“Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al Coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Migrantes

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Cedemos la palabra al diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias de manera muy especial al doctor Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, a la diputada Loretta Ortíz Ahlf, que es integrante de varias comisiones, y en particular muy activa en el tema de los derechos humanos.

De igual manera los ponentes que serán parte de los paneles que el día de hoy vamos a desarrollar, con el propósito de evaluar los trabajos y el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este foro pretende abordar desde diferentes temáticas la problemática de los derechos humanos en nuestro país. Habrá un panel alusivo a los migrantes; otro panel relativo a la desaparición forzada; otro tema relativo a las agresiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas; otro panel relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, y otro panel más para la igualdad de género.

Como es del conocimiento público, el mes de noviembre el Senado de la República habrá de definir y ratifica o elige a una nueva o un nuevo ombudsman, a un nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros consideramos que este tema no puede únicamente ventilarse en el recinto parlamentario del Senado, sino tiene que haber, como lo marca el artículo 102 constitucional, una auténtica y genuina consulta a la sociedad.

Quiero recordar que desde el pasado 29 de enero, su servidor, le dirigimos al doctor Raúl Plascencia Villanueva una carta cuando compareció para entregar su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un formato totalmente cerrado, únicamente dio un discurso laudatorio, no hubo interpelaciones ni preguntas de los integrantes de la comisión, y en ese contexto le entregamos una carta donde le hacíamos 10 interrogantes; 10 interrogantes concretas que tienen que ver con la problemática de los derechos humanos en el país, y quiero decirles que se han cumplido casi ocho meses y no ha habido respuesta, no ha habido ni siquiera acuse de recibo a esta misiva, y esto habla de la desatención y de la falta de interés del titular de este órgano “autónomo” por tener interacción, no sólo con los poderes del país que no están en una lógica de sometimiento, sino sobre todo con la sociedad civil, con las víctimas y con los defensores de los derechos humanos.

La diputada Loretta y otros legisladores, incluyendo el de la voz, hemos presionado para que comparezca ante esta Cámara, de manera formal el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se ha bloqueado la comparecencia; se ha bloqueado tanto en la Junta de Coordinación Política como en la Mesa Directiva, desde luego tendiendo a generar un manto de protección frente al titular de los derechos humanos.

Quiero señalar que en materia de derechos humanos no basta sólo promover y lograr la aprobación de reformas constitucionales, como aquella del artículo 1o constitucional que establece el principio propersona, sino que es necesario adoptar todas la medidas necesarias para que evidentemente se termine con la situación de impunidad, de agresiones, de tortura, de desapariciones forzadas, de feminicidios que siguen azotando el país.

México es la nación del Continente Americano que más denuncias ha presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y aquí somos supuestamente una democracia, y sin embargo hay este déficit, este pasivo lastimoso en materia de derechos humanos.

Queremos señalar, al mismo tiempo que nosotros vemos, y eso será materia de este coloquio, pero yo como legislador, y ha sido mi posición en base en las quejas y en la información que es pública; queremos señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un desempeño errático bajo la conducción del doctor Raúl Plascencia Villanueva. Con él la institución no reacciona oportunamente y de manera decidida frente a los abusos del poder, ni por violaciones a derechos humanos en favor de las víctimas.

Su actuación está condicionada a sus filias y a sus fobias, dos ejemplos son ilustrativos de lo anterior: uno de ellos, el caso tristemente célebre de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policíacas del estado de Puebla; la famosa, y tristemente célebre Ley Bala, que ya ha generado muertes lamentables en el país y que fue aprobado en mayo en aquel estado y que fue validada en su tiempo por Raúl Plascencia.

De igual manera señalar que la CNDH ha sido omisa y no interpuso acción de inconstitucionalidad en torno a lo referente a la restricción de las libertades y comunicaciones privadas que existe en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, ahí no dijo una sola palabra el defensor de los derechos humanos. Tampoco en la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que al resolver una contradicción de tesis prácticamente invalida la prevalencia en la interpretación de los tratados y la Constitución en favor de la protección más amplia de los derechos humanos, la corte prácticamente metió reversa en este principio y tampoco dijo nada el titular de los derechos humanos.

Tampoco ha dicho nada en materia de las leyes de la regulación de las protestas, como son los casos de las leyes de Chiapas, de Quintana Roo y algunas medidas que se han tomado incluso aquí en la capital del país. Nada dijo, o más bien sí dijo cuándo legitimó el uso de la fuerza pública el día primero de diciembre de 2012 y cuando también legitimó el uso de la fuerza pública contra el movimiento magisterial.

Tampoco ha dicho nada contra con el gran atentado a los derechos humanos que representa la adopción del fracking, la fractura hidráulica, que no solo es un tema medioambiental o sanitario, es un tema de derechos humanos porque se está atentando contra el derecho de los mexicanos a la salud, a un medio ambiente sano, a poder opinar y decidir en temas de relevancia pública; lo conocemos más por sus silencios, que por sus posiciones públicas.

El sentido de las fobias, recordar el caso de la UNAM, la máxima casa de estudios del país, donde por sus antipatías frente al abogado general Luis Raúl González Pérez, que ha sido en otro tiempo candidato al mismo cargo, la emprendió contra la máxima casa de estudios con algunas recomendaciones que resolvió de manera acelerada contrario a otras resoluciones como es el caso de San Fernando, en Tamaulipas y de lo cual se abordará en este coloquio.

En síntesis podemos ver que al día de hoy la actuación de la CNDH con su titular ha estado fundada en los intereses personales del Ombudsman, que no rinde cuentas a la sociedad y no defiende al país frente a decisiones de Estado que le afectan a los ciudadanos; en los hechos ha sido más un personero del poder, que un defensor de los derechos humanos y con ello está en grave entredicho la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Concluyo, apunto estos temas, evidentemente que aquí los expertos, los especialistas habrán de abundar más. Nosotros lo que sí insistiremos es que para la ratificación o elección del Ombudsman sea un tema que se discuta abiertamente, a México no le sirve alguien que solamente desde este organismo esté legitimando al poder y a la represión y que crea que es un asunto más de estadísticas que de problemáticas concretas de personas de carne y hueso que sufren violaciones a sus derechos.

Quiero por último agradecer la presencia del doctor Armando López Campa, dirigente de Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal; de Luis Machuca, dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado de Morelos; del diputado Baldemar Cortés, quien es también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el estado de Tlaxcala. Y, en general, de todos y cada uno de ustedes.

Y sin más preámbulos le pasaría la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, para que pudiera darnos unos comentarios y declarar inaugurado este coloquio. Muchas gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Bienvenidos a este foro, denominado Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este foro se realiza a propuesta, organización y convocatoria del diputado Ricardo Mejía, a quien lo felicito porque es uno de los diputados más destacados de la Cámara no sólo por su participación que prolija en la Cámara, en la tribuna, en las comisiones, sino por su congruencia y por su actitud frente a los grandes problemas nacionales.

Y este foro, al que se ha convocado, tiene por propósito iniciar la evaluación para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté integrada, esté representada, esté encabezada por personalidades respetables de la vida pública o académica del país. Estamos en tiempo, dado que pronto tendrá que renovarse. Y es que sostenemos que cuando una sociedad, cualquiera que ésta sea, no prioriza su tarea de defensa de los derechos humanos es una sociedad destinada al fracaso y lo peor es que puede convertirse en una sociedad totalitaria y de una gran simulación, como es lo que está sucediendo en nuestro país.

Ricardo Mejía ha puesto énfasis en algunas tareas inconclusas o en unas tareas que no han sido respetadas o que no han sido ejecutadas, tal y como establece la Constitución y la ley, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por eso quiero felicitar a los ponentes, a los conferenciantes, a la gente que acude a este evento, que me parece de la mayor trascendencia, porque acuden expertos. Estaré pendiente, después de la inauguración, de la versión estenográfica que se emita, porque estoy muy interesado en el tema.

Por ejemplo, la diputada Loretta Ortiz, entre otras, es una experta en esta materia y seguramente o que nos habrá de decir va a ser de trascendencia, igual que los conferenciantes que hoy están aquí y que vamos a escuchar para que orienten al Congreso y nos den luces para poder también decidir en la propia información de la nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos una persona, hombre o mujer, que tenga la características que la sociedad moderna exige en esta tarea tan primordial para cualquier estado nacional, que es la defensa de los derechos humanos.

Los felicito. Felicito al organizador. Y vamos a solicitarles amablemente que se pongan de pie para proceder a la inauguración. Siendo las 10 horas con 30 minutos declaro formalmente inaugurado el foro denominado Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tareas y responsabilidades. Muchas gracias. Enhorabuena. Que sea para bien del país.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Bien dando comienzo a este coloquio me permito presentar a la doctora Ana Gabriela Morales García, la primera ponente del mismo. Gabriela Morales García es defensora de derechos humanos, tiene un master en estudios avanzados en derechos humanos tiene un master en estudios avanzados en derechos humanos y en derechos fundamentales por la Universidad Carlos Tercero de Madrid, doctoranda por la misma universidad. Actualmente se encuentra elaborando la tesis: El impacto de la militarización en las fronteras, exterminio social a través de la aplicación de perfiles raciales.

Ser encuentra becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo hasta septiembre de 2013. Se ha desempeñado en la administración pública como abogada en el área de nacionalidad y naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras, Epiqueya y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Victoria en México, así como coordinadora jurídica de la iniciativa frontera norte de México del Centro Derechos Humanos del Migrante, Ciudad Juárez.

Secretaría técnica de la federación de SOS Racismo y del área europea de la Comisión Española de Ayuda y Refugiado en España. Ha sido consultora para la oficina de Washington, para asuntos latinoamericanos en México. De octubre de 2013 a junio de 2014 actualmente colabora como enlace en la Ciudad de México del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Su ámbito de trabajo han sido las migraciones y los derechos humanos con especial énfasis en los temas de niñez migrante no acompañada, centro de internamiento para extranjeros, mujeres migrantes sin fronteras, formación que se ha fortalecido en la práctica y en la teoría en distintos ámbitos.

Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Morales García, a quien le cedemos le uso de la voz.

La ciudadana Ana Gabriela Morales García: Gracias. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, queremos agradecer la invitación al diputado Ricardo Mejía Berdeja y saludamos cordialmente a la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

En nuestro trabajo diario tenemos observaciones en cuanto a lo cualitativo y cuantitativo del actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero que tomemos en cuenta que estas observaciones y recomendaciones parten desde la visión del centralismo en México que deja mucho que desear, no es lo mismo la interacción con la comisión nacional en la Ciudad de México que en el sur o al norte del país.

Esto marca una línea muy clara sobre el trabajo, en cuanto a lo cualitativo hablaríamos de cuestiones generales, por ejemplo, en el trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova tenemos que ante la accionar de cualquier tipo de queja los tiempos de resolución suelen ser bastante largos e inadecuados.

El tema migratorio, que es el que trabajamos nosotras, tiene un especial énfasis, bueno tendemos a poner especial énfasis en el tiempo porque éste es clave para las personas migrantes.

De nada nos sirve una resolución cuando una persona ya ha sido deportada porque se han consumado los hechos.

Entonces en el ámbito de la migración y del asilo, el tiempo es clave y por ejemplo hace unos días llegó una respuesta de una persona que había interpuesto una queja, que había sufrido una agresión al interior de la estación migratoria en Tapachula, Chiapas y después de varios meses esta queja es enviada al órgano de control interno del Instituto Nacional de Migración, sin otra mayor acción cuando esta persona ya había salido de la estación migratorio.

También en lo que se refiere a las medidas cautelas, cuando llegamos a obtener una respuesta ante los hechos, muchos de éstos ya se han consumado. Entonces la función y el objetivo de prevención de la medida cautelar es muy difícil que se cumpla con estos tiempos.

La respuesta que hemos obtenido en general, en casos particulares, es que existe el objetivo de conciliar entre la autoridad relatoría y la persona, negociando sus derechos y no así el promoverlos y obtener una reparación de los daños por las violaciones que se han cometido.

Por ejemplo en un ámbito de trabajo del Fray Matías donde tenemos restricciones para entrar a las estaciones migratorias después de tres años, nos vinieron a decir que lo que podían hacer por nosotras era solicitar una reunión entre el Instituto Nacional de Migración y el Centro de Derechos Humanos, cosa que podríamos hacerla nosotras sin que pasaran tres años.

Supuestamente existe un monitoreo en los espacios de la estación migratoria. Para el conocimiento de ustedes la estación migratoria en Tapachula, Chiapas, es la más grande de Latinoamérica. Entonces el monitoreo de las instalaciones y de las condiciones en las que se encuentran las personas ahí detenidas, es fundamental.

A nosotras se nos ha informado que existe este monitoreo, pero hasta la fecha, nunca hemos tenido algún informe o acceso a algún tipo de documento en donde se especifiquen cuáles son los resultados de estos monitoreos cuando se accede a la estación migratoria que suele ser dos veces por semana martes y jueves, hasta hace dos meses porque no hemos tenido acceso, cabe decir, no vemos la presencia de la CNDH de forma permanente.

A nuestro juicio existe una complicidad en cuanto a las autoridades del propio Instituto Nacional de Migración y las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de la estación migratoria, ya que la respuesta de las personas que hemos entrevistado en los casos, es que no existe mayor confianza para poder denunciar los hechos ante los funcionarios de la CNDH.

Les voy a hablar de un caso concreto que refleja muy bien el actuar de la comisión en esta zona, no solamente en Tapachula, sino refiriéndonos a la frontera sur.

El Fray Matías realiza trabajo coordinado con otras organizaciones como en la frontera sur-norte, que es en Tenosique, Tabasco y este hecho tiene que ver con la agresión sufrida el 30 de abril por aproximadamente 300 personas migrantes y el personal del albergue de la 72 en Zapata, Tabasco.

Se presentó un operativo en donde diferentes cuerpos de seguridad interceptaron a la caravana de migrantes que venía de Tenosique, y las personas fueron montadas a la fuerza, golpeadas y engañadas para llevar a cabo este operativo de detención, porque no tenían la documentación necesaria para poder internarse en México.

Aquí observamos varias violaciones, como fue el uso y abuso y abuso de la fuerza por parte de las autoridades; que había una coordinación entre la policía federal, policía estatal y policías municipales… que nunca se expuso cómo fue este acuerdo, cómo funcionan estos operativos en la frontera sur. Y ante esto el primero de mayo interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero con una solicitud de medida cautelar para evitar la deportación de las personas que habían sido detenidas y trasladadas a la Estación Migratoria Siglo XXI, porque lo que teníamos era que no se pudieran documentar estos hechos, y que al deportarles se quedaran sin ninguna sanción las autoridades que habían participado.

Esas 300 víctimas habían sido agredidas de forma directa o testigos de agresiones a otras personas. Con esto podían haber obtenido un aviso humanitario, de acuerdo con la Ley de Migración actual, y tener algún tipo de reparación una vez que se analizara lo sucedido. Durante la mañana del primero de mayo se nos dijo que se nos iba a conceder la medida cautelar por la tarde y que con ello iban a tener protección estas personas. Por la tarde de ese mismo día ya habían deportado a la mayoría de las personas. La excusa que había puesto la comisión nacional fue que habían entrevistado a todas las personas que habían sido trasladadas a la Estación Migratoria Siglo XXI, que eran aproximadamente 294 en una mañana… Estamos hablando de que es una oficina pequeña, en la que es imposible entrevistar a esa cantidad de personas… Y que habían manifestado que no habían sufrido ningún tipo de agresión, cuando varias de estas personas se encontraban incuso en el hospital. Y de acuerdo con la información obtenida por la CNDH, y que nos proporcionó, estas personas habían manifestado que querían regresar a sus países.

Ante estos hechos lo que hicimos fue solicitar el apoyo de la comisión para entrar nosotras mismas a documentar a la estación migratoria al día siguiente, y no tuvimos autorización hasta el martes, cuando ya se había deportado a la mayoría de las personas. Dos veces, vía telefónica nos dijeron que fuéramos a la estación, que ya habían intervenido para arreglar el permiso para acceder. Y la primera vez, nuestra compañera que se trasladó al centro de detención… la excusa fue que el permiso era de tipo personal, que la autorización que teníamos era para una persona que ya se había nombrado y que nuestra colega no coincidía con el nombre de la persona que estaba autorizada; y la segunda ocasión ni siquiera contestaron. Cuando volvimos a poder ingresar a la estación migratoria ya sólo quedaban las personas de origen nicaragüense, de quienes sólo recolectamos cinco testimonios. Y, efectivamente, ellas nos narraron las agresiones y violaciones a sus derechos que habían sufrido en el operativo, y el testimonio de las agresiones que habían vivido el resto de las personas.

Al día de hoy no ha respondido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la solicitud de esta medida cautelar, y no sabemos nada de la información que recabaron del caso. Según ellas, habían entrevistado a aproximadamente 294 personas, de las cuales no tuvimos acceso a esa información.

Es importante destacar que entre las cosas que se habían documentado por ejemplo nos mencionaron que en esta caravana había mujeres embarazadas, niños y que muchos habían sido golpeados, del personal de las 72 habían sido agredidos físicamente. No solamente el tema de las agresiones físicas, sino también la violencia psicológica a través de los insultos y las violaciones no solamente fueron al momento de cometer el operativo, también durante el traslado nos relataron que no les habían proporcionado alimentos desde Tabasco hasta la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, no les habían permitido ir al baño.

Una mujer hondureña venía en muy malas condiciones de salud, incluso se venía convulsionando y los agentes no la atendían porque decían que se estaba haciendo la enferma. Otras personas comentaron en el autobús que venía un señor enfermo que se había desmayado y que los agentes migratorios no le hacían caso, lo que hicieron que meterlo en el baño y cada vez que alguien necesitaba ir al baño en el autobús lo sacaban.

Según los testimonios recabados, las personas viajaron desde las seis de la tarde del día que fueron detenidos y llegaron hasta el día siguiente a las 10 de la mañana a la estación migratoria. Y se presentaban personas con heridas y las condiciones en las que se encontraban no eran las adecuadas para tenerlas.

Esto es un caso macro por el número d personas o por como se dieron los hechos, pero la actualidad que se presenta en la zona del Soconusco y de la frontera sur es que la mayoría de las personas que viven violaciones a sus derechos humanos no están en las ciudades principales como Tapachula, que es donde se encuentra la oficina de la Comisión Nacional, ellas viven regularmente en rancherías o ciudades apartadas, en donde el traslado por ejemplo a Tapachula es muy complejo por el número de retenes que hay en la zona, simplemente en el corredor que se llama de la costa, que es de Tapachula a Arriaga, hay aproximadamente 11 retenes. Esto fue un documento que salió sobre un informe de la frontera sur respecto a la seguridad fronteriza y migración en…., y ante este panorama es muy difícil que las personas puedan trasladarse a denunciar, que cuenten con asesoría en Fray Matías, por ejemplo, brinda esta asesoría pero no se puede acercar a todas las comunidades.

En esta zona también tenemos trabajadores y trabajadoras agrícolas que difícilmente pueden salir de las fincas, se encuentran también trabajadoras del hogar guatemaltecas, muchas de ellas menores de edad que es muy difícil poder ingresar a los domicilios privados, es imposible, hasta que ellas no salen los domingos para poder recibir algún tipo de orientación.

Aquí sería importante saber qué labor es la que realiza la CNDH en cuanto a la prevención y la atención. Si la estación migratoria, que es el centro de atención para ellas en su trabajo y vemos que lo están realizando de esta forma hasta cierto punto opaca, porque no se informa de los resultados y lejos de ser una institución que sea coadyuvante con las organizaciones de la sociedad civil, como vemos entorpece la labor que realizamos nosotras. Por nuestra parte sería todo. Gracias.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Como acabamos de escuchar, la problemática de los migrantes es especialmente dolorosa en cuanto a la violación a sus derechos fundamentales; no solamente desde que llegan al territorio nacional, sino que se presenta de la manera más cruda cuando ingresan a las estaciones migratorias.

Debemos recordar que si han cometido algún crimen, que no lo han cometido, es nada más en muchos casos una ilegal estancia en el país. Por eso se “autoriza”, entre comillas, o se permite o se tolera sin que el ombusdman nacional haga señalamientos –que se podrían haber hecho desde hace muchísimo tiempo– a violación al derecho en las estaciones migratorias. Al derecho a la salud, a un trato humano y digno, acceso a la justicia, a no ser torturado, a la notificación consular, a no ser privado ilegalmente de su voluntad porque en caso de merecer ser internados, debe ser conforme a los instrumentos de derechos humanos por un tiempo limitado y que sea mínimo.

Al derecho a la reunificación familiar, en el caso de los menores; en el caso de las mujeres embarazadas, a un trato que precisamente, en razón de su estado de salud, no se ponga en riesgo su vida y la del menor; a alimentos, a agua y obviamente a que se garantice su seguridad. Porque están estos menores de edad, personas mayores de edad, hombres y mujeres todos hacinados como si fueran reses.

Ninguna cárcel del país tiene las condiciones de las estaciones migratorias, ninguna cárcel del país. Ellos saben cuándo ingresan y no saben cuándo salen, y no hemos tenido una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este problema.

Vamos a turnarle ahora la palabra al maestro Samuel Kenny, quien es coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Previamente se desempeñaba como director del área de Comunicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien trabaja temas de desaparición forzada, tortura, arraigo, feminicidio y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Colaboró durante ocho años con la Fundation Charles Léopold Mayer para el programa de derechos humanos en París y en varios proyectos de investigación, bases de datos y comunicación.

Luego trabajó como periodista local corresponsal en varios medios internacionales francoparlantes, como en Le Figaro, en Le France. Establecido en México, en su base en México, se especializó en temas de criminalidad y derechos humanos en América Latina. Es maestro en ciencias políticas y en periodismo bilingüe, tanto en francés como en inglés. Le damos la palabra al maestro Samuel Kenny, y le agradecemos que esté hoy con nosotros.

El señor Samuel Kenny: Muchas gracias. Antes que todo, quiero disculpar a Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación, quien por problemas personales no pudo asistir hoy.

El objetivo de nuestra participación hoy es compartir con ustedes la experiencia que tiene la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en cuanto a su acercamiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como saben, la fundación se dedica a la defensa de los derechos humanos de personas en condición de vulnerabilidad y en particular representa y defiende víctimas de las masacres de las 72 personas migrantes en San Fernando, que fueron halladas, un año después, así como Cadereyta, cuando se encontraron restos humanos a lado de una carretera.

Nosotros defendemos estas víctimas, particularmente las familias, en su mayoría son de Centro América, hay algunas de América del Sur, también.

Naturalmente en este trabajo nos acercamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y antes de entrar al análisis más preciso, quisiera precisar que nuestra intención aquí es poner sobre la mesa hallazgos, lecciones aprendidas de lo que no debe suceder, eso con la intención de abrir un diálogo, ojala, con la CNDH, propia, algún día sobre su actuar, porque en la labor, desde la fundación para la justicia hemos encontrado serias dificultades.

¿Cuáles fueron? Primero, hemos detectado deficiencias en el proceso de investigación y en la recomendación 80-2013, relativa a la masacre de San Fernando, de las 72 personas. Eso es uno de los primeros puntos.

Luego, hemos tenido dificultades –como la compañera lo mencionó– para obtener medidas cautelares por parte de la CNDH por situaciones de emergencia y también hemos detectado fallas en el monitoreo de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito en México.

Esos son los tres puntos que quisiéramos abarcar.

La recomendación 80-2013 salió tres años después de la masacre. Lo que en sí a nivel interamericano puede parecer mucho tiempo, pero no es en cuanto al tema, a la gravedad del tema, es un tiempo que a veces sucede.

Sin embargo, esta recomendación no se pronuncia sobre los hechos, no dice qué pasó, eso es una de las funciones principales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es dar a conocer a la sociedad lo que pasó.

Desde la fundación para la Justicia creemos que en esta masacre de las 72 personas, había suficientes elementos para clasificar la masacre como grave violación a derechos humanos, y eso tiene una consecuencia muy sencilla. Cuando un hecho se clasifica como grave violación a derechos humanos, el expediente de investigación tiene que ser público, porque no únicamente afecta a las víctimas, sino también a la sociedad, que también tiene derecho a saber lo que pasó, lo que se investigó y lo que todavía no se sabe.

En el texto de la recomendación no hay nada, ese es el problema principal, sobre los hechos y tampoco se clasifica como grave violación de derechos humanos, a pesar de que en el título esté mencionado “privación de la vida”. Entonces, en el texto mismo de la recomendación hay una incongruencia.

Sin embargo, y eso hay que mencionarle, en la reunión de trabajo que tuvo el titular de la CDH en el Senado, él mencionó que la CNDH no había encontrado participación de agentes del Estado, pero eso no lo hizo en la recomendación y lo que nosotros decimos es que estos elementos tienen que aparecer en el texto de la recomendación porque toda recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es final, no se puede corregir.

Entonces, ahí es una de nuestras propuestas y es una lección aprendida, de que tiene que determinarse sobre los hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o por lo mínimo, decir en el texto que no encontró elementos.

Luego, también está el tema de la participación de las víctimas en el proceso de investigación. Algo muy importante con el papel de la CNDH es ayudar a las víctimas a que participen, a que sean informadas sobre lo que sucedió, a que puedan entrar en un proceso de reparación, de rehabilitación, y esto no sucedió.

