Al igual que hemos manifestado en otros asuntos de esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, la protesta social debe ser entendida como un derecho constitucional legítimo, para reclamar derechos de manera digna y nunca debe someterse al prejuicio de la ley o la autoridad, catalogándola como “violenta” o “ilegal” sin haber sucedido ningún hecho para que pueda ser considerado como tal.

Sin embargo, el PRI y el PAN se han empeñado en criminalizar, perseguir y encarcelar a quienes piensan y hablan diferente. El último fenómeno en el Estado de Puebla ha llegado hasta sus últimas consecuencias, con la muerte del menor José Luis Tehuatlie, lesiones discapacitantes a tres personas, así como heridas y encarcelamiento a decenas de personas.

Hemos documentado el desarrollo de la investigación, la conducción de las autoridades, su cobertura en medios de comunicación y los testimonios de las víctimas y testigos. De ello, podemos concluir que:

• El uso de la fuerza con armas potencialmente letales en contra de los manifestantes, se ha vuelto una práctica sistemática en particular, el caso del Estado de Puebla. Además del caso de San Bernardino Chalchihuapan, se ha observado la misma utilización de balas de goma, latas de gas lacrimógeno caducadas en Hacienda Atlamajac o en Mercado Jorge Murad Macluf, entre otros casos.

• A pesar de que se ha documentado los usos de estos proyectiles, tanto por la comisión estatal de derechos humanos, como de organizaciones civiles y de los testigos de Chalchihuapan, la policía sigue sosteniendo que no posee las mismas.

• Las inconsistencias en la investigación y en declaraciones del gobernador son notorias. A pesar de que el certificado de defunción firmado por un forense profesional sostiene que el menor se murió a causa de hematoma, edema y hemorragia por trauma craneoencefálico, el gobierno sostuvo primero que el menor murió por un trauma cardio-respiratorio y posteriormente por culpa de un cohetón.

• Además de los esfuerzos del gobernador Moreno Valle para acallar y alinear a la prensa local, a nivel federal la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, contrató anuncios pagados en el sitio Youtube para difundir los resultados de la autopista realizada a José Alberto Tehuatlie Tamayo, lo que constituye un despliegue sin precedentes de recursos para apoyar y difundir las indagaciones que, por el momento, sólo son oficiales a nivel estatal.

Hemos condenado públicamente el desempeño de los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al mando de Facundo Rosas, y hemos exigido que se lleve a cabo una investigación imparcial, dado que el procurador Víctor Carrancá, se ha limitado a conducir los resultados hacia las hipótesis que desde el primer día planteó.

Ante estos hechos, que constituyen las violaciones graves a derechos humanos, no tenemos elementos para confiar que esos sucesos van a ser investigados y sus responsables sancionados, mucho menos que las víctimas puedan beneficiarse de la reparación y que esta situación no se repita. Por ello, hacemos un llamado al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, y al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a que hagan a un lado intereses y vínculos políticos y procedan a un esclarecimiento pleno de los hechos.

Como las autoridades encargadas de la seguridad pública del estado de Puebla, pretenden generar credibilidad y discrecionalidad, en el ejercicio de la función pública sobre el caso de Chalchihuapan, cuando el responsable de la Secretaria de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas con antelación ha reflejado muestras de intolerancia y represión frente a manifestaciones públicas, el caso específico de la operación de desalojo de manifestantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la autopista México-Acapulco, en donde fueron ejecutadas dos personas, no sin antes haber violentado su derecho a la libre manifestación.

En el caso específico de Juan Pablo Piña Kurczyn, quien fuera el sexto visitador de la CNDH, debería replantear su posición ética, por el ejercicio de su trabajo al interior de un gobierno que ha dado muestras claras de propiciar la violación a los derechos humanos, quien ahora funge como jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle.

Es por todo esto que vemos decidido remitir hoy este informé para pedir la intervención de instancias internacionales de Naciones Unidas y la OEA: a la Sra. Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; al Sr. Christof Heyns, Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas; al Sr Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas; Sr. Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; al Sr. Javier Hernández Valencia, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; al Sr. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a la Sra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, y al Sr. James L. Cavallaro, Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Confiamos en que, de atender la propuesta, pueda llevarse a cabo una debida vigilancia internacional para el respecto y la protección de los derechos humanos y no excitan espacios para la impunidad.

Dip. Roxana Luna Porquillo
Dip. Elena Tapia Fonllem
Dip. Roberto López Suárez
Dip. José Luis Muñoz Soria
Dip. Loretta Ortiz Ahlf
Dip. Ricardo Mejía Berdeja
Dip. Víctor Reymundo Nájera Medina