Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Category: Puntos de Acuerdo DF

Exhortamos a la Magistrada Lambertina Galeana Marín con relación al desalojo de paristas del PJEG

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAMBERTINA GALEANA MARÍN, MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO, CON RELACIÓN AL DESALOJO DE PARISTAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El pasado 11 de marzo, los trabajadores del Poder Judicial del estado de Guerrero iniciaron un paro indefinido de labores y tomaron de manera simultánea las instalaciones en Acapulco, Tlapa y Chilpancingo, sitios en los que no el acceso a los jueces, magistrados, secretarios y demás personal jurídico, para exigir el cumplimiento del pliego petitorio presentado desde el año pasado.

En abril del año pasado, la magistrada presidente Lambertina Galeana Marín, se comprometió a conceder un incremento del 35 por ciento a los trabajadores administrativos y jurisdiccionales quienes perciben los menores emolumentos.

Adalberto Valenzo Martínez, quien es secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Guerrero, indicó que el año pasado la magistrada argumentó que no habría recursos para poder cubrir esa exigencia del incremento salarial del 35 por ciento, por ello para el ejercicio fiscal 2015 solicitaría un incremento, que le permitiera hacer un acto de justicia e incrementarle sus percepciones a quienes tiene salarios más bajos.

El presupuesto del poder judicial del 2015 incrementó en casi 58 millones con respecto al del 2014, el aumento salarial no ocurrió.

Adicionalmente, el sindicato mantiene la exigencia de que se implemente un sistema de carrera judicial en el que los trabajadores puedan, a través de estudios y concursos de oposición, escalar posiciones de tal forma que no sean los familiares o amigos de magistrados quienes lleguen a puestos de privilegio, sino quienes tengan más preparación académica y experiencia laboral

A pesar de que estas demandas no se han cumplido, la secretaria general adjunta del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial en el Estado, Perla Maldonado Rodríguez, denunció que varios de sus representados en paro, fueron amenazados por algunos de los jueces, para obligarlos a desistirse del movimiento.

Aclaró que no están exigiendo nada que en estricta justicia no le corresponda, sobre todo porque desde el 9 de abril del 2014, el pleno del Tribunal Superior de Justicia y su presidenta, Lambertina Galeana Marín, firmaron el compromiso de cumplir con las demandas económicas y sociales que en esa ocasión les fueron presentadas, durante el primer paro de laborales.

Para esos efectos, estos altos funcionarios del Poder Judicial tendrían que gestionar una partida adicional por 76 millones de pesos, pero nunca lo hicieron, hecho que originó la inconformidad de los trabajadores judiciales, quienes además de trabajar bajo una carga laboral extrema, han visto que las promesas de cumplir con sus demandas no han sido más que un engaño.

A pesar de que la dirigente sindical dejó en claro la decisión de sus representados, consistente en no dar marcha atrás en su lucha hasta que les den una respuesta positiva a sus justas demanda laborales, la situación tuvo un giro que agravó las circunstancias.

La madrugada del miércoles 8 de abril del presente año, la Fiscalía General de Guerrero justificó el desalojo de los trabajadores que se mantenían en paro, al haber transcurrido 28 días desde que iniciaran su lucha por un aumento salarial y mejores prestaciones económicas.

Para justificar el hecho, el vice fiscal Jesús Galeana, aseguró que el desalojo que realizaron, en el que participaran elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, se derivó de una denuncia que se presentó por el delito de obstrucción a la justicia.

El funcionario señaló que las investigaciones continúan por esa denuncia y dijo desconocer si durante el desalojo hubo personas detenidas o lesionadas. No obstante en redes sociales se denunció que hubo agresión por parte de policías antimotines del estado.

Y no es de sorprender que pudieran existir personas lesionadas. El operativo fue realizado por cientos de policías estatales con equipo antimotines, quienes desalojaron de forma simultánea los plantones de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que se mantenían en Taxco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco.

Apenas un día antes, el Secretario general del Sindicato Independiente de Servidores públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE) Adalberto Valenzo Martínez, había solicitado la destitución de la titular del TSJ Lambertina Galeana, por considerar que era la principal opositora a dar cumplimiento a las demandas de los trabajadores.

Como es bien sabido, la situación de violencia e inseguridad en el estado de Guerrero ha tenido graves episodios que, derivado de los acontecimientos, pareciera no concluir al menos en el corto plazo, por lo que el funcionamiento anormal de uno de los poderes de la entidad no es algo que pueda mantenerse, si se espera que el Estado recobre la normalidad y que sus habitantes puedan contar con un sistema de impartición de justicia eficiente.

Es de todas y todos conocido que las circunstancias laborales de las trabajadoras y trabajadores de los Poderes tanto locales como federales es bastante inestable, aún cuando son ellos quienes realizan en su mayoría las tareas sin las cuales los Poderes verían su esfuerzo demeritado.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

PRIMERO.- Exhorta a la C. Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, a que en el marco de sus facultades, gire instrucciones para la instalación y participe en una mesa de diálogo con las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial del Estado de Guerrero, a fin de llegar a acuerdos comunes que permitan tanto el cumplimiento del aumento salarial de los trabajadores, así como el adecuado funcionamiento del Poder Judicial de la entidad. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de abril de 2015.

Se exhorta investigar los posibles actos violatorios de la Ley Electoral cometidos por el Gobernador Rogelio Ortega

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE GUERRERO A INVESTIGAR LOS POSIBLES ACTOS U OMISIONES VIOLATORIOS DE LA LEY ELECTORAL, COMETIDOS POR EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

 

El modelo de administración electoral que adopta un país es un factor importante para su desempeño, pero no es el único.