En particular, la recomendación nada más menciona dos personas, dos sobrevivientes. Y quiero tomar aquí un texto que se aplica, que es la Ley General de Víctimas, en su artículo 6 determina que no únicamente las víctimas son las sufrieron directamente, físicamente los hechos o que tuvieron el miedo de sufrirlo. Dice: “Víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito”. Esta ley es vigente en cuanto a esta recomendación, porque ya fue promulgada en ese entonces.

Y resalta el papel que también las familias de las víctimas son víctimas. Las familias que están en Centroamérica, lejos de tener acceso a las autoridades mexicanas, que a veces viven en comunidades muy lejanas, con poco acceso a medios de comunicación, estas familias no fueron incluidas en el proceso de investigación, no se escucharon, no se confrontó si había versiones contradictorias sobre lo que pasó. Eso es una deficiencia grave en la recomendación 80, de 2013.

La respuesta de la CNDH sobre este punto es que no tenían los contactos. Y si bien es cierto que hicieron los trámites para buscar, lo que sabemos es que lo hicieron a través de sistemas estatales, de cancillería, cancillería, buscaron a los países, pero tenían otras vías, por ejemplo, los organismos públicos de derechos humanos de los otros países pudieron haber facilitado el contacto, porque muchas de estas familias se acercaron a estas instituciones ombudsman, o por ejemplo, se pudieran haber acercado a nosotros. Somos representantes legales de algunas de las víctimas. Nunca nos contactaron.

En el proceso de investigación es bien importante, y nos enfocamos en esto, porque la idea es dar a conocer lo que pasó en esta investigación y en esta recomendación en particular. Entonces, tenía otras vías y no lo hizo, y esto está en contradicción con los principios de París que rigen cada institución nacional de derechos humanos, y que especifica que una comisión tiene que recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios. En este punto no se hizo.

Otro problema con esta recomendación es que no se recomendó ninguna reparación. Esto pudiera suceder que no se determinara exactamente qué reparación corresponde a cada víctima, pero el problema en esta recomendación es que ni siquiera mencionan los estándares; no dicen cómo van a tener que decidir las autoridades cómo reparar el daño.

No se explica nada, lo dejaron vacío. Y también eso es un problema de forma, en cualquier recomendación, entonces, por todas estas razones –para recapitular– la CNDH en esta recomendación no investigó los hechos, no involucró a las víctimas, no buscó representantes o aliados, no emitió medidas de reparación.

Por todas estas razones, las víctimas, junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho decidimos ir ante un juez ordinario para solicitar su opinión sobre cómo estaban afectados los derechos de estas víctimas. Y este amparo fue admitido por un juez ahora mismo hay un proceso y en teoría, un amparo no debería de proceder contra una recomendación de la CNDH, pero como acabo de explicarles, los derechos humanos de las víctimas fueron afectados. Nuestra preocupación es que cuando una recomendación afecta derechos se tiene que corregir en alguna medida, y por eso solicitamos la opinión de un juez, y ahora mismo está estudiado, y sigue su curso.

Otros de los problemas que encontramos con la CNDH fue la omisión, en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares. A finales de octubre de 2012, nos enteramos por parte de familias de Guatemala, que les habían llamado desde la Cancillería de Guatemala, para avisarle primero hacerle una notificación por teléfono –ése es otro tema– del fallecimiento de sus familiares en fosas de San Fernando, y enseguida solicitaron que vinieran a autorizar la cremación de los cuerpos en cenizas, o sea, desde la noticia de un estado de “mi familiar está desaparecido” a “le vamos a entregar polvo”.

Hay un paso tremendo, y eso para las víctimas es un proceso de revictimización tal cual. ¿Por qué? Porque no aclara la duda, porque cómo van a reconocer un cuerpo, si no tienen la información suficiente, si no se les comunica cómo se determinó la identidad, si no hay facilitación, si no hay diálogo, tratamos de un duelo tremendo.

Entonces ahí hubo un problema para nosotros, y por eso solicitamos medidas cautelares urgentes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como le corresponde, para vigilar la protección de los derechos humanos de las víctimas, así fue el sentido.

Lo solicitamos esto el 5 de noviembre de 2012, sabíamos que el 30 de noviembre se iban a quemar, eso era la información que recibimos. El 30 de noviembre no teníamos respuesta, escribimos de nuevo, y solamente el 28 de enero de 2013, tenemos una respuesta de la CNDH explicando que la fecha misma del 30 noviembre había solicitado actuar, y que la respuesta que ellos tuvieron, fueron que ese mismo día fueron cremados los restos.

Eso es grave para las víctimas por una razón principal, es que el daño es irreparable, ya no hay posibilidad de cerrar el ciclo, todavía se quedará la duda y, en particular con familias de Guatemala, no respeto a sus creencias, no respeto a sus rituales, de enterrar el cuerpo en la tierra, y eso es una afectación permanente, y esa es una omisión para las familias. Además, también de que se cremaron cuerpos mientras que había una investigación penal abierta, que es destrucción de pruebas

Entonces había todo el fundamento para que la CNDH actuara y no lo hizo. Unos meses después salió otro caso con el mismo procedimiento, intentamos otra vez, falló otra vez a través de la CNDH y entonces encontramos la vía del amparo con un juez en Tamaulipas que sí emitió medidas cautelaras, y desde entonces hay un arreglo, ya no se creman los cuerpos de estas tres masacres, entonces ya no hay esta afectación, en este momento tuvimos que encontrar otra vía que la CNDH.

Esto, nada más para precisar, es en contradicción con el artículo 4 de la Ley de la CNDH que precisa que los procedimientos de la Comisión deben ser breves y sencillos, y que seguirán además los principios de inmediatez, concentración y rapidez; otra vez, incongruencia.

En cuanto al monitoreo de violaciones a derechos humanos de la población migrante, existen informes, como bien conocen de 2009 y 2011 sobre la situación de los secuestros emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se identificaba que existía un contexto de particular violencia en contra de las personas migrantes en las zonas de Tamaulipas, Coahuila y que en estos lugares se encontraban posibilidades de secuestro, de ejecuciones, etcétera, desapariciones.

Desde 2011 no tenemos informes generales sobre la situación, y como lo dijo la compañera, pues la situación se incrementa. No hay un seguimiento puntual y es un fallo y debería, porque todos necesitamos la CNDH que tiene la capacidad para monitorear, que tiene la capacidad y el peso moral para entrar y solicitar a las autoridades sus informaciones.

Para las organizaciones, como para toda la sociedad es un fallo, hay un vacío y eso también debería ser un motivo de preocupación, y ojalá haga un informe sobre la situación especial sobre los migrantes ahora mismo que empieza.

Eso en particular es en contradicción con el artículo octavo de la Ley de la CNDH que precisa que la comisión tiene que formular propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país, pero también está en contradicción con el informe del subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos.

También un complicado para explicar son, es el conjunto de instituciones Ombudsperson en el mundo que determina cuál debe de ser el actuar de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, y en este caso en particular explicó en 2013 –me parece–, se espera que las instituciones nacionales de derechos humanos promuevan y garanticen el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el fortalecimiento del estado de derecho en todas las circunstancias y sin excepción; y ahí en este punto en particular detectamos que hay un problema, necesitamos información.

Por fin hemos detectado que es un lástima que la CNDH no se haya acercado a las familias de las víctimas para también brindarle asesoría a estas familias de Centroamérica que no saben nada, que apenas reciben una noticia por teléfono, no les acompañaron durante el proceso de investigación o la emisión de las recomendaciones, durante todo este lapso de tiempo que es el más importante, que es entre la violación de derechos humanos y la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos falló en su labor de acompañamiento, entonces todos estos términos muy puntuales nos parecen que deben de ser términos para un debate, sobre lo que no debe de suceder más con la CNDH y ojalá lo tome en su cuenta propia y actúe y mejorará. Gracias. Muchas gracias.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Antes de hacer comentarios sobre la magnífica exposición del maestro Samuel Kenny. Tengo una pregunta a la que no va a poder responder la doctora Anda Gabriela Morales García, pero viene dirigida a ella y a los organizadores; se tuvo que ir la doctora Anda al informe del relator de migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero dando respuesta a la pregunta formulada, bueno son varias en realidad. ¿Por qué no consideras los tres informes sobre secuestro de migrantes? El secuestro de migrantes es una parte de la problemática de migrantes, no es lo único que existe; hay lo que se llama la trata de personas y el tráfico de migrantes y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, y eso no está en estos tres informes. Y el informe sobre estaciones migratorias, los informes de estaciones migratorias con relación a lo que yo afirmé, con su servidora, obviamente conozco a detalle este informe, incluso tengo publicado un libro por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se denomina Acceso a la justicia de los migrantes irregulares, y se hace mención muy escasa de esta problemática.

El día de ayer en el periódico Reforma salió publicadas incluso fotografías del estado de las estaciones migratorias, que no cuentan con estaciones sanitarias adecuadas, que están mezclados niños, mujeres, o sea, todo esto que comenté. Es una pena. El libro lo publiqué aproximadamente hace tres años, que a la fecha continúa esta situación.

Si alguien quisiera ingresar a una cárcel de alta seguridad se puede ingresar, a una estación migratoria no se puede ingresar. Insisto, las condiciones son: si comparamos una cárcel con una estación migratoria las cárceles son hoteles de cinco estrellas con lo que son las estaciones migratorias. Entonces, el informe, este informe sobre estaciones migratorias, se queda corto para lo que es la problemática de las estaciones migratorias.

¿Y por qué no invitaron –ésta es la tercera pregunta– al ombudsman nacional, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Se le invitó, no asistió. Pero no solamente eso, se le ha invitado a que comparezca, a que asista a la Comisión de Derechos Humanos, a que tenga una reunión con los diputados. Han pasado más de seis meses y no hemos tenido respuesta alguna. O sea, no se está haciendo esto a espaldas del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Contestadas las preguntas me permito hacer un brevísimo comentario sobre –Sí.

El ciudadano : (Fuera de micrófono, sin dar su nombre)… tengo un poquito de conocimiento del expediente y me parece –¿cómo decirlo?– una mentira. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Es una mentira lo que comentan, por ejemplo, que no hubo medidas cautelares. Y esto, por ejemplo, es mentira. Entonces, quisiera comentarlo con todo el público, que no es tan cierto lo que comenta el integrante de la fundación, respetuosamente se lo comento. Ésa es una.

Dos. Por ahí comentaban que no se ayudó a las víctimas. Tengo conocimiento que sí, incluso hubo personal de la Comisión que acudió a verlo a sus casas dentro del seguimiento de la recomendación. –¿Qué más?

El expediente, por ejemplo, hay alrededor de 300 petitorios a diversas autoridades, entre ellas la Procuraduría General de la República. La Procuraduría fue la instancia que no nos dio mucha información, no sé si usted tenga conocimiento de esta circunstancia. –¿Qué más? – Déjeme ver… citas.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Sí.

El ciudadano : (Fuera de micrófono, sin identificarse). Diputada, gracias, buenos días…

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: A ver, si me permiten, porque tiene que dar respuesta, ahí están las preguntas, nada más que se las dé puntualmente.

El ciudadano : (Fuera de micrófono, sin identificarse) Si es posible después establecer un diálogo, también pertenezco a la CNDH y quisiéramos hacer una serie de comentarios de algunas cuestiones que o son imprecisas o saber si tenemos un espacio también formal para poder fomentar la evaluación del organismo. Es una pregunta como de procedimiento, en tanto que no fue –hasta donde tenemos conocimiento–, invitada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si fue así de todas maneras diputada, muy respetuosamente paliar esta circunstancia y también respetuosamente a la audiencia preguntar si podríamos ser considerados dentro de esta evaluación, porque hay algunos puntos que podrían ser enriquecedores para la discusión del tema que está en cuestión. Muchas gracias, diputada y perdón por la intromisión.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, yo sí quisiera hacer una aclaración. Nosotros enviamos una invitación a Raúl Plascencia Villanueva y le pedimos que si él no pudiera asistir que alguien de forma oficial nos lo comunicara para que nosotros pudiéramos tomar las providencias necesarias y evidentemente que pudiéramos tomar las providencias necesarias y evidentemente que pudiera estar, también, en el panel dando la opinión de la propia CNDH.

Nosotros hemos buscado este diálogo con el titular y como lo dijo la diputada Loretta, no ha atendido reuniones, no ha comparecido y no ha respondido los cuestionamientos que le hemos dicho a los diputados. Nosotros sí quisiéramos que fuera en ese carácter oficial pues que se identificará la gente que viene de parte del presidente.

Digo, nosotros, bienvenidos éste es un foro abierto, pero abran de entender que tiene que haber una representación formal del presidente, si no lo tomaríamos que lo hacen a título personal, sería como parte del público que puede hacer preguntas. Ahorita esto se está transmitiendo a partir del canal del Congreso, y si nos está viendo la presidencia de la Comisión o alguien de parte de la comisión está el foro abierto, nada más que sí acrediten oficialmente que viene alguien de parte del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces le daría la palabra a la diputada para que siguiera con el panel.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Antes de cederle el micrófono para que dé respuesta muy puntual a las preguntas que formularon, con relación – haciendo unas puntualizaciones-, con relación a la recomendación tan multicitada y mencionada.

Quiero hacer la puntualización de que esto la recomendación no tiene que ver con cualquier violación de los derechos humanos de los migrantes. Es una masacre, masacre es un crimen internacional que tiene mucha cercanía con un crimen, otro crimen, que de lesa humanidad que es genocidio, o sea no es cualquier situación. Hay toda una serie de instrumentos internacionales vinculados con estos crímenes internacionales y habría que recordar el artículo 1o constitucional de los cuales México es parte y ha firmado y a signado estos instrumentos.

Haciendo un resumen de lo expuesto, jamás se mencionó en la recomendación en la violación grave a derechos humanos. Grave es porque precisamente es una masacre, porque además las autoridades sabían de antemano que estaba expuesta la vida de estas personas y sin embargo no se tomaron las medidas precautorias.

Segundo, no hubo una relación de los hechos.

Tercero, que participaron elementos del Estado.

Si se hace una revisión de las recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pueden ver publicadas por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que existe una obligación del Estado, sobre todo cuando participan elementos del Estado, dígase policía, funcionarios, quien sea, que se tenga un especial cuidado y no pueden quedar impunes estos crímenes, y se hace caso omiso en la recomendación de hacer una mención.

¿Cuál es la importancia de esto? Van a decir: “bueno ¿por qué tenían que mencionarse?” Porque va a continuar y persistir el mismo problema.

Si el ombudsman no hizo mención de que hubo participación de ningún elemento del Estado, de nada sirve la institución del ombudsman. Se guarda una total parcialidad frente a lo que es el Estado mexicano.

¿Cuál es la función de un ombudsman? Precisamente que vea por la protección de los derechos humanos de las personas frente al Estado mexicano. Y tendría que haberse mencionado; participaron, por él se emiten recomendaciones a las autoridades. Es de sentido de prudencia y lógica elemental. No se mencionaron.

La otra cuestión, lo de las compensaciones. Yo estaría de acuerdo que no tendría que haberse mencionado porque no sería el momento, quizás o no se tenían los elementos, cuál es la compensación exacta, pero sí hacer una mención de que tenían derecho a una compensación.

Y lo más grave, lo de las medias cautelares y la cremación de los cuerpos. También existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho precisamente a la entrega de los restos.

Yo nada más les pido a cualquiera que se ponga en los zapatos de los familiares de los migrantes, a que les entreguen una bolsita, si es que bien, con “aquí está el cuerpo de tu familiar”. Eso es una violación a un derecho fundamental.

Y no se hizo absolutamente nada con relación a las medidas cautelares. Un año después dieron respuesta a estas medidas cautelares. Se hubiera podido evitar la cremación de los cuerpos de haber atendido a la petición que se hizo oportunamente.

Un año después vuelvo a preguntar: ¿de qué sirve el presupuesto que se autoriza por parte de esta Cámara de Diputados para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no puede cumplir con esa función? Entonces le turno el micrófono.

El ciudadano Samuel Kenny: Muchas gracias. Primero bienvenido el diálogo. Estoy encantado de verlos, la verdad, y lo decimos sinceramente. Queremos que esto sea un debate público, contradictorio. No estamos de acuerdo; compartamos, compartamos información. Seamos transparentes. Eso es muy importante, es parte de nuestra vida democrática ¿verdad?

Entonces primera cosa, hubiera agradecido, como no tengo el placer de conocerles que se presentaran con su nombre y su puesto hubiera ayudado a saber quiénes son y todo esto. Le dejaremos la palabra justo después, sin problema.

Nada más una pregunta sobre medidas cautelares. Cuándo dice que no se solicitó, hablamos de medidas cautelares en dos casos específicos, que es el de Guatemala, noviembre de 2012, y también el caso siguiente en El Salvador. No tenemos conocimiento. Pero si usted tiene conocimiento, pues compártalo. Es que ahí hay que ser transparente en cuanto a cuáles medidas cautelares están hablando.

Por fin el acompañamiento de las familias llegó en seguimiento a la recomendación, cuatro años después. Eso es la afectación a las familias. Y el problema para las familias es lo que vivieron durante todo este tiempo lo que se llama un delito perpetuado, el delito de desaparición. Sufrieron una tortura psicológica permanente en cuanto a saber lo que pasó con sus familiares. Está ahí el problema y es en estos términos. Y pienso que he hecho la precisión importante de que… está en el proceso de investigación y de emisión de la recomendación. Esos son términos muy precisos para un debate. En el seguimiento llegó después, pero estamos a cuatro años. La afectación ya es tremenda con las familias. Es ése el problema.

Y lo que invitamos, la CNDH, al contrario, es ser más rápidos, es mucho, ahí en el acompañamiento. Tuvieron dificultades para tener acceso a la información de la PGR, etcétera. Entendemos, existe. Pero el sufrimiento de las familias no cambia, está, es una realidad trágica, dramática, y que cualquier organismo público de derechos humanos tiene que atender. Eso es más el mensaje. Y me interesaría escuchar su respuesta. Y hay otro comentario, me parece.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Por razones de tiempo terminamos este bloque. No podemos atender a todas las preguntas porque el foro es mucho más largo.

La ciudadana : … (Habla fuera de micrófono) Porque me parece que es una… ustedes están hablando de simulación, ustedes están haciendo aseveraciones muy fuertes para servidores públicos que asumen la defensa de los derechos humanos, y que trabajan cotidianamente en eso.

Entonces me parece que un mail sin firma, que no tiene, que no deja abierto un espacio para el diálogo… Y que cuando venimos… hacemos el ejercicio de venir y de tratar de explicar lo que previamente… la Comisión Nacional de los Derechos Humanos… doctor Raúl Plascencia ya había expuesto. Y que además ustedes se queden sólo en una parte y no en todo lo que él expuso, me parece por lo menos parcial, si podemos hacer un juicio de valor.

Entonces yo les sugeriría, yo les pediría muy educadamente que seamos congruentes en cuanto a los principios democráticos que son también la posibilidad de dar un derecho de réplica. Yo agradecería mucho que eso se diera si es posible. Muchas gracias.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Ya para terminar este bloque, y atendiendo a las iniciativas y a las preguntas e inconformidades mencionadas, yo quiero decir a nivel personal, ahorita al diputado Mejía le paso el micrófono, que he sido de las… incluso hemos enviado oficios muy puntuales y ha participado la doctora Miriam, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No es falso, tenemos más de seis meses invitando al ombudsman a que tenga un debate democrático, como usted señala, para discutir estos asuntos y no se ha dignado a respondernos ni siquiera cuando va a venir. Esa es la primera parte, y a tener un foro abierto. Eso es primero.

La ciudadana : (Fuera de micrófono, sin dar su nombre)… de la Comisión estuvo contestándole a todos los grupos del tema que ustedes están tratando, que es la recomendación de…

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: A la Cámara de Diputados no ha asistido. Soy secretaria…

La ciudadana : (Fuera de micrófono, sin dar su nombre) Yo le pediría que nos diera el espacio, si usted es tan gentil, para que si va a ser un debate… si usted va a… debate y si ustedes están dispuestos a escuchar una réplica, que se… eso es todo.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Nada más quiero puntualizar. No mentimos, no ha asistido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos a nuestros múltiples ruegos para hacerlo, invitarlo para que vaya a la Comisión de Derechos Humanos, más de seis meses.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Loretta. La convocatoria fue pública y nosotros como dice la diputada, un grupo de legisladores, la propia Comisión de Derechos Humanos no del Senado, de la Cámara de Diputados, le ha planteado que comparezca formalmente ante el Congreso.

El día que vino aquí a rendir su informe, el día 29 de enero le pedimos que se flexibilizara el formato en la Comisión Permanente y no se quiso. Le entregamos una carta del día 29 de enero, que fue recibida en sus manos por oficialía de partes, y que le hemos estado reiterando incluso a través de desplegados, y no ha habido una respuesta.

Nosotros no tenemos ningún inconveniente que en la parte de conclusiones del foro pueda tener un espacio para que haya la posición oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, únicamente esperaríamos que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por oficio, como lo hemos hecho nosotros, nos informe quién será la persona que en su nombre y representación y a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dará la respuesta, y nosotros no tenemos ninguna objeción en dar un espacio en este foro, pero sí pediríamos que no se violente el formato que va desarrollándose.

Hemos concluido ya el panel de migrantes y por respeto a los ponentes y al público asistente vamos a seguir con el panel de desaparición forzada. En el inter si hay una notificación oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nosotros la vamos a atender de manera adecuada.

Entonces, yo le pediría a la diputada… Nada más, Samuel, ya muy breve para concluir y luego la palabra a la diputada Loretta, para dar paso al panel “Desaparición forzada”. Y ya dimos respuesta, por favor, ya lo escuchamos. Vamos a continuar, ahorita que termine, ¿sí?

El ciudadano Samuel Kenny: Nada más precisa su solicitud. Si quiere, dialogamos después, yo estoy abierto. Nada más una cosa, por favor, lo escuché. No hubo diálogo con la sociedad civil, hubo diálogo con senadores; es diferente. Es esto. Nuestra solicitud iba hacia este sentido, ¿sí me expliqué?

La ciudadana : (Fuera de micrófono, sin dar su nombre)… migraciones… de la Cámara y de los que se hacen abiertos. Sería muy bueno puntualizarlo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Vamos a dar comienzo…

El ciudadano :

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: No, ya le dimos oportunidad. Muchos otros no.

El ciudadano :

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Por escrito con mucho gusto. No, tenemos un evento de todo el día. No, no, no.

El ciudadano : … sería importante que en este diálogo que está sosteniendo que den opiniones técnicas informadas. Porque hace ratito estaba hablando en contra de un amparo en contra de la resolución de la CNDH y, que yo sepa, no proceden los amparos, las resoluciones por parte de la CNDH. ¿Por qué? Porque no es vinculatorio, no parte de una autoridad judicial.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Se tiene los datos del amparo, le dieron entrada al amparo. Su servidora es abogada también. Ya se dará en su oportunidad un foro, siempre y cuando asista el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el representante que él designe. Punto final a este asunto. Damos continuidad con el coloquio.

Ahora va a hablar el doctor José Antonio Guevara Bermúdez. Desde enero de 2014 José Antonio Guevara Bermúdez es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es doctor en derecho con especialización en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, y cuenta con la licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana.

Es investigador nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores y ha impartido un número considerable de cursos y conferencias en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Además, cuenta con varias publicaciones en esas materias. Hasta hace muy poco se desempeñó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como tercer visitador general, así como secretario para la promoción de los derechos humanos e incidencia en políticas públicas.

Ha fungido como titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ministro responsable de los derechos humanos en la misión permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza, y director general adjunto de derechos humanos y democracia de la Secretaría de Relacione Exteriores.

Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Coalición para la Corte Penal Internacional, red que aglutina a más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

Le damos la palabra al doctor José Antonio Guevara.

El ciudadano José Antonio Guevara Bermúdez: Muy buenos días y antes de empezar quisiera agradecer, a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mío personalmente, al diputado Ricardo Mejía por la amable invitación que nos hizo para participar en este foro.

Quisiéramos felicitarlo por la iniciativa de organizar este coloquio, ojala que todos los partidos promuevan un debate informado, un debate sobre estos asuntos. La verdad es que las organizaciones de la sociedad civil tenemos muy pocas oportunidades para poder, en un espacio público de esta naturaleza ofrecer información sobre qué es la realidad que enfrentamos nosotros cuando lidiamos con instituciones públicas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, diputado, permítame compartir su pesar ante la ausencia de respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros hemos experimentado una negativa en respondernos cartas que le hemos hecho llegar desde diciembre del año pasado, en un caso que les voy a comentar actualmente.

Posteriormente en enero de este año le hemos enviado dos comunicaciones sobre dos casos en particular, en donde tampoco nos ha respondido. En la carta de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado le solicitamos que no concluyera el seguimiento, una recomendación por la simple apertura, por la simple oferta de la CN, de una indemnización en un caso. No hemos recibido respuesta de su parte.

En las cartas de enero de 2014 le hemos pedido que emita una recomendación que ha tardado más de tres años en la investigación y no ha habido respuesta. Le hemos pedido copia de los protocolos de Estambul, de las víctimas de ese expediente y no hemos tenido respuesta. Esto lo voy a explicar más adelante. En fin.

La ausencia de respuestas oficiales por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el envío de mensajes extraños por otras vías, también nosotros hemos estado expuestos a esas cuestiones.

Ojala que este foro le ayude a la Comisión Nacional a tomar cartas en el asunto y garantizar el respeto del derecho de petición de nosotros.

