Iniciativa con proyecto de decreto emergente para implementar Austeridad Republicana.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EMERGENTE PARA IMPLEMENTAR AUSTERIDAD REPUBLICANA, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene decreto emergente de austeridad republicana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro de la plataforma electoral que presentó la Coalición Movimiento Progresista, incluimos la necesidad de establecer el principio de austeridad republicana como criterio rector del servicio público, reduciendo el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación del gasto improductivo.

Le debe costar menos al pueblo la manutención del gobierno; propusimos acabar con los privilegios de la alta burocracia, reducir los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba; cancelar bonos, viáticos, pensiones a ex presidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías, incluso detener la compra del nuevo avión presidencial.

¿Acaso no es sencillo y suficientemente claro el postulado de José María Morelos de que debe moderarse la indigencia y la opulencia y elevarse el salario del peón?

El Poder Legislativo Federal está obligado constitucional, política y éticamente a responder de manera adecuada a la situación económica que viven las familias de nuestro país.

Se requiere establecer en la República, entre otras medidas que son impostergables para edificar una sociedad más justa e igualitaria, una legislación que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal.

La situación económica que atraviesa el país tiene diversas explicaciones, una de ellas es el resultado de políticas neoliberales que han privilegiado a unos cuantos grupos, y han descuidado a la mayoría de la población, desatendiendo la construcción nacional de un desarrollo agrícola, industrial, científico y tecnológico propio.

Sin embargo, el día de hoy nos encontramos ante una situación de emergencia nacional, derivado de las condiciones meteorológicas que sacudieron gran parte del territorio nacional.

El viernes 13 de septiembre de 2013, a las 16:00 la Comisión Nacional del Agua emitió un comunicado en el cual señaló que los meteoros Ingrid y Manuel, tocarían tierra con un riesgo “moderado” para la población de Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, este comunicado fue lo único que anticipó el desastre por venir.

Incluso el National Hurracaine System de Estados Unidos emitió un comunicado señalando que consideraba a Ingrid con una peligrosidad intermedia, especificando que las lluvias relacionadas depositarían aproximadamente de 15 a 20 pulgadas de agua, e igualmente señalaron que existían riesgos de deslaves en las zonas más afectadas por las precipitaciones.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil brilló por su ausencia y las comunidades afectadas recibieron el impacto de los fenómenos meteorológicos con la única referencia de que se trataría de un riesgo “moderado” que no ameritaba mayores medidas de prevención.

Alrededor de 40 mil turistas se trasladaron a Acapulco sin que las autoridades hicieran mención alguna del riesgo que esto suponía.

Estos hechos nos permiten llegar hoy a la conclusión que existieron los ingredientes perfectos para el desastre de proporciones alarmantes que hoy existe en el país.

Únicamente el meteoro Manuel impactó en un primer momento al estado de Guerrero, donde afectó el 72.35 por ciento de los municipios que lo integran, es decir 49, siendo particularmente dramático lo ocurrido en la comunidad de La Pintada, donde existieron deslaves que hoy tienen desaparecidas a 68 personas.

Mención aparte requiere lo ocurrido en Acapulco, en donde quedaron varados más de 40 mil turistas, pues se presentaron 20 cortes a la Autopista del Sol y 5 a la carretera federal; ya en el Municipio no ha sido posible cuantificar los daños provocados, pero existen indicios que serán superiores a los daños que dejó Paulina en 1997 y que en ese momento se cuantificaron en 80 mil millones de pesos.

En Michoacán se afectaron 21 municipios gravemente, y en Sinaloa alrededor de 100 mil personas, teniendo en ambos casos daños a la infraestructura carretera de esos estados, que por lo que hace únicamente a Sinaloa ha sido estimado que serán necesarios 1,500 millones de pesos para su recuperación.

Por su parte, en el Golfo de México, el huracán Ingrid devastó la zona norte de Veracruz y el estado de Tamaulipas, teniendo como consecuencia que la mitad de los Municipios de ese estado se encuentren en emergencia.

Igualmente se reportan afectaciones en los estados de Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Chiapas y Jalisco, lo que hasta ahora ha impedido tener un conocimiento exacto del costo que tendrán todos los daños.

Únicamente por lo que hace a la infraestructura carretera, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estimó que los daños de 10 estados de la república tendrán un costo estimado de 40,000 millones de pesos.

En ese sentido, estamos ante un desastre nacional de proporciones nunca antes vistas, donde el Fonden con los 12 mil millones de pesos que lo integran será más que insuficiente para costear los daños existentes.

Las afectaciones plantean un reto a las finanzas públicas pues existe un abismo entre los recursos disponibles para afrontar la contingencia y los daños existentes, que ni siquiera están cuantificados en su totalidad, pero que serán claramente superiores a lo disponible.

Con motivo de esta grave contingencia nacional en pasadas sesiones se planteó la solidaridad de los legisladores para con los afectados, sin embargo, en nuestro carácter de representantes directos de los gobernados, nuestros esfuerzos no representan solidaridad, representan obligaciones adquiridas, que nos deben hacer tomar acciones concretas y contundentes.

El presidente Enrique Peña Nieto ha argumentado que los 933 millones de dólares, 11 mil 913 millones 010 mil 500 pesos a tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación, destinados al Fondo de Desastres Naturales, serán insuficientes para mitigar los daños causados por los ciclones “Manuel” e “Ingrid”.

Ante la situación de emergencia que vivimos, resulta menester la implementación de medidas extremas que permitan brindar ayuda a los millones de mexicanos que requieren insumos básicos para subsistir.