 

La independencia de los organismos electorales es parte de la cultura institucional de un organismo que debe ser respetada y promovida, pues es garante de que las decisiones tomadas en las urnas sean concretadas en hechos.

 

 

Los organismos electorales independientes se desarrollaron inicialmente en América Latina durante el Siglo XX. En Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia, la transición de gobiernos dictatoriales a democracias liberales, conoció del surgimiento de estructuras electorales que constituyeron una cuarta rama del poder del Estado, debido a las amplias responsabilidades que tenían en pro de la justicia y el establecimiento de un modelo de gobierno completamente diferente, garantizado a través del voto.

 

 

En Canadá se estableció una estructura similar en 1920. Un elemento clave de la Ley Electoral de 1920 fue la creación de la oficina del Director General de Elecciones en sustitución del Empleado de la Corona en los Tribunales, confirmándole garantías sustanciales de independencia.

 

 

A pesar de los graves conflictos que existen en algunas partes del Caribe y en algunos países africanos como Botswana, Gambia y Senegal, han preservado su régimen democrático celebrando elecciones creíbles desde su independencia en la época de los años 60.

 

 

Resulta preocupante que en México la independencia de los organismos electorales estatales y federal se vea sometida a la indebida participación de otros Poderes u actores políticos.

 

Tal es el caso del gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que con su aparición en un acto de campaña del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, ha decidido participar activamente en las elecciones, a pesar de ser titular de un poder del Estado a nivel local.

 

Este hecho fue dado a conocer en el estado de Guerrero, cuando la propia candidata del PRD, Beatriz Mojica Morga, distribuyera vía correo electrónico las fotografías del gobernador de Guerrero en un mitin proselitista en Michoacán.

 

Como es conocido, el plazo de la licencia que ha levado a Rogelio Ortega a la gubernatura interina del estado está por fenecer, por lo que el Congreso local deberá tomar en cuenta que durante este periodo la entidad no ha sido beneficiada con mejores políticas de gobierno y seguridad, además de que ahora existe una evidente intromisión del gobernador en las elecciones, lo que podría comprometer la voluntad ciudadana para decidir quién será quien gobierne el estado a partir de finales de 2015.

 

Pero no es el único caso. El gobernador de Guerrero ha intervenido en otros asuntos del proceso electoral en favor del PRD y ha utilizado el gobierno del estado como agencia de colocaciones con fines políticos, como fue el caso del distrito 13 de San Marcos, en donde se quitó la candidatura a Porfirio Leyva para dársela a Gustavo Villanueva, quien contendería bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

 

Posteriormente, Porfirio Leyva fue nombrado Secretario del Trabajo utilizando al gobierno del estado de Guerrero como agencia de colocaciones de los reacomodos y los acuerdos de las corrientes del PRD.

 

Este tipo de hechos podría llevarnos a suponer que el gobernador también ha intervenido en la repentina declinación del candidato en el distrito 02 de Chilpancingo, Alejandro Mendoza Pastrana, y en otros casos y amenazas que se han presentado en el proceso electoral contra los perredistas que por convicción quieren abandonar ese partido político.

 

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

ÚNICO.- Exhorta al titular de la Contraloría General del Estado de Guerrero, Eduardo Gerardo Loría Casanova, a que en el marco de sus facultades, realice una investigación relacionada con las acciones del gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que pudieran representar actos u omisiones que contravengan cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia electoral.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de abril de 2015.

Punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de la función pública a realizar auditorias para garantizar el no ejercicio de recursos públicos con fines electorales en el estado de Guerrero

Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

 

El pasado 2 de marzo del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de garantizar la equidad de la contienda a celebrarse en unos meses, mediante la no utilización de los programas sociales con fines electorales.

 

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo la importancia de preservar los programas sociales y el combate a la pobreza, sin que ello implique que tengan sesgos políticos o fines electorales.

 

A su vez, la titular de Sedesol, Rosario Robles sostuvo que tienen claro la necesidad de garantizar los derechos sociales con un esquema ajeno a incidir en el sentido de los votos. Aseguró que la dependencia garantizará que los recursos públicos destinados a los programas sociales se aplicarán con respeto a la equidad de la contienda.

 

Apenas hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó medidas cautelares mediante los cuales prohibía a Sedesol la contratación de gacetillas para la difusión de logros de la dependencia que contengan imágenes de los funcionarios públicos. Funcionarios de Sedesol consultados al respecto fueron escuetos: “eso seguirá sus propios cauces con independencia del convenio firmado”.

 

Que el órgano encargado de la coordinación y realización de los comicios a nivel nacional signara un convenio con la Secretaría gubernamental encargada de la distribución de recursos mediante programas sociales no es coincidencia.

De acuerdo con el estudio Partidos políticos, programas sociales y elecciones locales[i], publicado en el año 2013, que abordara el uso de programas del gobierno federal con fines electorales, el desvío de recursos públicos con fines electorales es una práctica que se ha generalizado en nuestro país.

 

 

El investigador de la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales,  responsable de dicha investigación, recordó que existe un señalamiento constante respecto a gobiernos federales o locales, que utilizan  programas para apoyar una campaña política, pero normalmente no hay pruebas de ello.

 

 

En su estudio, se pudo comprobar la utilización de recursos de los programas de Sedesol en el estado de Veracruz por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para influenciar el sentido de los votos de los habitantes de dicha entidad, caso que fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN); pero a su vez pudo comprobarse que el albiazul llevó a cabo una práctica similar durante el gobierno de Felipe Calderón.

