En días pasados en el Congreso del Estado expresé que si no actuamos a tiempo en Guerrero la dinámica social nos rebasaría, a propósito del bloqueo por más diez horas del pasado 28 de abril en Chilpancingo y la Autopista del Sol por parte de taxistas y organizaciones de la sierra, donde se conjugaron grupos con demandas legítimas con la presumible mano de expresiones de la delincuencia organizada azuzando ese movimiento.

Entre las demandas de esos grupos, una de ellas llamó la atención: la solicitud de que ya no se fumigaran los plantíos de amapola en la sierra. Este planteamiento, evidentemente en el marco jurídico actual, no solamente es improcedente sino acusa una conducta delictiva. La realidad, sin embargo, es que vivimos una gran simulación, porque el cultivo de esta planta es una realidad en varias regiones de la entidad, y miles de productores rurales no tienen otra alternativa económica o están amenazados y reclutados forzadamente por la delincuencia en sus comunidades para dedicarse a sembrar amapolas. Son esclavos en su propia casa.

Lo cierto es que la dependencia de la economía de algunas regiones del cultivo de esta planta prohibida es cada vez mayor, y es notorio que la estrategia prohibicionista no frena el narcotráfico y sólo incrementa otro tipo de delitos como la extorsión, los homicidios, el secuestro, la desaparición forzada.

Aunado a ello, grupos delincuenciales parecen haber ido conformando una base social alimentada por sus cuantiosos recursos y una dosis de terror que obliga a comunidades y sus autoridades a responder a los dictados de esos grupos. No olvidemos otros movimientos de protesta alentados por la delincuencia en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán, entre otros lugares del país.

En el caso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas, una de las hipótesis más sólidas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es la relativa a que los jóvenes entraron a Iguala, epicentro de las operaciones del narcotráfico de heroína en las regiones de Tierra Caliente y Norte del estado, y que la crueldad de las agresiones tuvo que ver en que el quinto autobús que tomaron los estudiantes, presumiblemente llevaba un cargamento de droga.

De igual manera, no podemos soslayar que varios alcaldes y ex alcaldes han sido detenidos por sus complicidades con los narcotraficantes dedicados a delinquir con la amapola.

Por esas razones, entre otras, hemos venido insistiendo en que se dictamine y apruebe la iniciativa que presentamos en el Poder Legislativo local para legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales, iniciativa que aprobada por el pleno de la legislatura se presentaría ante el Congreso de la Unión en uso de la facultad de iniciativa que tienen las legislaturas de los estados.

De esta manera, ejercitando nuestro derecho constitucional contribuiríamos al debate nacional sobre la nueva política de drogas, y esta iniciativa se sumaría a otras que proponen la legalización de ciertos aspectos relacionados con la mariguana y que actualmente se están revisando en el Senado de la República. No solo se vería el tema de la cannabis sino también el de la adormidera o papaver somniferum.

En ese sentido hemos advertido que no se debe dilatar más la aprobación de nuestra iniciativa, pasar del dicho al hecho. Si el gobernador Héctor Astudillo y diversos actores sociales han formulado esta propuesta y la ven positiva, ¿por qué la mayoría parlamentaria en el Congreso no ha destrabado la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano? ¿Qué la frena?

La actual política de drogas en el país lleva décadas y el saldo de muerte y destrucción es terrible. Si bien esta reforma no acabaría de la noche a la mañana con los problemas de la delincuencia, puede contribuir a frenarla y brindaría a miles de productores rurales una actividad lícita que les genere ingresos. Es hora de tomar decisiones, pasar del dicho al hecho. Convertir una amenaza en una oportunidad.

Fuente del texto original: Agencia Quadratín

Autor: Ricardo Mejía Berdeja