PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA LIC. JESÚS MURILLO KARAM, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN DIVERSAS ACCIONES PARA ESCLARECER LOS MÚLTIPLES CASOS DE DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS, OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, ENTRE MARZO Y AGOSTO DEL 2011.

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la administración del Ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se inició una acción que marcaría al país desde ese momento y que nombro “La Guerra contra el Crimen”, conflicto bélico que desgraciadamente para el país dejo en esa administración cerca de ciento veintiún mil muertos de acuerdo a datos del INEGI. A estas lamentables estadísticas se suman las de la actual administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto cuyos números fatales suman cerca de cincuenta y siete mil muertos.

También debemos sumar las que son consideradas como desapariciones forzadas mismas que de acuerdo al Centro de Análisis e Investigación Fundar, oscilan en veintidós mil tanto de la administración actual y la anterior, situación que agrava el entorno social del país.

Entre marzo y agosto del año dos mil once, en el municipio de Allende, Coahuila se perpetraron desde la más oscura y perversa relación entre el crimen organizado y el estado, centenares desapariciones forzadas realizadas por el grupo criminal denominado Los Zetas. Hechos que contaron con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno ya que éstas omitieron prestar uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida.

En marzo de 2011, este pueblo de 20 mil habitantes padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de Los Zetas saquearon y destruyeron medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas durante aquella primavera. Todo esto sucedió en silencio y bajo encubrimiento oficial.

Los comandos relatan testigos llegaban a los domicilios y detenían a todas las personas que se encontraban ahí, llevándose también los objetos de mayor valor, como dinero en efectivo y joyas. Luego dejaban que los vecinos y demás habitantes del pueblo rapiñaran lo que había quedado llevándose también desde macetas hasta refrigeradores.

Una vez acabado el saqueo colectivo, Los Zetas demolían las casas. En algunos casos utilizaban granadas y en otras llegaban directo con mazos y máquinas de construcción. El ataque duró varios días y la policía municipal participó tanto en el ataque como en el pillaje. Al cabo de una semana, los restos de las casas destruidas en el centro de Allende se amontonaban por doquier. Bloques de cemento gris y vigas de acero dobladas y negras por el fuego aún pueden observarse luego de tres años.

La omisión del entonces gobernador del estado Jorge Torres López quién sutituyo de forma interina a Humberto Moreira Valdés que había dejado en ese momento el cargo de gobernador del estado, para ocupar la presidencia nacional del PRI, la entonces procuradora general de la Republica Marisela Morales y por supuesto del Presidente Municipal de extracción panista, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, que permaneció sin actuar a pesar enfrente al palacio municipal un domicilio fue destruido y saqueado.

Aunque existe abierta la averiguación previa CEIYCS/012/2011 el Gobierno de Moreira Valdez ha sido incapaz de esclarecer los hechos, por lo que resulta necesaria la intervención del gobierno federal para cumplir la función que Estado tiene para con las víctimas y los familiares de estas, en sentido de impartir justicia y garantizar la reparación adecuada bajo los estándares internacionales.

En estos lamentables hechos que avergüenzan al país, como ahora lo es la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno Federal y el Estado de Coahuila han mantenido total hermetismo, todo ello con la intención de buscar que se queden en la impunidad estos crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual consideramos necesario que el Gobierno Federal, atraiga a través de la Procuraduría General de la República la investigación para esclarecer estos lamentables hechos.

Por lo anterior expuesto y fundado solicito a esta Honorable Asamblea:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Procurador General de la República Lic. Jesús Murillo Karam para que en el ámbito de sus respectivas competencias atraiga la investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende Coahuila entre marzo y agosto del año 2011; y a que integre y haga públicos los resultados de dicha investigación.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicé los esfuerzos y acciones de cooperación que se requieran, a fin de que la Procuraduría General de la República pueda esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende Coahuila.

TERCERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inicie una investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de noviembre de 2014.