan acceso al uso de armas, ni vehículos, ni contacto con el público en general, estando a disposición de la Visitaduría General o las Unidades de Asuntos Internos respectivas.

 

Artículo 169. Por tratarse de correctivos disciplinarios o sanciones internas, los quejosos serán parte en el procedimiento administrativo que inicie la Visitaduría General o la Unidad de Asuntos Internos respectiva, debiéndose respetar su derecho a audiencia.

 

Artículo 170. Son requisitos para ser titular de las Unidades de Asuntos Internos:

 

  1. Ser mexicano por nacimiento;

 

  1. Tener más de cinco años de residencia en el Estado o Municipio, según sea el caso, al día de la designación;

 

III. Ser Licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada;

 

  1. Tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la designación;

 

  1. Acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública;

 

  1. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, y

 

VII. No haber sido sentenciado por delito doloso.

 

En el caso de la Visitaduría General, se requerirá lo establecido en la legislación orgánica aplicable.

 

Artículo 171. La Visitaduría General y las Unidades de Asuntos Internos contarán con la estructura adecuada y el personal apropiado para el cumplimiento de sus funciones señaladas en la presente Ley y en su reglamento respectivo, para efecto de realizar las investigaciones suficientes y allegarse de todos los datos necesarios, para poder determinar de manera fundada y motivada sus actuaciones, así como los reconocimientos y sanciones preventivas o definitivas que propongan ante el Consejo de Honor y Justicia de cada institución de seguridad pública.

 

Las instituciones de seguridad pública, están obligadas a proporcionar los recursos humanos, materiales e incluirán en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para su buen funcionamiento.

 

Artículo 172. Los elementos sujetos a procedimiento administrativo, tendrán derecho a defenderse por sí, por abogado o por persona de su confianza, respetando en todo momento su derecho de audiencia.

 

Artículo 173. En todo asunto que conozca la Visitaduría General se seguirá el procedimiento establecido por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y su reglamento.

 

En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento:

 

  1. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso, y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159;

 

  1. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello;

 

III. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos;

 

  1. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles;

 

  1. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito;

 

  1. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes, y

 

VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado.

 

Artículo 174. Todo procedimiento deberá ser resuelto en un término no mayor de setenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la queja ante la Unidad de Asuntos Internos. Al vencimiento de este término se deberá contar con la resolución del Consejo de Honor y Justicia respectivo, debidamente fundada y motivada, debiendo devolverla para su ejecución a la Unidad de Asuntos Internos que la remitió.

 

De cada actuación se levantará constancia por escrito, que se integrará secuencial y numeradamente al expediente con motivo del procedimiento.

 

Artículo 175. Las Unidades de Asuntos Internos gozarán de amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los sujetos a procedimiento y de practicar todas las diligencias legales permitidas para allegarse de los datos necesarios para emitir su propuesta al Consejo de Honor y Justicia; dentro del expediente deberá obrar copia certificada del expediente personal del elemento.

 

Las áreas requeridas para aportar información en virtud del presente artículo, deberán ajustarse a los términos especificados por esta Ley. En caso de negativa, negligencia o retraso, serán sujetos al procedimiento correspondiente de conformidad con la Ley de Responsabilidades.

 

En aquellos casos que con motivo de su actuación, la Unidad de Asuntos Internos, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito cometido por los elementos lo harán del conocimiento del Agente del Ministerio Público que corresponda.

 

Artículo 176. La Visitaduría General y las Unidades de Asuntos Internos, ejecutarán las resoluciones que tome el Consejo de Honor y Justicia y notificarán al elemento en proceso, y una vez que queden firmes, vigilarán y se coordinarán con las áreas administrativas y operativas correspondientes en lo relativo a la suspensión ó destitución, descuentos de adeudos, resguardos e inventario de equipo, inscripción en el Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública y otras medidas conducentes, su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas por la Ley Estatal de Responsabilidades.

 

CAPÍTULO III

DE LOS CONSEJOS DE HONOR Y JUSTICIA

 

Artículo 177. La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación Estatal de Reinserción Social y las áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipales, contarán con un Consejo de Honor y Justicia, el cual conocerá y resolverá los asuntos que le sean turnados por la Visitaduría y las Unidades de Asuntos Internos, una vez que se haya agotado todo el procedimiento establecido en esta Ley y dentro de los plazos establecidos por la misma.

 

El Consejo de Honor y Justicia confirmará, modificará o negará la propuesta de sanción, por unanimidad o mayoría simple de sus miembros, respecto de los siguientes asuntos:

 

  1. La destitución o remoción de la relación administrativa;

 

  1. La suspensión temporal de funciones;

 

III. Cambio de adscripción, y

 

  1. Los recursos de queja y rectificación.

 

Artículo 178. Los Consejos de Honor y Justicia velarán por la honorabilidad y reputación de las corporaciones e instituciones de seguridad pública y combatirán con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación; para tal efecto gozarán de amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los elementos para allegarse de la información necesaria para dictar su resolución.

 

Podrán proponer al Consejo Estatal o Municipal, la condecoración de elementos que se hayan destacado por su actuación y desempeño en el servicio.

 

Artículo 179. Los Consejos de Honor y Justicia estarán integrados por los siguientes funcionarios estatales o sus equivalentes en el ámbito municipal:

 

  1. El titular o el representante que éste designe de la institución de seguridad pública correspondiente, quien fungirá como presidente pero sólo contará con voz;

 

  1. Un representante del Secretariado Ejecutivo Estatal, quien intervendrá en los Consejos de Honor y Justicia Estatales y Municipales;

 

III. Un representante del Secretariado Ejecutivo Municipal, en su caso;

 

  1. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;

 

  1. Un representante de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental;

 

  1. Dos vocales ciudadanos, que serán designados por el Consejo Estatal o Municipal de Seguridad Pública, según sea el caso, y

 

VII. El titular de la Visitaduría General o de la Unidad de Asuntos Internos, quien fungirá como secretario técnico y sólo tendrá derecho a voz;

 

El cargo de consejero de honor y justicia será honorífico y deberá acreditar el perfil de licenciatura en derecho, con excepción de las fracciones I y VII.

