Exhorto al Gobierno Federal para que acepte las recomendaciones del INFORME de la CIDH.

Exhorto al Gobierno Federal para que acepte las recomendaciones del INFORME de la CIDH.

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

 

El suscrito Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confiere el artículo 127 párrafo cuarto, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, someto a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente propuesta de Acuerdo Parlamentario al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En marzo de 2015, Juan Méndez, Relator especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que en México la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son ‘‘generalizados[i]’’ y ocurren en un contexto de impunidad.

En su reporte señaló que hay evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Incluso, señaló que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe la tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el gobierno mexicano en voz de Jorge Lemónaco[ii], representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, con el respaldo del propio Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade[iii], quien incluso puso en tela de juicio la reconocida trayectoria internacional del Relator Juan Méndez.

Estas fueron las dos primeras señales negativas que este gobierno diera a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, a las que se sumara de manera posterior Roberto Campa Cifrián, afirmando que “las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, las soluciones que vengan de fuera sustituyendo las obligaciones de los mexicanos son siempre salidas fáciles que conducen al fracaso[iv]”, en respuesta al informe Preliminar[v] presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, tras una semana de visita in loco (observación de terreno) a México concluyó que existe una grave crisis de derechos humanos en nuestro país, caracterizada por una extrema situación de violencia e inseguridad, falta de acceso a la justicia e impunidad.

Campa Cifrián afirmó que el informe preliminar no refleja la situación general del país, pues se circunscribe a zonas y regiones del país en donde se tienen enormes retos como en Guerrero, pero el caso de Ayotzinapa es una situación extraordinaria que no tiene posibilidad de compararse con otra en el país, ni por ella se puede considerar que la situación es generalizada a nivel nacional.

Tras sistematizar la información recabada, el miércoles 2 de marzo del presente año la Comisión hizo público el informe definitivo, “Situación de derechos humanos en México[vi]”, en donde documentó los casos más recientes de violencia extrema, enmarcándolos en un contexto de impunidad que ha imperado en nuestro país por décadas.

En el informe, la Comisión afirma que esta violencia es generada por autoridades del Estado como la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM, ya que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

En cuanto al Ejército, la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, agregando que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.”

El informe aborda una multiplicidad de problemáticas que van desde la reciente y alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos vulnerables -personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado-; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional.

Conforme a la CIDH, todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia, lo que ha provocado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

No es de sorprender que este informe también fuera rechazado, como lo han sido todos los informes internacionales previos durante este gobierno, por la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), quienes emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México[vii]”.

También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.

El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha concretado avances importantes en materia de derechos humanos, especialmente desde la reforma constitucional del año 2011, también es cierto que a diario, en distintos sitios de nuestro país ocurren violaciones a derechos humanos sin que hasta el momento las autoridades respondan con la celeridad o la eficiencia necesaria.

También es cierto que en 2014, tras los hechos ocurridos en Iguala, que ocasionaran la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes, las autoridades aseguraron que se tomarían las medidas necesarias para que los hechos no se volvieran a repetir, sin embargo, 5 jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, también con la complicidad policiaca vinculada al crimen organizado y hoy se les presume muertos, en la misma forma en la que se ha dicho que sucedió a los estudiantes normalistas.

La necesidad de que el gobierno federal acepte esté informe va mucho más allá de la opinión pública nacional o internacional, sería la primera muestra real y contundente de que este gobierno está dispuesto a garantizar la defensa de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, y sería también la mejor muestra de un verdadero compromiso con las víctimas que, en la inmensa mayoría de los casos, no han recibido justicia.

El 7 de octubre de 2015 concluyó la visita oficial a México de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su conferencia de prensa final, afirmó [se cita de manera no textual] que no existe vergüenza alguna en que un Estado solicite ayuda internacional para enfrentar sus obligaciones en derechos humanos.

Esta frase contiene en sí misma información sumamente valiosa, pues el gobierno mexicano no ha emprendido acciones efectivas que indiquen que la defensa de los derechos humanos va más allá de un discurso oficial sobre la apertura a los mecanismos internacionales, sin que en el fondo exista una aplicación real y eficiente de los mismos.

Ra’ad Al Hussein reafirmó que existe un consenso entre los mecanismos internacionales sobre la gravedad de la crisis en México, a pesar de la intolerancia mostrada por las autoridades para aceptarlo. Realizó un llamado expreso para que se pueda privilegiar un diálogo sustantivo sobre la esencia de los problemas en los casos específicos en donde el gobierno discrepe con las conclusiones de los mecanismos y, concluyó que: “En lugar de matar al mensajero enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México[viii].”

Esta afirmación confirma que es urgente e impostergable que las autoridades mexicanas (al igual que algunos sectores nacionales) reconsideren la malentendida concepción de “soberanía nacional”, para reconocer la oportunidad que implica la asistencia internacional en materia de derechos humanos. Tal como lo enfatizó el Alto Comisionado, esta sería, en realidad, una señal de fortaleza y no de debilidad por parte del Estado mexicano.

La asistencia técnica en derechos humanos es una de las apuestas más importantes de la comunidad internacional en la materia. En términos generales, su objetivo principal es fortalecer a las instituciones públicas y a otros actores nacionales, como condición indispensable para un efectivo respecto y garantía de los derechos de las personas.

Desde esta perspectiva, las acciones de asistencia son un complemento necesario y nunca sustituto de otros mecanismos de monitoreo, vigilancia o protección internacional de los derechos humanos, incluidas las medidas cautelares o provisionales, las quejas individuales, las visitas in loco o los informes periódicos. Por supuesto tampoco son un sustituto de las responsabilidades internas de los propios Estados sujetos a esta cooperación.

Existen aún grandes pendientes en materia de armonización de nuestra legislación conforme a los estándares que marcan los tratados internacionales que hemos firmado. No es exagerado afirmar que hasta que esta condición no se cumpla, los avances que hasta ahora hemos conseguido no serán suficientes y se mantendrán solamente en el nivel superior de una reforma que necesita profundizarse y echar raíces en todo un sistema nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 127 párrafo cuarto, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, me permito someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

ACUERDO PARLAMENTARIO

 

ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta  con pleno respeto a los órdenes de gobierno y la división de poderes al Licenciado Enrique Peña Nieto, Titular del Poder  Ejecutivo Federal, a que en el ámbito de sus facultades, acepte como Titular del Estado mexicano las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Situación de derechos humanos en México”, a fin de que todas las autoridades puedan implementar las recomendaciones respectivas, para garantizar que la cooperación internacional a la que México está obligado como Estado firmante pueda surtir efectos en nuestro país y se garantice la implementación de protocolos con los más altos estándares internacionales en todas las áreas señaladas por dicho informe.

 

Asimismo, a que  gire instrucciones a fin de que los titulares, Licenciado  Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación, a la Licenciad Arely Gómez González, Titular de la Procuraduría General de la República y la Licenciada Claudia Ruíz Massieu Salinas, Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, acepten las recomendaciones planteadas en el citado informe y fortalezcan la relación con las instituciones internacionales con las que México ha firmado acuerdos de cooperación a los que debe dar cumplimiento.

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo, al Licenciado Enrique Peña Nieto, Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Licenciado  Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación, a la Licenciad Arely Gómez González, Titular de la Procuraduría General de la República y a la Licenciada Claudia Ruíz Massieu Salinas, Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para los efectos conducentes.

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

 Chilpancingo, Guerrero, a 07 de marzo de 2016.

 

A T E N TA M E N T E

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

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