PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD CON LA FINALIDAD DE ESCLARECER, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LOS HECHOS RELATIVOS A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL ESTADO DE GUERRERO.

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

A doscientos años de la proclama de Los Sentimientos de la Nación, emitida por José María Morelos y Pavón y que fuera aprobada por el Congreso de Anáhuac 13 de septiembre de 1813, en la catedral de Chilpancingo, el proyecto de transformación de México rumbo a un país soberano, como producto de la revolución independentista, está lejos de consolidarse.

En particular, sobre la población de Guerrero existe una desigualdad social sin precedentes, que sólo es equiparable con la situación que se vive en los estados de Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Desde la creación del estado el 27 de octubre de 1849, los caudillos emergimos de las guerras de independencia y Reforma, impusieron su dominio personal, alejándose de las luchas que representaban e instituyéndose en la encarnación de los caciques, como figuras de gobierno, que dejaron de busca el beneficio colectivo y perseguían sólo el beneficio propio y familiar.

Guerrero, a más de una centuria y media, es manejado como un feudo por parte de los grupos caciquiles o de gobierno, que sin miramientos emplean al Ejército y a las corporaciones policiacas como guardias personales.

El periodo que en México es conocido como ‘guerra sucia’ y que abarca década y media –desde fines de los sesentas a principios de los ochentas-, es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular.

Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho.

Actos de tal suerte que implican crímenes de lesa humanidad, que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones de no repetición.

Durante este periodo se configuró un grave esquema de acciones que implican las instituciones del Estado. Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales, haciendo uso de sus recursos y cobijo, cometiendo con ellos crímenes de manera sistemática que agraviaron a diversos sectores de la población, llevando a prisión a los principales líderes de dichos movimientos.

Al ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como conflicto interno, donde se cometieron terribles crímenes que transgreden el orden constitucional nacional y el orden internacional, por lo que son considerados como de lesa humanidad e imprescriptibles.

Ante estos hechos no debe sorprendernos que desde los tiempos independentistas y hasta nuestros días, Guerrero sea cuna de movimientos sociales, magisteriales, estudiantiles, gremiales, políticos y armados, que hablan de la resistencia y valores de un pueblo que no se rinde y que tiene un valor inagotable.

Desde la fundación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) por parte del maestro Genaro Vázquez Rojas, para luchar contra los bajos precios que pagaban las empresas norteamericanas al comprar la copra (médula del coco de la que se extrae aceite) y otros productos agrícolas; y con la posterior fundación de la Central Campesina Independiente (organización agraria a nivel nacional) y la Acción Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), los grupos comenzarían a organizarse en su lucha contra la represión gubernamental sistémica.

Otro maestro, Lucio Cabañas Barrientos, trata de organizar políticamente al pueblo en Atoyac, Costa Grande, a través del Partido de los Pobres (PDLP), una forma de organización estudiantil y campesina en lucha contra los terratenientes que explotan a los campesinos.

En sus clases, el maestro rural exhorta a sus alumnos a la instalación de un nuevo régimen, en el que no tuvieran cabida los ricos y en el que se expropiaron las fábricas para cederlas a los trabajadores, proponiendo, además, reformas financieras, judiciales, educativas y sociales enfocadas al bienestar de los trabajadores, campesinos y mujeres, y el cambio de la política de dependencia de México hacia Estados Unidos. Todo esto provoca su expulsión del estado a una escuela de Durango durante un tiempo, antes de regresar gracias a la presión de sus alumnos.

Estos dos hechos fueron el inicio de la lucha guerrerense moderna, por terminar las opresiones ancestrales que sufre la población.

En los años siguientes, Lucio Cabañas Barrientos opera en la Costa Guerrerense, sus Brigadas Campesinas Justicieras atacan a batallones del Ejército Mexicano y unidades de la policía, robando bancos y secuestrando hacendados, ganaderos y comerciantes, manifestándose siempre contra el gobierno local. Se convierte en uno de los principales enemigos del gobierno, y por eso el Ejército Mexicano no deja de buscarlo.

El 22 de abril de 1968Genaro Vázquez Rojas, que había sido detenido, es liberado de la cárcel por un comando armado integrado por sus compañeros. A partir de esta fecha sigue luchando desde la clandestinidad y con las armas, para ser muerto el 2 de febrero de 1972, como consecuencia del acoso en la carretera México-Morelia. Tenía 35 años.

Posteriormente, el 30 de mayo de 1974, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos secuestra al senador priísta y candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa para presionar al gobierno. Lo liberan 100 días después, el 8 de septiembre, tras la entrega de 50 millones de pesos.