 

El Consejo de Honor y Justicia, sesionará ordinariamente por una vez al mes, y extraordinariamente las veces que sean necesarias, previa convocatoria que para tal efecto expida el titular de la institución a que corresponda el Consejo por lo menos con tres días de anticipación.

 

Artículo 180. Para la aplicación de las resoluciones que deberán estar fundadas y motivadas se deberán tomar en consideración las circunstancias previstas en la presente Ley.

 

Artículo 181. Las resoluciones que por votación tome el Consejo de Honor y Justicia, causaran ejecutoria una vez transcurrido el término para impugnar la misma, y su resolución se agregará a los expedientes personales u hojas de servicio de cada elemento.

 

Cuando se imponga suspensión temporal o destitución, se notificará al Sistema Nacional y al Secretariado Ejecutivo, para su control y trámites legales a que haya lugar, su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas por la Ley Estatal de Responsabilidades.

 

Artículo 182. Para los efectos de práctica de diligencias, audiencias y notificaciones se consideran hábiles todos los días del año de las ocho a las diecinueve horas, excepto los sábados y domingos, y aquellos días señalados en el calendario oficial correspondiente y en los que por disposición gubernamental se suspendan las actividades, y tratándose de la etapa de investigación, serán hábiles todos los días y horas.

 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LOS RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 

CAPÍTULO l

DE LA QUEJA

 

Artículo 183. Se establecen los recursos de queja, reclamación, revisión y rectificación.

 

Artículo 184. El recurso de queja es procedente en contra de los actos del titular de la Unidad de Asuntos Internos respectiva:

 

  1. Por exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia;

 

  1. Por incumplimiento en la ejecución de las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia.

 

La queja deberá interponerse por escrito en cualquier tiempo, contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación a las partes, del acto impugnado, ante el Presidente del Consejo de Honor y Justicia respectivo, exponiendo las razones de inconformidad o agravio.

 

El Presidente del Consejo de Honor y Justicia, tan pronto como reciba la queja, solicitará al titular de la Unidad de Asuntos Internos respectiva su informe con justificación, el que deberá rendirse dentro del término de tres días hábiles; con vista a lo que exponga el quejoso y a lo manifestado por la autoridad en su informe, el Consejo de Honor y Justicia dictará la resolución que corresponda en un término no mayor de diez días hábiles.

 

En caso de declararse procedente la queja, la resolución que así lo determine fijará los lineamientos a que debe someterse la autoridad para debido cumplimiento a la misma.

 

CAPÍTULO II

DE LA RECLAMACIÓN

 

Artículo 185. El recurso de reclamación procede en contra del acuerdo dictado por el titular de la Unidad de Asuntos Internos respectiva, en el que se desechen las pruebas ofrecidas durante el procedimiento.

 

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE REVISIÓN

 

Artículo 186. En contra de las resoluciones de los Consejos de Honor y Justicia se podrá interponer el recurso de revisión ante el Presidente de dicho órgano colegiado según sea el caso, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

 

Artículo 187. El recurso se deberá presentar por escrito expresando los agravios dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada.

 

Artículo 188. Sólo se admitirán las pruebas supervenientes derivadas de los agravios.

 

Artículo 189. Concluido el período probatorio en su caso, la autoridad resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes y notificará personalmente al interesado en un término de tres días hábiles, ordenando se agregue al expediente u hoja de servicio correspondiente la resolución.

 

Artículo 190. No procederá el Recurso de Revisión, contra un cambio de adscripción decretado en razón de las necesidades del servicio y que no tenga el carácter de sanción.

 

CAPÍTULO IV

DEL RECURSO DE RECTIFICACIÓN

 

Artículo 191. Contra los correctivos disciplinarios, procederá el Recurso de Rectificación que se interpondrá ante el Presidente de Honor y Justicia correspondiente, dentro de los tres días siguientes a su aplicación.

 

Artículo 192. El Recurso de Rectificación no suspenderá los efectos de los correctivos disciplinarios, pero tendrá por objeto que en caso de ser procedente, dicho correctivo no aparezca en el expediente u hoja de servicio del elemento, sin perjuicio de las sanciones que pudiere aplicar el Consejo de Honor y Justicia al superior jerárquico que lo impuso injustificadamente.

 

Artículo 193. Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia que recaigan sobre el Recurso de Rectificación, serán definitivas y se agregarán a los expedientes u hojas de servicio de los elementos sometidos a procedimiento.

 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO

RELACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 194. Los titulares, mandos superiores y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, las corporaciones de Seguridad Pública Municipal se considerarán personal de seguridad pública; serán de libre designación y remoción, sujetándose para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.

 

El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Estatales y Municipales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Estatal, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza.

 

Artículo 195. El procedimiento administrativo que implique la suspensión o terminación de la relación de trabajo se establecerá en esta Ley y su reglamento, para el personal de las instituciones y auxiliares de seguridad pública en términos de lo dispuesto en esta Ley.

 

Artículo 196. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero será el competente para conocer de los conflictos derivados de las prestaciones de servicios del personal administrativo; de los emanados de los procedimientos administrativos iniciados en contra del personal operativo o de los elementos de las instituciones policiales definidos en esta Ley en el ámbito estatal o municipal así como de los ministerios públicos, peritos y policía ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado, igualmente será el órgano jurisdiccional competente de conocer de los actos que emanen de la remoción inmediata de los mismos por la no acreditación de los requisitos de permanencia que contempla esta Ley.