 

Para la fundamentación de tal afirmación, se hizo un “cruce” de la estructura del PAN  en Veracruz y el padrón del programa Oportunidades, con lo que se detectó que existía una gran coincidencia en ambos, entre ellos, el nombre de un diputado local panista.

 

El uso político abierto e indiscriminado de los programas sociales del gobierno federal se inició en el año 2006, cuando Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, usó el padrón del programa Oportunidades y el Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005 en forma ilegal, para integrar el padrón de afiliados del Partido Acción Nacional y el uso de esos datos para la promoción electoral.

Estas acciones ilícitas se pueden probar en el Informe de la Cuenta Pública 2006 y en documentos internos del Partido Acción Nacional de esa época. Vázquez Mota no integró deliberadamente los padrones como era su responsabilidad y usó la información de que disponía la dependencia para proporcionarla a su partido, contribuyendo a la obtención de votos para Felipe Calderón.

 

Específicamente, sobre caso del padrón de beneficiarios de Oportunidades, existió un 20 por ciento de casos en el que éste coincide con el padrón de afiliados al PAN en Veracruz.

 

Sin embargo, este tipo de estudios, así como la firma de convenios como el antes mencionados, son completamente insuficientes a la luz de acciones de gobierno que ponen en entredicho la separación de los programas sociales para el beneficio de la población, y su uso para influenciar el voto en épocas electorales.

 

 

Tal es el caso de lo sucedido en el estado de Guerrero, en donde el ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol, Javier Guerrero García, ha sido designado como el nuevo delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en la entidad. Su responsabilidad más reciente: representar a Rosario Robles en el estado de Guerrero, y coordinar la Cruzada Nacional Contra el Hambre y las obras de reconstrucción tras los daños que dejó la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en 2013.

 

Junto con Javier Guerrero estará José Parcero López quien a mediados de febrero fue nombrado delegado nacional del PRI en Guerrero proveniente de Tamaulipas donde desempeñó las mismas funciones en esa entidad.

 

Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la revista “Forbes México”, confirmó que existen 129 mil 415 familias en 19 entidades del país que, aunque deberían recibir su televisión digital, no podrán utilizarla por el hecho de que no cuentan con electricidad.

Siendo que los beneficiarios de las televisiones son a su vez beneficiarios de los programas de la Sedesol, la publicación detalló que se trata de la población de más bajos recursos, por lo que, según los datos obtenidos por Forbes, hay municipios donde la totalidad de beneficiarios no contará siquiera con luz en sus viviendas.

Además, los datos que reportan acerca de los televisores entregados a nivel estatal y municipal son dispares, pues de los 2 millones 79 mil 445 televisores entregados a nivel estatal, los municipios solamente reportan 2 millones 79 mil 426.

Forbes recuerda que la meta del gobierno federal era repartir 13.8 millones de televisores digitales (cifra que sufrió un recorte a raíz del ajuste presupuestal anunciado por Hacienda los primeros días de febrero), con la estimación de lograr un ahorro conjunto de mil 683 millones de pesos año en consumo de energía eléctrica.

Por mencionar algunos datos, la prestigiosa revista señala que en el poblado de Coalcomán, en Michoacán, se entregaron 152 pantallas a los más pobres, quienes viven dentro de las 430 viviendas que carecen de luz en la zona, al igual que pasa en Iturbide (Nuevo León) o Metztitlán, Tlahuiltepa y Nicolás Flores (Hidalgo), donde entre 50 y 95 por ciento de los beneficiarios del programa tampoco tienen el suministro.

Este tipo de programas han demostrado ser poco operativos y eficientes, por lo que su razón de ser es ampliamente cuestionable, y ha sido denunciada por la mayoría de partidos políticos como un medio a través del cual se puede comprar los votos de los beneficiarios de dicho programa, a favor del partido en el gobierno.

El estado de Guerrero enfrenta situaciones particulares tanto en su gobierno como en la vida de sus pobladores, por lo que el riesgo para la utilización de los programas sociales resulta sumamente alto, más aún cuando quien coordinaba la administración de los mismos es ahora la máxima autoridad estatal de un partido en la misma región, generando un evidente conflicto de interés.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

ÚNICO.- Exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, a que en el ámbito de sus facultades y en cumplimiento a las disposiciones legales en diversas materias, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar diversas auditorías respecto al gasto de recursos federales ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social durante el proceso electoral 2015 en el estado de Guerrero, así como a tomar cualquier medida necesaria, a fin de garantizar que el ejercicio presupuestal no se realice con fines electorales.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2015.

[i] Emilio Vizarretea Rosales. (2013). Partidos políticos, programas sociales y elecciones locales. De Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web: http://es.scribd.com/doc/147610594/EleccLocal2013Corte12jun

Punto de acuerdo para exhortar a Graco Ramírez Garrido, gobernador del estado de Morelos a que, por medio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, proteja la integridad física, los derechos y patrimonio de las y los morelenses

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A GRACO RAMÍREZ GARRIDO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A QUE, POR MEDIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTEJA LA INTEGRIDAD FÍSICA, LOS DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS Y LOS MORELENSES.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja,diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según los datos presentados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C. en el reporte “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”[1], dado a conocer hace unas semanas, Morelos cuenta con el índice de violencia más elevado entre las 32 entidades federativas del país con 34.05 puntos; mientras que el municipio de Cuernavaca, presenta el nivel de violencia más alto entre los municipios de más de cien mil habitantes del país, con 62.19 puntos, el cual es tres veces más que el calculado para todo el país: 18.84.

