Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Category: Puntos de Acuerdo DF

Autoridades de Veracruz: tomen medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE DICHO ESTADO Y A LA SUB SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES TOMEN MEDIDAS PARA BRINDAR PROTECCIÓN A VERÓNICA HUERTA ABURTO Y  PATRICIA MORALES, PERIODISTAS AMENAZADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, Y A INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE MANERA EXPEDITA.

 

Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Como es de conocimiento de la Cámara de Diputados, la tarde del pasado 2 de enero, un grupo de hombres armados ingresaron al domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del diario La Unión de Medellín, de quien se desconociera su paradero desde esa fecha.

Fue hasta el día 24 de enero que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz informó en una conferencia de prensa que el periodista Moisés Sánchez fue asesinado el mismo día en que un grupo armado, vinculado con la presidencia municipal de Medellín, lo secuestró.

Desde los primeros días de la desaparición del periodista, familiares y activistas denunciaron que los operativos de búsqueda desplegados por el gobierno del priísta Javier Duarte eran una simulación, tal como lo ha sido cada acción anunciada por el gobernador de dicho estado, para “proteger” a las personas periodistas que ejercen su profesión en Veracruz.

A tan solo un mes de los hechos antes narrados, la periodista veracruzana Verónica Huerta Aburto recibió una amenaza a través de un mensaje de texto que llegó a su celular: 

“Pendeja después del Moisés sigues tu perra te estamos checando (sic)”. 

La periodista de la agencia de noticias AVC Noticias, Radio Fórmula, Oliva Radio y Quadratín, teme por su vida y la de su familia, y en consecuencia, interpuso este lunes 2 de febrero de 2015, una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores.

Ya en el año 2012 y en agosto de 2014 la misma reportera fue intimidada por hombres corpulentos que afuera de su domicilio la amenazaron por motivo de su labor periodística.

Pero éste no es el único caso. Después del asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, Patricia Morales, del diario Órales! Jarocho, editado por la empresa del Golfo, ha recibido durante las dos últimas semanas, por lo que también realizó ante la Agencia del Ministerio Público a fin de proteger su vida y la de su familia.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante la administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz han sido asesinados 11 periodistas y otros cuatro reportados como desaparecidos.

A pesar de los diversos llamados que se han hecho por parte de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como por parte de diversas autoridades, el gobierno del estado de Veracruz continúa haciendo caso omiso de la gravedad de la situación que las personas periodistas viven en la entidad, aún cuando en muchos de los casos se ha logrado acreditar que las amenazas o los asesinatos se encuentran vinculados con el trabajo de los periodistas y las críticas que en dicha labor se realizan hacia el gobierno estatal o a gobiernos municipales.

Visto que, de nueva cuenta, la vida de al menos dos periodistas se encuentran en peligro al igual que la de sus familias, y ante la creciente situación de violencia que sufren quienes ejercen el periodismo en el estado de Veracruz, sometemos a su consideración el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-         La H. Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a tomar las medidas necesarias y girar las instrucciones correspondientes para que desde el gobierno federal y en los gobiernos municipales que correspondan se tomen medidas urgentes de protección a las periodistas  Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, así como a sus familiares y colaboradores cercanos.

Segundo.- Exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a que en el marco de sus atribuciones gire instrucciones a fin de que las denuncias interpuestas por Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales sean atendidas con las debidas diligencias y sin demoras, a fin de sancionar a los responsables de las amenazas que han recibido, brindando en todo momento la debida protección a la vida de las denunciantes, así como la de sus familias.

Tercero.- Exhorta a la sub secretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, a que en el marco de sus facultades gire instrucciones a fin de que el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas pueda ser activado a favor de las periodistas veracruzanas Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, a fin de garantizar los procedimientos de protección que dicho mecanismo brinda.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de febrero de 2015

 

SSDF: haga público un informe detallado de las personas fallecidas y heridas en los sucesos del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL A QUE HAGA PÚBLICO UN INFORME PRECISO Y DETALLADO DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y HERIDAS EN LOS SUCESOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de enero, la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, dio como resultado 73 heridos y tres personas fallecidas, dos de ellas recién nacidas.

 

De acuerdo con el procurador Rodolfo Ríos Garza, los trabajadores de la empresa Gas Express Nieto llegaron al hospital y subieron al primer nivel para suministrar el gas; sin embargo, se percataron que había una fuga de gas en la válvula que está adherida a la pipa, por lo que regresaron al camión para tratar de controlarla y pedir ayuda de los bomberos pero, al parecer, no cerraron la válvula.[1]

A este hecho, hay que aludir a las recientes declaraciones que ha hecho la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos (AIGETT) respecto a que la Secretaría de Salud del Distrito Federal dé a conocer -con precisión- los nombres de las personas heridas y fallecidas por el mencionado suceso, toda vez que:

En conferencia de prensa, la AIGETT señaló que de acuerdo con el reglamento interno de los hospitales, a la hora de la explosión debieron haberse encontrado en el lugar 34 enfermeras o enfermeros de quienes no se ha informado si están heridos o fallecieron.[2]