Un aspecto importante que antes de empezar… hago una presentación, yo creo que no se va a poder ver por la pantalla de allá.

Respecto de la mesa anterior. Yo creo que la detención administrativa de migrantes no tiene base constitucional, a diferencia de todas las demás formas de detención que se llevan a cabo en el país, todas están reguladas por la Constitución, el alojamiento de migrantes en estaciones migratorias, en ninguna parte de la Constitución señala, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca ha querido decir que esa detención administrativa es inconstitucional, lo cual es muy triste porque estamos hablando de más de 80 mil personas que se detuvieron en el 2013.

Actualmente hay un número muy elevado de personas detenidos, y otra cuestión que no ha dicho con todas sus letras, es que en las estaciones migratorias se detienen a niños y niños. Algunos de ellos acompañados, algunos no acompañados o separados. Nunca se ha pronunciado sobre la violación de migración que tajantemente prohíbe que los niños estén alojados en estaciones migratorias, incluso cuando estén con sus padres.

La responsabilidad de esos alojamientos debiera ser, en todo caso, en todo caso por el DIF Nacional, el cual no asume su responsabilidad. Entonces, yo simplemente quería abonar, respecto a la mesa anterior, este pequeño detalle que la CNDH no ha querido tocar.

Quiero también aprovechar para ofrecer disculpas al maestro Santiago Corcuera, él estaba previsto para trabajar en esta mesa, y conjuntamente trabajos los elementos de esta presentación, él tuvo que atender otra actividad sobre la cual no pudo renunciar a su participación, y bueno, les pido disculpas.

También celebrar y agradecer la compañía de la doctora Loretta Ortiz, a quien desde hace muchos años hemos estado en batallas por los derechos humanos, conjuntos. Hemos buscado que las instituciones del país se consoliden democráticamente y que dejen de actuar de manera parcial y unilateral. Y me da mucho gusto estar aquí, bueno.

Me han invitado a hablar sobre la desaparición forzada de personas y el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no pretendo hablar de toda la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque escaba de nuestras capacidades como organización de la sociedad civil hablar de eso, pero sí de aquellos casos en donde hemos tenido contacto con la Comisión Nacional y su actuación ha sido muy deficiente.

Empiezo con el primer tema, que es la desaparición forzada durante la Guerra Sucia. En este caso obviamente no toda la responsabilidad le toca al ombudsman actual, porque cuando se emitió la recomendación del 2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos él no era presidente de la comisión, por tanto, la responsabilidad de esa recomendación no le toca a él absolutamente, alguna responsabilidad tendrá en su calidad de visitador general, pero bueno.

La cifra de desaparecidos de la Guerra Sucia sigue siendo un enorme misterio para el país. Tenemos, por ejemplo, que la Femos en el informe público que después se desconoció, luego la sentencia del caso Radilla reconoció como un documento oficial, habla de 788 personas desaparecidas en esa época.

La cifra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuestionable metodología para determinar cuando hubo plena acreditación o cuando fue medio cuestionable o cuando simplemente se presentó información y no hubo manera de acreditar la responsabilidad del Estado con un estándar de prueba, que en mi opinión no debiera ser aplicable para los organismos públicos de derechos humanos, porque se acerca más a estándares de prueba en materia penal que en materia de mecanismos de protección de derechos humanos, como pueden ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas o los comités creados por tratados.

Para la CNDH solamente se acreditaron 275 desaparecidos en esa época, de los 532 respecto de los cuales tuvo conocimiento. Eso es parte del problema, pero no todo. Emite la recomendación 26/2001, y si ustedes ven los puntos recomendatorios, son puntos recomendatorios muy a la usanza de la complacencia, para decir que las cosas se tienen que reparar, pero más o menos.

Por ejemplo, la recomendación sobre reparaciones señala que se debe, y cito, revisar la posibilidad de reparar el daño mediante prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas. Este lenguaje de revisar la posibilidad de reparar, es completamente absurdo. México es parte del sistema interamericano desde finales de los años noventa. Cuando se emitió esta recomendación México ya era parte de este órgano internacional. Y ya en ese entonces había alguna institución del ombudsman, se empezaba a trabajar con las sentencias de la Corte Interamericana, los estándares en materia de reparación. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para ser puntuales, ya empezaba a trabajar en esa época con los estándares. Y aquí no. Aquí simplemente se hablaba de la reparación como algo que se debe revisar.

Se dejó, obviamente, al arbitrio de la autoridad, como actualmente sucede, la posibilidad de otorgar las reparaciones. Actualmente se deja al arbitrio la determinación de las reparaciones, como veremos más adelante.

Se recomendó también que se asuma el compromiso ético y político, no jurídico, porque parece que no es un aspecto relevante, en el sentido de orientar el desempeño institucional en el marco de los derechos humanos y evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en la década de los setenta y principios de los ochenta se puedan repetir. Ahí, pues mira, no hubo mucho seguimiento a este aspecto.

Pero aquí ya me meto en lo importante. La CNDH recomendó en aquel entonces la designación de un fiscal especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación y persecución, y en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos.

Se crea la Femost el 27 de noviembre de 2002. No esclareció la suerte de las personas desaparecidas de manera individualizada. No determinó la responsabilidad penal de absolutamente nadie y en marzo del 2007 se determina su disolución, lo cual termina de hacerse realidad en noviembre de ese mismo año.

Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, en esa época no hubo un pronunciamiento firme, público, decidido en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hubiera pronunciado respecto de la resolución de la Femost ni a la falta de publicidad el informe. Eso no ha sucedido.

No se pronunció sobre la efectividad de los resultados de la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad de lo ocurrido. Y hasta la fecha no tenemos a una sola persona castigada por los hechos de sus 200 y pico funcionarios que consideró acreditada la desaparición.

La ausencia de seguimiento en esta recomendación es lamentable, y eso sí es parte de la responsabilidad de esta comisión.

Desconozco si se dio por concluido el seguimiento, yo esperaría que no, porque insisto, no ha pasado nada en la determinación de los responsables de los hechos acaecidos durante la Guerra Sucia y la CNDH debiera decir algo.

Tampoco la CNDH se ha pronunciado sobre las fallas en el debido proceso y en la falta de las investigaciones. Insisto, no le ha pedido cuentas a la Procuraduría General de la República por haber desbaratado o eliminado la existencia de la Femost ni ha dado seguimiento a las pésimas investigaciones que actualmente se están llevando a cabo, si es que se están llevando a cabo en la determinación y la identificación de los responsables.

Menos aun, de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, que debiera ser una prioridad en su gestión, cosa que no ha sucedido.

¿Cuál es el papel de la CNDH en el contexto de la guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado? Sabemos que ha habido un desaseo en la cuestión del manejo de las cifras. Primero en enero de 2013, la Secretaría de Gobernación se refirió a 27 mil, 26 mil y pico desaparecidos de entre el 2006 y el 2012. En fechas recientes el Secretario de Gobernación anunció, respecto del registro de personas desaparecidas, una numerología también difícil de descifrar, en donde se habla aproximadamente de 16 mil, primero de 8 mil, luego de 16 mil personas desaparecidas.

El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, después de su visita a México en el 2011, señaló que se habían registrado 3 mil casos de desapariciones, no todas, obviamente, desapariciones forzadas. Y señaló que en tanto no hubiera una investigación imparcial e independiente que determinara la responsabilidad de quiénes habían sido los culpables de esas desapariciones no se podía descartar la participación de agentes estatales, lo cual no quiere decir –insisto– en que haya dicho que son desapariciones forzadas, simplemente, no se descartan.

En este informe se habla de 238 casos de desaparición forzada sin resolverse hasta el año 2011. Human Rights Watch también emitió un informe con 149 casos en el año 2013, y la CNDH también ha dado datos, el presidente, el doctor Raúl Plascencia, en la inauguración de un foro internacional sobre desapariciones forzadas e involuntarias en México, que aquí Juan nos podrá contar los detalles de esto, habló de 24 mil 800 casos de personas desaparecidas, y cito, que no han encontrado en las autoridades del Estado mexicano una respuesta eficaz en su búsqueda y localización.

También se refirió a 2 mil 443 casos en los que hay indicios de posible participación de agentes del Estado en la desaparición de personas; 2 mil 2243, en donde hay indicios de posible participación, y sólo en 30 han documentado la participación de agentes del Estado, lo cual es algo interesante que tiene una cifra aproximada de 2 mil. Se han emitido solamente 10 recomendaciones, con 26 víctimas, y no ha habido un pronunciamiento general del fenómeno cuando estamos hablando en cifras reconocidas por el mismo presidente, de 2 mil y pico de casos, cuando, además hay otra cifra que habría que esclarecer, que asciende de los 16 mil o tal vez, de los veintitantos mil.

Señalaba que se han emitido desapariciones forzadas entre 2006 y 2012, 10 recomendaciones, omito los números. Ahí aparecen en la presentación, que involucran a 26 víctimas; en ninguna de ellas nos referimos a casos de desaparición de esta administración.

Aquí empezamos con lo interesante. En las recomendaciones, dos del 2011, y una del 2012, la CNDH le pide en el punto recomendatorio a la Secretaría de la Defensa Nacional, que inicie averiguaciones previas en la Procuraduría de Justicia Militar. Eso es algo inusitado. México recibió la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada de personas, en diciembre de 2009.
Estamos por cumplir cinco años este año, de que se recibió esa recomendación. Y ahí claramente se establece cuáles son los límites a la jurisdicción militar, y la CNDH y parece que a la CNDH no le importó, no le importaba la exposición de México a los foros internacionales, siendo una sentencia de la Corte seguía pidiéndole a la jurisdicción militar que iniciara investigaciones.

Nunca hubo un pronunciamiento contundente de la CNDH sobre la jurisdicción militar, no sé si lo hacía de una manera política, para cuando estuvieran haciéndose las negociaciones de las reformas al fuero, que en mi opinión son unas reformas que son limitadas, porque lo que dice la sentencia de la Corte es que se tiene que extirpar de la jurisdicción militar la posibilidad de que conozcan de desapariciones forzadas sean víctimas civiles o sean víctimas militares.

Aquí la reforma que aprobaron respetuosamente las dos Cámaras por unanimidad fue que solamente se excluyera de la jurisdicción militar las víctimas, cuando se tratara de civiles. También pide –y aquí también es otra crítica en estas recomendaciones de la CNDH– que la Sedena emita una circular para que aquellos servidores que participan en acciones de seguridad pública, omitan utilizar las instalaciones militares como centros de detención, eso lo hace en una recomendación, la 38 del 2012.

Pero aquí mi punto de crítica es que la circular se dirige a los miembros del Ejército para que participen en tareas de seguridad pública. Yo no le estoy pidiendo a la CNDH que diga lo que la Constitución dice en su artículo 21, que la seguridad pública se debe de llevar a cabo por autoridades civiles, ni lo que dice el 129, que señala que en tiempos de paz, el Ejército tiene que estar dedicado a las cuestiones propias de la disciplina militar en sus cuarteles. No le estoy pidiendo que digo lo que diga la Constitución, tampoco le estoy pidiendo que asuma una posición jurídica sobre un tema que es muy controvertido, que es una política de seguridad que se cuelga de una tesis de la Suprema Corte de Justicia, que ni siquiera es jurisprudencia.

Lo que le estamos diciendo es que ante la ausencia de su capacidad de comprometerse con la Constitución y los derecho humanos, por lo menos que no asuma la posición oficial de que el Ejército haga tareas de seguridad pública, es lo mínimo que podemos pedirle a la CNDH.

También le pide en estos puntos recomendatorios que los elementos de la Armada de México sean capacitados, aquellos particularmente servidores que presten auxilio a las autoridades civiles, y aquí cito el lenguaje que utiliza la misma Secretaría de Marina en su directiva inconstitucional sobre el uso de la fuerza que dice “los marinos participan en acciones de seguridad pública encaminados a asegurar el Estado derecho”, que ése es el lenguaje que se utiliza en esa directiva. Pero bueno, es otra crítica que le podemos hacer.

Y luego, otra de las críticas en estos casos, es que se le pide a la Sedena que repare el daño causado tanto a las víctimas como sus familiares, y no establece que se trata de una reparación integral, y en el seguimiento que más adelante vamos a hacer la crítica al seguimiento, pues parece que lo único que le importa a la CNDH es que haya una indemnización porque no le interesan los ofrecimientos públicos de disculpa que se establezcan medidas y garantías de no repetición, y otras medidas de satisfacción necesarias, según se establece recientemente en la Ley de Víctimas, pero desde hace muchos años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y principios de Naciones Unidas de los cuales, incluso la Suprema Corte de Justicia los utiliza estos principios como fuentes del derecho.

Entonces, en resumen, en estas recomendaciones de desaparición forzada podemos concluir que no hay un pronunciamiento sobre la jurisdicción militar, no es la vía para investigación de violaciones de derechos humanos, al contrario, la toma como una vía posible en el ámbito penal.

Avala la participación de elementos del Ejército en tareas de seguridad pública, en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, en las recomendaciones los puntos recomendatorios no representan una reparación integral y no se apegan a los estándares de derechos humanos y son contradictorios al estándar internacional de desaparición forzada al priorizar la indemnización sin tomar mucho en consideración la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

En términos generales no ha habido un pronunciamiento sobre la lacerante impunidad que existe en el país por los casos de desaparición forzada de personas.

Otro aspecto importante, aquí un paréntesis que esto lo debería decir al final, pero bueno ustedes saben que algunos lo han criticado, que la CNDH participó como parte de la delegación mexicana en el grupo de trabajo que evalúa a México en el marco del Consejo de Derechos Humanos en el examen periódico universal. Para quienes no lo sepan, ese grupo de trabajo en donde se hace la evaluación y la entrevista a los funcionarios públicos es un diálogo entre gobiernos con los representantes del Estado.

En esa discusión del grupo de trabajo no hay una participación para las organizaciones de la sociedad civil y no hay una participación para las instituciones nacionales de derechos humanos conocidos como la figura del Ombudsman. La participación de ONG’s y la participación de las instituciones nacionales se da en una etapa posterior en el pleno del Consejo de Derechos Humanos que se da unos meses después normalmente.

Aquí el representante de la Comisión Nacional fue como parte de la delegación mexicana a sentarse en este espacio, lo cual para quienes confiamos en que haya un órgano autónomo que nos va proteger respecto de los abusos cometidos por la autoridad, lo mínimo que esperaríamos es que por lo menos se siente en el lugar que le corresponde a las instituciones nacionales y no en la parte oficial, gubernamental que fue a hablar en el mecanismo de examen periódico en…

Pero este es un paréntesis, ahí lo interesante es que en la India, un país que ha sido muy importante en promover los principios de París, la institución del Ombudsman, porque consideran que es un país tan grande que una figura no jurisdiccional puede ayudar a resolver muchos de los graves problemas que tienen en esas dimensiones; recomendó a México considerar la posibilidad de adoptar medidas apropiadas para garantizar, lo cual le hace suponer que no está garantizado, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos funcione de manera independiente e imparcial, una recomendación que dicho sea de paso fue aceptada por el Estado mexicano.

Ahora entro a hacer mención de algunos casos que nosotros representamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos permite dar sustento a algunas de las conclusiones que ya hemos hecho.

Caso Miriam Isaura López. Miriam es una mujer, ama de casa, que fue desaparecida por siete días en una instalación militar, en un cuartel en Baja California, a su familia le negaron sistemáticamente información sobre su suerte, paradero; fue torturada física y psicológicamente, fue arraigada posteriormente en un centro nacional de arraigo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 52/2012.

¿Cuáles son las fallas de esta recomendación? La recomendación no hace referencia a la desaparición forzada a la que estuvo expuesta la víctima. Los resultados por ejemplo del Protocolo de Estambul que se le aplicaron y resultaron positivos, que pudo además servido para su estrategia de defensa frente a las acusaciones penales, no se le fue entregado sino hasta que se concluyó el expediente que es una práctica de la CNDH en materia de tortura que viola los derechos de las víctimas y viola lo dispuesto por el Protocolo de Estambul.

El Protocolo de Estambul dice que una vez que estén los resultados del protocolo le tiene que dar una copia a la víctima, a la autoridad que investiga, se queda una copia en su expediente; eso no lo hace la CNDH, en este caso no lo hizo y en otros casos que tenemos tampoco lo ha hecho. Tenemos varios casos en materia de tortura en donde eso sucede, aquí estamos hablando de desaparición forzada, pero bueno es otra de las clases.

Y acá lo más grave, aparece en el caso de la señora Miriam Isaura López un vehículo militar con personal vestidos de uniforme, entran, tocan a la puerta y llegan funcionarios de la CNDH acompañados con funcionarios militares a hacerle una oferta de indemnización psicológica y a hacerle una oferta de asistencia psicológica y médica a la señora Miriam. Ella les dice: por favor, ustedes no pueden estar aquí, no quiero hablar con nadie, hablen con mis representantes –sus representantes somos nosotros–, cosa que no han hecho hasta ahorita quienes se encargan del no seguimiento, porque ya lo concluyeron, de la queja.

Hemos enviado diversas comunicaciones al segundo visitador, al presidente la Comisión Nacional y al Consejo de la Comisión Nacional para que tomen cartas en el asunto y la respuesta ha sido negativa en todos los casos. En unos porque no hay respuesta y en lo del Consejo nos dijeron que el Consejo no tiene facultades para recibir información del exterior y después elevarlo a la discusión del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de los derechos Humanos.

Aquí aparecen, retomo el argumento, en su casa, tocan la puerta y le hacen una oferta económica, la asistencia; ella les dice que no, que no quiere hablar con ellos, que hablen con sus representantes para determinar las reparaciones. A ella nunca le preguntaron qué esperaba de las reparaciones, al conformar la recomendación nunca tomaron su sentir ni la escucharon para determinar cuáles serían las medidas de satisfacción que ella pudiera necesitar porque no es una práctica, porque simplemente no les interesa; ya lo vimos, en San Fernando no lo hicieron, en ésta tampoco lo hicieron.

Como la respuesta fue sálganse de mi casa, hablen con sus representantes, la asegunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió que con esa oferta se veían resueltas las reparaciones y concluyó el seguimiento de la recomendación con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual es muy lamentable.

Caso de Jethro Ramssés Sánchez Santana. Jethro era un joven de 27 años de edad, en mayo de 2011 fue con unos amigos a una feria en Cuernavaca, en el recinto ferial de Acapatzingo. Ahí hubo una cuestión, un problema, los policías municipales se llevan a Jethro detenido junto con otro amigo, en lugar de llevarlos al Ministerio Público competente los entregaron a la policía federal, y la policía federal posteriormente los entregó a un convoy de 20 militares bajo la excusa de que los detenidos habían confesado ser miembros de un cártel del narcotráfico.

Ese mismo día, Jethro y su amigo, fueron llevados al cuartel de la 24 zona militar, donde fueron torturados. Jethro perdió el conocimiento y fue declarado muerto minutos después por un médico del cuartel. Por órdenes de un coronel, militares llevaron el cuerpo a Puebla, en donde fue sometido en forma clandestina, semienterrado de forma clandestina, mientras que el amigo lo soltaron en medio de la carretera.

Estudios forenses elaborados con posterioridad sugieren que Jethro pudo haber sido enterrado con vida en aquel terreno y desde el mismo día de la desaparición su familia comenzó un angustiante proceso de búsqueda. Tras dos meses las autoridades militares dieron con el cuerpo de Jethro, mismo que ya se encontraba irreconocible por las lesiones y por haber sido rociado con ácido. Después de ser prácticas pruebas de ADN y verificar la identidad el cuerpo fue entregado a la familia y después fue llevado a cabo su funeral, el 14 de agosto de 2011.

Aquí una cosa paradigmática es que la comisión nacional emitió la recomendación a los tres meses después de ocurridos los hechos, lo cual esto no es crítica, esto está muy bien, sí lo puede hacer, si puede hacer su trabajo de manera ágil, esto lo quiero mencionar. Cuando hay algún interés o cuando si sea porque le dicen: está sí, está no, en está espérame, o no sé cuál sea el criterio pero en tres meses sí se puede emitir una recomendación en la otra que mencionaba de los cuatro civiles de Rosarito lleva más de cuatro años en la que se integra la queja, ya está plenamente acreditados los hechos y no se emite la recomendación desconocemos por qué y no nos informan por qué.

Aquí los puntos recomendatorios le pide uno de sus puntos tomar las medidas a la Sedena adecuadas para tomar elaborar y emitir la circular dirigida a los miembros del ejército que participen en tareas de seguridad pública para que no usen las instalaciones militares como centros de detención.

Tener a bien instruir a quien corresponda a fin de que se tome las medidas para que el personal que participe en medidas de seguridad pública se abstenga de ocultar información y tal. Aquí nuevamente se avala la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, aquí se hizo una oferta económica también para reparar el daño que no cumple con los estándares de una reparación integral, subrayo, a lo integral.

Se ofreció atención médica y psicológica a los familiares para hacer llevada a cabo en las mismas instalaciones militares, lo cual tendría duda si eso es correcto, yo creo que no. Y, la Sedena inicio procedimiento administrativo de investigación que aún no se ha dictado resolución y tampoco se ha determinado la responsabilidad penal de los imputados.

Traía el video, un video del caso Jethro, de Jorge Parral Rabadan, que fue la recomendación 50 2013, dura 3 minutos, ahí solitos los familiares hacen un recuento de qué es lo que han tenido que atravesar por una mala práctica, una mala práctica, un mal acompañamiento de la comisión nacional, que en este caso sí tengo que decir que el primer visitador está tomando cartas en el asunto, porque sí hubo una omisión en la recomendación 57 2013 y se está integrando una nueva queja derivada de algunas acciones para que esto se visibilice.

Lo vamos a transmitir, no dura mucho. Ojalá que se pueda ver desde allá.

(Presentación de video)

“… amaba la ciudad, amaba la naturaleza, amaba a sus semejantes.

“La ausencia de Jorge es indescriptible. Cada día me pregunto cómo sería la vida si no estuviera aquí con nosotros. La manera en que esto cambio nuestras vidas es muy difícil de narrar y él sólo pensar en que nunca más podré platicar con él, abrazarlo, verlo practicarlo Kun Fu o compartir todo con él, lo es aún más.

“Jorge y yo nacimos juntos en una familia llena de amor, teníamos una vida tranquila y normal. Él era un hijo y un hermano excepcional, también era como mi alma gemela, mi cómplice de juegos, mi compañero en la vida y mi único hermano. La tragedia y la injusticia nos sorprendieron hace cuatro años, arrebatándonos a Jorge…y haciéndonos pasar por el dolor más profundo de nuestra vida.

“Jorge se desempeñaba como administrador general del Puente Internacional de Caminos y Puentes Federales, de Capufe, ubicado en Ciudad Camargo, Tamaulipas, y ante el clima de inseguridad que prevalece en ese lugar y habiendo ocurrido previamente hechos violentos en ese puente, él en repetidas ocasiones solicitó al organismo Capufe el apoyo para garantizar la seguridad de todos los empleados que ahí laboraban, el cual nunca le fue proporcionado, dejándolos… Sin embargo su petición se fincó en la delincuencia organizada.

“El 24 de abril de 2010 mi hermano fue secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada en las instalaciones generales de Capufe, donde se encontraba trabajando. La empresa no levantó una denuncia por estos hechos sino hasta dos días después, exigencia de mis padres, con lo cual se perdió tiempo valioso para rescatar a Jorge con vida, independientemente de que era responsabilidad de Capufe el proporcionarle un lugar de trabajo seguro.

“Tuvieron que pasar 10 meses para que finalmente con nuestra labor familiar de búsqueda supiéramos que dos días después del secuestro, es decir, el 26 de abril del 2010, Jorge fue víctima mortal de los abusos extraordinarios de la fuerza y del poder por parte del Ejército Mexicano, quienes sin ninguna estrategia irrumpieron en el lugar donde él se encontraba privado ilegalmente de su libertad y le dispararon a una muy corta distancia, y a pesar de que se encontraba vulnerable, lo ejecutaron.

“Asimismo en el afán de ocultar la verdad el Ejército alteró la escena del crimen y cambió los hechos e injustamente se refirieron a él como un sicario ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Su paradero fue ocultado por los militares en contubernio con las autoridades de Nuevo León, quienes en su informe cambiaron sus características personales y no le notificaron a la familia, que ahí se encontraba mi hermano, no obstante que en el lugar donde Jorge fue privado de la vida, fue recuperada su identificación de Capufe.

“En su vida cotidiana era sumamente alegre; amaba la vida y a sus semejantes. Lo distinguían su amabilidad y su generosidad. Disfrutaba su trabajo y lo desempeñaba con un gran compromiso. Su recuerdo nos mantiene firmes para continuar viviendo y su alegría nos devuelve las sonrisas a los momentos difíciles.

“Probablemente algunas de nuestras heridas sanarán con el tiempo, pero muchas otras podrán sanar únicamente cuando…

“Han pasado ya cuatro años y los responsables de su secuestro y muerte siguen libres, a pesar de que existen pruebas fehacientes en su contra.

“Por eso hoy exigimos al gobierno mexicano que se haga justicia, apegándose a los derechos individuales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados con organismos internacionales de los que México forma parte en materia de derechos humanos.

“Jorge, mis pies están cansados, pero no de buscarte, hijo. No descansarán hasta encontrarte. Descansa en paz, mi amor, descansa en paz”.

