La Cámara de Diputados aprobó, en comisiones, reformas a la Constitucional para permitir que los extranjeros puedan adquirir tierras en fronteras y playas exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales.

En la actualidad, esto es posible pero el procedimiento para adquirir una propiedad incluye la solicitud de un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y formar un fideicomiso que es administrado por un banco.

A propuesta del priísta Héctor Gutiérrez de la Garza, durante la discusión del decreto correspondiente se introdujo un artículo tercero transitorio por el que se precisa que la legislación establecerá los procedimientos en que un extranjero perderá, en beneficio de la nación, los bienes que hubiera adquirido en caso de que las tierras se destinen a un uso diferente al de vivienda. El decreto aprobado se confeccionó a partir de una iniciativa presentada por Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, su correligionaria Gloria Núñez Sánchez y el panista Raúl Paz Alonzo, apenas hacía 15 días.

¿CÓMO QUEDA?

De acuerdo con el dictamen avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que el próximo martes se someterá a la discusión y eventual aprobación del pleno de la Cámara Baja, la nueva redacción de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional será la siguiente:

“En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo de las aguas; en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales’’.

Los promoventes de la enmienda constitucional arguyeron en su iniciativa que el constituyente de 1917 prohibió a los extranjeros adquirir propiedades, en respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones, pero que en la práctica tal prohibición se elude al constituirse fideicomisos, a través de los cuales los extranjeros adquieren tierras en las fronteras y playas, figurando las instituciones de crédito como “propietarios” de tales bienes.

PUNTO DE VISTA

Desde la perspectiva de los legisladores federales, los extranjeros no perjudican en modo alguno la soberanía, el territorio y los bienes jurídicos que tutela el Estado Mexicano, y que modificar la prohibición que tienen actualmente de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y costas es una estrategia para dar certeza a la inversión foránea en vivienda.

La petición de cambios en la legislación ha sido un tema latente que han venido impulsando organismos de constructores de vivienda.

rramos@eleconomista.com.mx


[zilla_one_third]Medio:
El Economista[/zilla_one_third] [zilla_one_third] Fecha:
Jueves, 18 de Abril [/zilla_one_third] [zilla_one_third_last] Fuente original:
http://bit.ly/11mlGXA[/zilla_one_third_last]