CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados Magdalena Camacho Díaz y Ricardo Mejía Berdeja, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  en uso de las facultades que nos confieren el artículo 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular, como asunto de urgente y obvia resolución, la presente propuesta deAcuerdo Parlamentario, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición, así como de la reinserción social.

 

De los diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia penal mexicano, uno de los que destaca en el subsistema de impartición de justicia, es el relativo a la introducción de los juicios orales, implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal inquisitorio por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero, 17 párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Carta Magna.

 

Así mismo en el artículo 21, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:

 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

 

En el reciente caso acontecido en el Puerto de Acapulco, en donde fueron liberadas cuatro personas detenidas en flagrancia por el delito de extorsión en agravio de farmacias similares, quedó en evidencia que durante la audiencia preliminar en la que se realizó la presentación de los detenidos, el control de detención y formulación de la imputación, y la vinculación al proceso de los hoy procesados, no se decretó ninguna medida cautelar de privación de la libertad de estas personas, y que la misma no fue solicitada por el Ministerio Público, no obstante que el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución General de la República le permitía solicitar al juez la prisión preventiva para garantizar la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad.

Cierto que  el delito de extorsión no es considerado como grave en el Estado de Guerrero ni tampoco existió imputación alguna contra ellos, por delitos comprendidos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución General,   como son los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, o delitos determinados por la ley en contra de la seguridad de la nación, o del libre desarrollo de la personalidad y de la salud, sin embargo, se insiste, pudo el Ministerio Publico solicitar como medida cautelar la prisión preventiva de los inculpados, para garantizar la protección de las víctimas, de los testigos y de la  comunidad.

 

Esto era posible no obstante que en el sistema acusatorio, las medidas cautelares que se decidan contra del imputado, tienen un carácter excepcional, como lo establece la doctrina y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y lo recoge el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Mexicana, y por tanto  ahora la prisión preventiva, se constituyó como una medida cautelar excepcional respecto al inculpado protegido por la presunción de inocencia.

 

Pudo hacerse, porque es conocido que en Acapulco quienes no pagan la cuota de extorsión se encuentran expuestos a sufrir atentados contra su persona, su vida o sus bienes, y estos son bienes jurídicos que deben protegerse, sumada a la alta incidencia de este delito, que en su mayoría viene a incrementar la cifra negra de las estadísticas, es decir la mayor de las veces no se denuncia por miedo.

 

Al alcance del Ministerio público, estaba aportar los datos de prueba de la participación de esas personas, en diversos actos delictivos de extorsión como se dio a conocer por los medios de comunicación.

 

Estas omisiones, en el Ministerio Público encuentran explicación al conocer el balance oficial proporcionado por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (SETEC), con corte al 1º de junio de este año, que publica el sitio web de animal político,  en donde detalla el avance en cada Estado e institución, según la metodología desarrollado por dicha Secretaria, en donde se evaluaron  cuatro áreas, dentro de la que se encuentran: la capacitación, infraestructura, Tecnologías de la Información y Comunicación, y reorganización institucional, encontrándose Guerrero dentro de las 14 entidades federativas con un promedio de 6.0 a 7.4 de calificación considerándolo como un avance medio alto, sin llegar a ser alto.

 

En razón de lo anterior, se propone, hacer un atento y respetuoso exhorto al Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado para que fortalezca el proceso de capacitación a los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, ya que es de suma importancia tener elementos capacitados en el nuevo proceso penal acusatorio y predominantemente oral.

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado para que fortalezca el proceso de capacitación a los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, esto con el fin de que cuenten con los elementos suficientes y necesarios en el nuevo proceso penal acusatorio y predominantemente oral.

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado, para los efectos legales conducentes.

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

 

 Chilpancingo, Guerrero, a 08 de junio de 2016.

 

 

A T E N T A M E N T E

POR LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

[Hoja de firmas  de la Propuesta de  Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia resolución por el que se hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado para que fortalezca el proceso de capacitación a los servidores públicos que intervienen en los juicios orales, esto con el fin de que cuenten con los elementos suficientes y necesarios en el nuevo proceso penal acusatorio y predominantemente oral]