 

Asimismo, el municipio de Cuautla se ha incorporado a la lista de los 20 municipios más violentos de todo el país en 2014 y, de los 20 con mayor número de secuestros, cinco se localizan en Morelos.

 

Por su parte, Cuernavaca es también el segundo municipio con mayor tasa de violaciones a nivel nacional, 46.82 por cada cien mil habitantes. A la par de tener la tasa más elevada de robos con violencia, mil 144.12 por cada 100 mil habitantes, la cual es siete veces la nacional: 155.96.

 

Respecto al delito de extorsión, Cuernavaca representa el segundo lugar a nivel nacional con una tasa de 52.64 y Cuautla el tercero con una tasa de 33.13. A su vez, debe destacarse que:

 

Con un saldo de 32 muertes relacionadas con hechos violentos cerró el mes de febrero en el estado de Morelos, una más que en enero, pese a que éste tiene 31 días, frente a los 28 del segundo mes. Siete de las víctimas eran mujeres y tres taxistas. Además, también fue localizada una osamenta.

Los municipios con más hechos fueron Cuautla, Yautepec y Jiutepec, con cuatro en cada uno; seguidos de Cuernavaca, Ayala y Huitizilac, con tres. En Jojutla, Temixco y Tlaquiltenango se reportaron dos hechos, mientras que en Axochiapan, Puente de Ixtla, Temoac, Tlaltizapán y Yecapixtla hubo uno.[2]

 

Por otro lado, según el Observatorio Económico México ¿Cómo vamos? indicó que:

 

Morelos registró un crecimiento económico en ese lapso de 0.5 por ciento. En tanto, la generación de empleos sumó 2 mil 073, lo que significó menos del 75 por ciento de los puestos necesarios para emplear a los jóvenes que ingresan a la Población Económicamente Activa (PEA) […] Además, Morelos también ocupo uno de los últimos lugares en el rubro de Estado de Derecho.[3]

 

No está por demás, recordar el cobarde asesinato del joven activista Gustavo Salgado Delgado, a inicios del pasado mes de febrero, o del enfrentamiento violento entre elementos del Mando Único y comerciantes que se manifestaban en el Centro Histórico del municipio de Cuernavaca, ocurrido en fechas similares.

 

Resulta urgente que se emprenda una estrategia integral en materia de seguridad en el estado, que se encuentre en concordancia con el respeto irrestricto a los derechos humanos y establezca, como principal objetivo, el garantizar que las y los morelenses cuenten con bienestar, orden, paz y tranquilidad que tanto les hace falta; es por ello que presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a Graco Ramírez Garrido, Gobernador del Estado de Morelos a que, por medio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, proteja la integridad física, los derechos y patrimonio de las y los morelenses.

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de marzo de 2015.

 

[1] Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C., “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/finish/5-prensa/205-la-violencia-en-los-municipios-y-en-las-entidades-federativas-de-mexico-2014/0

[2] La Unión de Morelos, “32 muertes violentas, saldo de febrero en Morelos”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.launion.com.mx/morelos/justicia/noticias/67699-32-muertes-violentas-saldo-de-febrero-en-morelos.html

[3] Sin Embargo, “El Morelos del que Graco Ramírez no habla: con violencia a la alza y una economía a la baja”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/15-02-2015/1249513

Se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a que investigue y garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso de presunto asalto y abuso sexual que padecieron, las y los pasajeros del autobus, mientras circulaba por el municipio de Tierra Blanca

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ A QUE INVESTIGUE DE MANERA EXPEDITA Y GARANTICE EL DERECHO A UNA DEBIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL CASO DE PRESUNTO ASALTO Y ABUSO SEXUAL QUE PADECIERON LAS Y LOS PASAJEROS DEL AUTOBÚS NÚMERO 0147, PLACAS 236.IIS-2, MIENTRAS CIRCULABA POR EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta H. Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las primeras horas del pasado jueves 19 de febrero, “sujetos desconocidos asaltaron un autobús de la línea Autobuses de Oriente (ADO), con 25 pasajeros y violaron a varias pasajeras tras desviar la unidad a un paraje solitario, a la altura de “El Fraile”, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.”[1]

 

Según los primeros reportes, el autobús identificado con el número 0147, placas 236.IIS-2 fue interceptado en la carretera federal 145 entre las localidades de El Amate y Mata Alta.

Dos sujetos con pistola amagaron al conductor y lo obligaron a conducir el autobús hacia “El Fraile” donde ingresaron a un paraje abandonado y atacaron sexualmente a las pasajeras, además de despojar de sus pertenencias a los viajeros.

 

De acuerdo con testigos, algunos pasajeros alcanzaron a llamar por teléfono a la policía, sin embargo, no tuvieron respuesta. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para violar a las pasajeras y quitarles el dinero que traían.[2]

Sin embargo, cabe destacar que estos presuntos hechos se suman a lo ocurrido el pasado 27 de diciembre, cuando dos hombres armados asaltaron un autobús ADO que se dirigía de Puebla a Cancún, mientras pasaba por Coatzacoalcos, Veracruz; y, en donde una menor de 27 años fue abusada sexualmente.