Poco después, Lucio Cabañas Barrientos y sus hombres se refugian en el municipio de Técpan de Galeana. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz lanza contra él más de cinco mil soldados. Un primer enfrentamiento con los soldados tiene lugar el 11 de octubre de 1974 en el cerro Achotla, del cual Lucio logra escapar con tres heridas en la pierna izquierda. El Ejército Mexicano lo pierde de vista durante varias semanas. El 30 de noviembre, gracias a un delator, los soldados encuentran de nuevo a los rebeldes. Lucio tiene 17 bajas, pero logra escaparse otra vez, con 3 de sus milicianos.

Sin embargo, el comandante de la XXVII Zona Militar, el General Eliseo Jiménez Ruiz, toma como rehenes a 4 chicas de 16 a 20 años en el pueblo de Guayabito y amenaza con torturarlas, violarlas y matarlas si nadie le informa sobre el paradero del guerrillero. Al día siguiente el comisario municipal de Guayabito revela al general el lugar donde se encontraba Lucio, dándole muerte el 2 de diciembre de 1974.

Guerrero es claro ejemplo de que la lucha social es reprimida por todos los medios, y que lejos de llevar a los dirigentes a juicios justos, sin ser torturados y empleando los máximos estándares de justicia, se prefiere su eliminación por medio de la violencia y la amenaza.

Años después, ante la crisis de seguridad por el crecimiento incontrolable de las organizaciones criminales en los 81 municipios de Guerrero y frente a la ineficiencia, la arbitrariedad y complicidad con la que se ha comprobado en reiteradas ocasiones que actúan las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina, amplios sectores de la población han optado por organizarse y por asirse a sus propios mecanismos de defensa, creando sus grupos de auto protección, al margen de las autoridades oficiales.

Los grupos de autodefensa que han surgido en el estado son la expresión del fracaso de las políticas de seguridad implementadas desde las altas esferas del poder, que no han atendido los reclamos y propuestas de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Las autodefensas son, en resumidas cuentas, la respuesta contundente e una población mayoritariamente pobre que ante las fallas del gobierno, de los tres niveles, que ha dejado de lado la responsabilidad de velar por la vida y la seguridad de las personas.

En 2011 se comenzó a registrar el desplazamiento forzado de familias guerrerenses por la violencia ejercida por diversos grupos criminales y los casos se centraron particularmente en comunidades ubicadas en parte de la sierra.

El primer caso reconocido se dio en abril 2011, en donde después de cerca de una decena de hechos violentos, entre emboscadas, asesinatos y la desaparición de un ambientalista, 107 personas fueron desplazadas de las comunidades serranas de La Laguna y Morena, en el municipio de Coyuca de Catalán, y reubicadas en Las Ollas, en Petatlán.

Esos casos fueron reconocidos por la federación y por el propio gobierno estatal que incluso prestó ayuda a estas familias para su éxodo a través de la Subsecretaría de Protección Civil.

Después, en diciembre de 2012, 105 personas dejaron también sus hogares a causa del asesinato de un activista y las amenazas recibidas en las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, también en la Tierra Caliente guerrerense. Los casos continuaron en los siguientes años y el 18 de julio del 2013, al menos 500 personas fueron desplazadas del municipio de San Miguel Totolapan, en la misma zona del estado.

Las amenazas de secuestro y robo, y extorsiones por parte del crimen organizado también provocaron que, en el inicio del ciclo escolar de 2011 —31 de agosto—, más de 600 maestros en el municipio de Acapulco pararan labores.

Maestros y administrativos de 140 planteles escolares de preescolar, primaria y nivel secundaria suspendieron actividades luego de que grupos criminales les exigieran el 50% de su salario y de su aguinaldo, según informaron los trabajadores docentes.

Dos meses y medio después, tras al menos cinco marchas y la exigencia directa al gobernador Aguirre, los docentes acordaron regresar a las aulas pero con el resguardo de 1,500 policías privados, que fueron contratados por el Ejecutivo estatal y desplegados en los planteles ubicados en las zonas más inseguras.

El 12 de diciembre de 2011, cuando Ángel Aguirre tenía sólo ocho meses como gobernador del estado, enfrentó su primera crisis con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Alumnos de la institución bloqueaban la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, cuando se enfrentaron con los policías estatales y federales enviados a desalojarlos, mismos que vestidos de civiles, dispararon contra los jóvenes.

En estos hechos murieron dos normalistas: Jorge Alexis Herrara Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Por este caso, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en la que pidió al gobierno estatal implementar medidas para evitar la repetición de este tipo de hechos; en tanto compañeros de los estudiantes muertos exigieron juicio político contra Aguirre, lo cual no avanzó en el congreso local.

El 5 de enero del 2012, habitantes del municipio de Ayutla, ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero, conformaron el primer grupo de autodefensa para combatir el crimen en su comunidad.

Una semana después se sumaron pobladores de las comunidades de Tecoanapa y San Marcos. Para marzo de 2012, estos policías comunitarios ya cubrían 107 comunidades de 13 municipios en todo Guerrero.

