Exhorto al C. Lic. Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a que en el marco de sus facultades reconozca la gravedad del delito de desplazamiento forzoso que se vive en la entidad, mismo que ha afectado a quienes habitan nuestro estado de manera grave en los últimos años, sin que hasta el día de hoy se tomen las medidas necesarias para ello.

CC SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

El suscrito Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 fracción I de la Constitución Política del Estado y los artículos 126 fracción II, 127 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, someto a consideración de esta Soberanía Popular, la presente propuesta de Acuerdo Parlamentario al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

De acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), pero los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aún en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida.

La diferencia entre los desplazados internos y los refugiados radica en que cuando un civil que huye cruza la frontera internacional de su país, ella o él se convierte en un refugiado y, como tal, recibe protección internacional y ayuda; pero si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro de su país, se convierte en desplazado interno.

En México, el fenómeno del desplazamiento interno forzado se ha acrecentado por factores como la estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) que recrudeció la lucha de los grandes carteles por las rutas de distribución, o la fragmentación de los grupos de delincuencia organizada que –divididos en pequeños grupos- comenzaron a extorsionar, amenazar o cobrar derecho de piso a los habitantes de pequeñas comunidades.

La presencia del ejército mexicano ejerciendo tareas de seguridad pública que aún permea a la fecha en el gobierno de Enrique Peña Nieto (aún cuando la Constitución lo prohíbe expresamente en los artículos 21 y 129) ha generado serias afectaciones a los derechos humanos de las personas, y por consecuencia ha producido más inseguridad.

Ciertas violaciones graves a los derechos humanos (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, entre otras) cometidas por autoridades de los tres niveles de gobierno (municipales, estatales y federales), han sido señaladas en algunos contextos como generalizadas o sistemáticas. Por ejemplo, miles de civiles han muerto en fuego cruzado o como víctimas directas de las autoridades o del crimen organizado; se habla de más de 26,000 casos de desaparición de los cuales no se cuenta con información sobre en cuántos de ellos están siendo juzgados los responsables del delito (lo cual impide excluir la posibilidad de la participación de autoridades), un incremento de arriba del 500% en el número casos de tortura, entre otros.

Tras años de dedicada investigación y seguimiento de casos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha recopilado información que indica que de 2011 y hasta febrero de 2015, 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados de la República mexicana como consecuencia de la violencia[i], aunque este número no es exhaustivo por los casos que no se conocen o denuncian.

Esta alarmante cifra se obtuvo a partir de una sistematización y análisis de estudios e informes elaborados por académicos e instituciones dedicadas a la investigación, así como a través del seguimiento permanente de notas periodísticas.

Conforme a dicho análisis, el desplazamiento interno forzado más recurrente, invisible y por lo tanto no registrado, es el que se presenta gota a gota, es decir cuando núcleos familiares pequeños abandonan su comunidad de origen, de manera aislada. Sin embargo, de la cantidad total mencionada, cerca de un tercio corresponde a 141 casos de desplazamientos masivos que se han registrado en 14 de los 32 estados del país.

Los desplazamientos masivos consisten en el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común, y los mismos han tenido lugar principalmente en los estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Entre 2008 y 2014 se documentaron 121 desplazamientos masivos en México, representando un total de casos conocidos que asciende a la cantidad de 89 mil 859 personas que salieron de sus comunidades al mismo tiempo[ii].

La quinta parte de esos  desplazamientos (el 21 por ciento) ocurrió en Guerrero, nuestro Estado en el último año duplicó su récord y se convirtió en el líder del desplazamiento forzado por la violencia en México.

Según los datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Guerrero también concentró 40% de los 23 desplazamientos masivos que hubo en el país entre enero de 2014 y febrero de 2015 y que implicaron el destierro de más de 9 mil personas. Los mayores desplazamientos del estado ocurrieron en los municipios de Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco.

Es necesario señalar que las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia, debido a que los gobiernos locales han demostrado que carecen no solo de capacidad, sino de voluntad para garantizar y proteger los derechos de esta población.

El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

En septiembre del 2005 en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Jefes de Estado y de gobiernos reconocieron los  Principios Rectores de los Desplazamientos Internos como “un marco internacional de importancia para proteger a las personas desplazadas dentro de sus países”[iii].

Los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU reconocen los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas internamente desplazadas e identifican los derechos que les asisten durante todas las etapas del desplazamiento. Dichos Principios definen al desplazamiento interno forzado como:

“(…) personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.”[iv]

Dichos Principios también establecen la prohibición del desplazamiento arbitrario de poblaciones y subrayan la obligación que tienen los Estados de “prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas”; además de establecer que los derechos de las personas desplazadas ser respetados durante el desplazamiento, la asistencia humanitaria que se les debe proporcionar y las condiciones que se les debe garantizar respecto a su regreso y reintegración.

Por su parte, el Estatuto de Roma incluye al desplazamiento forzado como uno de los actos entendidos como crímenes de lesa humanidad cuando se comete “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”[v]; establece que:

“(…) se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”[vi].

Como ya se ha mencionado, el estado de Guerrero tiene el índice más alto de desplazados internos de México, sin embargo, no contamos con una política integral que incluya los diagnósticos precisos a nivel estatal, así como las leyes que detengan la comisión de este delito de lesa humanidad que, junto con la desaparición forzada, se desarrolla en nuestra entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de ésta Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a su ámbito de competencia exhorta respetuosamente al C. Lic. Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a que en el marco de sus facultades reconozca la gravedad del delito de desplazamiento forzoso que se vive en la entidad, mismo que ha afectado a quienes habitan nuestro estado de manera grave en los últimos años, sin que hasta el día de hoy se tomen las medidas necesarias para ello.

Asimismo, que gire instrucciones para que las Secretarías pertinentes elaboren y hagan público un informe en el que se detalle –por municipio-, la situación que se vive en la materia, dando a conocer las comunidades más afectadas por la comisión de dicho delito.

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, para los efectos precisados en el numeral único del presente Acuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado y difúndase a través de los medios de comunicación.

Chilpancingo, Guerrero, a 08 de diciembre de 2015.

 

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

[ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PROPUESTA DE ACUERDO PARLAMENTARIO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. LIC. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES RECONOZCA LA GRAVEDAD DEL DELITO DE DESPLAZAMIENTO FORZOSO QUE SE VIVE EN LA ENTIDAD, MISMO QUE HA AFECTADO A QUIENES HABITAN NUESTRO ESTADO DE MANERA GRAVE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SIN QUE HASTA EL DÍA DE HOY SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELLO. PRESENTADA ANTE EL PLENO POR EL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2015]

 


 

[i] Cifras disponibles en el sitio http://cmdpdh.org/2015/02/en-mexico-281-mil-418-personas-son-victimas-del-desplazamiento-interno-forzado-por-la-violencia/ [Consultado el 05 de diciembre de 2015].

[ii] “Desplazamiento interno forzado en México”, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, presentado en febrero de 2015.

[iii] Walter Kälin, “Guiding Principles on Internal Displacement: The Way Ahead”, Proceedings of the Annual Meeting (Ame- rican Society of International Law) Vol. 102, 2008, p. 199.

[iv]Principios Rectores del Desplazamiento Interno, disponibles en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022, [Consultado el 5 de diciembre de 2015].

[v]Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, disponible en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf,[Consultado el 5 de diciembre de 2015].

[vi] Ibidem