Al respecto, Armando Ahued, titular de la Secretaría de Salud capitalina, dijo en entrevista para Primera Emisión de Noticias MVS, que la información relativa a lo acontecido el pasado jueves es clara y está a disposición, a la par de precisar que “este martes se encuentran hospitalizados 20 personas, 11 adultos y 9 niños, de las cuales, 10 permanecen graves”.[3]

Si bien, los cuerpos de rescate trabajaron en la zona desde el primer momento, resulta necesario que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud, no deje dudas de ninguna naturaleza y dé un informe pormenorizado de las personas heridas y fallecidas, toda vez que existe una preocupación latente por parte de la AIGETT para conocer el paradero del total de sus compañeras; apelando a una marcha el próximo día 12 del mes en curso.

Es por ello que, lamentando profundamente lo acontecido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa y, atendiendo la demanda ciudadana de las y los enfermeros, presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del Distrito Federal a que haga público un informe preciso y detallado de las personas fallecidas y heridas en los sucesos del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de febrero de 2015.

 

 

 

 

[1] Animal Político, “Así se vivió la tragedia por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2015/01/una-pipa-de-gas-explota-cerca-de-un-hospital-infantil-en-cuajimalpa/

[2] La Silla Rota, “ Enfermeras marcharán el 12 de febrero”, [en línea], México, Dirección URL: http://lasillarota.com/faltan-34-enfermeras-tras-explosion-en-cuajimalpa#.VNENplXqGuY

[3] Aristegui, “‘No se ha ocultado nada’, sobre muertos tras explosión en hospital de Cuajimalpa: Ahued”, [en línea], México, Dirección URL: http://aristeguinoticias.com/0302/mexico/no-se-ha-ocultado-nada-sobre-muertos-tras-explosion-en-hospital-de-cuajimalpa-ahued/

SCT: transparente el proceso de pago de reembolso por la cancelación del proyecto del TAV México-Querétaro al consorcio encabezado por China Railway

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LIC. GERARDO RUÍZ ESPARZA, AL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MTRO. VIRGILIO ANDRADE MARTINEZ  Y A LA COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS EXISTA LA COORDINACIÓN NECESARIA ENTRE LAS DEPENDENCIAS EN INSTITUCIONES QUE DIRIGEN, CON EL FIN DE  TRANSPARENTAR EL PROCESO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL (TAV) MÉXICO – QUERÉTARO AL CONSORCIO ENCABEZADO POR CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP.

 

RICARDO MEJÍA BERDEJA Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Desde el inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se anunció como una de la obras emblemáticas y legado de la presente administración la construcción del Tren de Alta Velocidad México – Querétaro, ante esta situación el pasado tres de noviembre del año dos mil catorce la SCT anuncio como ganado de la licitación al consorcio conformado por las empresas China Railway Construction, CSR, GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora Teya, ésta última perteneciente a un grupo empresarial relacionada a la campaña presidencial y al Gobierno en el Estado de México del presidente Enrique Peña Nieto. Fueron las únicas que presentaron una propuesta de las 14 empresas que en un inició habían adquirido las bases de licitación ya que habían pedido a la SCT, prorroga en algunos casos de hasta ocho meses para poder presentar un proyecto serio dado la complejidad de las especificaciones técnicas ya que según los dicho por la dependencia este sistema compartiría infraestructura de riel con el tren suburbano que actualmente está en operación de Cuautitlán a la estación Buenavista.

 

Cabe hacer mención que derivado de esta situación e investigaciones periodísticas que confirman lo mencionado en el párrafo anterior, esta soberanía de la Cámara de Diputados determino y aprobó la conformación de la COMISIÓN ESPECIAL PARA  REVISAR EL PROCESO DE LICITACIÓN, EMISIÓN DEL FALLO Y SU CANCELACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MÉXICO – QUERÉTARO, en la que han comparecido diversos funcionarios de la SCT incluso el titular de la misma Lic. Gerardo Ruíz Esparza, en la cual menciono que el consorcio ganador encabezado por China Railway Construction, se había abstenido de cobrar los gastos relacionados por la preparación y presentación de la propuestaque había sido la ganadora.

Sin embargo ahora existen versiones periodísticas del pasado tres de febrero del presente año donde señalan que esta empresa si pedirá una indemnización al gobierno mexicano por los gastos que esta erogo en el proceso que lamentablemente fue cancelado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto cuando se encontraba en proceso la nueva licitación.

Por lo anterior expuesto y fundado solicito a esta Honorable Asamblea:

 

PUNTO DE ACUERDO

 

UNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes Lic. Gerardo Ruíz Esparza, al Secretario de la Función Pública Mtro. Virgilio Andrade Martínez  y a la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Dra. Ximena Puente De La Mora, para que en el ámbito de sus respectivas competencias exista la coordinación necesaria entre las dependencias en instituciones que dirigen, con el fin de  transparentar el proceso de pago de reembolso por la cancelación del proyecto del (TAV) MÉXICO – QUERÉTARO al consorcio encabezado por China Railway Construction Corp.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de febrero de 2015.