Actualmente estos grupos de autodefensa se organizaron en incorporaron en la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero (UPOEG) y en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), grupo que había surgido hace 18 años tras la matanza de campesinos en Aguas Blancas, en el municipio de Atoyac.

En 2013, el gobernador Aguirre solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desplegar una “vigilancia especial” en los límites entre los estados de Guerrero y Michoacán.

Después de esto, el 19 de mayo en el municipio de Apaxtla, 12 personas murieron en un ataque de hombres armados; otro sucedió seis días más tarde en la misma localidad cuando un grupo armado ingresó a la cabecera municipal, quemó dos vehículos —entre ellos el del chofer del alcalde— y secuestró a dos personas.

Casos similares siguieron ocurriendo en meses posteriores: el 2 de julio del 2013, 17 personas fueron secuestradas en el municipio de Cocula; el 19 de julio, un comando vestido con ropa militar se llevó una cantidad desconocida de hombres en diversas comunidades serranas y quemaron viviendas de quienes opusieron resistencia.

Además de la inseguridad, los fenómenos naturales también golpearon Guerrero, así ocurrió a mediados de septiembre de 2013, cuando el huracán Manuel llegó a la entidad y causó fuertes lluvias que derivaron en inundaciones, deslaves, daños materiales y la muerte de al menos 101 personas.

Ésta es la segunda agresión grave en contra de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que ha hecho que los reflectores nacionales e internacionales develen la grave problemática del estado de Guerrero, reflejo de la crisis humanitaria, de seguridad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que enfrenta el país.

El 26 de septiembre, policías del municipio de Iguala dispararon contra un grupo de estudiantes que viajaba en autobuses, mataron a tres (y a otros tres civiles), persiguieron a los restantes, los capturaron y, apoyados por agentes de Cocula, se los llevaron a algún paraje.

Desde entonces se desconoce el paradero de 43 normalistas, una situación que ha causado preocupación de organismos internacionales, protestas y la exigencia de familiares y ciudadanos para que se les encuentre con vida.

La PGR afirma que sus investigaciones apuntan a que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó que los policías “enfrentaran” a los jóvenes para evitar que llegaran a un evento de su esposa y realizaran una protesta en el lugar.

Abarca y su esposa son señalados como operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos y permanecen prófugos, en tanto Aguirre recibió críticas por la inseguridad en Guerrero y por su manejo el caso. Finalmente, la presión en torno a este tema lo llevó a pedir licencia del cargo el jueves 23 de octubre del presente año.

El pasado domingo 26 de octubre, exactamente a un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador interino del estado de Guerrero, en medio de la crisis más grave en la que se ha encontrado el estado, sin que hasta la fecha se pueda considerar que el gobierno guerrerense, la seguridad y justicia para todos los habitantes de dicho estado se encuentre en vías de franca reconstrucción.

A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.

El viernes 7 de noviembre, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso.

Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.

El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) -radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes-, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.

Ante el panorama político evidentemente enrarecido en Guerrero, y ante la falta de soluciones a los problemas aquí mencionados, y los que se desvelan a la luz de las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, queda clara la necesidad de la colaboración de todos los niveles de gobierno y los Poderes de la Unión.

Todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad.

Obtener la verdad sobre los crímenes es vital para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

También lo es para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.

El pleno ejercicio del derecho a la verdad permite que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.

En más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad. La mayoría concluye su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

Algunos de los casos más relevantes de comisiones de la verdad han surgido para esclarecer crímenes de derecho internacional en diversos países, incluidos diversos Estados de América Latina, que han logrados esclarecer diversos delitos, como los que se mencionan a continuación:

 

  • Argentina (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1983)
  • Bolivia (Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, 1982)
  • Ecuador (Comisión “Verdad y Justicia”, 1996; Comisión de la Verdad, 2007)
  • El Salvador (Comisión de la Verdad, 1992)
  • Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, 1997)
  • Panamá (Comisión de la Verdad, 2001)
  • Paraguay (Comisión de la Verdad y la Justicia, 2003)
  • Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2000)
  • Uruguay (Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985, y Comisión para la Paz, 2000). En un país en donde se han cometido crímenes contra el derecho internacional, como es el caso de México, una comisión de la verdad es indispensable para centrar su atención en las víctimas, y defender el derecho de éstas a la verdad, justicia y una reparación plena.
  • Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

 

Punto de Acuerdo La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

 

  • ÚNICO. Exhorta al titular del Ejecutivo federal, a crear una Comisión de la Verdad, integrada por personas expertas en derechos humanos, intelectuales, integrantes de la academia de reconocido prestigio y organizaciones no gubernamentales, todas y todos sin vínculos partidistas; que tenga la finalidad de esclarecer, en la medida de lo posible, los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el estado de Guerrero; a fin de contribuir con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de las investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas; y formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a todas las víctimas y a sus familiares.

   Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 13 de noviembre de 2014.