 

Artículo 197. La suspensión temporal del personal de seguridad pública, no significa la terminación de la relación administrativa, y procede en los siguientes casos:

 

  1. La prisión preventiva del personal de seguridad pública, seguida de sentencia absolutoria. Si el personal actuó en defensa de su jefe inmediato o de los intereses de la institución de seguridad pública, tendrá el derecho a recibir los salarios que hubiese dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad;

 

  1. La enfermedad contagiosa que pueda significar un peligro para las personas que prestan sus servicios en el entorno del afectado;

 

III. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad no profesional que no constituya un riesgo en el servicio, o

 

  1. Las demás señaladas en las Leyes aplicables.

 

Artículo 198. Las instituciones de seguridad pública, a través de sus áreas administrativas correspondientes, darán a su personal, aviso por escrito de la fecha causa o causas de terminación de la relación administrativa.

 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO

DE LA PRESCRIPCIÓN

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 199. Las acciones derivadas de la relación administrativa del servicio de los elementos de las instituciones de seguridad pública que surjan de esta Ley prescribirán en noventa días naturales, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.

 

Artículo 200. Prescribirán en treinta días:

 

  1. Las acciones para pedir la nulidad de la aceptación de un nombramiento hecho por error y la nulidad de un nombramiento expedido en contra de lo dispuesto en esta Ley, a partir de que se haya expedido el nombramiento;

 

  1. Las acciones de los elementos de las instituciones de seguridad pública para volver a ocupar el cargo que hayan dejado por accidente o por enfermedad no atribuible al elemento y debidamente justificado en cuyo caso no se les otorgará la percepción de su retribución cotidiana sino a partir del día que se presenten a prestar su servicio, y

 

III. Las acciones para impugnar la resolución que de por terminada la relación administrativa, contándose el término a partir del momento de la separación.

 

Artículo 201. La prescripción no comenzará a computarse contra los elementos que se encuentren privados de su libertad, siempre que sean absueltos por sentencia ejecutoriada.

 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 202. El incumplimiento a las disposiciones emanadas de la presente Ley, cuando sea responsabilidad de los titulares de las instituciones de seguridad pública será sancionado conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades.

 

Ningún servidor público podrá asignar nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El incumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, será sancionado conforme a la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal del Estado de Guerrero y demás ordenamientos aplicables.

 

Artículo 203. Para el fincamiento de las responsabilidades administrativas previstas en el artículo anterior, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y la Contraloría Municipal respectivamente, serán competentes y obligadas para sancionar tales faltas u omisiones que sean de carácter administrativa.

 

Artículo 204. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y las Contralorías Municipales están obligadas a remitir al Secretariado Ejecutivo la información relacionada con las quejas y denuncias presentadas a los titulares de las instituciones de seguridad pública, así como las resoluciones que emitan al respecto.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO. El Congreso del Estado, en un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá ajustar el contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a lo establecido en la presente.

 

CUARTO. Los Consejos de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y de las áreas de seguridad pública municipal, deberán quedar instalados conforme lo establece la presente Ley, en un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la misma.

QUINTO. El Ejecutivo Estatal deberá expedir en un plazo máximo de noventa días naturales a partir del inicio de su vigencia, el reglamento de la presente Ley.

 

SEXTO. El Ejecutivo Estatal, deberá expedir en un plazo de sesenta días naturales a partir del inicio de vigencia de la presente Ley, el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

 

SÉPTIMO. El Ejecutivo Estatal, deberá adecuar en un plazo de sesenta días naturales, a partir del inicio de vigencia de la presente Ley, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

 

OCTAVO. Todas aquellas personas que hubiesen formado parte de las Instituciones de Seguridad Pública y que a la entrada en vigor de la presente Ley no hubiesen aprobado los procesos de evaluación de control de confianza, previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ya sea porque obtuvieron una calificación reprobatoria o por no haberse sometido a los mismos, serán separados en forma inmediata del servicio en términos de lo establecido por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Estado y los municipios, en su caso, solo podrán ser obligados a cubrir la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho aquella persona que sea separada de su cargo, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio.

 

Para tal efecto, se creará un fondo especial con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y recursos estatales, que deberán ser aprobadas por el Congreso de Guerrero en el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente.

 

Todo el personal de nuevo ingreso será considerado miembro de seguridad pública y deberá regirse por el sistema de seguridad pública vigente estableciendo con ello una relación administrativa entre éstos y las instituciones de seguridad pública a las que se incorpore.

 

NOVENO. En un plazo que no podrá exceder de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Titular del Poder Ejecutivo, someterá a consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren inscritos.

 

El término para la aprobación y publicación de dicha Ley no podrá exceder de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta.

DÉCIMO. El Poder Legislativo contará con un plazo de treinta días naturales para la expedición de la Ley de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Guerrero.

 

DÉCIMO PRIMERO. El Poder Legislativo contará con un plazo de treinta días naturales para la expedición de la Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero.

 

DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 3 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.


A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero]

 

 

[1] La ENSU se aplica en 32 ciudades del país que comprenden las capitales de 25 estados, 6 ciudades seleccionadas de 100, 000 habitantes y más de los seis estados restantes (Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Tampico, Tamaulipas y Veracruz, Veracruz) y la Ciudad de México. El tamaño de la muestra mencionado anteriormente garantiza un nivel de confianza en los resultados del 90%, con errores relativos acotados al 15%, considerando una tasa de no respuesta del 15%. Con ello se nos muestra la percepción sobre el desempeño de las policías Preventiva Municipal en la población encuestada bajo un esquema de muestreo probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados; mismos que tiene como última unidad de selección las viviendas particulares y como unidad de observación a las personas. Vid. INEGI, BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 139/15, Aguascalientes, México, 7 de abril de 2015.