Secretaría del Trabajo en San Luis Potosi revise la situación de las y los jornaleros para garantizar sus derechos humanos laborales

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A REVISAR LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS JORNALEROS DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS LABORALES.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con base en la estadística más reciente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que hay 2.5 millones de jornaleros, de los cuales cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la familia que los acompañan, señala el programa de Jornaleros Agrícolas.

Todos, pero en particular los migrantes, enfrentan precariedad del empleo, en el tránsito migratorio y en sus condiciones de vida. Se trata de un grupo social vulnerable, y si son indígenas, esta situación se acrecienta y genera una exclusión social.[1]

La situación que viven las y los jornaleros en México es por demás carente de las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo de manera segura y acorde a los estándares que establecen los derechos humanos laborales.

“Es un trabajo esclavo que no amerita cadenas, es esclavo al no existir contratos, es esclavo al  tener  mujeres embarazadas y niños trabajando, es esclavo porque no les están dando un lugar digno donde vivir, un lugar salubre con servicios básicos”, dice Isabel Margarita Nemecio Nemesio, integrante del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que desde hace años documenta el dilema entre migrar o morir que año con año enfrentan los jornaleros agrícolas de la región.[2]

 

Ejemplo de ello es el caso de San Luis Potosí, el cual representa el estado de precariedad en el que viven las y los jornaleros, para muestra está lo ocurrido “la tarde del 3 de julio de 2014, una camioneta que transportaba a 42 jornaleras y jornaleros agrícolas, originarios de comunidades indígenas de Guerrero, se volcó cuando se trasladaba del rancho “El Ebanito”, en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, al sitio donde los trabajadores rentaban unos cuartos para vivir durante el tiempo que duraría la cosecha y, por lo tanto, su empleo en el rancho.”[3]

Entre los fallecidos se encontraban un jornalero de 40 años, un niño de seis y otro de ocho años, quienes trabajaban en la pizca junto con sus padres.

“Las víctimas del accidente pertenecen a seis familias originarias de comunidades de la Costa y Montaña guerrerenses, y habían migrado apenas unos días antes a San Luis Potosí, para emplearse como jornaleros temporales.”[4]

 

En el informe “Migración Interna (Jornaleros Internos)” de la organización Respuesta Alternativa, Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, se evidencia una serie de abusos y violación a los derechos laborales y humanos “contrataciones irregulares, usualmente a través de intermediarios o ‘enganchadores’ que reciben los salarios de los trabajadores y les descuentan los gastos de transporte y alimentación; salarios insuficientes, que se ven mermados por el gasto de pagar una renta, ya que en muchos ranchos no hay lugares para albergarlos, así como de alimentación, transporte y comunicación telefónica con sus familiares”.[5]

Asimismo, con base en la información recopilada por la organización, se menciona que los salarios están establecidos por jornal o por tarea. Si es por jornal reciben entre 110 y 145 pesos por día; mientras que por arpilla se les paga 20 y 30 pesos y 50 en caso de surco.

 

Sobre los espacios donde se alojan, tienen tres opciones: en los ranchos, en albergues de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -sólo en los tres que existen, dos en el municipio de Vila de Arista y uno en Vanegas- o en cuartos o espacios rentados, cuyo costo por mes oscila entre los 500 y 600 pesos […] En la mayoría de los ranchos hay hacinamiento, de acuerdo con el informe. De los 32 registrados, la organización sólo detectó dos, en Vanegas y Villa de Guadalupe, que cuentan con instalaciones adecuadas (servicio sanitario, luz, agua y cocina).[6]

Sólo en cuatro de los 32 ranchos analizados, cuentan con servicios médicos, lo cual denota la necesidad por revisar las condiciones en las que las y los jornaleros desarrollan su labor.

Por último “hay una clara inexistencia de servicios educativos y de guarderías en los ranchos, lo cual impide que los menores tengan oportunidades educativas y de desarrollo a las que tienen derecho según esta Ley [del Trabajo] y la Convención de los Derechos del Niño”, agrega el documento.[7]

Es por ello que, atendiendo las necesidades que las y los jornaleros tienen al momento de desarrollar su ardua labor, presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

 

 

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de San Luis Potosí a revisar la situación de las y los jornaleros de la entidad con la finalidad de garantizar sus derechos humanos laborales.

 

 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3  días del mes de febrero de 2015.

 

[1] La Jornada, “Dónde están y cómo están los jornaleros agrícolas”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2012/03/17/cam-agricolas.html

[2] Excélsior, “Jornaleros viven esclavitud sin cadenas; la mitad de los niños no estudia”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/06/17/904455

[3] Sin Embargo, “ONG denuncia los abusos y situación de esclavitud de jornaleros en ranchos de SLP”, [en línea], Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/29-01-2015/1232754

[4] Íbid.

[5] Íbid.

[6] Ídem.

[7] Ídem.

Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a vigilar y sancionar a los servidores públicos federales que adquieran bienes inmuebles generando presuntos conflictos de interés

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A VIGILAR Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES QUE ADQUIERAN BIENES INMUEBLES GENERANDO PRESUNTOS CONFLICTOS DE INTERÉS.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

Una lujosa casa por un valor superior a los 86 millones de pesos reveló el cercano nexo existente entre la administración del Presidente y una de las empresas que habían participado en el consorcio ganador de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro: Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales favorecidos por la administración de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México (2005-2011).

 

En medio de la profunda molestia social y el enojo generalizado por el tema de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero, y mientras el presidente y su esposa se encontraban de gira por China y Australia, una investigación de varios meses realizada por un equipo de periodistas confirmó que la familia presidencial habitaba una residencia ubicada en Sierra Gorda número 150, en las Lomas de Chapultepec, que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos.

 

La investigación comprobó que el Estado Mayor Presidencial (EMP) resguardó la casa de Sierra Gorda 150, y que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron personalmente con el arquitecto que diseñó la residencia, para ajustar el diseño a sus necesidades.

Una vez de regreso en el país, el mandatario aseguró durante la inauguración de la Ciudad para la Salud de la Mujer, en el Estado de México: “En días recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa, una propiedad en la que han señalado un sin número de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno“.

“Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa, que sea ella personalmente, siendo propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública, cómo fue que se hizo de esa propiedad, y cómo fue que la construyó”, anunció.

En un video de 7 minutos, difundido a través de su página de Internet, Rivera Hurtado aseguró ser económicamente solvente para comprar la residencia y anunció su decisión de poner a la venta los derechos sobre el inmueble, del que aún adeuda, dijo, el 70 por ciento de su valor total.

Ni el presidente, ni Angélica Rivera, ni Televisa han ampliado declaraciones al respecto, esperando que el tema pase al olvido.

 

Sin embargo después de que el tema “casa blanca” se colocó incluso en los titulares de la prensa internacional, la misma Presidencia de la República confirmó que Enrique Peña Nieto utilizó como oficina una casa localizada también en la zona de las Lomas de Chapultepec durante la campaña presidencial y el periodo de transición, la cual también es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

La casa propiedad de Hinojosa Cantú que usó Peña Nieto en el año 2012, no aparece en los registros públicos del extinto Instituto Federal Electoral como gasto de campaña ya sea como un inmueble arrendado o, en su caso, como una donación en especie. Tampoco fue inscrita en los gastos de transición presidencial difundidos en internet por el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos personales (IFAI).

Aunado a estos hechos, el 11 de diciembre de 2014, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, compró una casa a Grupo Higa (propiedad de Juan Armando Hinojosa), en Malinalco, Estado de México.

Parte del texto cita: “El Secretario de Hacienda de México compró una casa al grupo contratista del gobierno que está en el centro de las acusaciones turbulentas de tráfico de influencias con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”.

“Los registros de propiedad muestran que el Secretario, Luis Videgaray, ampliamente considerado como la fuerza impulsora detrás de la revisión económica reciente de México, compró la casa en un exclusivo resort de golf de la pintoresca localidad de Malinalco, en el central Estado de México, a partir de Bienes Raíces H & G S.A.”.

Si bien a Videgaray no se le acusó de un acto ilegal, la operación de compra de la casa revela un conflicto de interés más que involucra la imagen del presidente, a su empresa contratista predilecta.

También, según el diario, “es una muestra viva de los amplios vínculos comerciales y personales entre el contratista y los altos funcionarios del gobierno”.

Videgaray, en respuesta a las preguntas de WSJ, dijo que compró la casa a Hinojosa en octubre de 2012, menos de dos meses antes de que la administración de Peña Nieto asumió el cargo el diciembre 1.

“No hubo ningún conflicto de intereses. Hice el trato cuando yo no tenía cargos públicos”, dijo Videgaray.

“La transacción fue inusual”, matizó WSJ, ya que Videgaray se hipotecó con el grupo del señor Hinojosa con 532 mil dólares, de acuerdo con los documentos. “Pero por alguna razón, Videgaray dijo que después pagó la hipoteca en su totalidad”.

Hace unos días, The Wall Street Journal, nuevamente, reveló que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, también en el Estado de México, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando era Gobernador.

El empresario, vendedor de la residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan fundó Constructora Urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, aseguró el diario estadounidense.

El rotativo indicó que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.

Además, desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México, según documentos públicos.

 

 

Como es evidente, los conflictos de interés que vinculan a Enrique Peña Nieto y a un miembro de su gabinete, con empresas que se han visto beneficiadas con la obtención de licitaciones y contratos son un asunto reiterativo, mismo que no ha sido aclarado de manera fehaciente, salvo por declaraciones públicas sin la exhibición de los documentos legales, sin que las empresas señaladas por aportar recursos muestren las operaciones realizadas para ello, ni se profundice en la investigación de bienes inmuebles a cambio de posibles favores gubernamentales de todos y cada uno de los integrantes del Gabinete presidencial.

