PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA A QUE INVESTIGUE Y PERSIGA EL CASO DEL ASESINATO DEL LÍDER COMUNERO OCTAVIO ATILANO ROMÁN TIRADO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Octavio Atilano Román Tirado, líder de los comuneros de la Presa Picachos, en el estado de Sinaloa, falleció en un hospital privado, la mañana del pasado 11 de octubre tras haber recibido “dos impactos, uno en el cuello y el otro en la cara, por dos hombres armados cuando se encontraba en el programa ‘Así es mi tierra’, que se transmite todos los sábados en la estación de radio Fiesta Mexicana de ABC Radio”.[1]

Cabe destacar que el activista de 47 años, “se convirtió en líder del movimiento de comuneros de la presa Picachos, cuando el gobierno estatal encabezado por Jesús Aguilar Padilla, incumplió con los acuerdos a los que habían llegado con los pobladores de las comunidades afectadas por la construcción de embalse, para el pago de indemnizaciones.”[2]

Encabezó varias protestas contra los representantes del gobierno estatal, municipal y diversas dependencias a partir de 2009 cuando se inundó el embalse de la presa Picachos y mil 900 hectáreas de la comunidad San Marcos quedaron bajo el agua. Unas 800 familias perdieron todo.

Los afectados se organizaron en el Movimiento de Desplazados por la Presa Picachos donde participó activamente con los habitantes de las seis poblaciones afectadas (cuatro de Mazatlán y dos de Concordia).[3]

Ante ello, cientos de vecinos exigieron a las autoridades que se otorgaran viviendas y servicios a los damnificados, a la par de que impulsaban la creación de cooperativas para contar con una fuente de trabajo para las familias afectadas; sin embargo, aún la semana pasada no se les había otorgado el permiso de pesca comercial, por lo que realizaron nuevas manifestaciones.  Sin embargo,

En marzo de 2009 el movimiento sufrió el primer gran golpe al ser asesinados en la Maxipista Mazatlán-Culiacán seis comuneros, en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre integrantes de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Debido a que el Gobierno estatal trató de criminalizarlos, Román Tirado se enfrascó en una guerra de declaraciones con autoridades estatales.[4]

Asimismo, “Atilano Román acusó (hace un año) a funcionarios del gobierno estatal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) de estar involucrados en la autorización de permisos a gente extraña.”[5]

Cabe destacar que Román Tirado, junto con otros tres comuneros, debían presentarse mes con mes al juzgado noveno para dar continuidad a un juicio que presentaban en su contra bajo la acusación de haber obstruido vías de comunicación, esto por una marcha en la carretera Mazatlán – Durango, en 2012 y, donde fueron detenidos más de 130 pobladores, de los cuales “encarcelaron a 30, de los cuales 26 obtuvieron la libertad bajo fianza. Los otros cuatro permanecieron 19 días en prisión, entre ellos Atilano, Hortensia Gutiérrez, José Osuna y otro compañero, quienes salieron bajo caución pero se les seguía el juicio.”[6]

De igual forma, en 2013, Atilano fue de nueva cuenta detenido, ahora en las propias oficinas de gestoría de las cooperativas de la presa, acusado de tratar de manifestarse en las fiestas del carnaval. Él, junto con 28 personas fueron liberadas tras el pago de fianza.

En dicho tenor, Óscar Loza Ochoa, activista y miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CDDH), aseveró que “la muerte de Atilano Román […] es un mensaje claro y directo contra la libertad de expresión, contra los activistas y contra las personas que resultan incómodas para el Gobierno”.[7]

Al respecto, es necesario destacar que el asesinato de Octavio Atilano Román Tirado, se suma de manera desafortunada, a los cientos de casos de activistas y personas defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados a causa de su ardua labor; por ello es fundamental que, quienes realizan esta valiente labor, cuenten con los mecanismos de protección necesarios para su ejercicio, razón por la cual el Estado mexicano debe velar por la integridad de las personas que se dedican a estas actividades y de sus familias.

En dicho tenor y, acentuando la preocupación que Movimiento Ciudadano tiene por asegurar la integridad de quienes día a día luchan para erradicar las injusticias en nuestro país, presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a que investigue y persiga el caso del asesinato del líder comunero Octavio Atilano Román Tirado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14  días del mes de octubre de 2014.

[1] La Prensa, “Asesinan a Atilano Román en Mazatlán”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3568057.htm

[2] Proceso, “Sicarios irrumpen en programa de radio y ejecutan a líder comunero en Mazatlán”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=384469

[3] La Jornada, “En cabina de radio matan a dirigente comunero de Picachos, Atilano Román”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/10/12/estados/030n1est

[4]Sin Embargo, “Inconformarse en México cuesta la vida: la CDDH tras ejecución de líder en Sinaloa”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/12-10-2014/1141132

[5]Ídem.

[6]Ídem.

[7] Sin Embargo, Op. Cit.