Proyecto de Ley del Programa de Derechos Humanos para el Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto de Ley del Programa de Derechos Humanos para el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

“Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras”.[1]

 

En relación con la noción de derechos humanos podemos consultar dos de los documentos más importantes en la materia: el primero, señala que: “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”.[2]

 

Por su parte, el segundo instrumento señala, también que: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional …” y que “… sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos …”.[3]

 

Gracias a estas bases podemos decir que los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, son reconocidos como un cuerpo interdependiente, inalienable, universal e indivisible, esta conclusión fue reafirmado por la Resolución 32/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977, donde se establece que “todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales”.

 

La adopción de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 reforzó estos principios al señalar que: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”.

 

Además, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena el 25 de junio de 1993, fue el marco en que los Estados parte elaboraron y adoptaron la Declaración y Programa de Acción de Viena.

 

En este documento, los Estados asumieron el compromiso de elaborar planes nacionales de acción que les permitieran identificar medidas para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos, en el entendido de que la planeación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos podría facilitar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante los tratados.[4]

 

El concepto, fue retomado por México dando origen al Plan Nacional de Acción que se homologa al de Programa de Derechos Humanos, en este documento, se deja en manifiesto el compromiso de nuestro país de realizar hacer un ejercicio de diagnóstico interno para identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, así como para reconocer las principales causas que generan la violación de los derechos humanos.

 

Al respecto, cabe remembrar que en 1999, por invitación del Estado mexicano, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) inició un acercamiento mediante la firma de un memorando de intenciones que preveía la ejecución de programas de derechos humanos.

 

Como parte de ese proceso, el 2 de diciembre de 2000 se firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica entre ambas partes con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y federal en materia de derechos humanos.

 

En 2002, el gobierno mexicano y la OACNUDH firmaron el documento de proyecto sobre la Segunda Fase de Cooperación Técnica y, posteriormente, el 1 de julio de ese mismo año se suscribió el acuerdo para el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

 

Un año después, en 2003, la OACNUDH realizó junto con un grupo de especialistas el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México,[5] el cual estableció un punto de inflexión para las democracias modernas, poniendo a nuestro país como la primera nación del mundo en la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizara un ejercicio de esta naturaleza.[6]

 

A principios de 2004, el gobierno federal, junto con organizaciones de la sociedad civil y la OACNUDH iniciaron los trabajos para la elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos que culminaron con la presentación del mismo el 10 de diciembre de ese año.

 

Cuatro años después, el 29 de agosto de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un segundo Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, como un documento de política pública transversal, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al que se sujetaron las dependencias que integran la Administración Pública Federal para la promoción y el respeto de los derechos humanos en México.

 

De esta manera, México -junto con Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia– es uno de los pocos países en América Latina[7] que ha elaborado planes nacionales de acción. A través de éstos se ha tratado de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y establecer la base de una política de Estado en el campo de los derechos humanos.

 

La historia nos ha enseñado que la política asumida por el estado mexicano ha buscado cumplir con la imperiosa necesidad de implementar un mecanismo que permita diagnosticar, diseñar y articular una estrategia que tenga como centro los derechos humanos, para así encontrar las respuestas adecuadas para evitar, atender, sancionar y erradicar su violación.

 

Con estas acciones México busca homologar su marco normativo con los postulados del Programa de Cooperación en América Latina y el Caribe para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, discutido y adoptado en Quito, Ecuador, en diciembre de 1999, en el que, en esencia se establecieron que en la región los planes nacionales de acción de derechos humanos constituyen uno de los pilares para la cooperación en la materia.

 

No esta demás subrayar que acorde con este instrumento internacional el adecuado diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes nacionales de acción acarrean un conjunto importante de beneficios que no sólo impactan en el campo específico de los derechos humanos, sino también en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la gobernabilidad de los países.

 

Es justo por ello que nuestra nación, como pionera en la materia ha procurado la promoción de programas de derechos humanos en las entidades federativas que la conforman.

 

El mismo día en que se presentó el primer Programa Nacional de Derechos Humanos (el 10 de diciembre de 2004) se firmó también el Acuerdo Nacional de Derechos Humanos entre la Secretaría de Gobernación de la Administración Pública Federal (SEGOB) y las entidades federativas, en el que se sentaron las bases y se establecieron los compromisos para la elaboración de diagnósticos y programas de derechos humanos en todas las entidades federativas del país, con el objetivo de obtener herramientas efectivas que condujeran al cumplimiento de las obligaciones del Estado con base en los estándares internacionales de derechos humanos.

 

En enero de 2006, la OACNUDH presentó ante el Comité de Seguimiento del Acuerdo Nacional de Derechos Humanos, una propuesta de colaboración para la elaboración de diagnósticos estatales, con el objeto de identificar los principales retos para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en las entidades federativas, y de generar propuestas de acciones concretas para programas estatales de derechos humanos.

 

La propuesta de la OACNUDH busca la conformación, en el ámbito estatal, de espacios en donde confluyeran los diferentes actores que deberían participar en la elaboración de un Diagnóstico, como un paso previo necesario para la conformación del Programa respectivo. Este ejercicio debía orientarse a la creación o fortalecimiento de procesos que impulsaran los cambios estructurales que México requiere para alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos.

 

De acuerdo con la propuesta de la OACNUDH, le presente iniciativa pretende establecer espacios de diálogo con la participación de autoridades estatales que tenga un impacto directo en el respeto, goce y protección de los derechos humanos, organismos públicos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil en sentido amplio, así como la academia, con el objetivo de fortalecer, coordinar y articular de una manera eficiente los trabajos en materia de derechos humanos.