Derivado de lo anterior, consideramos que la aportación de recursos debe ser progresiva, por lo que los funcionarios que más dinero perciben deben ser los que más ayuden. Siguiendo esta lógica observamos que si los servidores públicos con mayores sueldos otorgaran la mitad de sus percepciones, tan sólo en el período que comprende de septiembre a diciembre, se podrían recaudar 439 millones 773 mil 599 pesos.

Vivimos una situación de emergencia, nuestros ciudadanos exigen acciones urgentes y contundentes. No podemos permitir que, en medio de una crisis nacional, la alta burocracia siga recibiendo entre 200 mil y 500 milpesos mensuales de ingresos, mientras existen personas que han perdido todo su patrimonio.

La siguiente tabla nos muestra una aproximación del dinero que podemos recaudar con la donación de la mitad del salario de los funcionarios con mayores ingresos dentro de nuestra federación; ante la tragedia que vivimos la implementación de esta política no sólo es deseable, sino urgente:

Asimismo, existen anomalías y despilfarros del gobierno federal que bien podrían servir para subsanar los daños en los que se encuentran inmersos millones de mexicanos.

Los subejercicios al primer semestre del presente año acumulan 3 mil 717.8 millones de pesos, teniendo casos extremos de Secretarías como Turismo y Desarrollo Agrario, donde tan sólo se ha ejercido del 26 por ciento al 39 por ciento del presupuesto; por lo que proponemos que el remanente sea destinado a la emergencia nacional que vivimos.

Del mismo modo, las Cámaras de Diputados y Senadores reciben anualmente enormes cantidades por Grupo Parlamentario, las cuales se caracterizan por la discrecionalidad y corrupción. El Presupuesto para el Poder Legislativo en el 2013 asciende a 11 mil 948 millones de pesos, distribuidos en 6 mil 510 millones a la Cámara de Diputados, tres mil 706 millones al Senado de la República, y mil 661 millones a la Auditoría Superior de la Federación.

Una reducción del 50 por ciento de dicho gasto representaría un monto de 5 mil 974 millones de pesos para ayudar a los damnificados, lo cual resultaría una medida razonable debido a que el 97.1 por ciento del presupuesto del Senado se destina a gasto corriente, mientras que en la Cámara de Diputados el 99.5 por ciento ejerce dicha función.

Con base en lo previamente expuesto, las contracciones en los salarios, la utilización de los subejercicios y la disminución de gastos al poder legislativo, representarían un total de 10 mil 131 millones 573 mil 599 pesos; lo cual representa prácticamente los recursos con los que actualmente cuenta el Fonden.

El país requiere de acciones urgentes e inmediatas, millones de mexicanos necesitan nuestra ayuda; es momento de terminar con un esquema que ha perjudicado tanto a la ciudadanía, para brindar apoyo a quien más lo necesita.

Esta Cámara de Diputados cuenta con las facultades necesarias previstas en la Constitución en los artículos 74 y 75, para resolver sobre el destino del gasto público, por lo que consideramos que dada la urgencia nacional en la que nos encontramos, es objetivo y prudente asumir las medidas propuestas en la presente iniciativa.

En un esfuerzo para resarcir los daños ocasionados por los distintos desastres naturales ocurridos en los últimos años, los Congresos de los estados afectados, han echado mano de los recursos públicos de diversas áreas.

Casos como el terremoto-tsunami, Fukushima en 2011; el huracán Katrina en Nueva Orleans, 2005; el huracán Sandy en Nueva York, 2012, los cuales costaron 210 mil millones de dólares, 125 mil millones de dólares y 50 mil millones de dólares, respectivamente.

De esta manera, es importante que después de los terribles sucesos ocasionados por los huracanes “Manuel” e “Ingrid” deban ponerse en marcha todas las acciones disponibles que ayuden a subsanar los daños ocasionados a miles de mexicanos.

Los fondos establecidos para este tipo de emergencias no han sido suficientes para llevar la ayuda necesaria a todos los afectados por el fenómeno climatológico. En este contexto proponemos echar mano de los excesivos sueldos y salarios de los altos funcionarios a fin de poder subsanar el Fonden, así como de los subejercicios de las Secretarias de estado.

Es necesario que, como en otros países, se apruebe la iniciativa de Austeridad Republicana, a fin de dotar de mayores recursos a la federación que le permita implementar políticas de prevención ante este tipo de desastres, además de siempre estar capitalizado para subsanar los daños ocasionados por el mismo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Decreto emergente de austeridad

Primero. Todos los funcionarios del Ramo 22.1 de la Administración Pública Federal de los Grupos G, H, K y el Presidente de la República, donarán el 50 por ciento de su percepción ordinaria total durante el período Septiembre- Diciembre 2013 al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Segundo. La remuneración total de los funcionarios pertenecientes a los anexos 22.2.3, 22.3.3, 22.5.1, 22.6.1 y 22.7.1 será reducida en un 50 por ciento, durante el período Septiembre- Diciembre 2013, para ser destinado el descuento al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Tercero. El saldo de los subejercicios presupuestarios acumulados durante el primer semestre del 2013 por los ramos: Presidencia; Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Defensa Nacional; Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Trasportes; Economía; Educación Pública; Salud; Marina; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría General de la República; Energía; Desarrollo Social; Turismo, Función Pública; Tribunales Agrarios; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; será incorporado al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Cuarto. El 50 por ciento del Presupuesto destinado al Poder Legislativo en el 2013, el cual se distribuye en 6 mil 510 millones para la Cámara de Diputados, tres mil 706 millones para el Senado de la República, y mil 661 millones para la Auditoría Superior de la Federación, será redirigido al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Quinto. La entrega de los recursos por parte de los organismos mencionados será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual vigilará la incorporación de los ingresos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como el correcto uso y destino de los mismos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.

(Rúbrica)

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