INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3°, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4° Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3°, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4° Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE LA, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designó el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.[1]

En seguimiento a las medidas adoptadas en 2002 durante la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI  y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. En este sentido la resolución número 1, en su Anexo I Declaración Política, cita en su artículo 5° lo siguiente:

Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para promover la democracia, reforzar el estado de derecho y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Nos comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación, entre otras, la discriminación por motivos de edad.

Asimismo, reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Estamos decididos a realzar el reconocimiento de la dignidad de las personas de edad y a eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia.

Así una de las preocupaciones a nivel internacional es contar con las medidas, planes, programas y políticas que protejan, respeten y garanticen los derechos humanos de mujeres y hombres, sin embargo uno de los derroteros que permitirán lograr este objetivo es mediante una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En el mismo sentido la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos humanos de las mujeres. En 1979 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, posteriormente en 1981 México la suscribió y está integrada por 30 artículos y las recomendaciones que emite, establece obligaciones que los Estados parte deben cumplir para garantizar la no discriminación y una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.

En 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en Beijing, China, fue aprobada la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por 189 países, entre ellos México. En esta se establece un plan de acción integral para mejorar sustancialmente la situación de las mujeres en cada uno de los ámbitos de la vida diaria, a través de un compromiso efectivo de incluir la perspectiva de género.

Uno de los elementos relevantes de la Plataforma hace imperiosa la necesidad  de implementar el principio de igualdad.

Por lo antes expuesto a nivel internacional nuestro país cuenta con la obligación expresa  así como con los elementos y herramientas para  armonizar el marco jurídico nacional en materia de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. En este sentido nuestra Constitución Política reconocelos derechos humanos de todas las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y hace expresa la igualdad de mujeres y hombres ante la ley en su artículo 4°; así mismo la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 2006, cita en su artículo 1° lo siguiente:

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Armonizar la legislación nacional en materia de igualdad permitirá contar con un país más justo, democrático y solitario, es por ello que contar con los preceptos adecuados en los ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos permitirá fortalecer el Estado Democrático de Derecho.

Así el objetivo de dicha iniciativa es cumplir con el proceso de armonización, a fin de incorporar de manera gradual la perspectiva de género en la LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Actualmente las personas cuya edad oscila entre 60 años y más, es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total, con esto se hace claro que en nuestro país el proceso de envejecimiento se da a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria. En 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, en este sentido se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7% y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 por ciento.[2]

De acuerdo a las proyecciones de población que estima CONAPO, para 2025 y 2050 el monto de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente. Un enfoque de derechos obliga a mejorar la capacidad institucional (gobierno y familias) para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos adultos mayores; mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social (tanto en el ámbito de las pensiones como de salud); velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo; que no padezcan violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida.

Siendo la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores  la que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las mismas, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de:

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores[3].

Y dadas las estadísticas de este sector de nuestra población, se hace necesaria la presente iniciativa que modifica e incorpora los preceptos adecuados que permitan una real perspectiva de género y con esto la implementación de políticas públicas que cumplan y se sustenten en el principio de la igualdad, erradicando todo tipo de discriminación, directa o indirecta, por motivos de género y sexo.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3°, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4° Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Artículo Primero.Se reforma la fracción V del artículo 3°, la fracción III del artículo 4° y la fracción IX del artículo 10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 3.- Para …

I – IV…

V. Género. Conjunto de papeles roles, atribuciones y representaciones de hombres y mujeres en nuestra cultura que toman como base la diferencia sexual;

VI – XI…

Artículo 4.- Son principios …

I – II…

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, género, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

IV – V…

Artículo 10.- Son objetivos …

I – VIII…

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio de igualdad, equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer.

X-XX…

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23  días del mes de octubre de 2014.

[1] Organización de las Naciones Unidas. Día Internacional de las Personas de Edad. http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml

[2]  El dato de 2050 es una estimación que proviene de las proyecciones que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

[3] Artículo 1° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.