 

Para el establecimiento formal y funcionamiento de estos espacios, la presente iniciativa incorpora estas mismas recomendaciones para la creación de dos mecanismos de apoyo: un Comité Coordinador y una Secretaría Técnica.

 

El Comité Coordinador será la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos que se plantearan en estos espacios y recomendar los ajustes que se consideraran necesarios durante la ejecución de sus tareas, y debería estar conformado por un representante del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, un representante del organismo público de derechos humanos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como de la academia.

 

La Secretaría Técnica, por su parte, sería la encargada de articular los trabajos del Comité, de la comunicación y organización interna, así como de coordinar la elaboración de los documentos y la sistematización del proceso.

 

En resumen, la iniciativa que se propone busca llevar a cabo una armonización legislativa para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

 

Esto con miras a una a una profunda transformación en el andamiaje normativo y en las estructuras operativas que rigen las relaciones entre el Estado y las personas, para lo cual, se establece una participación proactiva de corresponsabilidad y cooperación que redefina la relación de los poderes del Estado y las personas a partir del reconocimiento de los derechos humanos de los que éstas son titulares y de las obligaciones que surgen para el Estado.

 

En conclusión, lo que se pretende con la creación de esta nueva Ley se pretende abrirá la puerta a un régimen más amplio de protección de los derechos humanos, procurando la generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

 

Se trata pues de favorecer la implementación, el seguimiento y la evaluación, por parte del gobierno y con la participación proactiva de organizaciones de la sociedad civil y la academia, políticas públicas, programas, medidas y acciones con enfoque de derechos humanos, tomando como punto de partida las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

Disposiciones generales

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado Libre y Soberano de Guerrero y tiene por objeto establecer las bases para la elaboración y actualización del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, su implementación, seguimiento y evaluación, así como establecer las bases de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en la entidad.

 

Los beneficios que se deriven de esta Ley serán aplicables a todas las personas, grupos y colectivos sociales que habiten o transiten en el estado.

 

La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de su competencia, a la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y al H. Congreso del Estado de Guerrero.

 

Artículo 2. El Estado de Guerrero contará con un Programa de Derechos Humanos realizado por las instituciones públicas y la sociedad que tiene por objeto proponer soluciones, con base en los obstáculos detectados mediante un diagnóstico, estableciendo estrategias, líneas de acción, plazos y unidades responsables, a partir del enfoque de derechos humanos en la legislación, las políticas públicas y el presupuesto.

 

Para la elaboración del Programa de Derecho Humanos se realizará un Diagnóstico que tendrá por objeto identificar los principales obstáculos que impiden a las personas que transitan o habitan en la entidad el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos reconocidos en los ámbitos estatal, nacional e internacional, así como dar cuenta de la situación que guarda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades públicas de esta entidad en lo que se refiere a derechos humanos y de los grupos de población.

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

 

  1. Congreso. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

  1. Comisión. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

III. Comité, El Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

  1. Diagnóstico. El Diagnóstico de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

  1. Espacios de Participación. Se constituyen por grupos temáticos relacionados con los derechos, grupos de población y estrategias contenidos en el Programa, que tienen como propósito ampliar la participación y coordinación entre la ciudadanía y los entes públicos para dar seguimiento al Programa;

 

  1. Evaluación. Análisis de los resultados de la implementación en relación a la relevancia, eficiencia, efectividad, impactos y sostenibilidad de las acciones, medidas, programas y políticas públicas implementados para el cumplimiento de los Derechos Humanos;

 

VII. Implementación. Acciones, medidas, programas y políticas públicas generadas para la plena realización de las líneas de acción establecidas en el Programa;

 

VIII. Instancias Ejecutoras. El Poder Ejecutivo del Estado; el Poder Legislativo del Estado y sus órganos administrativos y técnicos; el Poder Judicial del Estado y sus órganos y dependencias; los Ayuntamientos o los concejos municipales; la Administración Pública Estatal y municipal, incluyendo los órganos y organismos desconcentrados y descentralizados; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior Públicas; las Juntas y Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo; cualquier otro órgano u organismo, dependencia o entidad estatal o municipal público que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos;

 

  1. Ley. Ley del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

  1. Mecanismo. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

  1. Programa. El Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

XII. Reglamento. El Reglamento del Mecanismo;

 

XIII. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

XIV. Seguimiento. El acompañamiento continuado del Mecanismo al desarrollo de las acciones, medidas, programas y políticas públicas que implementen las instancias ejecutoras en relación a los objetivos y líneas de acción del Programa de Derechos Humanos para procurar y facilitar su cumplimiento de manera oportuna, completa y eficaz; y

 

  1. Tribunal. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

 

Artículo 4. Toda persona o grupo de personas que habiten o transiten en el Estado de Guerrero son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables de la entidad. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás.

 

Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculante. Los entes públicos, deberán respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que se interpretarán de acuerdo con los siguientes principios:

 

  1. De conformidad con los instrumentos internacionales y atendiendo a los estándares y criterios de los organismos y tribunales internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano;

 

  1. Para la interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos los entes públicos deberán acudir a la norma más favorable para su protección; y

 

III. Ninguna interpretación podrá excluir derechos inherentes al ser humano.

 

Artículo 5. Con independencia de lo dispuesto por otras normas, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

 

  1. Promover el cumplimiento de la presente Ley mediante la aplicación de políticas públicas diseñadas con este cometido;

 

  1. Crear el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa como un órgano colegiado para el diseño, implementación y seguimiento del Programa; y

 

III. Presentar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos suficientes para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos y destinar los recursos suficientes para el cumplimiento del Programa y el funcionamiento del Mecanismo.