(Fin del video)

El ciudadano José Antonio Guevara Bermúdez: Siento mucho que no se haya visto bien el video, es un video que tiene excelente calidad. Si les interesa está en la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y para no abundar demasiado en este punto, la recomendación que se emitió en este caso, simplemente dejó fuera a Capufe, que tuvo muchas responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos de Jorge Parral.

Insisto, ahí ya hubo una muy buena disposición del primer visitador general de abrir una queja y lo tengo que reconocer públicamente porque así me comprometí con él, que ha sido el único funcionario que ha tenido a bien la sensibilidad de atender a las víctimas y poder hablar con sus representantes legales.

No somos personas que estamos nada más expectantes de lo que pasa ahí adentro; somos representantes legales de las víctimas de los casos que hemos señalado.

Ya para concluir y no quitarles más el tiempo y poder entrar a este diálogo con ustedes, como conclusiones podemos decir que desde los casos de la guerra sucia vemos que hay un discurso fuera de contexto en materia de impunidad y de justicia, de transición. La CNDH ha omitido pronunciarse por el carácter manifiesto, sistemático y grave de la desaparición forzada de personas, particularmente en estos tiempos.

Contrario al estándar internacional, la CNDH avaló en su momento la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos, así como la estrategia de militarización de la seguridad pública con pretexto del combate al crimen organizado o al narcotráfico.

Tercero, las reparaciones que se dictan en las recomendaciones no tienen el carácter de integral, no se satisface, no se conoce, no se pide a la víctima que participe en la determinación de sus reparaciones y ésta no tiene tampoco posibilidad de participar en el adecuado seguimiento de las recomendaciones. Como último, el seguimiento que se le da a las recomendaciones es completamente inadecuado.

Aquí voy a tomar una pregunta que me hace Juan López Villanueva. Qué opino de las funciones de la CHDH en Coahuila.

Me disculpo; solamente puedo hablar por los casos que representamos y respecto de los cuales podemos constatar lo inadecuado de las recomendaciones. Y podemos hablar también de lo ambiguo que han sido algunos de los discursos públicos del ombudsman, la falta de contundencia en medios para hablar del fenómeno en México. Entonces no tengo capacidad para conocer ni para hablar de lo que está sucediendo en Coahuila ni cuál ha sido su función ejemplar por lo que intuyo de esta pregunta.

Que si sabía que las recomendación 26-2001 sigue en trámite de cumplimiento. Qué buena noticia; ojalá que lo informe la comisión nacional y que diga qué está haciendo para que se cumpla, no tanto que sepamos que está abierto el seguimiento. (Interviene voz fuera de micrófono)

No, mire, nosotros somos representantes de la familia Radilla y el caso Radilla es uno de esos doscientos treinta y tantos. Nunca se ha buscado a la familia ni a sus representantes para el seguimiento de esa recomendación. Lo siento. Gracias.

La ciudadana : (Fuera de micrófono, sin identificarse)… y eso significa que si no sabe qué seguimiento es que no ha visto el portal de la comisión.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Esto no es diálogo. Por favor, hacemos una moción de orden y aprovechamos para decirle al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, que el foro está abierto, que se le ha invitado, que se le han mandado preguntas por escrito, que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ya lo ha convocado, que él no ha querido asistir, y que éste es un evento oficial. Sí él quiere que sus intervenciones o las de alguien acreditado debidamente que esté aquí, que lo haga por escrito. No tiene por qué enviar a trasmano gente para que participe.

Hacemos un llamado al ombudsman nacional: que si no defiende los derechos humanos, no bloquee un foro que tiene que ver con la actuación de esta CNDH. Él tiene suficiente presupuesto de propaganda y de publicidad para decir los logros. Éste es un foro sobre casos concretos, con especialistas sobre la materia. Entonces yo pediría respetuosamente a quienes asisten de la CNDH, pero que no han sido acreditados en esa calidad para ser ponentes o replicar algunas de las cuestiones, que se ajusten al formato, que hagan las preguntas. Y ya contestó algunas de las preguntas del señor Juan López Villanueva. Y así se podrán contestar otras a título individual. Pero si quiere replicar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le pedimos al ombudsman, como le hemos hecho varias invitaciones en diferentes foros, a que lo haga de manera formal y no de esta manera. Continúe.

La ciudadana : Bien. Se hizo…

El ciudadano : Todavía falta una pregunta.

La ciudadana : … Ésta es la casa del pueblo, y como pueblo tenemos derecho a seguir escuchando…

El : Dígale ya la pregunta.

El ciudadano José Antonio Guevara Bermúdez: Voy a permitirme la última pregunta que me hace Juan López. Es que si sabía que el ombudsman asistió por invitación del Comité de Desaparición Forzada, supongo, a Ginebra. Sí, institucionalmente los mecanismos internacionales no pueden ni deben meterse en lo que pasa internamente. No se le invita por su trabajo ejemplar sino porque él tiene un mandato específico de la protección de los derechos humanos. Es el organismo nacional de la defensa de los derechos humanos. Que dicho sea de paso, si fue el Comité de Desaparición el que lo invitó a Ginebra, no sé en qué formato fue la reunión, habrá sido una reunión privada. Y sería muy importante saber a qué fue, porque nosotros no teníamos conocimiento de que haya habido una reunión privada con el ombudsman nacional. Sabemos que el ombudsman forma parte del Comité Coordinador de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tiene algún rol administrativo en esa función, y tiene una presencia muy activa en el ámbito internacional en la Federación Iberoamericana del Ombudsman, en otros lugares, eso se dijo mucho también en el Senado.

Y algo que ha sido característico también del ombudsman es que es quien se encarga de interlocución en el tema de desaparición forzada con el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas. Es una cuestión sui géneris, porque es quien alimenta al grupo de trabajo respecto de lo que está pasando en cuanto a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas durante la guerra sucia.

E insisto, nosotros somos representantes de la familia Radilla y nunca hemos tenido un acercamiento por parte de quien lleva el seguimiento de la Comisión Nacional de la Recomendación 26-2001 para decirnos qué se está haciendo. Y, bueno, si nos dicen: “es que ustedes no los han buscado, les puedo decir que en este caso no, pero en todos los demás sí y tampoco ha habido respuesta por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y le agradezco el informe de actividades, me va a ser muy útil para entender el funcionamiento del ombudsman.

El : NO es cierto, por eso es que pedí ya formalmente que nos dieran un espacio…

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Que mande el escrito Raúl Plascencia Villanueva, tiene que venir alguien acreditado formalmente de la CNDH. ¿Usted habla a nombre de Raúl Plascencia Villanueva?, Aclárenoslo. ¿Por qué no lo ha acreditado formalmente? Lo hemos invitado varias veces.

El ciudadano : Yo vengo… de primer visitador… de 14 a 12, por qué vienes y dices que hay… por el presidente y…

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La pregunta al ponente.

El ciudadano : … y nos dejaste plantados.

El ciudadano : Juan, perdóname, no llegué yo porque fue mi abogada. Yo lo dije con toda claridad, que debo reconocer la apertura del primer visitador en el caso Parral. Lo dije después del video.

Si quieres te lo repito, lo puse por escrito, te lo vuelvo a decir si quieres y no lo escuchaste la primera vez. Le reconozco al primer visitador la apertura, ya lo dije, no sé cuál es el problema. Se lo puse por escrito, no sé cuál es el problema, a diferencia de los otros dos oficios que he mandado de los casos cuatro civiles, que no me puedes dar una respuesta porque nadie me ha recibido ni me ha dicho nada, ni respecto del caso de Miriam…, del seguimiento. Dime lo mismo de esos dos casos para que no diga inexactitudes yo.

La moderadora diputada Loretta Ortiz Ahlf: Ya para concluir. El tema era desapariciones arbitrarias, desapariciones de los migrantes.

Quiero puntualizar respecto a lo que se ha señalado, y esto hay informes de los relatores de Naciones Unidas sobre desaparición forzada que poca atención se le ha dado a esta situación y que vulnera los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, y obviamente el derecho a la libertad además de otros derechos humanos.

Es muy triste que la situación en los informes y en las recomendaciones no se apuntale esta violación fundamental de los derechos humanos, y vinculado con una pregunta que se le hizo, que ya contestó el diputado Mejía, que tomo ahorita para terminar esta parte del coloquio, se pregunta de qué trata el coloquio, de una evaluación o sólo una crítica negativa a la CNDH.

Su servidora les va a decir. Así como se han levantado a decir que somos ciudadanos, que precisamente los de las ONG asistieron con nosotros ante la Comisión de Derechos Humanos, que son ciudadanos preocupados porque no han tenido acceso a ese diálogo que reclaman con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que están seriamente preocupados por la violación de derechos fundamentales, ante lo cual se le hizo la invitación a ese diálogo abierto al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por eso estamos celebrando este foro, se dice, se señala –no se pregunta–, solo se han dado casos específicos, sí. ¿Por qué? Porque cada caso es el que debe interesarnos. No son estadísticas las personas, cada ser humano, cada persona, cada una merece el respeto de sus derechos fundamentales. No es una cuestión de que si los informes, las estadísticas o los números.

Así sea una sola persona, y eso fue lo que tuvimos en la exposición anterior, si por uno, qué bueno que por ese único caso haya cumplido su función el ombudsman, el problema son todos los demás que no. Y su servidora, como muchos otros diputados y ciudadanos preocupados, nos vamos a seguir preocupando por los faltantes. Porque por eso vivimos en una sociedad democrática y de respeto a los derechos fundamentales.

El ciudadano : … está funcionando la CNDH… como ciudadano vengo aquí…

El ciudadano : Investiga.

El ciudadano : …ya estamos hartos…

El ciudadano : Por eso, investiga.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Vamos a continuar con el foro y le pedimos a Raúl Plascencia no boicoteé el trabajo de los foros. Raúl Plascencia no comparece, no da respuesta, no comparece ante la Comisión de Derechos Humanos y manda a personal de la Comisión de Derechos Humanos a bloquear un foro legislativo.

Les pedimos, si son personal de la CNDH, cumplan su función. Dejen que este foro con organizaciones especialistas se realice. Responsabilizamos a Raúl Plascencia Villanueva de la actuación de su personal en un foro legislativo con organismos no gubernamentales. Si quieren preguntar, que lo hagan en el formato por escrito. Vamos a seguir con el foro.

El ciudadano : … (Inaudible).

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Raúl Plascencia, manda por escrito a quién quieres que esté representándote. Vamos a continuar con el foro. Vamos a continuar con el panel, no bloqueen.

El ciudadano : Si no hubo una invitación formal, ¿por qué no… formalidad para entrar en la mesa? Ésa es la pregunta de muchos ciudadanos.

Defensores de derechos humanos y periodistas

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias. Vamos a continuar con el tercer panel, ya están presentes los dos ponentes. El panel es sobre defensores de derechos humanos y periodistas. Nos acompaña la diputada Aleida Calleja, quien es coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia; y el licenciado Iván Báez, que es oficial de Protección del Artículo 19 México.

Vamos a iniciar con la licenciada Aleida Calleja, que es comunicadora social y analista de medios de comunicación. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la asociación civil Comunicación Comunitaria, es docente de la Universidad Internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania.

Aprovechamos para agradecer su destacada participación al doctor José Antonio Guevara Bermúdez y también a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, que es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Loretta.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Continuando con el currículum de la licenciada Calleja, ella es coautora de diversos libros entre los que se encuentran: No más medios a medias, Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación de medios electrónicos y con permisos, La radio comunitaria en México.

Desde el 2002 ha participado como articulista en revistas especializadas en el análisis de los medios en México y en otros países de América Latina y Europa. Licenciada, tienes el uso de la palabra.

La ciudadana Aleida Calleja: Muchísimas gracias, buen día. Agradezco muchísimo a la Cámara de Diputados la invitación y agradezco mucho que se abra el espacio de evaluación de diálogo, porque sí hay que caracteriza a las sociedades democráticas es precisamente una permanente evaluación de sus instituciones, de su diseño institucional que debiera de procurar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos.

Y porque en toda democracia, además hay la necesidad no solamente de generar estas evaluaciones y estos escrutinios públicos de las instituciones del estado, sino también la de generar pesos y contrapesos para que en general podamos tener un sistema social que permita hacer las evaluaciones y las composiciones necesarias dentro de un diseño institucional.

Me voy a abocar a hablar de manera muy sintética sobre lo que hemos registrado de actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas directamente relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. Es un ámbito amplio, no me ocuparé del tema periodista, que artículo 19, Iván tiene mucho más claro y uno monitoreo más sistemático sobre la situación de periodistas en el país y de defensores de derechos humanos.

Yo me abocaré esencialmente a lo que hemos registrado de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en leyes, en marcos normativos que se ha planteado, se pueden dar paso a serias violaciones de derechos humanos y a serias limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión en este país.

Me refiero esencialmente a tres leyes recientemente aprobadas en los estados, la famosa ley Lay Bala, bautizada así en las redes sociales, la ley que limita la protesta por parte… que fue aprobada por parte del Congreso del estado de Puebla, a impulso del gobernador Moreno Valle.

Me refiero a la ley que se aprobó también en Quintana Roo, bautizada como la Ley Borge, que también limita el derecho al disenso, el derecho a la protesta por parte de la ciudadanía. Me refiero a la ley que se aprobó y que ya se derogó en Chiapas, precisamente con el código que establece el uso legítimo de las fuerzas por las instituciones de seguridad pública del Estado, y la Ley de Movilidad Ciudadana, que se aprobó por la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México.

Todas estas leyes tienen disposiciones poco claras, tienen disposiciones donde dejan un amplio margen de discrecionalidad de interpretación de la utilidad para hacer uso de la fuerza en contra de la población, que legítimamente puede manifestarse y puede protestar en las calles.

A pesar de que diversas organizaciones, en su momento, plantearon y demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque las aprobaciones de estas leyes podrían dar lugar a la represión y a la criminalización de la protesta social, lo que vimos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue en general una actitud de omisión. E incluso, en el caso de Puebla, el propio ombudsman, él en conferencia de prensa, Raúl Plascencia titular del organismo, afirmó que la ley fue examinada por la comisión y no descubrió puntos inconstitucionales.

Ahora sí que después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo. Después de la muerte del menor que sucedió en Puebla a raíz de la protesta de la población por haberle quitado el Registro Civil de la localidad, entonces ahora sí el titular de la CNDH va directamente a la comunidad, el titular de la CNDH finalmente está haciendo el trabajo de revisar la información, los peritajes respecto de la muerte del menor.

Nos parece que en materia de libertad de expresión, la CNDH se ha caracterizado esencialmente por una gran omisión y por no hacer su trabajo de defender la libertad de expresión, permitiendo normativas que violan los derechos humanos.

El ejemplo, además de estas leyes que he mencionado en diferentes estados del país, me refiero también a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recientemente aprobada por el Congreso, la cual tiene disposiciones que contravienen, no solamente a la Constitución, sino también contravienen derechos informativos y limitan el ejercicio de la libertad de expresión, violan el derecho a la intimidad y violan la protección de datos personales, me refiero a los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, que permite la intervención de nuestras comunicaciones, de nuestras llamadas, sin necesidad de una orden judicial o alguna otra salvaguarda.

El artículo 190 que permite la geolocalización en tiempo real, hasta durante dos años, de las personas que cualquier autoridad involucrada en los sistemas de justicia considere que podría estar involucrado con algún delito. Ningún mecanismo de transparencia, ningún mecanismo de rendición de cuentas.

Hay una gravedad muy importante en la invasión del derecho a la privacidad y de la protección de datos personales en este tipo de herramientas, sin ningún tipo de control judicial y sin ningún tipo de garantía para los ciudadanos.

Esto se vuelve especialmente sensible frente a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos que manejan información muy sensible sobre temas de corrupción sobre el involucramiento de funcionarios, de autoridades en cuestiones delincuenciales.

Ya los propios monitoreos de algunas organizaciones, como la del artículo 19, ha demostrado que en una buena parte de los asesinatos, de los ataques, de las desapariciones de periodistas, en un 60 por ciento de los casos hay participación de actores del Estado. Es decir, de actores, de funcionarios públicos, algunos de ellos que incluso están involucrados con los sistemas de justicia.

Mientras en los países más democráticamente desarrollados este tipo de herramientas como la geolocalización en tiempo real, la retención de datos personales hasta por dos años son derogadas, en nuestro país están siendo reafirmadas y validadas por el principal organismo que debiera velar por los derechos humanos.

De manera reciente en este año, el Tribunal Europeo determinó que tanto la geolocalización como la intervención de llamadas son violatorias de los derechos humanos, y en ese sentido también manifestó que en realidad son herramientas más utilizadas para el espionaje político que realmente para combatir a la delincuencia y solicitó a todos los estados miembros de Europa derogar este tipo de disposiciones.

En cambio, en México lo que tenemos es una Comisión Nacional de Derechos Humanos muda, callada, que con su silencio lo que hace es legitimar este tipo de leyes que violan, no solamente el derecho a la intimidad, la protección de datos personales, sino también el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los sectores más vulnerables de este país.

Me quiero referir a la inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a la ola de ataques, asesinatos, de encarcelamientos que hemos tenido de medios de uso social y medios comunitarios.

Incluso hemos tenido casos de gente de los medios comunitarios que además han estado ya en cárceles, por ejercer su libertad de expresión.

Con su silencio, sin haber dicho esta boca es mía, ya ni siquiera en el debate de las leyes, sino por lo menos en una acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos avala los criterios discriminatorios y excluyentes que se aprueban en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para los medios comunitarios y para los medios indígenas, violando no solamente diversos tratados internacionales, sino también el artículo 1, el artículo 2, el artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución.

Además, es grande el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a todas las agresiones que en los últimos tiempos han sufrido estas emisoras comunitarias. Porque a pesar de que han hecho todos los trámites para estar en el marco de la legalidad, las instituciones encargadas de otorgar las respectivas autorizaciones de operación, se han tardado 25 años, 10 años, cuatro años, cinco años en poder responderles, es decir; mientras haya un ejercicio que violenta, que atropella a las comunidades más vulnerables para ejercer esa libertad de expresión, simplemente la CNDH se ha quedado cruzada de brazos.

Y no estamos ante un panorama menor. Yo quiero decirles, que las organizaciones que monitoreamos los asuntos de la libertad de expresión, que no es cosa menor, la libertad de expresión como piedra angular de la democracia y que además estamos viendo los diferentes procesos en los países de América Latina, lo que vemos en México es una muy, muy grave condición que puede dar lugar a serios retrocesos en las libertadas ganadas respecto de la libertad de expresión entre una ley que castiga, que excluye, que discrimina a los medios de uso social comunitario e indígena, que limita a los medios públicos, que no garantiza los derechos de las audiencias ni de los sectores más vulnerables.

Más las leyes que criminalizan el derecho al disenso, el derecho a la protesta, más las leyes, más los artículos, que además permiten la vigilancia masiva de los ciudadanos, que incluye a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, lo que vemos es que se están generando las condiciones de un muy serio retroceso en materia de libertades de información y de derecho a la información, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos guarda un silencio sepulcral.

Finalmente termino diciendo, y respaldando a lo que recientemente afirmó el Frente Nacional por la Libertad de Expresión, por desgracia, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos cuesta mucho dinero a los ciudadanos, muchísimo dinero privilegia más una agenda política, que a los derechos humanos en este país. Gracias.

El moderador, diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias, licenciada Aleida Calleja. Continuando con este panel vamos a darle la palabra al licenciado Iván Báez. Pero antes quiero dar a conocer algunos datos de su currículo. Iván Báez es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualmente es el oficial del Programa de Seguridad y Protección de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica contando con amplia experiencia en temas de libertad de expresión, derecho a la verdad, y mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ha sido investigador para el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y docente en la licenciatura de Derechos Humanos y Gestión de Paz, de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Ha sido ponente en diversas instituciones a nivel nacional e internacional, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras.

Entre sus publicaciones, en coautoría destacan Responsabilidad y reparación: Un enfoque de derechos humanos y Digesto de recomendaciones emitidas por los organismos de protección de los organismos de protección de derechos; Manual de justicia binacional; Marco normativo para la defensa de trabajadoras y trabajadores migrantes en México y los Estados Unidos.

Vamos a pasarle la palabra al licenciado Iván Báez. Bienvenido Iván.

El ciudadano Iván Báez: Muchas gracias, pues desde artículo 19 damos la bienvenida y agradecemos mucho la oportunidad en este recinto legislativo por permitirnos poder expresar algunas de las consideraciones respecto lo que consideramos o lo que valoramos que es el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual es un gran avance, sobre todo en una etapa previa a la situación de la posibilidad de reelección o el cambio del actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También agradezco la participación de la gente de la CNDH que me gustaría también que nos inviten a un foro en la CNDH en el cual también podamos entrar a una dinámica de intercambio de información de forma abierta, que sea una lógica en la cual nos podamos sentar casi todas las organizaciones nacionales de derechos humanos, especialmente un grupo muy amplio de organizaciones que estamos empujando el tema, y estamos en espera de que nos hagan esa invitación para poder tener una alternativa, una posibilidad y que sea transmitida a través de las distintas redes, como podía ser vía Livestream y demás, para que también no se quede solamente limitado a las pocas personas que puedan tener acceso físico, sino a todas aquellas personas que estén interesadas de conocer la situación, y entrar en una dinámica de intercambio afortunado de información de experiencia, para ver cómo se pueden solucionar problemas, porque desde sociedad civil, al menos desde artículo no vemos a la CNDH, no la estamos encontrando, en algunos momentos sí, y hemos celebrado cada vez que la CNDH que desde nuestra perspectiva se está ajustando a su mandato constitucional, que es la promoción y defensa de los derechos humanos de toda la ciudadanía.

Sin embargo creemos que todavía le falta mucho, y especialmente en contextos como el actual mexicano, en el que sí necesitamos un gran apoyo de sociedad civil por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en aspectos tan importantes como es la promoción de acciones de inconstitucionalidad y otro tipo de acciones como recomendaciones generales y finalmente la intervención por violaciones graves a los derechos humanos.

Quedamos en atenta espera de ello, y yo sí voy a aceptar que me regalen los tomos, porque estarlos revisando en versión electrónica, se me ha hecho muy, muy complicado, y hasta agradecería que nos envíen a las organizaciones de derechos humanos esos tomos para facilitar la consulta y el intercambio.

En cuanto a ese informe, van dos años en los cuales en el artículo 19 hemos esperado a que sea públicamente disponible en enero, como hace años pasaba, y no sé por qué en los últimos dos años se han tardado un poco de que sea disponible en su versión electrónica en el sitio de internet. Creo que es una herramienta indispensable tenerla en este período de enero, cuando que de acuerdo al pie de página, al pie de imprenta propiamente del informe, viene claramente que se elaboró en enero. Sin embargo, en el artículo 19 lo estuvimos buscando en enero, febrero, marzo y no lo encontramos en la versión propiamente digital, pero creo que eso es un avance.

También agradecería aún más que hagan informes trimestrales o mensuales y no tener que esperar a ver una situación de rendición de cuentas hasta un año posterior, sino que sea periódico, porque a la sociedad nos importa mucho tener información constante.

También que esa información desagregada y con una perspectiva de acceso a la información proactiva. ¿Qué significa esto? Que tengan un sitio de rendición de cuentas que sea de fácil acceso, y hay una toda serie de obligaciones internacionales en materia de rendición de cuentas con una perspectiva proactiva de difusión de información que la CNDH fácilmente podría llevar a cabo, y no implicarnos a las organizaciones de sociedad civil tener que presentar amparos porque nos reservan o niegan la información. Algo que en algún momento cuando en Artículo 19 empezamos a presentar demandas de amparo contra la CNDH nos encontramos en una situación de: ¿En verdad está pasando esto en un estado democrático? ¿En verdad la sociedad organizada o las organizaciones de la sociedad civil tenemos que presentar amparos en contra de quienes nos defienden? ¿En verdad es que les hemos ganado amparos a la CNDH y aun así presentan recursos de revisión cuando sería más fácil brindarnos la información? Y muchas veces es información estadística, cuestión que es de gran utilidad para toda la sociedad.

Yo llamo y apelaríamos desde Artículo 19, a que perfeccionen la estrategia de difusión de información, la estrategia de rendición de cuentas, la estrategia de, finalmente de establecer las categorías más exhaustivas en cuanto al trabajo y funcionamiento de la CNDH, lo cual nos ayudaría a sociedad civil a tener mayor claridad y que también esa información serviría o sería de gran ayuda para los organismos internacionales de derechos humanos que también desde Artículo 19 reconocemos que la información que han dado ante el Comité de Derechos Humanos y eventualmente al examen periódico universal fue una información adecuada; sin embargo en cuanto a la situación de las distintas autoridades, no una cuestión de reflexión autocrítica para ver cuál es la situación actual de la CNDH.

¿Y por qué digo esto? Porque a propósito de la recomendación general 20, pues es un gran avance, se da un seguimiento a la recomendación general 17, pero desde sociedad civil seguimos esperando que la CNDH hable a través de sus facultades constitucionales y legales, que es a través de recomendaciones públicas, porque me llama la atención que tan solo de acuerdo a su informe, tan solo hubo dos recomendaciones públicas en materia de periodistas el año pasado, cuando de acuerdo a su mismo informe establecen que conocieron 68 casos de periodistas. En una de estas recomendaciones sí la elaboran en un periodo de aproximadamente cuatro o cinco meses, lo cual es totalmente celebrado desde Artículo 19, porque anteriormente –al menos cuando trabajé en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana– veíamos que el promedio de análisis de recomendaciones de la CNDH iba de nueve a 12 meses lo cual para un organismo constitucional que muchas veces se necesita la celeridad y que es la naturaleza de la creación de este tipo de organismos, como sociedad necesitamos una respuesta inmediata.