A la par de lo sucedido el pasado mes de octubre, cuando  “un autobús de la línea Autobuses Unidos que pertenece al grupo ADO, fue asaltado en el tramo de Acayucan-Jaltipan, también en Veracruz, y una joven fue abusada sexualmente por los delincuentes.”[3]

Si bien, respecto a los hechos más recientes “la Fiscalía General del Estado de Veracruz rechazó que durante el atraco tres mujeres hayan sido violadas, como se difundió, de manera irresponsable, en las redes sociales”;[4] es urgente que se esclarezca lo sucedido y se finquen las responsabilidades pertinentes.

En este contexto, vale la pena destacar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “32% de las mujeres ha padecido violencia sexual por parte de agresores distintos a la pareja, la cual incluye actos de intimidación, acoso y abuso sexual,”[5] situación lamentable que debe ser erradicada con acciones y políticas puntuales emprendidas en los tres niveles de gobierno y con la suma de todas las instituciones posibles, con la finalidad de garantizar que las mujeres cuenten con espacios libres de violencias. Por esto y por lo antes expuesto, presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a que investigue de manera expedita y garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso de presunto asalto y abuso sexual que padecieron las y los pasajeros del autobús número 0147, placas 236.IIS-2, mientras circulaba por el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro  a los 24  días del mes de febrero de 2015.

 

 

[1] Sin Embargo, “Criminales secuestran un ADO en Veracruz y violan a las mujeres; no es la primera vez”,  [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/20-02-2015/1257685

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] El Universal, “Asaltan autobús en Veracruz; niegan agresión a mujeres”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/asaltan-autobus-en-veracruz-niegan-agresion-a-mujeres-1079053.html

[5] INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/violencia0.pdf

SAGARPA: emprenda las acciones necesarias para prevenir, controlar e informar a la población mexicana sobre los efectos nocivos de consumir productos transgénicos

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-056-FITO-1996 EN LO CONCERNIENTE A LOS PRODUCTOS TRANSGÉNICOS Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE, A TRAVÉS  DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, EMPRENDA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN MEXICANA SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DE CONSUMIR PRODUCTOS TRANSGÉNICOS.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Organización Internacional Greenpeace,“un transgénico (Organismo Modificado Genéticamente, OMG) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes”. Asimismo,

Los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia (“malas hierbas”) y efectos no deseados en otros organismos.[1]

Todo ello conlleva a los efectos de usar transgénicos se reflejen tanto en la salud, como en el medio ambiente y en lo socio económico – agrario. Por ejemplo, en el rubro de la salud:

Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente. Informes científicos independientes muestran evidencias de riesgos a la salud: nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados.[2]

Por otro lado, en términos ambientales, “las variedades transgénicas contaminan genéticamente a otras variedades de la misma especie o a especies silvestres emparentadas, ya que una vez liberados al medio ambiente los transgénicos no se pueden controlar. La contaminación genética es irreversible e impredecible.”[3] Aunado a ello,

Las grandes multinacionales productoras de transgénicos han estado haciendo presión en muchos países para obtener acceso a sus mercados. Sus ambiciones globales han encendido uno de los movimientos de base más grandes del mundo, de ciudadanos, productores y científicos que se oponen a estos intentos. En México, en particular, esas empresas enfrentan una resistencia muy fuerte por parte de grandes sectores de la población.[4]

Es en este contexto, que “grupos civiles denunciaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de autorizar el consumo del maíz transgénico sin realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones”[5], a la par de haber autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano.

Cabe destacar que según la Alianza por la Salud Alimentaria, la mayoría de estos transgénicos contienen glifosato, químico herbicida que afecta de manera importante a la salud. “La Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud está autorizando el consumo sin ninguna investigación, sino que toman las de Estados Unidos”, detalló Adelita San Vicente de Semillas de Vida.[6]

 

Ante este panorama, Elena Álvarez-Buyla, de la Alianza por  la Salud Alimentaria, previó la futura presencia de la hormona vegetal 2,4D “agente naranja”, potente cancerígeno y destructor neuronal, prohibido a nivel internacional, ya que al no frenarse el cultivo de maíz transgénico, la tolerancia del glisofato no se detendrá y pronto se comenzaría a utilizar el 2-4D.[7]

A la par de que,

Las evidencias científicas de los últimos años, que muestran una fuerte asociación entre el consumo de alimentos transgénicos y la exposición a glifosato con el aumento de la prevalencia de enfermedades tales como inflamación en el intestino, incidencia de ciertos tipos de cánceres, alteraciones renales y enfermedades neurodegenerativas.[8]

Es por ello que resulta necesario que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, haga del conocimiento de las y los mexicanos que consumir este tipo de alimentos pone en riesgo su salud y, de esta manera, evitar posibles daños en la población mexicana; en dicho tenor presento a esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

 

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que vigile el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996 en lo concerniente a los productos transgénicos.

 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emprenda las acciones necesarias para prevenir, controlar e informar a la población mexicana sobre los efectos nocivos de consumir productos transgénicos.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de febrero de 2015

 

 

[1] Greepeace, “Impacto de los Transgénicos”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/

[2] Greenpeace, “Efectos para la salud”, [en línea], España, Direcciòn URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/Efectos-de-los-transgenicos-para-la-salud1/

[3] Greenpeace, “Efectos para el medio ambiente”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/Efectos-de-los-transgenicos-para-el-medio-ambiente/

[4] Grrrowd, “Protege al maíz mexicano, ¡Dí no a los transgénicos!”, {en línea}, España, Dirección URL:https://www.grrrowd.org/es/projects/apoya-mexicanos-contra-transgenicos/  https://www.grrrowd.org/es/projects/apoya-mexicanos-contra-transgenicos/

[5] Sin Embargo, “La Cofepris ya autorizó 135 líneas de transgénicos en México, alertan ONG’s de salud”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253549

[6] Ídem.