 

Artículo 6. Además de lo previsto por otras disposiciones, corresponde al Congreso:

 

  1. Analizar y en su caso aprobar, las reformas legislativas pertinentes para facilitar el cumplimiento de las líneas de acción que establece el Programa;

 

  1. Destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo y para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, debiendo justificar debidamente cualquier reducción a los mismos; y

 

III. Destinar en el presupuesto anual de egresos, los recursos económicos necesarios para el cumplimiento del Programa y el funcionamiento del Mecanismo.

 

Artículo 7. Con independencia de lo previsto por otra normatividad, corresponde al Tribunal:

 

  1. Aplicar y garantizar los derechos humanos en las resoluciones que se emitan de acuerdo con los principios establecidos en la presente Ley; y

 

  1. Destinar en su Presupuesto, los recursos económicos necesarios para la implementación de las líneas de acción que le corresponden.

 

Artículo 8. Corresponde a las instancias ejecutoras de conformidad con sus facultades y competencias legales, analizar e implementar las líneas de acción que les atañen relacionadas con el Programa y presentar al Comité en el mes de enero de cada año, un informe anual de avance en la implementación del Programa.

 

Capítulo II

De las políticas públicas en materia de derechos humanos

 

Artículo 9. Los derechos humanos son el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el Estado de Guerrero así como para la planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos destinados a su cumplimiento; por lo tanto, los programas, acciones y prácticas de los entes públicos asegurarán el reconocimiento, la promoción, concreción, protección y defensa de los mismos, de conformidad con sus competencias y atribuciones, así como para el cumplimiento de la presente Ley.

 

Artículo 10. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las inequidades y desigualdades y promoverán la realización de los derechos humanos de grupos de población en situación de vulnerabilidad, mediante programas integrales que aseguren no sólo transferencias económicas universales para grupos específicos, sino que potencialicen las capacidades de las personas con la finalidad de contribuir a su desarrollo y mejorar sus condiciones de vida y faciliten el acceso pleno de éstos al ejercicio integral de los derechos humanos.

 

Artículo 11. Las políticas públicas en materia de derechos humanos se sujetarán a los principios de integralidad, intersectorialidad, participación social, universalidad, intergubernamentalidad, coordinación, transparencia, rendición de cuentas, igualdad, equidad social, equidad de género, justicia distributiva, diversidad, efectividad, territorialidad, exigibilidad, no discriminación, sustentabilidad, pluralidad, progresividad y máximo uso de recursos disponibles.

 

Artículo 12. Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, el Diagnóstico, el Programa y el Mecanismo, así como los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y en términos de información estadística, la generada por las instancias locales y federales responsables.

 

Artículo 13. Para la elaboración y actualización general del Programa se realizará un Diagnóstico cada seis años, de conformidad con los siguientes lineamientos:

 

  1. Con criterios de progresividad desde un enfoque multidisciplinario, con base en herramientas técnicas y a partir de una metodología de indicadores de gestión y resultados.

 

  1. Incluirá la descripción y valoración de la situación que guardan los derechos humanos en el Estado de Guerrero y el grado de cumplimiento de las obligaciones en la materia de los entes públicos.

 

III. Implicará la revisión, diseño, adecuación y reformulación del conjunto de estrategias y medidas de índole legislativa, judicial y de política pública, con base en los insumos generados por el Mecanismo y experiencias estatales, nacionales e internacionales en la materia. Deberá ser incluyente y garantizará una participación amplia de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entes públicos; e

 

  1. Incluir como insumos el diagnóstico anterior, investigaciones académicas; informes de las instancias ejecutoras, información aportada por organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales; estadísticas y documentos oficiales, y los resultados del seguimiento y evaluación del Programa.

 

Se podrán Incorporar o modificar líneas de acción al Programa en atención a su naturaleza y relevancia sin la necesidad de sujetarse al plazo establecido, siempre y cuando está haya sido aprobada por unanimidad del Comité.

 

Artículo 14. El proceso de elaboración y actualización del Programa implica la revisión, diseño, adecuación y reformulación del conjunto de estrategias y medidas de índole legislativa, judicial y de política pública, con base en el Diagnóstico, los insumos generados por las instancias ejecutoras, por el Mecanismo y experiencias estatales, nacionales e internacionales en la materia.

 

El proceso de actualización del Programa deberá ser incluyente, progresivo y multidisciplinario y garantizará una participación amplia de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entes públicos.

 

La publicación del Programa deberá realizarse a más tardar un año después a la publicación del Diagnóstico.

 

Artículo 15. Las entidades dedicadas a la generación de estadística e información en el Estado de Guerrero, con respeto a los derechos humanos, deberán considerar lo siguiente:

 

  1. La definición de indicadores para medir la situación de los derechos humanos con datos desagregados por sexo, edad, grupo étnico y delegación;

 

  1. Levantamiento y actualización del inventario del Estado de Guerrero de estadística sobre:

 

  1. Programas y documentos en materia de derechos humanos;

 

  1. Información estadística descriptiva sobre la población atendida por los programas de derechos humanos que llevan adelante.

 

III. Centralización de la información estadística sobre el número y tipo de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Guerrero que generen las distintas dependencias;

 

  1. El análisis del gasto público dirigido a los derechos humanos;

 

  1. La realización de estudios e investigaciones en materia estadística sobre los derechos humanos; y

 

  1. La publicación de los resultados de sus actividades.

 

Capítulo III

Del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero

 

Artículo 16. El Mecanismo estará conformado por:

 

  1. Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

  1. Espacios de participación para el seguimiento del Programa, y

 

III. Secretaría Ejecutiva.

 

Artículo 17. El Mecanismo tendrá los siguientes objetivos:

 

  1. Coordinar las acciones de las partes para el seguimiento y evaluación en el diseño, implementación, gestión, resultados, impacto, programación y presupuestación del Programa;

 

  1. Promover la institucionalización del enfoque de derechos humanos en el quehacer público;

 

III. Orientar a las instancias ejecutoras en la implementación del Programa;

 

  1. Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos, en el mecanismo, difundiendo y promocionando el Programa y las herramientas de participación.