 

Por lo antes expuesto y fundado  sometemos a su consideración el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

 

Único.- La H. Cámara de Diputados exhorta al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, a que en el ámbito de sus facultades realice las acciones necesarias para vigilar que los servidores públicos federales, integrantes del Gabinete presidencial, así como de la propia Presidencia de la República, se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, y sancione conforme a la ley, a aquellos que sean hallados responsables de actos ilegales en el ejercicio de sus funciones o con beneficio de ellas, para la adquisición de bienes inmuebles que generen presuntos conflictos de interés.

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de Febrero de 2015

 

 

 

Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a investigar la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas de Guerrero

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD A INVESTIGAR LA DETENCIÓN CON USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN CONTRA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS DE GUERRERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA Y AL SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN, A DIVERSAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA REPOSICIÓN DE SEMESTRE DE LAS NORMALES RURALES DE DICHO ESTADO.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

 El pasado 28 de enero de 2015, policías federales retiraron de la caseta de peaje de Palo Blanco en la Autopista del Sol a un grupo de manifestantes normalistas, deteniendo en el sitio a 12 de ellos, quienes intentaban realizar un boteo.

Ante estos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó un día después de los hechos, que alrededor de las 14:00 horas, personal de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, asignado a la vigilancia y seguridad de la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, identificó una camioneta tipo pick up de color blanco que no portaba placa de circulación al frente.

A través de un comunicado, la CNS informó que “Los elementos marcaron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso y aceleró la marcha hacia la capital del estado”, señala el texto, añadiendo que los policías implementaron un dispositivo para alcanzarlo y lograron detenerlo varios kilómetros adelante.

Sin embargo, de manera simultánea, se detuvo en la caseta a 12 estudiantes que iban a bordo de otro vehículo, quienes fueron liberados alrededor de las 14:40 horas, denunciando en su liberación que recibieron golpes y amenazas por parte de los elementos de la Policía Federal.

De acuerdo con el diario El Sur de Acapulco, los estudiantes detenidos tenían planeado reunirse el pasado miércoles 28 con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava en la Ciudad de México para discutir opciones para recuperar el semestre en las nueve normales públicas del estado, pero el encuentro se canceló.

La noticia de la cancelación de la reunión  llegó a los normalistas a primera hora de dicho día, por lo que decidieron reunirse en la Normal Adolfo Viguri, en la capital, a las 11 de la mañana para decidir qué acciones tomar.

Dos estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) se trasladaron de Acapulco a Chilpancingo para asistir al encuentro en representación de su institución, iban a bordo de una camioneta blanca, pero fueron detenidos en la caseta de La Venta por la Policía Federal bajo el argumento de que el vehículo en que iban estaba reportado como robado.

Inmediatamente los estudiantes se comunicaron vía telefónica con los voceros del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), quienes pidieron a sus compañeros que prestaran su celular a uno de los policías, quien atendió la llamada pero no se identificó.

Los normalistas pidieron al policía que liberara a los estudiantes pues era un compromiso del gobierno federal no reprimir a los manifestantes.

Pactaron la liberación de los dos estudiantes detenidos en la caseta de Palo Blanco, a donde se trasladó una comisión de normalistas a bordo de una Urvan y una camioneta blanca tipo pick up, pero al llegar al punto de encuentro los normalistas notaron la excesiva presencia de patrullas de la Policía Federal y fueron agredidos por los agentes.

La presencia de los uniformados era debido a la operación Blindaje Autopista del Sol para evitar la toma de casetas, se informó que los agentes acudirían con equipo antimotines y sin armas de fuego, pero todos llevaban armas cortas y largas.
La confrontación entre policías y estudiantes, primero verbal, subió de tono hasta que algunos normalistas fueron golpeados, rápidamente volvieron a sus automóviles y huyeron del lugar en dirección hacia Chilpancingo por su seguridad, pero los policías los persiguieron 2 kilómetros.

En la persecución los normalistas se desviaron de la Autopista del Sol y se adentraron a un terreno baldío, ahí fueron alcanzados y forzados a descender del vehículo.

El diario El Sur de Acapulco reporta que el primero en salir fue el vocero y conductor, Luis Rivera, quien con manos en alto pidió a los policías que se calmaran.
 Luis Rivera fue obligado a hincarse delante de los policías quienes le apuntaron directamente con sus armas de fuego, cortas y largas, mientras le gritaban “al suelo hijo de la chingada”, una vez que el normalista se acostó en el suelo, boca abajo, los policías lo golpearon en la espalda a culatazos y a patadas.

Mientras Luis Rivera era brutalmente golpeado por dos agentes, otros golpeaban los vidrios del vehículo en el que todavía se encontraban aproximadamente ocho estudiantes, quienes se negaban a abandonar el vehículo, pero finalmente acataron la violenta orden que recibieron de exponerse a la misma agresión.

Fueron igualmente obligados a tumbarse boca abajo en el suelo y posteriormente recibieron golpes de los policías, quienes los esposaron y forzaron a subir a distintas patrullas con la cabeza gacha para impedirles ver hacia dónde los llevaban. Los 12 fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal, sector caminos, en la capital.