Hay muchos casos que hay violaciones tan contundentes y evidentes, con tanta información que deberían de tener las capacidades de poder emitir recomendaciones públicas en un mes; sin embargo vemos con tristeza desde Artículo 19 que tienden a tardarse y nos llama mucha extrañeza que de estos 68 casos que reportan en su informe solamente tengan dos recomendaciones públicas, lo cual nos habla de un desfase un poco preocupante sin que tengamos claridad de acuerdo a su informe de cuántos casos se tuvieron que cerrar, cuántos se tuvieron que remitir a otros mecanismos locales u otros organismos de protección de derechos humanos del país o tampoco saber si hubo conciliación o una solución amistosa en cada uno de ellos, es decir, nos serviría mucho que en esos informes sean un poco más claros en cuanto a la situación de su actuación.

¿Para qué? Para que de pronto no quedemos con la idea de que, de 68 casos solamente se emiten dos recomendaciones en un año; de esto sin mencionar los 122 casos que incluyen los 54 adicionales de defensores de derechos humanos, también las 13 inconformidades de las cuales dos son en casos de periodistas.

También señalan que realizaron 118 visitas a distintas autoridades y me llama la atención que el gran número de las visitas en el país que reportan en su informe son 80 al Distrito Federal, lo cual me deja una sensación de que falta mucho trabajo, respecto a las siete que se hicieron a Veracruz, las seis a Chihuahua, cinco a Oaxaca, y en las cuales desde el artículo 19 tan solamente registramos y documentamos 330 agresiones contra la libertad de expresión en el país, lo cual nos marca que algo está pasando en que ellos solamente conocen 68 casos y nosotros finalmente tenemos una situación adicional o una situación de incremento constante.

Algo no nos está empezando a cuadrar en cuanto a las cifras. Invitamos a la CNDH a que también nos muestre la metodología de cifras, porque entendemos que muchas veces puede ser una situación de metodología. A manera de ejemplo, de acuerdo al histórico de su recomendación general 20 hay casos de periodistas –que no recuerdo en este momento, pero están en nuestros distintos informes– que ellos reportan como desaparecidos cuando están asesinados y viceversa.

Entonces, eso nos llama mucha de una situación de problemas metodológicos de gran importancia que invitamos a la CNDH no solamente a un encuentro o a un coloquio, sino a un ejercicio efectivo de rendición de cuentas y en cual haya mecanismos de seguimiento de casos.

Porque si bien mencionan en su informe viene todo, en este caso de los últimos dos tomos realmente es un apartado de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Hay un caso al menos que en el artículo 19 nos causó especial preocupación, porque venía señalado en el informe de hace aproximadamente dos años y a nosotros nunca nos notificaron la recomendación pública y tampoco al beneficiario.

Una situación que nos preocupó con especial atención, ya que creíamos nosotros que en ese caso de Veracruz, en el cual también contamos con medidas cautelares de la CNDH, deberíamos ser en cuanto sus representantes de las primeras personas en conocer que se había emitido una recomendación pública, al igual que el beneficiario, situación que no ocurrió y que creemos que quizá puede ser un caso de varios, pero no se pueden aceptar este tipo de errores.

Otro punto de la recomendación general 20, que nos causa la extrañeza, es que son recomendaciones que realmente no buscan la reparación integral del caso, ¿por qué?, porque finalmente las recomendaciones públicas en cada uno de los casos individuales, un ejercicio de lo que pasa es el brindarle a la sociedad una alternativa de verdad, es decir, la claridad de qué pasó, quiénes fueron las autoridades que violentaron los derechos humanos, cuáles fueron esos derechos humanos violentados, y de esa forma entrar a una lógica de rendición de cuentas de las autoridades con el seguimiento de recomendaciones.

Nos sigue causando extrañeza que en promedio la CNDH cada año emite menos de cinco recomendaciones públicas en casos de periodistas, cuando la situación de violencia ha crecido constantemente. Algo que no terminamos de entender es por qué ocurre esto, igual y es –como mencionaba– la falta de desglose de las cifras, quizá son realidades diferenciadas, pero como sociedad tenemos el derecho a saber cuál es esa claridad de seguimiento a los casos.

Otro punto que nos llama la atención es que del 200 al 2013, de acuerdo a esta recomendación, mencionan 842 casos, especial atención a los 85 casos de asesinatos y a los 20 desaparecidos. ¿Y la cantidad de recomendaciones públicas dónde están? Nosotros esperaríamos que al menos, desde el artículo 19, en los últimos 13 años hubiera un seguimiento de esos 85 casos y no solamente esta recomendación general, lo cual podría permitir mayor información en cuanto al seguimiento que se da puntualmente de los casos.

Esto en cuanto a las cifras que se van reportando de poco a poco en los informes de la CNDH y que nos parece que una gran alternativa para tener mayor de rendición de cuentas serían informes mensuales, trimestrales, semestrales y eventualmente que la información sea proactivamente difundida, como ya lo he reiterado instantemente, valga la redundancia, porque esto como sociedad es lo que más nos beneficia.

Y también reconocer que en la CNDH parte del modelo universal o el modelo internacional de un organismo nacional de protección de derechos humanos, un defensor del pueblo es el reconocimiento público que puede tener por la sociedad. En este caso, de periodistas, me gustaría que ellos también hagan un ejercicio en la CNDH, un ejercicio de percepción. Porque la percepción que al menos de la sociedad civil que tenemos de la CNDH es muy bajo, lo cual nos causa especial preocupación y en momentos de una situación de inseguridad que va creciendo reportan varios cursos dentro de su informe a Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán Tamaulipas, Hidalgo, Morelos.

Pero no reportan ¿si realmente hay resultados?, ¿cuántas personas fueron capacitadas?, ¿el seguimiento que se dio?, ¿cambios en política pública?, ¿creación de protocolos? ¿Por qué digo creación de protocolos de seguridad? Porque de estos casos en Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, DF, Michoacán y Tamaulipas fueron cursos relacionados, o conferencias o coloquios relacionados con tema de protección a periodistas.

Desde el artículo 19 nos consideramos que este tipo de cursos son efectivos siempre y cuando se elaboren protocolos de prevención y de protección. Nos gustaría conocer esos resultados, nos gustaría conocer exactamente qué es lo que ocurre en estos cursos y en cierta forma siempre tener la certeza y la tranquilidad de que está avanzando esta estrategia de capacitación de la CNDH.

Sabemos que tienen unas guías de atención en caso de violencia o medidas en caso de agresiones a periodistas, pero ya también estos ameritan una reedición, ameritan una actualización. Esto ¿Por qué? especial preocupación nos causa que solamente han emitido tres medidas cautelares, dos para periodistas de acuerdo a la información reportada en su último informe de enero de 2014; tres medidas cautelares, una para defensores, uno para periodistas en una situación que el mecanismos federal de protección a periodistas reporta más de 100 casos en protección.

En los cuales también nos causa extrañeza, respecto que la CNDH al menos tiene conocimiento de dos casos, en los cuales el artículo 19 presentamos la formal queja por violaciones a nuestros derechos humanos o derechos humanos de beneficiarias dentro del mecanismos de protección, y al momento de nuestra charla no hemos tenido una respuesta, no nos han invitado, no nos han dado una respuesta realmente para ver el seguimiento a la atención del expediente que de acuerdo a la información que brindamos para nosotros ameritaría la emisión de una recomendación pública y pues seguimos en espera de esta situación.

En cuanto a las medidas cautelares, nos gustaría saber exactamente cuál es el desbloque de medidas que solicitan, el cual es la lógica que sigue en la metodología para solicitar estas medidas cautelares y de esa forma cuál es el impacto en materia de seguridad a periodistas, cómo estas medidas cautelares han evitado que se sigan perpetrando mayores violaciones a los derechos humanos o que se puedan revertir las mismas.

En cuanto a las recomendaciones públicas, y esto más allá del artículo 19, en un ejercicio de la Universidad Iberoamericana hicimos, en cuanto a las recomendaciones históricamente de la CNDH desde su creación hasta el 2007, 2008, dependiendo cada uno de las investigaciones y posteriormente con el seguimiento que hemos hecho en el artículo 19 no encontramos una lógica de los puntos recomendatorios qué significa esta lógica que realmente atienda a la gran variedad de puntos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han desarrollado y lo cual sería un gran avance para desarrollar un seguimiento ante las violaciones a los derechos humanos de la población, especialmente en caso de periodistas.

Otro punto de especial preocupación que encontramos en el artículo 19 es la falta de una política clara de la CNDH en materia de contrarrestar las leyes que criminalizan la libertad de expresión.

Se permitió que en Michoacán, digo, se permitió porque en Michoacán ya se encontraban derogados los delitos contra la difamación o delitos contra el honor y a inicios de este año se volvió a establecer como categoría delictiva.

Esperaríamos que la CNDH hubiera presentado una acción de inconstitucionalidad, cuestión que no hizo; no sabemos si lo tenían en su radar o no. No sabemos si tiene una metodología para estar fiscalizando las reformas legislativas que podrían impactar en su mandato y emitir recomendaciones o propiamente ejercer su acción de inconstitucionalidad, gran preocupación el tema de la “ley bala” que ya mencionó Aleida, situación que la CNDH tal vez pudo haber prevenido; tuvimos que presentar nosotros también la carta. Casi en todos los casos del artículo 19 de acciones de inconstitucionalidad, que celebramos su presentación pero nos preocupa que realmente tenga que ser la sociedad civil la que mediante una carta y algunas veces mediante un escrito de amparo, exige que la CNDH valore, y no digo presente, muchas veces es que solamente valore la presentación de las acciones de inconstitucionalidad.

Las respuestas han sido muy ambiguas, muy vagas, que es una facultad discrecional, en un ejercicio de transparencia invitamos a la CNDH a que esclarezca cuál es esa metodología para presentar acciones de inconstitucionalidad, especialmente en aquellos casos que por recomendaciones internacionales no debería de permitirse, digo, y aquí también es un reclamo creo que para este cuerpo legislativo, el que tenga un poco más de cuidado en la discusión porque se están permitiendo pasar muchas iniciativas que afectan en materia de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Pero la CNDH en eso nos está quedando a deber mucho como sociedad, especialmente al interior de los estados, en lo cual podría hacer algo.

Incluso no sabemos por qué no ha hecho una práctica que nos pareció en el artículo 19 un poco forzada en cuanto a cuestión argumentativa pero al menos la comisión de Chiapas lo intentó, solicitar medidas cautelares ante una inminente aprobación de una reforma legislativa, algo que en algún momento creíamos que la CNDH bajo una visión pro-persona podía haber intentado y seguimos en espera de que realmente incremente sus facultades o haga ejercicios interpretativos para poder cubrir de mejor manera las necesidades que como sociedad tenemos para la defensa de los derechos humanos.

Otro aspecto de especial preocupación, a propósito de las acciones de inconstitucionalidad, es que no conocemos cómo regulan internamente el seguimiento y procedimiento de presentación.

Quizás en el reglamento deberían de establecer una facultad para permitirnos que la sociedad tengamos una especie de derecho para solicitar que valoren la presentación de acciones de inconstitucionalidad y no dejarlo a lo que nos han contestado dentro de juicios de amparo, que es una facultad o una potestad discrecional de la CNDH, lo cual nos preocupa ya que es una de las herramientas que debemos tener como sociedad para poder parar normas que una vez que entran en vigor tendríamos que esperarnos en algunos casos a estar sometidos a un proceso de investigación penal o peor aún, hacia un proceso ya penal ante una autoridad judicial para poder presentar nosotros un amparo. La CNDH podría hacer mucho más en esta labor de lo que tiene.

Este análisis de violaciones graves a los derechos humanos, también es algo en lo que nos está quedando a deber la CNDH. Falta saber si cuentan con una especie de metodologías, sistematizaciones, lineamientos, respecto al cómo abordan los temas de violaciones graves; qué están haciendo con la situación que ocurre en el norte del país; qué es lo que están haciendo con la situación que ocurre en tierra caliente, en Veracruz, en varios estados e incluso el Departamento de Estado Norteamericano acaba de recomendar a sus nacionales que no visiten al menos 13 estados del país por la gran situación de violencia que ocurre.

Nos gustaría saber qué está haciendo la CNDH para esto y no solamente para el registro y documentación, sino para remediar esta situación de crisis humanitaria, para establecer un proceso de verdad, justicia y reparación. La CNDH tiene esas herramientas, tiene ese mandato constitucional y tiene los recursos económicos suficientes. Quedamos en espera de saber los resultados de la CNDH en este punto y retome esta situación de gran valor moral, que es la gran herramienta que tiene que tener un organismo de derechos humanos.

El reconocimiento moral no solamente por la ciudadanía en su conjunto, sino por las organizaciones de derechos humanos u organizaciones de sociedad civil de derechos humanos porque el primer defensor de derechos humanos de este país es la CNDH nos está quedando a deber, nos está quedando a deber demasiado, especialmente en temas de periodistas donde esperamos al menos mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y que tengan mayor claridad en cuanto al cómo se está trabajando al interior de la CNDH. Muchas gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias, Iván. Conforme al programa, está cerca el siguiente panel y ya están algunos de los ponentes, dos de los tres que participan; ya está aquí presente el maestro Jorge Carrasco, reportero de la revista Proceso, y el maestro Miguel Moguel, que es investigador del área de derechos humanos y seguridad ciudadana de Fundar.

Sin embargo, les pediríamos tanto a la licenciada Aleida como al licenciado Iván Báez que nos dieran un último comentario sobre las preguntas que se formularon y a las que vamos a dar lectura.

Ésta va dirigida al licenciado Iván Báez y dice: ¿ha verificado los informes mensuales al Consejo Consultivo? ¿Son mensuales y son públicos? ¿Sabe cuáles son las formas de conclusión o solución de quejas o demás recomendaciones?
También para Iván Báez. El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas es prácticamente inoperante. ¿Cuál debe ser el funcionamiento de la CNDH en este sentido?

A la licenciada Aleida Calleja. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos en contra de los periodistas con las modificaciones al Telecom. Me imagino que es a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. ¿Qué debió haber hecho la CNDH en este caso?

También para la licenciada Calleja. Más que un comentario, si ustedes no concuerdan con lo que la CNDH opina en el tema. Por qué la atacan. Es su sentido subjetivo. Deberían ir a los juzgados para que les resuelvan, autoridad por cierto facultada para ello.

Le damos al palabra en primer término a la licenciada Calleja y al concluir al licenciado Báez y luego daríamos paso al siguiente panel.

La ciudadana Aleida Calleja: Gracias. Cuáles son los derechos humanos que están vulnerados en la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión. Derecho a la intimidad con todo el tema de la geolocalización, intervención de llamadas e incluso bloqueo de llamadas sin ninguna salvaguarda ni ningún control judicial.

El tema de la falta de protección a los datos personales. El hecho de que cualquier autoridad solamente tenga que motivar en una carta el acceso a mis datos durante dos años continuos es verdaderamente absurdo. O sea, en dos años una autoridad, el policía o el comandante de Tamangandapio, que es una autoridad encargada de las cuestiones de seguridad, por sospecha puede geolocalizarme durante dos años continuos. ¿Ustedes saben la cantidad de información que nos da de una persona geolocalizarla y poder intervenir sus llamadas durante dos años?

Y además los proveedores del servicio, las empresas de telecomunicaciones, tienen la obligación de resguardar esos datos y de facilitarlos en el momento en que la autoridad lo determine. Que un señor del Cisen pueda estarme vigilando durante dos años completos y saber cómo me muevo yo, Aleida Calleja, dígame si no eso es una violación a la intimidad y a la protección de los datos personales. Es grave, muy grave.

Recién se aprobó la Ley de Telecomunicaciones. Y me entrevistó el corresponsal del periódico español El País. Me decía: “Estoy francamente sorprendido de ver cómo se han legislado, validado herramientas que son muy del gobierno de China, porque yo fui corresponsal de El País en China. Y esto en China es diario, pan de cada día. Y en México no sucede nada”. O sea que el tipo no daba crédito de que un país en democracia hubiera aprobado estas leyes tan violatorias de la intimidad y de la protección de los datos personales. Se generan violaciones indirectas a la libertad de expresión y con eso se viola, insisto, el segundo, el sexto y el séptimo. Violaciones indirectas a la libertad de expresión a través de limitaciones… Perdón. Y me permito leer dos cosas antes de pasar a lo de las frecuencias de radiodifusión.

Fíjense, sobre esto de geolocalización e intervención de llamadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las medidas de restricción al derecho a la privacidad, en especial las medidas de vigilancia encubierta, deben ser precisas e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, entre otros elementos.

Las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas, dice la comisión interamericana, deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes, que deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que persigue en el caso concreto de si lo es suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado más de lo necesario, y de si resulta proporcional respecto del interés que se quiere promover Afectaciones, vías indirectas de violación a la libertad de expresión, las estricciones sin ninguna proporcionalidad ni razonabilidad de restricciones técnicas, económicas para los medios indígenas, los medios comunitarios y los medios de uso social.

Es una manera de censurar como en el viejo estilo, no te impido que saques tu periódico pero te pongo muy caro el papel periódico para que no pueda salir o salgas limitado. Aquí se hace con las frecuencias radioeléctricas y conste que con la actualización que se le hizo al artículo 7 constitucional reproduciendo el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se viola mucho más, esas restricciones son mucho más violatorias ahora en este momento porque antes no estaba en la Constitución, pero ahora sí está.

En este momento dice, te reconozco que existan medios para los pueblos indígenas, medios para los grupos ciudadanos, pero en las peores frecuencias de FM y de AM, como para que nadie los escuche, con restricciones innecesarias respecto de obligarlos a depender de la publicidad oficial de manera discrecional y sin ningún tipo de criterio. Además obligándoles a ser donatarias autorizadas.

Quiero ver a una comunidad, la comunidad mije de Santa María Tlahutoltepec, queriendo hacer el trámite de donataria autorizada ante la Secretaría de Hacienda. Es uno de los trámites más difíciles. Cuántas organizaciones realmente tienen acceso a ser donataria autorizada, poquísimas. Son restricciones ilegítimas al ejercicio de la libertad de expresión.

Dónde hay otras violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la información, en los derechos de las audiencias, señores y señoras. Porque ahora resulta que lo que hizo el Legislativo es matar al mensajero, porque hay dos cosas graves en el tema de las audiencias; en el primero es que obliga a los medios de comunicación a tener códigos de ética. Eso ya en sí mismo es un sinsentido, un código de ética es un código de autorregulación, no puede estar por ley.

Dos. Dicen que los derechos de las audiencias estarán en los códigos de ética de los medios, pero además si los medios de comunicación violan esos derechos de las audiencias, llámese pueblos indígenas, mujeres, minorías étnicas, diferencias, diversidad sexual etcétera, si se violan esos derechos de las audiencias no se van a multar a los concesionarios de la radio y la televisión, se van a multar a los defensores de la audiencia. O sea, matando al mensajero.

No hay una sola sanción a los operadores de la radio y la televisión cuando incumplan con los derechos de las audiencias, cuando pongan publicidad engañosa que ponga en riesgo la salud y la dignidad y otras cuestiones de la niñez y de otros sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Es una legislación que además maniata cualquier tipo de posibilidad de ejercicio de libertad de expresión de otras minorías en este país.

Es una legislación que, por las limitaciones que contiene la libertad de expresión –y ya no me voy a extender más porque todavía tiene que hablar Iván y ya está el otro panel–, por esas graves violaciones a la libertad de expresión es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un documento firmado por la relatora de libertad de expresión, Catalina Botero, y por el relator para México, mandaron un documento al Estado mexicano diciéndoles que es una ley violatoria de la libertad de expresión, un documento que el gobierno federal guardó debajo de un cajón y no se lo dio a conocer al Congreso cuando fue el proceso de discusión. Así de ese tamaño.

Y lo que está haciendo la CNDH con su silencio es validar la violación a esos derechos humanos, es validar la violación del ejercicio de libertad de expresión de los sectores más vulnerables de este país. Gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Iván. Gracias.

El ciudadano Iván Báez: Me pregunta Sidarta Zarco si he verificado los informes mensuales al consejo consultivo, son mensuales y son públicos. Sí he revisado informes. Lamentablemente, de lo que mencionaba en temas de periodistas es que ahí nos falta realmente la claridad en cuanto a la información y que realmente tenga una estrategia de información proactiva.

Porque de nada basta para la sociedad el decir: “Sí, tengo un informe, pero revísenlo ahí en la página de la CNDH; por ahí está perdida. O véanlo y pídanlo a los distintos organismos”. Tiene que ser información proactiva.

¿Qué significa esto? La CNDH debe tenerlo, porque también son garantes del acceso a la información. Tal vez no como el IFAI, pero sí tienen esa situación de conocimiento de obligaciones internacionales. Por tanto, a lo que me refiero es que lo que nos queda como sociedad de ver es información proactiva.

En cuanto a la segunda pregunta, que si sé cuáles son las formas de conclusión o solución de quejas, además de la recomendación. Sí, y ése es el otro punto de los cuáles mencionaba: ¿por qué no hacen el desglose de cómo se tramitan las quejas y finalmente en sus informes, al menos en cuanto a la situación de lo que reportan en el programa de agravios? ¿Por qué no detallan cuál es el seguimiento que pasa cada una de las quejas?

Porque si no, como señalaba, también –y si no, creo que en algún momento o no fui claro o no me escucharon de forma satisfactoria– fue algo que nos quedan a deber como sociedad el saber, si se conocen tantos casos, se emiten dos recomendaciones y ¿qué pasa con los demás? Tienen que tener información claramente desagregada.

Eso en cuanto a un ejercicio ciudadano de difusión de información proactiva, que es lo que como sociedad merecemos, necesitamos y es nuestro derecho por parte de un organismo garante de derechos humanos. Es lo mínimo que creo que como sociedad podemos esperar, una información transparente y proactiva.

En cuanto a la otra pregunta, de Yesenia Reyes Zapata, me pregunta si el mecanismo de defensa de derechos humanos a periodistas es prácticamente inoperante, ¿cuál deber ser el funcionamiento de la CNDH en este sentido?

De inicio, debería haber presentado una acción de inconstitucionalidad. Porque perdió autonomía constitucional al volverse autoridad responsable en cuanto a la toma de decisiones de ese mecanismo. La CNDH no hizo nada, entonces ya desde ahí empezamos muy mal. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues presentamos quejas ante la CNDH para que se pronuncie contra la violación a derechos humanos en el mecanismo, que ellos mismos son parte de la toma de decisiones, es decir, son autoridad en la cual pasa una situación de esquizofrenia, que podrían emitir medidas cautelares hacia el mismo organismo en el cual ellos son autoridad, o podrían emitir una recomendación pública en contra del mismo mecanismo en el cual son autoridad.

Eso, la CNDH no dijo nada en el proceso legislativo, no hizo nada, ya desde ahí empezamos con una situación de preocupación. Dos medidas cautelares, versus los más de 100 casos de conocimiento el año pasado por el mecanismo de protección, algo está fallando.

En el artículo 19 constantemente hacemos el seguimiento de la cantidad de casos que conocen quejas, medidas cautelares. Desafortunadamente cada año encontramos menos información en el apartado del programa de agravios a periodistas. Algo que creo que nos están quedando a deber como sociedad, es la transparencia, rendición de cuentas.

Como decían hace un momento al doctor Guevara que se está dando información inadecuada, tal vez incompleta, creo que la carga de la prueba es de la CNDH, la que tendría que tener una política de difusión proactiva de información y no la sociedad civil estar escrudiñando en cada una de las partes, porque si uno revisa sus informes anuales, va a encontrar distintas contradicciones en cuanto a la parte inicial con lo que se reporta en el programa de agravio con el apartado de seguimiento de quejas. Los invito a que hagan esos cruces.

Artículo 19 tradicionalmente cada año señalamos y evidenciamos esas… que desde nuestra perspectiva son irregularidades para poder obtener una respuesta satisfactoria y ya llevamos varios años y no tenemos esa respuesta.

Creo que no entra en la dinámica de tú tienes la razón, yo tengo la razón, no, la sociedad necesitamos claridad, esa claridad nos la tiene que dar la CNDH, finalmente por eso tienen un presupuesto inmenso, el cual podría servir para que hicieran su trabajo de forma más sigilosa en cuanto a beneficio de la sociedad.

Esto en cuanto a las preguntas que me hacían, del programa de agravios, me gustaría señalar que deberían de darles más fuerza dentro de esta quinta visitaduría, porque al menos en pláticas con el anterior titular del programa de agravios pareciera que al menos por voluntad tenía mucha intención de hacer muchas cosas y no se logró ver una respuesta institucional, actualmente está en mecanismo de protección a periodista.

Espero que ahí sí logre, tener mayores herramientas para poder trabajar en cuestión de prevención y protección a periodistas, que al menos la CNDH, con la falta de recomendaciones públicas nos está quedando a deber o con la situación de brindar información proactiva y no solamente estar esperando a que haya un informe anual o que tengamos que ir a buscar los informes o el seguimiento de recomendaciones, sino que la CNDH realmente se vuelva una herramienta de trabajo constante para la sociedad y que también en cuanto a la atención de víctimas… —digo, no es propiamente el tema—, pero que le inviertan un poquillo más de atención en esta situación de cómo dan seguimiento a víctimas.

