Iniciativa para tipificar el delito de facilitación de información con fines delictivos “halconeo”

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 129 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN l INCISO (4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES.  

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 129 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN l INCISO (4 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia relacionada al crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que horada la paz social.

Hoy en día la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

La delincuencia organizada ha causado desplazamiento en los estados mayormente afectados por las actividades de los cárteles de la droga, tales como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

La captura o muerte de grandes capos del narcotráfico en México ha dado pie para el surgimiento de células delictivas que han expandido sus actividades hacia el secuestro, extorsión y halconeo. Este último  considerado y reconocido como la herramienta que les facilita la información para la ejecución de los delitos a los miembros de la delincuencia organizada.

El “halconeo” es una analogía sobre el ave depredadora que sigue a su presa hasta atacarla con velocidades que llegan a los 300 km/h. En el argot delincuencial coloquialmente “halconear” es acechar, vigilar, alertar y espiar. En los cárteles de droga que asolan México y varios países de Centroamérica, el halcón es uno de los eslabones más bajos dentro de la organización delictiva, se ocupan de informar las actividades de las autoridades policiales y de sus competidores de los otros cárteles.

Los halcones se encargan de obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación de las actividades y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, minando de manera considerable la eficacia de dichas fuerzas de seguridad.

Sin embargo el llamado halcón: persona que espía, asecha, y/o vigila a las fuerzas policiales, y militares, para favorecer al crimen organizado; hasta la fecha no es considerado como un delincuente, ya que dentro de la legislación federal vigente no se encuentra tipificada dicha figura.

Desafortunadamente la “ola” de violencia que se vive hoy en día a manos del narcotráfico, se ha adueñado de los espacios de la sociedad tanto públicos como privados, por lo que resulta inaceptable que los tres niveles de gobierno muestren tal procrastinación para reformar leyes y códigos que erradiquen con certeza nuevos delitos.

Un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades aunado a la desigualdad económica que persiste entre los jóvenes, es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para unirse a las filas de grupos criminales, al convertirse en blancos perfectos para realizar este tipo de conductas antisociales, en éste caso como halcones.

ARGUMENTACIÓN

El constante cambio y el desenvolvimiento social en nuestro país requieren que la legislación contemple el reto que significa actualmente la diversificación y la aparición de nuevas conductas delictivas. Algunas representan etapas claramente definitivas de preparación, ejecución y desarrollo de los crímenes, cuya complejidad para su persecución y sanción coloca a la figura de autoridad en una posición difícil y en constante compromiso para no afectar la legalidad y la seguridad jurídica de la sociedad.

Por lo tanto y como consecuencia a los altos índices de violencia en los que actualmente nos encontramos inmersos como sociedad, y las distintas manifestaciones de ella, emana el deseo de mejorar la situación como nación, lo que  nos ha llevado a legislar con el fin de erradicar nuevas figuras delictivas implementadas por la delincuencia organizada.

En algunos estados como Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, tan sólo por mencionar algunos que se han visto la imperiosa necesidad de reformar sus respectivos Códigos penales para prevenir y aplicar penas ejemplares, lo cual abona a tipificar nuevos tipos penales.

Tal es el caso del estado de Coahuila tipificando el delito de facilitación delictiva, mejor conocido como “halconeo”, mientras que Nuevo León lo tipifica bajo el nombre de delitos cometidos contra Instituciones Oficiales y Servidores Públicos, por su parte Quintana Roo lo identifica como el uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia.

Por lo tanto cabe recalcar que la tipificación y concepto de los tipos penales o la definición del delito, como la mayoría de las instituciones legales, son objeto de permanente transformación. La acción punitiva del Estado ha transitado por un proceso que resulta insuficiente para las actuales circunstancias de la realidad nacional en materia de procuración de justicia.

Los tres niveles de gobierno, son los responsables de la eficiente conducción de las políticas públicas para la prevención y procuración de la seguridad pública, por lo tanto sigue latente el reto de combatir y erradicar la delincuencia organizada.

En el Código Penal Federal el delito de espionaje sólo castiga cuando un extranjero proporcione información a una nación extranjera con el propósito de una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. También castiga al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana. Y finalmente, castiga al que teniendo conocimiento de las actividades de una espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Esta actividad delincuencial llamada “halconeo” ya se castiga y se encuentra tipificada en los códigos penales de ciertos estados con penas que oscilan entre los 2 a los 15 años de prisión. Lamentablemente los estados severamente golpeados por el narcotráfico como Michoacán y Guerrero no han tipificado aún el delito de “halconeo” es su respectivo Código Penal.

Por lo tanto se propone la tipificación del delito de facilitación de información con fines delictivos dentro del Titulo primero capítulo ll del Código Penal Federal, para fortalecer el estado de derecho en materia de seguridad pública con el fin de hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en este delito.

México, según el Índice de Paz Global 2012, se encuentra en el lugar 135 en escala mundial. En 2007, año en que por primera vez se hizo el IPG, México ocupaba la posición 78 de 120; en 2008, el 91 de 138; en 2009, el 107 de 143; en 2010, el 105 de 148; y en 2011, el 119 de 153. Hoy en día nuestro país se ha convertido en uno de los países del mundo con mayor delincuencia organizada y niveles de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, además de sufrir un proceso donde el poder está tomado por “actores criminales”.

La delincuencia organizada se mantiene en el país como una gran fuerza económica con alta concentración armas de fuego y una creciente sociedad con niños y jóvenes delincuentes.

Es importante señalar que no se está castigando o violando los derechos de cualquier persona que obtenga información, como la labor que desempeñan los periodistas, ya que dentro del cuerpo de la iniciativa se especifica que con la tipificación de este delito se castigara a las personas que acechen, alerten, vigilen o realicen cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REMORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 129 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 194 FRACCIÓN l INCISO (4 DEL CÓDGIO DE PROCEDIMIENTOS PENALES RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 129 Bis del Código Penal Federal, y 194 fracción l inciso 4) del Código de Procedimientos Penales recorriendo los subsecuentes.

Artículo 129 BIS.  Al que aceche, alerte, vigile o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información privilegiada de las Instituciones de Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, o de procuración de justicia, para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia organizada sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva. Se impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces de salario mínimo.

Las penas a las que se refiere el párrafo anterior se aumentarán en una mitad más cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o a personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio más, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación definitiva, cuando el delito sea cometido por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia se trate de personas morales y del personal en general que brinden o hayan brindado servicios de Seguridad Privada.

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero;

2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

4) Facilitación de información con fines delictivos.

 

TRANSITORIO

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de Mayo de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

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