 

  1. Coordinarse y articularse con las instancias públicas, organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos, iniciativa privada, instituciones de generación de información, entre otras, a fin de facilitar el trabajo del Mecanismo; y

 

  1. A mediano plazo, realizar el Diagnóstico y actualizar el Programa.

 

Artículo 18. El Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, será un órgano colegiado que coordinará las acciones de seguimiento y evaluación del Programa y promoverá la institucionalización del enfoque de los derechos en el quehacer público.

 

Artículo 19. El Comité estará conformado por instituciones titulares y suplentes, invitados permanentes y dos observadores, que se reunirán periódicamente en asamblea.

 

El Comité estará integrado por un representante de la Administración Pública del Estado de Guerrero designado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero quien presidirá y convocará a las sesiones del Comité; el Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso; un representante del Tribunal Superior de Justicia; tres representantes de distintas instituciones académicas; y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.

 

Cada uno de los órganos titulares tendrá derecho a voz y a voto. Para la adopción de acuerdos en la asamblea se privilegiará el consenso. En caso de que esto no sea posible, para la adopción de acuerdos se requerirá del voto favorable de siete instituciones titulares o que tengan en ese momento la facultad de ejercer el voto.

 

Las opiniones, observaciones, recomendaciones o propuestas formuladas por el Comité no serán vinculantes, sin embargo deberán ser tomadas en cuenta por las instancias ejecutoras del Programa.

 

Para la integración de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Académicas, el Comité elegirá a partir de una convocatoria pública y abierta en apego a los lineamientos que se establezcan en el Reglamento, a aquellas que se hayan distinguido por su compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos, con el fin de conformar un espacio plural, independiente, transparente, objetivo y participativo.

 

Las organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Académicas que integren el Comité durarán en su encargo 3 años y podrán ser seleccionados para un nuevo periodo. El cargo que desempeñen los integrantes del Comité será honorario.

 

El Consejo Técnico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero podrá participar como observador y tendrá derecho a voz en la Asamblea.

 

Artículo 20. El Comité además tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Designar a la o el Titular de la Secretaría Ejecutiva;

 

  1. Aprobar la estructura de la Secretaría Ejecutiva y ratificar a sus integrantes de conformidad con el Reglamento;

 

III. Promover la colaboración, favorecer los acuerdos políticos y la articulación de actores para el seguimiento y la evaluación del Programa;

 

  1. Promover y organizar espacios de participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos y representantes de los órganos de gobierno del Estado de Guerrero y demás instancias responsables de la ejecución del Programa para aportar y coadyuvar en el seguimiento a la implementación del Programa;

 

  1. Conocer, revisar, aprobar y aplicar las directrices generales, los instrumentos, mecanismos, procesos y metodologías del seguimiento y la evaluación del Programa;

 

  1. Revisar y aprobar los proyectos de informes remitidos por la Secretaría Ejecutiva;

 

VII. Aprobar la contratación de asesorías para la realización de acciones encaminadas al desarrollo del mandato;

 

VIII. Informar a la ciudadanía de los avances en el seguimiento y la evaluación del Programa;

 

  1. Emitir opiniones para elaborar propuestas de política pública a las instancias ejecutoras a partir de los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación del Programa;

 

  1. Promover propuestas de políticas públicas y acciones legislativas derivadas del seguimiento y la evaluación;

 

  1. Identificar e impulsar oportunidades de recaudación de fondos;

 

XII. Realizar el Diagnóstico y actualizar el Programa;

 

XIII. Formar comisiones o grupos de trabajo dentro del Comité conforme a las necesidades;

 

XIV. Celebrar acuerdos, convenios o contratos de colaboración con órganos, instancias, instituciones y demás que se requieran para el cumplimiento de su objetivo;

 

  1. Emitir el Reglamento del Mecanismo que deberá establecer las bases y lineamientos para el eficaz desempeño de sus atribuciones, y

 

XVI. Aprobar el proyecto de Presupuesto del mecanismo propuesto por la Secretaría Ejecutiva para los efectos legales conducentes.

 

Artículo 21. El Comité funcionará a través de sesiones ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán por lo menos cada tres meses de acuerdo con el calendario de sesiones aprobado por el propio Comité. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando existan causas urgentes que lo justifiquen a propuesta de por lo menos cinco miembros del Comité.

 

Para la celebración de la sesión del Comité se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes.

 

Artículo 22. Los espacios de participación tienen el objetivo de ampliar y articular la participación de instituciones académicas, organizaciones civiles y sociales, organismos internacionales de derechos humanos e instancias ejecutoras del Programa para aportar y coadyuvar en el proceso de seguimiento a la implementación del Programa.

 

Artículo 23. La integración de los espacios de participación para el seguimiento del Programa estará conformado por invitados de instituciones académicas, organizaciones civiles y sociales, organismos internacionales de derechos humanos así como a las instancias ejecutoras del Programa que corresponda, procurando que tengan un carácter intersectorial.

 

Estos espacios se organizarán temáticamente y sesionarán por convocatoria del Comité con la periodicidad que se requiera, y contarán con la asistencia de la Secretaría Ejecutiva.

 

Artículo 24. Los espacios de participación tendrán las siguientes funciones:

 

  1. Compartir, analizar y discutir información y avances del seguimiento del Programa que se haga desde la sociedad civil, la academia, y del propio Mecanismo para retroalimentarlo vía la articulación con la Secretaría Ejecutiva y el Comité;

 

  1. Contribuir a la definición de prioridades en cuanto a las líneas de acción por cada derecho y grupo de población del Programa, y

 

III. Generar sinergias para la vigilancia social de las líneas de acción del Programa, incluyendo la agenda legislativa y el monitoreo del presupuesto con perspectiva de derechos humanos.

