Versión Estenográfica
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por siete minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, Presidenta. Un parlamento que se autocensura no le sirve al pueblo de México.
En la reforma política, en el tema de la consulta popular, hubo simulación –nosotros lo denunciamos–, señalamos que la corte iba a negar las consultas, amparada en su visión conservadora y de consigna. Desafortunadamente no nos equivocamos.
México vive hoy una crisis nacional que se manifiesta en una crisis económica, política, social, de seguridad pública; en una crisis humanitaria de afectaciones gravísimas a los derechos humanos y también una crisis de moral pública con niveles mayúsculos de corrupción. Es lo que Ricardo Monreal ha definido como la república de la hipocresía.
La decisión de la corte de negar las consultas populares, en especial la de la reforma energética, se inscribe en el contexto de exclusión, negocios al amparo del poder y sumisión de los tribunales a los grandes intereses económicos corruptos. Confirma la cerrazón del régimen y las complicidades que están detrás del despojo del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad.
En una democracia genuina no hay instituciones intocadas; todas tienen que someterse al escrutinio ciudadano y a un régimen republicano de rendición de cuentas. No puede haber instancias ni personajes ni poderes al margen de la crítica ciudadana.
El Pacto por México, de cuyos productos es resultado la consulta popular, es parte de lo que ha situado a México en una crisis humanitaria de dimensiones todavía no advertidas. Sólo en las autocracias la genuflexión y el culto a la personalidad suplanta la reflexión y al debate informado. Las cosas tienen que decirse por su nombre, si el presidente de la República es corrupto y tiene su Casa Blanca debe decirse. Si malos elementos del Ejército violan derechos humanos y practican ejecuciones extrajudiciales debe decirse. Si la Corte actúa por consigna, debe decirse también.
En estos momentos en que el país atraviesa por una gran polarización social, el régimen representado por la Corte ha optado por el endurecimiento, por cerrar las vías institucionales para que el pueblo de México pueda expresarse sobre temas trascendentes a través de la consulta popular.
En lugar de actuar con altura de miras, de abrir la posibilidad a que el pueblo fuera escuchado, han sumado un nuevo agravio a la enorme irritación social que hoy se manifiesta en las calles, en las redes sociales, en las universidades y en diversas partes del país, irritación que incluso pide la renuncia del presidente de la República.

Bastaba con que la Corte interpretara el texto constitucional con una visión progresista y garantista como un auténtico tribunal constitucional para que de conformidad con los artículos 1o, 35 y 39 aprobara las consultas y, en especial, la consulta sobre la reforma energética.

De la Constitución se desprende en el artículo 39 que la soberanía reside en el pueblo, que las normas relativas a los derechos humanos como es la participación en la definición de temas trascendentes deben ser por parte de todos los servidores públicos para interpretar los derechos humanos en su visión más amplia.

El artículo 35 establece que es derecho de los ciudadanos votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Sin embargo, la Corte no actuó, o mejor dicho, actuó por consigna, negó al pueblo la oportunidad de ser partícipe en grandes decisiones nacionales.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción del ministro Cossío, acostumbrados a los privilegios, a sus jugosos emolumentos y a vivir en su olimpo, aislados del pueblo de México, le negaron a éste la posibilidad de votar en las consultas populares.

A los ministros y a las ministras de la Corte no les importa la opinión de la ciudadanía, sólo el favor del príncipe, por ello son cómplices del grave estado que hoy vive el país y del cáncer que invade el cuerpo de la república, sus resoluciones son de consigna y son parte de la justicia podrida que hay hoy en México.

Por esa razón es inexplicable que esta Cámara le haya otorgado la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri a una integrante de la Corte, como es la ministra Olga Sánchez Cordero, quien no solamente ha proyectado resoluciones polémicas y cuestionadas, sino que fue la autora de la resolución que negó la consulta energética.

También hay historia con el anatocismo, con el caso Florence Cassez, con el caso Lydia Cacho, pero eso es otra historia. Por lo pronto señalar que ya somos casi 125 diputados y diputadas que estamos pidiendo que se le retire la medalla Eduardo Neri a Olga Sánchez Cordero.

La cuarta parte de la Cámara de Diputados está pidiendo que se le retire la medalla y, si no quieren obsequiar el procedimiento parlamentario para poner a consideración del pleno que se le retire la medalla, por dignidad y por ser rechazada por la cuarta parte de la Cámara de Diputados sería la ministra regresar la medalla, eso sería actuar con la mínima dignidad que le toca.

Concluyo, presidenta. México hoy es gobernado por una cleptocracia. La cleptocracia es definida como el gobierno de los corruptos y como la institucionalización en el Estado de la corrupción como una política pública.

Creemos que en esta hora crítica el país se tiene que clarificar la riqueza del titular del Poder Ejecutivo y de su pareja, negar esto en esta hora crítica del país es dejar en manos del Poder Ejecutivo a una persona sin autoridad moral en estas horas críticas del país.

El máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, está al servicio de la corrupción, de los negocios, de los trafiques petroleros, del despojo del principal recurso del país; una Corte al servicio de los cleptócratas. Es cuanto, presidenta.