Al conocer la noticia de la detención de sus compañeros, inmediatamente cerca de 100 normalistas acudieron a ese lugar en la avenida de La juventud.
De los detenidos, siete fueron liberados al llegar a la sede de la Policía Federal, los otros cinco fueron ingresados a las oficinas, aún esposados y bajo custodia, en donde permanecieron poco más de una hora, durante ese tiempo los miembros del FUNPEG protestaron para que sus compañeros fueran liberados, lo que ocurrió a las 2:40 de la tarde.

Ante la evidente situación de conflicto que se ha presentado en la entidad, producto de la violación grave a derechos humanos de la que fueran víctimas los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es relevante proteger tanto el derecho de manifestación, como el de tránsito, mismos que sólo podrán resguardarse siguiendo los protocolos policiales adecuados, y respetando los acuerdos celebrados entre las mexicanas y mexicanos que protestan y las autoridades gubernamentales.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García,  realizar una investigación a fondo que deslinde responsabilidades y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los Policías Federales que en el uso de sus facultades incurrieran en uso excesivo de la fuerza, misma que resultara en las agresiones físicas en contra de estudiantes normalistas de Guerrero.

Segundo.- Exhorta al sub secretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a sostener una reunión con los estudiantes normalistas del estado de Guerrero, a fin de atender sus demandas en cuanto a un programa y plazo para la recuperación del semestre escolar que se ha perdido, debido a la situación de gravedad que se ha presentado en dichas escuelas normales, derivado de los hechos ocurridos a estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de febrero de 2015

PGJ de Veracruz: investigue las posibles acciones de corrupción en la mala construcción del camino Entabladero-Melchor Ocampo, Municipio del Espinal

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A AUDITAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ENTABLADERO-MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ESPINAL, VERACRUZ.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, en el rubro Programas y Proyectos de Inversión, se incluyó la construcción de pavimento asfáltico en el camino que va de las comunidades de Entabladero a Melchor Ocampo, en el municipio de Espinal, Veracruz, con una inversión total de 13,501,530 pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF), la inversión para el camino rural se efectuaría en su totalidad durante el año en mención.

La colocación de pavimento asfáltico sobre este camino rural era una añeja demanda de los habitantes de la región, ya que permitiría llevar los productos rurales que ahí se producen a los mercados más cercanos de forma más rápida, seguro y a menor costo.

Las comunidades veracruzanas de Entabladero como Melchor Ocampo tienen una vocación rural principalmente. En Entabladero viven más de 3 mil 300 personas, de las cuales la mayoría hablan una lengua indígena y se dedican a la agricultura.

En tanto, Melchor Ocampo cuenta con más de mil 200 habitantes que igualmente tienen una lengua indígena y se dedican a la agricultura.

De estas estadísticas se desprende que hay más de mil familias que dependen económicamente de que sus productos agrícolas salgan de las comunidades para ser comercializados, con el fin de obtener recursos para su subsistencia.

Sin embargo, pese a que la colocación de pavimento asfáltico del camino rural estaba etiquetado, los habitantes de la región han denunciado en diversas ocasiones que las obras fueron iniciadas, pero no han concluido.

Asimismo, los tramos que ya fueron asfaltados presentan una baja calidad de los materiales y un terminado incompleto, por lo que resultan intransitables para los vehículos de carga de los habitantes de la región.

De ninguna manera los trabajos realizados hasta la fecha corresponden o justifican el gasto de 13 millones 501 mil 530 pesos  asignado en el PEF 2014 para dicha obra.

Los daños ocasionados por esta obra inconclusa, han motivado la intervención de organizaciones sociales como la Asociación México con Valores, las cuales han buscado la intervención de autoridades estatales y federales para que se corrijan las obras mal realizadas. Por lo anteriormente expuesto, someto a  esta soberanía el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar la construcción de pavimento asfáltico del camino Entabladero-Melchor Ocampo, Municipio de Espinal, Veracruz.

Segundo.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Caminos Rurales a efectuar las acciones necesarias para que se construya el tramo y se concluya con las obras programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Tercero.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz a investigar las posibles acciones de corrupción que se pudieran haber cometido en la mala construcción del camino.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28  días del mes de enero de 2015

EPN y SEDESOL: detengan la entrega de televisiones digitales a nivel nacional, hasta después de los comicios electorales del año 2015

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TTITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, A QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES, DETENGAN LA ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES COMO PARTE DE LA TRANSICIÓN DEL APAGÓN DIGITAL, HASTA DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS ELECTORALES DEL AÑO 2015.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) iniciaron el sábado 24 de mayo de 2014, en el estado de Tamaulipas, la entrega de televisores digitales con los que se busca lograr el apagón digital.

Con dicha etapa se preveía la entrega de 21,441 aparatos en Nuevo Laredo, de los 13.8 millones de televisores gratuitos que contempla el programa para todo el país.