 

Artículo 25. La o el titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Participar con derecho a voz en las asambleas;

 

  1. Desarrollar vínculos estratégicos del Mecanismos con organizaciones civiles y sociales e instancias clave, y fomentar la participación de la sociedad civil;

 

III. Diseñar y proponer al Comité estrategias y herramientas adecuadas de difusión del Programa y del Mecanismo, hacia el interior de las instancias ejecutoras, la sociedad civil organizada y hacia la sociedad en general;

 

  1. Apoyar y asistir al Comité en tareas de vinculación, articulación y funcionamiento;

 

  1. Fomentar la participación de la sociedad civil en los espacios de participación para el seguimiento del Programa;

 

  1. Definir y acordar con el Comité los indicadores de derechos humanos del Programa a los que se les dará seguimiento;

 

VII. Brindar apoyo para capacitación de servidoras y servidores públicos en relación a la implementación de las líneas de acción del Programa;

 

VIII. Proponer al Comité los modelos metodológicos e instrumentos para el seguimiento y la evaluación;

 

  1. Ejecutar los modelos metodológicos e instrumentos para el seguimiento y evaluación que el Comité apruebe;

 

  1. Asesorar a representantes de las instancias ejecutoras para realizar las líneas de acción con enfoque de derechos humanos;

 

  1. Articular y coadyuvar con las instancias ejecutoras para la definición, generación y recopilación de fuentes de información;

 

XII. Recopilar y sistematizar periódicamente la información recibida de las instancias ejecutoras de las líneas de acción del Programa, así como de la sociedad civil;

 

XIII. Proponer al Comité las consultorías y asesorías que deberán contratarse de manera externa con la finalidad de cumplir el mandato y las atribuciones del Mecanismo;

 

XIV. Elaborar informes y opiniones técnicas en relación a la implementación del Programa y ponerlas a consideración del Comité, y

 

  1. Elaborar y proponer el al Comité el proyecto de presupuesto para el Mecanismo.

 

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva se constituirá con las áreas de trabajo que determine el Comité

 

El Titular de la Secretaría Ejecutiva será la o el encargado de administrar los recursos asignados al Mecanismo, por el Congreso que en ningún caso serán inferiores al de año inmediato anterior.

 

La administración de los recursos del Mecanismo deberá apegarse a los lineamientos que al efecto determine el Comité.

 

Artículo 27. El Mecanismo podrá crear grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como temporal para cumplir con sus atribuciones. Los acuerdos tomados deberán enviarse al Comité para su análisis y en su caso, aprobación.

 

Capítulo IV

De los recursos económicos en materia de derechos humanos

 

Artículo 28. El Presupuesto de Egresos deberá asegurar que la planeación presupuestal se realice desde la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para asegurar la progresividad de los derechos humanos, conforme a los principios establecidos en el Capítulo II de la presente Ley.

 

Artículo 29. Los programas, fondos y recursos destinados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos son prioritarios y de interés público.

 

Artículo 30. A propuesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, el Congreso destinará, a través del Presupuesto Anual de Egresos, los recursos económicos necesarios para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

 

Artículo 31. El presupuesto de egresos vinculado al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica, y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso.

 

Artículo 32. La distribución de los fondos relativos a las políticas públicas, programas y acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, se hará con criterios de equidad, transparencia y progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente Ley.

 

Artículo 33. Los recursos presupuestales asignados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, podrán ser complementados con recursos provenientes del Gobierno Federal y de los municipios, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

 

Capítulo V.

De la rendición de cuentas

 

Artículo 34. La Secretaría Ejecutiva deberá presentar ante el Comité informes trimestrales y anuales de actividades, así como del ejercicio presupuestal del Mecanismo, mismo que deberá ser revisado y aprobado por el Comité.

 

En caso de que el Comité encuentre inconsistencias en la operación de los recursos asignados al Mecanismo, deberá hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

 

Artículo 35. El Comité entregará al Congreso el informe anual de actividades y del ejercicio presupuestal. Ambos deberán ser publicados en los respectivos sitios de internet de las instancias ejecutoras.

 

La Comisión podrá publicar los informes a que se refiere el párrafo anterior.

 

Cada instancia ejecutora deberá publicar en cada uno de sus sitios de internet un apartado especial en el que se dé cuenta de las acciones, medidas, programas y políticas públicas generadas por éstas para la plena realización de las líneas de acción de su competencia.

 

Capítulo VI

De la protección internacional de los derechos humanos

 

Artículo 36. Las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales internacionales de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, gozarán de fuerza obligatoria en el Estado de Guerrero. Los entes públicos las cumplirán dentro de sus respectivas competencias.

 

ARTICULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero convocará a la primera reunión del Comité conforme a la presente Ley, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

 

TERCERO. El Reglamento del Mecanismo de Implementación y Seguimiento será expedido por el Comité dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de instalación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación y deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

QUINTO. Los recursos para la operación y funcionamiento del Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal en que se publique la presente Ley, podrán provenir de un convenio entre la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.

 

SEXTO. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 14 días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley del Programa de Derechos Humanos para el Estado de Guerrero]

 

 

[1] OACNUDH. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. 2006.

[2] ONU. Declaración Universal de Derechos Humanos.

[3] OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[4] Conferencia Mundial de Derechos Humanos. ONU. Declaración y Programa de Acción de Viena, A/Conf.157/23. 12 de julio de 1993.

[5] OACNUDH. Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México. México. 2003.

[6] OACNUDH. Manual de Planes Nacionales de Derechos Humanos. 2002.

[7] Australia formuló su plan en 1993, Malawi en 1995, Letonia en el mismo año, Filipinas en el 1996, Brasil al año siguiente y Ecuador en 1998.