Cerrar el caso Ayotzinapa sin otorgar certeza científica y jurídica a las familias sobre el paradero de sus hijos, y sin sancionar tanto a los autores intelectuales como a los materiales significa que una vez más, los intereses de la clase política corrupta, las malas prácticas del Ejército y los vínculos que existen entre éstos y los grupos delincuenciales prevalecerán por encima del derecho de las víctimas a la verdad, a recibir justicia y a que se garantice la no repetición de los hechos.

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