[7] Ídem.

[8] La Jornada, “Encima de todo, una puñalada transgénica”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/28/opinion/028a2pol

Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del DF a prestar servicios de seguridad al exterior de los planteles educativos con la finalidad de velar por la integridad de las y los jóvenes estudiantes

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL EXTERIOR DE LOS PLANTES EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE VELAR POR LA INTEGRIDAD DE LAS Y LOS JÓVENES ESTUDIANTES

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La noche del pasado lunes 9, Elizabeth Vitela López de 23 años y Sebastián Mancilla Hernández de 22 años, estudiantes del campus sur de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), ubicado en la colonia Granjas Esmeralda, delegación Iztapalapa, sufrieron un ataque a manos de un sujeto armado, quien les causó heridas de bala.

Los hechos se registraron poco después de las 20:00 horas, en la calle Avena, esquina con Agricultores, donde testigos refirieron que el presunto agresor escapó en una motocicleta.

Los jóvenes atacados, Elizabeth N y Sebastián N fueron atacados cuando salían del campus universitario cuando un sujeto armado se aproximó a ellos y realizó las detonaciones. De acuerdo con los reportes, la mujer presentó un impacto de bala en el pómulo derecho mientras que el hombre recibió el impacto en el tórax, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Xoco; ambos son reportados graves.[1]

Al respecto, la universidad indicó mediante sus redes sociales:

La Universidad Tecnológica de México expresa su más profunda indignación por la agresión en contra de dos de nuestros estudiantes de Campus Sur, exigimos a las autoridades que realicen una investigación para encontrar a los responsables y que se haga justicia.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la familia, amigos y compañeros de nuestros alumnos.

 

Si bien la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya comenzó la investigación de los hechos, resulta necesario garantizar una debida procuración de justicia en el caso; con la finalidad de que se respeten los derechos humanos de las y los capitalinos.

Por lo anterior, resulta urgente velar por la seguridad de quienes habitan y transitan por el Distrito Federal, en este caso salvaguardar la integridad física de las personas jóvenes; ante ello, presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a prestar los servicios de seguridad y vigilancia al exterior de los plantes educativos con la finalidad de velar por la integridad de las y los jóvenes estudiantes.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 17  días del mes de febrero de 2015.

 

[1] El Economista, “Atacan a balazos a estudiantes de la Unitec Campus Sur”, [en línea], México, Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2015/02/10/atacan-balazos-estudiantes-unitec-campus-sur

Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a que atienda las demandas ciudadanas respecto al Parque Ecológico Revolución Mexicana y el Aviario a fin de garantizar que la obra cumpla con los estándares en términos ambientales

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A QUE ATIENDA LAS DEMANDAS CIUDADANAS RESPECTO AL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA Y EL AVIARIO A FIN DE GARANTIZAR QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES EN TÉRMINOS AMBIENTALES Y PROTEJA LAS ESPECIES ANIMALES ALBERGADAS; ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE REVISE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA Y, EN ESPECÍFICO, DEL AVIARIO.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Comité de Defensa, Parque Ecológica y el Aviario de Puebla acusan al gobierno del estado de Puebla de realizar un acto de ecocidio, toda vez que varias de las 136 especies de aves, un mono y otras especies de animales que habitaban el aviario en cuestión murieron y de otras más no se sabe con exactitud su paradero.

Esto debido a que tras 23 años de funcionamiento,  el Aviario pasó a ser parte de la nueva atracción infantil denominada “Parque Ecológico Revolución Mexicana”, mismo que fue inaugurado el pasado 2 del presente mes aun cuando estaba previsto que abriera sus puertas desde el pasado mes de diciembre, con una inversión de 168 millones de pesos, sobrepasando el costo inicial de 85 millones de pesos contemplados para las obras de remodelación.

Según el testimonio de una ex voluntaria del Aviario quien, en entrevista con el periódico digital Sin Embargo, indicó que algunas de las especies de aves grandes se encuentran en el Parque Flor del Bosque, zona protegida en Amozoc de Mota, sin embargo, pudo ubicar únicamente a una cuarta parte de las aves que se encontraban en la Esfera del Aviario, que hoy se encuentra cerrado, restaurado pero sin ningún animal dentro.[1]

“Hoy no existe ni la mitad, aunque el gobierno nos trata de engañar diciendo que están en Flor del Bosque; la verdad es que muchas de las aves ya murieron. Es una pena para los poblanos el ecocidio cometido por el gobierno en el aviario”, denuncia la Organización No Gubernamental de Puebla en su página de Facebook. La activista de Puebla dio a conocer la planeación para construir un árbol artificial dentro del Aviario dentro de la estructura para los niños, obra que es criticada también por el Comité por situar una estructura artificial donde antes habían árboles naturales criados desde más de 20 años. Moreno Valle dio a conocer durante la reinauguración del Parque que el árbol estaría listo dentro de seis meses.[2]

Cabe destacar que “entre las aves, reptiles y primates asegurados se encuentran 13 especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en alguna categoría de riesgo:

Peligro de extinción (P), Amenazada (A) y Sujeta a protección especial (Pr).”[3]

Es por ello que resulta necesario que el Gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía sobre la situación de las especies animales y, en consecuencia que las instancias estatales y federales responsables coadyuven con los procedimientos conducentes a fin de conocer la realidad del caso, en dicho tenor presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a que atienda las demandas ciudadanas respecto al Parque Ecológico Revolución Mexicana y el Aviario a fin de garantizar que la obra cumpla con los estándares en términos ambientales y proteja las especies animales albergadas.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que revise el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental del Parque Ecológico Revolución Mexicana y, en específico, del Aviario.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de febrero de 2015.