Ahí sí hay muchas situaciones irregulares que en un momento hemos señalado públicamente y también en nuestros informes, de los cuales también invitamos a la CNDH a que nos manden sus comentarios, pero especialmente que den información a la sociedad y que esta sea proactiva y no tenga uno que estar buscándola entre mil y un clics, porque eso significa que la información no es claramente accesible.

Hay una media en el cual, cuando uno pasa de tal cantidad de clics ya se considera que la información no es fácil acceso. Eso la CNDH pareciera que no lo tiene muy claro, pero invitamos a que realmente la CNDH trabaje en eso, en beneficio de la sociedad. Gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Aleida.

Transparencia y rendición de cuentas

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Vamos a dar paso al penúltimo panel que es “Transparencia y rendición de cuentas”, para lo cual nos da mucho gusto presentar al maestro Jorge Carrasco Araizaga, él es licenciado en periodismo por la UNAM. Tiene el Master de Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid/El País. Cursó los diplomados de seguridad nacional y seguridad pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Hizo también el diplomado El ejercicio periodístico en la procuración de justicia, impartido por la UAM y la Procuraduría General de la República, así como el de Periodismo Judicial, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Iberoamericana.

Es reportero de la revista Proceso desde el año 2003. Entre 2002 y 2003 escribió la columna De interés nacional, en el periódico El Financiero, dedicada a asuntos de seguridad, y fue articulista del diario La Opinión, de los Ángeles, California. De 1998 a 2001 fue reportero en el diario Reforma. Entre 1993 y 1994, lo fue también para el periódico El Economista. Como corresponsal de la agencia de noticias Notimex, en Chile, cubrió el periodo de la transición democrática en ese país entre 1989 y 1991.

De 1994 a 1996 estuvo a cargo de la oficina de prensa del Centro de Información de la ONU en México. Desde el 2004 participa en la Universidad Iberoamericana como profesor en el diplomado La Seguridad Nacional en México, con la clase los medios de comunicación en la seguridad nacional.

Es profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es coautor de los libros Alejandro Jodorowsky: Antología Pánica, de Joaquín Mortiz; Los Suspirantes: Los precandidatos de carne y hueso, de editorial Planeta; El México Narco, de Planeta; y Los Generales, de Planeta.

Sin más preámbulo le damos la palabra al maestro Jorge Carrasco.

El ciudadano Jorge Carrasco Araizaga: Gracias, diputado. Gracias a ustedes por asistir a esta mesa, que se centra en uno de los temas fundamentales en la construcción democrática de un Estado. Hace algunos años, no muchos por cierto, pensábamos que la construcción de la democracia, la transición del Estado autoritario del régimen priista iba a transitar medianamente, por un puerto seguro, a un sistema democrático.

Los últimos 10 años, la última década nos ha demostrado que no ha sido así y en particular a los periodistas no ha demostrado que la construcción de la democracia pasa por pagar una cuota de violencia contra nosotros los periodistas.

Es muy lamentable que tengamos índices de inseguridad de niveles de países en guerra civil, de países en guerra, como Irak, Afganistán; de países con severos problemas de gobernabilidad, porque nos habla de la condición en la que se encuentra el Estado mexicano, un Estado mexicano que cuenta con los instrumentos para defender, justamente, dos de las garantías fundamentales, que son la libertad de acceso a la información y de expresión, la libertad de informar.

Esas libertades, naturalmente toman cuerpo y nosotros los periodistas, pero nosotros no somos ningún ser especial por encima de nadie, y en la sociedad solamente, en nosotros toman cuerpo esos derechos fundamentales que dicen mucho de la construcción de un Estado democrático.

Resulta que en los últimos años no solamente hemos sido sometidos a violencia sino que nos hemos tenido que concentrar y a prender a litigar contra quienes son nuestros defensores. Eso hace un contrasentido. Eso hace, podríamos pensar en una… citando un poco a Cervantes, la razón de la sinrazón, tener que defendernos de quienes son nuestros defensores. Es algo que cuesta mucho trabajo entender.

Traigo a cuento el caso de la revista, no podría ser de otra manera, de lo que nos ocurrió el sexenio anterior con el gobierno de Felipe Calderón, que inmerso en su guerra contra el narcotráfico emprendió también las acciones contra la libertad de expresión, en particular contra aquellos medios que se oponían a dicha estrategia.

Nosotros, en la revista Proceso procuramos dar una cobertura sistemática a la situación del combate al narcotráfico y la violación de derechos que representaba. Fue un intento sistemático, continúo el que estuvimos haciendo durante seis años. Y obviamente nos convertimos en esa misma medida, por hacer nuestro trabajo, en un objeto vulnerable.

Esa vulnerabilidad que veo expresada en el año de 2009, a mediados del año 2009, cuando la entonces Secretaría de Seguridad Pública, que encabezaba Genaro García Luna, en uno de sus famosos operativos y de propaganda de combate al narcotráfico, al presentar a un grupo, llamada una célula de la Familia michoacana, no se conformó con presentar a los presuntos culpables, sino que lo que es muy acostumbrado todavía en las procuradurías del país, presentar los instrumentos con los que esta célula o aparentemente célula se movía.

Entre nuestra sorpresa en la revista, la redacción fue que entre los instrumentos, de acuerdo con la información que se difundió, es que se encontraban varios ejemplares de la revista Proceso. Eso nos llamó a la alerta porque implicaba directamente a la revista en los implementos, en los instrumentos con los que se movía este grupo de delincuencia organizada.

No conforme con eso, al siguiente día, en ese afán propagandístico, la Secretaría de Seguridad Pública presenta una entrevista con el líder de esa supuesta célula, en donde ponía énfasis en que el jefe del cartel, uno de los jefes del cartel, conocido muy bien por todos, La Tuta, le pedía cada semana ir al aeropuerto a comprar la revista Proceso. Y ése era el señalamiento específico que hacía, de manera reiterada, el detenido.

Nosotros consideramos que esa manera de difundir la detención iba más allá de un mero objetivo informativo. Nosotros acudimos entonces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja, porque asumimos que había, por principio, una estrategia informativa que nos ponía en peligro, porque implícitamente la Secretaría de Seguridad Pública vinculaba a la revista Proceso con el grupo de la Familia michoacana, que en consecuencia, podría ser interpretado por los grupos contrarios como una colusión del medio con la organización.

Asumimos también que se trataba de una censura previa, que era clarísima ante nuestra muy clara posición de cobertura informativa, la Secretaría de Seguridad Pública mostraba de esa manera, y en general el gobierno de Felipe Calderón, mostraba su inconformidad con esa acción, con la cobertura que teníamos.

Acudimos entonces, a principios de agosto del año 2010, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al mismo tiempo acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no era la primera vez que teníamos una acción de este tipo desde el poder, lo habíamos vivido ya con Vicente Fox, con la demanda de Martha Sahagún, en fin, otras series que incluyen publicidad oficial y otros temas, pero que consideramos que conformada era materia suficiente como para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos conociera del caso.

La CNDH tardó casi un año en resolver esa queja y lo hizo en forma negativa a lo que nosotros consideramos nuestros agravios.

La CNDH dijo que no, que no teníamos razón en ofendernos, en la medida en que la Secretaría de Seguridad Pública, según dijo, se limitó a hacer una labor de información.

Y por si fuera poco dijo, bueno, y si hay algún agravio, entonces que lo investigue el órgano interno de control de la Secretaría. Es decir, que el propio gobierno se investigara a sí mismo.

Obviamente, no podíamos estar conformes con esta decisión de la CNDH y solicitamos entonces que nos diera el acceso al expediente, para conocer en qué términos realizó la investigación.

La respuesta de la CNDH fue de nuevo la negativa. Fue decir, no hay razón para que ustedes, aun siendo los agraviados o los quejosos tengan acceso a esa información.

Fue entonces que empezamos el litigio. Nosotros acudimos a un tribunal administrativo para quejarnos y decir que no podíamos ni siquiera tener acceso a la información en una materia en la que nosotros habíamos sido objeto de investigación.

Y como el asunto implicaba cuestiones constitucionales, el caso acabó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que –consideramos que es un fallo histórico– decidió que la CNDH no tenía razón. Que la CNDH es más, que el artículo nueve de la Ley de Transparencia del Reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos era violatorio de la Constitución.

Y ¿por qué? Porque dice el artículo nueve, o al menos el fragmento que retomó la CNDH dice que “…toda información en la CNDH podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público…”. Nosotros, obviamente combatimos ese concepto de interés público, qué significaba es un concepto muy difuso, se presta a cualquier cosa, se presta obviamente, a la arbitrariedad del Estado, y la Suprema Corte nos da la razón.

E insisto en esta importancia, en la importancia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, porque rompió lo que llaman o se llamaba el secreto absoluto de las averiguaciones previas. La CNDH había argumentado que no nos daba el acceso al expediente, porque contenía parte de la investigación, o más bien, que formaba parte de la investigación que estaba realizando la Secretaría de Seguridad Pública, como pruebas que estaban en el expediente de la averiguación previa.

La Suprema Corte resolvió en estos términos, dijo textual a una ponencia, que por cierto fue una discusión dividida, una discusión que se resolvió de manera dividida en la Primera Sala tres a dos; que sentó precedente, porque el pleno de la Suprema Corte había tenido esa misma discusión y no logró los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de estos fragmentos, tanto de la Ley de Transparencia o del Reglamento de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos, como del Código Penal de Procedimientos Penales, el federal, y de la Ley de Transparencia del propio IFAI.
Dijo la Primera Sala: “…El hecho de que se establezca que toda la información contenida en la averiguación previa, absolutamente toda con independencia de sus elementos sea considerada reservada impide el ejercicio de acceso a la información incumpliendo el principio de máxima publicidad que lo rige…”.

No pudo ser más clara Suprema Corte de Justicia para demostrar la manera anticonstitucional o contraria a la Constitución, con la que se estaba dirigiendo la CNDH, para negarnos el acceso –insisto– a un expediente que nos pertenecía, que no había razón más allá de estas argumentaciones, para negarlos en un asunto en el que estábamos nosotros directamente involucrados.

En esta resolución o mientras ocurrió esta resolución, una vez que la CNDH negó el expediente, la historia se repitió. Ahora fue la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, en la que igual en un operativo que tienen una llamada célula de los Zetas, en el estado de Veracruz, de nueva cuenta muestra todos los implementos, las armas, llaves de autos, aparatos de telecomunicación y revistas Proceso.

Obviamente, quienes trabajamos en la revista, quienes elaboramos información relacionada con el modus operandi de estos grupos, nos colocan —al vincularnos directamente y públicamente— nos colocan en una situación vulnerable. Esa fue la razón central por la que pedimos que interviniera el defensor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue el mismo argumento que le dimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que quedó reflejada justamente en abril de este año, cuando en su informe la Comisión de la relatoría especial para la libertad de expresión encontró que en este caso, en el caso de la revista Proceso y la controversia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había, en efecto, violación de derechos, violación de derechos de acceso a la información, intimidación y censura previa.

El caso fue que una vez ganado, ya determinado por la Suprema Corte que teníamos el derecho a conocer nuestro propio expediente, a la Comisión lo que debió, procedió en consecuencia y debió entregárnoslo, y en efecto, nos lo entrega protestado; es decir, inentendible, ininteligible, todos los nombres, todas las circunstancias estaban ocultas, no había manera de saber cuál había sido la investigación. Es decir, había una resistencia para que nosotros los involucrados o los quejosos, supiéramos cuáles eran los argumentos de por qué no procedió nuestra queja. Tuvimos que ampararnos nuevamente, y de nuevo la justicia federal nos concede el amparo, y finalmente la comisión nos entrega, apenas en febrero de este año; es decir, casi cinco años después nos entrega el expediente, un expediente que a final de cuentas no tenía información sensible respecto a Proceso, y no podía tenerla, respecto a el presunto involucramiento o la relación que pudiéramos tener con la delincuencia organizada.

Luego entonces, se trataba más bien de demostrar que aquellos medios como Proceso que no estuvieran de acuerdo con una política de gobierno específica, podían tener consecuencias. Las tuvimos, y por lo menos es un litigio de casi cinco años, que evidentemente significa mucho más que la movilización de la propia revista, la contratación de abogados y todo esto, en el fondo representa una acción en la que como periodistas tenemos que combatir a nuestros defensores.

Por eso decía yo, hacía esta cita de la sinrazón, porque no hay manera de entender la construcción de un estado democrático de derecho, en donde nos tengamos que defendernos de aquellos que son nuestros defensores.

La CNDH tiene ahora por ejemplo la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las investigaciones de violaciones graves a derechos humanos; ustedes se acordarán casos como el de Atenco, como el de Aguas Blancas, el de Lidia Cacho, el de la Guardería ABC, fueron investigados por la Suprema Corte de Justicia, que si bien los resultados de esta investigación no eran vinculantes sí tenían, sí generaban información pública, se acuerdan ustedes de los debates en el pleno de la Suprema Corte información suficiente para que la gente entendiera por qué se constituía la violación grave de derechos humanos, esta facultad por decisión del Congreso en 2011 pasa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la fecha, por lo menos en lo que hace al ejercicio periodístico en un país con prácticamente un centenar de periodistas muertos, decenas de detenidos y desaparecidos, pues nada más no hemos tenido más que recomendaciones aisladas.

Luego entonces, lo que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de construcción del estado democrático por lo que hace a la libertad de expresión es un severo déficit. Muchas gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias, maestro Jorge Carrasco. Vamos a pedirle ahora al maestro Miguel Moguel que pueda hacer uso de la palabra. Antes de eso le vamos a leer su curricular. Estamos ahorita en la ronda, terminando el panel vienen las preguntas y respuestas que son por escrito. Maestro Miguel Moguel.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Hay un método.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Hay un método. Le pedimos a los trabajadores de la CNDH que mandó Raúl Plascencia a tratar de bloquear este foro, que por favor respeten el formato que se ha pactado para este foro, que es al final de las intervenciones, por escrito se formulan las preguntas. Por favor, ya ha sido recurrente esta actitud. Hay una memoria que se va a publicar y a la CNDH se la podemos dar para que hagan los alegatos que a su derecho convengan.

El ciudadano : (Fuera de micrófono, sin dar su nombre) De acuerdo. Quisiera pedir de favor que si al final, si pudieran escuchar, para que comentara algunas cuestiones; nada más. Es con todo respeto.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Está bien, tomamos nota. Vamos a continuar. El maestro Miguel Moguel, él es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de postgrado en la maestría de filosofía social en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias (ITESO), Jalisco. De 1994 a la fecha ha colaborado a través de diversas organizaciones civiles e instituciones en la promoción y defensa de los derechos humanos; es becario de la American University y de Netherlands Institute for Human Rigths. Actualmente cursa la maestría de derechos humanos y democracia en la Flacso, México.

Quiero aprovechar también para dar la bienvenida a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en esta Cámara. Adelante, maestro Miguel Moguel.

El ciudadano Miguel Moguel: Buenas tardes. Agradecer el espacio. Finalmente me parece que hay que apuntar y hay que reconocer que estos foros tienen riqueza en tanto qué pueden abonar a la discusión pública, abonar al intercambio y abonar a la posibilidad de que desde una perspectiva ciudadana podamos evaluar también el modelo de democracia que queremos y en función de ésta las instituciones que nos van a ayudar a alcanzar esta concreción.

Hay un elemento que me parece que es inevitable notar en las discusiones y en los intercambios, y es que pareciera por un lado que las organizaciones de sociedad civil y por lo menos las organizaciones que estamos aquí representando al trabajo que hemos tenido de varias décadas para atrás parecieran ser un obstáculo o por lo menos parecieran representar alguna suerte de obstáculo para el trabajo de la CNDH y, por otro lado, me parece que también la CNDH aparece también ahí como un referente digamos en esta discusión que no acaba de encontrar un lugar donde su trabajo cobre relevancia para la construcción y para la protección de los derechos humanos.

Me parece que ahí podemos situar la discusión, me parece que ahí y a partir de ello podemos situar la necesidad de favorecer y fortalecer estos diálogos y estos intercambios. Es un momento vital para la vida institucional de la CNDH, porque en este momento vamos a tomar una decisión o vamos a saber si será reelecto o no reelecto el actual titular de la CNDH.

Y me parece que ese espacio está colocado en el Senado de la República, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y éste es un llamado que me parece atento y respetuoso, tendrá que convocar al titular, al actual titular de la CNDH para que en función del trabajo realizado, y ahí me parece que todo lo que se ha estado colocando, informes trimestrales, bimestrales, mensuales, anuales, reportes, investigaciones, quejas, recomendaciones, serán un valioso insumo para sopesar si hay o no lugar para tomarlo en cuenta para un siguiente periodo.

La mesa que nos toca hablar, y en ese sentido me parece que es bastante pertinente, tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, que me parece que son un par de características que pudiéramos decir que ya formarían parte de este catálogo de exigencias en un modelo democrático, por lo menos en el modelo democrático de las instituciones contemporáneas que tenemos en nuestro país, pero –como podemos escuchar en numerosas de las participaciones de las organizaciones y de quienes han precedido esta mesa– sigue siendo un tema, sigue siendo parte de nuestro catálogo de existencia y, por tanto, sigue siendo parte de una necesidad.

Apropósito del tema de la rendición de cuentas y del por qué es importante quisiera resaltar la importancia que tienen, en tanto que nos permiten incorporar uno de los elementos, que es valiosísimo de estos modelos democráticos, que nosotros pensamos cuando hablamos de democracia sustantiva que tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver en cómo habilitamos mecanismos para que la ciudadanía plural, diferente, con distintas opciones, preferencias, posiciones, pueda mirar a quienes los gobiernan, mirar a quienes ejercen un cargo público y poder ofrecer, digamos, insumos, reclamos, que permitan hacer que estos mandatos institucionales estén sujetos a este pacto democrático.

Nos permite también, por otro lado, no solamente la rendición de cuentas, sino también la transparencia, evitar que tenga posibles injerencias en el ejercicio de ese mandato, es decir, que interese personales, gremiales, particulares o de un sector en este sentido pudieran privilegiar por encima de otros de los intereses.

En esto lo único que quisiera decir es que el mandato de la CNDH tiene como centro el tema del reconocimiento de que en medio de toda esta pluralidad hay un elemento que le da sentido a su trabajo y que es la protección, y la defensa, de los derechos humanos.

Por qué, entonces hablamos, y aquí es un importante subrayar, cuando algunas de las organizaciones aquí hemos dicho y hemos llamado la atención sobre la interpretación pobre, poca o apenas equilibrada del mandato constitucional, es porque en algunos de los casos que hemos llevado hemos tenido la oportunidad de que las posibilidades de llevar a cabo su labor, de llevar a cabo su trabajo en función de la vigilancia y protección de los derechos humanos pudieran ser mayores.

Potencial que a partir de la reforma de 2011, la reforma de derechos humanos y de esta solidez que se le da al mandato de estas instituciones protectoras de derechos humanos pudiera efectivamente tener un impacto en la situación y en la realidad de los derechos humanos de las personas en su cotidianidad.

Sin embargo, como podemos ver son estás situaciones que en el contexto actual que vivimos en nuestro país nos dan elementos para pensar que algo no está funcionando. Ésa es y ése tendría que ser el elemento en el que tendríamos que evaluar si efectivamente el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero no solamente la de ella, sino el de los demás órganos que los demás estados tienen esta función de protección de defensa y garantía, está siendo o no eficaz para combatir esa problemática.

Inevitablemente nos vamos a topar con cifras. Cifras que podemos especular si van para arriba, si van para abajo, si están o no están colocadas en función de lo que me han platicado aquí. Lo que me parece que es evidente es que tenemos una crisis de derechos humanos. Los derechos humanos están siendo todos y cada día violentados de muy distintas formas.

Yo podría sentarme a hablar desde la perspectiva del trabajo que lleva a cabo en la organización en fundar, ¿Cómo vemos esta problemática agravada? ¿Cómo vemos que en función del trabajo que realizamos vemos limitaciones a derechos muy específicos como la libertad de expresión, como la protesta social, como el espacio público?, y donde los órganos que debieran de ser, quienes tutelen y den garantías a estos derechos no acaban de funcionar como mecanismos que eleven o posibiliten que las asimetrías de la ciudadanía frente al poder de las autoridades del Estado sea por lo menos equilibrada o menor de la diferencia que en este momento acaba siendo.

Podría citar la cantidad de recursos, de acciones, legales, judiciales, extrajudiciales, que se han intentado para esto, pero finalmente el elemento que está en el centro y que me parece que éste es el llamado fundamental que se hace cuando se pregunta por evaluar el trabajo de los organismos públicos de derechos humanos, es que en el centro están personas, en el centro están historias y en el centro están las luchas y reivindicaciones que no acaban de encontrar un cauce legitimo ni democrático para fortalecer el estado que queremos. Y no solamente que queremos muchas, muchas personas.

En este sentido el llamado y por eso la importancia de estos ejercicios es para hacer un ejercicio honesto de revisión y de pregunta, porque me parece que ése es el énfasis cuando se habla de la comparecencia del titular de la CNDH para su siguiente periodo es preguntarle: ¿Está era la problemática con la que tú asumes la institución?

Ésta es la problemática con la que tú terminas y concluyes tu primer plazo, tu primera gestión? Ésta es la problemática que vendría hacia adelante. ¿Qué institución me estás diciendo que vas a construir y cómo vas a combatir esa problemática?

Me parece que en estos términos un ejercicio honesto de evaluación tendría que ver con evaluar finalmente en estos cinco años de gestión, qué tanto hemos retrocedido en la garantía y en la protección de derechos humanos y en qué sentido habría que fortalecerla y uno de esos cauces fundamentalmente uno importante, porque tiene recursos públicos, porque tiene recursos humanos y tiene la cantidad enorme, un sistema enorme que se ocupa de esta protección, tendría que ser la responsabilidad que tiene el sistema de ombudsman en nuestro país. Un poco por ahí es por donde quisiera llevarlos.

¿Qué pasa con los temas de las agendas de derechos humanos? Y me parece que esa es una preocupación legítima también de colocar en estas plataformas; pareciera y lleva ya un rato, y no es tema de la actual gestión de la institución, pareciera que el tema de derechos humanos vive una suerte de fragmentación que por un lado lo tenemos ahí en una esfera en lo internacional, depositada en los sistemas de protección universal interamericano. Un discurso de derechos humanos que asociado a una práctica institucional lo colocamos en estos sistemas de protección de ombudsman.

Y muchos otros discursos que pudieran relacionarse con el tema, que está también en las organizaciones de derechos humanos, en las causas y en las luchas que acompañan.

¿Cuál es el problema fundamental? El problema es que no podemos generar cruces que parecieran que están abrevando al mismo lugar. Cuando se colocan las preocupaciones, cuando se ponen en esta mesa las preocupaciones a propósito del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las demás comisiones, me parece que hay un llamado y un reclamo legítimo a decir “Aquí hay un tema y aquí hay una problemática de derechos humanos sobre las cuales tenemos elementos”, y hay elementos para decir que tendría que pronunciarse, que no es menor su pronunciamiento, pero no está, probablemente no tengamos los argumentos para poder decir, efectivamente tendría que hacerlo.

Me parece que en los que he participado sí los hemos tenido. El tema de movilización, el tema de la ley bala, el tema en Puebla, muchos otros temas como el Telecom, ahí han estado las solicitudes acompañadas de principios, de criterios interpretativos que nos dan, no nuestra racionalidad, sino nos dan los instrumentos que han trabajado a lo largo de años las organizaciones y todos los organismos internacionales que pueden abonar para poder decir sí a lugar la posibilidad de que ahí se pudiera estar contraviniendo o se pudiera estar violando un derecho. Sin embargo no está. Sin embargo lo que tenemos a veces son actuaciones expos, cuando ya ha pasado la violación, cuando la violación ya no pudo contenerse o cuando irreparablemente como es el caso que tuvimos en Puebla, tuvimos consecuencias que hacen la necesidad de abrir una investigación, de ver y de revisar sin siquiera ir hacia atrás y decir en el momento en que estábamos discutiendo la regulación de la protesta social y de que estábamos poniendo en el centro de la mesa la utilización de medidas para poder contrarrestarla, evitarla, limitarla o acotarla, estábamos poniendo este elemento al centro, que era la posibilidad de atravesar un derecho de violentar una libertad o incluso de comprometer la vida o la integridad de las personas.

Concluiría la presentación un poco con este llamado que me parece que sostenemos desde varias de las apuestas del trabajo institucional que tiene que ver con que la transparencia y la rendición de cuenas son inegociables, es un requisito que está en la mesa, en la discusión con las instituciones y que nunca se alcanza. Siempre debe ser mayor, siempre debe ser mejor y que la CNDH tiene un compromiso de avanzar en construirse como un protagonista, como un actos fundamental para la protección y el entero ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias al maestro Miguel Moguel. Para continuar con este panel le vamos a dar el uso del micrófono al licenciado José Antonio Buendía, quien es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, con estudios de especialización en el Centro de Estudios Constitucionales de España y doctorado en el programa de Cambio Social por la Universidad Complutense, de Madrid. Se ha desempeñado como comentarista en Canal 11. Ha sido asesor del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio en donde fungió como coconductor del programa radiofónico Café Encuentros.