“En esta etapa del programa, en total serán 107,000 personas beneficiadas en 17 municipios de la frontera noreste del país: 12 de Tamaulipas, 4 de Nuevo León y 1 de Coahuila”, informó la SCT en un comunicado de prensa. Dicha entrega concluyó en agosto, para dar inicio a la entrega en el centro del país en enero del presente año.

Los beneficiarios han sido y serán aquellas personas inscritas en el padrón nacional de beneficiarios de programas sociales de Sedesol. La entrega de televisores en la frontera norte del país terminará en agosto y en enero de 2015 iniciará para el centro del país.

Por ley, la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en todo el país debe concluir el 31 de diciembre de 2015, lo que es conocido como “apagón analógico”.

Sin embargo, la repartición y entrega de televisores digitales, a la par que ha iniciado las campañas electorales, está funcionando como método para la compra de votos, promocionada desde el gobierno federal.

Aunado a esto, las pantallas que se están distribuyendo no se entregan con un dispositivo con acceso a internet, ni con un padrón transparente y con los mecanismos de control necesarios para la supervisión de dicha entrega.

Es decir, la entrega de estas pantallas es adecuada si es para el beneficio de la gente, pero no debe hacerse en época electoral, pues el único beneficiado con ello será el partido en el gobierno.

El apagón analógico en México inició en la ciudad fronteriza de Tijuana el 29 de mayo de 2013.

Sin embargo, 14,000 hogares no estaban preparados para la transición —solo contaban con una televisión analógica sin decodificador— por lo que se quedaron sin señal. Además el Instituto Federal Electoral (IFE) pidió restituir la señal analógica para no afectar las campañas electorales que se realizaban, lo que aplazó en los hechos la entrada en vigor de apago analógico, suceso que podría ser replicado a nivel federal hasta pasadas las elecciones a celebrarse el próximo mes de junio, lo que contribuiría a una mejor y más sana elección.

Es importante mencionar que, conforme a lo dispuesto por las leyes electorales en nuestro país, el uso de programas sociales para tratar de beneficiar a determinado partido en los comicios puede ser causa de nulidad de las mismas, y dado que este fenómeno podría suceder en todo el país, es necesario impedir de manera tajante que este programa continúe, a fin de no perpetuar el clientelismo y las malas prácticas electorales.

Por lo antes expuesto y fundado  sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

Primero.- Exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones a fin de que la entrega de televisiones digitales sea suspendida a nivel nacional hasta después del proceso electoral del 2015, en aras de que el mismo pueda realizarse sin clientelismo ni malas prácticas, garantizando el pleno derecho de las ciudadanas y ciudadanos a ejercer su voto libremente.

Segundo.- Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, a que en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se integre y haga público un informe respecto a los criterios para selección de beneficiarios a quienes ha sido entregado o se entregará un televisor digital, a fin de que sea posible acceder a dicha información en un procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de enero de 2015

PGJDF: investigue y resuelva el caso de Ti Kip Fernández Vilchis

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR Y RESOLVER DE MANERA EXPEDITA Y CON ESTRICTO APEGO A LA LEY EL CASO DE TI KIP FERNÁNDEZ VILCHIS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la plataforma change.org, Luz del Carmen Vilchis Esquivel, denunció que el 9 de enero de 2014, su hija Ti Kip Fernández Vilchis “falleció atropellada por el Metrobús en la línea de Insurgentes a la altura de la calle de Encanto, a unos metros de la Estación Olivo”.[1]

Sin embargo, corrompieron el expediente en la Fiscalía de Álvaro Obregón. El que fuera un dictamen inicial de SEMEFO que describía que mi hija no tenía restos de drogas ni alcohol, fue sustituido por un documento espurio en el que se afirma que conservaron un fragmento de su hígado para emitir un informe posterior en el cual dicen que el órgano revela un porcentaje de 85/100 de alcohol.[2]

Aunado a ello, la denunciante alega que el expediente está conformado con una serie de elementos falsos, a la par de que no se realizaron las pruebas correspondientes a la unidad del Metrobús y, la pérdida de los cinco videos que contenían las pruebas fundamentales para corroborar el atropellamiento de la joven de 31 años.

Cabe destacar que existen varios casos de atropellamiento en donde las víctimas han perdido la vida, por ejemplo en el pasado mes de octubre, Omar Godoy Cabadilla de 25 años falleció tras haber sido arrollado por la unidad 067 de la Línea 2 del Metrobús, mientras paseaba a sus mascotas.[3]

Por su parte, el pasado mes de mayo “la unidad del Metrobús, identificada con el número económico 0018, atropelló a una mujer de 72 años, quitándole la vida. Esto sucedió al sur de la avenida Insurgentes, en la colonia Actipan, cerca de Barranca del Muerto.”[4]

O en el pasado mes de abril “un hombre de la tercera edad murió tras ser arrollado por una unidad de Metrobús de la Línea 4; en el cruce del Eje 5 Oriente -Javier Rojo Gómez- y la calle Río Florido, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, delegación Iztapalapa”.[5]

Sin embargo, el caso de Fernández Vilchis resulta alarmante ya que según su madre, se alteraron las pruebas de los hechos y, por ende, de un real ejercicio de justicia. Es por ello que, abogando por la exigencia de justicia que hace Luz del Carmen Vilchis Esquivel por su hija Ti Kip Fernández Vilchis, presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver de manera expedita y con estricto apego a la ley el caso de Ti Kip Fernández Vilchis.