[1] Sin Embargo, “ONG denuncia al gobierno por ecocidio en Aviario de Puebla”, [en línea], México, Dirección URL:  http://www.sinembargo.mx/10-02-2015/1244637

[2] Ídem.

[3] Ídem.

Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de Justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS A QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA DEBIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL CASO DEL ASESINATO DE ALEJANDRO GUSTAVO SALGADO DELGADO Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS A INVESTIGAR LOS POSIBLES ACTOS DE HOSTIGAMIENTO EN SU CONTRA Y DE DEMÁS INTEGRANTES DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras unas horas de no tener conocimiento sobre su paradero y por ello el haber comenzando la búsqueda, el pasado miércoles 4 de febrero, el cuerpo de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario, fue encontrado torturado, decapitado y con las manos cortadas, en el paraje de Las Huilotas, perteneciente al municipio de Ciudad Ayala en el estado de Morelos.

Salgado Delgado se trasladó a una reunión a “El Chivatero” donde permaneció hasta las seis de la tarde. Mismos compañeros lo acompañaron a que tomara un transporte público que lo llevaría a la carretera para tomar el camión urbano que lo llevaría de regreso a Ayala. Al no arribar a su siguiente cita emprendieron su búsqueda en cuarteles municipales y estatales, incluso acudieron al Ministerio Público donde no quisieron recibir la denuncia.[1]

 

Salgado Delgado, joven de 32 años se caracterizó por su gran labor a favor de los jornaleros de la montaña de Guerrero y de Oaxaca, así como por apoyar en meses recientes en la promoción de movilizaciones por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Cabe destacar que tras estos hechos, sus compañeros denunciaron que Salgado Delgado había recibido hostigamiento por parte de las autoridades y de caciques locales; como muestra aluden a su arbitraria detención el 20 de marzo de 2014 mientras participaba en una marcha contra la Ley de Ingresos, en Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, el Frente Popular Revolucionario, mediante un comunicado expresó:

Este crimen forma parte de la política de terror que implementa el Estado para tratar de amedrentar al movimiento popular en general y a nuestra organización en particular. Somos claros, este crimen nos duele al conjunto de la militancia del FPR, pero nos da más razones para tensar nuestras estructuras e impulsar la caída de este régimen de hambre y miseria, de explotación y muerte.[2]

Si bien,

Cuatro hombres, pertenecientes a un grupo denominado Los Victorinos fueron detenidos como sospechosos del crimen. La fiscalía se apresuró a rechazar cualquier sesgo político en el asesinato y apuntó como posible móvil una disputa por tierras.[3]

Es necesario que este caso se resuelva conforme a lo establecido en la ley y no se apresuren a descartar ninguna línea de investigación, sobre todo en el lamentable contexto que se vive en el país, donde un grupo importante de las víctimas de la inseguridad y/o de la represión de los gobiernos locales o del Federal, son las y los activistas, líderes sociales.

Por ello, buscando en todo momento la aplicación de la justicia por parte del Estado mexicano, presento a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos a investigar los posibles actos de hostigamiento en contra de Alejandro Gustavo Salgado Delgado y demás integrantes del Frente Popular Revolucionario.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de febrero de 2015.

[1] Sin Embargo, “Líder social es secuestrado en Morelos y hallado sin cabeza y manos; culpan a Graco”, [en lìnea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/04-02-2015/1240448

[2] Frente Popular Revolucionario, “Gustavo Salgado, ¡Presentación con vida!, [en línea], México, Dirección URL: https://frentepopular.wordpress.com/2015/02/04/quisieran-muertos-a-todos-los-comunistas-pero-por-cada-muerto-alzaran-miles-sus-voces/

[3] El País, “Decapitado y desmembrado un dirigente social en el sur de México”, [en línea], México, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/05/actualidad/1423154368_841888.html

Se exhorta a las Autoridades de Cocula, Guerrero a tomar medidas relacionadas con el secuestro de diversas personas en tal municipio

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COCULA, GUERRERO; A TOMAR DIVERSAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SECUESTRO DE DIVERSAS PERSONAS EN TAL MUNICIPIO.

 

Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su informe especial sobre el estado de Guerrero elaborado en 2013[i], reveló que hay un creciente número de delitos y violencia en la entidad.

 

La CNDH responsabilizó a las fallidas e ineficientes políticas del gobierno estatal y municipal para combatir la inseguridad y el aumento de la violencia, la cual se traduce en que 46 de los 81 municipios del estado existan grupos de autodefensa.

 

Los homicidios dolosos en Guerrero ascendieron a dos mil 87 casos en 2013, mientras que el año pasado sumaron dos mil 310 crímenes. La tendencia indica que tan sólo en una década, los homicidios aumentaron un 158 por ciento, pues en 2003 se reportaron 808 casos y en la actualidad se perpetran 59 por cada cien mil habitantes.

 

La entidad ocupa el segundo lugar en plagios con 207 casos en 2013; equivalentes a seis plagios por cada cien mil habitantes. Las extorsiones también van al alza, durante 2010 se registraron 85 casos y el año pasado cerró con 174 denuncias.

 

El 29 por ciento de los delitos en carreteras en el país se perpetraron en Guerrero durante 2013, cuando se denunciaron 767 casos, un delito que en 2010 sólo reportó 20 casos y para 2011 se disparó a 580.

