PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A PROCURAR LA JUSTICIA AMBIENTAL, EN TODOS LOS CASOS DE DAÑO EN CONTRA DEL AMBIENTE, MEDIANTE LA APLICACIÓN EXPEDITA DE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA Y A RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA, TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A HACER PÚBLICOS LOS INFORMES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS A RAÍZ DE LAS QUEJAS RECIBIDAS POR DAÑO AMBIENTAL.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 7 de agosto, la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que afectó aproximadamente a 22 mil personas, provenientes de los municipios: Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo.[1]

Este hecho alertó a las autoridades sobre lo grave que resultan este tipo de hechos y, sobre todo, de la urgencia para hacer las investigaciones correspondientes y fincar responsabilidades. En dicho sentido, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, define como daño al ambiente:

Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan.

Asimismo, contempla los elementos relacionados con “la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales […], los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que no correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”.

Si bien ya se han abierto las investigaciones sobre este caso, considerado como el peor desastre ecológico minero de México, es necesario destacar que este hecho se suma a, por lo menos, los mil 1124 casos de daño ambiental que según la organización internacional Greenpeace ha documentado durante la administración de Enrique Peña Nieto; siento el último lo ocurrido en el río San Pedro, ubicado en el municipio de San Francisco de los Romos, Aguascalientes, donde se detectó la contaminación proveniente de la volcadura de un tráiler que transportaba 44 contenedores de polímero.

El grupo ambientalista informó que en el país, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 m3 en 2011. Además, informó que de acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos presentan algún grado de contaminación.[2]

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la Sexta Visitaduría General, ha abierto 11 expedientes de queja referentes a 182 hechos violatorios al medio ambiente en lo que va del año[3]; sin embargo no ha sido lo suficientemente enérgica en sus recomendaciones y, en casos específicos como por ejemplo la aprobación de la implementación del fracking en nuestro país, no ha emitido recomendación o posicionamiento alguno, a pesar de que dicha técnica viola, por lo menos, 19 derechos humanos.

Al respecto, es urgente que los organismos encargados de velar por la protección del ambiente, así como los creados para vigilar el estricto cumplimiento de los derechos humanos, trabajen en concordancia para garantizar las condiciones que permitan cumplir con lo estipulado en la normatividad nacional e internacional; dando a nuestro país la tranquilidad de que en materia ambiental contamos con los mejores estándares para su cuidado y preservación.

Por ello y por las razones previamente expuestas, presentamos a esta Asamblea el siguiente resolutivo con

                                  PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a procurar la justicia ambiental, en todos los casos de daño en contra del ambiente, mediante la aplicación expedita de la legislación en la materia.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hacer públicos los informes y recomendaciones emitidas a raíz de las quejas recibidas por daño ambiental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 17  días del mes de septiembre de 2014.

[1] Sin Embargo, “El gobierno de EPN lleva 1,124 casos de daño ambiental: Greenpeace; el último es de esta semana en Aguascalientes”; [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/13-09-2014/1116170

[2] Sin Embargo, Op. Cit.

[3] La Crónica de Hoy, “Recibe la CNDH 111 quejas este año por violaciones al medio ambiente”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/856774.html