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de enero de 2015.

 

 

[1] Change.org, “Justicia para mi hija muerta, atropellada por Metrobús”, [en línea], México, Dirección URL: http://chn.ge/1zsdf0o

[2] Ídem.

[3] El Universal, “Salva a su perro pero él muere atropellado”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversaldf.mx/iztacalco/salva-a-su-perro-pero-el-muere-atropellado.html

[4] Revolución tres punto cero, “Metrobús atropella a mujer de 72 años”, [en línea], México, Dirección URL: http://revoluciontrespuntocero.com/metrobus-atropella-a-mujer-de-72-anos/

[5] El Universal, “Atropella Metrobús a adulto mayor en Rojo Gómez”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/atropella-metrobus-a-adulto-mayor-en-rojo-gomez-1007094.html

Exhorto a la PGJ del estado de Oaxaca investigue el asesinato del líder Triqui Julián González Domínguez

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA A INVESTIGAR, DE MANERA EXPEDITA, EL ASESINATO DE JULIÁN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, DIRIGENTE DE LA ZONA TRIQUI DE LA RED INTERNACIONAL DE INDÍGENAS OAXAQUEÑOS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja  diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a Laura Velasco Ortiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Una forma de clasificar a las organizaciones (de indígenas migrantes entre México y Estados Unidos) consiste en agruparlas según su orientación transnacional o local.

De acuerdo con este criterio, un primer grupo de organizaciones lo forman el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO), la Coalición de Comunidades Indígenas Oaxaqueñas (Cocio), la Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ), la Organización Regional Oaxaqueña y Vamos por la Tierra. Este primer grupo de organizaciones actúa en California, Baja California y Oaxaca, y sus núcleos de activistas están en California y Oaxaca.[1]

En dicho tenor, es necesario destacar que en días pasados, Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la RIIO fue asesinado en el estado de Oaxaca. Según las declaraciones de Ana Velasco Cervantes, dirigente de dicha organización y de testigos, indican que

González Domínguez fue sacado de su hogar alrededor de las siete horas en la comunidad denominada La Brama Paraje Pérez del municipio de Santiago Juxtlahuaca por un comando de 10 personas a bordo de dos unidades, una de ellas una camioneta marca Ford tipo Lobo. El cadáver del dirigente fue localizado minutos después en la comunidad de San Isidro, de ese mismo ayuntamiento ubicado en la región de la Mixteca.[2]

Velasco Cervantes indicó “González Domínguez trabajaba en el conflicto agrario que mantenían las comunidades de Tierra Blanca y la Brama, por lo que ya había recibido anteriormente varias amenazas de muerte.”[3]

Asimismo, González Domínguez era integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la zona triqui, por lo que Salomón Jara Cruz, Consejero Nacional de dicha organización, publicó en sus redes sociales: “Hace aprox. 2 horas un comando saco (sic) de su casa al compañero Julián González y lo asesino (sic) cobardemente, ocurrido en Labrama paraje Pérez”.

Cabe mencionar que

La orientación transnacional, junto con su heterogéneo componente étnico, define el perfil panétnico-transnacional de estas organizaciones, agrupando comités locales y asociaciones propueblos de origen mixteco, zapoteco y triqui. No obstante que, en general, se sostienen en forma cotidiana por el activismo de un conjunto visible de líderes o representantes, aunque su legitimidad deriva de la capacidad para articular demandas de las asociaciones propueblos o bien de las comunidades-pueblo de las que emergen como representante.[4]

Al respecto, nos pronunciamos porque este cobarde asesinato sea esclarecido lo antes posible y que, el o los responsables de este hecho sea juzgado en estricto apego a la ley; asimismo hacemos un llamado para que la integridad personal de las y los líderes sociales, en este caso indígenas y de sus familias esté garantizada por el Estado mexicano. Por ello presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

 

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar, de manera expedita, el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños.

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro  a los 14  días del mes de enero de 2015.

 

 

[1] Laura Velasco Ortiz, “Organizaciones de indígenas migrantes entre México y Estados Unidos”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/acervo/libro/lib_018/lib_018_58.pdf

[2] La Jornada Zacatecas, “Asesinan a dirigente de la zona triqui en Oaxaca”, [en línea], México, Dirección URL: http://ljz.mx/2015/01/12/asesinan-dirigente-de-la-zona-triqui-en-oaxaca/

[3] ADN Sureste, “Ejecutan a líder Triqui perteneciente a RIIO)”, [en línea], México, Dirección URL:  http://adnsureste.info/?p=25259

[4] Laura Velasco Ortiz, Op. Cit.