Se emite Dictamen con Proyecto de Acuerdo Parlamentario.

 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

A las Comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos, nos fue turnada para su estudio y emisión del Dictamen con Proyecto de Acuerdo Parlamentario respectivo, el Proyecto de Acuerdo Parlamentario, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero a que, en el marco de sus facultades, gire las instrucciones necesarias a fin de, que se brinde capacitación integral en materia de Derechos Humanos y protocolos Internacionales del uso de la fuerza a todas las fuerzas policiales del estado, en sus dos niveles, conforme a lo establecido por el artículo 72 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Asimismo, se le exhorta a regular en toda la normativa interna el uso de la fuerza pública conforme a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, a fin de prevenir que los derechos de las y los guerrerenses se sigan viendo afectados por el uso desproporcionado de la misma por parte de los elementos de seguridad pública de la entidad; suscrito por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja la cual se analiza y dictamina en razón de los siguientes:

 

ANTECEDENTES

 

En sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó al Pleno de este Honorable Congreso del Estado, la propuesta de Acuerdo Parlamentario en referencia; por lo que el Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura instruyó turnar a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Que mediante oficios números LXI/1ER/OM/DPL/0439/2015 y LXI/1ER/OM/DPL/0438/2015, signados por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, fue turnada la Propuesta de Acuerdo Parlamentario a las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos respectivamente, para que de manera conjunta realicen el análisis y el dictamen respectivo.

En Virtud de lo establecido en los artículos 86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, que establecen los requisitos que debe contener todo dictamen que emitan las comisiones legislativas del Congreso del Estado, estas Comisiones dictaminadoras determinan no transcribir la exposición de motivos.

Que con fundamento en los artículos 46, 49 fracciones VII y X, 84 segundo párrafo, 86, 87, 129, 132 y 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos, tienen plenas facultades para analizar la Propuesta de Acuerdo Parlamentario de referencia y emitir el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

 

La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º. Párrafo tercero que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Así mismo nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, en su artículo 4, párrafo segundo dice:

“Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección.”

En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas, adoptó los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Las directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de fuerza constituyen orientaciones universales que describen los estándares mínimos para el ejercicio de la actividad policial: deben existir principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego; un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Se ha señalado que: “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la fuerza”[1].

El monopolio del uso de la fuerza es parte de las instituciones policiales y, como contraparte, debe establecerse la obligación de la policía de respetar y garantizar los derechos humanos, en especial a la integridad personal, por lo que es indispensable establecer la importancia y la necesidad de control en el uso de la fuerza para que su aplicación atienda los principios de legalidad y legitimidad.

Finalmente, la inexistencia de una institucionalidad normativa y orgánica que regule el uso de la fuerza, así́ como la falta de modelos operativos y de entrenamiento específico, pueden incidir de manera negativa en el uso de la fuerza, toda vez que estas carencias son un indicio de la falta de desarrollo de habilidades y destrezas en el empleo de la fuerza y de que, probablemente, su ejercicio se mantiene en el ámbito de la discrecionalidad individual.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos, en base al análisis realizado, encuentra que esta propuesta de Acuerdo Parlamentario no se contrapone al marco jurídico que establece los derechos humanos y la obligatoriedad de las autoridades del Estado Mexicano de cumplirlos y hacerlos cumplir. Así mismo en base al análisis y modificaciones realizadas aprueban en sus términos el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario, por lo que someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero a que, en el marco de sus facultades, gire las instrucciones necesarias a fin de que se brinde capacitación integral en materia de derechos humanos y protocolos internacionales del uso de la fuerza a todas los cuerpos policiales del estado, en sus dos niveles, conforme a lo establecido por el artículo 72 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Asimismo, se le exhorta a regular en toda la normativa interna el uso de la fuerza pública conforme a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, a fin de prevenir que los derechos de las y los guerrerenses se sigan viendo afectados por el uso desproporcionado de la misma por parte de los elementos de seguridad pública de la entidad.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero para los efectos precisados en el numeral único del presente Acuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado y difúndase a través de los medios de comunicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los ___días del mes de __________ del año dos mil dieciséis.

 

A T E N T A M E N T E

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS

 

 

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

 

DIP. MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

PRESIDENTA

 

 

DIP. CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO

SECRETARIO

 

 

 

 

 

DIP. OCIEL HUGAR GARCÍA TRUJILLO

VOCAL

 

 

DIP. RAÚL MAURICIO LEGARRETA MARTÍNEZ

VOCAL

 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ TOLEDO

VOCAL

 

 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

 

DIP. J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE

 

 

DIP. JONATHAN MOISÉS ENSALDO MUÑOZ

SECRETARIO

 

 

 

 

 

DIP. MA. DEL PILAR VADILLO RUIZ

VOCAL

 

 

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA

VOCAL

 

 

DIP. MA. DE JESÚS CISNEROS MARTÍNEZ

VOCAL

 

 

 

[ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL DICTAMEN CON PROPUESTA DE ACUERDO PARLAMENTARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DERECHOS HUMANOS DE LA LXI LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO]

[1] González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea No 6, España, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/ dossier/6d022.pdf