INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los niveles de criminalidad que azotan a nuestro país se hacen más visibles a causa de las diferentes modalidades en las que se hace presente el crimen organizado, cuyo  hilo conductor es la intimidación y altos grados de violencia.

Paralelamente a la sensación social de inseguridad e incertidumbre, los grupos delictivos utilizan los adelantos científicos y nuevas tecnologías para aplicarlos a sus operaciones delictivas  obteniendo así mayores índices de precisión en los mecanismos de actuación con un incremento efectivo de resultados.

A estas alturas no hay duda que la violencia asociada al narcotráfico se ha incrementado en México y de modo particular en Tamaulipas, Michoacán, y Guerrero. Aunado a una serie de reclamos de la sociedad que ha atestiguado y sufrido ésta violencia sin acciones efectivas.

Las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal para desarticular a las organizaciones criminales que pelean el control del mercado y acceso a nuevas formas y modalidades de delitos como: asesinatos, robos, secuestros y extorsiones entre otros delitos, han sido un total fracaso, ya que carecen de los instrumentos mínimos de medición e identificación para reconocer que existen diversos grupos delictivos organizados.

Una de las prácticas de estos grupos delictivos se encuentra  tipificada en el Código Penal Federal, el delito de extorsión el cual se define como: un hecho punible, que consiste en obligar a una persona, a través de la intimidación o violencia, a realizar un acto con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

Hasta el surgimiento de nuevos y numerosos grupos delictivos, es que se hace una práctica común de estos, a pesar de que ya existir este delito era ejercido por pocos. La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, tanto para otros carteles, como para sus extorsionados con nuevas modalidades, por vía telefónica donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no se paga determinada cantidad de dinero, por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado “cobro de derecho de piso”, “cobro de protección”, que va desde cinco mil pesos a 50 mil pesos al mes.

Estas peligrosas bandas criminales actúan donde saben que tienen la protección de las autoridades, por lo que cuentan con zonas delimitadas para sus operaciones.

Este delito ha lastimando de manera significativa la actividad comercial; con mayor incidencia en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa,  Durango y Guerrero, con un mayor número de denuncias por tal práctica delincuencial.

De 2006 a 2011 se tienen registradas en los ministerios públicos 24 mil extorsiones, de las cuales se estima que 50% pueden ser por cobros de derecho de piso o venta de protección, aunque esa cifra, es poco representativa ya que se estima que sólo se denuncia 10% de los casos, por lo que éstos podrían alcanzar hasta los 240 mil.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante enero y febrero de 2013  se denunciaron 263 mil 359 delitos en total ante las 32 Procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal, un 3.2% menos que los 272 mil 94 reportados en el mismo periodo de 2012.

Con 960 denuncias, la incidencia del delito de extorsión también aumentó un 13% respecto al año pasado, cuando hubo 849, según las estadísticas del SNSP.

Sólo Colima, Nayarit, Tlaxcala y el Estado de México no reportaron al SNSP haber recibido denuncias por el ilícito, el cual tuvo una mayor cifra de casos en el Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Puebla.

¿Cómo opera el delito de extorsión?

Mediante amenazas directas a las víctimas y sus familiares, como consecuencia de tal hecho si estas no pagan y cumplen con la respectiva cuota de protección o derecho de piso, serán acreedores a una represaría más fuerte como: levantones, golpizas, secuestros, y muertes.

Las víctimas de este delito pueden ser desde comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e incluso los delincuentes piden cobro a casas o zonas habitacionales.

Este delito va acompañado de un sin número de corruptelas donde se encuentran involucrados de forma directa o indirecta policías municipales estatales y federales, por lo tanto se encuentra vulnerado el Estado de derecho.

Debemos tener muy presente que el tema de la inseguridad en México es latente, la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, aunado a esto los delitos relacionados al narcotráfico cobran mayor visibilidad, creando nuevos delitos o nuevas modalidades de estos. Y qué decir de la debilidad estructural del gobierno y el involucramiento de las corporaciones policiacas, las cuales han sido penetradas por la delincuencia organizada, la inoperancia del estado mexicano de ejercer control territorial.

Es una lucha despiadada por parte de las bandas criminales, atemorizando y saqueando a la ciudadanía en general, a través del delito antes mencionado y de otros más. El objetivo de esta iniciativa es hacer notar que conforme avanza la delincuencia se crean más delitos, por tanto se debe ampliar la tipificación del delito de extorsión aplicando penas más severas y sin distinción alguna.

ARGUMENTACIÓN

Derivado de lo anterior se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal en su artículo 390, para fortalecer el estado de derecho y subsanar lagunas legales en dicho ordenamiento legal, con el fin de consignar y sentenciar a los delincuentes que cometen dicho delito.

El delito de extorsión es un delito considerado de alto impacto, que se perpetra bajo diversas modalidades donde lleva implícita la amenaza por parte de grupos del crimen organizado de llevar a cabo la quema de comercios o negocios si no se paga la cantidad que exigen, “derecho de piso”, o por “cobro de seguridad”, o “cobro por protección”; como sucedió en 2011 con el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con las denuncias presentadas por civiles ante procuradurías por el delito de extorsión en diversas modalidades, el

Estado de Morelos ocupa el primer lugar en ilícitos al presentarse 34 acusaciones por cada 100 mil habitantes.

En ese mismo orden de ideas, la organización delictiva que lleva acabo extorsiones y ha quemado más negocios por incumplimiento en el pago de cuotas es los Zetas. Le sigue el cártel del golfo y en tercer lugar se ubica la línea y bandas que operan para el Cártel de Juárez.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de extorsión, contemplando las diversas modalidades para cometerlo.

Debe de haber mano dura en la persecución y sanción de delito, ya que, las víctimas son obligadas a actuar de determinada forma, con base en el miedo a que algo les suceda a ellas o a su familia, afectándose no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, ya que la psicosis generada las obliga a cambiar de hábitos, de trabajo o incluso de residencia. Siendo además muy común que el extorsionador vuelva a buscarlos.

De esta manera, el delito de extorsión es uno de los delitos que más daña a la persona y a su entorno, y de los que más se duele la sociedad.

Es imprescindible combatir y erradicar este delito con medios legales más eficaces y severos, a fin de lograr su disminución y, con ello, el aumento de la confianza de la población para denunciarlo, evitando una posible revictimización.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 390 y adicionan las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll del Código Penal Federal.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral, se le aplicarán de cuatro a quince años de prisión y de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de multa.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de salario, cuando en la comisión del delito:

I.- Intervenga una o más personas armadas o portando instrumentos que puedan poner en peligro la vida;

II. Se emplee violencia;

III. El autor del delito se ostente por cualquier medio como miembro de la delincuencia organizada, en los términos de la ley de la materia;

IV. El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de seguir obteniendo, en forma continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito;

V. Se cometa por vía telefónica, cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza.

VI. Si el sujeto activo del delito de extorsión, se encuentra privado de su libertad personal;

VII. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una persona mayor de sesenta años;

VIII. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de manera definitiva para desempeñar cargos o comisión públicos.

 

TRANSITORIO

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.