A estas preocupantes cifras debemos sumar los hechos ocurridos el pasado viernes 6 de febrero, cuando un grupo de hombres armados, encapuchados y con vestimenta tipo militar,“levantaron” a más de una decena de personas, entre ellas una mujer y trabajadores de la empresa minera Media Luna, a los cuales interceptaron en la carretera Cocula-Nuevo Balsas en la comunidad de Alcalmantlila y los bajaron de una Urvan del servicio público y de otros vehículos particulares, informó un vecino de Balsas.

 

Posteriormente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), agentes del Ministerio Público federal, y efectivos del Ejército y de la Gendarmería Nacional realizaron operaciones de búsqueda de las personas plagiadas en patrullas y a pie, así como por aire con el apoyo de un helicóptero.

 

Asimismo policías comunitarios de Nuevo Balsas instalaron retenes de vigilancia en las entradas y salidas del poblado armados con escopetas y machetes.

 

De acuerdo con lo narrado por un poblador al medio Sin embargo[ii], 19 personas fueron levantadas la tarde del viernes en la carretera estatal Cocula-Nuevo Balsas cerca de las 7 de la noche frente a la comunidad de Alcalmantlila, ubicada a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Cocula y a mitad del camino para llegar a Balsas, aunque desde el momento del secuestro el número de víctimas varió.

 

Por separado, el Alcalde priista de Cocula César Miguel Peñaloza Santana, quien ya fue citado a declarar en dos ocasiones por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso Ayotzinapa, informó que en una plática telefónica que tuvo con el gerente de Media Luna, José Luis Peralta, éste le dijo que no tenía conocimiento del plagio de sus trabajadores.

 

Señaló que la noche del viernes hubo una  operación de efectivos de la Gendarmería Nacional ante la denuncia del plagio de personas y mencionó que para la media noche del viernes los efectivos federales le informaron que había sido una “falsa alarma”.

 

El sábado 7 de febrero, a medio día en Chilpancingo, el interlocutor de la Policía Comunitaria y de la minera Media Luna en Cocula, Juan Zúñiga Méndez, confirmó la desaparición de 10 a 15  personas, entre los que se encontraban mineros, policías comunitarios y habitantes de las comunidades Nuevo Balsas, Real del Limón y La Fundición municipio de Cocula, Guerrero.

 

Además denunció que durante los últimos meses otros casos que se han suscitado en la zona es el secuestro de 15 a 20 personas que se dedicaban al comercio, quienes desaparecieron de la región presuntamente a manos del crimen organizado.

 

Reveló: “hay mucha gente que ha salido de sus localidades, el clima de inseguridad en la región, ha provocado que en los últimos tres años unas 100 familias han sido desplazadas”.

 

Luego de un operativo que realizaron policías comunitarios y efectivos militares, el medio día del pasado domingo 8 de febrero, fueron liberados 10 empleados de la Minera Media Luna  que habían sido secuestrados la noche del viernes.

 

El comandante Marcos, responsable de la policía comunitaria del lugar, explicó que por separado militares y comunitarios la mañana de este domingo iniciaron un operativo para dar con la ubicación de los trabajadores.
En la búsqueda llegaron hasta la comunidad Campo de Rosas, y en las cercanías del rancho del presunto delincuente Uriel Vences Delgado, conocido como “La Burra”, y quien según las versiones al verse presionado por la presencia de los militares y comunitarios liberó a 10 personas, entre ellas una mujer, aunque según el dicho de los propios liberados, 8 personas aún permanecen en cautiverio.

 

De acuerdo con versiones de los mismos pobladores, la situación de profunda violencia se ha desatado en Cocula desde hace al menos un año, sin que el gobierno del alcalde César Miguel Peñaloza haya podido enfrentarlo de manera adecuada.

Fue a partir de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes, y 6 personas más fueran asesinadas, que comenzara el resguardo de la cabecera municipal de Cocula, y la situación de violencia se controlara por un tiempo.

 

Sin embargo, los hechos antes narrados ponen en evidencia que la situación de violencia e inseguridad en Cocula siguen existiendo, y en el caso antes expuesto es necesario tener la certeza sobre el número de personas que fueron secuestradas y cuántas siguen privadas de su libertad.

 

Por lo antes expuesto y fundado  sometemos a su consideración el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

 

 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

 

Primero.- Exhorta al gobernador interino del estado de Guerrero, Salvador Rogelio Ortega Martínez, a que en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones para que se investigue y castigue a los responsables del secuestro de múltiples víctimas el pasado 6 de febrero, y se realicen las investigaciones y diligencias necesarias para la liberación de todas las personas que aún permanecen secuestradas.

 

Segundo.- Exhorta a César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, Guerrero, a que en el ámbito de sus facultades gire instrucciones a fin de que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias a fin de lograr la liberación de todas las personas que aún permanezcan secuestradas desde el 6 de febrero de 2015.

 

Asimismo, se le exhorta a que esclarezca la cantidad de personas que fueran secuestradas en dicho evento, y a que haga públicos los nombres de quienes permanezcan en ese estado así como las medidas que hasta el momento se hayan tomado para brindar apoyo a las víctimas liberadas, a sus familias, y a las familias de quienes aún permanecen bajo secuestro.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de Febrero de 2015

 

 

[i]Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, CNDH 2013, disponible en el enlace

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf

[ii]Los secuestrados en Cocula serían hasta 14 personas: autoridades de Nuevo Balsas; artículo disponible en el enlace http://www.sinembargo.mx/08-02-2015/1243641