Es profesor de asignatura de la Escuela de Graduados de Administración Pública, del ITESUM, campus Ciudad de México. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue director de difusión y relaciones institucionales del Instituto Federal Electoral. Ha sido corresponsal de Notimex y del diario español El Mundo, en La Habana, Cuba. Ha sido miembro del consejo editorial del periódico Reforma y colaborador en la Crónica de Hoy, Milenio y Nexoc.

Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia, Prende, desde el año 2004. Es autor de los libros Elecciones Inéditas 2006, La democracia a prueba y La transparencia en el Distrito Federal. Bienvenido José Antonio.

El ciudadano José Antonio Buendía Hegewisch: Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Movimiento Ciudadano y todas las comisiones que han intervenido para la realización de este foro.

Me voy a subir un poco en las presentaciones de mis dos compañeros que me han antecedido, tanto Jorge como Miguel. Vengo de la presentación del Programa por la igualdad y contra la no discriminación que hoy presentó el Conapred y la verdad es que fue ilustrativo porque nuevamente es una institución en cuyo consejo yo estuve y me tocó contribuir a construir desde principios del 2000 y nos recuerda cómo más de una década o una década aproximadamente después siguen prevaleciendo en nuestro país situaciones por supuesto de discriminación, de desprecio, de maltrato, de autoritarismo, de falta de igualdad y no solamente me estoy refiriendo a prácticas y actitudes; si eso lo subimos un poco más no es difícil constatar cómo persiste la desigualdad, la enorme desigualdad en el trato para el acceso a la justicia.

Un tema realmente central y extremadamente preocupante, habida cuenta de que no solamente tenemos casi 10 años con el Conapred, sino que podemos proclamar marcos jurídicos de avanzada como la propia reforma constitucional de derechos humanos, que cumple ya 3 años, un ordenamiento jurídico que México ha podido presentar al mundo como un verdadero avance y una vanguardia para la protección de los derechos humanos en el país. Tenemos también organismos autónomos constitucionalmente, como el nuevo Ifai, y por supuesto garantes de los derechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero a pesar de eso seguimos viendo, y recojo una frase que se dijo ahorita en la reunión. Cito, incluso quien la dijo fue Claudia Jusidman, quien decía “Seguimos, o persiste en nuestro país una enorme desconfianza hacia las instituciones todas. Sigue prevaleciendo, y quizá incluso se ha agudizado una sensación o una actitud de la población respecto del ejercicio de sus propios derechos, de una ciudadanía —ella dijo— disminuida o rebajada”.

Entonces obviamente salta a la vista la pregunta. Y es: ¿cómo teniendo los avances tan importantes en el marco jurídico tenemos instituciones con tan poca confianza y ciudadanos que no solamente no sienten que protegen sus derechos humanos, sino que incluso sienten su ciudadanía rebajada en términos de derecho? Ya algo de esta respuesta me parece que la adelantó Jorge Carrasco cuando narró buena parte de las denuncias que infructuosamente trató de presentar. Y obviamente no es un tema en el que yo me voy a detener, porque creo que él fue suficientemente explícito.

Pero una primera conclusión que a mí me dejó este acto es que obviamente seguimos teniendo una enorme distancia entre las aspiraciones que tenemos, entre las pretensiones que buscamos en el marco jurídico y la realidad misma. Es un problema viejo, no es nuevo, pero quizá ése es el marco en el que me gustaría, o que creo que convendría encuadrar… no solamente cómo recibió el país que decía… cómo recibió la comisión cuando llegó Plascencia y cómo lo deja al término de su mandato, sino algo más amplio. Y es en ese conjunto de coordenadas entre el avance y los nuevos instrumentos que la ley le puso y la realidad de lo que se ha ido avanzando.

Y si esto es cierto, me parece que la siguiente consideración que me gustaría poner sobre la mesa es que a la hora de tratar de empatar en una evaluación o tratar de hacer algún juicio, una evaluación sobre cómo han evolucionado esas dos variables, creo que instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras, como por ejemplo el IFAI también, que se dedica justamente a proteger los derechos de los ciudadanos, tendríamos que pedirles que en ese contexto a la hora de juzgarlas habría que reclamar que frente a conflictos de derechos que incluso no podemos dejar de reconocer evidentemente los derechos humanos no son derechos absolutos, lo sabemos, siempre hay colisiones de derechos, pero a la hora de juzgar la actuación y el papel que han tenido, tenemos que pedirles en el contexto que acabo de describir, que siempre estén del lado de los más vulnerables, del lado de los más débiles, del lado de los derechos que pueden resultar más perjudicados en un país que como he dicho, la justicia se negocia y se negocia a partir de los recursos, las capacidades económicas y las influencias que tiene una persona para poder avanzar en un litigio por ejemplo, y que eso hace que los más vulnerables todavía estén en una situación de mayor desequilibrio y de mayor exposición a los abusos.

Por eso me parece que es imprescindible que instituciones como la Comisión de Derechos Humanos le pidamos siempre que haya coaliciones o colisiones de derechos, que esté del lado de los más débiles, que incluso cuando haya dudas se ponga del lado de los que pueden resultar más desfavorecidos.

Sin ese compromiso real y efectivo con los derechos de los que pueden resultar más afectados, con los que pueden estar en las posiciones más desventajosas, instituciones como las que se dedican a proteger sus derechos y que tienen ahí su misión, como recordaba hace un momento Miguel Moguel, se convierten en burocracias omisas. Y a veces no es fácil juzgarlas justamente no porque hayan hecho algo malo o porque hayan actuado de una manera inconveniente, sino a veces simplemente porque no han actuado, porque no fueron proactivas, porque no estuvieron del lado de los afectados porque en el fondo ponerse del lado de los más débiles y de los más afectados es tener conflictos con la autoridad, es tener conflictos con el poder y con los intereses que pueden afectar más que a veces los débiles, los intereses y el desempeño de los afectados.

Entonces me parece que el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que distanciarse de convertirse o dejar como herencia, quizá una de las peores herencias que ha llevado justamente a perder credibilidad en instituciones tan relevantes como éstas, y es que se conviertan en eso, en burocracias omisas. Y la verdad es que es una preocupación, yo la pongo sobre la mesa porque a la hora que me invitaron a esta conferencia me decían, y qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la transparencia y el acceso a la información.

Estuve dándole un poco de vueltas, reconozco que yo no soy un especialista en este tema y seguramente alguien me podrá señalar muchas aportaciones, pero desde mi ángulo y como ciudadano volteé a ver y decía: “En realidad, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos?”. Y le daba vueltas y decía: “El lunes que tenga que ir a la conferencia va a ser una tortura porque no voy a tener mucho que decir”.

La verdad es que no tenía demasiados argumentos y ahí se señalan algunas cosas sobre el alto presupuesto y el manejo opaco, pero creo que lo realmente relevante a la hora de hacer esa pregunta es no tanto qué clase de errores u omisiones ha cometido sino la falta de hechos o aportes que puedan ponerse en un balance a favor.

Eso es lo que me llevó a pensar en este concepto justamente de burocracias omisas a las que hay poco que reclamarles, que andan un poco en el mundo de lo políticamente correcto, que saben cuándo generar recomendaciones, cuándo retrasarlas, cuándo empujarlas.

En fin, que saben administrar la visibilidad pública de sus propios recursos, pero que en muchos de los casos a la hora de un balance global no es demasiado lo que pueden aportar a favor de la promoción, el respeto e incluso la construcción de una mejor y mayor cultura de derechos humanos y de aceptación de valores democráticos.

Si esto es cierto, quizá un punto donde habría que… ¿Se escucha bien? Ya. Quizás un punto donde valdría la pena como se dice vulgarmente, “bajar el balón”, después de todas estas introducciones y que puede ser un buen ejemplo, es el caso de la acción de inconstitucionalidad, que finalmente no fue presentada por ningún órgano autor y protector de derechos en el caso de la Ley Telecom.

Por supuesto es un asunto controversial, no hay nada definitivo y hay muchos que me parece que pueden tener perfecta razón cuando dicen que no había lugar, evidentemente, para presentar un recurso de inconstitucionalidad porque ahí lo que estaba en juego era un asunto de seguridad; de seguridad de derechos y de seguridad ciudadana. Pero hubo también cerca de 200 ONGs que demandaron, que pidieron que fuera presentado este recurso de inconstitucionalidad porque desde su punto de vista en la Comisión de Derechos estaban afectando no solamente derechos humanos sino acceso a la información y violación a los datos personales con el tema de la geolocalización.

Y creo que puede resultar un buen ejemplo este caso porque incluso ante la duda, ante la controversia por la colisión de derechos –iba a decir de derechas, también de derechas–, la colisión de derechos, valdría la pena que, como decía en la primera parte de mi intervención, una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el IFAI se pusieran justamente de lado de los más débiles, se pusieran de lado de los que pueden resultar más perjudicados, que son evidentemente aquellos ciudadanos con pocos recursos que no pueden defenderse y pueden recibir abusos en el caso de que se ponga en marcha un sistema como el que describe el artículo 189 y 190 de la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, sobre la geolocalización de salvaguarda o la retención de datos para conocer patrones de comportamiento.

Posiblemente la hubieran perdido, no tengo duda, es posible, pero quizá valido la pena que ellos pusieran en alto esa causa y esa bandera, aunque finalmente hubiera sido la Suprema Corte de Justicia la que tomara una decisión y diera un fallo al respecto.

La verdad es que no habría sido dañino, sino todo lo contrario, habrían demostrado lo que quizá se lamenta de alguna de estas instituciones, que es justamente su compromiso, su compromiso real y efectivo, que no lo da solamente un marco jurídico, por más de vanguardia y por más avanzado que éste sea, que lo da también el compromiso de los titulares, de sus representantes, de los que manejan, de la voluntad política que está detrás de las instituciones.

Si lo vemos… y lo vemos incluso no solamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también en el Ifai que fue una… del nuevo Ifai, por cierto, que después de que supuestamente la sociedad civil había hecho un filtro para evitar el cuotismo en la integración de su pleno.

Yo los invito a que vean cómo votaron los siete nuevos comisionados para desechar la posibilidad presentar cómo tenía facultad el Ifai, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un recurso de inconstitucionalidad y ahí podrán ver con bastante nitidez que aquellos que eran señalados de ser impulsados de tal o cual partido, votaron en línea con las posiciones que los partidos mantuvieron respecto a Telecom y en particular sobre ese tema en la Cámara de Diputados.

Aquí, entre paréntesis, Fundar, que fue uno de los que estuvo junto con otras organizaciones, haciendo el filtro, creo que van a tener que hacer un examen de conciencia, porque el filtro no filtra –parece café de calcetín– pasan hasta las piedras.

Lamentablemente ninguna de estas dos instituciones pudo, en este caso, ponerse de lado de quien tenía que haberse puesto, al final estas pequeñas oportunidades perdidas, estos pequeños desaguisados son los que van explicando, cuando luego vemos en las encuestas el por qué hay poca confianza en general, en las instituciones. Ahí me quedo y muchas gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias a José Antonio Buendía.

Igualdad de género

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Están presentes la maestra Regina Tamés y la licenciada Lucía Lagunes, que son del último panel, que es de “Igualdad de género”, que va a coordinar la diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

Pero vamos a darle paso muy rápido a las preguntas, pidiéndole a los expositores su gentileza para que puedan desahogarse rápido y no colguemos mucho el tiempo, toda vez que quienes son panelistas en el último de los segmentos tienen un compromiso que tienen que salir de aquí máximo a las tres.

Les digo, muy rápido. Se hace mucho señalamiento de las acciones de inconstitucionalidad acusando la omisión de la CNDH para imponerlas. De acuerdo con el artículo 105 también la Cámara de Diputados está facultada para interponerla, fracción II, inciso a).

Siguiendo los protocolos de evaluación al presupuesto público, se recomienda analizar el presupuesto en contexto, así el PEF, o sea, el Presupuesto de 2014, designa un presupuesto de 12.6 pesos por habitante para protección de derechos humanos, eso se considera un presupuesto inmenso -entre comillas, inmenso- cotejado contra el 2010.

Para Miguel Moguel. Antes que nada una felicitación por su discurso con coherencia al tema, pero cuál sería en materia de transparencia su proposición para mejorar la problemática.

A Jorge Carrasco le preguntan, qué opinión tiene de la falta de garantías para ejercer el periodismo en Veracruz, casos como el crimen de Regina Martínez, de Proceso; Miguel Ángel López, de Notiver; y el más reciente el de la fabricación de delitos, en el caso de María Josefina Gamboa Torales, quien ha sido trasladada al penal de Tuxpan violando una suspensión de un juzgado federal. ¿Qué ha hecho la CNDH?

Esta pregunta la hace Jorge Salgado, pero dice para Iván Báez, pero si alguien la quiere contestar, ¿cuál es el fundamento para que digan de las cifras de la CNDH, en el informe, con los que sean en transparencia? Es lo que dice la pregunta.

Vamos a seguir el orden en que se presentaron. En primer lugar, Jorge Carrasco.
El ciudadano Jorge Carrasco Araizaga: Sin duda y es un dato público, conocido internacionalmente, Veracruz es de los estados más riesgosos para el ejercicio periodístico. Una decena de periodistas muertos, algunos otros desaparecidos, sin que ninguno de ellos haya quedado esclarecido.

El que a nosotros nos ofendió y agravó fue el de, por supuesto, nuestra compañera corresponsal Regina Martínez, en un asunto que nunca habíamos considerado que tomó relevancia internacional también, porque se trataba de una agresión contra un medio nacional, no por supuesto estoy considerando menos las agresiones de mis colegas del interior. No. Estoy nada más precisando que es un medio nacional, en este caso, que se ve agredido en la persona de Regina Martínez, que tenía un claro mensaje: no se metan con nosotros.

¿Quiénes son nosotros? Bueno, pues esa colusión que se ha hecho mención en varias intervenciones, y aquí hago un paréntesis respeto a la Ley de Telecomunicaciones, que da esas facultades amplias a las autoridades para requerir y poder rastrear a las personas, pensemos nada más, justamente, la colusión entre las autoridades y la delincuencia organizada. Lo cual vale, no solo para periodistas sino para cualquier ciudadano.

Entonces, cierro el paréntesis y en efecto, el caso de Veracruz y en particular el de Regina Martínez es uno de los más oprobiosos en el país, porque además del hecho del homicidio vino la simulación, la simulación respecto a la investigación, una sentencia en la que el Poder Judicial Local quedó bastante muy mal parado por convertirse en por lo menos… de la procuraduría estatal y el caso quedó prácticamente irresuelto. Hoy mismo tendrá que intervenir la Suprema Corte de Justicia.

De qué estamos hablando. De que un hecho ocurrido en abril de 2012 a la fecha queda todavía en la nebulosa. No sabemos exactamente bien qué pasó, aunque hay una versión oficial que sostiene lo contrario.

Y aquí, para los efectos de la mesa, hay que decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde un primer momento se presentó en Veracruz pero su participación fue eso, fue más simbólica, se presentó con nosotros, nos ofreció ayuda y lo que se limitó fue a solicitar copia de las actuaciones de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y no tuvimos una investigación, a menos que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos en la revista Proceso, una investigación especial sobre el caso Regina Martínez no lo hubo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias. Miguel.

El ciudadano Miguel Moguel: A propósito del tema de las propuestas, me parece que pudiera ir en dos líneas. La primera de las líneas tiene qué ver un poco, recuperando lo que José Antonio decía hace un rato. El mandato de los organismos públicos de los derechos humanos y en concreto, el mandato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la lanza a que su actividad tenga que ser pro activa. Es decir, sería partir de la intuición de que porque no existe una queja sobre alguna problemática es porque la problemática no existe sería ingenuo.

Debemos entender esta proactividad como la posibilidad de problematizar la realidad. Y entonces sí, con las herramientas, con el presupuesto y con los recursos que tiene, me parece que sí puede ajustarse de mejor manera en sus funciones y en sus facultades para poder tener una intervención mucho más eficaz, de cara a las problemáticas concretas que hemos visto y que hemos estado señalando, a propósito del tema de derechos humanos.

¿Qué es importante en este sentido como propuesta de rendición de cuentas? Me parece que algo que ha fallado y ahí, por donde le demos vuelta nos vamos a topar con el mismo problema, es que no tenemos como consistencia frente a la demanda ciudadana y a la respuesta institucional.

Es decir, independientemente de lo irracional o lo racional, de lo legítimo o lo ilegítimo de la solicitud tendría que ajustarse, la institución, a poder dar cuenta de cómo su trabajo está atendiendo, de una manera o de otra, la problemática que se está visibilizando.

Y aquí sí pongo, por ejemplo, hablando del tema de Telecom, y hablando también sobre la Ley de Puebla, me parece que nosotros nos quedamos, Fundar, y las organizaciones que formamos parte del frente, nos quedamos a la expectativa de una respuesta de por qué no había lugar a una acción de inconstitucionalidad frente a la cual, la Oficina del Alto Comisionado se había pronunciado, un grupo amplio de organizaciones, nos habíamos pronunciado, pero además, donde había elementos en la historia, incluso en informes, de algunos organismos internacionales que decían, ¿por qué no regular la protesta y la movilización, y qué problemáticas pudieran ir atravesadas, a propósito del ejercicio de la libertad de expresión? Ése es un tema que me parece que es muy concreto.

Otro que me parece que es importante, y que es importante no sólo para la CNDH, sino para todos nosotros. El viernes se presenta la Gendarmería Nacional. Un modelo que nadie sabemos cómo va a estar constituido, pero que sabemos que tiene elementos que sí han estado contenidos en los informes y en las recomendaciones, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué pasa cuando la presencia militar se cruza con contexto de protesta y de movilización? Ahí tenemos una problemática que atender, antes de que la problemática esté ahí. Hay que elaborar informes, probablemente antes de que la problemática se dé hay que transparentar, o por lo menos, en este caso me parece que una propuesta muy clara sería la de propiciar la apertura de información pública, para que la ciudadanía sepamos tengamos elementos con los cuales poder discutir o llevar a discusión pública éste y otros problemas.

Ahí puede ser un medio eficaz para poder acceder a ella, ya que la ciudadanía no lo podemos hacer. Sin embargo, hasta el viernes nos esperaremos a ver las respuestas que iremos teniendo de las demás instituciones. Y ahí lo dejaría.

Dos propuestas concretas, facilitar y favorecer el acceso a información que por sus condiciones no podemos hacerlo lo ciudadanos. Y lo otro, el tema de la rendición de cuentas dar respuesta oportuna, eficaz, en su momento, sobre las solicitudes y sobre las demandas que se le colocan directamente. Gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Miguel. José Antonio, por favor.

El ciudadano José Antonio Buendía Hegewisch: ¿De la misma pregunta?

El moderador, diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí.

El ciudadano José Antonio Buendía Hegewisch: La verdad es que creo que tengo poco que agregar de la intervención que hice.

Básicamente me suscribiría a lo que acaba de decir Moguel. Creo que necesitamos organizaciones que sean: una, que se pongan del lado de la ciudadanía y de los derechos de los más débiles; dos, que tengan y así reflejen el compromiso en el contexto de desigualdad en el que estamos; tres, que sean mucho más proactivas; cuatro, que estén menos preocupadas en cómo las vean las autoridades; cinco, que busquen que sus recomendaciones tengan un impacto, incluso en términos de transformaciones culturales mucho más que estar pensando en cómo administran la visibilidad de las propias recomendaciones retardándolas, postergándolas o adelantándolas según la circunstancia. Creo que ésas serían mis recomendaciones finales. Gracias.

El moderador, diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Miguel Moguel, y muchas gracias a Jorge Carrasco. A continuación le cedo el uso del micrófono a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de esta Cámara de Diputados.

Invitamos a la maestra Regina Tamés, y a la licenciada Lucía Lagunes, a que puedan pasar aquí al frente a ocupar sus lugares.

La moderadora diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, y agradezco la invitación que me ha hecho el diputado Ricardo Mejía Berdeja para coordinar esta interesante reflexión que vamos a realizar en este coloquio de la evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que concluye con esta mesa y que ha tenido ponentes muy valientes, que la verdad se han atrevido a decir lo que opinan con el derecho a disentir y con el derecho también a estar de acuerdo con las ideas.

Presento a dos ponentes, dos compañeras de lucha que personalmente admiro, reconozco y agradezco mucho su presencia, como son la licencia Lucía Lagunes Huerta, directora del Centro de Comunicación e Información, de CIMAC, A.C., para quien pido un aplauso.

También agradezco la presencia de la maestra Regina Tamés Noriega, quien es abogada y directora de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Bienvenida. Bienvenidas las dos.

Va primero nuestra compañera Regina Tamés. Ella es abogada de la Universidad Iberoamericana de México, con maestría en Derecho Internacional Público con enfoque en Derechos Humanos de Washington College of Law, American University; se desempeñó durante seis años como oficial de Derechos Humanos y Coordinadora del Área de Fortalecimiento Institucional de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde brindó asistencia técnica a organizaciones de la Sociedad Civil para la incorporación del enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género en las Políticas Públicas.

Ha trabajado y realizado pasantías en el Centro de Derechos Reproductivos, en el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es titular de la materia Derechos de las Mujeres de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; y de la materia Instrumentos Internacionales para la Protección de los Derechos de las Mujeres en el posgrado en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Como lo mencioné anteriormente, es directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y le damos la palabra para que nos haga el favor de dar su opinión en relación a esta evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Regina, gracias.

La ciudadana Regina Tamés Noriega: Muy buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación. Desde GIRE hace dos años optamos por llevar la defensa de casos frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dos temas puntuales que trabajamos desde hace ya mucho tiempo, que son el caso de muerte materna y de violencia obstétrica.

La decisión de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendía principalmente a que los litigios sobre cuestiones médicas son tardadas, costosas y complicadas y por eso nos parecía que existiendo en este país una comisión tan grande y que con tanto presupuesto podría ser una muy buena opción para las víctimas. Lamentablemente hoy la evaluación que hacemos de los procesos que hemos llevado frente a esta comisión no son muy favorables y les diría resumido en cinco puntos.

La primera razón por la que valoramos que estos procesos han sido lamentables, sobre todo para las víctimas que es lo más importante, como ya se dijo; es en principio el contenido de la recomendación misma. La Comisión Nacional tiene ahora, como ya se ha dicho, un escenario distinto en términos de que cambió la Constitución y ahora los tratados internacionales hacen parte de nuestra normativa interna y la verdad es que las recomendaciones hacen un esfuerzo mínimo por retomar el estándar más alto de protección a derechos humanos y principalmente el principio de pro-persona es algo que no se ve.

Pero además hay un copy and paste, así literal, copiado y pegado; muerte materna, saco el archivo, le cambio el nombre de las víctimas y está tal cual. Tenemos dos casos de violencia obstétrica en donde la víctima no solo es diferente, la circunstancias bajo las que sucedieron los casos y cómo se desarrollaron los hechos sí son de violencia obstétrica, pero son casos diferentes; es como si se quisiera homologar que por tratarse de un caso se hace copy and paste, entonces eso es literal, eso existe.

Pero creo que la parte más complicada en términos del contenido es lo que se refiere a la reparación integral en materia de derechos humanos. Lo menciono y me atrevo a afirmarlo, porque por un lado en los documentos se habla de reparación del daño, o sea acotado básicamente a lo que es una cuestión de reparación civil, sin que se haga referencia la reparación integral en este sentido del artículo primero, pero además porque una de las visitadoras nos expresó que lo que ellos hacían era la reparación del daño.

Pero además en este sentir, en la reparación, deja en manos del estado que es el violentador la reparación; o sea, si yo soy víctima del estado de Oaxaca –que es uno de los casos que estamos llevando– el estado de Oaxaca es el que va a decidir qué procede como reparación para las víctimas, cosa que es realmente complicado porque la víctima va a tener que estar a manos de quien finalmente fue su perpetuador; eso es por un lado en términos del contenido.

Por otro lado las víctimas prácticamente no figuran, no son protagonistas que sería algo que estuviéramos pensando que la CNDH está justamente para el servicio de las víctimas. Las víctimas inician la queja, que ahí denota que hay una confianza en que puede ser una autoridad que les puede ayudar a resarcir las violaciones a sus derechos; sin embargo las víctimas no son partícipes de nada de la investigación antes de la recomendación. La víctima dice esto fue lo que me pasó, en el tema de la investigación ellas no participan, de la recomendación se enteran por la prensa, días o semanas después se les notifica en su domicilio y se le notifica; no hay una comprensión por parte de quienes son víctimas de qué significa la recomendación, incluso a veces hay problemas en términos del idioma, de traducción, quien notifica no habla el idioma de la familia que está siendo notificada.

En los casos que nosotros llevamos no se nos notifica a nosotras como su representante legal, no es porque queramos ser –porque ya nos han dicho– ex protagónicas en el caso, sino porque nosotras sí estaríamos sentándonos con las víctimas para explicarles cuál es el contenido, qué va a suceder después y qué es lo que tendrían que hacer.

Las víctimas, cuando nosotras tenemos un acercamiento con ellas, nos hacen saber qué es lo que esperarían del caso. Nosotras traducimos eso en términos jurídicos con los parámetros ya establecidos a nivel internacional sobre reparación integral, no se pide nada que no pudiera entrar dentro de los estándares. Sin embargo, ese, digamos, escrito que es firmado por la propia víctima no es considerado dentro de la recomendación, como es un copy page pues es difícil que se incorporen las peticiones de las víctimas.

Un caso, por ejemplo, concreto, las víctimas no tienen acceso a los documentos claves, ¿no?, un caso de muerte materna, en donde una opinión técnica de un médico es clave para definir si hubo o no violaciones, ése es un documento que se reserva la comisión y que la propia víctima no puede tener acceso a ello. Todavía no logramos entender qué es lo que pasa. Quizá Fundar nos puede ayudar con el tema, y Artículo 19, qué pasa con el acceso a la información de un documento que finalmente es el que define que la Comisión decida que hubo violaciones a derechos humanos.

Me voy a saltar al tema de contenidos. Algo que se me olvido, hubo un caso en Chetumal, donde hubo una mujer embarazada que tuvo problemas durante el parto, su hijo sobrevive el parto pero a la mujer se le hace una histerectomía, o sea, pierde el útero, lo parchan con la vejiga, una cosa espantosa, la Comisión considera que eso es negligencia médica.

Por supuesto que es negligencia médica, igual que muchas de las cosas de muerte materna y violencia obstétrica, pero esa negligencia médica seguramente atiende a cuestiones estructurales de que el propio sistema de salud no funciona. La Comisión podría hacer recomendaciones para que el sistema de salud mejorara y, por tanto, las negligencias bajaran.

Porque de otra manera estaríamos solamente identificando responsable al médico que realizó esa histerectomía, al que se le murió la mujer o a quien le gritó la señora, que seguramente hay alguna responsabilidad individual, pero ésta atiende a que hay un sistema de salud fallido, en donde se tienen que hacer cambios estructurales más allá de señalar a una persona como responsable.

El tercer punto diría es este tema de la falta de publicidad en términos del seguimiento y la implementación. Nos enteramos por la prensa que sale la recomendación, a pesar de ser representantes de la víctima, bueno, no importa, bueno, salió la recomendación, vamos, nos apersonamos en la Comisión, hay que esperar aproximadamente una hora, no sé si ésta gire, que no nos quieren o en general ése es el proceso.

Una hora hay que estar esperando para que te den acceso al expediente, que –bueno– pues uno puede tomar notas, pero el expediente pues va creciendo. No hay claridad sobre cómo miden estos seis meses que tiene el estado para dar cumplimiento a las recomendaciones, no pasa nada si no cumplen en seis meses tampoco y menos si no hay una representante legal que esté ahí empujando. Digo, es hasta difícil saber si el gobernador aceptó o no la recomendación.

Nosotros tenemos ahorita una recomendación en contra del gobierno de Chiapas por muerte materna y tenemos duda de si aceptó el gobernador o no la recomendación. Suponemos que sí, pero pues hay que ir a ver si en el expediente existe un oficio en donde diga que el señor gobernador de Chiapas aceptó la recomendación.

Y creo que la comisión podría y tiene una oportunidad de que esas recomendaciones al hacerse públicas también se eleve el costo de la autoridad y que haya más posibilidades de que se ejecuten y que se implementen, pero aquí entramos en el dilema en que calladito tiene menos peso para la autoridad, pero entonces no estamos tomando el lado de las víctimas, sino más bien es una cuestión que favorece mucho más a la autoridad el tema de no hacerlas públicas.

La cuarta cuestión que no me queda clara a partir de la lectura de su propia ley al reglamento es, ¿por qué algunos casos se atraen o no?, pues ahí dice que se atraen aquellos que tiene trascendencia, pero es trascendencia de acuerdo a los medios de comunicación. Porque el caso de Irma que es está mujer que pario afuera de un hospital de Oaxaca pues se atrajo, pero como Irma hay 192, entonces que tendríamos que hacer, llevar a la prensa, a estar siempre pendientes para que entonces las atraiga o cuál es la ventaja de tener comisiones estatales, para qué duplicamos, tenemos comisiones estatales, oficinas estatales de la CNDH y los casos pareciera que si sale en prensa entonces hay que atraerlos. Es como algo complicado de entender para los que estamos en la sociedad civil.

Por último, diría que otra cuestión grave es el tema de la negociación. Estoy de acuerdo en que habrá quienes decidan que se puede negociar alguna violación a los derechos humanos, me parece que ese no es papel de la CNDH, digo en los temas que lleva GIRE lamentablemente tenemos a la Conamed, si ya tenemos a la Conamed que negocia, para que queremos a la CNDH negociando.

No es esto sólo por el tema de que la víctima acceda a negociar, el negociar implica que no va a haber medidas de no repetición. O sea, la reparación se queda en un monto económico entre la víctima y la institución y no hay medidas de no repetición. O sea, no se va a investigar, no se va a ver qué pasó, y eso me parece que ve en detrimento del espíritu del por qué fue creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A decir de una de las visitadoras, una de las violaciones graves no la negociamos. Nosotros tenemos un caso en Veracruz de muerte materna que fue negociado por un millón de pesos con el IMSS, entonces ¿No es grave una muerte materna? ¿Qué tendría que pasar?, porque entiendo que luego se cree que lo de mujeres no es tan grave – pues aquí se murió la mujer y de todas formas no fue considerado grave.-, hubo posibilidad de negociar, entonces ahí el mensaje para el IMSS es: Ten una bolsa de un millón cada vez que se vaya a morir una mujer y no hubo realmente una investigación de qué fue lo que pasó porque la negociación no permite continuar la investigación y las medidas de investigación.

Sé que es muy negativo mi panorama, lamentablemente para nosotras al estar en contacto con las víctimas de manera cotidiana y el haberles propuesto la CNDH como una salida y enfrentarnos con esto es muy difícil ser muy optimistas porque nos toma mucho tiempo, dinero y esfuerzo estar yendo y viniendo presentando tal, al grado que tenemos tres amparos en contra de la comisión nacional, dos amparos son por casos de violencia obstétrica en Oaxaca, uno el caso de Irma que ustedes conocen y el de Alma Ruth, y un amparo en caso en contra de muerte materna en el estado de Yucatán.

Bueno, la verdad es que siempre todas las cosas negativas pueden transformar en oportunidades y creo que aquí hay una buena oportunidad para que la siguiente gestión de la CNDH no repita estos errores que estamos viendo unas por ley, algunas por la gestión.

Estoy segura que hay mucha gente comprometida y preocupada dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trabaje en la CNDH hace muchos años, 3 años en orientación y quejas y esto no me parece que aplica a todo el personal, pero hay algo que está pasando en la línea, sobre todo me parece el tema de perder de vista que la Comisión está para servir a las víctimas, que sí se tiene que cambiar.

Y finalmente decir, ¿a quién le rinde cuentas la CNDH? Porque es como, bueno, pues el amparo la CNDH nos dice que no es autoridad responsable, no puede ser sujeto de amparo; entonces, el consejo, ¿le hace caso la CNDH a su consejo? O sea, nos sitúa en una postura bastante complicada, porque no es tampoco tan evidente de a quién le rinde y a quién podemos acudir las organizaciones de la sociedad civil que estamos representando a víctimas para poder hacer de esta Comisión realmente el Ombudsman de todas las mujeres y todos los hombres de este país. Muchas gracias.

La moderadora diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido clara, precisa y concisa la intervención de Regina, ojalá tuviesen algunas preguntas.

Tenemos un método, al terminar sus intervenciones con todo gusto y por escrito fue el acuerdo que se dio al inicio del foro. Recibiremos todas sus propuestas y sus preguntas e inquietudes.

Voy a presentar ahora a la licenciada Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de CIMAC AC.

Ella es egresada de la carrera de sociología de la Escuela de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM. Tiene un diplomado Los derechos humanos en las nuevas reformas constitucionales de México, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es periodista, con 21 años de experiencia, especializada en periodismo con enfoque de género.

Entre los libros más recientes que ha dirigido es el Manual hacia la construcción de un periodismo no sexista, de CIMAC, Unesco; coordinadora editorial de Participación política de las mujeres 2009, Una mirada de los medios de comunicación.

Y ha sido ponente a nivel nacional e internacional sobre periodismo de género y estrategias de comunicación con perspectiva de género.

Ha sido jurado en diversos premios de periodismo nacional e internacional. Ha impartido diversos talleres sobre vocería y estrategias de comunicación para organizaciones sociales y políticas. Su trabajo periodístico le ha valido el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, Lucía, tienes la palabra, adelante.

La ciudadana Lucía Lagunes Huerta: En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Ojalá de verdad un poco –llegué antes de mi participación– y ojalá pudiéramos lograr de este foro una plataforma, porque se ha dicho algo muy importante sobre lo que necesitamos que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Me gustaría hacer –antes de iniciar mi intervención– dos recordatorios importantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una instancia que se crea a partir del empuje de las propias organizaciones sociales. La urgencia de contar con una institución que nos defendiera, que defendiera a las víctimas, que elevara la voz, que colocara en el centro de la discusión nacional aquello que está ocurriendo en este país, que es gravísimo, que es la violación de derechos humanos.

En ese sentido, creo que lo que hoy se diga tiene que ser absolutamente tomado en cuenta, no sólo por quienes están al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino por los legisladores, las legisladoras que van a tener en sus manos el cambio de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialmente en el sentido de la perspectiva de género.

Pareciera ser a veces que la perspectiva de género es un anexo que se puede incluir o no, algo que es poco relevante. Sin embargo, a raíz del trabajo o la falta y carencia de perspectiva de género, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que es fundamental que un requisito para quien quiera presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cualquiera tendría que ser la perspectiva de género porque sin eso no se entiende.

Voy a hablar específicamente sobre el tema de mujeres periodistas. Ya sé que hubo una mesa donde se habló sobre libertad de expresión. Normalmente, las mujeres periodistas nos quedamos englobadas en estos temas generales y hay poca revisión sobre la situación de las mujeres periodistas.

CIMAC, la organización que presido, es de las pocas organizaciones, si no la única, que ha colocado el tema de género en la revisión de la libertad de expresión y la violencia contra mujeres periodistas.

Lo que voy a hacer es referirme a los mandatos que tiene la comisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como mandato la evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, pese a ese mandato, no ha logrado hacer una mirada transversal del tema de género y mucho menos un análisis en libertad de expresión.

Si bien desde 1991 la comisión focalizó sus esfuerzos para la protección a periodistas y personas defensoras al crear el programa de agravios a periodistas y defensores civiles y desde 2005 crea la quinta visitaduría –cito textualmente– “con el objeto de estrechar vínculos entre organismo nacional y los dos grupos señalados anteriormente, el Programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos busca proporcionar atención personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación y miembros de los organismos civiles de derechos humanos con la finalidad de fortalecer la creación de un frente común en la defensa de los derechos humanos.

“Por ello este programa tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ambos grupos, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquieran mayor sensibilidad para las actividades realizadas por los periodistas y los defensores civiles”. Ni siquiera en el lenguaje nos reconocen a las mujeres periodistas; todo el tiempo está dirigido a los integrantes de los medios de comunicación.

Pero además del lenguaje andocéntrico en el que se encuentra redactado prácticamente todo el discurso de la comisión, no reconoce tampoco, entre los principios fundantes de su tarea en materia de libertad de expresión, la incorporación de la perspectiva de género, cuando tiene por mandato mirar el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. Tiene por mandato tener que mirar con perspectiva de género todo su trabajo y ni así lo reconoce.

Por el contrario, deja a un lado todo el tema de discriminación para las periodistas, quienes continúan, en la mayoría de los informes de libertad de expresión, en un segundo plano.

La violencia contra mujeres periodistas es alarmante. Hoy tenemos 90 veces más violencia contra mujeres periodistas que en el 2012 y la ceguera de género de las autoridades en general, incluida la CNDH, ni nos ve ni nos oye.

A las mujeres periodistas la autoridad judicial les falla todo el tiempo con el debido proceso, en la debida diligencia, así como en los principios de oportunidad oficiosa, competencia y exhaustividad.

Del 2002 al 2013, 56 por ciento de las periodistas violentadas fueron reporteras o son reporteras. Quienes tenían como fuente principal la política y cuyo tema de investigación era la corrupción. El 64 por ciento de los agresores fueron funcionarios públicos y las entidades federativas con mayor registro de violencia contra mujeres periodistas son Distrito Federal, Veracruz y Morelos, entidades en donde además existe el mayor registro de índice en feminicidio.

Pero eso no se cruza con la investigación que se tendría que hacer. Lamentablemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación número 20, sobre agravios a periodistas en México, la impunidad imperante… Que además la dan a conocer en diciembre, cuando prácticamente todo mundo estamos fuera, donde no se va a poder, si lo que se busca son reflectores… Es en ciertos casos y en ciertos temas. En algunos casos sí los atrae, como los que estaba señalando Regina Tamés, pero en otros, como esto, de que hablamos, de impunidad y de la carencia de justicia para periodistas, se da a conocer en diciembre, prácticamente pegado a Navidad donde, ustedes díganme, quién caramba va retomar el tema.

Pero ni siquiera en esta recomendación sobre impunidad se habla de la situación de las mujeres periodistas. Cuando hay casos tan ominosos, como lo señalaba hace un momento el compañero de Proceso, del caso de Regina Martínez o de Veracruz completo. Veracruz completo tendría que ser una entidad en la cual la comisión debería entrar. Pero tendría que entrar a Tamaulipas, tendría que entrar a Coahuila, al Estado de México, etcétera. Cada entidad en sí misma es un caso de investigación sobre lo que está ocurriendo con las mujeres periodistas, porque no hay una autoridad que esté haciendo el caso. Ni siquiera en términos…

Y aquí les comento. Cuando CIMAC empezó a hacer el primer registro de violencia contra mujeres periodistas, lo que hicimos fue solicitar a las instancias que tenían, que estaban involucradas, cuál es la perspectiva de género que estaban aplicando en la investigación-indagación de los casos sobre violencia a periodistas mujeres, y qué casos tenían. Lo sorprendente es que quien nos atendió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dijo que eso no lo tenían porque ellos no discriminan y atienden por igual a todo mundo. Ojo. Es la instancia encargada de evaluar el avance entre mujeres y hombres, es un mandato que se le dio; no debería contestar semejante cosa.

Me parece importante señalar que… y voy a retomar, porque lo tiene en su página web muy bien copiado de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque exactamente esto es lo que tendría que hacer en materia de libertad de expresión. Si lee con cuidado el párrafo, que no te lleva más de dos minutos, entendería muy bien qué hay que hacer. Dice, con relación al tema de incorporar la perspectiva de género:

“Incorporar la perspectiva de género es desarrollar metodologías y mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como la acción que debe hacer para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Esto está retomado en la propia página de CIMAC, de la CNDH, y luego dice sobre la transversalidad que tampoco lo pone en práctica, pues dice que para logara la transversalidad es necesario articular y lograr un proceso que permita garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas, culturales en las instituciones públicas y privadas.

Qué tendría que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos si quiere incorporar la perspectiva de género y lograr la transversalidad de género para efectivamente cumplir a más de la mitad de la población el trabajo que tiene que hacer, leer nuevamente e incorporar esta… en su trabajo que está haciendo.

Es urgente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos incorpore la perspectiva de género y más en el tema de libertad de expresión. No es posible que tengamos una comisión como la que tenemos y se dedique a hacer justificaciones de lo que ocurre con las mujeres en este país, y tal vez si no nos acordamos de Ernestina Ascencio, del papel que jugó la comisión, no entenderíamos de lo que estamos hablando.

No puede ser que una comisión que fue creada para defender a las víctimas se coloque del lado de los perpetradores y decida como ministerio público, que la muerte de Ernestina Ascencio tiene que ver con un problema de desnutrición y no por la violación sexual que fue ocurrida a manos de perpetradores. No puede ser que una comisión no escuche lo que esté ocurriendo con las mujeres periodistas en este país, que estamos invisibilizadas y no coloque en la recomendación lo que tendría que hacerse para en materia de protección.

Tiene una guía para proteger a periodistas, pero no incorpora la perspectiva de género. Lo han dicho las instancias internacionales, está la recomendación del comité de expertas de la CEDAW, si no se incorpora la perspectiva de género en las recomendaciones, en la evaluación de riesgo en materia de protección para mujeres periodistas, en estaremos siendo protegidas y serán entonces cómplices de lo que nos ocurra a las periodistas. Muchas gracias.

La moderadora diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Muy bien, muchas gracias. Hemos recibido algunas preguntas que les hemos dado a las panelistas. Nos ha llegado alguna aquí que dice: Un aspecto que requiere hacerse visible y aprovechando que nos encontramos en un recinto donde se crean leyes, es importante mencionar que los Poderes Legislativo federal y locales no han atendido la problemática de la violencia obstétrica, solamente el Código Penal de Veracruz tipifica la violencia obstétrica. Dónde queda el compromiso de nuestros legisladores hacia la sociedad y principalmente hacia las víctimas.

Nada más les quiero decir que la Comisión de Igualdad de Género ya recibió iniciativas precisamente, una es una minuta del Senado donde ya se incorporó la violencia obstétrica a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias, y además el diputado Mejía y otras diputadas han incorporado iniciativas para precisamente legislar en favor y en contra, por supuesto, para proteger la violencia obstétrica, que es evidentemente, como lo ha mencionado la doctora Regina Tamés, que es una problemática seria que estamos enfrentando las mujeres.

Aquí se han dicho cuestiones muy muy serias como el tema de la ceguera de género con la que está llevando a cabo su gestión la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la falta de atención a los casos de mujeres periodistas, el discurso androcéntrico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no visibiliza a las mujeres periodistas y cuando se le ha hecho una solicitud de información ha respondido la comisión que no discrimina y entonces da un trato igual a quienes son desiguales.

Por otra parte, también se ha hablado por parte de la maestra Regina Tamés de la falta de oficio por parte de la comisión para hacer públicas las recomendaciones, el tema de las negociaciones que se hacen al interior de la Comisión Nacional, las medidas de no repetición que no están visibles, que no son tangentes, que no son parte de su actuar y que deberían ser una parte esencial de la comisión.

Creo que los temas han sido muy muy bien presentados por ambas panelistas. Les voy a dar el uso de la palabra, tenemos cinco minutos para que nos hagan favor de contestar, a su criterio y como ustedes deseen, a las preguntas que les han hecho. Regina.

La ciudadana Regina Tamés Noriega: Bueno, ya. Muchísimas gracias. ¿En qué me baso? En que la Recomendación 20/2013 salió en diciembre y que no se incluyera en casos de mujeres periodistas. ¿Dónde la consulto? Pues en la recomendación. Es muy sencillo, pueden ver la recomendación, la pueden leer. Con mucho gusto los invito. En eso me baso.

Creo que aquí hay una pregunta donde está confundida la perspectiva de género con igualdad de género y equidad de género, son tres cosas distintas. Habría que revisar. Qué bueno que han leído a Alda Facio, lo cual me da muchísimo gusto, hay que releerla porque son tres términos distintos: uno es equidad, otro es igualdad y otro es perspectiva de género.

Dice que por qué insisto en hablar de transversalidad de la perspectiva de género cuando Alda Facio y Evangelina García han señalado que éste es un concepto inadecuado y que lo que se debe transvesalizar es la igualdad de género. ¿No es esto como confundir igualdad y equidad? Incorporar la… No, ya no entendí la letra.

A ver, creo que hay mandatos distintos que están claramente señalados en su propia legislación y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está reconociendo como mandato. Uno tiene que ver basado en la Ley de Igualdad que tiene que incorporar la perspectiva de género.

Podemos después discutir si esto es atrasado o no, de entrada tiene una obligación y tiene que cumplir con ella. Creo que es así de elemental. Después podemos hacer una discusión sobre igualdad y equidad, son conceptos distintos, y transversalidad.

Me informan, porque eso es lo que hace, que en materia de igualdad de género la Comisión de Derechos Humanos, ojalá fuera pública esta observación y no tuviéramos que hacer un foro para enterarnos de lo que está haciendo. Sería muy bueno para todo mundo saberlo, pero se los comparto.

Decía que el año anterior se enviaron 202 solicitudes de información, la comisión mandó teniendo un índice de respuesta de 80 por ciento. Este año se han enviado 135, de los cuales se han dirigido a las instancias locales encargadas de la observancia, autoridades que no sabían que tenían esta facultad, me parece que es mucho dinero para informarle a la autoridad que tiene una tarea que hacer, cuando lo que hay que hacer es cómo carambas quitar la desigualdad entre mujeres y hombres. Muchas gracias.

La ciudadana Lucía Lagunes Huerta: Yo voy a tratar de dar respuesta a las preguntas. ¿Quién debe hacer la reparación? Evidentemente el estado que violentó los derechos de las personas, pero la CNDH puede tener un papel muy importante en acompañar a la víctima para que no tengan que tener abogado, porque además siempre la CNDH le dice que no necesita abogados para acompañarlas a ver cómos se hace este tema de la reparación del daño, o sea, el dinero económico que finalmente las víctimas van a recibir por reparación del daño.

Siempre consideran el principio, yo dije por persona, y aquí le va a encontrar a Lucía, porque me pregunta el principio Promine, no dice Prominom, porque no tiene perspectiva de género. Es la peor pregunta que me pudieron haber hecho a mí, es principio por persona.

La idea es que la comisión incluso pudiera ser… la recomendación pudiera ser un documento que sienta precedentes de qué es violencia obstétrica, se habla un montón en los medios, se ha discutido y la CNDH tampoco es clara en poder decir qué es la violencia obstétrica, se puede citar la Convención de Belém Do Pará, decir que la violencia obstétrica es violencia institucional, que no se está inventando aquí nada nuevo.

En ese sentido es cómo ir más allá de lo que ya todos sabemos para poder poner estándares más altos a partir de la recomendación y que fueran documentos de referencia, no sólo para las víctimas, sino también para las organizaciones.

El copy-paste, que me preguntan cuál son las recomendaciones copy-pasteadas que yo conozco, que nosotras llevamos, son el de Alma Ruth y de Irma, de Oaxaca. Los hechos cambian, la narración del hecho, pero al final, digamos, el copy-paste está en las recomendaciones, se hacen las mismas recomendaciones.

Sí, no se dice “negociar”, es “conciliar”. Al final está fundamentado en ley, yo lo que propongo y que aquí es una tarea de acá, es que no exista la posibilidad de conciliar, porque ya hay otras instancias que están dedicadas a eso y la CNDH está ahí para las medidas de no repetición, cosa que no se puede lograr con la conciliación.

Aquí me vuelven a decir, efectivamente, que los casos los atraen por la gravedad, en lugar de que lo lleven los estados. Mi pregunta es ¿cuáles son los criterios de cuáles son graves? Porque para mí todas son graves. Habría que ver más bien en donde no se duplican, porque entonces para qué queremos comisiones estatales, es un poco la pregunta, no está mal que las atraigan, el problema es que no hay criterios claros de cuáles se deben de atraer y cuáles no se atrae.

Finalmente, ahí sí lo siento, pero me parece hasta ofensivo, yo le creo a mis representadas que no son consultadas, que bueno que son algunas visitadas, en el caso de las que yo estoy representando, no son consultadas y son visitadas… a nosotras por lo menos no nos han dicho y yo le creo a la víctima, no comprenden la recomendación.

Entregarles un papel y decirles que hubo violaciones a derechos humanos, no es suficiente para el caso que nosotras estamos viendo. Quizá estoy generalizando, pero bueno, lamentablemente hemos visto que somos varias las organizaciones que nos estamos quejando de lo mismo.

La moderadora diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Muchas gracias. Agradezco tanto a la licenciada Lucía Lagunes, como a la maestra Regina Tamés. Le cedo la palabra a quien está coordinando este evento, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y agradezco de verdad esta invitación. Muchas gracias.

El moderador diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a los asistentes, a las organizaciones no gubernamentales, a los académicos, tantos nacionales como de organismos internacionales.

Este foro no tenía mayor pretensión que evaluar desde una perspectiva de la sociedad civil y de las organizaciones, en el Poder Legislativo, temas de relevancia pública, como son los temas que tienen que ver con migrantes, con el tema de desaparición forzada, con el tema de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, el tema de la igualdad de género, el tema de la transparencia.

Evidentemente, es una agenda que no concluye el día de hoy, vamos a editar una memoria de este coloquio, que va a ser pública y además la vamos a poner a disposición de los ciudadanos y de los interesados a través de Internet.

Nosotros consideramos que éste es un diagnóstico de la sociedad civil y de legisladores que hemos estado interesados en este tema. Consideramos, es nuestra opinión, que hay que revisar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Nosotros creemos en una Comisión de Derechos Humanos fortalecida, en un ombudsman que sea un auténtico defensor de los derechos del pueblo. No estamos en contra de la institución, estamos en contra de la mala dirección que hay actualmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Nos gustaría que la CNDH cumpliera a cabalidad lo que dispone el artículo 102 constitucional y, desde luego, que respetamos al personal de carrera en la institución, pero creemos que quienes son nombrados tienen que rendirle cuentas al pueblo y atender las convocatorias que le hace el Poder Legislativo o algunos legisladores.

Nosotros consideramos que la CNDH y su titular Raúl Plascencia Villanueva no escuchan ni aplican la reforma constitucional de 2011, no aplican el principio de expeditez, y no responde a las invitaciones que le hacemos.

Invitamos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, a un diálogo público con legisladores y representantes de las organizaciones no gubernamentales, para que directamente él como titular conteste las preguntas que se le han hecho, y que acredite en su tiempo, formalmente, a la gente que debe ser. Que no envié gente a tratar de boicotear foros que se hacen en la Cámara de Diputados.

Muchas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo foros y eventos, para que se pueda difundir el trabajo de la Comisión. Muchas gracias.

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